lucha de clases – piensaChile

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)

Redacción piensaChile — Sun, 22 Feb 2026 20:57:46 +0000

22 de febrero de 2026

Enlace al Programa de la Volksbühne en Idioma alemán idioma inglés

La obra de teatro documental Cordones Industriales tiende un puente hacia el poder transformador de la autoorganización. Partiendo de las experiencias históricas de la Unidad Popular en Chile, la puesta en escena narra la resistencia vivida y la emancipación política.

La obra se centra en cinco trabajadoras de limpieza que trabajan en condiciones precarias y sin apoyo sindical. A través de sus voces cobra vida el movimiento de los Cordones Industriales, que entre 1972 y 1973 unió a miles de personas en Chile y marcó un punto de inflexión en la historia política del país.

La base de la puesta en escena es una exhaustiva investigación histórica del colectivo Tarea Urgente. El equipo utiliza entrevistas con testigos de la época, fotografías privadas y documentos de la Biblioteca Nacional de Chile para vincular relatos personales con análisis históricos.

Bajo la dirección de Valeria Yáñez, el teatro documental se convierte en práctica política. Desde hace más de 13 años, el colectivo trabaja en la intersección entre el arte, la historia y el activismo. Para ello, colaboran tanto con importantes lugares de memoria —como el Estadio Nacional, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos o la Villa Grimaldi— como con sindicatos y movimientos sociales. Durante el estallido social de 2019, Tarea Urgente estuvo presente con actuaciones en asambleas territoriales y en la calle.

Ahora, la obra invita por primera vez al público berlinés a reflexionar sobre estrategias de organización que, ante el giro hacia la derecha en todo el mundo, adquieren una nueva urgencia.

En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo. Esto provocó una resistencia masiva por parte de Estados Unidos; el presidente estadounidense Nixon advirtió sobre un «sándwich rojo» en América Latina. El boicot contra el gobierno de Allende fue masivo y abarcó desde la manipulación mediática hasta el cierre artificial de fábricas.

En este clima de resistencia surgieron los Cordones Industriales: las trabajadoras ocuparon las fábricas y continuaron la producción por su cuenta. El sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso fin abruptamente a este proceso. Las activistas de izquierda fueron asesinadas, secuestradas y torturadas. Miles de trabajadores de las fábricas ocupadas fueron trasladados al Estadio Nacional, que se convirtió en el mayor campo de prisioneros del país.

Dirección: Valeria Yáñez
Autores: Valeria Yáñez, Renata Puelma, Dephi Castellano, Constanza Leiva, Victoria Hernández.
Con: Victoria Hernández, Loreto Vilches, Constanza Leiva, Dephi Castellano, Valeria Yáñez

Vestuario: Dephi Castellano
Diseño de iluminación y técnica: Rocío Linsambarth
Técnico de vídeo y sonido: Gabriel de la Hoz
Producción y subtítulos: Renata Puelma

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) – Línea de Circulación Internacional, Segundo llamado, Convocatoria 2025 (Chile)

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)
Jueves 26 Febrero
20:00 horas | Estreno en Alemania
Salón Verde
A continuación, sesión de preguntas y respuestas.
ENTRADAS

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)
Viernes 27 de Febrero
20:00 horas
Salón Verde
Espectáculo teatral y concierto Canto Diáspora
ENTRADAS

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)
Sábado 28 de Febrero
20:00 horas
Salón Verde
Espectáculo teatral y fiesta con DJ
ENTRADAS

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)
Domingoo 01 de Febrero
15:00 horas
Salón Verde
Del archivo a la escena
Workshop
ENTRADAS

Cordones Industriales | Colectivo Tarea Urgente (Chile)
Domingoo 01 de Febrero
19:30 horas
Salón Verde
Documental y charla
ENTRADAS

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El multimillonario Warren Buffett: «La lucha de clases existe, y la ganamos nosotros»

Redacción piensaChile — Tue, 30 Mar 2021 17:57:56 +0000

30.03.2021

No es el único que lo dice. Lo mismo ocurre con el riquerío chilensis y sus sicarios armados.

Primero que todo, es necesario explicar aquello de “cucarachas” para evitar el sentido y desgarrador reclamo de los “noeslaformistas”que se espantarán al saberse igualados con esos insectos rastreros.

No, no…en absoluto es la idea de traslapar ambas imágenes.

“La cucaracha… la cucaracha… ya no puede caminar… porque le falta… porque no tiene… marihuana que fumar”.

Así reza la letra de la inmortal melodía que cantaban en 1910 los ‘pelados’ de Villa y Zapata durante la revolución mexicana, quienes llamaban “cucaracha” al ejército ‘oficial’ mexicano, a sus generales y oficiales. Ellos eran “la cucaracha”, que ya no podía caminar porque le faltaba marihuana que fumar… y porque los revolucionarios villistas y zapatistas los tenían arrinconados.

Acá en Pelotillehue también tenemos, políticamente hablando, nuestras propias “cucarachas”, a las que se les acabó la dosis de miedo y terror con que acostumbraban sojuzgar al respetable, así como se les agotó el insumo de promesas falsas, bravuconadas, soberbia clasista y amenazas variopintas. Es decir, ya tampoco tienen “marihuana” que fumar.

En las últimas semanas, dentro de un escenario político colmado de tensiones y equívocos, las declaraciones de algunas personas y medios que poseen cierto grado de representación han logrado provocar la estampida de individuos seguidores del totalitarismo y del clasismo expoliador.

Fue lo que le ocurrió a la doctora Izkia Siches –presidenta del Colegio Médico de Chile (COLMED)– no bien calificó de “infelices” a ciertos elementos oficialistas, responsabilizándolos por la desmedrada situación sanitaria que aflige al país habida consideración del severo aumento de personas contagiadas con el virus Covid-19.

Esos individuos (los totalitarios) gustan de ejercer su poder tildando a medio de mundo como “resentidos”, “ignorantes”, “zurdos fanáticos”, y otros epítetos similares. Sin embargo, apenas alguien que no pertenece a tal círculo de poder emite una opinión directa y clara, se levantan indignados, heridos en su orgullo y doloridos en su soberbia. Se atribuyen virtudes que no tienen, pero que han sabido vender adecuadamente a través de los medios de prensa que poseen, o que controlan.

¿Quiénes son ellos? Algunos nombres y currículos al pasar. Sólo algunos.

Gabriel Zaliasnik, abogado pinochetista de Penta y SQM, aplaudidor de los crímenes del gobierno de Israel en Gaza, expresidente de la comunidad judía en Chile, defensor e impulsor a ultranza del neoliberalismo salvaje y de la presencia de transnacionales predadoras en el país.

