DECLARACIÓN PÚBLICA

Sobre la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que declara arbitraria la exclusión del MDP de la Mesa Nacional del Frente Amplio, y nuestra decisión de retirarnos de una coalición que ya no existe.
El Movimiento Democrático Popular (MDP) es un movimiento constituido tras las elecciones primarias del Frente Amplio de 2017, buscando articular a independientes y sectores de izquierda adherentes al programa de Alberto Mayol, precandidato presidencial en esas primarias, quién obtuvo sobre los 100 mil votos.
Siendo parte del Frente Amplio desde sus inicios, formalizamos nuestra incorporación a su Mesa Nacional, máxima instancia de decisión política del conglomerado, a fines de agosto de 2017.
Nuestra exclusión de la Mesa Nacional del Frente Amplio
A principios de 2019 comunicamos a la Mesa Nacional una posible situación de corrupción que podía involucrar a un grupo de ex militantes del PPD que buscaban ingresar a nuestro movimiento. La MN no solo omitió pronunciarse al respecto, tomando una riesgosa decisión ética para una coalición que buscaba diferenciarse de las prácticas de la derecha y la ex Nueva Mayoría, sino que, con fecha 10 de mayo, se nos excluyó de ese espacio, negándosenos nuestros derechos políticos como organización integrante del FA. No solo eso, consideramos entonces esta decisión como una forma indirecta en que sectores del FA buscaron aislar políticamente a Alberto Mayol, quién había manifestado una postura crítica al derrotero de la coalición durante los dos años transcurridos de su institucionalización parlamentaria.
La defensa de los principios políticos del Frente Amplio
Los primeros días de junio interpusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que consideramos que la MN había actuado de manera ilegal y con arbitrariedad. Y aunque ocho de las hasta ese momento 10 organizaciones integrantes del FA votaron a favor de excluirnos de la Mesa, entendimos que esta era otra expresión de un proceso de concentración del poder, de hegemonismo y de exclusión que iba a terminar afectando a varias de ellas, dañando tanto la pluralidad del FA como su proyección como coalición política.
Con este recurso judicial intentábamos no solo defender nuestra propia posición, sino también sostener uno de los principios constitutivos del FA: La unidad en la diversidad de las fuerzas del cambio, con vocación participativa, democrática y plural.
Desde el principio, nuestra participación en el FA surgió de la decisión de aportar a la constitución de una nueva coalición política, social y cultural que se constituyera en el eje de articulación, en el agente político, de un nuevo bloque histórico en el país, que iniciara las transformaciones democráticas y anti neoliberales que el movimiento social venía exigiendo con fuerza, desde que se iniciara el desacople de la economía nacional de los grandes grupos económicos, se abrieran las profundas fisuras sociales que fracturan todo nuestro territorio, y el neoliberalismo entrara en una fase de declinación y estancamiento.
Desde el principio también, fuimos conscientes que la composición social de varias de las organizaciones emergentes del FA reproducía el encapsulamiento y la falta de contacto con la realidad de las mayorías del país que afectaba a las dos coaliciones políticas que habían administrado el país los últimos 30 años, por lo que era fundamental incorporar también la perspectiva de las y los trabajadores, sectores populares y movimientos sociales en el FA, para que pudiera transformarse en una efectiva alianza pluriclasista y pudiera avanzar en el cambio en la matriz productiva en medio de la emergencia climática y ambiental, el establecimiento de derechos sociales universales y una serie de necesarias reformas democráticas.
La Corte de Apelaciones nos dio la razón
Con fecha 8 de enero de 2020, la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que presentamos contra la decisión de la Mesa Nacional del Frente Amplio, dándonos la razón.
La sentencia señala que nuestra exclusión de la MN fue una discriminación arbitraria, sin sustento racional, ni apegada a los propios estándares que el mismo FA se había dado, imponiéndonos condiciones distintas al resto y vulnerando nuestras garantías constitucionales de igualdad ante la ley. Por esto, el tribunal ordena a la MN volver a calificar nuestro ingreso.
