La lucidez es la herida más cerca al sol…
René Char

Uno de los rasgos más distintivos de nuestro sistema político institucional es la poca representatividad que tienen, por lo general, sus autoridades. Es muy habitual que los presidentes de la República sean elegidos por pobres mayorías ciudadanas, pero, sobre todo, que en pocos meses éstos hayan disminuido aún más su popularidad. Que los sondeos de opinión pública, incluso, registren su alto grado de rechazo o descrédito.

Con los parlamentarios, la situación es todavía peor. Nuestra Ley Electoral demuestra que hay zonas del país pobre o exageradamente representadas por senadores y diputados. Quienes legislaron nos agruparon a propósito en distritos y circunscripciones que no reflejan nuestra auténtica distribución demográfica. De tal manera que para convertirse en legisladores algunos necesitan una exigua cantidad de votos, versus los muchos sufragios que deben reunir otros para llegar al Parlamento. De esta forma, ser diputado por Aysén o Magallanes cuesta muchísimos menos votos que los que se necesitan para ser elegidos en la Florida, Puente Alto y otras zonas del país.

Lo anterior significa, también, que los candidatos y sus partidos deben realizar gastos diametralmente diferentes según por donde se postulen. Algo que no es pueril, cuando se sabe que el dinero es el factor más determinante en el éxito electoral en las presumidas democracias como la nuestra.

Quizás sea en las elecciones de gobernadores y alcaldes donde resulten como ganadores los que tuvieron mayor respaldo ciudadano conforme al número de votantes de sus respectivas zonas. De allí que haya jefes comunales o regionales que se sientan mucho más legitimados que los que alcanzan el Poder Legislativo y el propio Gobierno. Cuando en el pasado llegar a ser alcalde y concejal representaba nada más que el primer peldaño de una carrera política que debía culminar en el Congreso Nacional o en el palacio de gobierno.

Cuando a tantos llama la atención que existan tantos nombres de legisladores completamente desconocidos para la opinión pública, debemos colegir que algunos de ellos obtuvieron sus cargos arrastrados por los votos de otros o por la discriminación positiva que hoy se impone para lograr la paridad entre hombres y mujeres.

Se pensaba que con la nueva Constitución pudieran corregirse no pocos de los vicios que hoy entrañan las contiendas electorales y pudiéramos avanzar, por ejemplo, en la posibilidad de que fueran removidos de sus cargos quienes incumplieran con sus promesas electorales o acometieran irregularidades en el ejercicio de los mismos. Cuando vemos que las coimas, por ejemplo, repartidas por los grandes empresarios entre las bancadas parlamentarias, han significado que no pocos de los legisladores corruptos tengan asegurada una caja electoral para reelegirse sin mayores tropiezos.

Desgraciadamente, ya sabemos que el proceso constitucional se encuentra hasta aquí desbaratado después del amplio triunfo del “rechazo”, lo que no significa, sin embargo, que los ciudadanos hayan renunciado a contar con una nueva Carta Magna. En todos los sectores políticos se acepta la idea de que el plebiscito de salida lo que expresó más bien fue un voto de repudio al Gobierno en la decepción del país por la ausencia de soluciones que tienen que ver más con la recesión económica, los temas de inseguridad y las amplias demandas sociales pendientes.

Es público y notorio que la clase política enfrenta muchas dificultades en la definición de un nuevo itinerario para arribar a una Constitución más democrática que la heredada de la Dictadura con las enmiendas que se le hizo especialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos. El fuego cruzado que se manifiesta entre los distintos actores políticos tiene como resultado el creciente desinterés ciudadano respecto de la posibilidad de dotarnos de un nuevo ordenamiento institucional. Un espectáculo bochornoso que lleva a muchos a conformarse con lo que hay y no insistir en una nueva convención constituyente que pudiera arriesgar el mismo descrédito de la anterior.

Estamos ante el riesgo inminente de que los mismos legisladores opten, más allá de lo que declaran, porque no prospere un acuerdo para insistir en un esfuerzo constituyente. Toda vez que ya en el texto constitucional abortado al menos se verificó una marcada voluntad nacional por establecer solo una cámara legislativa y fijar los mecanismos para suspender de sus funciones a los que se autoproclaman representantes del pueblo que incumplan con sus promesas de campaña. Al mismo tiempo que se le brindaba a los ciudadanos la posibilidad de proponer leyes y reformas que fueran obligatoriamente tramitadas por los gobernantes y legisladores. Tal como ocurre en algunas democracias más representativas de la genuina voluntad popular.

