Pese a nunca haberlo visto ni hablado con él, Víctor Queipul, lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma, conoce perfectamente a Raúl Castro Antipán, estudiante de 23 años que desde 2009 se desempeñó como infiltrado de Carabineros en territorio mapuche, participando de atentados incendiarios e inculpando a decenas de comuneros, quienes luego de pasar incluso años en prisión preventiva resultaron absueltos.

Así lo reconoció este miércoles en el Tribunal de Angol, cuando admitió su participación en el atentado al peaje de Quino y en el caso denominado “Tur Bus”, de julio de 2009, en el que incluso tuvo tiempo de avisar con un día de anticipación a Carabineros.

El lonko es también tío de Patricio Queipul, quien en 2009 fue sindicado como uno de los dos responsables del atentado al peaje Quino y juzgado bajo la ley antiterrorista, pese a tener tan solo 15 años.

El testimonio de Raúl Castro Antipán operó como la prueba con la que la Fiscalía encarceló a Patricio Queipul y Luis Melinao, de la comunidad Cacique José Guiñón. Si bien nueve personas fueron investigadas por el atentado, solo los dos menores de edad quedaron en prisión.

A juicio de Víctor Queipul, que hayan sido precisamente los familiares cercanos de líderes de comunidades emblemáticas en la lucha por la recuperación de sus tierras quienes hayan sido acusados por actos terroristas responde a un montaje de la policía  para deslegitimar esta demanda.

Asimismo, advierte que desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, la Fiscalía ha infiltrado sistemáticamente a jóvenes en las comunidades mapuche, incluso pagándoles un salario por sus servicios.

“El Ministerio Público ha reclutado gente de las comunidades para que puedan empezar a declarar en contra de sus propios peñis en las comunidades, a cambio de un pago. Eso ha sido denunciado, incluso después de que se realizan los juicios estos mismos testigos protegidos han salido diciendo que a ellos les pagan un poco, 300 mil pesos, 500 mil e incluso un millón mensual”, afirma.

Si bien Raúl Castro Antipán negó recibir un sueldo de la Fiscalía o de Carabineros por haberse infiltrado en las comunidades para realizar atentados incendiarios y posteriormente inculpar a otros jóvenes mapuche, sí admitió el pago de un departamento “como medida de seguridad”.

La comunidad Temucuicui Autónoma está buscando ayuda jurídica para exigir al Estado aclarar su responsabilidad en estas irregularidades.

“Esto es un abuso de poder. Las instituciones son del Estado y alguien tiene que responder. Le hemos pedido al ministro del Interior que se pronuncie, pero no ha hablado. Ni el intendente ni Carabineros se han pronunciado sobre el asunto. A mediados de la otra semana vamos a presentar acciones legales contra el uso de este testigo protegido. Carabineros tiene que responder, porque son ellos los que están involucrados en los atentados: Raúl Castro Antipán manifestó que él sabía antes de que ocurra cualquier atentado y que le informaba a Carabineros. Aquí hay alguna mano negra que tiene que aclararse”, asevera.

El silencio de las autoridades se suma al del duopolio de la prensa, algo que no pasa desapercibido para el lonko. “Cuando tomaron presos a los peñis por la ley antiterrorista hacían fila llegando a las comunidades para entrevistarnos, mostrándonos como unos verdaderos terroristas, mientras ahora brillan por su ausencia”, comenta.

*Fuente: Radio U de Chile

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 “En el tribunal de Angol, Raúl Castro Antipán reconoció que realizó atentados incendiarios y otros hechos que el tribunal calificó como terroristas… ¡siendo agente de la Sipolcar de Carabineros de Chile!”.

Fue la denuncia del sacerdote jesuita Luis García Huidobro la que encendió la alarma sobre una situación que, paradojalmente, no sorprende a ninguno de los involucrados en la defensa de mapuches inculpados por atentados incendiarios bajo la ley antiterrorista: viene a confirmar lo que han constatado en terreno desde hace años.

En el contexto del juicio contra Luis Marileo y Patricio Queipul por el caso “peaje de Quino” de 2009, en el que ambos fueron juzgados bajo la ley antiterrorista pese a ser menores de 18 años, Raúl Castro Antipán confesó, en calidad de testigo protegido de la Fiscalía, su participación en atentados incendiarios en La Araucanía, así como una serie de otros delitos.

“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalla Luis García Huidobro. Todo esto, como parte de una operación de inteligencia policial que comenzó el año 2009.

El informante

“Esta persona se acerca a Carabineros, o Carabineros se acerca a él, y comienza a entregar información a cambio de que lo ayuden con una causa que tenía en Coyhaique. Así comienza a participar, le enseñan técnicas de inteligencia para infiltrarse en las comunidades”, afirma Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa SUR y parte de la defensa de Luis Marileo y Patricio Queipul.

“Raúl Castro Antipán fue reclutado como informante de Carabineros mientras era un joven estudiante activista que se vinculaba con algunos grupos pro causa mapuche. Vendría a ser un infiltrado civil dentro de algunas organizaciones o movimientos acá en el sur. Claramente fue seleccionado para cumplir este rol porque tenía causas judiciales pendientes, entiendo que por robo, las que fueron usadas por inteligencia policial para ofrecerle una salida alternativa, que era prestar ayuda y cooperación como informante de la policía”, agrega el periodista y escritor Pedro Cayuqueo.

Fue el propio Castro Antipán quien admitió públicamente su participación en el “caso Tur Bus” y el caso del “peaje Quino”, ocurridos en julio y octubre de 2009.

