En este video, se explora la compleja red de la geopolítica actual, con un enfoque en las ambiciones de control que apuntan a España. Analizamos la situación en oriente medio, incluyendo las tensiones entre eeuu iran y el papel de Marruecos en la región. También abordamos los informes de la Casa Blanca sobre Ceuta y Melilla, ofreciendo una visión profunda de los movimientos estratégicos que configuran nuestro mundo.

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Ya ocurrió en 2021, cuando miles de personas, entre ellas numerosos menores, entraron en Ceuta en plena crisis diplomática provocada por la hospitalización en España del presidente saharaui Brahim Ghali. La Unión Europea llegó entonces a denunciar la utilización de la migración y de menores como instrumento de presión política. Cinco años después resulta difícil alegar sorpresa. Cuando el mecanismo se repite deja de ser un accidente fronterizo y pasa a formar parte de un patrón de comportamiento estatal. El error español consiste en responder a cada episodio como si fuera autónomo, negociando la vuelta a la normalidad y celebrando después esa normalidad como una victoria diplomática. Pero en una relación construida sobre crisis sucesivas, la normalidad puede ser simplemente el intervalo durante el cual se prepara la siguiente presión.

Argelia comprendió hace décadas una dimensión del conflicto saharaui que Europa continúa mirando casi exclusivamente desde la retórica humanitaria. La defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación tiene una dimensión jurídica evidente, respaldada por la naturaleza internacional del territorio y por décadas de resoluciones de Naciones Unidas, pero posee también una dimensión geopolítica que ningún Estado serio del norte de África puede ignorar. Una República Saharaui independiente representa un límite territorial y político a la expansión marroquí hacia el sur y modifica profundamente el equilibrio regional. Para Argelia, la existencia de ese dique estratégico afecta directamente a su propia seguridad nacional. Para los saharauis, que llevamos medio siglo sufriendo las consecuencias del expansionismo marroquí, esto no constituye una hipótesis académica. Conocemos el método porque lo hemos padecido antes.

España debería comprender que la cuestión saharaui tampoco está tan lejos de su propia seguridad como algunos gobiernos han querido creer. Durante años se presentó el abandono progresivo de la posición tradicional española como el precio necesario para comprar estabilidad con Marruecos. La experiencia está demostrando exactamente lo contrario. España cedió en la cuestión que Rabat consideraba prioritaria y las reivindicaciones no desaparecieron. Se desplazaron. El Sáhara Occidental no era el final de la política territorial marroquí y quienes llevamos décadas estudiando el nacionalismo marroquí nunca tuvimos demasiadas dudas al respecto. Si una potencia descubre que la presión modifica las posiciones de su vecino, la conclusión racional desde su perspectiva consiste en aumentar la presión, no en renunciar a sus siguientes objetivos.

Ceuta y Melilla entran así en una fase especialmente delicada. El peligro inmediato no consiste necesariamente en una acción militar ni en una anexión repentina. Consiste en acostumbrar a España, a Europa y a la opinión pública internacional a hablar de ambas ciudades como un contencioso pendiente. Una crisis migratoria hoy, una declaración ministerial mañana, una controversia comercial después, mapas, campañas mediáticas, reivindicaciones históricas, incidentes fronterizos y períodos calculados de distensión pueden terminar creando en unos años un marco político que hoy España rechazaría frontalmente. El tiempo es una herramienta de poder cuando uno de los actores posee una estrategia de décadas y el otro gobierna pendiente del próximo ciclo electoral.

Ante semejante escenario, la respuesta del Gobierno español resulta difícil de justificar. La política seguida desde 2022 ha confundido estabilidad con concesión y cooperación con dependencia. Se ha querido evitar cada crisis aceptando progresivamente el marco impuesto por quien dispone de los instrumentos para provocarla. Mientras Rabat piensa en términos históricos, España responde administrativamente a cada episodio. Mientras Marruecos acumula posiciones, Madrid intenta recuperar la fotografía de normalidad. Y mientras se habla de una relación excelente entre ambos países, desde el otro lado de la frontera altos responsables políticos reivindican abiertamente dos ciudades españolas y explican que su país sabe tener paciencia.

España está asistiendo a uno de los desafíos más graves contra su soberanía e integridad territorial de las últimas décadas mientras una parte de su clase política continúa comportándose como si reconocer la naturaleza del problema pudiera resultar más peligroso que el propio problema. La presión procede de Rabat, pero su eficacia depende de la debilidad que encuentre enfrente.