Sergio Melnick, pinochetista declarado y reconocido, amigo personal del genocida Álvaro Corbalán. Se sospecha que podría ser agente encubierto del Mossad en Chile. Miembro emérito de la comunidad judía local. Enemigo (no sólo ‘adversario’ sino enemigo acérrimo) de dirigentes y/o representantes de sectores políticos cercanos al socialismo, como Michelle Bachelet, Alejandro Guillier, la doctora Siches, y otros.

Magdalena “la pollo” Díaz, jefa de gabinete y brazo derecho de Sebastián Piñera, quien la utiliza en calidad de empleada de todo servicio político, como quedó claramente demostrado con el torpe llamado a los dueños del canal LaRed (que se encuentran en Miami), entregándoles la queja del gobierno chileno por la línea editorial de esa empresa televisiva, en una abierta y clarísima demostración que la libertad de prensa y de opinión no es algo que vaya de la mano con esta “democracia protegida” que ostentan la derecha chilena y sus aliados.

Edmundo González, exalmirante de la Armada (el mismo que no respondió ni asomó la nariz la noche del terremoto 27/2/2010): “Si usted (refiriéndose de forma general) diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controlaríamos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas” ¿Sin pruebas, sin justicia presente? ¿A la pinta’ de los uniformados, como en 1973-1989, culpando siempre sólo a un sector de la sociedad? Lo confirmó él mismo, al agregar en esa entrevista otorgada a Johannes Kaiser (hermano de Axel Kaiser) : “En ninguna parte del mundo civilizado se requiere de leyes, o proyectos de estas, para establecer o restablecer el Estado de Derecho ‘dentro del territorio nacional’”.

Por cierto, las ‘cucarachas’ políticas son muchas más, pero a través de las mencionadas resulta posible resumir la realidad de las restantes. Estaban ocultas, deambulando tranquilamente por sus espacios de privilegios, ciegamente confiadas en que nada hará cambiar el actual statu quo que las beneficia.

Sin embargo, a partir del mes de octubre del año 2019, y mediante el incremento del nivel de influencia de las redes sociales, esas ‘cucarachas’ han salido de sus agujeros dispuestas a renovar el miedo y lanzar nuevamente las amenazas de antaño. Pero, ya no pueden caminar… porque no tienen… porque les falta…

Y si gusta, puede cantar con nosotros… ¡¡y échele con ganas!!

https://www.youtube.com/watch?v=6sn8bIzWacw

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A cincuenta años del triunfo de Allende. Las disyuntivas políticas de la izquierda en 1970-73

Redacción piensaChile — Sat, 12 Sep 2020 22:06:11 +0000

4 de septiembre de 2020

Este 4 de septiembre se cumplen 50 años desde aquél día en que las principales fuerzas de la izquierda chilena, agrupadas en la Unidad Popular (UP), lograron imponerse por una mayoría relativa en las elecciones presidenciales de 1970, con Salvador Allende como su abanderado. Culminaba así un largo proceso de acumulación de fuerzas de las principales expresiones políticas de los trabajadores chilenos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que se había extendido ya por espacio de más de cuatro décadas. Ambos partidos se definían a sí mismos como marxistas y, habiendo logrado unir primero al movimiento obrero en el plano sindical con la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953, habían actuado persistentemente unidos en el plano político desde 1956 cuando acordaron constituir el Frente de Acción Popular (FRAP). Ello les permitió ir acrecentando significativamente la gravitación política de la clase trabajadora en base a un proyecto definidamente antiimperialista, antioligárquico y antimonopólico, dirigido a abrir camino a una transformación revolucionaria de la sociedad chilena en un sentido socialista. Sin embargo, no sería sino hasta la elección presidencial de 1970 que esta alianza de izquierda, reconstituida esta vez con la participación del Partido Radical, el MAPU y otros dos grupos políticos menores y actuando bajo la denominación de Unidad Popular, lograría alcanzar un resonante triunfo electoral que le brindaba la posibilidad de llevar a la práctica su programa.
En el Programa Básico de Gobierno (PBG) de la UP se afirmaba de manera explícita que los problemas fundamentales del país derivaban de unos privilegios de clase a los que quienes los detentaban «jamás renunciarán voluntariamente». Y dando por fracasadas las recetas reformistas y desarrollistas que había hecho suyas el gobierno de Frei, señalaba, como su objetivo fundamental, «terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile».[1] Es del todo evidente que un propósito político tan claro como ese bastaba para que la eventual llegada a La Moneda de la UP acentuara no solo los anhelos y expectativas emancipatorias largamente atesoradas por el pueblo trabajador, sino también el profundo y lacerante recelo del gran capital y su representación política partidista ante el temido espectro de la «dictadura del proletariado» que parecía estar tocando ahora a su puerta. A pesar de las insistentes declaraciones de Allende de que se respetarían escrupulosamente los derechos y libertades existentes como rasgo definitorio de su «vía chilena al socialismo»,[2] la sola perspectiva de verse expropiadas era más que suficiente para que las clases dominantes considerasen ese propósito como una verdadera declaración de guerra. Se abría paso inevitablemente así a un periodo de aguda confrontación social y política que, como se sabe, concluyó tres años después con el cruento derrocamiento del gobierno de la UP y la implantación de un régimen brutalmente represivo.
Es por eso que, junto con conmemorar esta fecha y valorar el gran significado que para el movimiento obrero y popular tuvo el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, resulta imprescindible tener presente también las grandes disyuntivas estratégicas que se plantearon entonces, de manera candente, ante las fuerzas de la izquierda chilena. El problema central para un proyecto de transformación social que aspire a superar los marcos del capitalismo es, indudablemente, el de la conquista del poder por los trabajadores y el modo en que en definitiva éste puede ser resuelto para abrir efectivo paso al socialismo como proyecto histórico emancipador. Es evidente que, por la forma en que concluyó, la experiencia de gobierno de la UP no logró validar en tal sentido la estrategia de la vía pacífica al socialismo en que basó su accionar y que tantas expectativas generó en un amplio sector de la izquierda. El fracaso de este proyecto replanteó el ya largo debate sobre las concepciones programáticas y estratégicas que han sido levantadas por las corrientes que se reclaman del marxismo, lo que hace pertinente interrogarse por las enseñanzas y principales problemas que esa experiencia dejó planteados. Además se trata de cuestiones que, iluminadas por la experiencia chilena de 1970-73, la trascienden ampliamente y continúan siendo de decisiva importancia para orientar e impulsar en el presente, con reales posibilidades de éxito, la lucha por la emancipación de los trabajadores, tanto a escala nacional como regional y mundial.

