Más de un año tuvieron que esperar las comunidades para conocer el fallo. Este jueves el primer Tribunal Ambiental confirmó  la clausura y cierre definitivo de la mina Pascua Lama de Barrick Chile.

Según informó el organismo, junto a la determinación de no funcionamiento, se mantendrá la multa por más de 7 mil millones de pesos contra la empresa.

Mauricio Oviedo, ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, explicó que el fallo reafirma que Pascua Lama no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental. “La Superintendencia obró dentro del ámbito de la legalidad ponderando correctamente los elementos de la proporcionalidad al optar por la sanción de clausura definitiva y no por una clausura parcial o temporal acotada ya que la magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población”, dijo según consigna La Tercera.

El proyecto, marcado por estudios y polémicas que por años discutieron el impacto medioambiental que causaba en la zona del valle de El Huasco, en la región de Atacama, contó con la férrea oposición de los habitantes, quienes veían como los cauces de agua eran contaminados producto de la extracción minera.

La sanción y clausura había sido ordenada en una primera instancia en octubre del 2018, luego de que se cumpliera 1 de las 5 infracciones impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente a la Compañía Minera Nevada SpA, una filial de la minera canadiense Barrick Gold Corporation.

Entre las faltas que llevaron a la clausura, se estableció que el proyecto no cumplió con los compromisos relacionados al plan de monitoreo de glaciares. Una de las denuncias que se hacían, era que estos eran movidos de lugar por la minera, contaminándolos y contribuyendo a su derretimiento.

La primer vez que las obras fueron paralizadas fue en septiembre de 2013, con un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y ratificado por la Corte Suprema que ordenó paralizar las obras.

Para Lucio Cuenca, abogado y director de OLCA, este fallo es “un precedente histórico en nuestra institucionalidad ambiental, un precedente del rol que tienen las comunidades en este proceso”.

Para el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez esta es una gran noticia, sobre todo porque al regreso de la pandemia, el desarrollo, señala, debe tener una cara “ecológica y sustentable”. Para él, “la extracción desde los glaciares de la cordillera, en un contexto de crisis climática, constituye un atentado al estrés hídrico que está sufriendo Chile”, por eso, este fallo sería un paso para el cuidado de la biodiversidad.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González, valoró el fallo que calificó como “Triunfo ciudadano”, en un contexto mundial donde el llamado es a cuidar el agua, “que vale más que el oro”.

“La sentencia confirma la destrucción del proyecto Pascua Lama denunciada por años por las comunidades de El Huasco y diferentes organizaciones ambientales y sociales del país, reclamo que ha sido ampliamente apoyado a lo largo de los años por la ciudadanía que se ha dado cuenta de que los glaciares no pueden tener dueño y menos ser destruidos en beneficio de actividades mineras” reaccionaron desde Greenpeace Chile.

La ONG, además señaló que, como país “estamos llegando al fin de un extenso proceso de casi dos décadas, por lo cual ahora es urgente avanzar hacia una protección definitiva y concreta para los glaciares del país, sobre todo de aquellos que se encuentran en la zona norte y centro del país y que están en constante amenaza. No podemos permitir que otros proyectos mineros avancen y destruyan estos ecosistemas claves. Es el momento de aprobar una Ley de Glaciares que proteja a todos y cada uno de los glaciares en Chile. A estas alturas se trata de una legislación estratégica no solo para el cuidado del medioambiente, sino para la provisión futura de agua del país”.

En concreto, fueron cinco los cargos de clausura levantados por la SMA el 2018, tres de los cuales fueron acogidos en la sentencia: incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y glaciaretes; monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada, que utiliza niveles más permisivos que los contemplados en la calificación ambiental, indicaron desde el tribunal.

