La investigación para el libro sobre la vida del capitán de Ejército, Rafael Harvey, llamado “La guerra de Harvey”, de próxima aparición, contiene un “documento secreto” que vuelve a evidenciar el modus operandi del Ejército para llevar a cabo intervenciones telefónicas a denunciantes de corrupción. El documento -perteneciente a la causa que investiga la Fiscalía Centro Norte producto de las intervenciones telefónicas llevadas en contra de integrantes del Ejército y el periodista Mauricio Weibel- señala que en marzo de 2017 el director de la DINE, Shafik Nazal, solicitó intervenir varios números telefónicos aludiendo una identidad cambiada para así seguir a dos denunciantes de corrupción dentro de sus filas: Rafael Harvey y el cabo Sergio Tudesca. Esta denuncia se suma a la recientemente conocida y donde el Ejército engañó a la justicia de la misma forma para intervenir el teléfono de Mauricio Weibel.

Dentro del libro “La guerra de Harvey”, que será lanzado durante este semestre a través de editorial Ceibo, el capitán de Ejército Rafael Harvey revela su historia desde que ingresó a la institución, los primeros hallazgos de corrupción y luego otros eventos que, de a poco, lo fueron transformando en un problema para la rama castrense.

Siguiendo la espiral, Harvey narra su detención durante veintiún días con la solicitud del Ejército de encarcelarlo por diez años producto de un cargo de sedición que luego se comprobaría, no era tal. Según él, se trató de un montaje elaborado para “liquidarlo” producto de sus denuncias de corrupción. A partir de ese momento, relata que fue víctima de una persecución sin cuartel, llevada a cabo por el Ejército tanto por la vía legal, administrativa y más allá, a través de seguimientos y escuchas telefónicas, que lo tuvieron al borde de “ser anulado” de la sociedad.

Pocos días atrás, Ciper publicó una solicitud secreta de interceptación telefónica que en 2017 hizo el Director de Inteligencia, Shafik Nazal Lázaro, al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, encargado de visar las órdenes de interceptación, con el fin de intervenir las comunicaciones telefónicas de una supuesta espía extranjera. Su número, sin embargo, resultó ser del periodista Mauricio Weibel, quien denunció el “Milicogate”. La situación, ventilada ampliamente a través de la prensa como un engaño, hasta ahora no ha generado ningún tipo de declaración de parte del Ejército.

Pero tan grave como aquello es otro conjunto de interceptaciones telefónicas solicitadas por el director de Inteligencia, Shafik Nazal, al ministro Juan Poblete, a través de la misma forma de operar: el engaño y la mentira. Según el documento secreto de la DINE 2417/9, el 10 de marzo de 2017, Nazal solicitó al ministro interceptar las comunicaciones del exfuncionario del Ejército (y denunciante de corrupción), Carlos Andrés Farías Ramírez, quien habría sido descubierto “filtrando documentos de carácter reservado o secreto”, para divulgarlos a través de redes sociales, “utilizando diferentes teléfonos móviles.” Nazal solicitó interceptar las comunicaciones de varios números telefónicos supuestamente utilizados por Farías.

Como se observa en el documento de carácter “Secreto”, la solicitud de interceptación de comunicaciones es para cinco números telefónicos de Farías. Sin embargo, fue posible comprobar que el número +56972147314 es realmente de Rafael Harvey, denunciante de corrupción y personaje del libro de Rebolledo. Y que el +56991335849 es del cabo Sergio Tudesca Órdenes, actualmente en servicio activo y denunciante del “Milicogate”.

Entre la información para las intervenciones se solicitó “textos enviados y recibidos, tráfico de llamadas entrante y salida nacional e internacional, los números de teléfono con que registren contacto (…)”.

El 17 de marzo de 2017, mediante Oficio Secreto 609, el ministro Poblete autorizó “La intervención de las comunicaciones telefónicas, es decir, el monitoreo y registro de toda comunicación efectuada hacia y desde el teléfono celular No +56972147314, número utilizado por ciudadano Carlos A. Farías Ramírez (…)”, sin saber que en realidad este es el número de Harvey.

El articulo Documento secreto prueba que Ejército volvió a mentir a ministro de la Corte de Apelaciones apareció primero en piensaChile.

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Un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.

En la página web del Registro Civil cualquier persona puede solicitar certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de un ciudadano chileno. Esas solicitudes de certificados de libre disposición fueron la hebra que jaló la Fiscalía para saber si el Ejército ha estado monitoreando a periodistas que investigan las zonas oscuras de la actividad militar.

En la investigación penal de la “Operación W” –el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario desfalco conocido como “Milicogate”–, el Ministerio Público ya acreditó que al menos dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) solicitaron al Registro Civil antecedentes relacionados con el reportero y con ex militares denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense. Esos dos funcionarios de la DINE son Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo.

Un informe reservado de la PDI, al que CIPER tuvo acceso, indica que Luis Toledo pidió certificados de Mauricio Weibel y de Carlos Farías (uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército). El documento también señala que Aida Segovia pidió antecedentes de la madre del capitán (r) Rafael Harvey, otro denunciante de irregularidades.