No hay duda que en la exasperante y cínica dilación por definir un nuevo proceso constituyente lo que existe es el temor de muchos actores de la clase política a perder sus escaños y granjerías actuales. A ser desplazados por representantes del pueblo representativos y conminados a cumplir con sus promesas electorales. Como, de paso, ahorrarle al Estado los ingentes recursos que destina para financiar un quehacer político altamente desacreditado.

*Fuente: Politika

El articulo Una escuálida representatividad ciudadana apareció primero en piensaChile.

A tres meses de la rebelión social es un hecho concreto que el gobierno de Sebastián Piñera no ha logrado superarla, pero si instalar e imponer –con diversas dificultades- una salida política institucional a la crisis abierta el 18-O de 2019. Para ello ha contado con la activa, eficiente y estratégica participación de la oposición política parlamentaria. Especialmente, de aquella que se manifiesta en la Cámara de Senadores, aunque en la Cámara de Diputados la oposición política, menos compacta que en el Senado, también le ha brindado los apoyos legislativos necesarios para avanzar en las iniciativas gubernamentales, especialmente de aquellas destinadas a frenar, obstruir o criminalizar la protesta y la movilización social. Y, sobre todo, para viabilizar la salida político institucional. A pesar de los costos políticos que ella ha tenido para la derecha, por ejemplo, el quiebre interno y conflicto entre los partidos del Chile Vamos, el cual tiene como trasfondo el ofrecimiento de parte Renovación Nacional, Evopoli y del propio presidente Piñera de ofrendar de manera sacrificial, el bien más preciado de la derecha, especialmente,para la UDI, que es la Constitución Política de 1980.

La suspensión de la participación de la UDI en el Chile Vamos, tuvo como consecuencia en que el principal referente de RN, Andrés Allamand, se retractara de su intención inicial de apoyar el cambio constitucional de la CP80, y en compañía de senadores y diputados de RN comunicó al país que rechazaría, en el plebiscito del 26 de abril, dicha posibilidad. Más tarde la UDI adoptó la misma decisión. En otras palabras, la derecha política defenderá la continuidad de la CP80, aunque Evopoli aún no ha tomado como colectividad una decisión sobre apoyar o rechazar el cambio constitucional. No obstante,  su presidente Hernán Larraín Matte planteó que su postura individual es por el Apruebo.
Más allá de estas escaramuzas internas en la coalición de gobierno, la estrategia elaborada para controlar o salir de la crisis política, con todo, ha sido exitosa.  El apoyo opositor ha resultado crucial para ello. Pues le ha dado “aire” y “vida” a un gobierno y, sobre todo, a un Presidente, que de acuerdo a la encuesta CEP N° 84, cuenta con un muy bajo nivel de apoyo ciudadano, de tan solo el 6%.
Independientemente de ese guarismo, la cooperación política entre gobierno y oposición parlamentaria, especialmente, desde el día 15 de noviembre de 2019, ha resultado fundamental y crucial para proteger y defender el sistema en crisis. Entre ambos sectores han construido el muro de defensa que busca evitar el colapso del gobierno como del régimen político y, en última instancia, de la dominación neoliberal. Cabe señalar que el neoliberalismo está amenazado, pero, de ninguna manera, derrumbado. La estrategia del cambio constitucional tiene como objetivo, justamente, evitar la “muerte” del neoliberalismo.
Como ya se ha dicho reiteradamente, la rebelión social popular y ciudadana puso en “jaque” no solo al gobierno de Piñera sino también a toda la clase política parlamentaria. El rechazo a los partidos políticos y al parlamento, por parte de la ciudadanía es total. Tan solo un 2% y 3% de la ciudadanía tiene confianza en dichas instituciones. Por tanto, la rebelión social estremeció a todo el edificio político institucional.
Ahora bien, la única forma para evitar tanto el colapso del sistema político estuvo en procurar evitar la división política de las elites en el poder y del poder. Había que impulsar una activa colaboración política de apoyo mutuo. Es lo que impulsó el gobierno con el llamado al acuerdo nacional por la paz y contra la violencia. Este no fue dirigido a la ciudadanía sino, justamente, a las elites políticas parlamentarias y partidarias. Especialmente de los sectores más acordes con el sistema político, principalmente con los partidos que conformaron la exConcertación y la exNueva Mayoría. Estos, más algunos partidos del Frente Amplio, concurrieron a dicho acuerdo. La firma del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, puso las primeras piedras y pilares del muro de defensa.
La construcción de este muro de defensa, evitó, en primer lugar, la caída del gobierno y del Presidente, al estilo Fernando de la Rúa el 2001 en Argentina. En segundo lugar, dado que el sistema de gobierno predominante en Chile, el presidencialismo reforzado, hace políticamente imposible exigir o demandar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias; por lo consiguiente, el gobierno y el parlamento continuarán en ejercicio hasta el año 2022. Tercero, logró introducir una poderosa cuña política al interior del proceso de rebelión ciudadana, al instalar el proceso constituyente elaborando y acordando, entre el ejecutivo y el legislativo, una cronología para esos efectos.

