En Argentina, Javier Milei replica ese lenguaje e imita sus instintos dictatoriales, declarando una guerra en que él representa a las “fuerzas del cielo” contra sus enemigos, que van desde los políticos peronistas hasta los estudiantes, científicos y jubilados que se oponen a sus medidas.

Esta semana anunció una auditoría contra el “personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Una purga para asegurar la pureza ideológica de los diplomáticos de carrera, los mismos que, precisamente, tienen el trabajo de mantener la continuidad de las políticas de Estado, sin deber pleitesía al gobierno de turno.

En otra época, Trump y Milei tendrían que mantener sus instintos autoritarios en secreto. Ahora, en cambio, los enarbolan en público, como arma para profundizar la brecha entre amigos y enemigos, entre el bien y el mal.

También en Chile, el discurso de Trump y Milei es grito y plata. En redes sociales y programas de YouTube, políticos usan el griterío destemplado contra los “enemigos” como sustituto de la falta de ideas. ¿Para qué razonar, si es tanto más fácil presentar cualquier debate como una guerra a muerte entre “ellos” y “nosotros”?

Esta dinámica prevaleció en ambos procesos constitucionales y cristalizó en el tsunami republicano en las elecciones de consejeros de 2023.

Tras esos comicios, en la derecha tradicional de Chile Vamos cundió el pánico a ser barridos por los republicanos. Para no ser calificados de “derechita cobarde”, había que mimetizarse con ellos y adoptar su lenguaje. El camino al poder estaría salpicado de una retórica de agresión, confrontación y prepotencia, resumido en esas campañas que oponían a los “verdaderos chilenos” con el “¡que se jodan!” para el resto.

Este pánico puso en primer plano a una de las promotoras del “¡que se jodan!”, Marcela Cubillos. Usando ese discurso de confrontación permanente, Cubillos “se impuso a como diera lugar”, en palabras del diputado RN Frank Sauerbaum, para ser la candidata única de republicanos y Chile Vamos. El plan era ser primera mayoría nacional en el cómodo feudo de Las Condes y lanzar su candidatura presidencial.

“La izquierda te quiere engañar”, fue su lema de campaña a propósito de la presencia de otra candidata con su mismo nombre. “A mí me pareció muy violento”, dijo la concejala de derecha Catalina San Martín. “Me parece una falta de respeto que el inicio de su campaña sea cancelar a una persona. Eso habla mucho de cómo vas a actuar como alcalde, cómo vas a enfrentar a quien piensa distinto a ti”.

Cuando emergieron las revelaciones acerca de su sobresueldo en la Universidad San Sebastián, no hubo autocrítica ni reflexión. En cambio, aplicó de nuevo el libreto autoritario: dividir al país en dos bandos. “Este es un atentado de la izquierda contra la libertad” y “un debate entre octubrismo y libertad”, acusó, en una andanada de descalificaciones en que cualquiera que la criticara, incluyendo a intelectuales y políticos de derecha, era “izquierdista” y “octubrista”.

“Ella es”, decía el logo que Cubillos hizo imprimir en el voto junto a su nombre. Pero los ciudadanos dijeron lo contrario: ella no era lo que querían para la política chilena.

El manual de Cubillos fracasó, y esa es una de las grandes noticias de estas elecciones.

El electorado de Las Condes prefirió confiar en una concejala de derecha que hizo su pega, fiscalizando las irregularidades en el municipio, aunque la alcaldía fuera de su mismo sector político.

Catalina San Martín describió su triunfo como “la venganza de los nerds”. Lejos de las frases altisonantes, ella se dedicó a trabajar. Y al final los ciudadanos rechazaron la distinción maniquea de “octubrismo versus libertad”, para premiar otros atributos: probidad, transparencia, consecuencia, trabajo honesto.

El discurso agresivo tampoco rindió frutos en Viña del Mar, donde la derecha sacó mayoría en concejales, pero su altisonante candidato Iván Poduje fue derrotado con contundencia. Ni en La Pintana, donde el candidato serial Pablo Maltés cosechó un nuevo fracaso. Ni en la Gobernación Metropolitana, donde Macarena Santelices hizo campaña como “la facha” y sacó menos del 10% de los votos. Ni en Valparaíso, donde la candidata del alcalde Sharp terminó tercera.

En cambio, hubo cuentas alegres, en izquierda y derecha, para liderazgos moderados, centrados en la buena gestión y la construcción de consensos. En el oficialismo brillaron Tomás Vodanovic (70% en Maipú) y Claudio Castro (76% en Renca).

En la oposición, el concejal Agustín Iglesias recuperó Independencia para Chile Vamos, y atribuyó su triunfo a “no ser un proyecto de extremo y no caer en la lógica de buenos y malos”.

Chile Vamos fue el gran triunfador: ganó 122 alcaldías, contra ocho de republicanos. Y en concejales los duplicaron, 28,1% contra 13,8%. Los números hablan por sí solos: el camino a La Moneda pasa por la moderación, no por pelearse por quién es más extremo y vociferante.

