Marruecos: Intentan a la fuerza terminar huelga de hambre de periodista Lamin Haddi

El articulo Bachelet, como Alta Comisionada para los DD.HH. no ve, no oye, no se pronuncia sobre la tragedia que vive el pueblo saharaui apareció primero en piensaChile.

Pero Bachelet, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos  nada dice sobre los asesinatos de 6.402 jóvenes inocentes en Colombia:

Colombia: El ejército asesinó a 6.402 civiles inocentes en 7 años

El articulo El colmo de la sinvergüenzura: Bachelet sale a defender a la dictadora Añez apareció primero en piensaChile.

El articulo Activista mapuche encara a Bachelet en Ginebra (Suiza) apareció primero en piensaChile.

El articulo Solicitan a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, interceda en defensa de los DD.HH. de Presos Políticos Saharauis apareció primero en piensaChile.

El articulo Empresario Chileno en PICADA contra Andrónico Luksic, Bachelet y Lagos apareció primero en piensaChile.

Las denuncias de Pinheiro han sido cuestionadas por la ex-Presidenta Bachelet, pero también se han visto oscurecidas con demasiadas contradicciones, en particular por los cambios de versión del empresario en sus acusaciones a Lula. Según el Folha de São Paulo, en colaboración con The Intercept, Pinheiro habría sido chantajeado por los fiscales de la Operación Lava Jato para concederle el beneficio de la “delación premiada”.
Adicionalmente, es innegable que el sistema de justicia brasileño ha perdido credibilidad. Porque resulta extraño y éticamente insostenible que el juez Moro, después de haber condenado y enviado a la cárcel a Lula por el caso Lava Jato, aparezca como ministro de Justicia del presidente Bolsonaro.

Así las cosas, resultará difícil saber si efectivamente la campaña de Bachelet recibió dineros de la OAS. Pero, por otra parte, no es ningún secreto que grupos empresariales chilenos aportaron a su campaña. Y, de hecho, hubo financiamiento ilegal, investigado por la justicia chilena, lo que le significó a la entonces Presidenta serias dificultades durante su primer año de Gobierno. En particular, se vio obligada a despedir a Rodrigo Peñailillo, su primer ministro del Interior. Seguramente la candidata Bachelet no estaba al corriente de la forma en que financiaban su campaña, pero ella cometió un grave error al no informarse debidamente.

Es muy cuestionable el financiamiento empresarial de la política. Resta independencia a los gobernantes. Por ello resulta lamentable que no solo en Chile sino en toda América Latina proyectos, aparentemente de izquierda, que proponen reducir las desigualdades sociales, apelen al gran empresariado para financiar sus campañas. Es quizás una prueba manifiesta de que la hegemonía neoliberal ha hecho desaparecer las fronteras ideológicas entre partidos políticos.

En las últimas décadas, el mercado no solo impuso sus reglas sobre la economía sino también domesticó a la política. Así las cosas, el predominio empresarial se ha convertido en rasgo dominante de la sociedad actual y probablemente la indiferenciación ideológica ha favorecido el abandono de la ética.

En Chile, al término del Gobierno del Presidente Aylwin la política y los negocios estrecharon vínculos. Comenzó a moverse la puerta giratoria. Ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras fueron capturados para ocupar asientos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Otros, sirvieron al mundo empresarial como lobbistas.

En el último tiempo se dio un paso adicional. Los grupos económicos han financiado, ilegalmente campañas electorales. Candidatos de todos los partidos políticos han aceptado recursos de poderosos grupos económicos, como Soquimich, Angelini y Penta. Su propósito: capturarlos, maniatarlos, para que legislen y actúen en su favor. Caso paradigmático es la Ley de Pesca.

En Brasil sucedió algo similar. El entorno del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) estableció una relación íntima con las empresas Petrobras y OAS para operaciones políticas en su país y también en otros países de la región. El resultado ha sido lamentable. Se ensuciaron los gobiernos de Lula y Dilma y, de rebote, las platas brasileñas desprestigiaron a la clase política en casi todos los países de América Latina. Ello dio origen al escándalo Lava Jato. Ese accionar favoreció el triunfo de Bolsonaro.

El actual modelo económico del sálvese quien pueda ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Así las cosas, la política y el Estado se debilitan y, en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados, se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política y la concomitancia de esta con el poder económico.

El empresariado, al no ser debidamente regulado, encuentra las puertas abiertas para capturar gobiernos y partidos políticos y así ampliar sus negocios. Y, en años recientes, se ha especializado en corromper dirigentes de centroizquierda para neutralizarlos.