Condicionamientos estructurales y disyuntivas políticas

Ciertamente, este tipo de interrogantes carece de todo de interés, y por lo tanto no constituye un problema que se encuentre efectivamente planteado, para aquellos que, aun presumiendo ubicarse a la izquierda del espectro político, consideran que una revolución anticapitalista, o bien ya no es necesaria, y por lo tanto tampoco deseable, o bien, aunque necesaria y deseable, no parece posible, al menos en un horizonte de tiempo cercano. En consecuencia, habría que limitarse a luchar por un programa de reformas. La primera posición es la del reformismo en su expresión más clásica, bajo el supuesto de que el capitalismo se habría evidenciado capaz de atenuar hasta tal punto sus principales contradicciones que ya no se vería expuesto a sufrir grandes crisis. Por otra parte, al haber logrado elevar de manera sostenida las condiciones de vida de las masas trabajadoras habría desalentado también el interés de éstas en luchar contra el sistema.[3] La segunda variante del reformismo, si bien no desconoce las grandes contradicciones, los graves males y las amenazantes perspectivas que conlleva el desarrollo del capitalismo a escala mundial, excluye de su campo visual toda posibilidad de desafiar con alguna posibilidad real de éxito la actual hegemonía que, con los formidables recursos que tiene a su disposición, detenta hoy el gran capital sobre la vida social en todos los planos. De allí que ambas variantes circunscriban su accionar a demandar el reconocimiento y ampliación de algunos derechos democráticos al pueblo trabajador y un cierto grado de control social sobre el accionar del gran capital y sus ganancias.
En consecuencia, es comprensible que un debate serio sobre las reales posibilidades que hubo en el Chile de 1970-73 de haber logrado hacer prosperar el proyecto revolucionario contemplado en el PBG de la UP no resulte mayormente factible con quienes se empeñan en negar por anticipado esa posibilidad. Lo usual ha sido que éstos, en vez de allanarse a confrontar argumentos, se limiten a descalificar a quienes sostienen que ese objetivo era posible, viendo en sus posiciones una mera y fantasiosa expresión de deseo, carente de todo realismo.[4] Más aun, en esa línea de razonamiento, al momento de explicar lo sucedido, lo más común ha sido que asignen a los objetivos centrales del PBG un significado y alcance claramente distinto al que se encuentra explícitamente presente en su texto, como ya comenzaron a hacerlo durante su gobierno tanto el propio Allende como la mayor parte de la cúpula dirigente de la UP. Así, en lugar de dirigir sus esfuerzos a lograr que el pueblo tomase efectivamente el poder en sus manos y lo ejerciera para «iniciar la construcción del socialismo», asignaron a la acción gubernativa el carácter de una etapa histórica previa, de «democracia avanzada», que a través de un largo y gradual proceso de cambios económicos y político-institucionales, se limitaría a crear condiciones favorables para abrir, en una fase ulterior, el camino al socialismo. Desde esta perspectiva, negando de hecho el carácter de clase del Estado y anteponiendo los cambios susceptibles de ser alcanzados en la estructura de propiedad a los de carácter político-institucional, se veía posible avanzar sin mayores rupturas hacia la realización de «una revolución sin costo social».
En esta misma línea de razonamiento, se ha visto en las discrepancias surgidas en el seno de la UP una de las principales causas de su derrota. No obstante, si bien es efectivo que uno de los factores que debilitó el proceso de cambios impulsado por el gobierno de la UP fue la imposibilidad de lograr un acuerdo consistente sobre la línea de acción a seguir para hacer frente y superar los obstáculos cada vez mayores que iban apareciendo en el camino, ello se debió a que la orientación que se fue imponiendo en la política gubernativa se hallaba en contradicción tanto con los objetivos centrales contemplados en el propio PBG como con la propia naturaleza de la situación creada a partir del triunfo de Allende por la creciente agudización de la lucha de clases en el país. Aunque las viejas prácticas políticas de las que era fuertemente tributaria la acción de los grandes partidos de izquierda tendían a disociar con frecuencia los discursos de los hechos, adornando con una retórica revolucionaria una política reformista, la creciente intensificación de la lucha de clases que se experimentaba en Chile desde antes del triunfo de Allende iba reduciendo los márgenes de acción de esas prácticas tradicionales e imponiendo de un modo cada vez más más claro sus propias exigencias. Por tanto, resultaba políticamente miope, y en definitiva suicida, no percibirlo y tenerlo presente con la debida presteza, ilusionándose en cambio con la quimérica posibilidad de hacer realidad los objetivos centrales del PBG a partir de un entendimiento político con la Democracia Cristiana.
Es importante, por tanto, partir precisando como cuestión previa si el diagnóstico de la situación existente y los objetivos planteados sobre esa base por el PBG estaban justificados. De lo contrario, resulta fácil escamotear este debate, descalificando el intento de alcanzar esos objetivos como una mera expresión de «voluntarismo», desprovisto de toda conexión con la realidad. La naturaleza de la crisis estructural que afectaba al país, generando una profunda desigualdad social y obstaculizando su desarrollo económico, así como del carácter revolucionario de los cambios necesarios para superarla, se hallaban clara y sintéticamente señalados en los nueve primeros puntos del PBG, agregándose más adelante que tales transformaciones «sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente». Cabe recordar que el examen de la realidad chilena que sirve de fundamento a estos propósitos correspondía a una visión que era ampliamente compartida en el seno de la izquierda chilena y latinoamericana de entonces, siendo la cuestión clave que ella dejaba planteada la de la conquista del poder por los trabajadores y las amplias masas populares. Las recurrentes dudas del pasado sobre la posibilidad misma de llevar a cabo una lucha de ese alcance en el «patio trasero» del imperialismo norteamericano habían sido ya suficientemente despejadas por el formidable triunfo de la revolución cubana. La disyuntiva no era entonces otra que la planteada en términos de «revolución socialista o caricatura de revolución».[5]