Esta cuña, independientemente del curso que tome la Rebelión Social en los meses venideros, va a dividir a la ciudadanía descontenta entre aquellos que tomarán el camino constitucional con la esperanza que se va cambiar la CP80, a la cual se le atribuyen las principales responsabilidades de los problemas que tiene la sociedad neoliberal actual, y aquellos que continuarán la lucha social directa contra del capitalismo neoliberal. Es más, al interior de los sectores ciudadanos que tomarán la vía constitucional también se va producir una división, que ya es observable, entre los sectores democráticos liberales que aceptan la “hoja de ruta” señalada por el poder constituido y los sectores democráticos autónomos, que buscan realizar un proceso constituyente popular de manera independiente y autónoma del poder constituido. Este es un fuerte dilema político para los sectores ciudadanos que buscan modificar lo existente.

Sin embargo, la estrategia política del poder constituido no fue exitosa del todo, pues fracasó en detener y contener la Rebelión Social popular y ciudadana. El episodio más significativo de esta fue protagonizado, por las y los estudiantes secundarios: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, organizada, impulsada y realizada por la ACES.
Este boicot puso en alerta y en aviso a la clase política parlamentaria, al gobierno, como también a la ciudadanía que la Rebelión Social esta “viva” y en acción. Así lo demuestran, por otro lado, las diversas acciones colectivas territoriales que se realizan en distintas poblaciones de la Región Metropolitana como de otras ciudades, y los cientos de ciudadanos que se reúnen todos los días viernes en la Plaza Dignidad. Y todos los datos e informes que señalan que se prepara para una nueva ofensiva política para el mes de marzo.
Como he señalado, la opción implementada en Chile para evitar la caída de régimen político ha sido la reconfiguración del bloque dirigente. Pero a diferencia de otros casos, con un adicional: el ofrecimiento de parte del poder constituido a los sectores sociales y políticos movilizados la promesa política de cambiar la Constitución Política vigente. Es decir, ofrecer un cambio político-institucional a cambio de paz política. Este cambio tiene como objetivo, no necesariamente, dar solución a los problemas que dieron origen a la Rebelión Social, sino reconstruir el régimen político con el fin de conservar -los sectores dominantes- intacta la estructura de poder de la sociedad chilena, en otras palabras el capitalismo neoliberal. Aunque deban cambiar la institucionalidad política.
El cambio constitucional ha sido el “caramelo” o la “zanahoria” que el poder político ha entregado a la ciudadanía para evitar, supuestamente, la radicalidad de la rebelión social. Y justamente es ese “caramelo” el que ha endulzado la actividad política de ciertos sectores de la oposición política como de la ciudadanía, quienes van aceptando, integrando y, por ende, legitimando el proceso constituyente activado y dirigido por el poder constituido. Mientras que otros sectores sociales y políticos ciudadanos se mantienen en lucha y buscan alterar el calendario y la legitimidad de ese proceso constituyente.
De manera que finalizada la primera quincena del mes de enero del 2020 y a 90 días de rebelión social tenemos el siguiente escenario político:
A.- Se ha establecido una alianza política, en los hechos concretos, entre el gobierno de S. Piñera y el parlamento, especialmente con los partidos opositores, en defensa no del gobierno sino del sistema político en riesgo por la contundencia de la Rebelión Social.
B.- Establecimiento de un proceso constituyente destinado a modificar la CP80, a fin de reconstruir el régimen político, reconfigurar el bloque dirigente, evitar la división de las elites de poder y en el poder, modificar aspectos menores del proceso de acumulación neoliberal, etc.
La apuesta del bloque dominante es producir los menores cambios posibles en la estructura económica del país, integrando algunos “derechos sociales”, sin que estos modifiquen lo sustantivo del patrón de acumulación. Sin cambiar ni modificar la forma de Estado-nación. Impensado será, por ejemplo, el establecimiento de un Estado Plurinacional, ni tampoco instalar, en vez, de la democracia liberal-representativa la democracia social participativa u otra. El proceso de cambio constitucional diseñado entre los partidos de gobierno y la oposición, posee límites y fronteras muy altas, que impedirán un cambio político histórico y profundo de las estructuras del poder social actualmente vigente.
Aunque los partidos de la alianza Chile Vamos han presentado ciertas fisuras como la señalada entorno a apoyar el cambio constitucional de la CP80, lo cierto es que están preparados para enfrentar los dos escenarios posibles de concretarse: a) que gane la opción Apruebo y Convención Constitucional 100% compuesta por ciudadanos; y b) que gane la opción No Apruebo. Por cierto, de ganar esta última opción, sería un triunfo notable de la clase dominante y dirigente. La única posibilidad que se produzca es que los sectores más conservadores de la oposición, especialmente de la Democracia Cristiana, de los sectores sociales ciudadanos, especialmente, los “no políticos” (sectores evangélicos, exmilitares y mayores de 50 años), apoyen el no apruebo. Aquí hay una apuesta, que no es posible soslayar ni considerar en los análisis.  Tanto RN y la UDI han convocado a sus bases a rechazar el cambio constitucional. Lo mismo ha realizado los grupos más de extrema derecha vinculados al Partido Republicano de J. A. Kast.

