El articulo Chile. ¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil? apareció primero en piensaChile.

Revisión del desempeño de los tribunales

Se conmemoran este mes los 50 años del montaje denominado por la DINA Operación Colombo, y conocido como Lista de los 119. «Exterminados como ratas», tituló La Segunda el 24 de julio de 1975, como parte de una operación mediática internacional de guerra psicológica y preludio de la Operación Cóndor. La DINA buscaba aterrorizar a la población y culpar al MIR de asesinar a sus propios integrantes. Seleccionó para esa lista los nombres de miembros de la resistencia popular detenidos entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 2075 por quienes se habían presentado recursos de amparo. Entre ellos había 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, estudiante de servicio social en Temuco, embarazada) y 100 varones, todos luchadores antidictatoriales, 90 de ellos menores de 30 años, la mayoría miembros del MIR.  También había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.  En el grupo había parejas, hermanos, amigos y compañeros de partido; estudiantes, obreros, pobladores, profesionales, periodistas, actores y sastres. Varios eran de ‘Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Ángeles y Longaví. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la «Venda Sexy» o Cuatro Alamos.

Montajes de ayer y hoy

El Plan Nacional de Búsqueda los incluye, pues sus restos no han sido hallados, tal como ocurre hoy con Julia Chuñil, un caso que desmiente el Nunca Más. No hay un Plan de Búsqueda para la dirigente mapuche desaparecida hace casi 9 meses, y la justicia, hoy cuestionada por casos de corrupción y narcotráfico, no ha imputado ni formalizado ni abierto el juicio pese a pruebas presentadas por la familia acreditando un cuadro de amenazas por un poderoso empresario de la región, descendiente de colonos alemanes y actual dueño de la tierra recuperada por la defensora territorial. El ministerio público (fiscalía) sólo ha criminalizado a la familia de la víctima, como se hacía en años de dictadura, y el gobierno de Gabriel Boric denegó la acción urgente de búsqueda solicitada desde Ginebra por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, a instancias de CODEPU. Los medios de la prensa hegemónica hablaron de un “vuelco en el caso” tras el titular de  MegaVisión  del 5 de marzo de este año: “A 4 meses de su desaparición: Detectan sangre de Julia Chuñil en su casa e investigación apuntaría a núcleo familiar” recogido por otros medios masivos. Ninguno de ellos rectificó la información, que era una filtración interesada y falsa, y no figura como prueba en la carpeta investigativa. Por ello la familia de Julia Chuñil apuntó  a la configuración de un montaje para intimidarlos, lograr que se inculpar a Jeannette por la desaparición de su madre, y detener la campaña nacional e internacional por verdad y justicia que comenzó levantando la consigna histórica “¿Dónde está Julia Chuñil?”.

Conocido es el caso de la Operación Huracán. El modelo “Colombo” de noticias falsas, amparado en la impunidad de una justicia clasista, racista y patriarcal, no ha sido abandonado por cierta prensa ni por la propia policía, con vistas al desprestigio de las luchas de los pueblos y comunidades por sus derechos.

50 años de Impunidad

Junto a las tardías sentencias ya dictadas, a 50 años de los hechos aún hay 9 casos de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo sin sentencias definitivas aunque en tres casos hay sentencias de la Corte de Apelaciones (Arévalo, Alarcón, Cabezas) y en uno, de primera instancia (López). La deuda cincuentenaria de justicia es con los dirigentes poblacionales  Víctor Arévalo (de Quilicura) y Gary Olmos (de La Bandera); Eduardo Alarcón (albañil de Las Rejas Sur); Antonio Cabezas (interventor en la textil Comandari), Bladimir Arias (mecánico de Quilicura) , Ramón Núñez (estudiante de Control de Calidad en la USACH, de Renca), Juan Bautista Maturana (comerciante, dirigente poblacional en Pudahuel) , Edgardo Morales Chaparro (gásfiter, ex dirigente sindical del Ministerio de Vivienda) y Violeta López (dirigenta sindical y secretaria).

La pasada semana,  la Ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes,  emitió un fallo de primera instancia por Violeta López Díaz, militante del MIR, viuda, detenida el 29 de agosto de 1974. Desaparecida a los 40 años, tenía un hijo de 16 años, Ricardo, y una hija de 15, Rebeca. La sentencia condena como autores de su secuestro calificado, a Miguel Krassnoff, jefe de la Brigada Halcón de exterminio del MIR, (diez años) y a tres guardias de Cuatro Alamos, Pedro Araneda y Manuel Avendaño (seis años) que cumplen otra condena en Colina, más Alejandro Astudillo (FACH), quien lo hace en Punta Peuco.

El fallo da cuenta del sobreseimiento definitivo de otros implicados, por fallecimiento:  Manuel Contreras (director de la DINA) Ricardo Lawrence (de la Brigada Aguila 1 de cacería del MIR) y Orlando Manzo, de Gendarmería, jefe del centro clandestino de incomunicación y detención de Cuatro Alamos. Es la llamada “impunidad biológica” término acuñado por el notable juez Alejandro Solís décadas atrás anunciando que ello ocurriría.

A comienzos de este año continuó en Cuatro Alamos un proceso de traspaso gradual del sitio a la Corporación 3 y 4 Alamos, como parte de un compromiso del actual gobierno   de convertirlo en un sitio de memoria. Pero aún continúa funcionando allí el centro de detención preventiva del ex Servicio Nacional de Menores, en condiciones descritas como deplorables para esos jóvenes.

Violeta López, una mujer de los años 70

Violeta era una artista comprometida, madre y mujer bella, trabajadora. Participó en la Asociación de Teatro de los Ferrocarriles, y también fue secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile en el Teatro Cariola. Era también dirigente sindical en Fábrica de Cecinas Loewer, del Area de Propiedad Social (intervenida por el Estado) donde había creado el grupo teatral Acquarius que más adelante funcionaría en su casa.  El 11 de septiembre fue detenida junto a otros once trabajadores y hostigada por varios días. En una oportunidad los uniformados la hicieron tragar bencina, amenazándola con prenderle fuego y hacer daño a sus hijos. Valiente y decidida, ella siguió adelante pero tras su nueva detención en su domicilio de San Miguel, sus hijos quedaron huérfanos. La denuncia para el recurso de amparo la puso el niño, Ricardo, en la Vicaría de la Solidaridad. Cuando buscaba a su madre en recintos policiales, los uniformados le respondían que se volviera a casa porque su madre lo había dejado botado. Siguió buscándola, desesperado y dejó los estudios. Se fue preso una y otra vez, según relata en una entrevista del diario La Nación en 2005, porque durante las noches de toque de queda salía a las calles a exigir el paradero de Violeta y luego insultaba a los uniformados. Desde ese año, junto a su hermana Rebeca es querellante en el proceso.

Entre quienes testimoniaron en el juicio están dos jóvenes integrantes de las juventudes Comunistas, Verónica Pareja y Rosa Narváez, quienes luego de ser sometidas a tortura político- sexual en Londres 38, fueron trasladadas a Cuatro Alamos. Relataron que su compañera de celda, Violeta López, les preguntó qué edad tenían, comentando “Yo tengo una hija de 15 años!” para luego cuestionar: “¡Cómo es posible que las tengan aquí!” Un día las niñas vieron que un guardia sacó de la celda a Violeta quien jamás regresó.  A la fecha también estaban secuestrados allí los padres y tres hijos de la familia Maturana Pérez, de militancia comunista. En el juicio, Jaime Maturana declaró haber visto a Violeta en Cuatro Alamos.  La reconoció “porque nosotros, al igual que ella, vivíamos en la calle Pedro Mira de la comuna de San Miguel”. El hermano de Jaime, Juan Bautista Maturana Pérez, comerciante, sacado de Cuatro Alamos sin que se supiera más de su rastro, está al igual que Violeta incluido en la Lista de los 119 y su hermano Washington también desapareció de allí.