Ese informe de la PDI, que fue entregado a la Fiscalía, señala que las solicitudes que Toledo y Segovia hicieron al Registro Civil provienen de la misma dirección IP: 200.72.183.76. El documento de la policía civil revela que desde esa misma dirección IP también se pidieron al Registro Civil antecedentes de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

Desde otras direcciones IP investigadas por la policía se solicitaron antecedentes de ex miembros del Ejército que denunciaron corrupción, y también de los periodistas Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic  –y de algunos de sus familiares directos–, y de Danae Fuster. En las fechas en que se pidieron sus datos al Registro Civil, todos ellos investigaban casos relacionados con corrupción militar o violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura.

Las direcciones IP son la “huella digital” de las conexiones de internet. Cada vez que algún computador o un celular se conecta a internet “sale” a la red con una dirección IP. Y aunque en el caso de las conexiones que corresponden a domicilios particulares esa IP puede variar en el tiempo, las instituciones utilizan IP fijas, porque dan más estabilidad a la conexión.

Todas las IP desde las que se solicitaron certificados personales de denunciantes y periodistas, son del proveedor Entel. Según le explicó a CIPER alguien que trabaja en el área de redes de esa empresa, aunque para las conexiones de hogar las direcciones IP pueden cambiar cada vez que alguien desde esa casa se conecta a internet, en el caso de las instituciones, las direcciones IP son fijas (no cambian) y por lo general usan varias IP, porque conectan a un gran número de equipos a la red. Es lo mismo que dijo a CIPER Jorge Pérez, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Por eso, el hallazgo que la PDI comunicó a la Fiscalía cobra importancia: la misma IP desde donde dos funcionarios de la DINE pidieron al Registro Civil los antecedentes de personas que estaban bajo espionaje militar (Weibel, Farías y Harvey), es la que se usó para requerir datos de otros periodistas.

A pesar de esa evidencia, fuentes de la investigación judicial señalaron a CIPER que aún no logran que el Ejército o Entel les confirmen qué institución utiliza cada una de las direcciones IP investigadas.

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AMPLIANDO EL RADIO DE BÚSQUEDA

Fue a fines de 2019 que la Fiscalía envió al Registro Civil una nómina que incluía a ex funcionarios del Ejército que han denunciado corrupción y periodistas que han investigado el desfalco militar y violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público pidió que el Registro Civil le informara si se habían requerido a través de su página web antecedentes sobre esas personas y, de ser así, desde qué correos electrónicos y direcciones IP se habían emitido esas solicitudes.

El 28 de enero de 2020 la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI tuvo listo el informe con la información facilitada por el Registro Civil. Allí figuran los correos electrónicos y direcciones IP que requirieron certificados de los periodistas Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile de The New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos); Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de Informe Especial, de TVN); Danae Fuster (ex periodista de Informe Especial) y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura).

La conclusión del informe de la PDI es clara: a la plataforma del Registro Civil se solicitaron certificados de todos esos periodistas y quienes los pidieron utilizaron correos electrónicos coincidentes, además de direcciones IP comunes. En algunos casos, mails anónimos también requirieron al Registro Civil certificados sobre sus cónyuges o sus hijos.

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte mantiene activa una indagatoria, hasta ahora desformalizada, sobre el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien actualmente colabora con CIPER (vea reportaje de CIPER “El documento que muestra cómo el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel”). También investiga la “Operación Topógrafo”, el espionaje a cuatro ex militares que denunciaron corrupción en el Ejército. Pero ahora la investigación de la Fiscalía se amplió, luego de que el fiscal Jaime Retamal, a cargo de la indagatoria, solicitara extender el radio de búsqueda, lo que dio origen al informe de la PDI.

CIPER preguntó al Ejército si, además de Mauricio Weibel, su dirección de Inteligencia también había monitoreado a otros periodistas. También le consultamos si las direcciones IP que figuran en el informe de la PDI eran utilizadas por la DINE. Pero la institución castrense evitó responder, amparándose en la Ley de Inteligencia:

“En lo particular, y como se ha señalado anteriormente, el Ejército en cumplimiento a la ley N° 19.974 y al Artículo 182 del Código Procesal Penal, no le está permitido referirse a materias que poseen carácter reservado y que son parte de una investigación que desarrollan los Tribunales de Justicia”, dice la respuesta enviada a CIPER por el Departamento de Comunicaciones del Ejército.

En la misma comunicación, el Ejército señaló que el comandante de su Brigada de Inteligencia manifestó a la comisión de los diputados que fiscaliza los servicios de inteligencia que está disponible para aclarar dudas en esa instancia. Pero como esa comisión no elabora actas de sus reuniones, las que además son secretas, la opacidad es total (vea aquí la respuesta del Ejército).

TRAZANDO LA HUELLA DIGITAL

El informe de la PDI estableció que desde la dirección IP 200.111.136.4 se pidieron, entre 2013 y 2016, certificados de los periodistas Mauricio Weibel y Pascale Bonnefoy, pero también sobre tres de los ex militares que denunciaron casos de corrupción: Rafael Harvey, Sergio Tudesca y Carlos Farías. Desde esa misma IP se solicitaron al Registro Civil documentos relacionados con Cesar Fuentes Campusano y Raúl Fuentes Quintanilla, proveedores del Ejército procesados en la causa sobre el desfalco en esa institución.

