Hoy conversamos sobre la situación de Codelco, la millonaria deuda acumulada durante la gestión de Máximo Pacheco, los cuestionamientos por seguridad laboral, los accidentes fatales registrados en los últimos años y la comisión investigadora que busca revisar la administración de la principal empresa estatal de Chile.

Pregunta de piensaChile: ¿Por qué no investigan, internacionalmente, las cuentas bancarias de Máximo Pacheco?

En el segundo bloque, conversamos con Josefa Barraza, directora de Contrapoder.cl, para conocer algunas de sus investigaciones más recientes. Abordamos el recorte de más de $123 mil millones al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en medio del aumento del desempleo.

Además, revisamos la denuncia de una funcionaria de Carabineros que alertó a la ministra de la Mujer sobre un caso de presunto acoso laboral y la falta de respuesta de la jefa de cartera. También analizamos la investigación sobre parlamentarios que registraron cero mociones legislativas durante sus primeros meses en el Congreso.

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Replica al economista Manuel Riesco, Vicepresidente de CENDA

Es difícil replicarle al economista Manuel Riesco por sus aseveraciones en su columna en El Siglo de 27/05/2025, en la cual defiende el espurio acuerdo Codelco-Sqm. Es difícil replicarle, no por los argumentos que entrega, sino porque Maño Riesco ha sido desde hace décadas, junto al economista Orlando Caputo, un gran defensor de la nacionalización de la gran minería y gran denostador de las mineras extranjeras, precisamente por el colosal perjuicio económico que ellas han provocado en nuestro país. Nuestras primeras reuniones contra el perjuicio a Chile de las mineras extranjeras, les realizamos precisamente en Cenda, por allá por los años 1993-1994. Por ello es decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-Sqm, o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet. Pero ni modo, en recuerdo de nuestras antiguas luchas, me veo en la obligación de contestarle al compañero Riesco, en base a algunos párrafos de su columna.

“El acuerdo CODELCO-SQM, mediante el cual la minera estatal recupera desde ahora la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno, sino dos de los metales claves para la transición energética”.

No Manuel, la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al art. 5° del DL 2.886, que dispuso “por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado”, y en consecuencia, no solo el litio del Salar de Atacama, sino el litio en todo Chile queda reservado al Estado, y no se puede otorgar concesiones a privados, porque es un bien público, un bien del Estado. El DL 2.886 es de carácter constitucional. Por lo tanto, para poder enajenar, arrendar o entregar en concesión este bien público, el litio, solo se puede hacer mediante una ley, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 63 que establece:

“Solo son materia de ley: 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;”.

De todo ello deriva que el acuerdo mediante el cual Codelco, sin tener legitimidad legal y constitucional, entrega por 30 años, el 49.99% de la mayor parte del litio del Salar de Atacama a un privado, SQM, no puede prosperar porque ello solo se puede hacer por ley, es decir tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, así, como también se tiene que hacer por ley el acuerdo de Codelco-Río Tinto en el Salar de Maricunga y el de Enami-Río Tinto en Salares Altoandinos. Debemos insistir, el litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979.

Desde el punto de vista jurídico el acuerdo Codelco-Sqm es ilegal y sobre todo, inconstitucional. Veamos otro párrafo de Manuel Riesco.

 “Como lamentablemente suele suceder frente a hechos esenciales de interés nacional, algunas voces, anteponiendo a la contundente conveniencia general arriba resumida, plantean objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso. Juegan por estos días con la ilusión de que esta gran iniciativa “se queme en la puerta del horno”.

Algunas voces plantean objeciones válidas pero secundarias, pero lo que he sostenido más arriba no es secundario, es relevante, fundamental, puesto que me he basado en disposiciones constitucionales que son irredargüibles. Tal como está, el acuerdo Codelco-Sqm es inconstitucional, y solo podría prosperar si se hace por ley, en caso contrario, puede ser anulado en los tribunales de justicia. Y esto no lo sostengo porque defienda mezquinos intereses particulares o económicos, menos aún electorales.

Sigamos con otro párrafo de la columna de Maño Riesco.

“Felizmente, al igual como sucedió con la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende, el Directorio de CODELCO, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.

Es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual Directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó. Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este Directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales. Por ejemplo: ¿Que autoridad calificada y experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?

Y es tan grande la autoridad calificada de este Directorio de Codelco, que desde 2010 hasta la fecha se han registrado, de lejos, los peores resultados de la Corporación de toda su cincuentenaria historia, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre. Para muestra un botón, el 2006 el precio del cobre fue de 3 dólares la libra y los excedentes de Codelco fueron  de 9.215 millones de dólares, mientras que el 2024 con un precio del cobre de 4,14 dólares, los aportes al Fisco fueron solamente de 1.534 millones de dólares, es decir 6 veces menos que el año 2006. Además, la producción de cobre el 2006 fue de 1,676 millones de toneladas y el 2024 fue solamente de 1,328 millones de toneladas, un 20,7% menos que el 2006. Estas son las cifras de este Directorio de Codelco, que yo llamo los sepultureros de la Nacionalización, pero que Riesco estima como autoridad calificada.