Lucha contra la impunidad

La inmensa mayoría de las madres de los 119 fallecieron a lo largo de 5 décadas de búsqueda y lucha ante una justicia sorda.  Una sentencia a firme emitida en 2009 y jamás revisada, aplicó la prescripción total (amnistía) en el caso de la joven estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, Jacqueline Binfa. En septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) emitió una sentencia en la que ordena revisar y/o anular todas las reducciones de penas aplicadas por la Corte Suprema usando la media prescripción para dejar libres o con sólo 5 años y 1 día de prisión a los responsables de las desapariciones de 11 de los 119: Manuel Cortez (ex miembro del GAP original), Félix de la Jara (activista y estudiante de historia y geografía en la U de Chile) , Julio Flores (estudiante de ingeniería en minas en la USACH de Antofagasta); Ofelio Lazo (carpintero, ex trabajador de la Corporación de Servicios Habitacionales CORHABIT,), Pedro Merino (sastre y dirigente regional de las JJCC en la zona del carbón y Concepción), Sergio Montecinos (interventor de Aceros Franklin); Anselmo Radrigán (ingeniero, dirigente nacional del MIR y activista en las fábricas de Renca y Conchalí); Jaime Robotham (ex dirigente en Sociología de la U de Chile); Marcelo Salinas (cuadro político del MIR ligado al trabajo de Informaciones), y los miembros de una familia mirista Fernando Silva (decorador de interiores) y Claudio Silva (su hijo, estudiante de Biología en la U de Chile y miembro del trabajo de Informaciones del MIR).

Aparentemente el Estado no ejecuta aun esa sentencia de la CIDH a la que está obligado por el derecho internacional de DDHH. Por otra parte, en julio de 2024, por el secuestro de los ciudadanos italianos Juan Bosco Maino y Omar Venturelli la Corte Suprema concedió la extradición al país europeo del ex oficial Pedro Espinoza, condenado además en Chile por muchos de los secuestros de la Operación Colombo. En Italia la sentencia es a cadena perpetua. No hay información acerca de que se haya hecho efectivo ese fallo.

El tiempo pasa

La conmemoración de los 50 años del golpe civil militar cambió el ritmo cansino de la Corte Suprema. Ese año 2023 emitió en forma inédita 20 nuevas sentencias. Diez años antes, en 2015, a 40 años de esos crímenes de lesa humanidad apenas había emitido 29 fallos a firme y la impunidad se mantenía.

La mayoría de las penas más altas (entre los 5 a 10 o 13 años) siguen recayendo hoy en los ex altos oficiales sobrevivientes: Raúl Iturriaga (autor intelectual del montaje de guerra sicológica, responsable de la DINA en el exterior), Miguel Krassnoff (a cargo de la persecución al MIR), Pedro Espinoza  (ex jefe de la DINA y parte del directorio de la Pesquera Arauco involucrada en las desapariciones)  y en algunos casos  incluyen a César Manríquez (jefe de la Brigada de Inteligencia que comandaba Cuatro Alamos y las Brigadas Aguila y Halcón).  La pena más alta de 20 años de prisión para este cuarteto de la muerte fue dictada en 2024, por la desaparición de la Carmen Bueno, actriz mirista que actuó en la película La Tierra Prometida de Miguel Littin donde en la escena final, un militar la mata de un sablazo. Entre las sentencias más bajas (5 años y 1 día) está el fallo por Ramón Labrador, miembro del MIR de Cautín, un activista en la zona mapuche que saludaba en mapudungún a sus compañeros de prisión en el centro de tortura José Domingo Cañas. Era padre de un hijo de dos meses a la fecha del secuestro.

La primera sentencia de la corte Suprema de la Operación Colombo, respecto del secuestro de Miguel Angel Sandoval, se dictó sólo en 2004, posibilitando que en 2005, tras el rechazo de la casación,  el ex director de la DINA Manuel Contreras fuera llevado a viva fuerza al Penal Cordillera por su condena junto a la plana mayor de la DINA. Fue un logro de las organizaciones y abogados de Derechos Humanos, los ex presos políticos que declararon en los procesos pero también una póstuma victoria de Miguel Angel cuyo hijo nació días después de su captura por la DINA. Él había sido integrante del grupo inicial de protección del Presidente Allende, el GAP, y miembro de la llamada “fuerza militar” del MIR.

La exasperante lentitud de la justicia que nunca investigó la Operación Colombo como un montaje de guerra sicológica, se muestra también con otro caso de impunidad biológica, ya que en 2016  la desaparición del ex dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos,  Rodolfo Marchant,  los únicos perpetradores acusados del crimen, Augusto Pinochet, Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi)  y Manuel Contreras (director de la DINA) fueron absueltos por muerte por la Suprema.

Los criminales de lesa humanidad continúan peleando en tribunales y en el Congreso para cumplir sus penas en libertad y disfrutar de las millonarias pensiones que nunca han perdido. El pasado 15 de julio la Comisión de DDHH del Senado, presidida por el senador derechista Francisco Chahuan (RN) continuó la discusión de un proyecto de ley en primer trámite (Boletín 17.370-17) que consagra la impunidad total para condenados por penas de lesa humanidad, posibilitando “cumplimiento alternativo de penas” en sus domicilios u hospitales, como parte del programa con el que avanza toda la derecha junto a otros negacionistas de la izquierda socialdemócrata que reniegan de la doctrina internacional de ddhh pero aducen que los condenados merecen respeto a sus derechos humanos. La transformación de Punta Peuco en un recinto común parece funcional a ese proyecto.

Pero como señala en su afiche el colectivo 119, Verdad, Memoria y Resistencia, a 50 años de la Operación Colombo, la Utopía sigue vigente. Este sábado 26 de julio la convocatoria es a marchar desde el GAM hacia La Plaza de la Constitución, portando nuevamente las figuras de los 119 luchadores antidictatoriales que cada año interpelan a Chile, un país que pareciera ser el reino del olvido pero donde no cesa la batalla por la memoria y los derechos de los pueblos.

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista, autora de la investigación “119 de nosotros”, (Lom 2005)

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Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

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Institucionalidad ambiental y chilotes demandan declarar no válido permiso de ECOPOWER para Parque Eólico Chiloé por conducta maliciosa

El próximo martes 1° de julio en Santiago, en Morandé 360, a partir de las 10 AM, el Segundo Tribunal Ambiental decidirá la validez o no del permiso ambiental de EcoPower, para su proyecto en Ancud, Parque Eólico Chiloé, revalidado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2020.  La propia SMA sostiene hoy que no es válido, debido a la maliciosa conducta empresarial evidenciada para obtenerlo. En inusitada alianza, la institucionalidad ambiental y las comunidades afectadas que descubrieron y denunciaron esa maniobra, probarán que a horas de concluir el plazo legal para el inicio de actividades fijado para 2020, la empresa envió a la SMA un montaje fotográfico fraudulento para acreditar obras inexistentes.

Ecopower, de capitales chileno-suecos, alegará por la continuidad del proyecto, que comprende 42 aerogeneradores en el sector Mar Brava, instalados incluso a menos de 150 metros de distancia de las casas.  En representación de la comunidad ancuditana lo hará la Defensoría Ambiental. Desde Chiloé, se ha hecho un llamado a sus coterráneos que viven en Santiago, a acompañar con todo a la manifestación convocada para ese día por las coaliciones socioambientales Salvemos Mar Brava, Chiloé sin Eólicas, y apoyada por la citada Defensoría Ambiental, el Movimiento por el Agua y Territorios MAT y la Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo.

La línea de transmisión del proyecto se extiende por más de 10 localidades rurales de la comuna de Ancud que reciben miles de visitantes chilenos y extranjeros cada año.  Los impactos de esta iniciativa se sumarían a los que generará la llamada Carretera Eléctrica recientemente aprobada por el Comité de Ministros, un proyecto fuertemente rechazado por las organizaciones locales y para cuya aprobación aún hay pasos pendientes.

Gisella Saldivia, agricultora del sector impactado por la iniciativa, participa desde sus inicios del movimiento Salvemos Mar Brava, que ya lleva 15 años. Nos envía su apreciación:

“Ha sido un largo proceso sumamente burocrático y desgastador para nosotros. Hemos tenido que velar por cada paso de del avance del proyecto desde que la empresa inicia su acercamiento a la comunidad, el cual en realidad fue forzado, porque al principio el proyecto no contemplaba participación ciudadana.”