El mensaje de los ciudadanos es nítido. En vez de copiar la violencia verbal de Trump o Milei, los políticos chilenos deben escuchar a los votantes de Maipú, Las Condes, Viña del Mar, Independencia y Renca.

En vez de complacer a las barras bravas de las redes sociales, deben empatizar con el chileno de a pie, que está harto de las cachetadas de payasos entre políticos y demanda que trabajen en serio.

El mandato es claro. Pactar una tregua, dejar de lado la estridencia y ponerse a trabajar. No sólo es lo mejor para Chile; también es lo que les conviene a los mismos políticos si quieren replicar el éxito de San Martín, Vodanovic, Castro o Iglesias, los ganadores de estas elecciones.

*Fuente: LaTercera

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En su manual “Movimiento Gremial: Vanguardia estudiantil en la batalla de la libertad”, Jaime Guzmán postulaba en 1972 que “la naturaleza de la universidad es ajena a cualquiera concepción ideológica o política”.

Guzmán decía que luchaba “por la despolitización de las universidades”, y su “independencia frente a todas las posiciones contingentes”, sin la cual se convierte “en una vulgar sucursal” de los partidos políticos.

El fundador de la UDI enfatizaba que “la universidad no puede subordinarse a una ideología”, “servir de caja de resonancia a algún partido”, ni “matricularse ideológico-políticamente”.

¿Qué diría Guzmán de lo que algunos de sus más estrechos discípulos hicieron en una universidad?

Al menos once ministros y cuatro subsecretarios de la administración Piñera, junto a diputados y convencionales, en su mayor parte vinculados a la UDI, ocuparon puestos en la Universidad San Sebastián, bajo la supervisión de uno de los más conspicuos discípulos de Guzmán: el decano de Derecho y luego presidente de la junta directiva, Andrés Chadwick.

Hasta ahí, podríamos cuestionar la consistencia ideológica de quienes esgrimen a Guzmán como su faro intelectual.

Pero lo que está en juego acá es mucho más grave, partiendo por el eventual uso de una universidad, de su estatuto privilegiado y de los fondos públicos que recibe, para financiar irregularmente la política.

Hay consenso en que el sueldo de Marcela Cubillos es inexplicable por razones académicas o de mercado. Entonces, si esos honorarios no pagaban una prestación profesional, ¿qué pagaban?

Cubillos llegó a la USS tras dejar su cargo como ministra de Educación, anunciando que se dedicaría a la campaña del Rechazo en el primer plebiscito. Cuando su opción perdió, ella fue elegida para la Convención, y luego lideró la segunda campaña del Rechazo, esta vez exitosa. Luego apoyó el “A Favor” y ahora es candidata a alcaldesa de Las Condes.

Es decir, en paralelo a su supuesta carrera académica, y mientras se desplazaba entre España y Chile, fue activa protagonista de procesos y campañas políticas, además de ejercer paralelamente como directora ejecutiva de la máquina de influencia político-empresarial Libertad y Desarrollo (LyD).

Los libros que ella enarboló como currículo académico para justificar su sueldo son Leer antes de votar< (presentado por la editorial USS como “un manual simple”), y 4/9, el rechazo de Chile (sobre “la derrota del proyecto refundacional e identitario de la izquierda radical”).

Hay más: la exconvencional de derecha Teresa Marinovic denunció un ofrecimiento a sus excolegas para recibir honorarios de la USS sin trabajar para ella, sino dedicándose a la campaña del Rechazo.

Cubillos se pasó la semana culpando al “octubrismo” y a “la izquierda progre” por las críticas en su contra, pero cuando los partidos de ChileVamos, que la llevan de candidata a alcaldesa, le pidieron explicaciones, explotó: “si al presidente de la UDI le preocupan los altos sueldos en una universidad privada, que parta por preguntar a la USS y a todas las universidades privadas por los sueldos de los militantes de la UDI”. Luego redobló la idea: “Es extraño que de todos los expolíticos que trabajan ahí, mi sueldo sea el único que se filtró”.

La advertencia es clara: no es la única, ni caerá sola.

Esto es grave porque constituiría financiamiento político irregular, porque las universidades tienen prohibido lucrar, porque solo pueden destinar sus recursos a fines educacionales, y no a campañas políticas, y porque las donaciones de privados a ellas están exentas de impuestos, para aportar a la educación, y no a las campañas.

Pero hay una última vuelta de tuerca. La lista de políticos, jueces y fiscales beneficiados con la generosidad de la USS, además, entronca con personas de máxima confianza de Andrés Chadwick y de su íntimo amigo Luis Hermosilla.

La lista de Chadwick y los WhatsApp de Hermosilla se pueden leer como nóminas entrelazadas.