El expansionismo marroquí ha demostrado durante medio siglo que sabe esperar, presionar y aprovechar cada retroceso de sus adversarios. Después del Sahara llegaron las palabras sobre Ceuta y Melilla. España debería preguntarse cuánto territorio político está dispuesta a ceder antes de comprender que, para quien interpreta cada concesión como una victoria, la última concesión nunca es realmente la última.

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15 de agosto de 2026

Con las dos decisiones, el país corre el riesgo de perder su capacidad para presentarse como actor neutral o equilibrado en escenarios multilaterales

En apenas tres días de Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella produjo uno de los giros más profundos de la política exterior colombiana desde 1991. El 8 de agosto, Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y congeló sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Dos días después reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios. Son decisiones de enorme carga política, y ya han generado el previsible torrente de reacciones a favor y en contra. Pero su verdadera importancia —la que suele perderse en el ruido— aparece cuando se examinan a la luz del derecho internacional vigente.

Conviene comenzar por una precisión técnica. El derecho internacional distingue entre el reconocimiento de un Estado, el reconocimiento de un gobierno y el reconocimiento de una situación territorial o de soberanía. En el caso saharaui, Colombia no solo modificó su posición frente a la RASD; dio un paso adicional y más controvertido: reconoció la soberanía marroquí sobre un territorio cuyo proceso de descolonización permanece inconcluso ante las Naciones Unidas. En el caso del Golán, Colombia no reconoció un nuevo Estado, sino la soberanía israelí sobre un territorio ocupado desde 1967 y anexado de facto en 1981.

La doctrina clásica del reconocimiento —de Lauterpacht a Crawford— recuerda que se trata de un acto discrecional del Estado. Ningún país está jurídicamente obligado a reconocer a otro, ni una determinada situación territorial. Pero de esa discrecionalidad no se sigue que el reconocimiento pueda alterar por sí mismo el estatuto jurídico objetivo de un territorio. Produce efectos diplomáticos, políticos y jurídicos para quien lo formula, pero no transforma automáticamente una situación internacional controvertida en una situación jurídicamente pacífica.

El Sáhara

En el caso del Sáhara Occidental, el punto de referencia obligado sigue siendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975. La Corte reconoció la existencia de vínculos jurídicos históricos entre algunas tribus del territorio y el Reino de Marruecos, pero concluyó expresamente que esos vínculos no implicaban soberanía territorial ni eliminaban el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Esa conclusión sigue siendo central en el derecho internacional contemporáneo: Naciones Unidas continúa considerando al Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Por ello, la decisión colombiana no puede presentarse como una simple aplicación del derecho internacional. Se trata, más bien, de una opción política ejercida dentro del margen de discrecionalidad que todo Estado tiene, pero adoptada en tensión con la posición predominante del sistema de Naciones Unidas. El argumento según el cual la RASD no es miembro de la ONU y, por tanto, no sería un Estado, es jurídicamente insuficiente: la membresía en la ONU no constituye el criterio decisivo de estatalidad. Kosovo, Palestina o Taiwán muestran que reconocimiento, membresía y estatalidad son categorías distintas, que no siempre coinciden.

El Golán

El caso del Golán es todavía más delicado desde el punto de vista jurídico. La comunidad internacional ha sostenido durante décadas que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible, principio consagrado en la Carta de la ONU y reafirmado por las resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 497 (1981) del Consejo de Seguridad. Esta última declaró “nula y sin efecto” la decisión israelí de extender su jurisdicción al Golán. Hasta ahora, solo Estados Unidos había reconocido expresamente la soberanía israelí sobre ese territorio; Colombia se convierte así en uno de los pocos países del mundo —y el primero de América Latina— en apartarse de un consenso internacional prácticamente universal.

Surge entonces una pregunta de fondo: ¿puede un Estado reconocer una soberanía territorial contraria a la posición consolidada del Consejo de Seguridad? La respuesta es sí, en el plano político: no existe una prohibición específica que invalide automáticamente el acto de reconocimiento. Pero ese reconocimiento no modifica la situación jurídica internacional del territorio. El Golán seguirá siendo, para Naciones Unidas, territorio sirio ocupado. Lo que cambia es la posición internacional de Colombia, no el estatuto del territorio.

Una señal doctrinal, no solo dos decisiones puntuales

La relevancia de estos actos no reside únicamente en sus efectos inmediatos sobre Marruecos o Israel, sino en la señal doctrinal que envían. Tradicionalmente, la política exterior colombiana había procurado armonizar su cercanía estratégica con Occidente con una adhesión relativamente consistente al multilateralismo, a la solución pacífica de controversias y a las posiciones de Naciones Unidas en materia territorial. Las decisiones recientes sugieren una reorientación hacia una política exterior más realista y transaccional, en la que las alianzas estratégicas y los intereses de seguridad y cooperación económica adquieren primacía sobre la ortodoxia multilateral.