Interrogada sobre los impactos, sostiene:

“Las afectaciones son muy diversas, son medioambientales, sociales y también económicas porque hay toda una comunidad de habitantes en que muchos somos lugareños, hemos vivido siempre aquí, y muchos otros han llegado a vivir en la zona. Pero nuestras actividades están basadas precisamente en los recursos naturales, en el paisaje, y se combinan con actividades de turismo. Todas estas actividades resultan afectadas por este proyecto.”

Prontuario de EcoPower

El fotomontaje del 2020 quedó al descubierto porque la comunidad local verificó en terreno la inexistencia de la instalación del container de la foto en el sector de Mar Brava, por lo cual solicitó en 2022 a la SMA la invalidación del inicio de actividades. En enero de 2023 la empresa de nuevo intentó engañar a la SMA pero el control vecinal hizo fracasar ese intento, procediendo la Superintendencia a declarar inválido el inicio de actividades. La empresa tuvo éxito apelando al Tribunal Ambiental, sin embargo en 2024, la Corte Suprema en un recurso de casación, instruyó al Tribunal Ambiental a analizar el fondo del asunto, lo que se hará ahora. Es la segunda vez que la Corte Suprema sanciona a EcoPower, ya que en 2010 obligó a la empresa a realizar la consulta indígena a la comunidad huilliche AntuLafquen, eludida inicialmente.

El deficiente desempeño de esta empresa en Chiloé desmiente la propaganda empresarial actual acerca de que en Chile, es el exceso de normas lo que dilata los proyectos, lo que sería culpa de la institucionalidad ambiental. Con ese pretexto en el Congreso están avanzando iniciativas legales que hacen retroceder las leyes ambientales y su institucionalidad, mientras en el país se registra un clima creciente de amedrentamiento a los defensores del ambiente y los derechos humanos.

Uno de los sectores afectados en este proyecto es el área de Mar Brava, una playa de 9 km de fuerte oleaje con ecosistemas de dunas -con sitios arqueológicos- y lagunas; entre sus actividades económicas incluye la pesca artesanal, el ecoturismo y la agricultura campesina. Mar Brava está cercana al monumento natural Islotes de Puñihuil. Allí hay zonas de alimentación y reproducción de cetáceos protegidos. Otros sectores impactados son Quilo, Quetalmahue, Aucaco, Tehuaco, Lajas Blancas, Mechaico, Cogomó, Chorihue. Se trata de comunidades rurales e indígenas donde también existe bosque nativo.

Para las comunidades afectadas, que llevan 15 años resistiendo el proyecto y para la propia SMA, el uso de antecedentes falsos por ECOPOWER SAC representa «un peligro para la institucionalidad ambiental chilena», y se espera una sentencia que avale la legislación ambiental y evite que las empresas se burlen de las entidades encargadas de velar por su cumplimiento.

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Chile, marzo de 2025

La prensa y el Estado (el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial) tienen acceso a la carpeta investigativa, pero el secreto continúa para la familia y abogados de Julia Chuñil Catricura

En Chile, las 300 organizaciones del Espacio Día a Día por Julia Chuñil, declaramos con estupor ante la opinión pública nacional e internacional, que a 120 días, contados por nosotros a partir del 8 de noviembre del año 2024, fecha de la desaparición forzosa de la dirigente mapuche, la autoridad, incluida la judicial del Estado de Chile, no entrega información oficial alguna a la familia y el país sobre esta grave situación. Al contrario, la prensa y el Estado (el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial) tienen acceso a la carpeta investigativa, pero el secreto continúa para la familia y abogados de Julia Chuñil Catricura, defensora de su territorio ancestral, adulta mayor de 72 años, mapuche, previamente amenazada, asediada y hostigada por el terrateniente Juan Carlos Morstadt Anwandter.

El fiscal Carlos Bahamondes filtró información a los medios de comunicación afines al sistema, apuntando a culpar a integrantes de la familia, para de inmediato irse de vacaciones.

 Es evidente el racismo judicial y patriarcal que rodea este caso. El fiscal Carlos Bahamondes filtró información a los medios de comunicación afines al sistema, apuntando a culpar a integrantes de la familia, para de inmediato irse de vacaciones. El abogado defensor debió elevar una querella para acceder a la investigación. Exigimos que se investigue esta filtración y se informe de los resultados. Es intolerable y gravísimo que los familiares de Julia Chuñil, que viven una tortura sicológica durante 4 meses sean sometidos ahora a una irresponsable presión mediática. Alertamos que los repetidos allanamientos a la familia y estas filtraciones parciales interesadas apuntan a configurar un montaje de la mano de los medios de comunicación tradicionales, que han silenciado el caso para encubrir a los verdaderos responsables. Reconocemos en ello un patrón de conducta similar al utilizado en tiempos de dictadura por los medios y el poder judicial. Recordamos la impunidad que rodea el caso de la defensora mapuche Macarena Valdés, un feminicidio empresarial presentado como un suicidio, mediante un montaje.

Su familia, amigos y diferentes organizaciones ciudadanas, defensoras ambientales y de derechos humanos exigen saber ¿DÓNDE  ESTÁ JULIA CHUÑIL CATRICURA?  Es la pregunta que también quiere hacer su familia al Presidente de la República pero él se ha negado a recibirlos.

Este 8 de marzo de 2025, a 4 meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura es necesario reiterar con fuerte convicción que el Estado de Chile es responsable de lo acontecido. El deplorable actuar de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,  entidad que debiera defender los derechos indígenas, ha sido central en este caso, con la entrega de   tierras al empresariado forestal sin informar de ello a quien tiene derechos ancestrales sobre ello,  la comunidad Putraguel, presidida por Julia Chuñil. Estos hechos tienen puntos en común con el caso de Francisca Curihuinca Calcumil, otra mujer indígena, adulta mayor, mantenida actualmente en prisión preventiva por acusaciones de robo de madera y usurpación  en una querella entablada por las forestales Arauco y Mininco de la que es parte el Ministerio del Interior.

La vulneración de derechos de estas mujeres mapuche responde a la vigencia del modelo de explotación forestal y de monocultivo amparado por el Decreto 701 hecho por la dictadura y renovado por los gobiernos civiles en desmedro del bosque nativo. Este diseño económico, ideológico y represivo, ha colocado al Estado en abierta persecución contra los pueblos originarios y en particular contra el pueblo mapuche, otorgando manga ancha al empresariado forestal para despojarlos de sus tierras por la vía judicial o el sicariato de matones. El Estado de Chile incumple sus compromisos derivados del Convenio 169 de la OIT, que consigna derechos a quienes pertenecen a los pueblos originarios estando inclusive en prisión. La implacable persecución se ha traducido en prisión preventiva excesiva contra comuneros mapuches, aislamiento y dispersión de prisioneros, torturas, negación de derechos culturales y religiosos en las prisiones, condenas desproporcionadas, ejecuciones sumarias de activistas en procesos de recuperación de tierras; montajes, militarización del Wallmapu por más de 3 años y ataques a sus abogados defensores evidenciando una justicia que se inclina en favor del empresariado forestal.

De este modo

la desaparición de Julia Chuñil es consecuencia directa de este sistema, que favorece a las empresas forestales y persigue a los pueblos indígenas y que en Julia Chuñil  concentra todas las violencias del sistema patriarcal, de precarización etárea, discriminación, racismo, clasismo y colonialismo extractivista.

No dejaremos de exigir en todo el país que la Fiscalía y las policías cumplan con su rol de buscar a Julia hasta encontrarla y que se investiguen exhaustivamente las circunstancias de su desaparición. Los  responsables como autores intelectuales y materiales deben comparecer ante la Justicia sin dilaciones, montajes ni encubrimientos. Exigimos al Estado que demuestre que en Chile, efectivamente, nadie está por encima de la ley.

Chile, 8 de Marzo

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Al respecto señala Juana Aguilera, Presidenta de la Comisión Ética Contra La Tortura: “El silencio de CONADI de los Ríos es revelador de su rol y responsabilidad en las acciones u omisiones que están tras la desaparición de la señora Julia Chuñil Catricura.”  Esta organización ha sido parte de la intensa campaña que se desarrolló desde los primeros días en redes sociales tanto por organizaciones de derechos humanos como por otras de carácter ambiental, entre las cuales están Escazú Ahora y el MAT,  exigiendo la aparición con vida de la defensora del bosque nativo y ríos de su territorio ancestral y visibilizando las dificultades de las tareas de búsqueda.