Manuel Riesco no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo, por lo que conviene dar algunas.

En noviembre de 2024 la empresa “Rio Tinto”, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga,  compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado. Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año.  El acuerdo Codelco-SQM, tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM. ¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años? Nada, absolutamente nada. Esa es la forma como el Directorio de Codelco, la autoridad calificada vela por los intereses del Estado, es decir de todos los chilenos. ¡Vaya Patriotas!

Una de las grandes justificaciones de Máximo Pacheco para hacer este acuerdo con Sqm, es que esta empresa podría generar un “valle productivo”, es decir detener la extracción de salmuera 3 años antes que termine el actual contrato Corfo-SQM, el 31 d diciembre de 2030, por lo cual Chile se quedaría sin ingresos por el litio y sin los impuestos por esta actividad. Ello es una falacia, puesto que en 1976 Corfo manifestó 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama, de 5 hectáreas c/u, y meses después, en 1977, mensuró solo 59.820 y posteriormente renunció a 26.262, por lo que las pertenencias OMA que quedaron son 33.568. De ellas Corfo arrendó a Sqm 28.054 hasta 2030 y 3.344 pertenencias a Albemarle hasta el año 2044.

Por lo tanto quedan disponible 43.802 de las 75.000 pertenencias que Corfo manifestó en 1976, para que Codelco, o una nueva Empresa Nacional del Litio, puedan comenzar desde ya a construir las piscinas necesarias para comenzar a llenarlas con la salmuera que también se puede comenzar a extraer, “tecnología” que no es de otro mundo, ni requiere un capital demasiado grande, mientras se comience también a construir las plantas para obtener el carbonato e hidróxido de litio, o se compren a buen precio las plantas que SQM posee actualmente y que quedarán en desuso, porque solo el Estado está constitucionalmente autorizado para explotar el litio.

En suma, Codelco puede desde ya comenzar a preparar en el Salar de Atacama la explotación del litio, antes del año 2030 cuando termina el contrato Corfo-SQM. El no hacerlo, y hacer un acuerdo con SQM, solo puede ocultar un gran negociado.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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Máximo Pacheco Matte, Presidente del Directorio de Codelco, pagó US$ 236 millones en la compra de la empresa australiana Lithium Power International (LPI), propietaria de Salar Blanco S.A., empresa que si bien es cierto que posee 4 pertenencias mineras de 1937, 1945, 1950 y 1954¹, es decir con anterioridad a 1979, no le dan derecho a explotar litio, puesto que fueron constituidas para explotar cloruro de sodio y sal de gema, que no es otra cosa que la simple sal que todos conocemos en nuestra mesa.

¿Por qué decimos anteriores a 1979? Porque en ese año la Junta Militar, en virtud de su poder constituyente, dictó el DL 2.886, que reservó el litio al Estado, lo que significa que solo el Estado lo puede explotar. Quedó fuera de dicha reserva, solo las concesiones mineras sobre litio anteriores a 1979, y como ya lo dijimos, las pertenencias de Salar Blanco S.A o LPI, anteriores a 1979, no le permiten explotar litio, sino solamente sal.

Entonces surge la pregunta: ¿Pueden esas pertenencias de sal en el Salar de Maricunga valer US$ 236 millones? Es evidente que esas pertenencias de sal no valen siquiera la décima parte de dicho monto. Esto significa que el Sr. Pacheco dilapidó más de US$ 200 millones de todos los chilenos en esa compra absolutamente inútil e innecesaria, pero, debemos suponer que lo hizo con la anuencia de los otros miembros del Directorio de la Corporación, de su Presidente Ejecutivo y de la Ministra de Minería, de Cochilco, a menos que todos ellos no sabían que estaban comprando sal en vez de litio. En todo caso es sospechosa la cuestión.

La reserva al Estado de ciertas substancias mineras, es decir que no son susceptibles de concesión a particulares, ya tenía un siglo de existencia en nuestra legislación, puesto que en 1888, se promulga el segundo Código de Minería de Chile (el primero databa de 1874), que en su artículo 2° inciso quinto estableció que el Estado se reserva la explotación de las guaneras en terrenos de cualquier dominio y la de depósitos de nitratos (salitre) y sales amoniacales análogas que se encuentren en terrenos del Estado o de las Municipalidades.

