Con el pretexto de pretender “civilizar” a los mapuches el ejército emprendió la llamada “Pacificación de la Araucanía”, que no fue más que la guerra de exterminio e usurpación de tierras, contra el pueblo que había resistido por tres siglos en embate de los españoles.

El historiador Gabriel Salazar contabiliza 23 masacres impunes  llevadas a cabo por ejército de Chile.

Desde el golpe de Estado, en 1924, contra Arturo Alessandri Palma, el ejército se acostumbró a apropiarse del poder por la fuerza, (mi abuelo, Rafael Luis Gumucio Rivas, dirigente del Partido Conservador, se mostraba satisfecho porque la derecha había expulsado del poder al demagogo Alessandri; el humorista Genaro Prieto, en ese tiempo redactor del Diario Ilustrado, perteneciente a este Partido, le reconvino diciéndole que “porque era cojo no había hecho la guardia, ´servicio militar´, por consiguiente, no sabe cómo son los militares, pues cuando se toman el poder no lo sueltan nunca más”, y aprendió esta lección, pues de ahí en adelante fue antimilitarista, y en su casa podría haber curas y políticos, pero jamás  militares).

A la caída de Carlos Ibáñez del Campo, (1931), los militares no se atrevían a salir con uniforme a la calle. En las Memorias del Carlos General Prats González se consigna que los militares, atemorizados por los civiles, se negaban  a embarcarse en una aventura, sin embargo, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Ariosto Herrera intentó derrocar al Presidente radical. Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, la llamada línea recta tenía claro su propósito golpista. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva algunos militares protagonizaron el llamado “tacnazo”.

Desde el golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas se transformaron en “fuerzas de ocupación” contra su propio pueblo, asesinando, haciendo desaparecer, torturando y exiliando a miles de chilenos.

El general Augusto Pinochet Ugarte, además de haberse convertido en un asesino impune, fue un ladrón consumado, incluso, los derechistas que lo calificaban como “salvador de la patria”, porque los había librado de convertirse en una nueva Cuba, (lo dice la publicación de El Mercurio, del día 11 de septiembre 2019), ahora no se atreven a rendir culto público al general, que usaba para sus negociados algunos alias, entre ellos el de “Daniel López”, y no es el único general que utilizó seudónimos para evitar, en definitiva, la acción de la justicia, pues antes, por ejemplo, lo hizo Carlos Ibáñez del Campo, con el nombre “Domingo Aránguiz”.

Después del triunfo de NO en el plebiscito de 1988, Pinochet pactó con los líderes de la Concertación de Partidos por la Democracia, entre muchos acuerdos políticos, el que los políticos no tocarían a los militares, un área de exclusivo dominio de Pinochet. El mismo general comandante en jefe lo dijo con toda claridad que si tocaban a uno  de sus hombres habría un nuevo golpe de Estado.

Ya en democracia “protegida”, y con su Presidente, Patricio Aylwin Azocar, cuando los delegados de investigación de crímenes de la dictadura dieran a conocer el Informe Rettig, el ejército se dio el lujo de rechazarlo.

Con motivo de las acusaciones contra su hijo, Augusto Pinochet Jr., y la investigación de la Cámara de Diputados sobre negociados con FAMAE, se rebeló contra el gobierno establecido en dos ocasiones.

Los generales en jefe que le sucedieron aprendieron muy bien las martingalas para malversar los bienes fiscales. A su vez, los gobiernos democráticos exageraron en honrar su firma, y no se entrometieron en los asuntos militares, y a tal grado que pudieron hacer uso y abuso de los recursos destinados a las fuerzas armadas, incumpliendo los ministros de Defensa y Hacienda con el deber de fiscalizar y defender el dinero de todos los chilenos. Sabemos que en Chile  la impunidad es la ley, ninguno de ellos ha sido investigado por incumplimiento de deberes.