La década del 60 había estado, en efecto, marcada por los vientos de la revolución que soplaban con fuerza en todo el mundo. Ellos cobraban expresión en los movimientos de la juventud estudiantil y trabajadora en Europa occidental y oriental y también en las últimas luchas contra la dominación colonial. Por su parte, el imperialismo yanqui, cada vez más empantanado militarmente en Vietnam y debiendo hacer frente en su propio territorio a un creciente movimiento de repudio a esa guerra imperialista y a la discriminación racial, se vio desafiado directamente también por el resonante triunfo de la revolución cubana, que ganó rápidamente el apoyo de amplios sectores de la juventud y el pueblo trabajador latinoamericano. Los vientos de cambio ganaban fuerza también en Chile, donde ante la inminente posibilidad de un triunfo de la izquierda en la elección presidencial de 1964, los partidos de la burguesía se unieron en torno a la candidatura reformista de Eduardo Frei, que buscó captar y canalizar las grandes aspiraciones de la mayoría con la promesa de realizar una «revolución en libertad». Pero su gobierno terminó frustrando esas expectativas y haciendo frente a una creciente oleada de movilización popular entre los trabajadores, pobladores, campesinos y estudiantes. Fue en medio de ese contexto de grandes luchas populares que nutría un mayoritario anhelo nacional de cambios que se llevó a cabo la elección presidencial de 1970.
Tanto el fracaso del gobierno de Frei como la creciente polarización social y política resultante derivaban en realidad del agotamiento del patrón de acumulación capitalista que había orientado las políticas económicas en el país por espacio de cuatro décadas. Este correspondía a lo que se ha dado en llamar Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que, luego de conocer un importante impulso inicial y haber dado sustento a la configuración de un “Estado de compromiso” que brindaba un alto grado de estabilidad al sistema político-institucional vigente, en el curso de la década de los años sesenta había ido perdiendo dinamismo. El proyecto reformista de Frei, que para contrarrestar el impacto de la revolución cubana en la región fue presentado por la Casa Blanca como una alternativa al comunismo en América latina, intentó dar nuevo impulso al desfalleciente modelo ISI mediante una mayor captación de las divisas generadas por las exportaciones de cobre, una ampliación del mercado a disposición del desarrollo industrial a través de la creación del mercado subregional andino y, sobre todo, de la reforma agraria.[6] Por último, pretendió también capitalizar una parte de los salarios mediante un plan de ahorro forzoso. Los trabajadores bautizaron los instrumentos financieros que el gobierno se proponía crear para este fin con el sugestivo apelativo de «chiribonos» y con el fin de impedir que esa iniciativa de despojo salarial prosperara, realizaron un combativo y exitoso paro nacional que determinó finalmente el fracaso del proyecto reformista.[7]
Fue en ese cuadro, de agonía del modelo ISI y descrédito del gobierno de Frei, que el gran capital nacional e imperialista optó por enfrentar la coyuntura electoral de 1970 en base a un programa, bautizado con el nombre de «Nueva República», que anticipaba en buena medida las transformaciones estructurales que pondría en marcha tres años después la dictadura militar. En las filas de la DC primaba un enorme desencanto con lo realizado y con el rumbo seguido bajo su gobierno, ganando fuerza entre sus bases populares la idea de profundizar el proceso de reformas que orientó, en torno al lema ¡Ni un paso atrás! la candidatura de Tomic. Hay quienes se explican el triunfo de Allende en 1970 por un «error táctico» de la burguesía al presentarse dividida a la elección. Pero lo cierto es que el cuadro que exhibe entonces la situación política del país no sintoniza con esa explicación. Dado el clima de polarización social y política ya prevaleciente en 1970 y el fuerte desgaste que afectaba a la DC en el gobierno, lo más probable es que en una elección a dos bandas, con una candidatura democratacristiana que hubiese sido aceptable para la derecha -algunos sugirieron para tal efecto el nombre de Edmundo Pérez Zujovic-, esta vez ganara la izquierda. En ese contexto, la opción que tomó el PDC de acentuar la retórica revolucionaria con un candidato como Tomic solo podía tener el efecto de restarle votos a la izquierda, lo que a su vez abría mayores posibilidades de triunfo para la candidatura de la derecha.[8]
Por lo tanto, la revolución social que el Programa de la UP planteó como necesaria y se comprometió a llevar a cabo, respondía bien a la naturaleza estructural de la crisis en que se debatía el país y el problema clave que había que resolver para hacerla posible era, como lo señalaba el PBG, el del traspaso del poder de las clases explotadoras a las clases explotadas[9]. ¿Qué es lo que esto significa? Que en toda sociedad de clases el poder es, en definitiva, la capacidad de alguna de ellas para organizarla de acuerdo al proyecto histórico que corresponde a sus propios intereses, proveyendo las normas jurídicas, instituciones políticas, criterios de racionalidad económica y justificaciones ideológicas pertinentes. En este caso, el proyecto de la UP buscaba expresar y hacer prevalecer los intereses de la inmensa mayoría de la población que forma parte del pueblo trabajador, privando de ese poder al minoritario pero influyente grupo social que lo detentaba. Sin embargo, resultaba evidente que el solo acceso al gobierno de las fuerzas políticas que actuaban como representantes de los trabajadores estaba aún lejos de ser suficiente para lograrlo. Es decir, que aún después de haber perdido el control del gobierno, la burguesía y el imperialismo no habían sido privados de su efectivo poder social y contaban todavía con variados y muy importantes medios para preservar «aquellos privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente». Dando por sentada la complejidad del problema, la pregunta clave entonces es ¿cómo en el marco de la estrategia que orientaba el accionar de la UP éste podía ser efectivamente resuelto? ¿Cuáles podían y debían ser los pasos e iniciativas para lograrlo?