Al mismo tiempo, también en los últimos años, el poder económico se ha caracterizado en América Latina por llevar a cabo operaciones de limpieza contra políticos que no son cómodos a sus intereses, utilizando a las instituciones republicanas y a la gran prensa. Por ello, quienes se presentan ante la ciudadanía como críticos del sistema económico imperante, y se proponen impulsar transformaciones, cometen un grave error cuando recurren al empresariado para financiar su accionar político.

Es preciso ser claros. Recibir dineros del empresariado corrompe la política, impide la transparencia del accionar público y destruye las instituciones republicanas. La ética y la democracia exigen independencia a los servidores públicos.

El autor, Roberto Pizarro, es economista, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación, embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Columnista de diversos medios. Artículo enviado a OtherNews por el autor y publicado en El Mostrador de Santiago, el 24.09.19
*Fuente: OtherNews

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Opinión desde el exilio

Mientras en los medios como Cambio21 se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista, en la realidad se trata de un intento poco creíble y tardío de torcer la realidad mediante estrategias mediático-comunicacionales. Digo, poco creíble porque la porfiada realidad muestra una cara muy distinta.

En este último gobierno de Michelle Bachelet (2014 – 2018), el país figuró como el más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asimismo, en su Gobierno estallaron los casos de corrupción. Además, no hubo ningún intento de hacer un Gobierno verdaderamente trasformador, de tocar el capital, de disminuir la desigualdad, o de aumentar la soberanía del país frente a las transnacionales.

Y en el terreno de la lucha por los Derechos Humanos tampoco se corrió el cerco, muy por el contrario, se mantuvieron las mismas camisas de fuerza. Bachelet prometió en septiembre de 2014 ante el país que pondría fin a la Ley de Amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas. No lo hizo. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente de ser quemada viva por una patrulla militar en 1986 y símbolo de la lucha antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por violaciones a los DD.HH. Hasta el último día y en medio de una inmensa ola de rumores, Chile esperó que cerrara el penal, de hecho, ella hasta el sábado no quiso ni confirmarlo ni negarlo, sólo decía que gobernaría “hasta el último día”. No lo hizo.

Tampoco, la expresidenta Bachelet, avanzó en un asunto esencial para efectivamente democratizar la sociedad chilena: la cuestión constitucional. Debe recordarse que Chile es el único país sudamericano de todos los que vivieron dictaduras militares que mantiene la constitución del dictador: rige aún la constitución de Pinochet. Y fiel a su errático estilo, cinco días antes de terminar su mandato la presidenta apareció sorpresivamente en cadena televisiva anunciando que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso, “para honrar mi compromiso asumido con Chile”. Se trataba del mismo Congreso que termina su mandato también el domingo 11 de marzo para ser renovado por otro muy distinto. Este hecho provocó burlas e indignación, incluso entre sus propios partidarios. Diputados democratacristianos calificaron este envío de última hora como “un circo, una falta de respeto”. Incluso el electo senador socialista y expresidente de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que “no ha habido en el Palacio de La Moneda, como lo hubo en los primeros tres Gobiernos de la Concertación y parcialmente en el primer Gobierno de Bachelet, una dirección política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo tanto, ordenara al país”.

Además, es un misterio saber quiénes redactaron el proyecto de nueva Constitución que ingresó al Congreso. No la conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda. También es un misterio por qué se decidió incluir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 24 fue uno de los que llamó más la atención. El texto aumenta el mínimo de edad para poder postular al cargo de Presidente de la República de 35 a 40 años. Esto inmediatamente fue visto como una señal dirigida al naciente Frente Amplio (FA), que obtuvo, para sorpresa de todos, 20 diputados y un senador, y cuyos principales líderes, los diputados Giorgio Jackson (31) y Gabriel Boric (32), o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (33), están hoy con la edad mínima para postularse a dicho cargo en 2022. “Ley anti millenials” ha sido bautizada esa iniciativa bacheletista.

Cabe recordar que el potente despertar de los movimientos sociales en Chile se dio especialmente durante 2011-2012. Fue tal la fuerza de estos movimientos que se instalaron temas vedados por la elite, como los de reforma laboral, nueva constitución, fin al lucro en la educación, etc. Temas que Bachelet tomó como banderas de lucha y con los cuales resultó elegida, descomprimiendo la conflictividad social, pero en beneficio del sistema neoliberalista.

Gracias, siempre.
Exprisionero político en el exilio

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De la impresionante muestra de resiliencia del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que descansa en una importante movilización de los amplios sectores beneficiados por la Revolución Bolivariana y la lealtad de las fuerzas armadas de Venezuela. Estados Unidos recurre a un nueva estrategia: el uso de instituciones internacionales, todavía con cierto prestigio, para crear ex profeso una causa justa que dé razones para una intervención.