– Cubillos, Marcela: en su época de ministra, contrató a una hija de Chadwick como jefa de gabinete. La USS logró un récord de asignación de fondos públicos durante el gobierno anterior, incluyendo pagos de servicios por $1.479 millones desde la subsecretaría de Educación cuando Cubillos era ministra del ramo. Cubillos fue contratada por la facultad de Derecho de la USS.

– Guerra, Manuel: como fiscal puso la lápida al caso Penta. En sus chats con el ahora preso Hermosilla mencionan hablar con Chadwick para buscar una salida a ese caso. Se investiga su abultado patrimonio, incluida la compra de un auto BMW. Guerra fue contratado por la Facultad de Derecho de la USS.

– Matus, Jean Pierre: coordinó con Hermosilla los pagos, realizados a través del ahora preso Daniel Sauer, de informes para la defensa de Chadwick ante el Congreso. Luego recibió ayuda de Hermosilla para postular a la Corte Suprema. Matus fue contratado por la Facultad de Derecho de la USS.

– Sichel, Sebastián: Hermosilla dijo a Álvaro Jalaff que el nombramiento de Sichel al mando del BancoEstado era “demasiado bueno para nosotros” por ser “íntimo” de Chadwick. Bajo su mando, BancoEstado fichó a Hermosilla como abogado. Sichel fue contratado por la Facultad de Derecho de la USS.

– Vivanco, Ángela: recibió ayuda de Hermosilla para llegar a la Suprema, y luego coordinó con el penalista la entrega de información e integración de salas en causas que le interesaban. Vivanco fue contratada por la Facultad de Derecho de la USS.

– Ward, Felipe: involucrado en las gestiones para que el seremi de Vivienda agilizara un proyecto inmobiliario gestionado por Hermosilla, cuando Ward era ministro del ramo. Ward fue contratado como vicerrector de la USS.

En resumen: hay sospechas -en algunos casos, indiscutible evidencia- de que políticos, jueces y fiscales traficaban con Hermosilla favores de enorme valor económico.

Y esas mismas personas recibían dinero de una universidad, bajo la dirección del más íntimo amigo de Hermosilla, el decano Andrés Chadwick.

Esa es la arista más delicada de la lista de Chadwick.

*Fuente: LaTercera

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El caso de Marcela Cubillos y su remuneración en la Universidad San Sebastián (USS) pone de manifiesto una serie de problemáticas que afectan profundamente a nuestra sociedad y al sistema educativo en particular. Es imperativo analizar esta situación desde una perspectiva que priorice la equidad, la transparencia y el bienestar colectivo.

En primer lugar, resulta alarmante que una institución que se declara sin fines de lucro y que recibe financiamiento estatal a través de diversos mecanismos, como el Crédito con Aval del Estado (CAE) y becas, pueda asignar sueldos tan desproporcionados sin aparente justificación académica o profesional. Este hecho no sólo cuestiona la integridad de la institución, sino que también plantea serias dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la educación superior.

La falta de regulación en la fijación de sueldos en instituciones educativas que gozan de autonomía financiera es un punto crítico que requiere atención inmediata. La ausencia de fiscalización por parte de la Superintendencia en estos casos crea un terreno fértil para posibles abusos y malversación de fondos. Es fundamental establecer mecanismos de control y transparencia que garanticen que los recursos se utilicen de manera ética y en beneficio real de la comunidad educativa.

Asimismo, el caso de Cubillos pone en tela de juicio los criterios de valoración académica y profesional en el ámbito universitario. Resulta desconcertante que la docente mejor pagada de Chile aparentemente no cumpla con los estándares habituales de producción académica, como la realización de investigaciones, publicaciones o la obtención de postgrados. Esta situación sugiere que factores ajenos al mérito académico podrían estar influyendo en la asignación de remuneraciones, lo cual socava los principios de excelencia y equidad que deberían regir en la educación superior.

La disparidad salarial evidenciada en este caso no sólo es un problema de gestión universitaria, sino que refleja y perpetúa desigualdades más amplias de nuestra sociedad. Mientras se argumenta la necesidad de austeridad en los salarios de la mayoría de los trabajadores y se resisten mejoras en las pensiones, casos como este revelan un doble estándar que favorece a los mismos grupos privilegiados de siempre, cuyos apellidos se cruzan con el caso Hermosilla. Hace poco renunció Chadwick al directorio de la Universidad San Sebastián además.

Es crucial que como sociedad exijamos mayor transparencia y rendición de cuentas a las instituciones educativas, especialmente aquellas que reciben fondos públicos. La educación superior debe ser un espacio de oportunidades equitativas y de desarrollo del conocimiento, no un mecanismo para perpetuar privilegios o servir a intereses particulares.

El caso de Cubillos en la Universidad San Sebastián debe ser un llamado de atención para revisar y reformar las prácticas de financiamiento y fiscalización de la educación superior. Es imperativo establecer sistemas de control más efectivos, criterios claros y justos para la asignación de remuneraciones, y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y en beneficio del bien común. Solo así podremos avanzar hacia un sistema educativo que verdaderamente promueva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de nuestra sociedad.