*Fuente: Radio UdeChile

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Con el repudio generado por la votación de la modificación de la Ley 7722 en Mendoza y el retroceso del gobierno tomó mayor notoriedad la lucha contra la megaminería. ¿Cuál es la situación actual en Argentina en cuanto al grado de desarrollo de esta actividad (y daño ambiental que genera) y qué puede pasar de ahora en más?
Desde hace más de tres lustros que en Argentina hay una gran resistencia a la megaminería. Por esa razón la minería avanzó en algunas provincias, pero en otras no, gracias a las movilizaciones sociales. Avanzó en Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Salta y Jujuy [ver anexo al final]. Pero son 7 las provincias donde existe una legislación que prohíbe la megaminería: Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego. Tengamos en cuenta que las luchas socioambientales contra la megaminería arrancaron en Esquel, en 2003, de donde proviene la ley más antigua (la ley 5001) y el formato más asambleario que tomaron las luchas. En 2010 se sancionó la ley de glaciares, que es la única ley protectora a nivel nacional, que prohíbe la minería y la explotación petrolera en zona de glaciares y ambiente periglaciar. En dos provincias se derogó la ley (La Rioja y Rio Negro), pero no se avanzó en proyectos mineros. En realidad, en Río Negro está el proyecto de Calcatreu, en fase de exploración, que tiene en alerta a las asambleas ambientalistas, sobre todo en este contexto de embestida de las mineras.
No se olviden que en 2012 asistimos a la pueblada de Famatina, en La Rioja, que tuvo impacto nacional, y durante todo ese año se expandieron las luchas en Catamarca, donde está la Alumbrera, que tiene un historial muy negro de contaminación. En Neuquén, hubo un plebiscito que prohibió la megaminería en la localidad de Loncopué, un pueblo precordillerano donde hay comunidades mapuches.
En 2015 se dio a conocer el primer derrame de la mina Veladero en la “provincia-modelo”, San Juan, explotada por la Barrick Gold. Hubo dos derrames más y está probado que además de haber contaminado 5 ríos, Veladero afectó a los glaciares. Así que hay un historial muy rico en las luchas socioambientales contra la megaminería.
Sin embargo, los embates por abrir la megaminería sobre todo en Mendoza y Chubut han sido constantes y se tornaron más virulentos en los últimos años, al calor del macrismo, que buscó expandir las fronteras de explotación. Las asambleas siempre han estado muy alerta.
Lo que sucedió este diciembre de 2019 en Mendoza es un nuevo punto de inflexión. Hubo otras puebladas, como la de Famatina, en 2012; otras movilizaciones masivas, como la de Gualeguaychú, entre 2003 y 2007, pero nunca habíamos asistido al levantamiento de una provincia entera que salió a las calles, en defensa del agua, una problemática muy instalada en una provincia con escasez hídrica y algunos oasis.
Porque lo de Mendoza es algo más que un movimiento social; es la potencia de la sociedad en movimiento. Esto es algo novedoso; ocurre como con las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal. Aquí asistimos a la sociedad en movimiento, que ante la imposición de la clase política (Cambiemos y Frente de todos), decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común, cuestionando de lleno la territorialidad extractivista y colocando en el centro otras formas de valoración, en relación al cuidado del agua.
La lucha mendocina reimpulsa las movilizaciones en Chubut, que es una provincia acosada de modo recurrente por las mineras, que buscan abrir la meseta a la explotación de plomo y plata, además del uranio.
Ojalá estas movilizaciones se multipliquen y marquen un parteaguas, en un país que continúa siendo un laboratorio a cielo abierto, mientras los gobernantes hablan con liviandad del cambio climático. Siempre les digo, la crisis climática no es solo una narrativa global: si la aterrizamos en el territorio, tiene que ver con el extractivismo, esto es, con la quema de combustibles fósiles, con la deforestación, con la generación de pasivos ambientales, con la contaminación de las aguas, entre otros. Tiene que ver con el fracking, con el agronegocios, con la megaminería, con los polos industriales de contaminación…
¿Cómo ves la situación en los países vecinos de América Latina, especialmente Chile, Bolivia y Brasil?
Desde hace años, con otros colegas de la región latinoamericana, en el marco del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo (Alberto Acosta, Edgardo Lander, Esperanza Martínez, entre otrxs), y acá en argentina con Enrique Viale, Marcelo Giraud, Horacio Machado, Lucrecia Wagner, venimos acompañando luchas y señalando que el neoextractivismo agrava las crisis en los territorios.
En Chile es la crisis hídrica, debido a la consecuencia de la minería y la privatización del agua; en Brasil y Bolivia es la expansión de la frontera del agronegocios y la ganadería para la exportación, que explica gran parte de los incendios en la Amazonía.
En realidad, lo que hemos visto en toda la región latinoamericana las últimas dos décadas es que el capital extractivo, en connivencia con los gobiernos, avanzó sobre otras formas de habitar el territorio, criminalizando comunidades y resistencias, destruyendo la biodiversidad y contaminando toda forma de vida. Los pueblos indígenas son los más perjudicados. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales (el 60 % del total a nivel mundial en 2016 y 2017 [1] y donde el proceso de concentración de la tierra es mayor, pues éste se agravó, en favor de las grandes corporaciones.
El extractivismo: ¿es un modelo, una decisión pragmática, parte de un proyecto? ¿Cuáles son sus características y cómo se define?¿Y el neoextractivismo?
El extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un patrón de acumulación colonial, asociado al nacimiento del capitalismo moderno. Pero su actualización en el siglo XXI, trae aparejadas nuevas dimensiones, a diferentes niveles: globales (transición hegemónica, expansión de la frontera de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables, crisis socioecológica de alcance planetario); regionales y nacionales (relación entre el modelo extractivo-exportador, el Estado-nación y la captación de renta extraordinaria), territoriales (ocupación intensiva del territorio, luchas eco-territoriales con participación de diferentes actores colectivos); en fin políticas (emergencia de una nueva gramática política contestataria, aumento de la violencia estatal y paraestatal).
El neoextractivismo contemporáneo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo insustentable basado en la sobre-explotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se caracteriza por la orientación a la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), así como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar). Definido de este modo, el neoextractivismo designa algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos o monoproducción, a través de la generalización del modelo de agronegocios, la sobreexplotación pesquera o los monocultivos forestales.
El método del fracking para la explotación petrolera ¿es comparable al de la megaminería?
Sí, ciertamente. Esta técnica muy riesgosa consiste en la inyección a altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, con el objetivo de incrementar la permeabilidad y, con ello, de mejorar la extracción de los mismos. Pero hay que entender el fracking de modo más general, en el marco de la ampliación de la frontera tecnológica, que permitió buscar otras formas de yacimiento de hidrocarburos, los denominados no convencionales, de extracción técnicamente más difícil, económicamente más costosa y con mayores riesgos de contaminación. Esto es lo que llamamos “energías extremas”, siguiendo la definición del Observatorio Petrolero sur. Este concepto se refiere no solo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales.
Por ejemplo, en la actualidad, en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Uno de los derrames más impactantes fue el que se produjo en octubre de 2018 en Bandurria Sur (a 11 kilómetros de Añelo), que afectó entre 40 y 80 hectáreas, el cual estuvo 36 horas fuera de control y no fue informado por la empresa sino por los trabajadores. También en Allen, Río Negro, donde el fracking avanza entre plantaciones de peras y manzanas, entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce accidentes, entre explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, y derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras.
Junto con el aumento de la tasa de accidentes ambientales y laborales, una de las mayores preocupaciones es el incremento de la sismicidad, que afecta a la localidad de Sauzal Bonito, en Neuquén. Esto sucede en todos lados. No por casualidad la moratoria (suspensión) más reciente del fracking, la de Inglaterra, se vincula con el aumento de la sismicidad.
Por último, el nuevo ministro del ambiente, Juan Cabandié debería tomar nota de que Vaca Muerta es considerada también una potencial bomba de carbono. El fracking requiere mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de terminación del pozo. Tanto el shale gas como el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el convencional durante su etapa de producción.
Muchas veces se usa el argumento -esgrimido por igual por neoliberales y “progresistas”- de que los países periféricos no tienen otra alternativa para “desarrollarse”…
Ahí hay varias cuestiones. Lo primero, es que todavía existe en los sectores dominantes una resistencia a pensar las economías latinoamericanas o periféricas por fuera de un modelo productivista y exportador. Predomina una mirada lineal que minimiza los impactos ambientales y socioterritoriales, exagerando las ganancias económicas y la creación de empleo. Hay mucho engaño, muchos mitos, por no decir terrorismo estadístico, cuyo propósito es hacerles aceptar a las comunidades un destino extractivista. Por otro lado, hay alternativas productivas que proponen superar el neoextractivismo, que no son consideradas ni debatidas, aunque nadie dice que será fácil hacer la transición. Se requiere abandonar la mentalidad colonial que nos convierte en meras economías adaptativas o países exportadores de naturaleza y al mismo tiempo una gran imaginación y coraje político, que vuelque la atención hacia el interior de los territorios. ¡Vean lo que pasa en Argentina con la expansión de la agroecología en los últimos 5 años! Es algo realmente increíble que en el país de la soja, la agroecología avance tan rápidamente mostrando que es posible otra forma de cultivar la tierra y producir sano. Y en no pocos casos avanza con el apoyo de los municipios, como en San Antonio de Areco…
Señalaste en su momento que “a mayor extractivismo, menor democracia”. Con lo que vimos en Mendoza en estos días, parecería irrefutable. Pero más en general: ¿Para vos cómo es esa relación?
El neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia, esto es, de la relación entre régimen político, democracia y respeto de los derechos humanos. Sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, la tendencia actual es la manipulación de las formas de participación popular, con el objeto de controlar las decisiones colectivas. Por otro lado, el aumento de la violencia estatal y paraestatal abre la pregunta sobre los vínculos siempre tensos entre extractivismo y derechos humanos. La ecuación perversa entre “a más extractivismo, menos democracia” muestra el peligroso desliz hacia el cierre político, vista la creciente criminalización de las protestas socioambientales y el ya aludido incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, muy particularmente en América Latina.
Lo novedoso es que al calor de las luchas, se vienen afirmando otros lenguajes de valoración del territorio, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la madre tierra, pero también otras formas de participación democrática. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas, y recorren el campo de las ciencias humanas y sociales, el de las ciencias de la tierra, incluso el campo del arte, asociadas a las vanguardias estéticas. Estos lenguajes construidos desde abajo constituyen los puntos de partida ineludibles en el proceso de construcción de una convivialidad democrática, de otros modos de habitar la tierra.
¿Algo más que quieras agregar?
Quisiera agregar algo más sobre lo ocurrido en Mendoza. En estos días en que las calles mendocinas rebasaron y mostraron la potencia de la sociedad en movimiento, los teléfonos ardieron y muchxs amigxs progresistas estuvieron apoyando y moviendo hilos. Y eso nos llena de alegría.
A lxs amigxs progresistas, a aquellos que todavía no se han sumado a esta lucha con quienes queremos seguir manteniendo un puente, un diálogo abierto, les decimos que se sumen a esta lucha por la vida, por la defensa de los territorios, que no toleren ni avalen que su gobierno pacte con el capital extractivo.
Ya no es posible mantener como punto ciego las problemáticas ambientales en un país donde se hace fracking, donde se fumiga glifosato a gran escala, donde arrasa la megaminería. Así que a enfrentar con orgullo el 2020 y al gran pueblo mendocinx, ¡salud!