Desde una IP casi idéntica a la anterior (200.111.136.5) se requirieron certificados de Mauricio Weibel y de su ex cónyuge, y nuevamente sobre Raúl Fuentes Quintanilla. Otra dirección IP que está en la mira de la Fiscalía es la 200.111.134.82, desde donde se solicitaron certificados de la ex esposa de Weibel y de la ex pareja del periodista Santiago Pavlovic y de su hijo.

La indagatoria de la Fiscalía ya comprobó que una de las IP que figuran en el informe de la PDI ha sido utilizada por funcionarios de la DINE. Se trata de la dirección 200.72.183.76, desde donde se pidieron certificados de los periodistas Rebolledo, Peña y Weibel; del denunciante de corrupción Carlos Farías y de la madre del capitan (r) Rafael Harvey.

Uno de los mails que se emitieron desde esa IP prevenía del correo personal de Luis Toledo Cid, quien se reveló como miembro de la DINE cuando los detectives buscaron su nombre en Google: allí figuraba un documento donde Toledo solicitaba feriado legal al Ejército. En el mismo archivo aparecía la repartición para la que trabajaba. Toledo Cid terminó de confirmar todo cuando declaró ante la PDI el 23 de enero de 2020.

“Desde el año 2003 que me desempeño en la Dirección de Inteligencia del Ejército, mi jornada laboral es de 08:00 a 17:00”. Así comenzó Toledo Cid su declaración ante los policías, a quienes informó que era psicólogo titulado en la Universidad Andrés Bello.

Luis Toledo apareció en el radar de la PDI porque el 16 de junio de 2017 solicitó un certificado de matrimonio de Mauricio Weibel. Cinco días después, el 21 de junio, hizo lo mismo para obtener certificados de Carlos Farías, ex militar denunciante de corrupción.

Cuando los detectives le preguntaron por estas solicitudes, Toledo Cid recordó solo una parte de lo que, según él, había sucedido:

“A raíz que el terminal de internet que utilizo es solo para materias de uso público, solo se utilizan sitios o lugares que cualquier persona puede ver, por lo que, en el caso de los certificados electrónicos de Mauricio Weibel Barahona y Carlos Farías Ramírez, yo solicité esos certificados a petición de un funcionario del DINE, a quien no recuerdo. No redireccioné los certificados digitales a otra casilla de correo electrónico, ya que siempre los imprimo y entrego a la persona que me lo solicitó”.

El psicólogo agregó en su declaración que en las oficinas de inteligencia del Ejército trabajan más de cien personas, entre civiles y militares, y que no todos los computadores están conectados a internet, ya que los que contienen material sensible no tienen acceso a la red.

Sobre sus funciones en la DINE, contó que solo se remiten a materias relacionadas con su disciplina: “Responder dudas o requerimientos que tenga el mando respecto a asuntos afines a mi profesión, como tomar un examen psicológico a una persona que quiera postular a un cargo, conversar con funcionarios del DINE a fin de efectuar una evaluación psicológica (…) tomo encuestas de clima laboral, entre otras funciones siempre ligadas a mi cargo de psicólogo”.

Además, Luis Toledo Cid figura con contratos a honorarios en la Defensoría Penal Pública desde 2008. En esa repartición señalaron a CIPER que ha prestado servicios como perito psicológico y también caligráfico en causas de la Defensoría Regional Metropolitana Sur.

En su declaración ante la PDI, Luis Toledo entregó un dato clave para identificar a otra persona que también figura pidiendo antecedentes al Registro Civil: “Tengo entendido que Aida Segovia Crisóstomo es militar y trabaja en la DINE, no tenemos una amistad ni tampoco sé qué funciones cumple”.

El 13 de diciembre de 2016, Aida Segovia utilizó su correo personal para solicitar un certificado de la madre del capitán (r) Rafael Harvey. Lo hizo desde la misma dirección IP utilizada por Luis Toledo Cid, y la misma desde la que se pidieron certificados de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

CIPER envió correos electrónicos a cada una de las direcciones identificadas en el informe de la PDI, explicando que estábamos elaborando un reportaje y que necesitábamos comunicarnos con los usuarios de esas cuentas. Solo hubo una respuesta: la persona escribió un escueto mensaje, señalando que “antes compraba y vendía autos”. Además, llamó a las oficinas de CIPER para verificar que efectivamente se trataba de una investigación periodística, sin entregar sus datos de contacto. No volvió a contestar.

PERIODISTAS INVESTIGANDO A MILITARES

El periodista Juan Cristóbal Peña, autor de libros como “La secreta vida literaria de Augusto Pinochet”, “Los fusileros” y “Jóvenes pistoleros”, señaló a CIPER que estaba trabajando en la investigación para este último libro en la fecha en que sus certificados fueron solicitados desde una dirección IP asociada a funcionarios de Inteligencia del Ejército:

-En esa época estaba escribiendo “Jóvenes pistoleros”, que trata sobre la violencia política durante la transición a la democracia, la época del secuestro de (Cristián) Edwards. Investigué operaciones de la DINE, que en ese tiempo hacía seguimientos a la PDI, la que a su vez seguía a grupos subversivos. Todo esto a través de consultas y desarchivos de causas en las fiscalías militares.