Vale la pena detenerse en un detalle que suele pasarse por alto: en el caso saharaui, la decisión no solo marca un giro respecto a la tradición diplomática colombiana; revierte, apenas un par de años después, el reconocimiento que el gobierno de Gustavo Petro había hecho de la RASD. Ese vaivén —de un extremo al otro en un lapso tan breve— ilustra bien el problema de fondo que este análisis quiere plantear: cuando la política exterior depende más de la orientación ideológica del gobierno de turno que de una doctrina de Estado consolidada, cada alternancia presidencial puede traducirse en un revés de la posición internacional del país frente a terceros Estados, que legítimamente esperan previsibilidad de sus contrapartes diplomáticas. El fenómeno, conviene subrayarlo, no es exclusivo de este Gobierno: es estructural e histórico.

En el caso marroquí, el Gobierno ha vinculado explícitamente el reconocimiento a una agenda de comercio, inversión, infraestructura portuaria y conectividad atlántica. En el caso israelí, la justificación se ha centrado en la seguridad regional y en el restablecimiento de una “alianza histórica”. Jurídicamente son dos situaciones distintas; políticamente, forman parte de un mismo patrón de alineamiento.

¿Hay responsabilidad internacional?

¿Generan estas decisiones responsabilidades internacionales para Colombia? En principio, no de manera automática. El reconocimiento de una soberanía controvertida no equivale por sí mismo a una violación internacional que active la responsabilidad estatal, salvo que vaya acompañado de actos concretos de apoyo a una situación ilícita, en los términos de los artículos sobre responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional. No obstante, sí pueden producirse costos reputacionales y diplomáticos.

El primero es la pérdida de capacidad de Colombia para presentarse como actor neutral o equilibrado en escenarios multilaterales. El segundo es la tensión con una tradición latinoamericana históricamente sensible a la autodeterminación y a la integridad territorial. El tercero es la posible erosión de coherencia con posiciones que el propio país ha defendido en otros contextos —incluidos algunos asuntos fronterizos propios—, donde ha invocado precisamente la primacía del derecho internacional y la imposibilidad de modificar situaciones territoriales mediante actos unilaterales.

Lo que no cambió, y lo que sí

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la conclusión es clara: ni el reconocimiento del Sáhara Occidental como parte de Marruecos ni el reconocimiento del Golán como parte de Israel alteran el estatuto jurídico objetivo de esos territorios en el derecho internacional vigente. Lo que sí cambia es la política exterior colombiana y la ubicación diplomática del país.

La pregunta decisiva, por tanto, no es si Colombia podía adoptar esas decisiones —sí podía, en ejercicio de su soberanía diplomática—, sino qué tipo de política exterior quiere construir a partir de ellas, y con qué grado de continuidad. Un país de poder medio como Colombia obtiene buena parte de su influencia de las reglas multilaterales, de los tribunales internacionales y de la previsibilidad de sus posiciones. Cuando un Estado empieza a apartarse de consensos consolidados sobre territorios disputados —y, peor aún, cuando lo hace y deshace cada pocos años según quién gobierne—, gana margen de alineamiento estratégico en el corto plazo, pero puede perder capital normativo en el largo plazo.

No es esta una crítica al Gobierno del presidente De la Espriella en particular, ni una toma de partido sobre el fondo de las dos disputas territoriales, que exceden el propósito de este análisis. Es, más bien, una invitación —la misma que cabría haberle hecho a cualquier Gobierno anterior en circunstancias similares— a que Colombia formule, de una vez, una política exterior de Estado: una que se construya con visión de largo plazo, con participación del Congreso, la academia y la diplomacia de carrera, y que sobreviva a la alternancia democrática. Solo así los actos de un Gobierno —con toda su legítima carga política— dejarán de leerse como episodios aislados y podrán insertarse en una línea coherente de país. Colombia no ha cambiado el mapa del mundo. Ha comenzado, una vez más, a cambiar la forma en que quiere situarse dentro de él. La pregunta que queda pendiente es si sabe, con claridad y para el largo plazo, hacia dónde quiere moverse.