Anexo

Información aportada por Marian Sola Álvarez
Los informes del Ministerio de Energía y Minería (2016) señalan que son 435 los prospectos mineros existentes, encontrándose la mayoría de ellos (82 %) en la etapa inicial del ciclo minero. Según el documento oficial, el 9.5 % de los proyectos se ubica en las fases de factibilidad y operación, y son alrededor de 20 los proyectos en estado de exploración avanzada.
Los principales proyectos de minería metalífera a cielo abierto en funcionamiento son alrededor de 10, entre estos se encuentran [2]:
a) los proyectos que inauguraron la megaminería en el país, Minera Bajo la Alumbrera (1997- Catamarca), Cerro Vanguardia (1998- Santa Cruz) y Veladero (2005- San Juan);
b) los proyectos que fueron reconvertidos a la modalidad cielo abierto y a gran escala, Mina Aguilar y Mina Pirquitas, en la provincia de Jujuy. Estos proyectos datan de los años ´30, pero en la primera década del 2000 fueron adquiridos por empresas mineras canadienses para prolongar su explotación;
c) los proyectos mineros que se expandieron a partir del año 2005, en algunos casos, estos proyectos combinan técnicas de explotación a cielo abierto con técnicas subterráneas, tal es el caso de Casposo y Gualcamayo, ambos situados en la provincia de San Juan.
Principales proyectos de minería metalífera en funcionamiento en Argentina [3]

Según un informe de la Subsecretaría de Planificación Económica (2016), en el año 2014, el 50 % del valor de la actividad minera fue aportado por los metales [4]; entre ellos, solo cuatro concentran el 46 % del valor de la minería nacional: oro, cobre, plata y molibdeno. En términos de volumen, el cobre es el mineral más extraído, siendo Minera Alumbrera la empresa que mayor tonelaje aporta. No obstante, el oro fue ganando participación en la última década, desplazando al cobre del primer lugar. En gran medida esto se relaciona con la actividad del proyecto Veladero, que en el año 2017 extrajo aproximadamente el doble de oro que los proyectos Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Alumbrera (Ministerio de Energía y Minería, 2017). Argentina se inserta en la cadena global como proveedora de mineral en bruto, con escaso nivel de procesamiento. De esta forma, el mineral de cobre, oro y plata extraído en el país es enviado al mercado externo en forma de concentrado o metal doré para su posterior refinación e industrialización.

*Fuente: LaIzquierdaDiario

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Actualmente, donde se ubicaba el Fundo El Mauro, en la Región de Coquimbo, está emplazado el segundo tranque de relave más grande del mundo, de propiedad del grupo Luksic -a través de Antofagasta Minerals S.A., división minera del grupo Antofagasta plc-, y un consorcio de empresas japonesas compuesto por Nippon Mining & Metals, Mitsubishi  Materials, Marubeni y Mitsubishi Corp. “Partimos la lucha aproximadamente hace 18 años, cuando nos expulsaron de Mauro para que la Minera Los Pelambres construyera su tranque. Por eso fuimos erradicados, expulsados y esparcidos por cualquier parte”, señala.

Mauro era un asentamiento campesino, una comunidad. Cuando los expulsaron vivían allí unas 200 personas de la agricultura, la ganadería, y el queso. “El queso y las cosechas, principalmente, eran nuestras fuentes de abastecimiento, y de eso subsistíamos. Éramos una comunidad cien por ciento autosustentable. Todo lo que consumíamos y de lo que vivíamos lo producíamos nosotros mismos”, dice Cristián Flores. Agrega que en Mauro se daba prácticamente de todo: porotos, lentejas, chícharos, maíz, hortalizas, queso y leche de cabra, de vaca: “Éramos crianceros, vivíamos de los animales, y en grandes cantidades, porque se podían criar bastantes, pues Mauro era un campo muy rico en agua, tenía vertientes con abundante agua”.

Mauro se ubica en la región de Coquimbo, provincia de Choapa y comuna de Los Vilos, casi deslindando con la región de Valparaíso. De cordillera a mar nacía el valle del Pupío. Ahí nacían las aguas que vertían al estero de Pupío, y que obviamente servían para toda la agricultura, hasta Los Vilos. Aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros desde cordillera a costa. Un valle riquísimo: “Tenía microclima y se daba lo que se sembrara. En las cosechas de trigo, por ejemplo, duraban las trillas un par de meses porque era mucho lo que se producía, y todo al natural. No había tractores. Todo se sembraba con bueyes, caballos…”, agrega.

Un valle mucho mejor que el de Elqui, dicen los lugareños, pues todavía no llegan plantaciones ni de paltos ni de otros monocultivos… “Lo más bonito que tenía Mauro era un bosque de canelos, chequenes, arrayanes, quillayes… Más de 70 hectáreas”, dice. Todo eso fue arrasado por Luksic y su Minera Los Pelambres.

EL ÉXODO DE UNA COMUNIDAD

-¿Qué sucedió el año 2001? ¿Por qué sacaron a sus pobladores del lugar?