-La autora, Libertad Méndez Núñez, es médica ginecóloga

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Pagan 17 millones de pesos mensuales a una profesora, y a veces falta hasta papel comfort en los baños, o no hay dinero para infraestructuras para la enseñanza. Ni siquiera hay comedores!!!

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En medio de la ola de escándalos de corrupción que atraviesa la Municipalidad de Las Condes, a la actual alcaldesa Daniela Peñaloza no se le ocurrió nada mejor que salir a poner trabas, boicotear y hasta desinformar para revertir el proceso de desmunicipalización de la educación, el cual es parte de la ley 21040 (1).

Es lo evidenciado por la alcaldesa de Las Condes, que en vez de facilitar las condiciones para el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), está solicitando postergarlo, junto a las y los alcaldes de La Reina, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea, apelando a que dañaría la educación pública en dichas comunas en este momento.

Pero lo más grave de todo, es lo declarado por la candidata a alcaldesa a Las Condes y ex ministra de educación del último gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, quien más que postergar el traspaso de los colegios a los Servicios Locales de Educación Pública, quiere que los parlamentarios reviertan la ley, llamando explícitamente a una contrarreforma educativa (2).

En otras palabras, en vez de plantear alternativas para una mejor implementación de la reforma o corregir algunos aspectos de ella,

Cubillos quiere volver el tiempo atrás, como si la municipalización de la educación en Chile no hubiese sido un desastre y un proyecto explícito de destrucción de la educación pública.

El fanatismo neoliberal es tan fuerte en Cubillos, que si dependiera de ella, dejaría a toda la educación municipal a merced de corporaciones sin control alguno de Contraloría, en cuanto a los recursos y su gestión. Tal como pasó por décadas en Chile, causando que muchos municipios arrastren aún enormes deudas previsionales con docentes y faltas a la probidad, dejando en completo abandono a las comunidades educativas.

Lo mismo con respecto al lucro, el cual seguramente Marcela Cubillos reincorporaría nuevamente a los colegios particulares subvencionados que reciben aporte estatal, yendo así contra la ley de inclusión y retomando un camino de profunda segregación y apartheid escolar en el país, generando mayor desintegración social y diferencias que solo dividen la sociedad y estigmatizan a muchos.

En consecuencia, para Marcela Cubillos lo mejor sería que se cayera la reforma educacional iniciada por Michelle Bachelet el 2014, para volver a lo que había antes, sin importar que eso conllevara al fin de la educación pública y la exclusiva administración de privados de establecimientos educacionales. La desaparición de la educación pública sería algo inédito en el mundo, en cualquier democracia actual, vulnerando así derechos básicos.

Con esto no digo que el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública no haya sido demasiado lento y que no haya muchas cosas por mejorar, como la falta de infraestructura básica en establecimientos educacionales, así como la peligrosa carencia de equipos profesionales que efectivamente tengan amplia experiencia y cumplan con criterios de excelencia.

Del mismo modo, me parece clave cambiar el sistema de financiamiento para darle certezas a los establecimientos e incorporar una participación más activa y vinculante de las comunidades educativas en la gestión de los SLEP, para así fortalecer una implementación de una ley a la que le ha costado muchísimo posicionarse como nos gustaría.

Por lo mismo, no podemos olvidar que los SLEP arrastran una herencia municipal desastrosa, como ha ocurrido en Atacama, por ejemplo (3), así como una desigualdad territorial profunda y un sistema educativo fragmentado, por lo que se necesita urgentemente que el Estado esté a la altura y que no reproduzca una realidad que solo perjudica a las comunidades educativas, especialmente a las y los estudiantes.

Si bien el proyecto enviado al congreso por el gobierno de Gabriel Boric, que busca sancionar a las y los alcaldes que se comportan de manera irresponsable y entorpezcan el traspaso de colegios municipales a los SLEP, es positivo (4), falta mucho camino aún para que esta ley se implemente bien y tenga los resultados esperados por el bien de Chile.

Dicho lo anterior,

esperemos que todos los sectores políticos, sin excepción, entiendan que no se puede seguir jugando más con la educación pública y el futuro del país, y que voces reaccionarias como la de Marcela Cubillos, sean solo un mal recuerdo de un pasado oscuro del país, que impuso un modelo educativo privatizador e injusto, sin probidad e insostenible para la convivencia democrática en el país.

-El autor, Andrés Kogan Valderrama, es Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Ha realizado Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social. Es Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, con cursos de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina. Es Profesional de Senda Previene de Ñuñoa.