La necesidad de doblegar la irreductible resistencia que opondrían la burguesía y el imperialismo, con la activa ayuda de quienes en el plano político actúan como sus representantes, amparados por el sistema legal y judicial vigente, además de sus influyentes aparatos ideológicos y sus poderosos cuerpos represivos, se alzaba así entonces, desde la partida, como su mayor desafío, tornando completamente ilusoria la posibilidad de que ellos se allanasen a aceptar verse desplazados pacíficamente del poder por un simple veredicto democrático de la ciudadanía, aun en el evento de que éste llegase a ser aplastantemente mayoritario.[10] Para las clases dominantes se trataba de acabar lo antes posible con la amenaza que para ella significó el triunfo de la UP en las elecciones de 1970, como lo atestiguan ya las maniobras y acciones sediciosas dirigidas a impedir que éste fuese ratificado por el Congreso Nacional. Fracasados esos intentos, el empeño antidemocrático de las clases dominantes se orientó entonces a reordenar sus fuerzas y a elaborar una estrategia de más largo aliento para librar una lucha de hostigamiento y desgaste que les permitiese contener y derrotar el proceso de cambios que pretendía impulsar el nuevo gobierno. Todas las corrientes y grupos políticos de la burguesía, desde la extrema derecha hasta los que inicialmente formaban parte de la propia UP[11], compartían ese objetivo y solo diferían en el modo de lograrlo. Mientras el despliegue de una política de atrincheramiento y desgaste centrada en el plano legal e institucional quedaba en manos de la DC[12] y otros grupos menores, la derecha tradicional y los grupos fascistas impulsaban frente al gobierno una línea de acción más clara y directamente confrontacional, tendiente a desbordar ese escenario.
En consecuencia, ya aun antes de ponerse en práctica, la estrategia de la «vía pacífica al socialismo» -no la hipotética posibilidad de un tránsito pacífico bajo condiciones históricas diferentes a las que conocemos hoy, que es algo distinto-, parecía no descansar sobre una base histórica y social realista. Representaba más bien un problema parecido al de la cuadratura del círculo.[13] Ello porque si bien las posibilidades de avance de las fuerzas políticas que expresan los intereses del movimiento obrero y popular en el seno de las instituciones electivas del Estado burgués eran incuestionablemente reales, resultaban ser también limitadas y, por sí mismas, insuficientes para superar su carácter de clase y establecer en su reemplazo un Estado de los trabajadores, efectivamente democrático. Incluso en el mejor de los casos, en el evento de que se hubiese logrado por la vía de las urnas despejar el camino en las instituciones representativas del Estado burgués, resultaría necesario doblegar aun la resistencia que de todas maneras opondría la burguesía sobre el terreno de las armas. Como lo atestigua toda la experiencia histórica, la inevitabilidad de un enfrentamiento armado entre las clases por la disputa del poder no es algo que dependa de los revolucionarios sino una realidad que siempre ha sido impuesta, y de la manera más cruenta y despiadada que sea dable imaginar, por las clases dominantes que se aferran, con todos los inmensos medios de que disponen, a la defensa de sus privilegios. No haber tenido esto debidamente en cuenta llevaría a que la oferta de «una revolución sin costo social» se tradujese finalmente en un enorme costo social sin revolución.
¿Quiere todo esto decir que la experiencia que se iniciaba con el triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970 estaba inevitablemente condenada al fracaso? Evidentemente que no. El desenlace de una coyuntura histórica crítica como la que se produjo en Chile entre 1970 y 1973 no está en modo alguno predeterminado, sino que es algo que se va definiendo de manera dinámica, a partir de los múltiples factores que concurren a su formación, en el curso mismo de la lucha. Los escenarios que se abren siempre ofrecen posibilidades y cursos alternativos de acción a sus protagonistas y el resultado final dependerá ante todo de la pertinencia de las decisiones que éstos tomen, de la firmeza con que las lleven a la práctica y de la habilidad con que luego sepan aprovechar las posibilidades asociadas a ellas. En toda coyuntura crítica de esta naturaleza, el rol del liderazgo está llamado, por tanto, a ser fundamental. De su clarividencia y decisión política, tanto en el plano estratégico como táctico, dependerá en gran medida el resultado de la lucha. En el caso de la experiencia de la UP lo que cabe constatar es que ese liderazgo no logró anticipar con claridad el curso que seguirían los acontecimientos y, ante las crecientes dificultades que encaraba, optó por aferrarse a un diseño estratégico cuyas posibilidades se encontraban ya agotadas, aun cuando con ello el desarrollo de la lucha de clases lo conducía inexorablemente a una situación de derrota, sin más salidas que la de resignarse a renunciar clara y abiertamente al alcance revolucionario de sus objetivos iniciales o verse violentamente desalojado del gobierno.
Por cierto, esta no es una cuestión que pueda ser asumida como una simple disquisición escolástica en torno a las virtudes y pertinencia mayor o menor de tal o cual esquema, abstractamente concebido, sobre las vías de acceso al poder (insurreccional, guerra prolongada, lucha electoral). En tales términos se trataría, evidentemente, de un debate mal planteado y por lo mismo completamente estéril, como también lo es cuando se lo pretende circunscribir rígidamente a las posibilidades del escenario y los procedimientos por los cuales había discurrido hasta entonces la lucha política. Desde la perspectiva de los explotados, este debate sobre las vías de acceso al poder no puede dejar de estar situado sobre aquella tensión que se opera entre, por una parte, los condicionamientos estructurales (económicos, sociales, político-institucionales y aun culturales) a que se halla sometido de hecho su accionar político contingente y, por otra, la imperativa necesidad de superarlos a fin de poder realizar los ansiados objetivos históricos emancipatorios que lo orientan. Se trata de identificar los obstáculos que de momento lo impiden y los posibles cursos de acción que permitirían removerlos a fin de avanzar hacia la realización práctica de esa aspiración. No se trata, por tanto, de una elucubración puramente general y abstracta sino de la necesidad de realizar un «análisis concreto de la situación concreta», pero claramente intencionado, a la vez, por la necesidad de abrir curso a la efectiva superación del estado de cosas existente.[14]