“Con la llegada de Minera Los Pelambres, nuestra vida, la de los comuneros maurinos, cambió radicalmente para siempre. Había gente que nunca salió de Mauro, que no conocía otra forma de vida. Éramos una comunidad que no tenía ninguna necesidad de salir afuera a trabajar, porque no nos faltaba de nada. Vivíamos del trueque. Lo que se cosechaba se compartía con los vecinos, o con quien fuera de la comunidad. Los animales se daban en media a los otros comuneros para que se fueran armando y fueran criando, y de esa forma nacían y crecían las familias… El 2001 la Minera Los Pelambres nos desalojó. Empezaron a llegar por primera vez muchos vehículos extraños y no se sabía qué realmente estaba sucediendo hasta que en un momento determinado la minera llamó a una reunión a los comuneros y les comunicó que ‘se habían hecho dueños de la tierra’ y que, ‘como eran los dueños’ teníamos que ‘salir de ahí porque de lo contrario nos iban a sacar y lanzar a la calle’. En ese tiempo, transaron con la gente adulta, la gente mayor, y los más jóvenes no podíamos estar en las conversaciones”.

-¿Se podría decir que la minera engañó a la gente y compró el fundo de manera fraudulenta?

“Por supuesto. Todo el proceso de negociaciones fue fraudulento. Fueron abusivos, con muchas triquiñuelas, porque realmente el Fundo El Mauro no se podría haber negociado ni vendido de ninguna manera, pues los terrenos estaban en litigio… La minera ‘los compró’, de esa forma, e hizo que nos tuviéramos que ir. Dicen haberse hecho dueños, pues la minera ‘compró’ al que estaba litigando en nuestra contra, y se alió con el gobierno, con las autoridades regionales que en ese momento habían sido puestas por el presidente Ricardo Lagos… Ese fue el presidente que nos mató. Lagos recorría estos territorios en helicóptero y avionetas con Luksic, y fue quien le recomendó sacarnos. Bueno, con la necesidad que Luksic tenía de armar un tranque porque sabía que el yacimiento era altamente productivo, que tenía para explotar la mina unos cien años, y Mauro le servía para un tranque por aproximadamente cincuenta años… Como la mayoría de los maurinos eran analfabetos, creyeron todo lo que les dijeron, y los engañaron… En un principio, la minera dijo que ‘la gente tenía que salir del fundo pues ellos eran los dueños’ y no ofrecieron nada. Después, cuando hubo algo de resistencia, y la gente decía ‘como nos vamos a ir de aquí si no tenemos nada’, ‘nosotros somos los dueños’, ‘este fundo está en litigio’, les dijeron ‘que les darían tres millones de pesos a cada familia, pero para que se fueran’, y dieron ‘un plazo de unos pocos días’. Además, les hicieron ‘firmar unos documentos, un contrato’, diciéndoles ‘que llegaban a un acuerdo’. Pero lo que la gente estaba firmando sin saber, era que se desistían de los juicios. Fue el primer engaño. Los comuneros de Mauro no tenían idea de lo que le estaban firmando. El abogado que tenía la comunidad, Jorge Gamboa, se vendió. Llegó con los ejecutivos de la minera como abogado suyo también. ¿Así cómo se iba a defender la gente? Ninguna autoridad nos defendió. Todo corría a favor de ellos. Nos expulsaron y lograron su objetivo. Nos sacaron a todos. Fue una de las tragedias más grandes. Imaginarte que tenías que irte de tu tierra para no volver nunca más, y que los animales con los que la gente vivía, tuvieron que sacarlos en camiones, perdiendo muchos, otros se los trajeron caminando, arriando, era una injusticia muy grande, una injusticia total. Claramente era un engaño. De la forma en la que llegaron a sacar a la gente, con prepotencia, tampoco fue un trato digno. Minera Los Pelambres nos expulsó sin siquiera haber sido los dueños. Recién la minera, en el año 2008, se hizo ‘dueña’… Después, perdieron los juicios y tuvieron que pagar de nuevo. Pero a nosotros ya nos habían echado. La minera pagó 15 mil millones de pesos por nuestro campo a solo tres señores que eran ‘socios’ con el resto de comuneros de Mauro y que tenían los mismos derechos que nosotros. Solamente a ellos les pagaron y al resto nada… Pero nosotros hoy no alegamos por dinero. No nos interesa. Lo que queremos es volver a recuperar Mauro…”.

-¿Los comuneros quedaron desperdigados?

“Sí. Cada cual se tuvo que ir a vivir donde pudo, con las pocas lucas que les dieron… Quedó gente en Caimanes, Rincón, Socavón, Las Cañas, El Tambo, Tahuinco, Punta Nueva, Camisas, Los Vilos, etcétera, en cualquier parte, desparramados por todos lados, y es una lástima tremenda porque esos no son nuestros territorios. Prácticamente vivimos como ovejas en corral ajeno. Da pena, rabia e impotencia la injusticia. Nuestra gente vive mucho peor porque la vida fuera de Mauro es diferente. Muchos ni siquiera tienen una luz para alumbrarse, sin trabajo, sin animales, sin cosechas… La minera no dio trabajo a nadie de la gente expulsada de Mauro”.

-¿Toda la comunidad fue inundada?

“Y con miles de toneladas de relave, y ahora hay mucho más… Todas las casas, los lugares donde vivíamos están sepultados, todos… bajo millones de toneladas de tóxicos”.

LAS GARRAS DEL FARAÓN

-¿Minera Los Pelambres fue sentenciada por la Corte Suprema a sacar el relave del lugar?