Haber puesto a la cabeza de la operación a personajes tan oscuros y desequilibrados como John Bolton, Elliot Abrams, Mike Pence y Marco Rubio, creó, para la Casa Blanca, una crisis de comunicación de las razones para una intervención en Venezuela. Es aquí donde el uso de una figura como Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respetada, todavía, en algunos círculos progresistas de América Latina, funciona.

Una intervención humanitaria que se sostenga en los frágiles andamios del derecho internacional debe tener por lo menos cuatro requisitos esenciales: una causa justa, proporcionalidad, una posibilidad razonable de éxito y el uso de ésta como último recurso. Más que ingenuidad, pecaríamos de ignorancia si creyéramos que el gobierno de los Estados Unidos ciñe su política exterior a motivos genuinamente humanitarios, jurídicamente bien sustentados, en lugar de intereses económicos y geopolíticos. De hecho, en un acto de cinismo que se balancea en la delgada línea del sarcasmo sin vergüenza, la invasión estadounidense de 1989 a Panamá se llamó “Causa Justa”.

En Venezuela no existe el pretexto de la Causa Justa que, aunque inacabada de conceptualizar por los teóricos de las intervenciones humanitarias, se puede entender como actos consumados de violación de derechos humanos a ciudadanos por su propio gobierno, o, en el contexto de una guerra civil, a no combatientes. En Venezuela si bien existe una crisis creada y exacerbada por una guerra económica y un acoso diplomático; el gobierno bolivariano está buscando activamente soluciones a ésta.

Y, cuando en 2017, la oposición generó violencia en las calles, la respuesta del gobierno fue exclusivamente para el mantenimiento del orden como cualquier gobierno occidental lo haría; mayor es la represión que el gobierno de Macron está llevando a cabo, en este momento, en las calles francesas contra los chalecos amarillos. Pero, aquí es donde entra Michelle Bachelet, y su informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

Este informe trata de construir deliberadamente una Causa Justa cuando habla de su preocupación “por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual de los derechos humanos” en Venezuela y, esto, como “factor de desestabilización regional”. Habla del sufrimiento por el corte de energía eléctrica, pero no menciona el sabotaje como origen; del deterioro del sistema de salud, pero no del bloqueo comercial impuesto que impide la entrada de medicinas. Dedica apenas dos renglones sobre su “preocupación” por las nuevas sanciones económicas. Y habla sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales que, aunque las pondera como “posibles”, deja mucho material para encabezados de la prensa aliada del imperio.

No sólo es el contenido del informe, es el medio, Michelle Bachelet: la militante del Partido Socialista, la torturada durante la dictadura, la primera mujer presidenta de Chile, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su papel parece inocuo pero es infame, porque le da el pretexto perfecto a Estados Unidos, y sus satélites, para una intervención más intensa, pudiendo llegar a la escalada militar. A Bachelet le convendría recordar lo que le decía a Piñera hace apenas unos años: “en democracia, minorías no pueden buscar cambiar la decisión de las mayorías”. Y menos por la fuerza, como le tocó vivir a ella en 1973.

*Fuente: Medium

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El 23 de marzo de 2018, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela, por haberse demostrado que “las sanciones económicas causan muertes, agravan las crisis económicas, distorsionan la producción y distribución de alimentos y medicamentos, constituyen un factor que impulsa la emigración y dan lugar a violaciones de los derechos humanos”.

El 30 de agosto de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, sobre su misión a la República Bolivariana de Venezuela. En su informe, Zayas afirma que:

“Los efectos de las sanciones impuestas por los presidentes Obama y Trump y de las medidas unilaterales aplicadas por Canadá y la Unión Europea han agravado tanto directa como indirectamente la escasez de medicinas tales como la insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la medida en que las sanciones económicas han generado retrasos en la distribución y, de esa forma, constituyeron otro factor causante de muchas muertes, las sanciones infringen las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos. Por otra parte, las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional…”.

“Las sanciones económicas matan”, expresó además Alfred de Zayas al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, y recordó que las sanciones económicas y la guerra económica dirigidas por EEUU contra poblaciones inocentes son un crimen que atenta contra el derecho internacional y contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas. Comparó la guerra económica hacia Venezuela con la que EE.UU. mantuvo entre 1970 y 1973 contra Salvador Allende y en los años 80 contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Y con la que desde 1960 intenta destruir la sociedad cubana.