Inconsistencia entre el programa y el curso estratégico asumido

Examinemos algunos aspectos claves de lo acontecido. En 1970 la gran mayoría del país se pronunciaba a favor de impulsar un proceso de cambios dirigido a superar las seculares injusticias y desigualdades existentes. Como dijimos, la campaña electoral se dio en un clima de gran movilización social y la opción por los cambios cobró una expresión electoral tanto en la candidatura de Allende como en la de Tomic[15]. En ese cuadro el gobierno de Allende, aprovechando las grandes facultades que le otorgaba el sistema político presidencialista vigente, comenzó a aplicar su programa económico con gran dinamismo, logrando ampliar rápida y significativamente con ello su base social de apoyo. Así lo evidencia el triunfo alcanzado por la UP en las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, con un poco más del 50% de los votos. Y al cabo de su primer año y medio en La Moneda, ese empuje inicial podía exhibir ya como grandes logros la nacionalización del cobre, del hierro y del acero, del salitre y el yodo, la nacionalización de la banca y de algunas importantes empresas de la industria manufacturera, la distribución, los teléfonos, etc., todo lo cual permitía avanzar en la configuración del Área de Propiedad Social (APS) como eje central de la economía, al tiempo que el impulso dado a la reforma agraria lograba acabar prácticamente con el latifundio. Junto a tales reformas estructurales, la política económica de corto plazo, especialmente a través de la política salarial y de precios, promovía una significativa redistribución del ingreso a favor de los sectores populares, incrementando fuertemente con ello la demanda de bienes básicos.
Cabe señalar, sin embargo, que en la conducción de su política económica, el gobierno de la UP tampoco evidenció una suficiente claridad estratégica y unidad de propósitos. Una muestra de ello es que, proponiéndose hacer realidad una apreciable redistribución del ingreso, se apoyó para ello en una gran expansión del gasto público, pero sin impulsar al mismo tiempo, desde su inicio, una fuerte y progresiva reforma tributaria que, poniendo en el centro del debate político el tema de la desigualdad social y la necesidad de corregir esta situación mediante una efectiva transferencia de recursos desde los sectores de altos ingresos, contribuyese a financiar ese mayor gasto fiscal. Ello provocaría a poco andar un incremento mayor de la demanda que de la oferta junto a un exceso de liquidez, generando inevitablemente así desequilibrios que se tornarían cada vez más difíciles de controlar y que serían hábilmente aprovechados por la oposición al proceso de cambios al incentivar en una medida cada vez mayor la práctica del acaparamiento y el mercado negro. Tampoco la delimitación de las áreas de la economía contempladas en el programa fue clara desde un principio, abriendo un nuevo campo de controversias al interior del propio gobierno. Presionado por la pugna política desatada en el parlamento en torno al tema, recién en noviembre de 1971 el gobierno dio a conocer una lista de 91 empresas de las que se contemplaba que 52 pasarían a formar parte del área de propiedad social y las otras 39 al área de propiedad mixta.
En todo caso, el ímpetu inicial de su política económica le permitió al gobierno acumular fuerzas a su favor y ampliar las posibilidades de continuar avanzando. Es claro, sin embargo, que esta propicia situación inicial no fue aprovechada por el liderazgo de la UP para impulsar, conjuntamente con la transformación de la estructura económica, una democratización equivalente de la superestructura jurídico-política del Estado. Ello habría permitido restringir de manera sustancial los márgenes de acción de los partidos burgueses que, escudándose en las retrógradas normas e instituciones vigentes, se empeñaban en frenar, dificultar y hacer fracasar el proceso de cambios[16]. ¿A qué obedeció esta decisión o, más bien, falta de decisión del gobierno que, en definitiva, solo facilitó la cada vez más agresiva labor obstruccionista desplegada por las instituciones y partidos políticos de la burguesía? ¿Se trató sólo de un error de apreciación circunstancial o de una opción acorde con una concepción estratégicamente errónea? Planteado el problema en términos más generales, ¿cómo preveía la dirección de la UP superar los obstáculos políticos que se cruzaban en su camino a fin de llevar adelante la transformación revolucionaria de la sociedad comprometida en su PBG? ¿Cómo se articulaban en su concepción estratégica de la «vía chilena» los objetivos de corto plazo y las transformaciones estructurales impulsadas por la política económica con el esfuerzo político orientado a lograr la transformación del Estado y el traspaso del poder político a manos de los trabajadores? ¿Qué relación cabía establecer entre ambos planos?
Todo indica que en el seno de la UP no hubo, más allá del marco de definiciones provisto por el PBG, una visión consensuada en torno a estas cuestiones claves. Tanto al interior de la UP como del conjunto de la izquierda se desarrollaron a lo menos dos visiones distintas y contradictorias sobre el modo de encarar los desafíos planteados en esa coyuntura crítica, a fin de lograr una acumulación de fuerzas políticas que permitiera enfrentar con mayores posibilidades de éxito la creciente ofensiva de la burguesía: una que enfatizaba la profundización continua del proceso de cambios y que, apelando claramente a los intereses del pueblo trabajador, buscase apoyarse en una activa movilización popular; y otra que planteaba la necesidad de morigerar el ritmo de los cambios a fin de abrir espacio a un escenario de negociación y entendimiento con la Democracia Cristiana. En otros términos, a lo largo de todo este proceso, coexistieron en el seno de la izquierda, en una relación conflictiva aunque no siempre claramente explicitada, una concepción de la acción política centrada en potenciar la movilización directa de las masas, y otra que priorizaba la búsqueda de acuerdos cupulares con un sector político burgués. Una expresión clara de ello es la ya referida disociación que se constata inicialmente entre el dinamismo y empuje de la conducción económica y la parsimonia de la conducción política, cuya moderación le impide aprovechar a fondo las posibilidades abiertas por el accionar de aquella, y sin que alcance a percatarse tampoco de las funestas consecuencias que finalmente esto tendría.[17]
A partir del llamado “Cónclave de Lo Curro”, realizado a inicios de junio de 1972, la acción del gobierno se va a encauzar más clara y persistentemente hacia una búsqueda de un acuerdo con la DC con el propósito de afianzar la gobernabilidad del país en el marco del sistema jurídico-político vigente, algo a lo que dicho partido parecía dispuesto a cambio de que se le asignase al quehacer gubernativo un alcance mucho más limitado que el señalado en su Programa. El PC, principal impulsor de esta orientación, la va a justificar en términos tanto tácticos como estratégicos: en lo táctico, señalando que la posición de la UP se estaba debilitando y que, en consecuencia, había que centrar todos los esfuerzos en asegurar la estabilidad del gobierno frente a la creciente amenaza de la contrarrevolución[18]; en lo estratégico, invocando la necesidad de anteponer al intento de «iniciar la construcción del socialismo» una etapa histórica previa de «democracia avanzada» como la que supondría la propia constitución del gobierno de la UP[19]. En ese contexto, el interés en lograr un entendimiento con la DC -a pesar del sello claramente proimperialista que había evidenciado en su actuación política y su acción de gobierno y del cuadro de aguda polarización política que ya se había configurado en el país[20]– se justificaba invocando el presunto carácter «pluriclasista» de dicho partido[21], dado el significativo arraigo que éste había logrado alcanzar y que aún conservaba en algunos sectores populares, y la existencia en su seno de un ala «progresista».