Notas:

1: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1111237

2: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2024/04/08/marcela-cubillos-afirma-que-quiere-evitar-el-traspaso-de-colegios-de-las-condes-a-slep.shtml

3: https://www.ciperchile.cl/2023/11/22/crisis-educativa-en-atacama/

4: https://www.mineduc.cl/proyecto-de-ley-fortalece-la-instalacion-del-sistema-de-educacion-publica/

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A pedido del público y de mi querido @IsaacEmerson_ acá dejo registro de los dichos de Cubillos y Zúñiga 1 de 2 pic.twitter.com/zdVyK0yYCU

— Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) April 13, 2022

“Nunca han querido que los pueblos estén aquí”: Elisa Loncon acusó “racismo” por parte de los constituyentes UDI Arturo Zúñiga y Marcela Cubillos

Quien inició la discusión fue Cubillos, manifestando que “la igualdad ya fracasó, esta propuesta de Constitución es un homenaje a la desigualdad ante la ley. Será la Constitución símbolo de la desigualdad. La que ha llenado de privilegios a los activistas de la agenda indigenista”.

Una discusión candente se vivió en esta jornada en la Convención Constitucional. Mientras se debatía sobre el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, Elisa Loncon protagonizó un intenso cruce con los constituyentes de la UDI, Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga.

Los representantes de la UDI acusaron a Loncon y a esta nueva Constitución de llenar de “privilegios” a los pueblos indígenas, mientras que la constituyente de los pueblos originarios acusó de racistas a los exfuncionarios del Gobierno de Sebastián Piñera.

Quien inició la discusión fue Cubillos, manifestando que “la igualdad ya fracasó, esta propuesta de Constitución es un homenaje a la desigualdad ante la ley. Será la Constitución símbolo de la desigualdad. La que ha llenado de privilegios a los activistas de la agenda indigenista”.

Además agregó que “pero no solo el texto, el proceso ha estado marcado por privilegios. O a qué obedece que la convencional Linconao tenga asiento en primera fila garantizado en el hemiciclo. ¿Qué la hace superior o distinta al resto de convencionales? ¿O por qué la expresidenta Loncon tiene asiento privilegiado en el hemiciclo? ¿Tenemos un estatuto para expresidentes acá adentro? Ni el proceso ni el texto lleva ya el sello de la igualdad”.

La constituyente Loncon tomó el guante e indicó que “estoy acá en un puesto de dignidad, que nos hemos ganado los puestos indígenas y que por planteamientos racistas a diario aquí nos quieren sacar de los lugares en los que estamos. Creo que no corresponde”.

A continuación añadió: “Hacer un llamado a los voceros de la UDI a que ya no insistan con el indigenismo porque eso es racismo, que le cambiaron simplemente el concepto. Con racismo no vamos a avanzar en esta democracia”.

Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que el constituyente Arturo Zúñiga se sumó a las declaraciones de Cubillos manifestando que “voy a partir refiriéndome a lo que mencionó la convencional Loncon en que no insistamos en denunciar sus privilegios. Yo le contesto, vamos a insistir todo lo que sea necesario para que en nuestro país no existan ciudadanos con privilegios como usted. No bajaremos los brazos nunca porque está en nuestra esencia la igualdad ante la ley”.

Loncon nuevamente respondió ante los dichos de Zúñiga, comentando que

“nuevamente he sido interpelada por estos diablitos vendiendo cruces. Lamentablemente para que Chile sepa que así es el racismo, se ataca a la persona por cómo viste, cómo habla, dónde se sienta”.

Finalmente enfatizó

“nunca han querido que los pueblos estén aquí asumiendo y delineando la nueva Constitución. Eso es lo que queremos cambiar. Por eso estamos acá y por eso de aquí no nos vamos a mover hasta cuando tengamos unan nueva Constitución. No más al racismo de la UDI”.

*Fuente: ElMostrador

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LA HUELLA DE PONCE LEROU EN EL LOBBY DE LA MINERA

Publicado: 23.05.2018

En 2008 aparece la huella del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el agresivo lobby sobre autoridades para obtener beneficios. Ese año, Chile dio un paso en la protección del Medioambiente: transformó la Conama en ministerio, creó la superintendencia del ramo y un nuevo sistema de evaluación ambiental. El proyecto del gobierno sufrió drásticos cambios en el Congreso. CIPER comparó una minuta que SQM envió a diputados con las indicaciones que modificaban la ley. Las presentadas por el Ejecutivo y los entonces diputados Chahuán y Cubillos (actual ministra de Medioambiente) son calcadas a la minuta.

El 22 de enero de 2007, el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, le envió un correo electrónico a su secretaria, Katherine Bischop, con el siguiente mensaje: “Por favor enviar esta información a Roberto León por Grillo”. Este es el primer antecedente que se ha conocido de la relación directa de Ponce con uno de los políticos que recibieron financiamiento ilegal de SQM. La investigación de la Fiscalía identificó a “Grillo” como un correo electrónico (grillop10@hotmail.com) utilizado por Ponce Lerou para comunicarse con parlamentarios de su confianza. Uno de ellos era el diputado León (DC).