Recién el 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla comprometieron verbalmente recursos para fortalecer la búsqueda. El Presidente ha reconocido que Julia es defensora ambiental de su comunidad y debe ser protegida por el Estado, de acuerdo con los compromisos derivados del tratado de Escazú. El tardío reconocimiento oficial puede estar asociado a la nula efectividad de la búsqueda desarrollada, en la que no se reporta ningún tipo de hallazgo pese a que la mujer estaba acompañada de su perro, Cholito, y llevaba consigo una herramienta de trabajo cuando salió de su casa a buscar sus animales extraviados, internándose en el terreno en disputa. En la querella se detalla que dos días después de la desaparición, cerca de las huellas de los pasos de Julia Chuñil, su hijo, Claudio Troncoso Chuñil vio huellas de neumáticos en un camino en desuso, hecho inusitado en esa área.

La dirigenta mapuche, de 70 años, con una vida marcada por la pobreza y la discriminación hasta su retorno al campo, preside su comunidad, reconocida por CONADI en 2014 y ha liderado la reivindicación de sus tierras ancestrales ante CONADI, lo cual consta en actas de la comunidad firmada por el entonces director regional de CONADI, Cristián Cayul. En 2013 la tierra ancestral por ellos reclamada, de la que varias familias tienen títulos de merced, había sido asignada por Conadi a la comunidad Blanco Lepin. Esa comunidad, proveniente de Lautaro, acusó ante Contraloría a CONADI por irregularidades en la negociación y compra del fundo de 900 hectáreas y posteriormente demandó a CONADI. La Contraloría Regional de la Araucanía emitió un informe por los hechos denunciados sin profundizar en ellos por considerarlos conflictos entre particulares. La comunidad Blanco Lepin había argumentado no haber sido informada  del cambio de dueño del fundo cuya propiedad, en medio de la negociación, pasó del Scotia Bank al empresario Juan Carlos Morstadt, en 2011. El Banco había acordado vender los terrenos con derechos de agua, pero el nuevo dueño los omitió de la venta. CONADI pagó 1.250.000 por hectárea, ascendiendo a $1.114.250.000 el total cancelado a Morstadt. El contrato pactado establecía que el vendedor debía cercar la totalidad del predio, como condición indispensable para recibir el pago, sin embargo el empresario no lo hizo y CONADI entregó todo el dinero de igual forma, lo que constituye de hecho una acción en favor del empresario. Considerando estos hechos, la comunidad Blanco Lepin desistió de irse al predio, ante lo cual la comunidad presidida por Julia Chuñil, integrada por 17 familias, inició la ocupación del fundo, ya considerado tierra ancestral por la entidad pública.

Historia del despojo

En los años del gobierno del Presidente Allende las tierras reivindicadas por la comunidad fueron parte de la Reforma Agraria (Reserva CORA Número Uno-A), y luego del golpe cívico militar pasaron a manos de sucesivos dueños privados. El documental Mafil Ni Pu Tukulpazugun , Relatos de Mafil, del realizador Víctor Gutiérrez  (Cau Cau Films 2024), en que Julia Chuñil es una de las protagonistas, cuenta la historia del despojo histórico de estas tierras ancestrales iniciado en 1850 por  colonos alemanes con apoyo del Estado. Incluye testimonios sobre la pérdida de la tierra, alcohol de por medio. La discriminación hacia los mapuche es señalada como causa de la consiguiente pérdida de la lengua mapuche y de la cultura. Julia también señala allí la existencia de un cementerio indígena y expresa que ella desea que llegado el momento, ella y su familia quieren ser enterrados allí. También el documental registra declaraciones del citado empresario forestal Morstadt quien sostiene ante la comunidad, que él venderá esa tierra a CONADI y no pondrá trabas pero dejará constancia de que hay ocupación. Según los familiares de la dirigenta mapuche, desde 2015 Julia “asumió el cuidado y mantención del territorio, dedicándose por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras junto a la cría de ganado a pequeña escala”. Pero la historia se repite: la defensora del territorio tuvo que lidiar con el empresario Morstadt, descendiente de uno de los más conocidos colonos del siglo XIX, Carlos Andwanter.

Empresario en deuda con CONADI

En 2018, según la querella, los terrenos ahora cuidados por la comunidad Putraguel, volvieron a manos del empresario Morstadt Andwanter, pero CONADI nunca informó del hecho a la comunidad. El asunto había escalado a tribunales, y la Corte Suprema confirmó en 2017 la sentencia de la Corte de Apelaciones que ordenaba a Morstadt Andwanter devolver a CONADI el dinero que la entidad pública le había pagado por el terreno. Pero eso no ocurrió. Morstadt en cambio, habría inscrito el fundo en el Conservador de bienes Raíces utilizando una nueva razón social, una empresa creada por él.

En la querella, familiares de Julia Chuñil sostienen que este empresario forestal utiliza el predio para la tala de bosque nativo y comercialización de leña. Y denuncian que desde 2018 comienzan los actos de hostigamiento, que incluyen, entre otros, el corte de un puente por el que Julia transitaba, hecho por el cual el dueño legal del predio habría pagado $3.000.000 a José Luis Painean Coronado. También la familia sostiene haber sido testigo de ofertas de dinero para que Julia abandonara el territorio, ya que el empresario le dijo a la dirigenta en agosto de este año: “Ya po Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú nomás”. El autodenominado dueño del predio habría expresado además a Julia Chuñil que él tenía mucha influencia en CONADI así que no sacaba nada con ir allí.  Se configura así un cuadro de persecución y acoso a la dirigenta ambiental, similar al que han vivido defensores ambientales en América Latina, una región que como afirmó el propio Presidente, tiene los mayores índices globales de muertes de mujeres defensoras del territorio.

El gobierno informó de la constitución de una mesa de seguimiento del caso, integrada por los seremis de Justicia y Medio Ambiente, el INDH, y el equipo jurídico y de gabinete de la Delegación Presidencial Regional, sin embargo en ella está ausente CONADI, actor clave en la trama con una vida en suspenso y una danza de millones de pesos en juego.  Desde el gobierno también señalaron que el protocolo de Escazú suscrito por el gobierno para implementar el tratado, sólo entra en vigencia el 27 de diciembre.

*Fuente: Página19

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Ello ocurre porque justamente en estos días la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, prepara el informe general que deberá presentar al Pleno sobre Modelo Económico, en el que se incluyen las normas aprobadas sobre Tratados de Libre Comercio e Inversión.

El tema de Modelo Económico se abordará como parte de un complejo informe que incluye temas como Bienes Comunes Naturales, Soberanía Alimentaria, Estatuto del Agua, Glaciares y Criosfera, y Estatuto de la Minería, entre otros.

Estimamos que los artículos referidos a los Tratados de Libre Comercio deberían recoger acuerdos que incorporen artículos aprobados en dos normas diferentes sometidas a esa Comisión por los convencionales Elsa Labraña y Mauricio Daza.

La iniciativa constituyente presentada por Elsa Labraña (independiente, miembro de la Coordinadora Plurinacional) y 16 convencionales, llamada Gestión de los Bienes Comunes Naturales en los Tratados de Libre Comercio fue aprobada el 1° de febrero, y defendida por Chile Mejor sin TLC puesto que se trataba de un contenido de esta organización.

La iniciativa del convencional Mauricio Daza (Independientes por una Nueva Convención, INC, ex Independientes No Neutrales) y otros, fue aprobada el 19 de marzo en la citada comisión. En cambio, la Iniciativa Popular Constituyente presentada el mismo día por Chile Mejor sin TLC, (“Aseguremos la Soberanía de los Pueblos en los Tratados de Libre Comercio”) que incluía exactamente el mismo articulado aprobado en la norma de Elsa Labraña, fue rechazada por la mayoría de la comisión.

Ante esta situación, Chile Mejor sin TLC reformuló su iniciativa manteniendo puntos centrales e incorporando el artículo único de la norma de Daza. José Gabriel Palma respalda explícitamente ese nuevo articulado que llevar adelante artículos que permitan lograr #NoALTPP 11 y tratados similares tales como el TLC con la Unión Europea.