El general del “nunca más”, Juan Emilio Chyre, fue condenado a tres años de prisión remitida, (pena muy baja para crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca),  como encubridor de torturas y crímenes, perpetrados en La Serena, por la “caravana de la muerte” cuando era un joven teniente.

Las Fuerzas Armadas percibían el 10% de las ventas del cobre, pero los militares, buenos discípulos de su líder Pinochet, se robaron gran parte de los millones de dólares, que se distribuían entre ellos, incluyendo, desde luego, el alto mando, disimulando los gastos con facturas y boletas, material ideológicamente falso.

El cabo, Juan Carlos Cruz, y el  coronel, Clovis     Montero se pusieron de acuerdo para falsificar la firma de los encargados y así atiborrar sus billeteras en pesos y dólares. El cabo Cruz, con un sueldo de 500  mil pesos mensuales, por ejemplo, despilfarró 2 mil millones de pesos en el Tragamonedas  del Casino Monticello, que le regalaba alimentación, alojamiento y estacionamiento.

(Me permito recomendar la lectura del libro de Mauricio Weibel, Traición a la patria)

Montero se auto acusó en una conversación gravada, llevada a cabo con el ex contralor del ejército,    Santchis, en la cual le advierte que también se está investigando al comandante en jefe del ejército, Juan  Miguel Fuente-Alba, por la reventa  de autos de lujo, marca Audi. El monto de lo defraudado por los implicados equivale, según el autor de este libro, a la construcción de ocho hospitales, la erradicación de todos los campamentos en Chile, el monto de la reforma tributaria, aprobada por Presidente Bachelet y la construcción de todos los liceos emblemáticos.

Una de las aristas del milicogate fue el descubrimiento de la vida de lujos, muy superior a su salario, del general en jefe del ejército, que alcanza al monto de 3 mil millones de dólares, producto del desvío y mal uso de los gastos reservados, que no se rinden hasta ahora, salvo la declaración de que constituyen una buena inversión para el país.

El general sumaba en su patrimonio 19 propiedades y 10 autos de lujo; la parcela de agrado, en Chicureo, Santa Filomena, la pagó de contado por la suma de 500 millones de pesos; en  su casa trabajaban 21 personas, entre ellos, varios cocineros, todo a costa de todos los chilenos. Con los gastos reservados regalaba a las esposas de los generales, (incluso en retiro), finas joyas, y a los maridos, relojes de lujo. (A Fuente-Alba lo llamaban “el señor de los anillos” y “el príncipe”, por el símbolo de los autos y de gustos exquisitos).

Los pasajes y viáticos, cuando no eran utilizados, los revendían y, a veces, los de primera clase eran cambiados a turistas, quedándose los generales con la diferencia. París era uno de los paraísos predilectos, y alojaba en un elegante hotel de Champs Elisées, en una suite con vista a la Tour Eiffel.

Otro de los implicados es también el ex comandante en jefe, Humberto Oviedo, acusado por la fiscal Romi Rutherford, de malversación de fondos fiscales, otro de los implicados, además, en el mal uso de los gastos reservados, que han sido aprovechados por su mujer, (hoy llamada a declarar), y por sus hijos, que se aprovecharon al pedir pasaportes diplomáticos, cuando no cumplían misión alguna, y, como si fuera poco, recibían un viático de 3 mil dólares por persona.

En todo caso, los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, por consiguiente, hay que agregar el ´condicional´ en cada uno de los párrafos de acusación.

No hay nada qué celebrar el 19 de septiembre y opino que las fiestas patrias, en vez de tanto Tedeum y marchas militares, debiera considerarse como un día de recuerdo de los valores republicanos.

El articulo 19 de Septiembre: el Día de “Las glorias del Ejército” (masacres, golpes de Estado, “milicogate, Pinochet, Cheyre, Fuente-Alba, Oviedo…”) apareció primero en piensaChile.