Queríamos establecer un hecho, y lo establecimos, al punto que la Mesa nacional no apeló la sentencia de la Corte de Apelaciones, reconociendo haber actuado arbitrariamente.
Pero la MN del FA no ha entendido nada
De acuerdo a nuestras expectativas, la Mesa Nacional del Frente Amplio volvería a incurrir en la misma práctica arbitraria, irracional y ad hoc al dar cumplimiento a la orden dada por el tribunal.
Esto lo formalizaron el 22 de enero recién pasado, argumentando personalismos y hostilidad de nuestra parte, que harían dudoso que actuáramos privilegiando el FA, y que “partidos políticos en expansión, por un lado, y un movimiento en constante debilitamiento, por otro lado, no pueden participar de la dirección de una coalición en las mismas condiciones”.
Creemos que la actuación del diputado Gabriel Boric el 15 de noviembre es un buen ejemplo de personalismo, que la actitud de quienes firmaron el acuerdo hacia otras fuerzas políticas del FA que no aceptaron “cocinar” con ellos, es una buena muestra de hostilidad, y que quebrar al FA ciertamente no es privilegiar la coalición. Adicionalmente, Convergencia Social, tras la firma del acuerdo, demuestra que un partido en constante debilitamiento sí puede participar en una coalición en similares condiciones al resto, por lo que nuevamente se nos imponen condiciones distintas al resto.
Sin embargo, aunque después de nuestra expulsión de la MN nos mantuvimos en los espacios comunales para nosotros ya no tiene ningún sentido participar en el Frente Amplio. Este no solo no es el mismo, en términos de su configuración, sino que ya no existe, en términos sustantivos, como proyecto.
Es más, creemos que la vulneración de los principios programáticos del FA, expresados en el Programa de Muchos, constituye, en el mejor de los casos, una deshonestidad, y en el peor, una traición al electorado frenteamplista y al pueblo chileno, comenzando por la relativización del primer punto del programa del Frente Amplio: La Asamblea Constituyente para una nueva constitución.
“Cómo construimos esa nueva constitución es tan importante como el contenido final de esta. Dice tanto de nosotras y nosotros como el resultado final”, señala el Programa de Muchos, y el camino escogido por los cuatro partidos a los que hoy se ha reducido el Frente Amplio diverge del que ha escogido nuestro propio pueblo.
El Frente Amplio al que apostamos como proyecto ya no existe
La diferencia entre una y otra decisión arbitraria de la Mesa Nacional, estriba en que en mayo de 2019, gracias a su diversidad, el Frente Amplio era una entidad política viva, que representaba distintos sectores y sensibilidades de nuestra sociedad, que integraba a independientes y articulaba 11 organizaciones políticas más o menos comprometidas con un proyecto democrático y anti-neoliberal, y que se proyectaba como una potente tercera fuerza política en el país, con una proyección que crecía en forma inversamente proporcional a la decadencia de la ex Nueva Mayoría y la derecha.
En enero de 2020, el Frente Amplio es apenas una marca electoral, una entidad política con muerte cerebral, vaciada de contenido transformador, carente de la altura moral que marcó su nacimiento, donde la diversidad y la vocación participativa, democrática y plural fueron mutiladas por cuatro de sus partidos y
ofrecidas en sacrificio al partido transversal del Orden, precisamente en la coyuntura política más importante de los últimos 30 años y donde el FA tendría que haber demostrado su compromiso real con las más amplias mayorías y con la superación del neoliberalismo y la democratización de nuestro país.
La parlamentarización del FA, a la vez de invisibilizar a las organizaciones sin representación parlamentaria y descartar a los independientes, lo entrampó en las disputas superestructurales, pensando que la acumulación y la correlación de fuerzas se restringe a los espacios construidos por la oligarquía y olvidando que cualquier proceso de transformación pasa por la movilización, politización y organización de las mayorías, lo que implica un esfuerzo por la construcción de recursos de poder político en los límites y también fuera de los circuitos institucionales establecidos.
