El experto penalista cuestiona que La Moneda se haya inclinado por José Morales para fiscal nacional. «Me desconcierta que una persona como Gabriel Boric, que llegó con un discurso muy crítico respecto a estas prácticas, hiciera este movimiento», dice en entrevista con El Desconcierto. Además, critica que «se hipoteque» a la derecha la persecución penal de los próximos ocho años.

La elección de José Morales como la carta presidencial para el puesto de fiscal nacional ha generado muchas críticas por sus lazos con el mundo político y su rendimiento en investigaciones que ha comandado.

Una de las personas que ha conocido el trabajo de Morales de cerca es el abogado Mauricio Daza (50), quien fue querellante en el bullado Caso Cascadas, donde el fiscal lideraba el equipo investigador del Ministerio Público.

En conversación con El Desconcierto, el exconvencional y experto penalista es tajante en su valoración del aspirante a fiscal nacional. “Se cayó más bajo que con Abbott. Acá se está tratando de buscar a alguien que entregue tranquilidad al poder y a los intereses que están detrás de su candidatura”, sostiene.

Daza considera que La Moneda apostó por Morales basado en un cálculo político, y así evitar un conflicto en el Congreso, en lugar de seguir con su idea inicial de cambiar el curso de las investigaciones del Ministerio Público. “Esto da cuenta de la debilidad que tiene el gobierno”, dispara.

– ¿Cómo definiría la elección del fiscal Morales?

Es una decisión sorprendente porque finalmente José Morales era el candidato apoyado por sectores del piñerismo y también de la antigua Concertación, vinculados a Guido Girardi, los que ya habían operado en la elección anterior de Jorge Abbott.

Hay que recordar que el candidato que estaba impulsando el Senado en esa ocasión era el mismo José Morales, básicamente porque daba garantías en los casos de financiamiento ilegal de la política que involucraba a varios senadores. Con Morales podían ser desarticuladas y quedar en nada.

En ese contexto, me desconcierta que una persona como Gabriel Boric, que llegó con un discurso muy crítico respecto a estas prácticas, hiciera este movimiento. En ese sentido nos encontramos frente una designación que habría sido probablemente la misma que habría adoptado José Antonio Kast, si es que hubiese sido elegido.

– ¿A qué cree que se debe esta decisión entonces?

Esto da cuenta de la debilidad que tiene el Gobierno. Porque se prefirió evitar un conflicto político que jugársela por un nombre de su gusto. Eso podría deberse a un cálculo a futuro, porque proyectan que las iniciativas del Ejecutivo no tienen los votos para los efectos de poder avanzar y creo que se ha privilegiado no tener un conflicto puntual.

Además, el gobierno lo hace hipotecando a la derecha la persecución penal de los próximos ocho años. En ese sentido, creo que también se ha actuado con un poco de desidia por parte del Presidente, tomando una decisión trascendente que va a tener un impacto gigantesco y que va mucho más allá del período de su mandato.

– ¿Qué hubiera dicho Boric, si siguiera siendo diputado, por este nombramiento?

Probablemente daría un punto de prensa para cuestionar la designación de José Morales. Además, hay que señalar que esto se da en un contexto donde el Ministerio Público está investigando la existencia eventual de delitos de lesa humanidad donde aparecen imputados Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

En ese sentido, colocaron a una persona como fiscal nacional que ha sido objeto de duras críticas por parte de los familiares de las víctimas de el Caso Kayser, que han reclamado que no existe un ánimo de investigación real por parte del fiscal a cargo de la causa, que es José Morales.

– ¿Cree que no se tomaron en cuenta estos antecedentes?

No creo. Además, es derechamente insólito que se denomine a un puesto de esa importancia a una persona que estuvo a cargo de una investigación a partir de la cual se generó un reproche por parte de la OCDE por no cumplir con los estándares vinculados a la persecución penal de hechos de corrupción.

Me refiero al Caso LAN, donde sus directivos habrían pagado coimas al entonces ministro de Transporte argentino. El directorio de la empresa era presidido por Sebastián Piñera.

– ¿Qué rol cumplió el fiscal Morales en ese caso? 

Estos antecedentes llegaron a Chile y fueron recibidos por el fiscal Morales, quien no realizó absolutamente ningún tipo de actuación sustancial para investigar esta imputación. Es más, archivó la causa después de algunas semanas.