Jueves 29 de marzo 2018 7:20 hrs.
Constantemente se nos advierte que Chile, a diferencia de otros, no es un país corrupto. Sin embargo, todos los días se suceden las denuncias de actos ilícitos cometidos por políticos que son sobornados y reciben estipendios escandalosos; por empresarios que se coluden, evaden o eluden sus impuestos; por las utilidades escandalosas recibidas por isapres y AFP derivadas de las cotizaciones de todos los trabajadores y, cada vez más recurrentemente, por los “desvíos” de dineros burlados al erario nacional de parte de los altos oficiales de las FFAA y las policías.

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¿Informaciones falsas? Revisemos a los tres últimos Generales Directores de Carabineros.

Eduardo Gordon

–Parte policial: en julio de 2010 el hijo mayor del general, Eduardo Gordon Orduña, no respetó un semáforo y chocó por alcance a un Toyota Yaris sport blanco, patente BGBZ40. El joven se dio a la fuga, pero su patente fue registrada y se realizó la denuncia. Gordon intercedió a favor de su vástago para que se cambiara el parte policial donde figuraba el nombre de éste.

–Manuel Gutiérrez: El 25 de agosto de 2011 Manuel  Gutiérrez fue asesinado de un disparo. Carabineros y el gobierno negaron la participación de la policía. A los pocos días se supo la verdad… el sargento Millacura disparó su “Uzi”.

–Pacogate: se le investiga por el uso de $ 21.703.191 en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas y por el mega desfalco de $26.756 millones. Fue implicado directamente en este caso por el general (R) Flavio Echeverría, exjefe de finanzas de Carabineros. Actualmente se encuentra procesado por Fraude al Fisco.

Gustavo González Jure

-Compras con Sobreprecios: en enero de 2012 se desvelaron muchas irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Se trataría de $1.600 millones en malversación de fondos públicos. González presidía  el Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones de Carabineros, que tenía como principal función velar para que no se produjeran irregularidades.

Pacogate: el 15 de agosto de 2017 González prestó declaración como testigo ante los persecutores, en la que fue consultado por un oficio del Consejo de Defensa del Estado, el cual en 2008 habría advertido sobre “posibles irregularidades en los fondos o dineros de la Dirección de Finanzas”. Al respecto, González dijo: “No recuerdo tal documento”. Al igual que su antecesor, también fue implicado en este caso por el general (R) Flavio Echeverría.

–Sergio Albornoz: González fue implicado, en una investigación hecha por el director de Panoramas News Patricio Mery, en el homicidio de Sergio Albornoz Matus, de 14 años de edad, ocurrido el 30 de agosto de 1988 durante una protesta contra la dictadura cívico-militar.

Bruno Villalobos

-Escuchas telefónicas ilegales: durante el año 2011 Villalobos fue denunciado por este hecho por el periodista Patricio Mery Bell y por los abogados Rubén Jerez y Claudio Cofré.  Exfuncionarios  de la misma institución acusaron de ser víctimas de “pinchazos” ilegales ordenados desde la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), a cargo de Villalobos. Según datos entregados por el exuniformado Estaban Infante, el Alto Mando de Carabineros mantendría intervenidos los teléfonos de los diputados Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló; y de los senadores Alejandro Navarro y Alberto Espina. Además, de acuerdo a la denuncia, esta práctica se extendería también a importantes dirigentes sindicales y del mundo social.

-Montaje contra Saif Khan: el año 2010, Villalobos era director de Inteligencia de Carabineros,  fue aquí cuando trascendió “El Caso del Paquistaní Terrorista”. Khan fue imputado por la ley de explosivos luego que se le encontraran trazas de pólvora en su ropa, las mismas que quedan tras prender un fósforo, cuando ingresaba a la embajada de Estados Unidos en Santiago. Incluso fue mentirosamente motejado de ser miembro de Al Qaeda.