Fabián Cárdenas es abogado experto en derecho internacional de la Universidad Javeriana de Colombia

*Fuente: ElPaís

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*Fuente: SPSRASD

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La imagen exterior del país que se presenta como el adalid de la modernidad en el mundo islámico ha quedado dañada. De puertas para dentro muchos se horrorizan por el cruce masivo

«Vergüenza e ira». Así ha titulado su tribuna de opinión Tahar Ben Jelloun, el más célebre de los escritores marroquíes en lengua francesa y un asiduo del palacio real —hasta el punto de haber desvelado hace años algunos de sus secretos—. «Vergüenza por haber visto esas imágenes en las televisiones de todo el mundo«, escribe, describiéndolas como «horrendas e insoportables». «Ira también al enterarme de que esos intentos de entrar en Ceuta (…) se han saldado con 64 muertos (el lunes por la noche eran ya 88) y varias decenas de desaparecidos», prosigue el novelista.

Ben Jelloun asistía el jueves a la recepción que el rey Mohamed VI ofreció en su residencia real de Rincón, a una veintena de kilómetros de la frontera del Tarajal entre Ceuta y Marruecos. A la salida se topó con «esos candidatos al exilio que caminaban con determinación» rumbo a la ciudad española y una «policía marroquí que no intervenía».

Ben Jelloun dice en voz alta lo que parece opinar buena parte de las élites marroquíes. La palabra «vergüenza» se repite en mensajes privados. A ojos de muchos prevalece la impresión de que a Marruecos le ha salido por la culata el tiro que quiso disparar; nadie sabe a ciencia cierta con qué propósito.

A diferencia de la anterior invasión migratoria pacífica, la de 2021, esta vez Rabat ha dado una explicación oficial tres días después de la entrada de más de 70.000 inmigrantes, en su mayoría marroquíes, en Ceuta. El portavoz del Ministerio del Interior, Rachid el Khalfi, hizo una declaración en la que achaca lo sucedido a la «difusión de información engañosa, el papel de las bandas dedicadas a la trata de personas y las interpretaciones erróneas de datos jurídicos» como la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio. Rebajó a 11 los muertos del lado marroquí, pese a que la propia prensa de Casablanca, da cifras superiores.

*Fuente: ElConfidencial

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Sus argumentos son parecidos a los empleados por el Gobierno español, al que el portavoz marroquí intentó tranquilizar: «El Reino de Marruecos seguirá siendo, como siempre lo ha sido con sus socios, un socio fiable y responsable, firmemente comprometido con el refuerzo de la cooperación y la coordinación en la lucha contra la migración irregular», afirmó. En su empeño por apaciguar a sus interlocutores españoles hizo una excepción y no añadió la palabra «ocupada» cada vez que mencionó a Ceuta.

En paralelo, Rabat movilizó a sus columnistas en Francia y España, empezando por Chema Gil Garre, que redactó un informe de 70 páginas para acusar, entre otros, a Argelia de lo sucedido en Ceuta. El analista fue durante años peticionario por cuenta de Marruecos en la ONU elegido para esa labor por el servicio secreto exterior marroquí (DGED), según los documentos reservados que afloraron en 2014. Su informe ha sido recogido por varios medios españoles y marroquíes.

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Las palabras apaciguadoras del portavoz estaban también dirigidas a los socios europeos de Marruecos. Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, criticó, por ejemplo, la «instrumentalización de la inmigración ilegal» que lleva a cabo Marruecos. Las críticas a Rabat fueron en muchos casos precedidas de otras, aún más contundentes, al Gobierno español. «Aquí somos todos perdedores, ellos y nosotros», comentó un diplomático español destinado años atrás en Marruecos.

Aunque no lo han dicho en público, a ojos de varias capitales europeas la imagen de Marruecos ha quedado dañada. No parece ser un socio fiable para España ni para Europa, no controla adecuadamente sus fronteras y cuando las abre su juventud huye en masa. En la prensa europea no hay artículos benévolos con las autoridades marroquíes excepto en aquellos medios que le son afines como Atalayar en España o Jeune Afrique en Francia.

No es la primera vez que la buena reputación del Reino alauí queda empeñada, pero sus autoridades han logrado siempre enderezarla en poco tiempo. Sucedió, por ejemplo, cuando sus fuerzas de seguridad provocaron en mayo de 2021 la primera invasión migratoria pacífica de Ceuta, según los tres informes del CNI que publicó el diario El País al año siguiente. Se repitió cuando en enero de 2023 estalló en el Parlamento Europeo el escándalo del Qatargate pero que, en realidad, era más bien un Moroccogate porque la trama de corrupción fue en origen creada por la DGED marroquí y estuvo sobre todo al servicio de los intereses de Rabat.