Sin embargo, tiempo después LAN fue sancionado en Estados Unidos por 20 millones de dólares para los efectos de llegar a un acuerdo reconociendo responsabilidad precisamente en el pago de este de coimas a funcionarios públicos argentinos.

Entonces, la gran pregunta que quedó en el aire, y que nunca se pudo dilucidar, es por qué José Morales cerró y archivó esta investigación sin hacer nada.

«No se sabe qué es lo que se negoció»

– ¿El gobierno no tuvo la capacidad de impulsar a sus candidatos en la Corte Suprema?

Claramente no, porque al final los candidatos del gobierno ni siquiera llegaron a la quina final. No obstante, esto muestra que el proceso de asignación de Fiscal Nacional es inadecuado debido a que las nominaciones tienen muchos espacios de oscuridad donde no se sabe muy bien cuáles son los criterios objetivos a partir de los cuales se va a elegir un puesto tan importante.

El gran problema con todo esto es que no sabemos cómo realmente se designa la quina de la Corte Suprema. La que en esta oportunidad incluyó nombres y cada uno correspondía a determinados intereses que no eran visibles.

En esta oportunidad llegamos una quina que era muy mala y que además se hizo con un sentido político. Porque era bien sabido que, de los 17 postulantes originales, había muchos que eran de gusto del gobierno, principalmente Patricia Muñoz, y se dejaron afuera personas que yo diría que tenían un mejor perfil en términos de antecedentes académicos y experiencia litigando que aquellos que finalmente fueron incluidos.

– ¿La quina respondió a intereses políticos?

Efectivamente, y no hubo transparencia respecto de la manera en que se designó. Ahora la nominación del nombre por parte del Presidente también aparece como algo bastante oscuro porque se dejó la designación para el último día.

En un primer momento se dijo que se iba a nombrar antes del viaje del Presidente a Tailandia, sin embargo, se extendió el plazo para consultar al Senado. Pero no se sabe qué es lo que se negoció, nadie sabe absolutamente nada y aparece el último día nombrando José Morales, que es el candidato levantado por el piñerismo y que aparece apoyado públicamente por personas como Darío Calderón, un operador de los grandes grupos económicos en nuestro país.

Teniendo sobre la mesa todo esto, aparece mágicamente su nombre como si nada, y el Presidente se va a México sin dar ninguna explicación. Probablemente esto se va a ratificar muy rápido en el Senado y ahí está el fiscal nacional por los próximos ocho años. Esto no es algo aceptable en una democracia.

– ¿Cuáles son los efectos políticos de esta designación?

Yo creo que esta decisión a mediano plazo no le va a costar ni un voto en las urnas al gobierno, porque se va a tratar de diluir. Además, es una decisión transversal, porque Morales garantiza la idea de impunidad para las altas autoridades y los grandes empresarios involucrados en delitos de corrupción.

Se apuesta por él porque es un fiscal que, aunque no ha tenido resultados relevantes y no es un gran investigador, es de terreno, toma audiencias todos los días y eso podría ayudar de alguna manera a mejorar la persecución criminal de delitos de mayor incidencia social. En específico las  nuevas formas de criminalidad que están apareciendo con fuerza en nuestro país.

Entonces, la verdad es que yo creo que acá se está tratando de capear el temporal. Estamos frente a un gobierno débil, ninguna de las reformas estructurales que se comprometió en el programa son viables porque no tiene la mayoría en el Congreso y requieren más del 50% de los votos.

– ¿Este nombramiento se hizo para sobrevivir?

Puede ser, porque el primer objetivo del gobierno, en la práctica, es sobrevivir de aquí a los próximos tres años que le quedan. En ese contexto tratar de mejorar las posibilidades electorales de su coalición.

El problema es hasta qué punto se pueden sacrificar ámbitos que son relevantes.

– ¿Hubo una traición del Gobierno respecto a su idea original y lo que terminó saliendo?

El fiscal nacional lo designó la derecha con ciertos sectores de la antigua Concertación. Se impuso esa realidad frente a un gobierno que es muy débil y que no tiene mucho espacio para poder actuar.

Marta Herrera podría haber sido un nombre mejor, aunque tampoco era bueno, porque ella estaba a cargo de la Unidad Anticorrupción durante todo el período en que Abbott fue fiscal nacional y protagonizó muchas de las medidas que se terminaron diluyendo y desarticulando las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política.