La reformulación incluye artículos sobre Plebiscito Ratificatorio, inconstitucionalidad de cláusulas que restrinjan la soberanía y capacidad regulatoria y normativa; tribunales permanentes en lugar de jueces adhoc y creación de una comisión

revisora integral de los tratados post Convención, para que el Ejecutivo adopte decisiones respecto de su renegociación.

A continuación presentamos los aportes de José Gabriel Palma para esta discusión, en un video dividido en cuatro segmentos donde aborda diversos aspectos.

Video 1:

El arbitraje y el contenido de los Tratados son dos temas fundamentales a encarar en la nueva constitución.

 

Video 2:

Análisis de la norma del convencional Mauricio Daza

 

Video 3

Cláusulas del Tratado con respeto a la autonomía y sin áreas grises

 

Video 4

Sobre propiedad intelectual, espacio de maniobra en políticas públicas y apoyo final a Chile Mejor sin TLC

 

 

Difundido por Chile Mejor Sin TLC-Fundación Constituyente XXI.

La Fundación Constituyente XXI es fundadora junto a otras organizaciones y movimientos sociales de la Plataforma Chile Mejor sin TPP que luego pasó a llamarse Chile Mejor Sin TLC.

El articulo José Gabriel Palma, los Tratados de Libre Comercio y la Nueva Constitución apareció primero en piensaChile.

Pan transgénico y con residuos de plaguicidas peligrosos

RAP-AL Chile y las organizaciones sociales y ambientales agrupadas en la Alianza por una Mejor Calidad de Vida rechazamos una posible futura importación del trigo transgénico, TRIGOHB4, desde Argentina, uno de los principales proveedores del grano para Chile. Llamamos al gobierno, legisladores e industriales panaderos a trabajar para que Chile cuente con abastecimiento de trigo convencional y a  apoyar a los productores locales del grano para avanzar en superar nuestra creciente dependencia alimentaria. La empresa Bioceres ya ha plantado 25.000 hectáreas de HB4 en 7 provincias de ese país. Para Argentina, el inicio de la comercialización del único trigo transgénico a nivel global, sólo depende de la aprobación de su importación por Brasil, su más importante mercado.

Las corporaciones transnacionales agroquímicas y los productores argentinos de este trigo lo presentan como una «alternativa sostenible». Ocultan que el TRIGOHB4 es resistente al herbicida glufosinato de amonio, un plaguicida altamente peligroso, tóxico para la reproducción según el Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. ^[1]

Ni en Chile ni Argentina existe ley de etiquetado de alimentos transgénicos, por lo cual sería imposible diferenciar una importación de trigo HB4 de una de trigo convencional. El pasado 18 de agosto, la ministra de Agricultura Emilia Undurraga, citada a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para informar sobre el futuro abastecimiento de granos, no abordó el tema, ni tampoco fue interrogada sobre ello. El Ejecutivo y el Congreso chileno se niega sistemáticamente a legislar sobre etiquetado de los alimentos transgénicos, en una muestra más del poderoso lobby de Bayer/Monsanto y otros productores de cultivos y alimentos transgénicos. El Ministerio de Salud tampoco se pronuncia y menos la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria ACHIPIA.

No a los alfajores transgénicos

En Argentina, RAP-AL, junto a organizaciones sociales, consumidores y organizaciones ambientalistas han denunciado en la campaña “Con Nuestro Pan No”,  las consecuencias para la salud y el ambiente de la comercialización del trigo transgénico. En mayo pasado se desarrolló en redes sociales la campaña Chau Havanna con videos denunciando la asociación de la citada empresa Bioceres con la fabricante de los clásicos alfajores de esa conocida marca, ya que esos alfajores ahora se harán con harina transgénica.

Como se comprobó en el caso de la soja y de los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, la respuesta de las hierbas silvestres al uso intensivo de plaguicidas, es hacerse resistentes a  ellos y la respuesta de los productores es  aumentar el uso de estos agroquímicos. Por ello el negocio del TRIGOHB4 favorecerá especialmente a las corporaciones transnacionales fabricantes del glufosinato de amonio, de nombre comercial BASTA 14 SL fabricado por Bayer/ Monsanto Argentina. También a GLEBA S.A. con el glufosinato de amonio de nombre comercial RANGER 150 S, comercializado por las agroquímicas china ZHEJIANG LONGYOU EAST y Adama, entre otras.

Pan altamente peligroso por el glufosinato de amonio

Chilenas y chilenos consumimos en 2014, un promedio  de, 98 kg de pan al año, la mayor parte marraquetas pero también hallullas y pan de molde, según la Federación Chilena de Industriales Panaderos. El consumo de empanadas también forma parte de nuestra alimentación tradicional. La exposición repetida a los residuos de este herbicida en las harinas de trigo panadero tendrá graves consecuencias en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva de las mujeres y las niñas y niños. Según los índices de peligro de Naciones Unidas, el glufosinato de amonio está codificado como H302, nocivo en caso de ingestión; H312, nocivo en contacto con la piel; H332, nocivo si se inhala; H360FD puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto; se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad; H373, puede provocar daños en órganos o toxicidad específica en órganos diana, aquellos órganos que cumplen funciones vitales. Asimismo la ONU lo clasifica con el código STOT RE 2 que incluye sustancias que se presume son tóxicas después de exposiciones repetidas, sobre la base de pruebas de estudios en animales de experimentación.

Además del riesgo de los plaguicidas, la alteración del ADN de la semilla de trigo vía la inserción de segmentos de ADN de girasol puede generar efectos indeseados y patologías severas, y constituye un riesgo agravado por el masivo consumo de harina y la posibilidad de contaminar variedades convencionales y/o tradicionales de trigo. Estos aspectos, junto a la resistencia de los consumidores, hasta hoy han detenido en el mundo otros intentos de aprobar el trigo transgénico.

De ser aprobada la comercialización de HB4  en Argentina, esta medida afectará no solo a los consumidores de Argentina y Brasil sino también a los consumidores chilenos. El principal origen de las importaciones de trigo panadero en Chile, durante el año 2017, fue Argentina con 441.807 toneladas (44%), seguido de Estados Unidos (31%) y Canadá (25%). En año 2019 la importación de trigo de Argentina fue de 435.202 toneladas mientras que en 2020 el principal origen fue Canadá (38%), seguido de Estados Unidos (32%) y Argentina (28%).  En 2020, el total de las importaciones de trigo panadero, provenientes de estos tres países, alcanzan a 1.136.919 toneladas. ^[2]

Con nuestro PAN NO

Por tanto, la probable decisión de Argentina (ya está aprobado producir) de comercializar trigo transgénico HB4^[3], afectará también a la alimentación de todos los chilenos por la contaminación de la harina y nuestro pan con glufosinato de amonio y otros plaguicidas asociados a los cultivos transgénicos.

Los consumidores no tenemos garantías sobre la inocuidad de los alimentos y tampoco el derecho a saber si estaremos consumiendo a diario pan transgénico contaminado con plaguicidas altamente peligrosos.  El Ministerio de Agricultura, con el apoyo de INIA,  debería modificar con prontitud  el Reglamento del Trigo, para que se si se hace efectiva la importación,  tengamos el derecho a saber qué molineros importan trigo transgénico. El trigo transgénico fue alabado en carta a El Mercurio por un nuevo referente empresarial, la Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Alimentaria, de la que forman parte los amigos de los agrotóxicos y transgénicos, entre otros Miguel Angel Sánchez de Bayer/Monsanto y Juan Izquierdo, que se apropian ahora de términos como la sostenibilidad, disfrazando sus lucrativos negocios como lucha contra la sequía.

Según los argumentos de las corporaciones agroquímicas, adoptados rápidamente por los gobiernos y la OCDE, e incorporados en el Reglamento de Alimentos vigente en Chile, todos los transgénicos se estiman “equivalentes” en términos nutricionales o sustanciales a sus semejantes no transgénicos, por tanto, no precisan de evaluaciones científicas y técnicas rigurosas y específicas, acerca de la posible toxicidad humana o ambiental. La falacia y el problema que genera el concepto de la equivalencia sustancial es que sin evaluaciones, no pueden predecirse los efectos inmunológicos, toxicológicos y bioquímicos de los alimentos transgénicos a partir solo de su composición química o nutricional.