“Hubo unos juicios que se llevaron adelante y ganamos, no como maurinos, sino que con la comunidad de Caimanes, donde yo también fui vocero y dirigente. Nos tocó demandar a Minera Los Pelambres y a Luksic, porque el tranque no solo generó daños a la comunidad de Mauro, sino que a todo el valle del Pupío y obviamente a Caimanes, el pueblo más próximo al relave. Cuando la minera inundó el río El Mauro con su relave, afectó a Caimanes, y lo que ocurrió es que se secó el río… Y el agua que fluye está contaminada. Lo constató la Policía de Investigaciones de Chile mediante un estudio pericial ordenado por el tribunal. Según el informe de la Brigada de Delitos Medioambientales, el agua no es apta para consumo humano, ni riego, ni consumo animal… Sin embargo, la gente sigue consumiendo porque no tiene otra posibilidad… Además, la minera no sacó el relave. Una sentencia del año 2014, de la Corte Suprema, ordenó a Minera Los Pelambres ‘devolver el libre y natural escurrimiento de las aguas del estero de Pupío’, y que ‘si aquello no ocurría, tenían que demoler y erradicar el tranque’. Sin embargo, paradójicamente, la orden del máximo tribunal fue, después, ‘rectificada’ por un tribunal de primera instancia. Y luego, un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones de La Serena, revocó la sentencia. Cuando la minera logró revocar el fallo ya los abogados de la comunidad se habían pasado también para el lado oscuro, el estudio Ossa y Compañía, integrado por Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo. Eran de la comunidad y después se pasaron al bando contrario, con una suma de 3.400 millones de pesos que la minera les ofreció para pagarles los honorarios que les debíamos. Se pasaron para el lado de la minera, que tiene como costumbre corromper, si no es a dirigentes, a abogados, comunidades, instituciones, pero a alguien corrompe para echar abajo el muro que les ataja. Esas malas prácticas, de matones o porque tienen un saco con plata quieren hacer bailar a cualquiera… Pero es más complicado cuando se trata de derechos humanos. Cuando nos expulsaron de Mauro les dieron a las familias una supuesta ‘indemnización económica’ irrisoria, para que se fueran. Sabían que la gente tenía miedo. Dijeron que había una ‘orden de desalojo’, orden que nunca existió. Nadie se preocupó de que nosotros lo único que sabíamos hacer era vivir de la agricultura y la ganadería, y que afuera la vida iba a ser diferente porque no tendríamos tierra, agua, ni animales. No teníamos educación para laborar en otro tipo de trabajos. No estábamos preparados ni siquiera para trabajar en la construcción, pues en Mauro las casas se hacían de quincha y barro. Lo único que necesitaban era sacarnos luego para empezar sus faenas, incluso estaban atrasados con la construcción de la cortina del tranque. Hoy Minera Los Pelambres extrae cobre, oro, molibdeno, plata, uranio, de todo, y todo eso se va gratuitamente al extranjero, ni siquiera pagan un royalty como corresponde, no pagan impuestos, nada… Se perdió una comunidad, la destruyeron, mataron un valle completo, no pagan impuestos, y ganan 20 ó 30 millones de dólares diarios para el bolsillo de Luksic. ¡Saquen la cuenta cuánto es, cuánto se podría hacer por nuestros pueblos! Son más de 12 mil millones de pesos diarios… ¡Cuántas mineras como Los Pelambres hay en Chile! Se lo llevan todo gratis, se lo roban todo, y ¿qué es lo que dejan? Lo que jamás muestran: ríos secos, comunidades contaminadas, aguas contaminadas. Los bosques que generaban oxígeno para que estos valles pudieran verse verdes hoy están todos muertos. Arrasaron con todo… Más de 70 hectáreas de bosques milenarios fueron destruidas por la minera… Más de 500 sitios arqueológicos también, destruidos. Se los robaron, porque ahora los tienen ‘secuestrados’ en el fundo Monte Aranda. A ahí los tienen en una sala de exhibición, y los muestran como si fueran ‘sus trofeos’. Una pequeña parte de todo lo que había. ¿Habrá un diez por ciento de todos los sitios que destruyeron? Se llevaron piezas a La Serena, Santiago, y a otros países. Encontraron piezas arqueológicas que databan de más de tres mil o cuatro mil años, incluso huesos que tenían más de diez mil años”.

-¿La minera hizo alguna obra de mitigación?

“No, no hicieron nada… Para la calle y si te he visto no me acuerdo.,. Ni siquiera pega le dieron a la gente… Por eso hoy nos estamos organizando”.

MAURO SE LEVANTA

-¿Ustedes se organizaron en una asamblea?

“Sí. Ya estamos organizados para dar una pelea a muerte. Nosotros, los hijos, queremos recuperar Mauro, porque Mauro para nosotros era nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestra tierra. Yo a Mauro lo quiero como quiero a mis hijos, o como quiero a mis papás. Hoy, después de muchos años decidimos que la única forma en que creemos que vamos a recuperar nuestra forma de vida, nuestra comunidad y vínculos, recuperar a nuestros vecinos, es dando una pelea por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, por eso estamos organizados como Asamblea Territorial El Mauro, y con ellos estamos avanzando, dando los primeros pasos como asamblea, en una lucha popular, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias…”.

-¿Cuál sería una solución justa?

“Que nos devuelvan un campo igual o mejor que el que teníamos, con seguridad de agua, y ojalá dentro del Choapa, dentro de nuestro mismo valle, porque la tierra tira, la sangre tira. Uno nunca olvida sus raíces, y siempre quiere volver a la tierra, a la tierra de uno, la tierra que uno puede comer, que uno conoce. ¡Esta es mi tierra! ¡Nuestra tierra, aquí donde estamos! Somos fruto de esta tierra, porque aquí nos parieron… Estos malditos llegaron a engañar a la gente, engañar a nuestros viejos con artimañas. Sabían que nuestros viejos no tenían educación. Los hicieron firmar con el dedo. Los engañaron como quisieron. Los cuentearon como quisieron. Pero ahora nosotros estamos un poquito más despiertos, un poquito más preparados, y vamos a cobrar todo el daño que les hicieron a nuestros viejos. Ese daño se tiene que cobrar, aunque cueste sangre. Cuando estoy aquí en mi tierra me dan ganas de pelear al tiro, pero hay que estar preparados. No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir…”.

-¿Quienes conforman la Asamblea Territorial El Mauro están dispuestos a luchar hasta conseguir una solución?

“Cuando decidimos iniciar esta lucha, una lucha popular, por nuestros propios medios, partimos con ese ideal. Llevamos aproximadamente un año y hasta el momento ninguno de los afectados ha cambiado su forma de pensar. Se mantiene firme la lucha por recuperar nuestro territorio”.

-¿Y Minera Los Pelambres les ha ofrecido algo? ¿Ha conversado con ustedes? ¿Ha intentado dividirlos o comprarlos?

“Hace unos cuatro meses la minera conversó con nosotros, a través de sus ejecutivos: la gerente de asuntos púbicos, el gerente de relaciones comunitarias, y otros, y el último ofrecimiento respecto de nuestras demandas fue en dinero. Ofrecieron 30 millones de pesos para cada familia. Se informó a la Asamblea, y lógicamente pensamos que nuevamente es un ofrecimiento irrisorio, que no se condice con lo que estamos exigiendo, o sea, se quieren seguir burlando de nosotros. Lo que queremos es nuestra tierra, herramientas para trabajar, volver a producir como antes, volver a ser lo que éramos antes, porque sabemos que de esa forma también se puede vivir, se puede vivir tranquilo, vivir feliz”.

-¿Lo que ustedes le exigen a la Minera Los Pelambres es un territorio donde reinstalarse como comunidad?

“Un terreno y que nos devuelvan todo lo que nos quitaron. Ellos llegaron allá a Mauro y nos quitaron la tierra, las casas, los animales, nos quitaron el agua, la calidad de vida, todo, entonces, eso mismo tienen que devolvernos ahora. Y eso ni remotamente son 30 millones por familia… Para las cantidades de dinero que gana la minera, el costo de devolvernos todo lo que nos quitaron no es ni lo que ganan en una sola hora de trabajo en la mina. Ganan entre veinte y treinta millones de dólares diarios. ¡Imagínate…! Ahora empezarán a producir, con el Proyecto Expansión de Minera Los Pelambres, el doble o triple de lo que sacan hoy, alrededor de 60 millones de dólares diariamente… ¿Un campo costará mil millones de pesos, las casas otros mil millones más? Hablamos de mucho menos de diez millones de dólares”.

-¿Ustedes han visto algunos lugares con esas características?