C.- La configuración de actores políticos y sociales que se preparan a participar activamente el proceso constituyente. Por un lado, la Democracia Cristiana levanta su movimiento #YoApruebo bajo la dirección de la mítica y simbólica figura de Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, presentado como un tenaz opositor al CP80. Y que supuestamente fue asesinado por la dictadura cívico-militar por esa postura. Obviando el hecho que más allá de la postura de Frei Montalva, fue el primer presidente de la democracia protegida, el DC, Patricio Aylwin (1990-1994) quién planteó en 1984, o sea, cuatro años más tarde de la aprobación de la CP80 y a dos años del “asesinato” de Frei Montalva, que había que dejar de discutir la “legitimidad” de esa constitución y aceptarla de hecho, lo que permitió que dicha Constitución continuara su vida útil hasta el día de hoy. Esta opción busca representar, por cierto, a la ciudadanía moderada, pro-sistema, que rechaza la violencia social y política que se ha manifestado en la Rebelión social. La campaña apunta a las y los ciudadanos de la clase media y los sectores adultos.

Por otro lado, el 19 de enero se configuró un segundo conglomerado de partidos y organizaciones sociales, el Comando Chile Digno, cuyo fin último será participar activamente en el proceso constituyente convocando por el poder constituido para votar Apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Este conglomerado está conformado por varios partidos y agrupaciones políticas como el PRO (Progresistas), el Partido Comunista de Chile, Federal Regionalista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y otras organizaciones sociales. Su ciudadanía objetivo serán las bases militantes de estos partidos compuestas por sectores medios estudiantiles, pobladores, trabajadores, etcétera.Cabe señalar que también se han ido conformando y organizando algunos nuevos partidos políticos, señalados como instrumentales, con la intención de participación a los independientes en el plebiscito de 26-A, tales como, el Partido por la Dignidad; el Movimiento por una Constituyente Ciudadana, entre otros.
Estos son sectores sociales y políticos vinculados a la oposición política institucional al gobierno de S. Piñera, pero no necesariamente son sectores anti-sistema. Su posición es bastante ambigua, tanto frente a la institucionalidad como a la Rebelión social.  Estos conglomerados estarían convocando entre el 68 o 70% de las y los ciudadanos que desde octubre a la fecha no han participado en las manifestaciones ni tocando una cacerola.
D.- Por otro lado, a lo largo y ancho de la sociedad popular se ha ido configurando cada día con mayor fuerza la idea de impulsar un proceso constituyente directo que concluya en la formación de una Asamblea Plurinacional Constituyente Autoconvocada. Tal vez la más importante de estas organizaciones ciudadanas sea la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).
Consideramos que esta iniciativa introduce una inflexión política al interior de la demanda por una Asamblea Constituyente que la ciudadanía nacional ha venido planteando desde hace algunos años. Y quiebra con la noción liberal o socialdemócrata que algunos sectores han venido hegemonizando. El surgimiento de la CAT, que se reconoce como “hija de la rebelión popular”, marca el fin de esa hegemonía e inicia la lucha por conducir, no la rebelión social, sino el movimiento social hacia una Asamblea Constituyente Autónoma, ACA.
Por cierto que el objetivo central de este movimiento social será impugnar el proceso constituyente estatista. Aunque la CAT ha dispuesto que serán las y los ciudadanos los que van dirimir el qué hacer con “el proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril”.
El surgimiento de esta propuesta popular es claramente anti partidos políticos tradicionales y parlamentarios. Dice relación con la división en la ciudadanía descontenta con las formas políticas de la democracia protegida, el sistema económico neoliberal, etcétera. Y, probablemente, las diversas asambleas territoriales estén compuestas por ciudadanos que en los últimos años han rechazado, a través de su abstención electoral, las diversas ofertas y programas políticos que los partidos políticos del orden han presentado.