¿Qué le enviaba Ponce al diputado Roberto León que no podía mandarlo a través de su propia dirección de correo o de uno institucional? El mail contenía los antecedentes del ingeniero agrónomo Horacio Merlet Badilla, el candidato que el controlador de SQM buscaba imponer al primer gobierno de Michelle Bachelet para dirigir la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, que hoy es ministerio) en la Región de Tarapacá, donde SQM tiene sus principales yacimientos de yodo.

Hasta ahora, la responsabilidad por las peticiones y pagos ilegales que se hicieron desde SQM a diversos políticos la ha asumido judicialmente el ex gerente general de la minera: Patricio Contesse González. Yunta histórica de Ponce desde sus tiempos universitarios, Contesse ha aceptado cargar solo con toda la culpa por el financiamiento ilegal a políticos.

Después de casi tres años de ampararse en su derecho a guardar silencio, y para negociar una salida alternativa con una pena mínima, Contesse decidió entregar una versión “descafeinada” a los fiscales, en la que solo ha inculpado a Marco Enríquez Ominami y al PRI del fallecido Adolfo Zaldívar, excluyendo a los más fieles colaboradores de la minera (como Roberto León) y a sus más cercanos, como Pablo Longueira (UDI).

Pero el muro de contención que levantó Contesse para proteger a Ponce, se ha resquebrajado. El mencionado correo electrónico de Ponce a su secretaria es la primera prueba que apunta a la participación directa del controlador de SQM en las instrucciones que desde la minera se transmitieron durante años a dirigentes de casi todo el arco político para allegar beneficios a su negocio.

El plan de SQM de poner a Horacio Merlet en la Conama de Tarapacá en 2007 no tuvo éxito: Merlet fue designado seremi de Agricultura en Rancagua. Pero igual entre 2010 y 2012 Merlet trabajó para SQM. Lo hizo en cuatro proyectos de SQM en Pampa Hermosa, como consultor de Geobiota. Ese proyecto en la Región de Tarapacá ha sido clave para multiplicar las ganancias de SQM, porque le permitió duplicar su producción de yodo. A Ponce Lerou le interesaba instalar a un hombre de su confianza en la Conama para que ayudara a la aprobación ambiental de Pampa Hermosa (vea reportaje de CIPER).

Y en eso sí tuvo éxito Ponce Lerou. Porque ese cargo clave para SQM en la Conama regional de Tarapacá fue ocupado por el socialista Luis Guzmán Contreras, uno de los más estrechos colaboradores de otro dirigente favorecido con el dinero negro de SQM: el entonces senador Fulvio Rossi (ex PS). La anterior investigación de CIPER descubrió que Luis Guzmán intervino para hacer más laxa o simplemente anular la fiscalización a los yacimientos de yodo de la minera en una zona donde el agua es oro.

No sería esta la única intervención de SQM sobre el aparato público a través de parlamentarios que recibieron recursos de la minera. Un año después de que Ponce le envío los datos de su candidato a dirigir la Conama en Tarapacá, desde SQM volvieron a contactar a León para entregarle una minuta con 41 indicaciones que a la empresa le interesaba insertar en un proyecto de ley relevante para su negocio: la nueva institucionalidad ambiental, que entonces se tramitaba en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, de la cual Roberto León formaba parte.

En este nuevo contacto con León también quedó la huella de Ponce Lerou. Así se desprende de un intercambio de correos entre la vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, Pauline De Vidts, y su entonces jefe directo, Patricio de Solminihac, actual gerente general de la compañía. En esos mensajes, fechados en noviembre de 2008, Pauline de Vidts pregunta si deben enviar a León las indicaciones que desean introducir en el proyecto de ley. Patricio de Sominihac le responde que sí y propone que Ponce Lerou se las mande al diputado León.

Ese proyecto –ingresado por el primer gobierno de Bachelet– transformó la institucionalidad ambiental chilena: la Conama se convirtió en Ministerio y se crearon la superintendencia del ramo y un nuevo servicio de evaluación ambiental. La norma que finalmente salió del Congreso resultó mucho menos dura para las empresas que el proyecto inicial. Y SQM jugó un rol relevante para “suavizar” sus artículos.

CIPER investigó el lobby desplegado por los ejecutivos de SQM, con Julio Ponce al frente de la ofensiva, que incluyó reuniones y mensajes enviados a distintos parlamentarios. La minera tuvo éxito: al menos nueve de sus indicaciones fueron recogidas por alguna autoridad y se presentaron para ser votadas por los parlamentarios. En paralelo, la empresa pagaba por su influencia a través de millonarias boletas a dirigentes políticos de la derecha y de la entonces Concertación.

Ante la justicia estadounidense SQM reconoció haber destinado US$14,75 millones para realizar pagos a políticos por fuera de las vías legales entre 2008 y 2014, llegando a un acuerdo con el Departamento de Justicia y con la SEC (la entidad reguladora de valores) para pagar una multa de US$30 millones. Pero en Chile, donde se concretaron esos pagos y la empresa usó sus influencias para modificar la legislación a su conveniencia, el acuerdo fue mucho más austero.