Peña contó que en 2012, cuando preparaba su libro sobre la biblioteca de Pinochet, alguien entró a su casa, pero no robó nada: “El computador estaba en otro lugar de donde yo lo tenía y la pantalla estaba en el suelo de mi estudio. Mi disco duro lo cambiaron de lugar. Los juguetes de mis hijos los dejaron encima de sus camas. Dejaron todos los closet abiertos. No parecía que hayan estado buscando nada, más bien dejando una señal de que alguien había estado ahí. No había ninguna puerta ni ventana forzada”. El periodista dice que realizó una denuncia ante la PDI, pero que nunca tuvo novedades.

Los certificados electrónicos de la periodista Pascale Bonnefoy, corresponsal de The New York Times y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, fueron solicitados el 26 y 30 de agosto de 2016. La periodista buscó en sus archivos y detalló lo que estaba investigando en esa época:

-Entre marzo y abril de 2016 hice seis solicitudes por Ley de Transparencia al Ejército. Una sobre la supuesta investigación de quema de archivos en 1989; sobre causas de fiscalía militar en 1973; una tercera sobre el Servicio de Inteligencia Militar de 1973; sobre el jefe del servicio de interrogadores de las Fuerzas Armadas en 1973; otra sobre una investigación interna de la DINE respecto del asesinato de Charles Horman en 1973 y la última sobre las jefaturas de distintos departamentos de la DINE en 1973. Todo eso para la segunda edición actualizada de mi libro “Terrorismo de Estadio”, publicado en septiembre de 2016.

Poco antes, en julio de ese mismo año, recordó la periodista, publicó en The Clinic el reportaje “Piden procesar a edecán de la Cámara de Diputados por ejecución de detenido en 1973”, basado en documentos de expedientes militares.

Santiago Pavlovic, el periodista ancla de Informe Especial de TVN, señaló que desde 2015 no ha dejado de investigar corrupción militar. Contó a CIPER que durante estos años ha recibido solicitudes para reunirse con distintos comandantes en Jefe del Ejército, y que también han existido cartas y llamados a su jefatura en el área de prensa del canal, pero que no ha recibido amenazas. Antes, dice, sí las hubo. Ocurrieron, cuenta, cuando investigó asuntos relacionados con la represión en la dictadura:

-Ahí me llamaron por teléfono y me amenazaron, pero no realicé ninguna denuncia, sino que opté por tomar resguardos personales.

En el informe de la PDI al que accedió CIPER, aparecen distintos correos electrónicos solicitando certificados de Pavlovic y también de integrantes de su familia. En 2015 el periodista trabajó en Informe Especial junto a Mauricio Weibel en investigaciones sobre el desfalco militar conocido como “Milicogate”.

Otra periodista que formó parte de ese equipo de Informe Especial, Danae Fuster, también figura en el informe de la PDI. Un correo electrónico solicitó un certificado de ella al Registro Civil el 10 de julio de 2015. Ese día, la misma dirección de correo pidió un certificado de Sergio Tudesca, uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército.

El quinto periodista que figura en el reporte de la PDI es Javier Rebolledo, quien se ha especializado en la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Rebolledo ha publicado libros como “La danza de los cuervos”. Sobre sus certificados, el informe de la PDI señala que se requirieron en dos fechas: el 28 de octubre de 2016 y el 18 de febrero de 2018.

-En octubre de 2016 estaba en pleno periodo de reporteo de “Camaleón, doble vida de un agente comunista”, que cuenta la historia de un comunista que se acercó a los servicios de inteligencia de la dictadura para camuflarse al lado de ellos. Debí investigar a ex funcionarios de la DINE, para lo cual me entrevisté con uno de ellos en fecha cercana al 20 de diciembre de 2016. Sin embargo, venía gestando esta reunión desde mediados de ese año. Después, en 2018, estaba en la parte investigativa del libro “Los hijos del frío”, relacionado con el centro de exterminio Simón Bolívar. En febrero viajé a entrevistar al testigo clave en causas de lesa humanidad contra militares, Jorgelino Vergara. Él me manifestó, no sé si con sustento, que yo tenía seguimiento.

El periodista, que acaba de lanzar su libro “Rati” -sobre el rol de “La Oficina” de La Moneda en los inicios de los gobiernos de la Concertación-, aseguró que el mismo día y a la misma hora en que era entrevistado por el programa El Informante, de TVN, por su investigación sobre la participación de Cristián Labbé (ex alcalde de Providencia) en la DINA, el local de la editorial Ceibo, que había publicado el libro donde se relataban esos hechos, sufrió un robo. Los ladrones, cuenta, además de llevarse equipos valiosos dejaron una huella singular: una hilera de billetes ordenados en el piso.