Posteriormente, el Código de Minería de 1932, estableció en el artículo 4° que:

“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado se reserva los depósitos de guano y de petróleo en estado líquido o gaseoso, ubicados ambos en terrenos de cualquier dominio, y los de nitratos y sales análogas, los de yodo y los compuestos de estos productos, que se encuentren en terrenos del Estado, o nacionales de uso público o de las Municipalidades”.

Dicha disposición estuvo vigente hasta 1982, cuando se aprobó al actual Código de Minería.

En 1940, se promulgó la Ley 6.482 que reservó al Estado los yacimientos que contengan carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas que se encuentren en terrenos fiscales o nacionales de uso público, o de las Municipalidades, caso en el que se encuentra el Salar de Atacama. En suma, cuando en 1979 el DL 2.886, de carácter constitucional, reservó al Estado el litio, ya existía en Chile varias substancias mineras e incluso yacimientos, que estaban reservado al Estado.

Cuando en 1888 el Código de Minería reservó al Estado los nitratos y sales análogas, el Salar de Maricunga pertenecía al Estado, salvo las pretensiones que sobre él pudiera tener el pueblo Colla, por ello en dicho Salar era muy limitado las concesiones mineras que se podían constituir, y por ello, los concesionarios anteriores a Salar Blanco se limitaron a mensurar en 1937, 1945, 1950 y 1954 pertenencias sobre sal (nitrato de sodio o sal gema). Y estas son la únicas pertenencias mineras que Salar Blanco, poseía en el Salar de Maricunga, anteriores a 1979, pero no tenía ninguna pertenencia sobre litio en dicho Salar.

En consecuencia, pagar U$ 236 millones por pertenencias de sal que no valen la décima parte de ello, que además, no contaba con ninguna instalación industrial o artesanal para la explotación de dicha sal, menos aún litio, es malversar caudales públicos. Ello constituye fraude al Fisco, en razón que se traspasaron conscientemente y deliberadamente recursos del Estado, de Codelco, empresa de todos los chilenos, a inversionistas australianos, que seguramente Pacheco conocía bien, puesto que desde el año 2000, hasta el año 2013, Máximo Pacheco fue un alto ejecutivo de la empresa australiana International Paper, la mayor forestal del mundo, y antes, de 1994 hasta el 2000, había sido sido ejecutivo de la empresa neozelandesa Carter Holt Harvey, que a su vez era filial de International Paper (nota de Wikipedia). Esto significa, que Máximo Pacheco durante dos décadas tenía contactos estrechos con grandes empresarios australianos y porbablemente conocía a los dueños australianos de Salar Blanco S.A. o Lithium Power International.

Pero esto no explica toda la madeja en este escandaloso negociado.

El hilo de esta madeja comienza 27 de febrero de 2018, 11 días antes que terminara el segundo mandato de Michelle Bachelet, cuando la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), previo informe de Comité de Minería no Metálica de Corfo y Sernageomin, autorizó a Salar Blanco la extracción de 88.885 toneladas métricas de Litio Metálico Equivalente (LME) en el Salar de Maricunga, siendo que la CCHEN, debería haber sabido que esta empresa no tenía pertenencias sobre litio en dicho Salar. Si no existían razones legales para autorizar dicha extracción.

¿Por qué hizo esto la CCHEN?

Más se enreda la madeja, porque solo meses después de la autorización de la CCHEN, en septiembre de 2018, Salar Blanco presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental, su Estudio de Impacto Ambiental, que fue aprobado por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en febrero de 2020, a pesar que dicha empresa no tenía pertenencias sobre litio. Contra esta RCA se presentaron varias reclamaciones de comunidades indígenas y particulares ante el Segundo Tribunal Ambiental. Dicho tribunal también rechazó dichas reclamaciones, a pesar que Salar Blanco no tenía pertenencias mineras sobre litio en el Salar de Maricunga. ¿Entonces porque legalmente dicho tribunal rechazó dichas reclamaciones?

Es evidente que el hilo de esta madeja está muy enredado, y solo cabe esperar que el Ministerio Público realmente investigue la querella por fraude al Fisco, que presentamos ante el 7° Tribunal de Garantía de Santiago RIT 6051-2024, y digo presentamos, porque en esta querella no estoy solo. Sin embargo, ya ha pasado una semana de la resolución del Tribunal, y aún no ha habido reacción del Ministerio Público.

-El autor, Julián Alcayaga O., es abogado y economista

Nota: El artículo 5° del DL 2.886 de 1979 dispone:

“Artículo 5°.- Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior solamente:

a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio o sobre cualquiera de las sustancias del inciso primero del artículo 3° del Código de Minería, que, a la fecha de publicación de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de mensura inscrita, se hallaren vigentes, y cuya manifestación, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1° de Enero de 1979”.

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Sorpresa!!, sale el ministro de Energía Máximo Pacheco (accionista del Banco de Chile y amigo personal de Luksic) que permitió la construcción de Alto Maipo. A las pocas horas se anuncia que se convertirá en el generalísimo de Ricardo lagos (socio de Luksic en la ONG ambientalista de multimillonarios Nature Conservancy).