US$4,3 millones ($2.550 millones) es el monto que la compañía acordó con la Fiscalía para zafar de su responsabilidad como persona jurídica de la acusación de cohecho sobre Pablo Longueira. Este último, cuando era senador, recibió de parte de Patricio Contesse una indicación para el proyecto de Royalty Minero que a la postre quedó en la ley prácticamente con la misma redacción con que salió de las oficinas de la minera.

LA PELEA GRANDE

La ofensiva de SQM para incidir en el proyecto que redibujó la institucionalidad ambiental del país, incluyó la coordinación de esa empresa con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con el Consejo Minero. Esa instancia se reunió con parlamentarios y fue el espacio para impulsar los cambios al proyecto de ley que le interesaban a la industria minera. Así lo reconoció a los fiscales la entonces vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, Pauline De Vidts:

“Se creó un grupo regulatorio encargado de hacer seguimiento y revisión de proyectos de ley y normativa aplicable al sector minero. Me integré a este grupo regulatorio por decisión de la administración de la empresa, concretamente Patricio de Solminihac, subgerente general de SQM” (actual gerente general), declaró De Vidts el 28 de junio de 2017.

Lo que a SQM le interesaba era que la nueva Superintendencia de Medio Ambiente tuviera contrapesos y no fuera “juez y parte”. Un anhelo compartido por todos los sectores productivos del empresariado, según la versión de la ex ejecutiva de SQM.

Y tuvieron éxito, porque la misma De Vidts afirmó ante los fiscales: “Esto no venía en el proyecto original y luego fue incorporado”.

Entre las operaciones utilizadas para incidir en la tramitación de la ley, SQM encargó una minuta al abogado Andrés Fernández (entonces asesor externo de la minera en temas ambientales a través del estudio Vial & Fernández) para proponer indicaciones a parlamentarios de su confianza. Fue así como poco después, al menos dos diputados – Roberto León (DC) y el ahora senador Francisco Chahuán (RN)- habrían recibido esa minuta titulada “Diagnóstico y propuestas para el perfeccionamiento del proyecto de ley de nueva institucionalidad ambiental”.

El envío de esa minuta a los diputados Chahuán y León, a través de correos electrónicos, fue solo una mínima parte de la intensa ofensiva que desarrolló SQM en esos días sobre parlamentarios de su confianza para intentar incluir sus indicaciones en el proyecto de ley en trámite.

El 28 de noviembre de 2008, Pauline De Vidts le envió un mail a su jefe, Patricio De Solminihac, diciéndole: “Considerando que estarás de vacaciones la próxima semana te adjunto el documento tal cual lo tenemos ahora para que lo hagas llegar a ambos diputados (Chahuán y León). Las indicaciones no van a cambiar y será más bien confirmación de muchas de ellas, con lo que Libertad y Desarrollo (centro de estudios ligado a la UDI) está presentando por su lado”.

Continúa el mail: “Es más valioso el tiempo que podemos perder si no las entregamos pronto (las indicaciones) para que los diputados las puedan ‘hacer propias’ y así las pueden presentar a la comisión (de Medio Ambiente) de forma oportuna”.

Un día antes, el 27 de noviembre de 2008, De Vidts le había enviado otro correo a De Solminihac para coordinar la ofensiva legislativa. “La Conama presentará a esta comisión el lunes 1 de diciembre sus indicaciones a la ley, las que recogen el 50% de las indicaciones que presentamos como Sonami y Consejo Minero (nos ha ido bien con esto)”.

En ese correo, De Vidts le dice a su jefe que el “grupo regulatorio” (SQM, Sonami y Consejo Minero) se había reunido con varios parlamentarios para hacerles ver sus puntos de interés. Entre ellos menciona a “Aedo, Monckeberg y Chahuán”. Y es precisamente aquí donde vuelve a aparecer la relación privilegiada que existía entre Ponce Lerou y el diputado León: “Dentro de la lista de los miembros de la comisión está Roberto León, por favor dime si crees que sea beneficioso hacerle llegar nuestras indicaciones al proyecto de ley”, escribió De Vidts.

Cuatro horas después, De Solminihac le envió una escueta respuesta: “Sí, pidámosle a Julio (Ponce Lerou) que se lo envíe a Roberto León (…) Yo conozco a Francisco Chahuán bien y me tiene aprecio (ex fiscal de Melón), se lo puedo enviar yo también si lo estimas”.

LAS INDICACIONES DE SQM

La minuta del abogado Andrés Fernández tiene 27 páginas que contienen 41 indicaciones que modifican el proyecto original del gobierno. Cada una de ellas viene acompañada de una explicación que justifica su incorporación a la ley.