E.- Por último, en este cuadro estaría incompleto si no contempláramos en nuestro análisis el rol de los sectores rebeldes, especialmente de aquellos sectores que se identifican con la 1° línea y el “ejército” de ciudadanos rebeldes que actúan en la Plaza Dignidad desde el 18 O hasta la actualidad.
Estos sectores son los antisistema y anticapitalistas. No tienen ninguna lealtad ni fidelidad con el sistema social que durante décadas los marginó y los condenó a una vida sin sentido. Hoy el estallido social del 18-O les ha dado una razón de estar y de ser. Son vistos y reconocidos. Son considerados e inclusive protegidos, etcétera. El enfrentamiento con los “pacos”, con los organismos policiales del Estado, les mantiene “en lucha”. Lucha que no están dispuestos a deponer. Aunque no tengan claro el objetivo final de ella.
Difícilmente, este actor acepte participar en el plebiscito de abril, pero tampoco en el proceso constituyente popular autoconvocado, pues este último también es conformar una institucionalidad política que a la larga termina por oprimirlos y disciplinarlos. Ellos son la libertad en acto y en potencia. Por esa razón, no los veo participando en un orden institucional como será el proceso constituyente popular. Pero sí serán centrales en una posible radicalización del proceso de Rebelión Social. De no producirse esa radicalidad, este sector irá viendo menguada su fuerza. Y, en la medida que cualesquiera de los dos procesos constituyente se vayan institucionalizando, los rebeldes dejarán de der actores políticos estratégicos como lo han sido hasta ahora. Por cierto que no van desaparecer, sino, como tantas veces en el pasado, las y los rebeldes pasarán a ocupar la retaguardia. Volverán a caminar detrás de los actores institucionalizados. En conclusión, este actor social y político abrió la coyuntura critica actual, pero no serán los que la cierren. Salvo que las expectativas de la ciudadanía depositadas en la solución constitucional resulten un fraude, un engaño, o una artimaña del poder constituido para mantener las estructuras de dominación neoliberal.
A 90 días del “estallido social” los actores sociales y políticos han comenzado a ordenarse en torno a la solución constitucional de la crisis abierta por la rebelión social.
El problema central que hoy evidencia la coyuntura critica es que el gobierno de Sebastián Piñera sigue gobernando, sigue tomando decisiones que influyen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, lo hace, con el apoyo de la oposición parlamentaria.
Más allá del cuadro situacional que hemos delineado en este texto, el problema central que tienen los actores sociales y políticos que miran con recelo la acción gubernamental es qué hacer con Piñera y su gobierno. Exigir su renuncia significaría incrementar la movilización social a través de la desobediencia civil, la paralización del proceso económico por medio de una huelga general y aumentar los niveles de la violencia social y política, entre otras acciones colectivas. El punto, es que solo los grupos rebeldes estarían dispuestos a asumir esas tareas. Pues, mayoritariamente, la ciudadanía optaría por no impulsar la radicalidad de la rebelión social.
Por esa razón, considero equivocado sostener que el gobierno de Piñera dejó de gobernar o funcionar. La tarea principal que hoy se han trazado es sostener y defender el neoliberalismo. No están inmovilizados, ni derrotados, están atrincherados en los espacios del poder. Para vencerlos y derrotarlos, hay expulsarlos de esos espacios. Hasta ahora, solo la 1° línea estaría por impulsar y apoyar esa misión histórica y política. No hay que esperar a marzo y menos abril para ello, hay que hacerlo, ya.
-El autor, Juan Carlos Gómez Leyton, es Dr. en Ciencias Sociales y Política y Académico-UPLA
©JCGL/jcgl, 22 de enero 2020
Día 94 de la Rebelión
Santiago Centro
*Fuente: El Clarin