Entra al Gobierno entre otros, la Sra. Nivial Palma, sancionada en 2010 por permitir que arqueólogos empleados de la DIBAM a tiempo completo, trabajaran en Estudios de Impacto Ambiental para Minera Los Pelambres (de propiedad de Luksic), en El Mauro, donde se costruyó finalmente el tranque de relaves tóxicos más grande del continente y tercero más grande en el mundo. Declarado un peligro para la vida humana por la Corte Suprema.

Contraloria-sancion-a-Nivia-Palma-y-arqueologos-2010

Estos funcionarios tenían prohibido por ley participar en el EIA.

Así con nueva gente en el gobierno, la sombra de Luksic sigue rondando por los pasillos de Palacio. ¿Qué nuevo escándalo descubriremos pronto con estas nuevas adquisiciones del gobierno?, pronto lo sabremos.

Como estas cosas no salen en la prensa les adjunto poster con resumen del caso y copia del informe de la Contraloría General de la República.

Luksic da otra estocada al decaído corazón de este desangrado país

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Hace pocos días la Superintendencia del Medio Ambiente acogió a tramitación la primera denuncia realizada por la instalación de campamentos ilegales por parte de la Central Hidroeléctrica Alto Maipo, en el Cajón del Maipo. Este jueves se presentó una nueva denuncia ante diversos incumplimientos de la empresa a su propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autoriza el proyecto Alto Maipo.

Esta vez se trata de las transgresiones en materia del transporte de los camiones, ya que el nivel de polvo que están levantando, el horario que cumplen y la cantidad de camiones que circulan no corresponde a lo que evaluó y visó la autoridad ambiental.

Los datos que se presentaron fueron avalados por un equipo técnico compuesto por ingenieros ambientales, civiles, y otros especialistas, quienes apoyan la lucha de la Coordinadora Contra Alto Maipo. Así lo indicó el abogado de las comunidades, Álvaro Toro.

“Lo que constatamos es que como la empresa recibió el apoyo de las autoridades, cree que puede saltarse las obligaciones que ella misma adquirió en la resolución ambiental, y esperamos que la Superintendencia tenga la energía para cumplir su rol”, afirmó y añadió que, de todas maneras, están temerosos que la presión política que hay a favor del proyecto, pueda impedir eso”.

En efecto, este proyecto de la transnacional AES Gener y del Grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals (AMSA), surge de relevantes capitales económicos y ha contado con el apoyo de varios personeros, entre los que se cuenta el ministro de Energía Máximo Pacheco.

En septiembre la autoridad realizó diversas entrevistas a los medios donde aclaró su postura a favor de la hidroelectricidad y, en puntual, sobre esta iniciativa. En sus argumentos el Secretario de Estado se refirió al valor de la energía y el aporte que haría la empresa.

“Alto Maipo es un proyecto muy importante, es un proyecto grande, que va a agregar 500 megawatts a la capacidad de generación. Además, está ubicado aquí en Santiago, donde se consume un tercio de toda la energía en Chile”, afirmó y añadió: “Es un proyecto Hidroeléctrico que es la energía más limpia y barata que tenemos, es una central de pasada (aquí no hay embalses) y finalmente ayuda a bajar las cuentas de la luz”.

Sin embargo el vocero de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, Anthony Prior, en conversación con Radio Universidad de Chile, afirmó que la energía que generará este proyecto no es para los ciudadanos de la capital sino que para las empresas mineras del Grupo Luksic.

“¿Qué favor están pagando las autoridades? Aquí se está gobernando para las empresas” afirmó categórico Prior. En este contexto hizo un llamado para participar en la segunda “Gran Marcha Por el Maipo y la Recuperación del Agua”, fijada para este sábado.

“Este sábado 13 de diciembre, a las 11 de la mañana en Plaza Italia, lo que vamos a salir a decir es: ‘Michelle, las comunidades ya decidimos, Alto Maipo no va’. Esa es la tónica en un carácter protagonizado por un ambiente familiar, pacífico, amplio, masivo, carnavalesco, la forma en la que hemos decidido enfrentar los problemas que tenemos en el país. Es la forma más óptima y además aseguramos la presencia de todo tipo de personas, lo que necesitamos para alertarle al gobierno que no estamos dispuestos a sufrir una nueva zona de sacrificio”, afirmó.

De esta manera continúa la resistencia ciudadana contra este proyecto ubicado en el Valle del Maipo. La Coordinadora sostiene que Alto Maipo se une a otras iniciativas como el proyecto Andina 244 de Codelco, las que no sólo contaminan, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable de la Región Metropolitana.

*Fuente: Radio U de Chile

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