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De puertas para adentro, la ola migratoria que sumergió Ceuta y la hecatombe humana también han suscitado un gran malestar en la sociedad civil marroquí. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) solicitó una investigación independiente para aclarar lo sucedido al tiempo reveló que hay decenas de muertos del lado marroquí y mucho desaparecidos. El Observatorio del Norte de los Derechos Humanos, una pequeña ONG de Tetuán, formuló la misma petición y lamentó la falta de información oficial. Todos se quejan además de que no se haya decretado un luto oficial.

Pocos son los políticos marroquíes que han osado hablar abiertamente. Abdelilá Benkirane, exprimer ministro y líder del Partido de la Justicia y del Desarrollo (islamista moderado), si describió el lunes su sorpresa al observar, al salir de la recepción real, «una multitud que invadía las calles (…) y entre ellos mujeres y niños menores que deambulaban de noche cerca de los bosques». Aquello «constituía una verdadera tragedia y una conmoción cuyas causas aún no logro comprender», concluyó.

Los islamistas de Justicia y Caridad, un movimiento alegal pero tolerado que no fue invitado a la recepción real, publicaron, cómo suele ser habitual, el comunicado más duro. Resaltan en él que la «tragedia coincidió con el momento en el que las declaraciones oficiales pregonaban los resultados positivos» del país. Aluden así al discurso que el rey Mohamed VI pronunció el miércoles por la noche, con motivo de la Fiesta del Trono. Se declaró orgulloso por los logros alcanzados en sus 27 años de reinado.

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«Los que ocurrió fue un claro referéndum popular sobre la realidad del estancamiento que atraviesa Marruecos y un clamor rotundo contra las políticas públicas que han provocado la propagación de la pobreza (…), la exacerbación de la corrupción y la reducción de los espacios de libertad», continúa el texto de este movimiento que es el que más capacidad de movilización tiene en las calles. Concluye con una típica invocación de corte islamista: «Y aquellos que han obrado mal pronto sabrán el terrible destino que les aguarda».

Los datos macroeconómicos de Marruecos no son malos. El FMI prevé, por ejemplo, que el crecimiento de su PIB rondará este año el 5%. Buena parte de la sociedad marroquí tiene, sin embargo, la impresión de que esa bonanza económica no se reparte por igual. El paro juvenil, entre aquellos que tienen entre 15 y 24 años y aspiran a trabajar, es del 29,2%. Cuando encuentran un empleo, es casi siempre en el sector informal.

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Vergüenza al ver a esos cientos, o incluso miles, de jóvenes, en camiseta y pantalones cortos, caminando en pequeños grupos bajo un sol abrasador, dirigiéndose hacia Ceuta. Una marcha azul, pues tiene como destino el mar Mediterráneo y, posteriormente, suelo europeo.

El jueves, al regresar de la Fiesta del Trono, vi a esos aspirantes al exilio caminando con determinación. Sin que la policía marroquí interviniera.

Vergüenza por haber visto esas imágenes en todas las televisiones del mundo y en las portadas de los principales periódicos.

Ira al saber que esos intentos de entrar en Sebta y, posteriormente, la travesía del mar hacia España se han saldado con 64 muertos y varias decenas de desaparecidos. Entre estas víctimas se encuentra la joven futbolista Faten Ben Omar el Azizi (20 años). Pertenecía al Club de Tánger.

Indignación porque no es la primera vez que Sebta es asaltada por migrantes.

Interrogantes porque estos jóvenes, aunque me digan que el 60 % de ellos son argelinos, no se han movilizado por su cuenta ni al mismo tiempo. Es cierto que están las redes sociales. La información ha circulado, del tipo «un tribunal español prohíbe devolver a los migrantes llegados por mar antes de estudiar sus casos».

Esto es lo que escribe el L360:

«Detrás de esta avalancha repentina se encuentra una resolución judicial concreta que ha servido de detonante. El 8 de julio de 2026, la Sección V de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español dictó una sentencia que encendió la mecha. A raíz de un recurso presentado por un ciudadano argelino devuelto tras llegar a Ceuta a nado, el alto tribunal confirmó la ilegalidad de las devoluciones en caliente (devoluciones inmediatas) para los migrantes que llegan por mar.

En consecuencia, todo migrante interceptado en el mar o que llegue a nado debe ser ahora objeto de un procedimiento administrativo individual de identificación, lo que impide su expulsión inmediata sin un examen previo».