“Sí, y tenemos visto algunos lugares donde nos satisfaría quedar. Nos gustaría que ese lugar tuviera a lo menos un cuarenta por ciento de seguridad de riego. Si el fundo El Mauro tenía 17 mil hectáreas, a lo menos queremos un campo que cuente con más de 15 mil hectáreas. Eso es lo que buscamos. Que nos devuelvan lo que nos quitaron. No estamos pidiendo que nos regalen nada”.

-¿Cuántas familias están hoy agrupadas en vuestra asamblea?

“Unas cuarenta… Y no estamos pidiendo limosnas, ni un favor ni nada por el estilo… ¡Háganse cargo del daño que nos hicieron! Por ley no podían sacarnos de Mauro. Nosotros somos un pueblo originario y hay leyes que nos favorecen, pero nunca nos dijeron, después nos fuimos enterando… Jorge Gamboa fue el primer abogado que nos engañó. Al mismo tiempo era abogado de nosotros y de la minera, y se quedó calladito… Cuando la minera llegó a la zona, la gente se organizó y le hacía una cuota de diez mil pesos para pagarle todos los meses. La minera le ofreció mil veces eso, no tenía dónde perderse… Si hasta trató mal a la gente. Los maurinos no tenían idea de nada. Si nosotros estudiábamos hasta sexto básico, y muchos estuvieron cinco, seis años en primero básico por cabeza dura, no aprendían a leer… Y los hicieron firmar o poner el dedo, y para afuera… Después la minera perdió los juicios con los comuneros que salieron junto con nosotros y tuvo que pagar de nuevo, y ahí nosotros nos dimos cuenta que la tierra no era de ellos. Ahí se produjo la estafa de Minera Los Pelambres. Entonces, independientemente que la minera hoy tenga una ‘deuda legal’, por así decirlo, por el pago de la tierra, de 7 mil 500 millones de pesos con nosotros, no estamos pidiendo ese dinero, estamos exigiendo que nos devuelvan todo lo que nos quitaron”.

¿DESARROLLO O DESTRUCCIÓN?

-¿Luksic se querelló en contra suya? ¿En qué quedó ese juicio?

“Sí, se querelló porque supuestamente ‘existía una asociación ilícita, por cortes de caminos, desórdenes públicos’, y ese juicio lo ganamos. De todas las acusaciones que nos hizo, nada era como él decía. Todas las pruebas que presentamos para demostrar que ellos habían hecho mal las cosas eran pruebas válidas. El juico fue el año 2012, en Ovalle. Luksic quería meterme preso, pedía 24 años de cárcel. Felizmente quedó en nada porque estos gallos tienen un poder sobre estatal, mandan hasta al presidente de la república, porque Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, han sido títeres de Andrónico Luksic…”.

-¿Y las autoridades regionales, gobernadores, senadores, diputados, concejales, alguno se acercó a ustedes?

“También fueron títeres de las autoridades que mandaban de Santiago. Supuestamente, las órdenes llegaban de Santiago, y en la región las acogían no más. Ninguna autoridad regional nos apoyó. Todos apoyaron a la minera. ¿Por qué? Era obvio… ‘La minera iba a generar mucha plata’. Mucha, mucha plata, plata para… Andrónico Luksic. La plata no se ve en la comunidad. Dicen que supuestamente con los megaproyectos mineros en las comunidades llega el desarrollo, pero aquí lo único que se ha visto es destrucción, contaminación, ríos secos. No sé si eso se podrá denominar desarrollo”.

-¿Han conversado con autoridades políticas de la región?

“No, todavía no, pero ya saben lo que sucede. Ninguna se ha acercado. Ni partidos ni grupos, nada. No nos interesa conversar con ellos porque son sinvergüenzas, van donde calienta el sol y donde hay plata… ¿Un diputado qué es lo que hace? Te dice que está a tu favor y, después, cuando la minera le ofrece plata, que le pagan su campaña, empieza a jugar al otro lado. Siempre han estado del lado de la minera, gobiernos de derecha y de izquierda…”.

-¿Y alianzas con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos políticos extraparlamentarios?

“Nada todavía… Es que nosotros vivíamos solos, aislados… En Mauro nos conocíamos solamente entre nosotros, y con alguna gente de Caimanes y de los campos vecinos con quienes nos visitábamos por los cerros pero de a caballo… Gente de afuera no conocíamos a nadie… Cuando nos expulsaron de Mauro, salimos a un mundo desconocido, diferente. En Mauro no había televisión, ni radio, ni teléfonos. Nos comunicábamos entre nosotros y con nuestros animales, con los pájaros, sabíamos qué hora era mirando las sombras que daba el sol en las piedras de los cerros”.

COMUNIDAD ENFRENTA A MULTIMILLONARIO

-¿Para ustedes Mauro era un comunidad indígena?

“Sí, y hay muchos lugares con nombres mapuche: Pupío, Tahuinco, Polcura, Cavilolen, Cuncumen, Limahuida, etcétera. Había ‘pueblos de indios’ en la región, según lo que cuentan los historiadores. Yo me reconozco como indígena. Somos mapuche. Puede que estamos mezclados con diaguitas, pero somos ‘gente de la tierra’, y cuando eres gente de la tierra, eres indígena, originario. Somos los únicos que amamos la tierra sin razón, por sobre todo, la tierra, las aguas, los ríos, la naturaleza… Si a nuestros viejos allá en Mauro no les gustaba ni que ensuciáramos el agua con tierra. Supieran hoy como están sus tierras enterradas debajo de millones de toneladas de relaves, se morirían de nuevo… El estero de Pupío está completamente seco, y la poca agua que pasa está contaminada. Y cada vez va a ser peor. Será un valle invivible si no hacemos algo pronto e impedimos que lo sigan destruyendo, lo quieren matar para siempre. Por eso que es hoy cuando hay que pelear. Mañana será demasiado tarde. El tranque fue declarado, por estudios periciales, como una ‘obra ruinosa’. Puede caer en cualquier minuto. Por todo el pueblo de Caimanes hay ‘señales de evacuación’, en caso que el tranque caiga… Pero lo que mucha gente no sabe es que si cae, en menos de diez minutos arrasaría con todo a su paso. ¿Alguien tiene tiempo de arrancar en diez minutos? El tranque es una bomba de tiempo”.

-Si pudiera hablar con Luksic, ¿qué le diría?

“Que nos devolviera lo que nos quitó, que fuera humano con la gente… Que fuera humano media hora con la gente de Mauro, y se sentara a conversar con nosotros, que escuchara el sufrimiento que hemos tenido por salir de Mauro, que sepa lo que se siente cuando te echan de tu propia tierra y te quitan todo lo que tienes, todo lo que te ha costado por generaciones… Lo que teníamos en Mauro fueron cien, doscientos y más años que nuestros abuelos conservaron esa tierra, sus animales, viviendas, bosques, aguas, con lo que nos criaban, con lo que éramos felices… Le exigiría a Luksic que nos devolviera todo lo que nos quitó, si no, no tendría ningún sentido conversar con él… Mauro no es único lugar donde Luksic ha hecho daño. Pero el daño más grande, en toda su historia, lo hizo en Mauro, con nosotros: nos mató en vida… Y esta lucha que iniciamos será hasta que consigamos lo que estamos buscando: tierra, justicia y dignidad, la que nos arrebató Luksic…. Andrónico Luksic jamás ha dado la cara. Nunca ha venido. Jamás lo hemos visto por acá. Nos gustaría conversar con él, saber si él es el ‘mala clase’ o sólo lo son sus peones. Nos gustaría verlo en carne y hueso y saber si realmente existe gente tan mala como para hacer las atrocidades que hicieron con nuestra gente, con nuestra comunidad”.