Por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche han sido encarcelados y posteriormente liberados entre 2009 y la fecha, entre los que se encuentran Patricio Queipul y Luis Marileo.

“La declaración de esta persona estaba en secreto, las personas estaban en prisión preventiva sin tener conocimiento del antecedente concreto por el cual los estaban metiendo presos. Cuando la defensa tiene conocimiento de esto, alegamos que se trataba de un imputado y no de un testigo, por lo tanto su nombre no podía estar en reserva. En ese momento conocemos su identidad y sus antecedentes penales. A partir de ese momento, comienzan a salir en libertad los comuneros dada la baja calidad de la prueba en su contra, que es la declaración de este muchacho. Hasta ese momento nosotros solo sabíamos que se trataba de un imputado que se había acogido al beneficio de la delación compensada, una figura especial contenida en la ley antiterrorista. Solamente en el juicio nos enteramos de que tenía contacto con Carabineros, que era apoyado y mandatado por ellos para infiltrarse en las comunidades”, agrega el jurista.

El debido proceso

Luis Marileo y Patricio Queipul pertenecen las comunidades Cacique José Guiñon y Temucuicui Autónoma, reconocidas en la lucha por la recuperación de sus tierras.

Mientras siete adultos inculpados en el caso “Peaje Quino” fueron liberados, ambos adolescentes debieron enfrentar la prisión por un delito que, este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol decretó que no cometieron.

“Luis Marileo estuvo en internación provisoria y Patricio Queipul, en cuanto supo de la existencia de una orden de detención por este caso, no salió más de su comunidad, por lo que solo fue formalizado por este delito el 2011”, detalla su defensor.

Pese a que la ley antiterrorista no puede ser utilizada contra menores de 18 años, ambos adolescentes fueron juzgados bajo su alero. Este miércoles fueron absueltos, ante lo que Sebastián Saavedra asegura que “una vez que estudiemos los antecedentes, evaluaremos la posibilidad de demandar al Estado por la infracción de las garantías mínimas del debido proceso”.

“Hay que recordar que ellos eran menores de edad al momento de que este infiltrado declarara. Si revisas la historia de la ley de responsabilidad penal adolescente, aprobada el 2005, jamás se había visto un caso en que un niño fuera procesado por una ley especial distinta y menos todavía por la ley antiterrorista, que es la más gravosa que tiene nuestro ordenamiento jurídico”, alerta.

El abogado hace hincapié en la falta de rigurosidad jurídica amparada por la ley antiterrorista. “En mis alegatos les señalaba a los ministros que qué ocurría si el día de mañana una persona se acoge a este beneficio y nos atribuye responsabilidad a cualquiera de nosotros. ¿Vamos a ir a la cárcel por ese solo testimonio, sin tener ningún otro medio de prueba? Otra comparación, ¿qué hubiese pasado si esa persona inculpa al Presidente Sebastián Piñera? ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza que hubiesen metido en prisión preventiva al Presidente por esa declaración? Eso es imposible y es una discriminación feroz respecto de los comuneros, que por el hecho de pertenecer a comunidades que están en conflicto basta la primera declaración de un sujeto con antecedentes penales, infiltrado de Carabineros, para que estuvieran en prisión preventiva cerca de un año”, indica.

El periodista Pedro Cayuqueo coincide en el diagnóstico: “Lo que tenemos aquí es una violación al debido proceso, una gimnasia olímpica de los fiscales de retorcer la ley y usarla en su beneficio para obtener condenas contra dirigentes que, en muchos casos, no tienen mayor responsabilidad en actos de violencia. He ahí la clara vinculación política del uso de esta ley, que ha sido tan cuestionada no solamente en Chile”.

La Fiscalía de La Araucanía negó que Raúl Castro Antipán fuese un informante de la institución. “Él es un imputado formalizado por el Ministerio Público, acusado y condenado”, aseguró el fiscal de Temuco, Roberto Garrido.

Sin embargo, su vinculación con Carabineros no fue descartada.

*Fuente: Radio de la U de Chile

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Miércoles 12 de febrero 2014
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia en la zona de la Araucanía el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009 y juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad en ese entonces.

Por el episodio ya habían sido absueltos siete adultos, mientras que ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.

En el marco de este juicio, el martes declaró en el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche.

“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro.Entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba fundamental de un delito que no cometieron las palabras de este agente encubierto de Carabineros.

Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo aseguró que “para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está pasando con este testigo protegido de la Fiscalía”, detallando el historial de juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado.

“Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuche que finalmente fueron todos absueltos. El que ahora esté participando en un nuevo juicio no solamente da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en el sur, sino que también con la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros”, acusó.

A su juicio, claramente existe una intención política detrás de la persecución hacia militantes mapuche, determinada por la aplicación de la ley antiterrorista que ha sido cuestionada por distintos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

“La aplicación de esta ley vulnera el debido proceso y las garantías procesales de los ciudadanos mapuche. Qué prueba más palpable de eso es, por ejemplo, la utilización en este caso de testigos protegidos que son delincuentes confesos, que se benefician de las disposiciones de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, la delación compensada, para ser utilizadas como herramientas de persecución de los dirigentes de las comunidades. Es lamentable que la Fiscalía tenga que recurrir a delincuentes confesos para intentar encarcelar a los dirigentes y eso es algo que debiera llamar la atención de las autoridades”, agregó.

Esta confesión viene a corroborar las denuncias levantadas desde hace años por el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, acerca del uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.

*Fuente: Radio de la U de Chile

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