Particularmente, cualquier proceso de transformación en Chile pasa por atender los intereses y preocupaciones del sector social mayoritario del país, que son sus trabajadoras y trabajadores. Estos fueron permanentemente relegados, al absurdo de que las y los dirigentes sindicales del Frente Amplio tuvieran que hacer lobby con sus propios parlamentarios.
Este proceso de coopción institucional provocó que el Frente Amplio progresivamente perdiera su vínculo con las organizaciones del movimiento social, al punto no solo de darles la espalda, después de respaldarlas públicamente, al concurrir Revolución Democrática, Comunes, el Partido Liberal y el diputado Boric a la firma del acuerdo de gobernabilidad y nueva constitución en la medida de lo posible, sino de terminar entregando a las miles y miles de personas movilizadas por derechos sociales a lo largo de todo el país a las nuevas leyes de criminalización de la protesta, que ya desde el gobierno de Piñera I y Bachelet II se venían imponiendo y han terminado por consagrarse como el núcleo duro de política legislativa de este gobierno, representando los intereses de la oligarquía, que defenderá sus privilegios como lo ha hecho históricamente en el país.
El problema no son todas las votaciones y negociaciones en el parlamento. Precisamente fue un triunfo para el FA que en su primera elección obtuviera 20 diputadas y diputados y un senador. El tema es que algunas votaciones y negociaciones son más relevantes que otras. Algunas, son fundamentales. Precisamente, aquellas donde demostramos que tenemos una perspectiva distinta de sociedad respecto a los sectores neoliberales, y que son además aquellas que nos definen como oposición frente a las políticas impulsadas por la derecha cavernaria.
Este hito fue y será siempre inaceptable, y marca la muerte del Frente Amplio como proyecto político viable y creíble.
Mismas prácticas, mismos vicios
En la etapa actual del proceso de transición entre un bloque histórico en descomposición y un nuevo bloque histórico en construcción, ni las organizaciones emergentes de la derecha lograron escapar al secuestro programático de la UDI, ni las organizaciones emergentes de la centro-izquierda a las prácticas clientelares de la ex concertación.
Al igual que le sucedió a la izquierda tradicional durante gran parte del siglo XX, el
esfuerzo de unidad que significó el FA, en función de avanzar en transformaciones democráticas y antineoliberales, se diluyó en un esfuerzo de concentración política y diferenciación clientelar marcado por los ciclos electorales, perdiendo su direccionalidad estratégica. Por eso le ha sido tan fácil a RD y Comunes incorporar paquetes completos de militantes provenientes de la ex concertación (PS, PPD), ya que cada uno de ellos trae una cartera de adherentes que ha sido puesta sobre la mesa para reconvertirse en frente amplistas de última hora, que no comparten principios programáticos comunes sino intereses de corto plazo, donde el FA es (o era) solo una tabla de salvación ante la crisis y deslegitimación de sus partidos de origen.
La sustitución de la voluntad transformadora por una vocación administrativa, burocrática, de mero control u operación en los espacios de poder institucionales, también ha llevado a que en la interna de algunos partidos los privilegios asociados al cargo parlamentario hayan sido utilizados para instalar protegidos en desmedro de liderazgos locales (por ejemplo, de cara a las elecciones municipales) y afianzar espacios de poder orgánico, transformando a militantes en funcionarios y desplazando el funcionamiento democrático de las localidades por la administración de redes cuyo centro son las y los parlamentarios.
Aceptar estas prácticas ciertamente pone en juego la propia credibilidad, legitimidad y distancia ética de las organizaciones que quedan en el FA, respecto a los modos de hacer política de la ex Nueva Mayoría, de los que se supone el Frente Amplio era crítico.
De esta forma, quienes prometían llegar a renovar una forma de hacer política moribunda, deslegitimada y corrupta, han demostrado ser solamente más de lo mismo.
Una nueva coalición política con vocación transformadora debe surgir del estallido social