El periodista Mauricio Weibel también ha denunciado hechos similares. En la misma semana de 2012 en que entraron a la casa de Juan Cristóbal Peña, Weibel asegura que le robaron su computador y pendrives desde su casa. También ha relatado que, años después, cuando estaba publicando en The Clinic sus reportajes sobre el “Milicogate”, las oficinas de ese medio sufrieron un robo en el que se llevaron computadores.

*Fuente: CiperChile

El articulo Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a otros cinco periodistas apareció primero en piensaChile.

El articulo Capitán que denunció corrupción al interior del Ejército fue expulsado por decreto del ministro Espina apareció primero en piensaChile.

Voltaire se hizo millonario gracias a la venta de pertrechos al ejército; en el siglo XIX, en Francia, el “enriqueceos” se cumplía a la perfección por medio de la formación de grandes fortunas. En Chile, en las dos guerras contra Perú y Bolivia, los  grandes empresarios del carbón, los Cousiño, aumentaron su fortuna debido al conflicto bélico. Diego Portales,  al igual  que Sebastián Piñera, hacía negocios con el Perú, por consiguiente, le era muy útil la guerra contra el mariscal de Santa Cruz, en la Confederación Perú-boliviana.

Francisco Antonio Encina falta a la verdad cuando se refiere al Presidente de la República Aníbal Pinto, pues no es cierto que terminó  pobre al finalizar su gobierno, por lo que se vio forzado a trabajar en traducciones, pues era accionista de la Compañía Carbonífera de los Cousiño. La guerra siempre ha sido, a través de la historia de la humanidad, un excelente negocio para millonarios y oficiales de las Fuerzas Armadas y consiguiente ruina  para los pobres.

Durante el período de la dictadura de Augusto Pinochet y, posteriormente, cuando ocupó el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, él, su familia y muchos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se enriquecieron sobre la base de compraventa-venta de armas y pertrechos – baste recordar el negociado por la venta de armas a Croacia y a Ecuador, a este último país en plena guerra con Perú, en que Chile era un garante de la paz -; el general Pinochet, cuando fue detenido en Londres, fue encontrado  en medio de uno de esos negociados, sin ninguna fiscalización por parte del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Buen padre y modelo tienen los milicos y pacos actuales.

Los ministros de Defensa de la transición a la democracia jamás han fiscalizado el actuar de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas que, hasta ahora, han hecho lo que quieren con el presupuesto fiscal, incluso con el 10% de la venta del cobre que perciben anualmente, cuyo monto podría, al menos, subvencionar los gastos en salud y educación. Estos secretarios de Estado semejan a los agregados militares, quienes desde el extranjero enviaban informes directamente al general Pinochet, saltándose al mismísimo Presidente de la República. Este cargo de ministro de Defensa  es decorativo y muy agradable ya que el Estado da mucho dinero y  mantiene muy contentos a los generales en jefe y al cuerpo de oficiales. Es muy placentero trabajar en este ministerio,  pues como aérea cubierta económicamente, los problemas a resolver son mínimos. (Un Personaje tragicómico de los que han ocupado esta Cartera es el colorín Jaime Ravinet, quien de democratacristiano pasó a ser un momio podrido).

Algunos ingenuos se preguntarán ¿por qué la Contraloría no ha sido capaz de fiscalizar ninguno de los desfalcos en secciones de finanzas del Ejército y, actualmente, de Carabineros? ¿Por qué es tan fácil para los integrantes de la dirección financiera de ambas instituciones traspasar grandes cantidades de dinero de las cuentas institucionales a las personales? En el caso del ejército, el último delito no hubiera sido descubierto si un cabo, que gana un modesto salario,  no hubiera jugado millones de pesos en el casino de Montichelo, y en el caso de los Carabineros, si un funcionario del BancoEstado no hubiera dado la alerta a la Unidad de Control Financiero por transacciones sospechosas, en este caso, de 300 millones de pesos, realizada por un  oficial de carabinero perteneciente a esta Unidad. Se supone que existen controles sorpresivos a las Unidades Financieras que manejan tanto dinero, ¿por qué durante los últimos cinco años no hubo ningún control?

Es cierto que la actitud del Director general de Carabineros, Bruno Villalobos, ha sido clara y rotunda en la condenación de estos delitos y no duda tampoco en destituir y enviar a la cárcel a los culpables de estos delitos, sin embargo, que contraste con el silencio de la comandancia en jefe Ejército, que se parapeta en la “justicia militar” institución muy discutible y que sólo debiera actuar en tiempo de guerra.

Hasta el momento se computan en Carabineros 8.000 millones de pesos defraudados al fisco, y se calcula que el monto podría ascender a 18.000 millones de pesos. El General Villalobos ha llamado a retiro a seis oficiales administrativos responsables de faltas a la probidad, sea por acción u omisión, y ya hay 17 efectivos de carabineros que fueron pasados a control de detención, pero que están libres por errores de procedimiento, según el dictamen de la jueza, alegando que su detención se había realizado en lugares que no correspondían a la jurisdicción de la jueza,   la comuna  de Providencia, en Santiago, cuando de hecho algunos fueron aprehendidos en Villarrica, Chillán y Talca.