Al parecer, se habría dado la señal. ¿Por parte de quién? Nunca lo sabremos. A menos que se lleve a cabo una investigación seria y transparente.

«Este drama humano y político podría ser el punto de partida de la solución para la retrocesión de las dos ciudades, Ceuta y Melilla, ocupadas por España desde hace más de quinientos años. Ciudades europeas en territorio marroquí, en territorio africano. Es una aberración»

-Tahar Ben Jelloun

Sobre todo porque esta señal coincidió con la celebración de la Fiesta del Trono, cuyas festividades tenían lugar no muy lejos del Palacio Real, en Fnideq. La imagen de Marruecos vuelve a aparecer en las pantallas de todo el mundo. Una imagen espantosa, insoportable. Una coincidencia inquietante. Totalmente contraria a los intereses de Marruecos.

Pasemos al ámbito político:

La España de Pedro Sánchez apoya la marroquidad del Sáhara. Sin embargo, el Partido Popular (derecha) y Vox (extrema derecha) unirán sus fuerzas en las próximas elecciones para expulsar a los socialistas del poder y, probablemente, deshacer lo que estos han hecho. Mientras tanto, Argelia se ha acercado a España y existe el riesgo de que se produzca un cambio de actitud. Al parecer, se habrían ofrecido importantes ventajas a los dirigentes españoles para que cambiaran su política. El presidente del Gobierno español realizó una visita oficial a Argel el 20 de julio de 2026 para sellar la normalización de las relaciones bilaterales tras cuatro años de crisis diplomática. Esta visita tuvo consecuencias.

Se sabe que Argelia es capaz de comprar cualquier cosa con tal de alcanzar a Marruecos y socavar su estabilidad. Su obsesión y su odio hacia Marruecos son patológicos e inconmensurables.

Así pues, al igual que en 2021, se habría pulsado el botón de la «invasión migratoria». Se trata de un arma, no muy elegante, pero cuya eficacia es real. Si realmente existiera, se jugaría con el destino de la juventud. A continuación, se convertiría en una amenaza que infundiría temor a España. Quien estuviera detrás de esta iniciativa debería rendir cuentas. Porque lo que haya provocado obedece al odio hacia Marruecos y su estabilidad, que Su Majestad acababa de elogiar.

Quienes han caminado bajo el sol no son necesariamente desempleados. Me he enterado de que un gran hotel de Tánger ha visto desaparecer a la mitad de su personal. Trece camareros que trabajaban en el restaurante han huido.

Un empresario me ha dicho que varios de sus trabajadores no han acudido al trabajo.

Ahora nos enteramos de que el número total de «manifestantes» que han llegado a Ceuta ronda las 50 000 personas. La mitad ha sido repatriada. Pero el daño ya está hecho y las imágenes de esos cuerpos en el agua son insoportables, sobre todo la de un hombre que llevaba a la espalda, sin duda, a su madre.

Se han producido actos de violencia, especialmente en la estación de Kenitra, donde el Boraq fue asaltado por los «marcheurs», que lo destrozaron todo. Se impidió la circulación de algunos coches y otros fueron incendiados. En resumen, reina el caos y el obstinado sueño de entrar en Ceuta y, posteriormente, en España.

Este drama humano y político podría ser el punto de partida para la solución que suponga la devolución de las dos ciudades, Ceuta y Melilla, ocupadas por España desde hace más de quinientos años. Ciudades europeas en territorio marroquí, en territorio africano. Es una aberración. Lo más sencillo es devolverlas a las autoridades marroquíes.

Marruecos ya no tendrá que vigilar ni proteger la frontera europea, ni la de Ceuta ni la de Melilla. España tiene así la oportunidad de deshacerse de un problema anacrónico, es decir, colonial.

La señora Meloni, primera ministra italiana, no ha encontrado nada mejor que querer castigar a España y excluirla del espacio Schengen. Ningún Estado europeo tiene derecho a erigirse en juez y condenar a todo un país. Ni una palabra sobre las maniobras del Gobierno argelino, que se regocija ante esta crisis.

Esta crisis ha dañado, una vez más, la imagen de Marruecos. Los vídeos que circulan son espantosos. Nuestro país no necesitaba esta mala publicidad. Ya es hora de que el Gobierno y los responsables de seguridad nos digan qué ha ocurrido realmente. El silencio no es lo adecuado y no hace más que alimentar las redes sociales, en las que cada vez se habla más de una conspiración contra la estabilidad del país.