(*) En el valle del Pupío, región de Coquimbo, Chile.

Fotografías: @mediActivista

La fuente de la entrevista es MAURO https://www.facebook.com/MauroTierraJusticiayDignidad/

Más sobre el tema:

El articulo Cristián Flores Tapia, vocero de la comunidad: «Mauro lucha por lo que nos quitó Luksic! apareció primero en piensaChile.

– Construyeron galpones que enferman a niños de cáncer, Pocos reaccionaron.

– Devastaron valles completos hoy convertidos en un peligro para la vida humana. A los que reaccionaron los reprimieron.

– Contaminaron las aguas y los suelos de enormes extensiones del territorio, las autoridades fueron cómplices.

– Hoy vienen por el Valle Central de Chile, donde viven 7 millones de habitantes, poniendo en peligro el futuro de las próximas generaciones. Hay que detenerlos, aún no es tarde.

El 08 septiembre de 11.00 – 18.00h, en el  Museo de Arte Contemporáneo  se realizó el simposio VISUALIDAD, MATERIALIDAD Y MINERÍA,  propone explorar la cultura visual y material de las industrias mineras. Se articula en torno a la relación entre activismo, ecologismo y prácticas artísticas, examinando formas de participación, de resistencia y de representación de las complejidades ambientales, sociales y políticas de las industrias extractivas en Chile. El simposio presenta un oportuno análisis crítico del impacto de la minería contemporánea e histórica sobre los paisajes y las comunidades chilenas, en relación a la exhibición el tráfico de la tierra presentada por el equipo de investigación del proyecto traces of nitrate (www.tracesofnitrate.org).

En el marco de este simposio se expusieron diversos temas de la realidad que viven las localidades donde se instalan grandes mineras. Envío el link de las dos grabaciones realizadas durante la jornada.

Primera parte

Segunda parte

En la primera exposición, Sara Larraín hace una síntesis de los proyectos mineros que se están instalando en la cordillera del valle central de Chile, el panorama para Santiago es terrorífico si pensamos en que esto lo realizan las grandes empresas, con la complicidad de las autoridades de turno, con la promesa de un desarrollo que nunca ha llegado, ni llegará mientras seamos un país extractivista que sacrificamos el medio ambiente y a los seres humanos. Ahora es la capital de Chile la que está en peligro…

Revisen los dos videos, esto no sale en la televisión.

—

–El autor, Patricio Bustamante, es investigador en Arqueoastronomía.

+569 9 7671 9714

El articulo La Épica de Caimanes, Ahora vienen por el Valle Central de Chile apareció primero en piensaChile.

Álvaro Pop, expresidente del Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, analiza la situación de los pueblos originarios de cara al décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas que reconoce sus derechos

«Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, pero se olvidan de las personas que viven ahí»

«Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas»

03 de julio de 2017

Este año se cumple el décimo aniversario de la histórica Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que trataba de blindar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Sus circunstancias particulares y su sufrimientos histórico merecían el reconocimiento expreso de estos, pero, 10 años después, no hay mucho que celebrar, denuncia Álvaro Pop, activista indígena y expresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

«Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza», lamenta Pop.

Este maya q’eqchi guatemalteco es, desde enero, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, un cargo más en toda una vida dedicada a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.

Desde su altavoz trata de desterrar mitos e insiste en la importancia de los pueblos indígenas para la supervivencia del planeta.

«Somos una minoría global que alberga en sus territorios el 70% de la capacidad forestal y el 50% de la biodiversidad del mundo», recuerda en una entrevista con eldiario.es.

Los desafíos que afrontan estas comunidades, insiste, aún son muchos: desde el cumplimiento del derecho a la consulta hasta el fin de la persecución de las poblaciones locales, así como un modelo de desarrollo alternativo.

El concepto de «modernidad» importado de Europa es, a juicio del experto, uno de los principales problemas en la vida de los pueblos a los que representa.

«Occidente, con su concepto de modernidad, insiste en los derechos individuales, la democracia individual, la economía individual, olvidándose de que no podemos existir sin la colectividad», lamenta este corpulento indígena de 48 años.

Desde el desierto de Sonora hasta Tierra del Fuego, los pueblos originarios representan el 10% de la población total de América Latina, con alrededor de 50 millones de personas, según Naciones Unidas.

Repartidos en cientos de comunidades a lo largo de Abya Yala –nombre ancestral que engloba al continente americano –, los primeros pobladores habitan entornos tan diversos como la imponente selva amazónica, los gélidos páramos andinos o las paradisíacas costas caribeñas.

Sin embargo, muchos de ellos enfrentan amenazas similares.

Los proyectos de extracción de recursos naturales, ya sean mineros, petroleros o hidroeléctricos, conllevan en muchas ocasiones, recuerda Pop, el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Cuando estas oponen resistencia, suelen ser perseguidas, encarceladas o asesinadas.

Ocurre a menudo en México, Honduras o Brasil, pero también en países con gobiernos progresistas como Ecuador.

Según Pop, la falta de protección de los pueblos indígenas se debe a prácticas neocoloniales asociadas a la proliferación de «gobiernos corporativos que mantienen relaciones incestuosas con las empresas».

Esta prevalencia de los intereses de inversores extranjeros sobre el bienestar de las poblaciones locales conlleva entonces que «los pueblos indígenas sean cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza, perdiendo sus idiomas», denuncia el que fue en 2016 presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Frente a un modelo de desarrollo que permite que comunidades situadas alrededor de una central hidroeléctrica no tengan luz en sus casas, Pop esgrime las alternativas propuestas por los pueblos originarios. Entre ellas destaca el Buen Vivir, o Sumak Kawsay, surgido en los Andes.

«Esta práctica de vida debería hacernos reflexionar para que reconozcamos formas de pensamiento vinculadas a la naturaleza y a la colectividad», sostiene.

En cualquier caso, Pop desmarca a los pueblos originarios del ecologismo. «El planteamiento ecologista ve a la naturaleza allá y al humano acá, y el humano tiene que proteger a la naturaleza. El planteamiento de los pueblos indígenas no es así. Nosotros estamos dentro y, por lo tanto, queremos que nuestro mundo se mantenga», aclara.