En Chile la fractura político social e institucional dejó inmovilizados a todos los partidos políticos que aún no comprenden ni dimensionan los acontecimientos post 18 de Octubre. Los partidos progresistas y de izquierda no fuimos la excepción.
El país completo se desplazó de la lógica de articulación político-institucional entre izquierda-centro-derecha, a una lógica de articulación político-social entre pueblo y oligarquía, mayorías abusadas versus minorías abusadoras. Es por esto que la agenda política está siendo marcada por las y los estudiantes secundarios, por las feministas, por el movimiento No + AFPs, por los movimientos socio-ambientales como Modatima o No Alto Maipo, entre muchos otros, y en general por la población movilizada en las ciudades y comunas del país, incluyendo a la primera línea, siendo en conjunto con la extensión de los cabildos, asambleas y coordinaciones territoriales, la expresión del mayor proceso de politización popular que ha vivido nuestro país en toda su historia.
En este contexto, asentado jurídicamente el hecho de que la Mesa Nacional del FA actuó de manera arbitraria y poco democrática, que consistentemente sus parlamentarias y parlamentarios han actuado de manera errática, cuando no derechamente como custodios del modelo, y que Revolución Democrática, Comunes, el Partido Liberal y Convergencia Social decidieron restringir el Frente Amplio al fortalecimiento y consolidación excluyente de sus propias orgánicas, no tiene sentido para nosotras y nosotros insistir en ser parte del velorio del Programa de Muchos y del proyecto frenteamplista democrático y anti-neoliberal.
Creemos que la transición hacia un nuevo bloque histórico requiere una amplia alianza de clases, movimientos sociales y partidos políticos que viabilicen una nueva institucionalidad democrática y un cambio profundo de la matriz productiva del país. Si se persiste en mantener la opresión neoliberal, el destino de cualquier gobierno, ya está escrito: continuar la espiral de violencia contra las y los trabajadores. Esa nueva alianza se debe sustentar en un proyecto político compartido, que le dé sentido a las distintas formas de lucha y de acumulación de fuerzas que impulse nuestro pueblo.
Esta fase de transición, cuando se están dando importantes procesos de politización y auto organización en la base misma de nuestra sociedad, implica que todo el espectro político será impactado por estos procesos. Nos situamos equidistantes de una izquierda paralizada, que se omite de los procesos impulsados por el propio pueblo, y no aspira a disputar los contenidos de la lucha política, así como de todos aquellos sectores políticos, que por un cálculo estrecho de poder terminan alineándose con los poderes fácticos de siempre.
Como Movimiento Democrático Popular nuestra prioridad es seguir participando en las movilizaciones sociales, los movimientos sociales y en los procesos democráticos de base que se están desarrollando en todo el país, y construir un instrumento político que contribuya a fortalecerlos y potenciarlos. Es por esto que apoyaremos todo acuerdo que facilite la participación democrática vinculante y soberana de las mayorías, y cuestionaremos y combatiremos todo lo que afirme, apuntale y perpetúe la situación de abuso y corrupción que nos ha llevado a la situación límite en que se encuentra nuestro país. Todo aquello que busque restringir, limitar, contener o domesticar la participación democrática vinculante y soberana de las mayorías, sobre todo en un momento histórico crítico en que la resolución urgente de nuestras demandas políticas, económicas, sociales, socioambientales y culturales, debe abordarse en pleno despliegue de un punto de inflexión civilizatorio, provocado tanto por el desarrollo tecnológico como por la emergencia climática que nos afecta.
Esperamos encontrarnos en las luchas actuales y las que vendrán con todas y todos los militantes de los partidos con quienes formamos el Frente Amplio en comunales y frentes, ya que siempre distinguiremos y reconoceremos el trabajo y compromiso de aquellos que luchan junto a las mayorías, sobre todo en estos momentos que tenemos por adversario a un gobierno que le ha declarado la guerra a nuestro propio pueblo, y que en su delirio criminal ensombrece nuestro país cada día con más muerte, represión y violaciones a los derechos humanos.
Santiago, 29 de enero de 2020.