Por Tahar Ben Jelloun

-Artículo traducido para piensaChile desde el francés al castellano con apoyo de software

*Fuente: Le360

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Analizamos la compleja situación geopolítica y militar actual con el General de Brigada (R) Marín Bello Crespo. El experto militar analiza la tensión en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la influencia del Reino de Marruecos y la necesidad de una postura contundente por parte de España y la Unión Europea para la defensa de sus fronteras. Además, Marín Bello Crespo evalúa la viabilidad de las recientes propuestas de Donald Trump respecto al desarme de Hamás, el equilibrio de fuerzas naval en el Mar Rojo y el Estrecho de Gibraltar, y la realidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en relación con la escasez de arsenales y la interferencia de actores como Corea del Norte.

Ceuta y Melilla viven una nueva crisis migratoria de gran intensidad. Miles de personas han entrado en las últimas semanas, primero a nado y ahora también por la valla, tras la sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente.

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El rey de Marruecos le acaba de poner el nombre de Donald Trump a una autopista de mil kilómetros que atraviesa el Sáhara Occidental, y Trump, encantado, ya está dando las gracias en redes. Parece una anécdota simpática, pero no lo es: es el recibo de un pacto firmado en 2020, cuando Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Marruecos normalizara relaciones con Israel. Un pueblo entero, el saharaui, cambiado por una foto diplomática. Y lo peor es que aquí, en España, seguimos escuchando a Vox y a la extrema derecha presumir de ser los únicos que «plantan cara» a Marruecos, cuando su ídolo político es precisamente el hombre que acaba de recibir el mayor homenaje posible del régimen marroquí.

En este vídeo repaso cómo hemos llegado hasta aquí: los acuerdos de Madrid de 1975, la responsabilidad legal que España sigue teniendo como potencia administradora del territorio según la ONU, el giro de 180 grados de Pedro Sánchez en 2022 apoyando el plan de autonomía marroquí sin dar explicaciones, y la resolución del Consejo de Seguridad de octubre de 2025 que, aunque no reconoce oficialmente la soberanía de Marruecos, ha sido vendida como si el asunto ya estuviera cerrado. Todo mientras miles de personas siguen viviendo, generación tras generación, en campos de refugiados en el desierto argelino.

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España debe mantenerse firme frente a este ataque híbrido de Marruecos y, llegado el caso, reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental

Miles personas cruzan la frontera hacia Ceuta por la playa, el pasado 31 de julio.Marcos Moreno (Europa Press)

En los estertores de la dictadura franquista, en noviembre de 1975, Hassan II promovió la Marcha verde sobre la colonia española del Sáhara español, lo que finalmente dio lugar a su ocupación hasta el día de hoy. La entrada masiva de personas, siendo la mayoría marroquíes, los últimos días de julio de 2026 en la ciudad autónoma de Ceuta supone también la instrumentalización de civiles con el objeto de alcanzar fines políticos. Esta instrumentalización no es nueva y, aunque no cuenta, como sí fue en 1975, con una convocatoria formal organizada, sí que presenta similitudes que hay que valorar, ya que, en ambos casos, el desplazamiento de población hacia un territorio bajo soberanía o administración española aparece vinculado a una estrategia clara de presión sobre Madrid y a la conversión de la frontera en un factor de coerción.

El sustrato ideológico de estas conductas lo constituye la teoría del Gran Marruecos, doctrina nacionalista que parte de la idea de que las fronteras actuales del reino alauí son fruto del colonialismo europeo y deben ser rediseñadas de manera que se amplíe el territorio nacional. Esta doctrina predica la anexión del Sáhara Occidental, de la totalidad de Mauritania, de partes de Argelia, incluyendo el área de Tinduf, de Malí y, también de Ceuta y Melilla. Si bien es cierto que Marruecos ha reconocido en buena parte sus fronteras con Mauritania y Argelia, la cuestión no es pacífica en relación con el Sáhara Occidental ni con Ceuta y Melilla.

Como es sabido, el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, a pesar de que tanto la Corte Internacional de Justicia como Naciones Unidas lo consideran como un territorio pendiente de descolonización. De hecho, desde el Derecho Internacional no cabe duda acerca de la ilicitud de la ocupación marroquí y de que el pueblo saharaui tiene derecho a ejercer la libre determinación.

Frente a esta postura, el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental parte del establecimiento de un régimen de autonomía, lo que ha recibido el apoyo de otros Estados, como Estados Unidos y, sorprendentemente, de España, que sigue manteniendo su estatus de potencia administradora de iure.