CIPER contrastó cada una de esas propuestas con las indicaciones presentada por diputados en la Comisión de Medio Ambiente durante la tramitación de ese proyecto de ley. El resultado: cinco indicaciones se presentaron tal cual las envió SQM y otras cuatro fueron incorporadas a la discusión redactadas de tal forma que tenían el mismo efecto buscado por la minera. Algunas de ellas fueron aprobadas y modificaron el proyecto original en beneficio de los intereses de SQM (vea infografía al final de este reportaje).

En la introducción del informe del abogado Andrés Fernández se plantea que las indicaciones que propone buscan el “bien común”. No hay referencia explícita a que su principal objetivo era “suavizar” la nueva legislación, fundamentalmente para hacer más expedita la inversión en proyectos que podían generar perjuicios medioambientales. Por lo mismo, uno de los fines prioritarios de las indicaciones fue quitarle herramientas a la nueva superintendencia.

Un ejemplo claro es la indicación que SQM envió a sus parlamentarios afines para quitarle a la nueva superintendencia la facultad de interpretar las normas sobre emisiones y planes de prevención y descontaminación. El objetivo de la minera se cumplió: se le quitó la facultad de interpretación a la superintendencia, entregándoselas al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

La modificación, tal como la quería SQM, fue posible gracias a la sintonía que hubo entre el gobierno y los parlamentarios de derecha que integraban la comisión. Así, el Ejecutivo presentó dos indicaciones junto a los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Marcela Cubillos (UDI, actual ministra del Medio Ambiente), Eugenio Bauer (UDI, ya no es diputado), Alejandro García Huidobro (UDI, actual senador) y Roberto Sepúlveda (RN, ya no es diputado).

Otro de los objetivos de SQM, según la minuta hecha por Fernández que se envió a parlamentarios, era que se hicieran públicos con antelación los programas y subprogramas de fiscalización de la superintendencia y que se publicaran en medios electrónicos. Una indicación del mismo tenor fue presentada por los diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente.Finalmente,SQM obtuvo lo que quería, gracias a una indicación similar presentada por el gobierno que fue aprobada por unanimidad.

En el ámbito de las multas que deben pagar las empresas que incumplan la ley, también se cumplió un objetivo de SQM. El proyecto original establecía que si una empresa se auto denunciaba por infracciones a la ley, se podría reducir su multa hasta en un 50%. Pero aquello no fue del agrado de SQM: la minuta del abogado Fernández propuso que la empresa infractora presentara un programa de reparación que le evitara las multas.

Fue el propio Ejecutivo el que reemplazó el artículo original y lo cambió por otro que estableció que en la primera auto denuncia la empresa infractora estará libre de multa y que, incluso en la segunda o tercera, la sanción se podrá rebajar hasta en un 75%.

Donde hubo prácticamente un calco respecto de la minuta de SQM fue en el artículo 45 de la ley, que establecía que si una empresa era multada por la superintendencia, las personas naturales que la representaran legalmente o que actuaran en su nombre, tendrían responsabilidad solidaria en el pago de esa multa. En su minuta, la minera pidió cambiar esa responsabilidad “solidaria” por una responsabilidad “subsidiaria”, para evitar que el cobro afectara los bienes personales del representante legal de la empresa.

Siguiendo al pie de la letra esa recomendación, los entonces diputados Chahuán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda, presentaron una indicación para cambiar la palabra “solidaria” por “subsidiaria”. Esa indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión y la modificación quedó estampada en la nueva ley.

La actual ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos (UDI), diputada entre 2002 y 2010, quien aparece patrocinando las indicaciones que figuran en la minuta enviada por SQM, respondió por escrito a CIPER:

“Efectivamente integré la Comisión de Medio Ambiente, como también la de Educación y Constitución. No sabría cómo reconstituir la historia de cada indicación que haya presentado en las distintas comisiones durante los ocho años que fui diputada. Lo normal es que las indicaciones se patrocinen por varios diputados”.

El ex diputado Roberto León (DC) contestó el llamado de CIPER y negó haber sostenido conversaciones con ejecutivos de SQM por este tema: “A mí no me llegó absolutamente nada. Tampoco hubo ninguna indicación que yo haya patrocinado en su minuto que haya favorecido a SQM, muy por el contrario”. En eso el ex diputado dice la verdad. En los registros de la tramitación de dicha ley, se observa que no presentó ninguna indicación que coincida con las solicitadas desde la minera, pero sí otorgó su voto a cada una de ellas.

El senador Francisco Chahuán y la ex presidenta de la Conama entre 2007 y 2010, Ana Lya Uriarte, no respondieron a las reiteradas preguntas de CIPER.

En la siguiente infografía se resumen las indicaciones enviadas por SQM (fila de la izquierda) y las que se presentaron en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (fila de la derecha). Se trata de artículos de la ley que creó la superintendencia del ramo y otros que modificaron la Ley 19.300 sobre “Bases generales del Medio Ambiente”.

*Fuente: CiperChile

El articulo La intervención de SQM que cambió la Ley de Medioambiente apareció primero en piensaChile.