En realidad, aunque aun cifraba ciertas expectativas en su sector «progresista», el PC no ignoraba el carácter burgués y proimperialista de la acción política impulsada por la DC, ni el alcance estratégicamente limitado, puramente reformista, de un posible marco de acuerdo con ella, a pesar de la retórica revolucionaria que utilizaba para disimularlo. Pero estaba consciente de la fragilidad de un proyecto de transformación social que carecía de una capacidad de defensa propia, desconfiando además de la posibilidad de crearla mediante un esfuerzo orientado en esa dirección. De allí que su búsqueda de un entendimiento con la DC solo aspiraba a «consolidar lo alcanzado», postergando para el futuro la posibilidad de seguir avanzando. Por su parte, lo que guiaba a la DC en su conjunto era el propósito de evitar a toda costa que en Chile pudiese prosperar un proyecto dirigido a terminar con el capitalismo y el aparataje institucional que lo sostenía. Es ese objetivo el que da coherencia a todo su accionar, desde su inicial demanda del «pacto de garantías constitucionales» como condición para ratificar la elección de Allende en el Parlamento hasta el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973,[22] pasando por la formulación de su «estrategia de los mariscales rusos», su propuesta de «empresas de los trabajadores»,[23] su respaldo a los paros patronales de octubre de 1972 y julio de 1973, su impulso a la ley de control de armas, etc. Por ello la DC no tenía mayor interés en ayudar a la UP a salir del atolladero en que se hallaba, a menos que estuviese dispuesta a capitular en toda la línea.
En rigor, a la clase dominante le bastaba con aferrarse a la vigencia de su Estado de derecho para impedir que el proceso de transformación social contemplado en el PBG de la UP pudiese llevarse a cabo hasta el final. Es por eso que la DC exige a Allende primero la firma del pacto de garantías constitucionales y luego propone y hace aprobar la ley de control de armas, cuya aplicación los mandos militares dirigen directamente contra los trabajadores que se habían organizado para defenderse de las bandas fascistas y no contra los grupos de ultraderecha que a esas alturas realizaban atentados terroristas en forma cotidiana. Y es eso también lo que explica que un sector de la DC se opusiera al golpe del Estado, al estimar que esa salida era, además de políticamente inconveniente, completamente innecesaria. Aludiendo a los proyectos claves de la UP que aun esperaban ser tramitados por el Parlamento, es eso justamente lo que le enrostra Leighton a Frei después del golpe: «como teníamos mayoría suficiente para rechazarlos en la votación general … quedaba en nuestras manos la salida democrática del problema, descartando desde un comienzo la inevitabilidad de una solución de fuerza»[24]. Sin embargo, la burguesía y el imperialismo no deseaban correr mayores riesgos y presionaban por desembarazarse cuanto antes de un gobierno que ya había afectado seriamente sus intereses y que, aun cuando no incentivase directamente las acciones de masas que tendían a sobrepasar los límites de la legalidad, las toleraba sin reaccionar.
Por lo demás, la burguesía como clase se había autonomizado ya ampliamente de la conducción de sus partidos y, por el contrario, le imponía a éstos su propia agenda. Y una de las principales armas que utilizó para hacer fracasar el proyecto de la UP fue el gran poder financiero de que disponía para cercar al gobierno y «hacer crujir la economía» con variados expedientes: fuga de capitales, paralización de las inversiones y, sobre todo, elusión de los controles de precios vigentes sobre los bienes de consumo básico incentivando el acaparamiento y la creación del mercado negro. Estas actividades ilícitas, junto con beneficiar directamente a quienes se involucraban en ellas, anulaban las mejoras en la capacidad de compra alcanzadas mediante los reajustes salariales al tiempo que dificultaban enormemente la vida cotidiana de amplios sectores de la población, los que de manera creciente terminaban responsabilizando al gobierno por esta situación y dirigían contra él todo su enojo. Por su parte, los partidos de la burguesía, desde las posiciones que ocupaban en el parlamento, y con el cinismo que les caracteriza, cierran este círculo vicioso que comienza a aprisionar cada vez con más fuerza a la economía al aprobar los proyectos de presupuesto del gobierno sin el financiamiento necesario, obligándolo a recurrir entonces a una emisión monetaria que inevitablemente dispararía la inflación. Es en ese contexto de crecientes dificultades para la propia población trabajadora que la «estrategia de los mariscales rusos» comenzaba a cosechar sus frutos y llevaba, evidentemente, todas las de ganar.
La «insurrección de la burguesía» que se desarrolla entonces a lo largo de este periodo crítico es fuertemente potenciada también por la acción subrepticia desplegada contra las fuerzas de izquierda, aun desde antes de su acceso a La Moneda, por las diversas agencias secretas del gobierno norteamericano[25]. Si bien Washington tenía suficientes motivos económicos para intervenir, relacionados con los intereses de las compañías de su país afectadas por las nacionalizaciones, la razón principal de su activo involucramiento en lo que sucedía en Chile era evidentemente político. En primer término se trataba de impedir el surgimiento en la región de una «segunda Cuba» que pudiese generar en ella una situación de gran inestabilidad política. Pero, dado el carácter institucional del proceso chileno y de las fuerzas políticas que concurrían a su gestación, la Casa Blanca temía también que su ejemplo pudiese alentar experiencias similares en países que son aliados estratégicos claves de EEUU en Europa occidental, como Francia e Italia, en los que la existencia de influyentes PC efectivamente abría esa posibilidad. Por lo tanto el gobierno de EEUU se jugará a fondo, primero por impedir el acceso de Allende a La Moneda y luego, al ver frustrado ese intento, por hacer fracasar por todos los medios y acabar cuanto antes con el experimento chileno de una «vía pacífica» al socialismo. Un accionar del imperialismo que por lo demás no era algo novedoso para la izquierda sino algo con lo que había que contar de antemano.
La «vía chilena» se encontró así cada vez más entrampada por el cerco que tendía a su alrededor la clase dominante, planteando ante el conjunto de la izquierda la necesidad de definir el modo más apropiado para hacerle frente y superarlo. Se abría ante ella la disyuntiva de ceder ante las exigencias cada vez mayores de la ofensiva burguesa y abandonar en lo inmediato el objetivo de desplazarla del poder o convocar al movimiento obrero y popular a movilizarse para defender y profundizar el proceso de cambios con una clara disposición a enfrentar y derrotar esa ofensiva en todos los terrenos. Es precisamente esa disyuntiva, de alcance estratégico, la que estuvo presente tanto en los debates del llamado Conclave de Lo Curro como de toda la izquierda chilena en el ulterior desarrollo de esa coyuntura crítica. Como ya vimos, la decisión que se adoptó entonces fue la de echar pie atrás y poner límites a la movilización social a fin de facilitar una negociación con la DC, buscando impedir con ello que la confrontación social y política continuase escalando. Se dijo que se había ido demasiado lejos, sobrepasando incluso el propio programa de la UP, y se habló entonces de la necesidad de «poner orden» en la economía. Pero ¿era posible hacerlo desde la perspectiva de los intereses populares, sin haber logrado alterar las relaciones de poder que hacen realmente gobernable un país? En realidad, plantearse ese objetivo en el marco de una economía aun regida por las leyes del mercado y con el propósito de consolidar el sistema jurídico-político existente no significaba otra cosa que bajar la guardia y dar por cancelado el proyecto de transformación social definido por el PBG.