Sin embargo, a pesar de lo malo, era un mejor nombre que José Morales.

«Pedimos que se removiera al fiscal Morales»

– ¿Qué garantías entrega Morales como máxima autoridad del Ministerio Público? 

Gran parte de la carrera de José Morales se explica por la falta de normas al  interior de la institución que permitan asignar funciones y cargos en su interior a partir de criterios objetivos de mérito. Básicamente, esto se establece a partir de criterios de cercanía con el fiscal regional de turno o del fiscal nacional, según sea el nivel de la designación.

José Morales es alguien que partió con la reforma procesal penal y es uno de los fiscales más antiguos. Sin embargo, mucho de su ascenso se explica precisamente por este tipo de cercanía con las personas que están siendo nombrados como fiscales regionales.

– ¿Y su perfil como investigador?

Este quedó retratado con el Caso Cascadas, donde se estaba investigando probablemente el fraude más importante del mercado de valores, cuyo protagonista era Julio Ponce Lerou.

Nosotros habíamos solicitado como querellantes muchas diligencias. Pero lo que recibimos fue una demora injustificada en la tramitación de estas, sumado a la desidia manifiesta en poder llevar adelante una investigación seria y contundente.

Pedimos que se removiera el fiscal Morales, entonces ocurrió algo que es bastante inusual. El entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, tomó en consideración lo que habíamos señalado y viendo que la carpeta investigativa no había avanzado y estaba desordenada, cambia a José Morales y designa Andrés Montes, que era el fiscal regional metropolitano centro norte, y que la llevó delante de una manera correcta y adecuada.

Otro de los casos es La Polar, donde llegó a un acuerdo con los imputados que no pagaron con cárcel un fraude bastante grande. Lo mismo con el Pacogate, Morales tuvo los antecedentes de Unidad de Análisis Financiero dos años antes de que explotara, pero derivó los antecedentes a la Dipolcar liderada por Bruno Villalobos en ese momento. Esa es su manera de trabajar.

– ¿Ha tenido algún triunfo concreto Morales?

Uno de los triunfos, si así se le puede considerar, es el caso de Rafael Garay donde insólitamente el tribunal condenó al imputado a una pena superior a la que estaba solicitando Morales. Eso es muy extraño.

Habitualmente, lo que hace la Fiscalía es pedir una pena máxima legal en términos razonables, a partir de la aplicación de las normas que definen precisamente las penas. En este caso, condenaron a Garay, pero el tribunal dijo que Morales estaba pidiendo poca pena.

– ¿Con Morales se continúa la línea de Abbott?

Se cayó más bajo. Acá se está tratando de buscar a alguien que entregue tranquilidad al poder y a los intereses que están detrás de su candidatura.

En su favor, quizás se permita mejorar la investigación de los delitos de mayor incidencia social, obviamente donde no están involucrados grandes empresarios ni altas autoridades como el narcotráfico o los delitos los robos con violencia entre otras.

A pesar de esto, José Morales no tiene investigaciones que sean efectivas o que permitan una adecuada persecución penal de esos delitos.

– ¿Se debería reducir la duración del cargo?

Totalmente. Ocho años para fiscal nacional es demasiado y también es necesario establecer mayor exigencia para postular al cargo.

Actualmente, se establece que tiene que tener 10 años de abogado y ser ciudadano para ser candidato. Eso es poco razonable, hay que mejorar el estándar legal y también generar un proceso donde exista mucho más debate público de cara a la ciudadanía.

*Fuente: ElDesconcierto

El articulo Mauricio Daza y decisión de Boric sobre fiscal nacional: «Es lo mismo que habría hecho Kast» apareció primero en piensaChile.

Estimados convencionales:

Este martes 15 de marzo, la  Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza,  Bienes Naturales y Modelo Económico se propone votar la ICC N° 820 -5,  del convencional Mauricio Daza y otros, sobre “Tratados internacionales de Inversiones”, ya defendida en la citada Comisión el lunes 7 de marzo de 2022.

Las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas y culturales que integramos la Plataforma Chile Mejor sin TLC, impulsoras de la Iniciativa Popular sobre Tratados de Libre Comercio votada favorablemente por ustedes el pasado 1 de febrero,  hacemos un llamado de atención sobre esta contradictoria propuesta.