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El vigoroso crecimiento y la apertura al mundo no ha abierto camino al desarrollo de Chile. Lo señalaba Aníbal Pinto hace décadas atrás. En la matriz productiva y exportadora de recursos naturales radica la limitación al desarrollo y es además la base material de las desigualdades. Ya es inocultable. Chile nuevamente ha visto frustrado su desarrollo.

Posteriormente, con la gran depresión mundial del siglo pasado, Chile se vio obligado a impulsar la industrialización; sin embargo, este nuevo camino fue más bien consecuencia de «la presión de los hechos» antes que el resultado de una política deliberada. Así las cosas, la industrialización no se vio complementada con una diversificación de las exportaciones. Subsistió así la heterogeneidad de la economía, con un sector exportador avanzado tecnológicamente y una actividad manufacturera de baja productividad.

Esa historia nos acerca al presente. Desde la dictadura militar, y luego con el retorno a la democracia, la apertura radical al mundo ha sido el componente más importante de la estrategia de crecimiento de Chile.

La apertura económica ha sido posible gracias a la decisión unilateral de las autoridades de reducir las restricciones al comercio, otorgar el mismo trato al capital extranjero que al nacional y facilitar los flujos del capital financiero. Pero, sobre todo a partir del retorno a la democracia, desde 1990 en adelante, la globalización de la economía ha tenido en las negociaciones bilaterales su soporte más importante: 28 acuerdos comerciales, con 64 países, que abarcan el 64% de la población mundial, y que representan el 86 % del PIB global.

La historia se repite

Pero al igual que en el pasado descrito por Aníbal Pinto, la exitosa apertura de la economía no ha estado acompañada de una diversificación de su estructura productiva ni de las exportaciones. En efecto, de cada US$100 que el país vende al mercado global, US$90 son materias primas en bruto o con escasa transformación, provenientes de los sectores mineros, forestal, pesca y agricultura.

La frágil matriz productiva está afectando negativamente la economía. El PIB potencial se ha reducido, la productividad cae desde hace más de una década y la competitividad internacional también ha disminuido. A esta realidad estructural se agrega recientemente el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Al igual que en la época del auge salitrero, el crecimiento económico y los recursos generados por el sector externo no se han aprovechado en diversificar la estructura productiva. Y, hoy día, cuando el mundo está girando hacia el proteccionismo, se pone en evidencia la fragilidad que significa vivir de la naturaleza, de los recursos naturales.

Ya en el año 2008, el destacado economista Michael Porter, decía a economistas y políticos chilenos: «Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender» (CIPER).

En ese cuadro, la guerra comercial que impone Estados Unidos a China acentúa nuestro drama, ya que el 35% de nuestras exportaciones se dirigen a este país. Y la caída del precio del cobre y de otras materias primas de exportación han elevado el precio del dólar, reduciendo nuestra la capacidad adquisitiva.

Aunque el nuevo escenario económico internacional está complicando a Chile, es preciso insistir que la diminución del crecimiento no es coyuntural, sino tiene un carácter secular. En efecto, mientras el crecimiento fue 7,4% entre 1990-1997, en el periodo 1999-2007 fue 4,4% y ahora, en 2014-2018 solo de 2,2%.

Los recursos naturales, que produce y exporta Chile, se están convirtiendo en un cuello de botella. Aunque son un negocio de altas ganancias para una minoría de grandes empresarios, estrechan la frontera productiva de la economía y su beneficio no se difunde al resto de la sociedad.

La exportación de recursos naturales es frágil frente a los cambios en la demanda internacional. Y, lo que es peor, priva a la economía de la posibilidad de generar encadenamientos que potencien el desarrollo de nuevas capacidades productivas en el plano interno. Tampoco ayuda a la creación de empleo y, cuando lo hace, ese empleo se caracteriza por su precariedad.

Mientras se sobreexplotan las riquezas no renovables, y sus beneficios se concentran en una minoría empresarial que los produce y exporta, el medio ambiente se ha visto crecientemente afectado. El agua es hoy un recurso dramáticamente escaso, especialmente en las zonas mineras, dónde es utilizada abundantemente para las faenas productivas. La sobrepesca industrial ha provocado el colapso de los principales recursos marinos. El arrasamiento del bosque nativo ha estado acompañado de un aumento en las plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto.

El camino del desarrollo

Así las cosas, entre 1970 y hoy día el sector manufacturero pasó de representar un 25% del PIB, al 10%. Y, en años recientes, la economía ha perdido competitividad con una productividad estancada. El presidente Piñera cree que esto puede mejorar con sus proyectos de bajar impuestos y llevar a cabo una reforma de trabajo flexible, que permita al patrón negociar individualmente con el trabajador la jornada de laboral. Se equivoca.

La matriz productiva existente es la que impide mejorar la productividad y la competitividad internacional. Agregar valor a los recursos naturales, procesar bienes o generar servicios avanzados es más complejo, exige una creciente innovación e incorporación de nuevas tecnologías. Además, requiere una fuerza de trabajo más calificada y por tanto la elevación de su calidad para el conjunto de la sociedad.