Porque es un imperativo sanitario, ético, social y ambiental y en defensa constante del control y la sanidad de los alimentos, nos unimos a la exigencia de las organizaciones hermanas argentinas respecto del retiro de la autorización para la comercialización,  y exigimos a las autoridades chilenas adoptar medidas para contar con abastecimiento seguro de trigo no transgénico.

Queremos seguir comiendo y amasando nuestro pan sin trigo transgénico.

María Elena Rozas y Lucía Sepúlveda

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile

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Notas:

^[1] El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) es el resultado de la cooperación entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

^[2] En Chile, en la temporada 2020 a marzo 2021,  había 0,075 semilleros y ensayos de trigo transgénico en la región de los Ríos.

^[3] https://rap-al.org/argentina-no-a-la-aprobacion-cultivo-y-consumo-del-trigo-tolerante-a-la-sequia/

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“Los pobres de Chile, más que los libros, me han enseñado que la fe proporciona una fuerza invencible. Lo puede todo, lo vence todo. Vence nuestros miedos y nuestros mecanismos de defensa y nos convierte en hombres nuevos y mujeres nuevas. Jesús no se desanima ante el «fracaso» sufrido en su pueblo y continúa su misión. Tú y yo revisemos la calidad de nuestra fe.”

Todos vivimos momentos complejos en la tarea de alcanzar las metas planteadas. José Luis tenía una clave:

“En esta misión de liberación,  el fracaso es posible, puede ser que no nos quieran escuchar y nos digan que nuestro plan de fraternidad, justicia, igualdad, es una quimera utópica que no corresponde a la sociedad de hoy. No importa: seguiremos con nuestro testimonio de vida sencilla, sin arredrarnos y apoyándonos siempre en la comunidad”.

Y eso fue su vida, en rigor, una vida del todo diferente a la de curas y miembros de jerarquía actual  mencionados algunos en las noticias como abusadores sexuales o cómplices   y otros acomodados con el sistema, que   no levantan la voz ante la violencia sistemática de los derechos humanos que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante.

José Luis,  padrino de mi hija Eva María, es una  figura central en mi historia y formación como joven parralina, así como en la de centenares de jóvenes de por lo menos cinco  generaciones de Chillán,  a quienes contribuyó incluso en estos, sus últimos años,  a formar  en una visión de servicio a la comunidad y de búsqueda de la felicidad como un objetivo ligado siempre a lo colectivo y social. Estuvo siempre ligado a las y los jóvenes o a los marginados, y su vocación sacerdotal fue totalmente inclusiva en su desempeño, llegando a distintos sectores sociales.

Lo conocí como estudiante secundaria, padeciendo  la vida de internado en el Instituto Santa María a fines de los años sesenta. Ese colegio de monjas alemanas de Chilllán,  fue su primera destinación como docente. El era  parte de un grupo de curas españoles que aceptaron la invitación de ejercer en Chile sus  tareas. En el colegio, su figura fue la antítesis de la rigidez establecida por las monjas, respecto de cómo entender la religión, la vida, y las relaciones humanas, basadas siempre en el respeto de la diversidad de opiniones.    Fundó la Juventud de Estudiantes Católicos,  que en nuestro colegio fue una organización no autorizada, prácticamente clandestina. Al misionar junto al cura  en territorios rurales, muchas de las niñas de entonces  salimos también de la burbuja para conocer mundos, pobrezas y precariedades que habían estado fuera de nuestra mirada.

Con paciencia infinita y una generosidad notable, José Luis guió mi rebeldía adolescente  y sin duda la de muchos y muchas, volcando mi mirada y mi ser hacia los demás, hacia la pobreza, la enfermedad, la soledad o el dolor.  Fue la semilla necesaria para entender más tarde la teología de la liberación y orientarme hacia las comunidades cristianas en mis años universitarios y también la base de mi compromiso posterior con el socialismo y el MIR.   Ha sido mi más importante maestro en este largo camino recorrido.

Bautismo secreto en la Catedral

En tiempos de dictadura, cuando muchos optaban por  eludir toda vinculación con la resistencia,  retomamos el contacto y la amistad, y no vaciló en apoyarme cuando solicité en 1980  su ayuda para poder “legalizar” a mi hija, que no estaba inscrita en el Registro Civil debido a que su padre, Augusto Carmona, dirigente del MIR  y yo éramos buscados. Tras el asesinato de Augusto el 77 por la CNI, yo no contaba con ningún documento legal para probar la filiación de Eva María y su existencia legal, lo que la colocaba en total vulnerabilidad si yo caía detenida. José Luis no dudó y junto con bautizar a Eva María en una ceremonia emocionante (y privada) en la Catedral de Chillán,  inscribió en su certificado de bautismo los nombres de Augusto,  y el mío, y los guardó en un archivo especial del Obispado. ¡Además, fue el padrino!  También lo hizo posteriormente con la guagua de otro compañero.  Suena como algo sencillo pero en el contexto de dictadura, eran  gestos de compromiso notable con los perseguidos. Tal como nos apoyó y alentó, lo hizo con las madres y esposas de detenidos desaparecidos y ejecutados de Ñuble, arriesgando su seguridad y colocándose en el ojo del huracán de una ciudad conservadora cuyos mandos eclesiásticos no compartían su visión amplia de la misión cristiana como un servicio y su opción preferencial por los pobres.  En esos años fue capellán de la Cárcel de Chillán y muy cercano a la Vicaría de la Solidaridad local, que estaba a cargo del padre Raúl Manríquez. Con ambos compartí  relajados almuerzos y sobremesas de mucha amistad y relevancia en esos tiempos difíciles.

Posteriormente, el año 85, José Luis fue prácticamente “relegado” por la jerarquía al Seminario de Concepción,  interrumpiéndose su labor de formación con los jóvenes universitarios que realizaba en la entonces sede Ñuble de la Universidad de Chile, hoy  Universidad del  Bío-Bío. Hasta esas aulas había llegado su palabra liberadora  como docente de la Facultad de Educación y Humanidades, donde contribuyó  a la  formación de diversas generaciones,  cada vez con mayor especialización como sicólogo. A lo largo de los tiempos,  él permaneció fiel al mensaje de  una iglesia ligada al pueblo y fiel a los pobres,  y tras doctorarse en sicología en la U de Salamanca,  fue el año 2006 el primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío-Bío  en Chillán,  que lo nominó en 2013 como profesor Emérito.

Muy conectado con los desafíos del presente, señalaba asimismo en noviembre de 2020:

 “…Vivimos además un momento clave de desafío sociopolítico especial ante el proceso constituyente que ahora nos ocupa. Los cristianos hemos de estar a la altura de las circunstancias y responder en forma inteligente, valiente y creativa, a las exigencias del momento. Hemos de ser los primeros en promover los cambios que sean necesarios para que los pobres, migrantes, cesantes, enfermos, ancianos, escolares, etc. sean atendidos como merece su sagrada dignidad.”

El articulo José Luis Ysern, un “chileno nacido en Valencia”, mensajero de la  Liberación, ha partido apareció primero en piensaChile.

Rubén Collio, pareja de Macarena y padre de sus cuatro hijos denunció recientemente ante la Fiscalía Regional de los Ríos al fiscal de Panguipulli, Jaime Calfil, por esta violación del secreto del sumario. Explica Rubén Collío: “En la fase investigativa del proceso, sólo los imputados pueden tener acceso a estos documentos, y legalmente no se puede investigar ni imputar a una empresa por lo cual el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez deberá investigar lo sucedido.” Los hechos serán denunciados por él este martes 15 en una entrevista que se difundirá en el matinal de Chile Visión. Más antecedentes entregará Collío durante un conversatorio que tendrá lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile el jueves 24 de octubre, a las 10.30 horas, convocado por la vicerrectoría de Extensión de esa casa de estudios.

La reflexión feminista

La demanda de justicia por Macarena Valdés ha sido enarbolada en forma especial por el movimiento feminista. Este año ella fue un estandarte de la Huelga Feminista del 8 de marzo y ha seguido presente junto al movimiento mapuche en las movilizaciones posteriores, como la masiva y reprimida manifestación que tuvo lugar en el anfiteatro del Museo de DDHH el 22 de agosto, al cumplirse tres años del asesinato. El Encuentro Feminista Socio Ambiental que tuvo lugar en La Ligua, v región en agosto pasado, se denominó precisamente “Macarena Valdés”.