Son tantos los millones defraudados que, por lógica, oficiales y suboficiales tenían que gastarlo en lujos muy ridículos: el capitán Carlos Rojas, por ejemplo, contrató una limusina, equipada con todos los servicios, cuyo costó oscilaba entre uno y tres millones de pesos, además arrendó un helicóptero privado para volar sobre el Cañón del Colorado, otro  oficial tiene  cabañas en Villarrica, y un tercero una colección de autos de lujo; estos lujos, dentro de lo que se ha descubierto.

Chile está podrido: baste sumar los delitos de los curas pedófilos, la mezcla de negocio y política, los robos en el Ejército y Carabineros y la colusión de los empresarios y demás millonarios, sumado a la idiotez de los pocos electores que van a concurrir a las urnas en noviembre próximo para optar por “un gato que cuide la carnicería. “…Gobiernos dignos y timoratos donde haya quesos no mandéis gatos”. (Rafael Pombo).

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

19/03/2017

El articulo Del MilicoGate al PacoGate apareció primero en piensaChile.

Ninguna empresa puede resistir la competencia cuando tiene que entregar anualmente el 10% de su producción, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Por cierto que si “no hay un puto peso…” no se debe solamente a la ley reservada del cobre, sino también a la pésima administración durante los gobiernos de la Concertación y el de la Alianza, pues además, CODELCO  ha sido el  botín para los democratacristianos y para la Unión Demócrata Independiente (UDI). ¡Tanto han comido del queso que ya se está acabando, pero los ratones siguen vivitos y coleando!

Francisco Vidal, el reservista y amigo personal del General José Miguel Fuente-Alba, durante su gestión como ministro de Defensa, afirma en un programa del Canal del duopolio, que varias intentó presentar un proyecto para derogar la ley reservada del cobre, pero  duerme el sueño de los justos en el parlamento, y ningún gobierno ha querido o bien, logrado derogarla. (Me huele que aún les tiemblas las piernas ante la vista de un milico).

El servilismo de los personajes de la Concertación se fue convirtiendo, poco a poco, en una especie de pleitesía ridícula y miserable; por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores los Agregados Militares se reían a carcajadas de los Embajadores, y enviaban a Chile valijas diplomáticas dirigidas, directamente, al comandante del Ejército.

Según el periodista Mauricio Weibel, quien investigó el “milicogate”, el dinero que CODELCO ha entregado a las Fuerzas Armadas chilenas, durante los últimos cinco años, asciende a 20.000 millones de dólares – con este dinero se podrían construir, al menos, 30 hospitales de alta complejidad, incluido especialistas en diversas ramas; 30 colegios de excelencia académica; estatizar el transporte; erradicar los campamentos en todo el país, y aún sobraría dinero, por ejemplo, para mejorar el sistema previsional.

En la historia del capitalismo, la venta de vituallas de ejército – zapatos, uniformes… – ha sido la forma más práctica y fácil para hacerse rico en poco tiempo: por ejemplo, Voltaire, conocido por la idea de la tolerancia, tuvo un lado oscuro en su vida, la venta de vituallas al ejército, lo que le permitió una considerable fortuna; lo mismo ocurrió en la época de Luis Felipe Igualdad y en la de Napoleón III. “El enriqueceos” consistía en la compra y venta de material bélico.

Daniel López – alias de Augusto Pinochet en los paraísos fiscales – se enriqueció, entre otras entradas, gracias al 10% que  las empresas pagan por la compra-venta de armamento. Son conocidos  los escándalos de la venta de armas a Croacia, en plena guerra, para asesinar a las poblaciones civiles de los Balcanes. Posteriormente, el asunto de los Mirages con la Aviación, y los submarinos, con la marina.

Se pretexta que la ley reservada del cobre es secreta para que los supuestos “enemigos” – en nuestro caso, los peruanos, bolivianos y argentinos, no se enteren de cuánto y qué tipo de armamento se ha comprado – lo cual es en verdad una torpeza, pues los vendedores lo publican en sus respectivos países – no sería raro que estuvieran en sus prospectos -. Por lo demás, si se quiere emplear la disuasión, lo mejor es que los potenciales enemigos sepan que tenemos un poder bélico consistente y evitar así, cualquier peligro de invasión.

Con los millones de dólares aportados por CODELCO  a las Fuerzas Armadas nuestro potencial bélico debería tener un altísimo nivel, quizás más potente que el de nuestros vecinos, pero ya no existe el peligro inminente de guerra con el Perú, como ocurrió, por ejemplo, en el Centenario de  la guerra del salitre (1979), o bien, la guerra con Argentina por las islas australes.

Tan importante como el armamento es la moral del país: en toda hipótesis de guerra, la comunicación y el factor psicológico juegan un papel fundamental – baste leer sobre el caso de la guerra del salitre cómo la prensa chilena fue capaz de sembrar la idea del Perú como un país depravado y corrompido por la riqueza -.

El aporte de CODELCO a las Fuerzas Armadas es de tal cuantía que no puede gastarse todo ese dinero en armamento, sumando vituallas y otros gastos, pues aún sobran cinco millones de dólares sin utilizar.