–Montaje Caso Bombas: durante el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo cercanía con el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y, en su rol como jefe de la Dipolcar, tuvo estrecha relación con los exfiscales Xavier Armendáriz y Alejandro Peña (ahora defensor de narcotraficantes) en la indagatoria investigativa del denominado “Caso Bombas”, que terminó convirtiéndose en uno de los más sonados fracasos del Ministerio Público. Participación fue evidente para fabricar pruebas e incriminar a jóvenes anarquistas acusados de plantar bombas en todo Santiago. Hasta el día de hoy queda la duda si Villalobos tuvo alguna participación en la generación de un pánico colectivo utilizando las viejas tácticas de ataques de falsa bandera para mantenerse en el cargo.

-Operación Huracán: en septiembre de 2017 esta operación condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

-Hostigamiento y escuchas a periodistas: la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de Chile (UIOE) hace bastante tiempo que interceptaba mensajes e investigaba a periodistas de Radio Biobío, El Ciudadano, The Clinic, Mapuexpress y Werken.

–Pacogate: el general (R) Flavio Echeverría, uno de los principales líderes del cartel que operaba al interior de la institución, sindicó también a Villalobos como receptor de dineros de este descomunal desfalco.

Finalmente, ¿cuánto nos hubiésemos ahorrado en juicios y en dineros públicos si hubiéramos escuchado las denuncias de la prensa independiente?

Bruno, usted y sus camaradas olvidaron aquella frase de vuestro himno institucional que reza “La ley espejo de nuestro honor”.

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Dirigentes del SITECOVA son denunciados en Tribunales Laborales por sistemáticas prácticas antisindicales.

La directiva del Sindicato de Asistentes de la Educación de la CORMUVAL se encuentra cuestionada desde el 2017, cuando se develó un desorden financiero millonario que involucraba a los actuales dirigentes. A inicios del 2017, la comisión revisora de cuentas -encargada de vigilar la administración del patrimonio sindical-, alertó a los socios de una cifra cercana a los 60 millones de pesos de gastos realizados por la directiva los cuales no contaban con el debido respaldo.

Todo ello, en el contexto de una reciente elección de directiva que dio por triunfadores a los mismos dirigentes cuestionados por su deficiente administración financiera del periodo anterior. Frente a ello, los socios han acusado la falta de transparencia de los dirigentes sindicales, quienes teniendo pleno conocimiento del desorden financiero, ocultan dicha información hasta después de las elecciones, con el objeto de mantenerse en los cargos por un nuevo periodo.

Producto de lo anterior, se presentaron durante el 2017 dos denuncias por presunta apropiación indebida de fondos sindicales, una realizada por la directiva sindical, quienes responsabilizan únicamente a la ex Tesorera del desorden financiero; y otra interpuesta por los socios que sindican como responsables a la totalidad de la directiva en cuestión. Esto último, en conformidad a lo planteado por el Código del Trabajo, en cuanto los integrantes de una directiva sindical son solidariamente responsables del cuidado y administración del patrimonio.

En medio de este proceso de investigación, los dirigentes han incurrido en una serie de prácticas antisindicales, hostigando a los socios y socias que se han atrevido a denunciar las irregularidades y que han exigido mayor transparencia y probidad. Es por ello, que hoy jueves 11 de Enero de 2018, un grupo de socios y socias del SITECOVA interponen una denuncia por prácticas antisindicales en Tribunales Laborales, representados por el abogado Felipe Reyes.

Las principales causas que sostienen esta denuncia son la degradación del patrimonio sindical, la carencia de transparencia sobre la administración de los fondos sindicales y el claro bloqueo a la libertad de expresión y al legitimo disenso en las bases; todas ellas contenidas en el Código Laboral como derechos de los y las trabajadoras que adhieren a una organización sindical.

Fecha: Jueves 11 de Enero 2018.

Hora: 11:00.

Lugar: Tribunales Laborales de Valparaíso. Calle Yungay 2434, Valparaíso.

Estarán presentes: 

– Gregorio Gutiérrez y Hugo Álvarez, socios denunciantes.

– Felipe Reyes, abogado patrocinante (986671011)

Contacto prensa: Violeta Serey, 9-99357031

Violeta Serey Correa

Trabajadora Social 

Insuco Valparaíso

Contacto: vserey@insucovalpo.cl, 99357031. 