Finalmente, es preciso aludir a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, si bien avaló la posibilidad de que las partes tomaran como base de negociación la propuesta de Marruecos, afirmó que la solución final debía garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por todo ello, hay que recordar que cualquier acuerdo debe contar con la voluntad libremente expresada de la población saharaui, sin que el reconocimiento de terceros Estados ni la toma en consideración de la propuesta alauí pueda sustituir el cumplimiento de las obligaciones internacionales existentes para las partes implicadas.

Ceuta y Melilla, por su parte, así como las demás posesiones españolas en el norte de África, forman parte del territorio español, lo que Marruecos rechaza y que lleva a que las califique de vestigios coloniales. Ahora bien, ni Ceuta ni Melilla han sido nunca territorios marroquíes y son españolas siglos antes del Protectorado sobre Marruecos, desde el siglo XVII en el caso de Ceuta y desde el siglo XV en el caso de Melilla. Este estatus ha sido progresivamente reconocido desde el siglo XVIII por el sultanato de Marruecos en diferentes convenios históricos. Asimismo, España ha mantenido un ejercicio efectivo y continuado de su soberanía y la Constitución reconoce que son parte del territorio nacional. Es más, desde el punto de vista del Derecho Internacional, no son considerados como territorios pendientes de descolonización por Naciones Unidas, a pesar de los intentos de Marruecos por que lo fueran.

En este sentido, el ataque híbrido perpetrado por Marruecos sí que supone una violación de la integridad territorial de España, como ha señalado el presidente Sánchez, ante la cual se precisa del apoyo de la Unión Europea y de sus Estados miembros, apoyo que ya recibió Polonia cuando en 2021 recibió un ataque híbrido similar procedente de Bielorrusia.

Por otro lado, no parece que, dada la gravedad de estos hechos y su repercusión, hayan sido decididos o, al menos tolerados, por Marruecos en solitario. El país magrebí es un aliado clave de Israel y de Estados Unidos. No hay que olvidar que Marruecos se incorporó a los acuerdos Abraham en 2020, inmediatamente tras lo cual Estados Unidos procedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Por todo ello, Marruecos no es un vecino fácil ni fiable. La normalización de las relaciones con Argelia o la tramitación de la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a las y los saharauis bajo administración española, son factores que no gustan al rey de Marruecos, pero que no pueden bajo ningún concepto justificar una medida de presión y de desestabilización como la desarrollada estos días. España debe mantenerse firme y, llegado el caso, reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental para que también sea acorde con el Derecho Internacional.

Ana Manero Salvador es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fuente: ElPaís

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El aparato de vigilancia de Marruecos ha consolidado un sistema estructural que trasciende el uso aislado de software espía. Bajo la supervisión del que fuentes internas del aparato de espionaje marroquí conocen como el «virrey» o el «rey en la sombra», Fouad Ali El Himma, y operando a través de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGST), el régimen habría integrado herramientas como Pegasus en su propia cadena de mando para controlar tanto a disidentes internos como a líderes internacionales. Esta arquitectura tecnológica, sería capaz de convertir dispositivos móviles en fuentes totales de información, conviertiendo la vigilancia masiva en un método de sistemático diseñado para neutralizar cualquier foco de oposición o incomodidad para el régimen.

La operatividad de esta estructura se sostendría sobre una red de alianzas que incluye Emiratos Árabes Unidos e Israel. A pesar de las negativas oficiales, los documentos, registros técnicos y testimonios internos han dejado al descubierto el engranaje del sistema, evidenciando errores operativos, como infecciones accidentales en los propios teléfonos de los servicios de inteligencia, que desmienten la supuesta invulnerabilidad del aparato y exponen los nombres, jerarquías y modus operandi detrás de una de las estructuras de control más herméticas de la región.

En 2021, Forbidden Stories y Amnistía Internacional pusieron en el mapa a los servicios de inteligencia de Marruecos al revelar que habían intentado espiar a más de 12.000 personas con Pegasus, el spyware de la israelí NSO. Ahora, un consorcio de 39 periodistas se adentra en el funcionamiento del espionaje marroquí, con testimonios de tres exmiembros de la inteligencia de Rabat, filtraciones sobre sus campañas de vigilancia, incluidas fotografías de las víctimas, localizaciones, documentos oficiales y grabaciones. La información ha sido contrastada con oficiales de servicios de inteligencia europeos, trabajadores de la industria de la cibervigilancia, imágenes satelitales, información mercantil y acceso a diversos sumarios e investigaciones judiciales de todo el mundo. Las pruebas recopiladas han sido verificadas de forma independiente por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, asistente técnico del proyecto.

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