Con la estructura productiva actual al sector privado no le interesa invertir en ciencia y tecnología. Y, el Estado, tampoco lo hace. Evidencia de ello es un presupuesto público que destina apenas de un 0,40% del PIB para la ciencia y tecnología, mientras en la OCDE es de 2,5%.

Por otra parte, el Estado no se siente obligado a enfrentar las desigualdades en la calidad en la educación, porque no resulta indispensable para el modelo productivo existente. De allí que los salarios sean muy bajos en Chile. Y, por cierto, para transformar la matriz productiva se requiere enfrentar la heterogeneidad económica entre empresas grandes y pequeñas para lo cual no existen políticas públicas como tampoco para reducir las desigualdades entre los distintos territorios del país.

En suma, para potenciar la economía a mediano y largo plazo e ingresar al desarrollo es insoslayable caminar más allá de la producción de recursos naturales. Lo dice, el destacado economista coreano de Cambridge, Ha Joon Chang:

“La esencia del desarrollo económico es impulsar industrias no vinculadas con recursos naturales. ¿Por qué Japón produce autos, Finlandia teléfonos celulares o Corea acero? Porque las ventajas se crean”[2].

El actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un estudio del año 2000, junto a los economistas Sachs y Warner, confirma esta tesis:

“Chile no se ha integrado a la economía mundial como un innovador independiente o como generador de tecnologías de vanguardia, sino como un proveedor de unos pocos recursos naturales. Y……estos sectores son insuficientes para impulsar a Chile hacia una etapa de elevado crecimiento del ingreso. Chile tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente probable que experimente una caída en su crecimiento.”[3]

A pesar de estos señalamientos no ha sido posible introducir cambios sustantivos en la economía chilena. Los anuncios de mediados de los noventa para avanzar una segunda fase exportadora o, a finales del gobierno Bachelet, de agregar valor a los productos, mediante una estrategia de clusters, no se han materializado. Han sido retórica, se han quedado en las palabras.

¿Por qué no hay transformación productiva? Porque consciente o inconscientemente, la clase política y sus economistas están convencidos que el mercado no puede ser intervenido: es el supremo hacedor. Y, quizás más importante, sobre todo en años reciente, ha sido la subordinación de los políticos al gran empresariado; a cambio de dinero para campañas políticas impone leyes y decretos a su favor, que aseguran la permanencia de sus negocios; es decir ha obligado a que se garanticen sus negocios rentistas.

Así las cosas, el vigoroso crecimiento y la apertura al mundo no ha abierto camino al desarrollo de Chile. Lo señalaba Aníbal Pinto hace décadas atrás. En la matriz productiva y exportadora de recursos naturales radica la limitación al desarrollo y es además la base material de las desigualdades. Ya es inocultable. Chile nuevamente ha visto frustrado su desarrollo.

El autor, Roberto Pizarro, es economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile). 06 de Septiembre de 2019

*Fuente: Politika

Notas:

[1] Aníbal Pinto, Chile, Un caso de Desarrollo Frustrado, Editorial Universidad de Santiago, 1996.

[2] Ha-Joon Chang, entrevista en Página 12, 20 noviembre 2010.

[3] Larraín, Sachs y Warner, A Structural Analysis of Chile’s Long Term Growth: History, Prospects and Policy Implications, paper, 2000. Universidad de Harvard.

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El primero de los factores a tener en cuenta es el del cambio en la correlación de fuerzas en la región. El retorno de fuerzas políticas de derechas a algunos países de la región ha afectado sin ningún tipo de dudas al equilibrio de poder en la misma. Argentina y Brasil, las dos economías más grandes de América del Sur, han cambiado durante el último año a sus respectivos gobiernos. A esto podemos unir la difícil situación que atraviesa Venezuela a nivel interno, que ha impedido que Venezuela siga ejerciendo el liderazgo en la construcción regional tal y como lo había hecho durante la década anterior

Estos cambios al interior de los países, han tenido sus efectos en buena parte de los procesos de integración postneoliberal en la región. La UNASUR está sufriendo un debilitamiento paulatino y deliberado por parte de algunos países. Hasta hace poco tiempo, la UNASUR, era el principal mecanismo que apoyaba al mantenimiento del orden democrático y constitucional en los países de la región, habiéndose quedado actualmente en un segundo plano ante los intentos desestabilizadores en Venezuela y la destitución de Dilma Rousseff. La UNASUR a través de la Secretaría General ha levantado la voz, sí, pero ya no ha contado con el apoyo unánime del resto de los Presidentes.