El articulo La clase política se atrincheró en los espacios de poder junto a Piñera para la defensa del neoliberalismo. ¿Qué plan tiene el pueblo? apareció primero en piensaChile.

América Latina asistió en Colombia a un momento clave de su propia historia, sin precedentes desde que en la última década del siglo pasado se firmaran los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El sueño de una región de paz se agiganta. Hay nuevas palabras que se irán incluyendo en el vocabulario político colombiano: legalidad, democracia, participación popular, equidad, justicia social

Culminaron cuatro años de un proceso de negociación arduo, difícil y por momentos sumamente frágil en La Habana, donde la comunidad latinoamericano-caribeña y mundial puso todo su empeño para que se lograra un acuerdo que le otorgara herramientas al país para transitar hacia los cambios necesarios, hacia la pacificación definitiva.

El acuerdo no significa el fin del conflicto, pero abre la perspectiva de superar la guerra y su permanente pérdida de vidas, crea las condiciones para el retorno de miles de desplazados a sus tierras, permite un proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. Pero, sobre todo permite consolidar la vida democrática del país y alentar su desarrollo.

Ahora hay que construir la paz, entre todas las partes. El fin formal de la guerra es apenas el inicio para la construcción de la paz. El proceso comienza por la aprobación refrendataria de los acuerdos por parte de la ciudadanía, así como la ratificación parlamentaria de diversas modificaciones legales previstas en los acuerdos.

Hay sectores políticos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, y corporativos de lo que se ha calificado como el poder fáctico del país, interesado en bombardear el proceso de pacificación. La guerra ha sido para este poder fáctico un gran negocio por más de 50 años, cuando se han apropiado de la tierra y su explotación.

Las inercias de la violencia no necesariamente se detendrán de manera automática, y tal vez resulte inevitable la persistencia de núcleos irreductibles en uno y otros bandos. Pero ese fenómeno marginal es consustancial a cualquier proceso de paz y cabe esperar que tanto las partes firmantes como la sociedad tengan la capacidad y la tenacidad requeridas para impedir que altere el curso de la pacificación, señala en un editorial el diario mexicano La Jornada.

No hay que olvidar que por varias décadas la alta burguesía, en su afán por el lucro, siempre se opuso a una política de paz que mermara sus ganancias. Quizás por temor a los cambios democráticos y sobre todo a ser afectados en sus intereses económicos y de influencia en la opinión pública, es que los dueños de los medios habían definido por décadas una línea adversa a las negociaciones de paz y hostil a toda iniciativa y propuesta de la guerrilla. ¿Cambiarán ahora? Nada se habla en los acuerdos sobre la necesaria democratización de la comunicación.

¿Cómo hablar de una comunicación para la paz en un país donde hasta no hace mucho tiempo el gobierno negaba la existencia de un conflicto, donde los periodistas y los medios se abstenían de hablar de los falsos positivos y de las masacres de campesinos e indígenas? ¿Cómo hablar de paz en un país que aloja siete bases extranjeras? ¿Cómo se hace para cambiar el chip? ¿Será que los grandes medios se volvieron democráticos? ¿O será que la guerra ya no es negocio y que ahora para los negocios hace falta la paz?, comenta el comunicólogo uruguayo Aram Aharonian.

Hay un aspecto por demás importante en el Acuerdo Final, la transformación de las FARC en partido o movimiento político, que además de ampliar el espectro político del país, le dará un impulso al movimiento social y popular colombiano, para posicionarse como una fuerza política con posibilidades de ser poder y gobierno. Esto sin duda aportaría a la unidad latinoamericana y al fortalecimiento de los proyectos alternativos ya existentes en la región.