La investigación sobre el “milicogate”, que comenzó anecdóticamente, por el descubrimiento de 50 millones de pesos en facturas completamente falsas – ni siquiera con el timbre del Servicio de Impuestos Internos – implicando al cabo del ejército Juan Carlos Cruz, quien gastó 250 millones de pesos en el Casino Monticello, donde tenía derecho a cenar, hospedarse y estacionar; posteriormente la investigación llegó al coronel Clovis Montero quien intentó, incluso en una conversación telefónica, protegerse de acusaciones que una tercera persona, importadora de autos, hacía al comandante en jefe del Ejército, José Miguel Fuente-Alba.

Como siempre, los proveedores de boletas y facturas falsas había civiles, que  se prestaban como cómplices en esta forma de malversar los fondos fiscales, entre quienes destacan Francisco Huincahué, Virgilio Cartoni, Raúl Fuentes, y otros.

El Ministro en Visita, Omar Astudillo, tiene ya en presión a varios militares de todas las graduaciones, incluidos algunos generales, por graves delitos de lavado de activos, cohecho, falsificación de documentos, facturas,  asociación ilícita, entre otros.

La indagación judicial escaló hasta el ex comandante en jefe del Ejército, José Miguel Fuente-Alba, a quien se le descubrió un capital de 3.000 millones de pesos, algunas propiedades de bienes raíces, costosos automóviles y otros bienes. (Ver cuadro adjunto).

Los ministros de Defensa de los gobiernos de y Sebastián Piñera y el segundo de Michelle Bachelet se lavan las manos, como si no tuvieran la responsabilidad, como representantes del Comandante en Jefe del Ejército del Presidente de la República, de velar por la probidad de las fuerzas a su mando. En Chile todo es al revés: las Fuerzas Armadas parece que mandaran al poder civil, y decir que en Chile hay democracia es una falacia.

Que se podría hacer con el dinero  dedicado  a la ley reservada

Fraude  al fisco  facturas falsas, falsificación de firmas

Imputados y procesados

Proveedores  Milicogate

Militares  implicados o mencionados

• Discos duros borrados
• Patrimonio del ex comandante en jefe del ejército José Miguel Fuente – Alba

3 mil millones de pesos

• Entre el 2000  y 2015  Codelco  entrego a las FFAA 14,368 Millones USA
• Según Mauricio Weibel libro Traición a  la Patria,   CODELCO entregó al ejército, en estos últimos cinco años,  10  veces más que en los 10  primeros  años de la transición a la democracia.
• El SII  se querelló  contra el proveedor Raúl Fuentes por falsas facturas  – 488 – y por 2.400 millones de pesos, y  contra Francisco  Huincahué  por   880 millones de pesos

Según The  CLINIC el patrimonio  del  ex comandante en jefe del ejército, José Miguel Fuente-Alba:

Fuentes:  Canal  7  y 13,   The  Clinic,  El Mostrador y  Mauricio Weibel,  del libro Traición a la patria.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

06/09/2016

El articulo La ley reservada del cobre y el “milicogate” apareció primero en piensaChile.

En Chile no impera una democracia protegida y vigilada por las Fuerzas Armadas, sino que no existe ninguna democracia: la República murió el 11 de septiembre de 1973 y, hasta hoy, los militares hacen lo que quieren, incluso se enriquecen con el 10% de las ventas del cobre; el monto malversado al fisco en el llamado “milicogate” es mayor que sumados todos los escándalos de la clase política.

Las Cajas previsionales de las Fuerzas Armadas, de carabineros e Investigaciones – CAPREDENA, DIPRECA – están arruinadas, pero se salvan con el dinero que aporta el fisco, es decir, de todos los chilenos. El sistema privilegiado no tiene ninguna relación con el reparto: el aporte de los cotizantes sólo llega al 10% del fondo total, el resto, 90%, lo aportamos todos los chilenos.

El monto del fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas es mayor al total de lo que gasta el fisco en las pensiones solidarios para quienes no han podido cotizar nunca, o tienen lagunas previsionales. El número de personas que reciben pensiones alcanza a un millón contra una ínfima cantidad de privilegiados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

La mantención de la pseudo-democracia chilena exige una especie de seguro consistente en militares,  carabineros y gendarmes  puedan acceder a jubilaciones millonarias, en caso de los altos oficiales, como también a una prima de riesgo que permitan a estos  cuerpos armados tener jubilaciones a los 45 años de edad y, desde luego, muy superiores a las del resto de los chilenos.

El argumento justificativo de estos privilegios es el riesgo que implica esta profesión. Es evidente que sólo los militares y policías  tienen riesgos profesionales, que podrían ser extensivos a otras profesiones civiles, aún más peligrosas que la de los militares, que sólo juegan a la guerra.

En Chile, los intereses corporativos son los únicos que valen, pues la noción de bien común hace tiempo que ha desaparecido; en la única ocasión en que todos los parlamentarios están de acuerdo es cuando se discute el aumento de sueldo de estos “honorables”; en el caso de los militares y, en el caso que nos ocupa, el de carabineros, según el director de esta institución, el interés corporativo se impone por el monopolio de las armas.