Con estos antecedentes – y dada su propia experiencia del golpe militar en Chile en 1973 – nos sorprende profundamente que Usted, como primera medida al asumir su nuevo cargo como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ataque al gobierno de Venezuela por la falta de alimentos y medicamentos, y lo responsabilice por el aumento de la emigración, hechos que a  todas luces son promovidos por la guerra económica de EE.UU.

También es el caso de Nicaragua, donde Usted no dirige ninguna crítica a las revueltas violentas y la destrucción de propiedad pública, hechos dirigidos desde EE.UU. para promover un llamado golpe blando de cambio de régimen. Pero Usted sí critica a las fuerzas del orden nicaragüenses, que en cualquier otro país actuarían sin miramientos para impedir semejantes revueltas.

La única crítica justificada en su discurso sobre los gobiernos latinoamericanos es la relacionada con los verdaderos asesinatos y desapariciones de observadores de Derechos Humanos, periodistas, estudiantes, etc. en México, Colombia y Guatemala (NdR: invitamos a los lectores a revisar los link anteriores) .  Pero esas palabras desaparecen en los informes divulgados por los medios de comunicación, que se han caracterizado por llevar a cabo ataques contundentes y tendenciosos contra Venezuela y Nicaragua, ocultando la oprobiosa política de EE.UU. de cambio de régimen a través de los llamados golpes blandos contra todos aquellos países de América Latina que mantienen una alternativa independiente a EE.UU. y a las políticas neoliberales que empobrecen a pueblos y sociedades, y alimentan a la élite financiera internacional.

El objetivo de esta campaña mediática es preparar a la opinión pública internacional para la intervención militar en Venezuela, de la cual el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no quiere tomar distancia. Por tanto, le hacemos un llamado a Usted de considerar seriamente la promesa de Venezuela de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y le sugerimos que visite personalmente Venezuela para que pueda entender mejor la situación social y económica en dicho país.

Los abajo firmantes somos miembros del Capítulo Sueco de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y/o asistentes a los encuentros celebrados en Estocolmo los días 13 y 14 de septiembre con Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, en la Casa de la Solidaridad y el monumento La Mano, donde se recordó y rindió homenaje a las víctimas del golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973, perpetrado con el apoyo de EE.UU. Ahí se reunieron muchos exiliados chilenos y sobrevivientes de las dictaduras militares posteriores en América Latina, contando además con el apoyo del movimiento sueco de solidaridad a la lucha libertaria de los pueblos latinoamericanos que enfrentan la imposición de la hegemonía mundial de los EE.UU.

Estocolmo, 19 de septiembre, 2018

Firman:

Adolfo Ovalle

Agneta Norberg

Alejandro Galo Hurtado

Aliro Cerda Romero

Ana Farías Vergara

Ana Luisa Rivera

Ana María Pino Rodríguez

Angel Barrios

Ann Margarethe Livh

Barbara Brädefors

Carlos Hernández

Carmen Durán

Carmen Sepúlveda

Digna Césped Álvarez

Estrella Belmar

Eduardo Miranda

Eva Björklund

Gastón Palacios

Gilda Córdova

Gladys Aranibar

Hendrik Pastén

Ilich Galdámez

Jeanette Escanilla

Jorge Contreras

Josefina Cerda

Jorge Obligado

Juan Cancino

Juana González

Judith Muñoz

Kjell Bygdén

Kristina Hillgren

Luis Farías Silva

Luis Peña

Manuel Valenzuela

María Echeverría

Norma Jara

Pablo Sepúlveda Allende

Paloma Madrid

Parvin Geschwind

Paulina Collao

Roberto Muñoz

Rolando Zanzi

Silvia Leiva

Simón Soto

Sven Britton

Sven Wollter

Thage G Peterson

Ulf Hultberg

Vania Ramírez León

Xavier Castro

Ximena Serrano

Argentinos para la Victoria

Asociación Cóndor Järfälla

Foro Bolivia, Suecia

Comité 5 de Octubre

Comité de Solidaridad con Nicaragua Carlos Fonseca Amador

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos, Capítulo Suecia

Comité por la Solidaridad Internacional

Meli Newen Mapu

Programa radial ”En los Caminos de la Noticia”

Taller Ranquil

El articulo A la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet apareció primero en piensaChile.

Sabemos bien que los organismos de derechos humanos manejados por Estados Unidos cumplen un rol activo al servicio de las políticas imperialistas, y que por tanto, Bachelet era la candidata ideal. Son innumerables las razones objetivas que demuestran que no tiene la calidad moral para ostentar un cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos, pero paradojalmente, esas mismas razones objetivas, explican la confianza que deposita una vez más en ella el imperialismo norteamericano.