Y quedan muchas las preguntas que se hacen desde los sectores progresistas: si se desmovilizarán los paramilitares, si los acuerdos mejorarán las condiciones de la lucha social y de vida de las grandes mayorías, si terminará la violencia contra los dirigentes campesinos e indígenas, de los movimientos sociales, de los defensores de los derechos humanos. El problema de fondo lo identificó muy bien el papa Francisco: tierra, techo, trabajo para todos, es el desafío.

El galardonado escritor colombiano William Ospina se pregunta por qué la gente está tan escéptica. Y se responde: “porque nadie siente que este proceso esté cambiando las condiciones que nos llevaron a la guerra y que la hicieron posible durante 50 años. Algo en el corazón de la sociedad presiente que una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y por el sufrimiento…”

Existen riesgos en la implementación de los acuerdos: uno, que el propio Estado incumpla lo pactado, otro el fenómeno del paramilitarismo, pues con el antecedente del exterminio de la Unión Patriótica los colombianos bien saben cuánto puede costar y retroceder un proceso de paz.

“Si el Estado no toma medidas políticas para contrarrestar el avance del fortalecimiento de este fenómeno, el punto tres sobre la terminación del conflicto estaría en evidente peligro y por ende los otros puntos acordados también. (…) Si esto llegará a suceder el papel de la izquierda latinoamericana radica en la solidaridad que podamos tejer para lograr fortalecer la lucha del movimiento social y popular colombiano de exigir el cumplimiento de los acuerdos”, señala la exsenadora Piedad Córdoba.

Un acuerdo no garantiza la paz, es solo un marco para construirla. Y el otro marco debería ser la justicia. Justicia también para establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas, con el silencio cómplice de los grupos mediáticos.

– El autor, Álvaro Renzi Rangel, es Sociólogo, investigador del Observatorio de Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Informacion

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El articulo Colombia: Firmaron la paz, ahora hay que construirla apareció primero en piensaChile.

Una visión ciertamente arcaica, para la derecha chilena la economía es una ciencia neutral y universal, donde los sujetos sociales, la historia, la política, el Estado y la ideología no tienen lugar. Cuestión que se contradice en la practica, ya que la defensa que hacen de la economía es afín con su ideología neoliberal, estableciendo que no existe nada neutral y defendiendo el carácter de eterno del sistema que crearon y nos impusieron en 1973.

Intentan conservar, tal cual han funcionado hasta hoy, las tres estructuras económicas básicas del sistema capitalista, la estructura de producción, la estructura de comercialización y la estructura financiera, manteniendo tranquilos y controlados a las fuerzas sociales. En otras palabras lo que defienden es un sistema que produce grandes ganancias a costa de grandes desigualdades en el mundo entero, que fue diseñado para favorecer a una minoría que abusa de esta situación y que la aumenta para consolidar las ventajas que les permiten funcionar.

Son fieros defensores de un sistema económico basado en el individualismo, piedra angular de la economía de mercado, donde la solidaridad es entendida como un valor negativo porque debilita a la persona en su lucha para escalar en el sistema. En este sentido asumen como suyos principios económicos que han perdido validez en el tiempo, entre ellos, el conocido “optimo de Pareto”, (Vilfredo Pareto 1848-1923), el que se define como aquella “situación en la cual no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra”.

Como gran parte de la teoría económica este principio se basa en criterios de utilidad: “si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, despertará un proceso natural de optimización que permitirá alcanzar un punto óptimo”. En la practica la defensa de principios económicos como este, lo que hacen es eternizar la situación que vivimos la mayoría de los chilenos, en un país en el cual unos pocos son muy ricos y el resto vive con sueldos de subsistencia y una minoría con sueldos de hambre, lo que según Pareto debiera continuar como una condición inalterable.

Veamos esto en la practica, la Reforma Tributaria, que aun es insuficiente, altera los principios económicos que fueron inextinguibles durante 40 años y que se lograron mantener gracias a la teoría perversa de los empates. Para los defensores del sistema económico, la situación fiscal, los impuestos, no pueden ser mejorados sin empeorar la situación económica de los ricos, aunque el resultado sea mejorar la situación económica de la mayoría del país.

Por eso tanta preocupación de la extrema derecha la que abierta o solapadamente defiende a la minoría privilegiada de este país, para que todo siga igual, amenazando con la llegada del caos con argumentos cada vez menos creíbles y bastante manoseados, diciéndonos por ejemplo, que la Reforma Tributaria solo servirá para ahuyentar al capital extranjero. Si nos salimos un momento del fundamentalismo UDIOSO y ponemos este argumento bajo la lupa de la verdad, veremos que en realidad el capital extranjero viene a Chile para aprovecharse de los intereses altos o de la mano de obra barata y se va del país cuando el lucro ya no es suficiente.