Por su parte, el MERCOSUR, parece querer volver a sus orígenes. Aquellos orígenes que en 1991 estaban claramente marcados por el auge del neoliberalismo en la región. Muestra de esto ha sido la paralización durante varias semanas del traspaso de la Presidencia Pro Témpore (PPT) a Venezuela, el retorno a la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) y la cada vez mayor sintonía con la Alianza del Pacífico. La CELAC, el foro que consigue aglutinar a todos los países del continente con las excepciones de EEUU y Canadá, también sufrió con la inasistencia de ciertos líderes a la última Cumbre presidencial que se celebró en enero de este año en Quito.… Acontecimientos que, si bien no buscan derrumbar los procesos, sí bajar su perfil o su orientación política.

El segundo de los factores que puede estar detrás de este debilitamiento de los procesos de integración es el marcado carácter intergubernamental de los mismos. Es cierto que la supranacionalidad de todas las instituciones se ha mostrado perjudicial cuando no existen las condiciones sociales, económicas y políticas de cohesión entre los países. Sin embargo, junto con el intergubernamentalismo para la toma de decisiones que afectan a la soberanía de cada uno de los países, es necesaria la creación y fortalecimiento de otras instituciones de carácter supranacional en aquellos ámbitos en que la heterogeneidad de los países no ponga en riesgo a la soberanía nacional.

Este tipo de instituciones ayudarían a construir ciertos mecanismos de irreversibilidad relativa que permitan lidiar con los intentos de debilitamiento de alguno de los países miembros. Algunas de las instituciones que se hacen necesarias en la región son: el Banco del Sur y del Fondo del Sur; mecanismos para la resolución de controversias a nivel regional y que no estén al servicio de los grandes capitales; creación de una Agencia Pública de Calificación que no esté a merced de los intereses especulativos; el fortalecimiento del comercio intrarregional con mecanismos propios como el SUCRE; y la ampliación o profundización de los proyectos y las empresas grannacionales.

Estas instituciones, a su vez, ayudarían a avanzar en otro de los grandes déficit de la integración postneoliberal y que constituye el tercer factor identificado de debilidad: la falta de integración productiva regional y concreción de una inserción diferente en la economía mundo. Se ha conseguido romper con el sofisma de la apertura comercial como punta de lanza de la integración regional, y en los discursos políticos han abundado las referencias al cambio de la matriz productiva y la complementariedad productiva entre los países de la región. Sin embargo, la realidad es que no se ha conseguido avanzar sustancialmente en la ruptura del modelo primario exportador y dejar atrás la tradicional División Internacional del Trabajo que ha condenado a los países de la región a su posición periférica.

La integración o complementariedad productiva, así como ciertas instituciones supranacionales, permitirían la creación de resistencias frente al intento de tabula rasa que persiguen los gobiernos neoconservadores en la región. Es rompiendo con las lógicas de la dependencia como se construye soberanía. La complementariedad productiva a nivel regional, frente a la competencia y el comercio desigual extraregional, deben cimentar la construcción de un verdadero polo de poder en la región, ya no sólo a nivel político, sino acompañado de un fortalecimiento equilibrado del rol de los países de la región en la economía mundial.

-El autor, Sergio Martín Carrillo, es Máster en desarrollo económico y sostenibilidad (Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Docente-Investigador del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito (Ecuador). Miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG y Coordinador de la Unidad de Debates Económicos de CELAG. @Sergio_MartinC

– @Sergio_MartinC

Fuente original del artículo: Unidad de Debates Económicos (UDE) de CELAG

http://www.celag.org/la-integracion-regional-en-disputa-amenazas-y-debilidades-en-el-regionalismo-postneoliberal/

*Fuente para piensaChile: Agencia Latinoamericana de Información

Notas:

[i] Martín-Carrillo, S. (2016). Multipolaridad e integración postneoliberal en América Latina. Publicado en http://www.celag.org/multipolaridad-e-integracion-postneoliberal-en-america-latina/ el 12/08/2016.

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