En el ámbito de los derechos humanos, a pesar de ser víctima directa de la violencia en la dictadura pinochetista, su compromiso y aporte en la materia durante sus gobiernos, fue prácticamente nulo. En su primer mandato aplicó la Ley Antiterrorista de la dictadura contra el pueblo mapuche y reprimió con violencia la justa lucha de ese pueblo por recuperar su territorio. En ese período fueron asesinados por personal de carabineros Matías Catrileo, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Collio, crímenes que hasta la fecha siguen impunes.

En 2013, durante la campaña presidencial, la ahora flamante Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, reconoció que fue un error aplicar la Ley Antiterrorista y aseguró que no volvería a utilizarla si era elegida presidenta de la república nuevamente. También prometió un nuevo trato para el pueblo mapuche.

Una vez en el gobierno, la Alta Comisionada olvidó sus promesas y aplicó nuevamente la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche. La policía reprimió brutalmente en las comunidades, violentando incluso a niños y ancianos. En septiembre de 2017, casi al final de su mandato, la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros, dependiente del Ministerio del Interior, detuvo a ocho mapuches acusados de asociación ilícita terrorista.

Una Investigación posterior, determinó que la unidad de carabineros manipuló las pruebas incriminatorias, a través de la intervención fraudulenta de mensajes telefónicos de los acusados. El gobierno de Bachelet no sólo dio luz verde a esta operación, la validó comunicacionalmente como un éxito en la lucha contra el terrorismo en la araucanía, que en la realidad, no es más que la prolongación de la brutalidad y el racismo del Estado chileno, al servicio de las empresas forestales enquistadas en territorio mapuche.

Pero Bachelet no sólo no cumplió con los mapuche. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, quien fue quemada por una patrulla militar en 1986 junto a Rodrigo Rojas de Negri, quien falleció, que cerraría Punta Peuco, la cárcel “cinco estrellas”, donde los genocidas de la dictadura, gozan de toda clase de privilegios. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, tampoco cumplió la promesa que hizo a la víctima de uno de los crímenes más horrorosos de la dictadura.

Sin embargo, no es el accionar en el ámbito de los derechos humanos, el que le ha granjeado a Bachelet, la “simpatía y el aprecio” del imperio. Es su rol de gendarme y garante del modelo de acumulación capitalista que implantó Estados Unidos en Chile en 1973. Al igual que Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, y por cierto Sebastián Piñera, ha jugado un rol central en la legitimación y administración del modelo. Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, no tomó una sola medida, que pusiera en peligro los intereses de los grupos económicos nacionales y transnacionales, y mucho menos, del imperialismo norteamericano.

Ganó las elecciones de 2013 en forma abrumadora y contó con mayoría absoluta en el parlamento, pero aun así, no realizó las reformas y cambios prometidos. Nunca tuvo la voluntad real de hacer nada que significara un riesgo para el sistema. Quienes realizan cambios estructurales, no reciben premios del imperialismo. Por el contrario, en el empeño muchas veces se les va la vida, como a Salvador Allende, o son víctimas de atentados como Nicolás Maduro.

Por el contrario, Bachelet además de defender el sistema, ha tenido una actitud pusilánime frente a la agresión imperialista en Venezuela. No trepidó en coludirse con los gobiernos más corruptos de América Latina y ponerse al servicio de una eventual intervención del imperio, que busca como lo hizo ayer en Chile, apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta y destruir el proceso chavista. La recién designada Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, sabe muy bien, que en ese tipo de operaciones, para Estados Unidos los derechos humanos no existen. ¿Qué hará? ¿Guardará silencio cómplice como hasta ahora?

Lo cierto, es que las reiteradas “distinciones” del imperialismo a Bachelet, serán su peor martirio. Será recordada en la historia de América Latina, como la definió la feminista boliviana, María Galindo, quien se refirió a ella como la  «mujer disciplinada que recibe premios, que recibe aplausos por no incomodar a nadie. Que representa a las que no tienen desesperación ni pasión por el cambio de nada. No nacionalizó la educación privada, ni frenó la usura bancaria contra los y las estudiantes. Ella no dialogó con los y las mapuches, ni les preguntó sus nombres. Ella no devolvió el mar a Bolivia. No tomó ni una sola medida histórica. No tomó ni un solo riesgo, no representó ni una sola amenaza para el Chile de las élites y las transnacionales. Su collar de perlas parece representar mejor su ideología, que el nombre de su partido, que es la izquierda que parece derecha”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

*Fuente: Rebelión

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