El inciso primero de su artículo 1 señala que el Estado

“no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los  que reconozca jurisdicción a instancias de arbitraje internacional, en controversias de índole comercial, entre el Estado e inversionistas extranjeros”.

Pero  a continuación en el mismo artículo, inciso 2,  incorpora un sistema presentado como “alternativo” a los tribunales arbitrales internacionales:

“se exceptúan los tratados… que contemplen mecanismos … para la resolución de controversias entre Estados e inversionistas por órganos jurisdiccionales integrados por jueces permanentes designados por los países signatarios”.

Y luego el artículo transitorio señala que la nueva Constitución mandatará al Poder Ejecutivo sobre la obligatoriedad de renegociar los tratados chilenos en el plazo de dos años,

“buscando sustituir los mecanismos de resolución de controversias basados en arbitrajes ad-hoc por tribunales permanentes, que pueden incluir una o más Cortes Multilaterales de Inversiones”.

La propuesta de las llamadas “Cortes Multilaterales de Inversiones” MIC, también conocidos como Sistema de Tribunales sobre Inversiones (Investment Court System, ICS, por su nombre en inglés), es una iniciativa de la Unión Europea surgida en 2015 para sortear las fuertes críticas contra el mecanismos de solución de controversias inversor-estado (ISDS)  formuladas durante años por gobiernos, academia, la UNCTAD y poderes judiciales nacionales. Se aplicó en los tratados con Canadá y Vietnam y forma parte de la renegociación en curso del TLC de Chile con la Unión Europea.

Pero esta propuesta

no resuelve el problema esencial de los tratados de protección de inversiones: la existencia de cláusulas que dan privilegios enormes a los inversores extranjeros y restringen las políticas públicas, tales como considerar “expropiación indirecta” una política pública adoptada por el Estado.

 El nuevo sistema europeo, incluido en la renegociación del Tratado de Chile con la UE concluida durante el gobierno de Sebastián Piñera,  no afecta la capacidad de los inversores de acudir al arbitraje,  ni otorga más herramientas al Estado en su búsqueda de espacio regulatorio a favor de políticas públicas respecto de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Adjuntamos información detallada al respecto:  Razones del NO a los Sistemas de Arbitraje de la Unión Europea 

.

De este modo, el sistema ICS no es más que un maquillaje del sistema de arbitraje ISDS vigente hoy para Chile que en pandemia, tiene al país demandado cuatro veces,  precisamente por desarrollar políticas públicas marcadas por esa situación. Incorporar la propuesta de la Unión Europea en la nueva Constitución chilena sería un gigantesco error político ya que comprometerá de manera permanente la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas que se ajusten a la nueva Carta Magna, vulnerando la soberanía de los pueblos.

Las y los ciudadanos estamos observando atentamente las votaciones que afectan nuestros derechos y frustran las expectativas de cambio cifradas en la Convención. Nuestro llamado es a votar contra la ICC 820-5.

Un saludo cordial de

Lucía Sepúlveda
Esteban Silva

voceros de la  Plataforma Chile Mejor sin TLC

Contacto  990023729

lusr20@gmail.com

El articulo Chile sin TLC sobre contradictoria propuesta Propuesta Daza sobre Tratados de Inversión apareció primero en piensaChile.

Miércoles 24 noviembre de 2021
El constituyente por el distrito 28 señaló a Radio Bío Bío su punto de vista respecto del futuro de la Convención Constitucional. Con resultados de la primera vuelta presidencial y la elección parlamentaria en mano, consideró que el órgano debe hacer un “análisis autocrítico, con humildad, dando cuenta de qué hemos hecho para generar un escenario de inestabilidad” que ayudó al triunfo de Kast en la elección del domingo pasado.

Junto con esto, sugirió acortar los plazos de las semanas distritales, y adelantó que varios convencionales consideran comenzar a despachar normas constitucionales “al más breve plazo” para mejorar la impresión ciudadana sobre la constituyente.

Mientras el Pleno de la Convención Constitucional sesiona en el edificio del Gobierno Regional de Bío Bío, Concepción, el constituyente Mauricio Daza aprovechó un momento libre y respondió esta entrevista vía telefónica. “El clima está bonito, no está caluroso. Está un poco ventoso, pero mucho más grato que en Santiago”, aseguró, antes de entregar sus reflexiones en torno al futuro del órgano constituyente.