En septiembre frente a La Moneda, la Cueca Sola bailada por mujeres de la Coordinadora Feminista 8M  fue también por Macarena, y en octubre, la jornada de feministas de la zona sur oriente de Santiago estuvo presidida por su retrato. En estos encuentros se cuestiona los diversos modos de explotación de la tierra basados en el capitalismo patriarcal que ha mercantilizado en forma absoluta la tierra, agua y semilla, imponiendo una visión  que concibe a la naturaleza como un objeto de  dominación y explotación, idéntico a las mujeres. Mujeres que se rebelan por las heridas del cuerpo-territorio no son funcionales a ese sistema.

“Golpear a una mujer en el corazón de un territorio, es mandar un mensaje a todas las demás, porque en una comunidad esta juega un rol central. Que ella sea objeto de un crimen brutal, con su hijo ahí presente –uno que la encuentra y el otro, que es una guagua, que está ahí cuando se producen los hechos– es ordenar que no te metas nunca en nada”,

señalaban en un foro el 22 de agosto haciendo presente que las mujeres nunca más callarán.

El asesinato en este caso y en el de otras defensoras del territorio en América Latina, es el  resultado final de las diferencias de género, clase y raza, dominantes en la sociedad actual. Para Macarena Valdés no hay justicia por ser mujer, mapuche y pobre. La justicia entra en el negacionismo del crimen encubriendo el montaje y dándole patente de impunidad a los sicarios y a los autores intelectuales del asesinato.

Fiscalía en tela de juicio

RPGlobal está en antecedentes del contenido de la carpeta desde marzo de este año, pero este hecho sólo fue informado en la web del poder judicial en la causa respectiva pocas semanas atrás. Este ocultamiento agrega nuevas interrogantes. Collío protestó formalmente primero ante el fiscal Calfil, ante quien representó un listado significativo de hechos que a su entender no pueden ser calificados de “errores” como los llama Calfil, sino son directamente indicios de obstrucción de la justicia que perjudican el avance de la causa. Además, dar acceso a la carpeta implica que la empresa puede conocer las diligencias pendientes y los interrogatorios que la defensa puede haber solicitado, exponiendo así los resultados de aquello.

Asegura Rubén:

“No puedo llamar un error a que en forma reiterada se extravíen piezas importantes. Las fotos del sitio del suceso, de importancia clave para determinar cómo ocurrieron los hechos,  estuvieron perdidas dos años. A la fiscalía se le entregaron en 2017 los resultados de la exhumación de Macarena solicitada por nosotros,  con el informe del doctor Ravanal, y las conclusiones del estudio histológico, sin embargo el fiscal, meses después sólo conocía el informe del perito e ignoraba que entregamos un estudio de tejidos que destruía por completo la tesis del suicidio; tuve que enviárselo por segunda vez, ahora por celular! Cuando se llevó a cabo la exhumación, no se cumplieron las normas mínimas, no había cadena de frío, ni sellaron el ataúd para el trayecto que debía recorrer. La fiscal Alejandra Anabalón, que tenía la causa anteriormente, la cerró en 2017 declarándola concluida pese a que estaba autorizada y en curso la exhumación.  Obligamos a reabrir la causa, que ahora se llama hallazgo de cadáver, aportando nuevos antecedentes,  y tenemos nuevos estudios de John Clark perito de la Corte Penal Internacional y de un forense de Guatemala,  que estarán pronto en manos de la fiscalía, pero tenemos presente que lo haremos en paralelo con estas actuaciones irregulares de la justicia.”

Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com

Más sobre el  tema:

El articulo Empresa austríaca RP El Arroyo se autoinvolucra en caso de muerte de Macarena Valdés apareció primero en piensaChile.

Un año de Monsanto & Bayer en Chile:  Inversiones contaminantes

Santiago, 5 de junio de 2019/ Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile/ El Día Mundial del Medio Ambiente», nos brinda la oportunidad de alertar a la opinión pública sobre la conducta de ciertas empresas que actúan en Chile externalizando altos costos ambientales y sociales, contaminando a personas, animales y el ambiente, con la anuencia de los gobiernos.  Entre las más importantes está Monsanto & Bayer, cuya fusión fue autorizada hace justo un añopor la Fiscalía Nacional Económica de nuestro país. Desde helace décadas, ambas empresas vienen afectando la salud y bienestar de las comunidades rurales, las trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus hijos, sin ninguna responsabilidad en cuanto a la protección de la biodiversidad y la mejora del ambiente. María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, afirma: “El cáncer y la degradación del ambiente no puede ser el costo de hacer negocios en Chile”.

La fusión de Bayer con Monsanto implicó la absorción de las plantas que bajo distintos nombres compró o construyó Monsanto en Chile. Así hoy Bayer controla, entre otras, la planta de tratamiento de semillas de Paine, cuya ampliación está en curso; una planta de acopio de semillas en Melipilla; la planta Santa Julia de tratamientos de RILES ubicada en Graneros; y las bodegas de plaguicidas de Bayer ubicadas en distintas regiones. Se suma la planta de Viluco, puesta en marcha en septiembre de 2018, después de la fusión, descrita como la más importante de América Latina y tercera en volumen a nivel global. Además, existen las Estaciones de Investigación y Desarrollo de Semillas de Vegetales en Rancagua (Graneros), Araucanía (Lautaro), y Melipilla (fundo El Marco, ruta 78, km. 62).

¿Una planta gigante sin EIA?

 En septiembre de 2018 con cobertura de medios especializados e invitados nacionales e internacionales se inauguró en Viluco, en la comuna de Buin, una gigantesca planta de semillas de hortalizas para la exportación a toda Sudamérica, tras la fusión de Bayer con Monsanto. A la fecha de 4 de junio de 2019, el proyecto respectivo y su Declaración de Impacto Ambiental no están accesibles al público en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, abriendo interrogantes sobre las condiciones de su aprobación por las autoridades ambientales. Tampoco se conoce proceso alguno de participación ciudadana.

Esta planta de procesamiento, embalaje y distribución de semillas de vegetales llamada curiosamente por su nombre en inglés, “Demand Fulfillment” supliría, según Bayer Monsanto cerca del 70% de la demanda de la región, con una inversión cercana a los US$8,5 millones de dólares. Esta planta originalmente era de la semillera Seminis, adquirida por Monsanto en 2005.

En Paine inicio ilegal y progresivo

En 1998 la resolución N°713 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la RM firmada por Ernesto Velasco, denegó la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” presentado por Agrícola Nacional S.A.C. (posteriormente comprada por Monsanto) ubicado en Paine, en el kilómetro 41,5 de la Longitudinal Sur por encontrarse en ejecución antes de contar con una resolución de calificación ambiental favorable.

El Servicio de Salud Metropolitano verificó que las instalaciones del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” se encontraban ya operando. Acusa la resolución: “la calificación ambiental de proyectos en ejecución o ejecutados resulta inoficiosa porque los impactos ambientales negativos ya se han generado sin haberse decretado las medidas para reducirlos, repararlos, compensarlos o, simplemente, evitar que éstos se produzcan”. La resolución pidió a la municipalidad de Paine aplicar sanciones si no se hubiere contado con permisos de construcción.

Además, ANASAC desarrolló dos proyectos de ampliación aprobados por la resolución de calificación ambiental RCA N° 988/2008 del proyecto “Ampliación de Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” y la RCA N°145/2010 del proyecto “Segunda ampliación planta seleccionadora de semillas de Paine”. La primera ampliación elevó las toneladas de semillas a un máximo de 24.000 toneladas, y en 2010 la nueva Declaración de Impacto Ambiental autorizó la ampliación hasta el doble: 48.000 toneladas de semilla de maíz y soya, híbridos y transgénicos. La modalidad elegida -Declaración de Impacto Ambiental- no profundiza en la línea de base ni los impactos de los proyectos y además no obliga a la autoridad a aceptar la participación ciudadana, de allí que todos los proyectos semilleros van por esta vía. Siguiendo su proceso de concentración, Monsanto Chile en enero de 2010 adquirió ANASAC S.A y su planta industrial seleccionadora de maíz y soya.