Los dictámenes de la Contraloría General de la República sólo se acatan cuando se refieren a empleados públicos de baja graduación y que, por lo tanto, no tienen ningún poder para ponerlos en cuestión, pero cuando una corporación defiende los intereses de los más ricos  y la que  tiene el poder en la fuerza de las armas, de inmediato son inmediato se ponen en cuestión, como es el caso del veredicto que exige a Gendarmería de detener el pago de once personas, cuya pensión superaba los cinco millones de pesos mensuales y, además, se estableció que era dudosa la legalidad en la forma de lograr esta abultada jubilación.

El presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete, calificó las opiniones del General  Villalobos como un “ruido de sables”, recordando el famoso episodio, en el Congreso Nacional, en septiembre de 1924, en que los oficiales hicieron ruido con sus sables para condenar la dieta parlamentaria, que por primera vez se discutía, sólo que en la actualidad carabineros y militares no tienen ninguna necesidad de amenazar a los poderes públicos, pues están dispuestos a concederlos todo lo que quieran.

Si revisamos la historia del capitalismo, el negocio más lucrativo y que permitió mayor acumulación de rentabilidad fue el de la  venta de armas y de pertrechos del ejército. La gente conoce sobre Voltaire el ataque a la iglesia católica, que llamaba “la infame”, pero sabe mucho menos de que este filósofo y escritor se enriqueció gracias a la venta de pertrechos militares – ropa  y otros implementos -.

La guerra, en todo los tiempos, siempre ha sido el mejor negocio para los especuladores que, además de además de los pertrechos, venden armas, cobrando altas comisiones. Se puede afirmar que este negocio es tanto o más rentable que el del narcotráfico, y no menos mortífero. El “milicogate” es una forma delictual de atesorar riqueza, principalmente, sobre la base de hacerse del 10% de la venta del cobre, estatuido durante la  dictadura de Augusto Pinochet y mantenida por la Concertación – Ese dinero podría servir holgadamente para mejorar el sistema de pensiones, la salud y la educación, y aún sobrarían recursos -.

Los militares no necesitan hacer un nuevo golpe de Estado, pues saben muy que sus amos, los norteamericanos, esa y las próximas veces reaccionarían en contra de ellos, y no podrían aniquilar, en forma cobarde y artera como lo hicieran, a partir de 1973, contra un pueblo desarmado. Ahora pueden enriquecerse tanto o más que en la época de la dictadura, avalados por  sucesivos gobiernos que han emanado de la soberanía popular – un político francés decía que “los gobiernos republicanos que surgen del voto de los ciudadanos, son mil veces más útiles para que “la gente de bien” <los ricos>, puedan hacer negocios amparados por la legitimidad que emana del voto” -. No ocurre lo mismo con los gobiernos realistas, pues basta con derrocar a una persona para que todo el sistema se venga abajo.

El poder corporativo de las Fuerzas Armadas se preparan para impedir todo cambio que pongan en peligro sus prebendas, tan defendido por los gobiernos civiles, pues el temor es cosa viva.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

https://www.youtube.com/watch?v=-C4tFv7hvEc

Un señor encara a un Capitán de Carabineros, luego de que este le dijese a sus subalternos que la gente que les rodeaba lo hacía con odio, condicionando su conducta hacía la ciudadanía.
Valparaiso, 27-09-2012

https://www.youtube.com/watch?v=9fal1_vAZVM%20

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Una fraude, más bien un robo de aquellos, digno de una producción cinematográfica, resulto ser el llamado “Milicogate” que destapó The Clinic el pasado 13 de agosto, cuando publicó la primera de siete entregas referidas al latrocinio en que se vieron involucrados miembros del Ejército por medio de la ya ultra conocida maniobra (en política al menos) de la entrega de facturas truchas que el Servicio de Impuestos Internos tarde o temprano termina por desconocer.
Oficiales de alto rango y suboficiales son los caídos por esta trama, que este medio reveló a través de los documentos secretos y los audios de las conversaciones de quienes cometieron el ilícito.
El coronel Clovis Montero es el principal imputado, y junto con él aparecieron los nombres del general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
Los últimos en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.
Los hechos destapados por este medio provocaron que el Ejército anunciara que por primera vez en 205 años se someterá a una revisión externa, encargada a la auditora Surlatina.
Tal como reveló The Clinic, la trama detrás de los millonarios desfalcos partió en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesó hasta marzo de 2014, al tomar el mando de su segunda admistración Michelle Bachelet.
El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas.
“Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, tal como dijo el coronel Clovis Montero en entrevista con este medio.
Dentro de lo más llamativo se encuentra el caso del cabo Cruz, quien entre 2008 y 2014 desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.
A continuación los cinco artículos del bullado caso:
Milicogate: El silencio de Burgos y Gómez
Los oficiales investigados en el Milicogate
Los documentos secretos del Milicogate
Milicogate: Los audios secretos que revelan el gran robo del Fondo Reservado del Cobre
Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre
Extesorero del Estado Mayor del Ejército: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”
La historia del cabo que gastó más de dos mil millones en el Monticello

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