Una vez se conocieron los escrutinios definitivos, el abogado querellante se quejó este lunes en su cuenta de Twitter:

“En la Convención debemos reflexionar con humildad y autocrítica. Si Kast gana, el proceso constituyente peligra. Discursos grandilocuentes, disruptivos, mesiánicos y agresivos, sumado a fallas políticas, comunicacionales y de gestión, han ayudado a generar temor e inestabilidad. Este es el resultado”.

En @convencioncl debemos reflexionar con humildad y autocrítica. Si Kast gana el proceso constituyente peligra. Discursos grandilocuentes, disruptivos, mesiánicos y agresivos + fallas políticas, comunicacionales y de gestión han ayudado a generar temor e inestabilidad. Resultado: pic.twitter.com/wZnQOmfCbk

— Mauricio Daza (@mdaza_abogado) November 22, 2021

Aquí, el jurista desembrolló estas ideas, además de entregar algunas sugerencias mirando al futuro de cara al balotaje.

— ¿Cuáles son sus impresiones respecto al resultado de la primera vuelta electoral que acabó con una votación del 27,91% para el candidato Kast y un 25,83% para Boric?

“Yo creo que es una señal clara para la Convención Constitucional. Hay que recordar que José Antonio Kast ha levantado parte de la candidatura atacando a la Convención y al proceso constituyente. Por lo tanto, este resultado no puede ser indiferente al trabajo que estamos realizando”.

“Necesitamos hacer un análisis autocrítico, con humildad, dando cuenta de qué hemos hecho para generar un escenario de inestabilidad, que sin duda es algo que ha ayudado a que la candidatura de Kast se haya impuesto en la primera vuelta presidencial. Creo que los discursos grandilocuentes, arrogantes, mesiánicos, maximalistas que se han planteado por distintos sectores al interior de la Convención, muchas veces con algo de agresividad, han ayudado a generar esa incertidumbre, ese temor”.

— ¿Puede dar algún ejemplo de esos discursos?

“Cuando se ha hablado que determinados sectores se van a imponer a otros en una nueva constitución. O cuando se discuten hasta el cansancio materias sobre las cuales no tenemos atribuciones, como el plebiscito dirimente. Este se generó a partir de una regulación exhaustiva, que incluimos en nuestro reglamento, a sabiendas que no teníamos las facultades para poder ordenarle al Servel su realización, y apostando a que el futuro Congreso iba a ser favorable a la Convención. Bueno, el resultado es que con la actual conformación del Parlamento va a ser imposible llevar a cabo ese plebiscito”.

“También está el que hagamos promesas que no podamos cumplir. Por ejemplo: se levantó la idea de la iniciativa popular constituyente dentro de plazos acotados. Sin embargo, el día que comenzó a correr ese plazo no estaba la plataforma digital que permitiese concretar esa participación a través de la iniciativa popular de norma constituyente. Tuvieron que pasar casi 15 días para que eso se concretara”.

Y añadió: “Por otra parte, creo que hemos tenido problemas de gestión tanto política como comunicacional que derivan de una labor que no ha sido lo más acertada por parte de la actual Mesa liderada por Elisa Loncón”.

— ¿Qué puede hacer la Convención para mejorar esa impresión en la ciudadanía?

“Debemos tomar medidas concretas para mostrar avances del trabajo sustantivo para el cual fuimos electos: generar normas que sean incluidas en el proyecto de nueva constitución. Muchas personas resienten que han pasado cinco meses desde la instalación, y al momento no hemos aprobado ninguna norma sustantiva, quedando siete meses para que termine el plazo definido para el funcionamiento de la Convención Constitucional”.

“Detrás de eso, también está el hecho de que nos llenamos de actividades que no tienen mucho que ver o no son útiles con nuestra función. No tiene sentido que tengamos siete meses por delante y que hayamos fijado siete semanas de trabajo territorial, en lo que no podemos sesionar ni en Pleno ni en comisión, ni siquiera en forma telemática, para deliberar y votar normas constitucionales. Restarle siete semanas a estos siete meses de funcionamiento no es compatible con las exigencias que impone nuestro trabajo. No entiendo qué vamos a ir a rendirle cuentas a la ciudadanía en esas semanas, si no estamos avanzando en el trabajo sustantivo. Tenemos que pasar de las consignas y los simbolismos a un trabajo concreto, que es lo que la gente quiere. Eso es lo que la actual Mesa liderada por Elisa Loncón no ha comprendido”.