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La querella fue presentada por Julián Alcayaga, en representación de la “ONG Chile-Cobre”. La Fiscalía Centro Norte está a cargo de la investigación.

En la querella se denuncian dos principales tipos de pérdidas.

El primer tipo, tiene que ver con pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se pagaron entre los años 2006 y 2012. Estas pérdidas se mantuvieron en absoluto secreto hasta septiembre del año 2010, cuando el Director de Codelco, Sr. Andrés Tagle, reveló su existencia. Posteriormente, estudiando las Memorias de Codelco, comprobamos que esas pérdidas eran reales.

Desde Codelco se argumentó que dichas pérdidas se produjeron por errores en las previsiones del precio del cobre a futuro, mismas explicaciones que dio en su tiempo J.P. Dávila al perder US$ 200 millones en mercado de futuro, el año 2004. Pero posteriormente, en el juicio que se llevó en contra de J.P. Dávila, se acreditó que las pérdidas en estos mercados no se producen porque no se supo prever el precio a futuro del cobre, sino porque se pierde deliberadamente en favor de determinados operadores, que pagan una suculenta comisión, a quienes les permiten ganar lo que Codelco pierde.

Las actuales pérdidas de Codelco en mercados de futuro, tienen el mismo objetivo de perder dinero a favor de determinadas empresas, como en el tiempo de Dávila, pero con el agravante que ahora estas pérdidas superan en 27 veces a las del tiempo de Dávila.

El segundo hecho denunciado, tiene que ver con las pérdidas por cerca de US$ 14.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos. Es evidente que ha habido subfacturación, lo que incluso ha sido denunciado por la UNCTAD.

Graficaremos la subfacturación con un ejemplo. Los ingresos por ventas de Codelco en el año 2006, alcanzaron a US$ 17.077, con un precio del cobre de 3,05 dólares, mientras que en año 2014, con una producción similar al 2006, los ingresos por venta alcanzaron solo a US$ 13.826 millones, con un precio del cobre de 3,11 dólares, por lo que los ingresos por venta debieron alcanzar por lo menos a US$ 17.800 millones, en comparación a los ingreso del año 2006. Faltan entonces US$ 4.000 millones. ¿Dónde están?

Las pistas de la subfacturación es fácil de pesquisar, porque a la querella acompañamos informes de Aduanas, por los años 2013 y 2014, que muestran que existen muchos embarques de cátodos de cobre a precios más de 2 veces inferiores a los del mercado. ¿Quiénes son los favorecidos con esta subfacturación en perjuicio de Codelco y de todos los chilenos? Eso es parte de lo que solicitamos al tribunal y la Fiscalía Centro Norte, que se investigue y se castigue. La investigación de la Fiscalía avanza demasiado lentamente, en relación a otros casos como SQM, Penta, Garay, que portan sobre montos ínfimos en relación a las pérdidas de Codelco, pero que tienen una cobertura mediática extraordinaria y nada o casi nada por las pérdidas de Codelco.

En suma, las pérdidas alcanzarían a los US$ 5 mil millones en mercados de futuro, porque en la investigación en fiscalía aparecieron otros US$ 300 millones de pérdidas en futuros en los años 2003 y 2004. A ello debemos agregar alrededor de US$ 2.000 millones en el contrato con la empresa china Minmetals y  alrededor de US$ 14 mil millones por subfacturación. Es más que demasiado.

Una denuncia con estos mismos hechos la hicimos al Servicio de Impuestos Internos en octubre de 2011, al Consejo de Defensa del Estado en octubre de 2013. A pesar del tiempo transcurrido, estas instituciones no han tomado ninguna determinación, ni se han hecho parte en la querella.

Comité de Defensa y Recuperación del Cobre

ONG CHILE-COBRE

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por Sturla, Accorsi, López y Figueroa (Chile)
Publicado el 13 diciembre, 2016

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