«La obligación de consultar a los pueblos no se cumple»A punto de cumplirse del décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pop estima que los avances jurídicos han sido importantes, pero no han solucionado los problemas. «Las normas internacionales y nacionales obligan a los Estados a construir mecanismos de diálogo y consulta mediante la participación de los pueblos indígenas, pero esto en la práctica no se cumple», afirma.

El derecho a la consulta previa, libre e informada, que otorga a las comunidades afectadas por proyectos extractivistas el poder decisión sobre sus territorios, es uno de los más vulnerados. No obstante, existen casos recientes que muestran un cambio de tendencia, como el de la comunidad campesina de Cajamarca, en Colombia, que dijo ‘no’ a la minería en una consulta popular celebrada en marzo.

A Pop no le extraña que las poblaciones rurales de América Latina se opongan a las iniciativas mineras. 

«No hay un solo ejemplo de un lugar donde hubo una mina de oro o de plata y hoy haya un jardín», expresa en referencia a las promesas que realizan gobiernos y compañías mineras sobre la reforestación de los territorios explotados.

«Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas. Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, bajo ese concepto se olvidan de las personas que viven ahí, se olvidan de la posibilidad del rescate de la naturaleza», señala.

«La creencia de que no aportamos es falsa»Debido a esa resistencia que muchos pueblos indígenas mantienen ante los proyectos de extracción de recursos naturales, abundan los gobiernos que los tildan de obstaculizar el desarrollo. Lo mismo ocurre con buena parte de las poblaciones mestizas urbanas de América Latina, quienes priorizan la creación de empleo y la llegada de recursos económicos sobre los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios.Frente a esta extendida percepción que caricaturiza a los indígenas como enemigos del progreso, Pop arguye que el desarrollo económico de buena parte del planeta debe mucho a las comunidades nativas.

«Los pueblos indígenas han ayudado y sostienen las economías de casi todos los países de América Latina y del mundo», asegura.

«Nos dedicamos a la agricultura y a la pesca, nuestras economías están muy vinculadas a la tierra. Por eso la creencia de que no aportamos y que somos dependientes es falsa».

Pop reconoce que los pueblos indígenas también tienen que hacer autocrítica en algunos aspectos, como en relación a los derechos de las mujeres.

«Por supuesto que hay machismo en las comunidades, hay desigualdad en la toma de decisiones», asume este politólogo maya, que valora los aportes de mujeres indígenas vinculadas al feminismo comunitario.

Frente a los retos que los pueblos originarios tienen por delante, Pop considera que el más acuciante de ellos es la transformación de los Estados latinoamericanos en entes que garanticen el cumplimiento de los derechos indígenas.

Además, plantea la necesidad de buscar una tercera vía que permita superar la «disyuntiva mortal» que obliga a elegir entre extractivismo sí o extractivismo no.

«Sin la explotación de los recursos no hay futuro porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría», concluye.

Publicado por Abya Yala Internacional

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A mediados del mes pasado se vio una enorme estructura gris,  brillante, flotando sobre las contaminadas aguas saturadas de relave del Tranque de relaves tóxicos El Mauro, propiedad de Minera Los Pelambres.

¿Será un OVNI?

¿Habrán bajado los extraterrestres intrigados de como el ser humano puede construir estructuras tan inestables, peligrosas y toxicas a poca distancia de una gran población donde viven aproximadamente 2.000 personas?

¿Estarán intrigados de ver como el tranque sigue en pie y con agua aposada en su interior, aún después que la Corte Suprema le dio la orden a la minera de devolver el libre escurrimiento de las aguas del Estero Pupío, aunque para ello tenga que derribar el tranque?

¿Estarán intrigados porque los Luksic no están en una cárcel, a pesar de haber causado grave daño al patrimonio arqueológico, a pesar de construir una obra que según la Corte Suprema constituye un peligro para la vida y la salud psíquica de los habitantes de Caimanes, después de haber pagado campañas políticas, pagado ilegalmente al presidente de la Comisión de Minería del Senado y asesinado políticamente a la presidenta Bachelet, con un préstamo trucho a su nuera?

No era un OVNI

Era algo mucho más prosaico, solo una gigantesca burbuja de plástico de 70 mts. de diámetro, que debiera estar sellando el fondo del tranque pero que se encuentra flotando en la superficie. Esto muestra que desde el fondo, que debiera ser estéril, siguen emanando gases productos de la descomposición de material orgánico del último bosque de Canelos Chequen del planeta, que quedó sepultado bajo las aguas.

Esto significa ni más ni menos que el tranque al no estar correctamente sellado se puede desmoronar, como ha señalado la Corte Suprema.  Si se derrumba el muro de arena, los habitantes de Caimanes tendrán 10 minutos para evacuar, siempre y cuando les avisen en el mismo momento del colapso. ¿Dónde está el plan de seguridad que ordenó la Corte Suprema?

¿Dónde está el SERNAGEOMIN que no sanciona estas graves fallas?

¿Dónde están las autoridades que tienen que asegurar el bienestar de los habitantes de la zona?. Quizás estén haciendo la fila para recibir las platas de Minera Los Pelambres para la próxima campaña (http://www.salamancachile.cl/actualidad/ex-gobernador-del-choapa-reconoce-que-los-pelambres-financio-su-campana-a-diputado/ ).

Parece Chiste, pero no lo es

Ahora que se acercan nuevas y violentas lluvias, es crucial que el muro del tranque no presente fallas estructurales que puedan hacer que se derrumbe, pasando sobre Caimanes y llegando a Los Vilos. La negra amenaza que pende sobre las cabezas de miles de personas.

Mas sobre el tema, agregado el 17.06.2017:

La épica de Caimanes: La reunión nunca concretada
por Patricio Bustamante (Comunidad Caimanes, Chile)
Publicado el 17 Junio, 2017

El articulo La épica de Caimanes: ¿OVNI al interior del Tranque El Mauro? apareció primero en piensaChile.

El pasado domingo 26 de Marzo se celebró la tan esperada consulta minera sobre la explotación del oro en la mina de La Colosa, en Cajamarca (Tolima). 6.241 habitantes de Cajamarca salieron ese día a votar ante una sencilla pregunta “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”

Gracias a: La Pluma
Fuente: http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9374:colombia-consulta-popular-y-disputa-por-el-territorio-en-cajamarca-tolima&catid=58:opinion&Itemid=182
Fecha de publicación del artículo original: 28/03/2017
URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=20150

El articulo Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio en Colombia apareció primero en piensaChile.

BOGOTÁ / POPAYÁN / CAJAMARCA (COLOMBIA)

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.

“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.

Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.

El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.

Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

«No creemos que todos sean asesinatos selectivos», dice el Gobierno colombiano

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

“Nunca se acostumbre uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

«No creemos que todos sean asesinatos selectivos», dice el Gobierno colombiano

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

“Nunca se acostumbra uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.

“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.

Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.

Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.

“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.

Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.

El engaño de los paramilitares desmovilizados

Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

JAIRO VARGAS
@JairoExtre

*Fuente: Público.es

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