Y sumó: “Por ejemplo, ahora. Estamos en una semana regional en el Bío Bío, en la que no vamos a avanzar en la deliberación ni en la aprobación de absolutamente ninguna norma que vaya a estar en el proyecto de nueva constitución. A esto, hay que agregar que la semana pasada ya tuvimos una semana territorial completa en nuestros respectivos distritos, en la que no podemos sesionar para avanzar en la deliberación y votación”.

“Tenemos muchos actos simbólicos. Estamos hablando de las mismas generalidades, de las mismas ideas que ya se han venido debatiendo, incluso desde el período de las campañas”.

— En todo esto, ¿Influyen los plazos autoimpuestos por la Convención en su cronograma? El 18 de octubre iniciaba la discusión de fondo, pero recién en febrero se aprobarán las primeras normas.

“El cronograma propuesto por la Mesa y aprobado por la mayoría del Pleno no es realista. Yo diría que la inmensa mayoría de los y las convencionales lo saben. Tenemos un cronograma sumamente ajustado, que no se condice, por una parte, con aquellas obligaciones que nos hemos autoimpuesto en los reglamentos que se aprobaron dentro de la Convención; pero lo más importante, no se condicen con el plazo de siete meses que nos queda para aprobar este proyecto de nueva constitución, con la complejidad que eso involucra”.

Y agregó: “Es momento de pasar de la consigna a las propuestas concretas. Esto exige la ciudadanía y el cronograma que hoy tenemos, que no refleja esta necesidad”.

— Pero antes de la primera vuelta ese no era el ánimo de la Convención. El ambiente era de hacer audiencias, hacer semanas territoriales, generar un desplante de participación popular. ¿Qué cambió? ¿Había quizás un ánimo un poco triunfalista de la centroizquierda o izquierda frente a la primera vuelta?

“Yo creo que al interior de la Convención muchos creían que la ciudadanía en el plebiscito de entrada que aprobó por un 80% una nueva constitución nos había dado un cheque en blanco. Pero la confianza ciudadana no es algo que uno tiene en su patrimonio y que se mantiene intacto. Es algo que se tiene que ir ganando día a día, momento tras momento. Y la verdad es que yo estimo que el día de hoy se nos ha mandado una señal muy clara a través de los resultados electorales, de que tenemos que hacer de una buena vez nuestro trabajo, de manera directa y eficiente. Si no, nos vamos a farrear este proceso constituyente”.

Y siguió: “Mirar hacia el lado y señalar que el proceso constituyente va en otro carril que el proceso político electoral, y que los resultados del domingo pasado no significarán nada para la Convención, creo que constituye un error garrafal. Y no tenemos espacio para cometer precisamente esos errores”.

— De hecho, varios constituyentes han dicho que había que despresidencializar la Convención, deselectoralizarla, dejarla aséptica, como dentro de una burbuja.

“Despresidencializar la Convención se habría podido lograr en la medida en que los candidatos que estaban compitiendo no atacaran el proceso constituyente o lo usaran como un arma electoral. Pero en este caso eso es lo que ha hecho Kast. Él ha tratado de señalar que no estamos haciendo nuestro trabajo. Y el resultado electoral del domingo pasado significa algo en ese contexto. Tenemos que hacernos cargo de la realidad, tal como es. Y al día de hoy, estamos ad portas de una elección donde una persona, que ha señalado de todas las formas posibles de que no está con el proceso constituyente, puede llegar a ser Presidente de la República. Y hay que señalar que desde ese cargo se puede perfectamente obstaculizar e incluso hacer fracasar este proceso”.

—¿Cómo podría Kast hacer fracasar la Convención?

“Según las normas que tenemos, una vez concluida la labor de la Convención, el Presidente debe llamar a un plebiscito de salida. Y en el caso que no lo haga, no hay ningún instrumento institucional efectivo para obligarlo a hacerlo, considerando que, aún cuando esté violando la Constitución, por las mayorías parlamentarias no habría ninguna posibilidad real de poder obtener una acusación constitucional en su contra por incumplir este deber”.