Sin embargo envían a sus países y matrices lucros exagerados a la par que exigen siempre más privilegios de los gobiernos locales, razón por la cual es un error fundamental, vincular directamente el crecimiento del capital como actor de desarrollo, en la práctica ni siquiera desarrolla la producción de la economía, pero si engrosa las riquezas privadas.

He aquí una tarea pendiente y que el gobierno actual debe encarar, el royalty minero, cuyo objetivo es cobrar por la extracción de un recurso valioso que se agota y que genera enormes ganancias para la industria. Como lo demostraba CIPER en una investigación del año 2011, “la mejor muestra del valor del cobre chileno son las utilidades extraordinarias que hoy están mostrando las grandes empresas mineras, con rentabilidades de 50% y más. Incluso hay casos donde se han registrado utilidades de más del 100 por ciento”.

Chile necesita de los recursos que produce y necesita cobrar los impuestos de manera debida, para ello el gobierno de Michell Bachelet ha planteado la Reforma Tributaria, para financiar los gastos permanentes, mejorar la distribución de los ingresos, incentivar el ahorro y la inversión, y atacar la evasión y elusión de impuestos. En términos generales, la meta de recaudación del conjunto de medidas que se propone la reforma equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El desagregado señala que un 2,5% del PIB serían provenientes de las modificaciones a la estructura tributaria, específicamente con la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), y el 0,5% restantes vendría de las medidas que reduzcan la evasión y elusión tributaria.

Pero lo central de todo esto, es la necesidad urgente de atacar y derrotar la desigualdad existente en el país, no solo en la educación, sino que en toda la estructura del sistema económico y social. Para ello se requiere de una reforma tributaria que debe conseguir un sistema fiscal en el que paguen más los que más tienen y los que antes no pagaban combatiendo el fraude y la evasión fiscal.

Esta es una razón por la cual en la derecha saltaron las alarmas y era previsible, porque la reforma no consiste en subir los tipos impositivos a trabajadores asalariados, sino que temen que paguen más los grandes patrimonios y grandes corporaciones, que hasta ahora eluden una gran parte de la carga impositiva gracias a mecanismos de ingeniería fiscal que nada tienen que ver con su capacidad económica. Hoy en Chile el fraude fiscal es parte del abuso y del lucro mal habido, además de una causal de la desigualdad que nos afecta como país.

Sobre el fraude fiscal queda mucho por hacer, este no sólo se refiere a conductas claramente defraudatorias sino que al abuso de estrategias de optimización fiscal que vulneran el espíritu de las normas, lo que también es un fraude a la sociedad y dentro de las primeras es especialmente injusto el fraude sofisticado y complejo ligado a paraísos fiscales, al estar fundamentalmente al alcance de los grandes patrimonios y empresas.

Así entonces, tal cual lo fue desde los orígenes de la dictadura político militar de Pinochet, la derecha hoy defiende los intereses económicos de los grandes empresarios que financian al sistema. Parece que algunos parlamentarios se han olvidado que fue don Jaime Guzmán el principal artífice del sistema constitucional y político que reemplazó al régimen definido por la Constitución del 25.

Fue en ese período que se expandió el funcionamiento de una economía capitalista y la contribución del ideólogo de la dictadura es decisiva, bajo la influencia del pensamiento de Friedrich Hayek y la Escuela de Chicago, Guzmán consagra constitucionalmente los principios del neoliberalismo que hoy nos agobia. Resulta difícil entonces encontrar sinceridad en el discurso por un capitalismo de «rostro humanizado», así como las falsas matrices culturales del discurso «solidario, del «bien social» o del respeto a los derechos humanos que levantan desde la derecha extrema.

En la medida que avancen las reformas y estas de verdad afecten los intereses del gran capital, la extrema derecha, construida como partido   sobre la idea de un “enemigo interno”, acusara al gobierno de Michell Bachelet de totalitario, de “fomentar la destrucción sistemática de los valores cristianos, la familia y las costumbres públicas y privadas”, es decir, la misma diatriba de siempre.

– El autor, Enrique Villanueva M., es ex Dirigente Rodriguista

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