En marzo de 2016 Monsanto, nuevo dueño de ANASAC, presentó una tercera Declaración de Impacto Ambiental de la planta de Paine, “Optimización Planta Seleccionadora de Semillas”, que no aumenta la cantidad de toneladas de semillas a procesar, pero agrega las semillas de canola, y eleva sin explicación el número de camiones que intervendrían en el funcionamiento de la planta. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile sostiene: “Monsanto y las semilleras se fortalecen paso a paso y nunca en el caso de Paine hubo un Estudio de Impacto Ambiental que posibilitara analizar los riesgos para el ambiente, la semilla tradicional y la biodiversidad, porque las autoridades priorizaron siempre por la inversión.”

En Graneros y Rengo

El año 2011, se aprobó sin reparos la Planta Agroindustrial Santa Julia de Monsanto, pese a que en la Declaración de Impacto Ambiental se mencionaba que funcionaría en tres fases, pero sólo se detalló el impacto de dos fases. La inversión era importante: 12,0000 Millones de Dólares (sic DIA). Se ubica en el fundo Santa Julia, de 70,54 hectáreas, al poniente de la ciudad de Graneros, en la sexta región. El objetivo era construir y habilitar una planta de lavado y secado de semillas de vegetales para procesar 200.000 kg de semilla procesada en un periodo de 30 días.

El año 2009 se autorizó la construcción de una planta de Monsanto Chile S.A. de Residuos Industriales Líquidos (RILES) para lavado de semillas, en el fundo El Nogal de Rengo. Incluía en esa fecha, según la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, el lavado de semillas de zapallo italiano híbrido transgénico, que en 2010 se cuantificaba en aproximadamente 1.000 kg de pepas de ese zapallo.

Reacción de la comunidad y demandas

 Desde la presentación de la ampliación 2016 de la planta en Paine, la comunidad se organizó en un Comité de Defensa de Paine, integrado por las más diversas organizaciones sociales locales, que organizó la Marcha contra Monsanto en su propia localidad el año 2018, y se ha movilizado dentro y fuera de su comuna para denunciar estos hechos. Pero la autoridad ambiental y la justicia negaron el derecho de este Comité a la participación ciudadana en el Declaración de Impacto Ambiental. Por ello, jamás pudieron entregar sus observaciones sobre los graves impactos negativos en la salud, y la degradación del ambiente derivados del uso de plaguicidas altamente peligrosos (HHP) provocados por el proyecto de Monsanto, que también trata todas las semillas con fungicidas e insecticidas HHP. El transporte, acopio y tratamiento de semillas transgénicas (de maíz, soya y canola) genera riesgos de contaminación genética en la localidad.  En el recurso de Protección presentado en la Corte de Apelaciones el año 2017, el Comité argumentó respecto de la vulneración del derecho de igualdad ante la ley y el desconocimiento por la autoridad del principio de precaución. Esto es relevante ya que la zona, luego de más de una década de funcionamiento de la planta de Monsanto presenta alta incidencia de cánceres y enfermedades crónicas en niños y es considerada por ellos como un nuevo territorio en sacrificio. Otros posibles impactos se relacionan con la sobrecarga del tráfico de camiones en los caminos, posibles efectos adversos sobre la salud de los trabajadores y alteración de la calidad del aire.

Además, se sabe que Monsanto como parte de su plan de “Responsabilidad social”, que en realidad fue propaganda para tratar de contrarrestar el repudio ciudadano, entregó dinero para proyectos comunitarios. En Buin, Monsanto hizo un plan de penetración en las escuelas inaugurando en 2015 un video sobre Seguridad Vial en la Escuela pública Humberto Moreno Ramírez, orientado a tranquilizar a los apoderados preocupados por los reiterados accidentes de los escolares.  El alcalde de entonces, Angel Bozán, se desmarcó de la iniciativa y bajó el video de la web municipal. Pero también Monsanto entregó semillas -recubiertas con insecticidas- a niños de jardines infantiles para desarrollar huertas. Eso generó alergias y alarma en padres y maestros.

Por otra parte, en 2014 el agricultor chileno José Pizarro (Los Andes, RM) ganó una demanda contra Monsanto entablada ante la Cámara de Comercio de Chile, debido a las prácticas “leoninas” utilizadas por la empresa en un contrato abusivo para multiplicación de maíz transgénico. Esa siembra significó para él su ruina económica. Asimismo, el agricultor José Riquelme (Ñuble), luego de 5 años de litigio con Monsanto logró un acuerdo de conciliación, también en 2014, al llegar su caso a la Corte Suprema. La demanda fue interpuesta porque el agricultor compró a una empresa subsidiaria de Seminis/Monsanto semilla certificada de melón “Braco”, destinada a exportación, pero la semilla que sembró no correspondía en calidad y variedad a la semilla certificada. En la oportunidad, Riquelme declaró estar satisfecho por haberle “doblado la mano a una empresa transnacional que está causando daños inmensos a la agricultura internacional con sus semillas genéticamente modificadas, con resistencia a los plaguicidas y herbicidas.”

Glifosato, producto estrella de Bayer & Monsanto.

Aunque en Chile el glifosato está registrado con etiqueta verde según su efecto agudo, tan sólo entre 2017 y junio de 2018 hubo 36 casos de intoxicación aguda por este herbicida. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno humano el año 2015, pero ello no se refleja en las etiquetas ya que estas no contienen frases de riesgo crónico. En los últimos meses glifosato ha sido considerado responsable por casos de cáncer (linfoma no Hodgkin) en tres demandas distintas, con diferentes jurados que han tenido lugar en California, Estados Unidos. En todas ellas los jurados han hecho presente la conducta maliciosa de la empresa Bayer por no incorporar advertencias sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del glifosato, y también han señalado que la aprobación del registro del producto se basa en estudios sesgados y vinculados a la empresa. Las demandas han tenido un efecto demoledor en el valor bursátil de Bayer, cuyas acciones siguen a la baja mientras la compañía intenta ahora negociar con miles de demandantes que esperan su turno en tribunales. Hasta ahora no hay casos de demandas en América Latina, aunque en tribunales de carácter ético ha quedado establecida la violación al derecho humano a la alimentación saludable y a un medio ambiente libre de contaminación, así como el daño a la salud de trabajadores expuestos a este herbicida. En Argentina, uno de los países más afectados por el uso de glifosato, la comunidad del barrio de Malvinas Argentinas, en Córdoba, logró impedir con una larga lucha, que en su localidad Monsanto levantara la planta “´más grande de América Latina”. Sin embargo, la transnacional parece haber cambiado su pretensión a territorio chileno.

Fin progresivo del glifosato cancerígeno

En Chile, a contrapelo de la tendencia global, SAG por segunda vez denegó la petición de prohibición de glifosato formulada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile citando unos pocos estudios, algunos de ellos desactualizados.

En cambio, en Centro América, Bermudas prohibió el uso de glifosato en 2017. San Vicente y Granadinas suspendieron el uso de glifosato. En Europa se prohibió para uso no profesional. En la República checa se establecieron serias restricciones para su uso antes de la cosecha. En Dinamarca se prohibió su uso en cultivos post emergentes. En Francia se prohibió su uso en áreas verdes y se anunciaron medidas para una prohibición total al cabo de 3 años. En Italia se prohibió su uso en áreas públicas y también su fumigación antes de la cosecha. En Holanda la venta de glifosato se prohibió para su uso no profesional. En Malawi, África, se anunció que se suspenden los permisos de importación desde abril de 2019. En Asia, Vietnam prohibió la importación de glifosato desde marzo de 2019. En Sri Lanka se prohibió la importación de glifosato excepto para su uso en plantaciones de té y caucho. Los países de Medio Oriente Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain y Qatar, prohibieron la importación y el uso de glifosato.

Entre 6 y 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación, y un 90 % de la población mundial respira aire contaminado, según cálculos de la ONU. Chile como país anfitrión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, C0P25, debería dar el ejemplo adoptando medidas de prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato.

Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL)

Alonso de Ovalle N°1618, oficina A.
Fono/fax: 56-22- 699 7375

Móvil: María Elena Rozas      56- 9 988 58 227
Lucía Sepúlveda Ruiz  56- 9 900 23 729

Santiago de Chile

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