“Otro riesgo es que se haga campaña para el Rechazo desde el gobierno. Los riesgos son muchos. Tenemos que hacernos cargo de ellos con trabajo efectivo, centrándonos en aquello que la ciudadanía nos exige. Y eso lamentablemente creo que muchas y muchos convencionales todavía no lo entienden, y piensan que estamos viviendo una situación similar a la que sucedió después del Estallido. Y la verdad es que del año 2019 al 2021 han ocurrido cosas. El escenario político y social en Chile ha cambiado”.

— Si la Convención no cambia su forma de actuar dentro de las próximas semanas, antes de la segunda vuelta, ¿corre el riesgo de aportar a que triunfe Kast?

“Yo creo que la Convención ha aportado, a partir de un conjunto de errores, a generar y profundizar un escenario de incertidumbre, que explica la irrupción de una persona como Kast. Pero lo que tenemos que hacer ahora no solo es un análisis autocrítico, sino también tomar medidas concretas. Estas involucran enfocarnos al 100% en deliberar, votar y generar un proyecto de nueva constitución para Chile, de una manera que sea consistente. Eso exige que tengamos que revisar nuestros dos reglamentos, y sobre todo, el cronograma. Tenemos que terminar con la noción de semana territorial, donde no podemos hacer nada más que estar en nuestros distritos sin sesionar, a una noción de días territoriales. Y tenemos que empezar a generar normas al más breve plazo”.

— ¿Cuándo?

“Desde ya. Ojalá durante las próximas semanas o los próximos días”.

— ¿Esto es un consenso entre los y las convencionales?

— “Es algo que se está discutiendo entre varios convencionales. Creo que debemos cambiar el cronograma, ampliar los días y horarios de funcionamiento de las comisiones temáticas, reemplazar las semanas territoriales por días territoriales, garantizar que las semanas en que trabajemos fuera de Santiago establezcamos espacios definidos para la deliberación y votación de normas constitucionales, entre otras medidas. Todo esto para que podamos avanzar más rápido mostrando resultados concretos, más allá de la necesidad urgente de mejorar la gestión política y comunicacional de la Mesa”.

Y extendió: “Nosotros en el colectivo de INN estamos preparando una propuesta para permitir flexibilizar las semanas regionales y territoriales para poder, ya sea, eliminarlas, dividirlas o refundirlas para contar con tiempo suficiente, a fin de priorizar el debate y la votación de norma constitucional. Esto lo estamos presentando durante esta semana, y esperamos que se vote la próxima y que tenga buena acogida por el resto de los convencionales, que deben entender que el proceso constituyente hoy está en un riesgo concreto”.

— ¿A quiénes ve integrando la nueva Mesa? ¿Qué cualidades debe tener la Testera y de qué sector deben ser sus integrantes?

“Debe tener un liderazgo que tenga un sentido político mucho más claro que el actual, que tenga claro el escenario en el que nos estamos moviendo, y por sobre todo, que tenga capacidad de gestión para llevar adelante este proceso. Los nombres no los tengo en este momento, los tenemos que discutir entre todas y todos. Pero esta Mesa cumplió su ciclo: instaló la convención, generó un efecto simbólico relevante en un proceso como este. Sin embargo, creo que tenemos que pasar a otra etapa donde debemos privilegiar el generar resultados concretos que sean percibidos como tales por la ciudadanía”.

*Fuente: RBB

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Miércoles 17 de agosto del 2016
De acuerdo al abogado querellante en el caso Corpesca Matías Ramírez, no existen argumentos para la salida del fiscal. “Esto es un precedente negativo porque al parecer lo que se busca es acallar la situación de estas investigaciones, amordazar a los fiscales”, dijo.

La remoción del fiscal que lideraba la investigación del caso Corpesca, Emiliano Arias, trajo consigo una serie de críticas respecto de la independencia del Ministerio Público. Frente a ello, parlamentarios y juristas coincidieron en que su salida no se justifica.

El fin de semana pasado, el persecutor dio a conocer una nueva arista del caso Corpesca: la ampliación de la investigación producto del hallazgo de nuevos datos que dieron cuenta de un posible lobby durante la discusión de la Ley de Pesca.

Entonces, el fiscal dijo: “Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar”.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas en la UDI.

Inmediatamente en el bloque opositor calificaron de “irresponsable” sus declaraciones. Incluso, recalcaron que sus comentarios pertenecían a la “opinología”.

Días más tarde la Fiscalía Nacional también hizo sentir su queja. A través de un comunicado difundido este martes, el organismo decretó la remoción del fiscal y la aplicación de un sumario, producto del incumplimiento de su “deber de reserva”.

“La decisión fue adoptada tras las opiniones vertidas por Arias en una entrevista concedida al diario La Tercera, en la que habría infringido el deber de reserva que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público entregando, a través de dicho medio de comunicación, antecedentes del caso que se encuentra actualmente vigente y actuando con escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función como fiscal, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado”, subrayó el comunicado.

Cabe recordar que en febrero pasado el fiscal Abbott ya había decidido sacar de la investigación del caso SQM a Emiliano Arias, y poner en su lugar al fiscal Pablo Gómez, a instancias del fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.

Las reacciones

La salida de Arias generó diversas críticas entre parlamentarios y abogados. “Es una decisión sorprendente, impresentable, en el sentido que se desmantela un equipo investigativo que estaba desarrollando una labor muy destacada”, recalcó el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza.

“Hay que recordar que durante el tiempo que la investigación estuvo a su cargo se formalizó al senador Jaime Orpis y además se discutieron medidas cautelares que finalmente terminaron con la prisión preventiva del imputado”, añadió.

Asimismo, el jurista señaló que la medida adoptada por el Ministerio Público coincide con el llamado que realizó el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto de acotar las indagatorias.  “Recordemos que el fiscal nacional dio una extensa entrevista, bastante poco prudente, en donde dijo que las investigaciones debían ser limitadas y que había que apurarlas”, agregó.

Por otro lado,  Matías Ramírez, abogado querellante del caso Corpesca, manifestó que el argumento del Ministerio Público no corresponde, porque Arias no dio antecedentes de la indagatoria. “Jamás se mencionó a algún parlamentario que esté siendo indagado o cuáles serían los datos fundantes. Siempre se habló en términos generales”, manifestó.

En este sentido, el jurista señaló que en la salida de Arias existen claras intenciones políticas: “Aquí está en duda la independencia que pueda tener el Fiscal Nacional según grupos de poder. Esto es un precedente negativo porque al parecer lo que se busca es acallar la situación de estas investigaciones, amordazar a los fiscales”, agregó.

Desde el parlamento también criticaron la remoción de Arias. El senador Alejandro Navarro sostuvo que “el Ministerio Público está puesto a prueba con los casos emblemáticos de corrupción”.

“Hay una situación compleja con el SII. Yo soy partidario que el Ministerio Público investigue haya o no querella del SII, porque el delito es evidente. Al director del SII lo nombra la Presidenta Michelle Bachelet. No pidamos objetividad si hay un director que tiene un nombramiento político y, por lo tanto, yo espero de la Fiscalía la mayor independencia y esta señal con Arias es extremadamente compleja y negativa”, dijo.

Asimismo, el senador Antonio Horvarth indicó que considerando la nueva arista que abrió el fiscal Arias, la Ley de Pesca debe modificarse: “Por todos los antecedentes que ya han encontrado yo soy de la opinión que la Ley de Pesca hay que revisarla completa. No se puede dejar ningún margen de duda ni se puede estar a la espera de futuras investigaciones”, comentó.

Pese a estas reacciones, desde la UDI valoraron la remoción de Arias. La senadora Jacqueline van Rysselberghe señaló que “la Fiscalía no tienen ningún derecho a sembrar un manto de dudas a menos que tenga pruebas reales”.

“Esto es una señal para los otros fiscales que no tienen que tener ese tipo de comportamiento. Claramente un fiscal no puede aseverar ante la prensa que alguien es culpable y tampoco me parece que los fiscales, con todo el poder que tienen, estén sembrando dudas sobre leyes que hoy rigen en la República y sobre personas que probablemente son inocentes”, puntualizó.

Producto de  la salida de Arias de la investigación, el fiscal del Bío Bío Julio Contardo  será quién deba asumir la indagatoria.

Finlamente, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, será quien instruya la investigación administrativa en contra de Arias, según informó la Fiscalía Nacional.

*Fuente: Diario UdeChile 

El articulo Caso «Corpesca»: Denuncian presiones políticas en remoción de fiscal Arias apareció primero en piensaChile.