Lo inconducente de pretender nadar entre dos aguas

A ojos vista, el talón de Aquiles de ese proyecto estaba en la ilusoria pretensión de llevar a cabo una revolución pero sin que se desencadenasen las turbulencias que son inherentes a toda revolución. Es decir, en la suposición de que sería posible hacerlo solo amparados en el veredicto de las urnas, es decir, en la legitimidad de las autoridades legalmente constituidas como expresión de la voluntad soberana del pueblo, real fundamento de todo orden democrático. Y de que ello, junto con el estricto respeto a la legalidad, bastaría para «atar de manos» a la burguesía y al imperialismo para así poder desplazarlos del poder sin que éstos pudiesen reaccionar con verdaderas posibilidades de éxito. Pero ¿era esto algo realista? Porque, como dijimos, lo que dicha pretensión pone inevitablemente en el centro de la lucha política es la cuestión del poder político, es decir, de la capacidad de coerción ejercida desde el Estado para imponer las normas y decisiones que hacen gobernable el conjunto de la vida social. Sin embargo, la «política militar de la vía chilena» consistía solo en confiar en que los mandos militares, al menos en su gran mayoría, se mantendrían apegados a la Constitución, con pleno respeto a las facultades que ésta otorga a las autoridades electas por el pueblo. Ello a su vez exigía que el propio accionar del gobierno se mantuviese encuadrado en ese marco, sin intentar erosionar en lo más mínimo la aparente prescindencia política y cohesión de las instituciones armadas. Se confiaba, en suma, en continuar avanzando hasta lograr una efectiva transformación del carácter de clase del Estado por un camino que se evidenció, finalmente, carente de realismo.
En consecuencia, esta inconsistencia básica entre el programa comprometido y el camino elegido para concretarlo colocó a la UP y a su gobierno en un impasse que solo abría una perspectiva de derrota. De allí surgían las tensiones que se vivieron entonces al interior de la izquierda y que continúan dando lugar, hasta el día de hoy, a dos lecturas frontalmente contrapuestas sobre lo que había que hacer y no se hizo y, en consecuencia, sobre las causas de la derrota. En dichas miradas, que aunque encontradas coinciden en señalar la radical inconsistencia que caracterizó a la política de la UP en su conexión con la realidad, se resume la antigua controversia, que recorre prácticamente toda la historia del movimiento obrero y popular, entre reforma y revolución. En efecto, para unos el error estuvo en la ilusoria pretensión de ir más allá de lo que la correlación de fuerzas políticas permitía, planteándose metas que no eran alcanzables y que solo respondían a un cierto fundamentalismo ideológico, en lugar de haberse limitado a generar un gran acuerdo con «el centro» para avanzar hacia una mayor democratización del país. Para otros, el gran error de la UP consistió en tratar de poner freno a la movilización social, pese a ser ésta su principal punto de apoyo y el terreno clave para alterar a su favor la correlación de fuerzas, a fin de persistir en el vano intento por alcanzar un entendimiento con cúpulas políticas refractarias a que el proceso de cambios pudiese avanzar a una efectiva y profunda democratización del país como la contemplada en el programa.
La característica distintiva de una política que corresponda a los intereses no solo inmediatos sino también históricos de los explotados, es la de orientarse a hacer de éstos su sujeto protagónico. Es así, por definición, una política esencialmente plebeya, claramente centrada en el objetivo de desarrollar y fortalecer la conciencia, la organización y la lucha de la clase trabajadora. En términos estratégicos, ella se desarrolla como una interacción dialéctica entre lo históricamente necesario -y por lo tanto potencialmente posible- y aquello que en lo inmediato parece constituir el límite de lo efectivamente posible. En consecuencia, ella vehiculiza una tensión permanente, en que las tareas del momento presente cobran su real significación por la conexión que guardan con los objetivos de la revolución que definen su perspectiva estratégica, buscando transformar lo que aun solo existe en potencia en realidad política efectiva. ¿Cuál es el escenario en que se libra esa lucha? Sin lugar a dudas, la conciencia colectiva de aquellas masas trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría de la población. El empeño por elevar los niveles de conciencia, organización y movilización de las masas se evidencia, así, como centro y motor de la lucha revolucionaria. De una conciencia que se sitúa no tanto en el terreno de un proyecto político claramente definido y asimilado, que es algo que por lo general solo logra motivar a sus sectores de vanguardia, sino simplemente de las percepciones, experiencias, creencias y sentimientos que le permiten configurar su identidad y reconocer sus intereses de clase, empujándola a actuar en un sentido definido.
En la lucha entre explotados y explotadores, la correlación de fuerzas se modifica precisamente en la medida en que lo hace, en un sentido u otro, la conciencia colectiva de las amplias masas populares con relación a sus intereses y objetivos de clase, en que se alteran sus niveles de organización y disposición de lucha, su percepción del carácter de los diversos liderazgos políticos. En suma, en la medida en que gana terreno su confianza, optimismo y disposición a extender y profundizar sus luchas o bien su escepticismo, derrotismo y resignación. Por lo tanto, un esfuerzo dirigido a modificar la correlación de fuerzas en una perspectiva revolucionaria supone el despliegue de una persistente labor dirigida, ante todo, a transformar la energía potencial de la aplastante mayoría explotada en movilización y lucha real, no solo ni principalmente en un terreno electoral sino en todas las formas de acción que resulten efectivamente necesarias. De una labor que logra sus objetivos cuando los explotados cobran una clara conciencia de sus intereses inmediatos y de la necesidad de movilizarse unidos en contra de sus enemigos de clase. Una conciencia de clase que para la mayoría quizás no se logra plasmar aun en una clara idea del socialismo como proyecto histórico, pero que se traduce en la creación y fortalecimiento de organizaciones de lucha de las masas trabajadoras que hacen suyas y se movilizan por las más sentidas demandas del momento.
El horizonte visual de una política reformista es completamente distinto, quedando fuera de él la posibilidad misma de una revolución. En primer término es una política que privilegia las tratativas y los acuerdos de carácter cupular, y cuyos sujetos protagónicos son, en consecuencia, los propios aparatos partidarios, cuyos escenarios naturales de actuación suelen ser los espacios institucionales en que se halla articulado el sistema político en el Estado burgués. El contenido de la política se reduce, así, tanto a las disputas y eventuales acuerdos que se dan en ese marco. La relación de los aparatos con las masas del pueblo, convertidas en mera fuerza de apoyo y de maniobra, sobre todo en el terreno electoral, es una relación de sesgo autoritario, regida por fines de control y encauzamiento. Desde esta perspectiva, la correlación de fuerzas y el marco de posibilidades que ella ofrece es la que se opera exclusivamente en el terreno político-institucional en el que actúan esos aparatos, a partir de los respaldos electorales con que cada uno de ellos, o coalición de ellos, pueda contar. Por lo tanto, la tensión entre lo necesario y lo posible tiende a desaparecer en beneficio de lo que en ese cuadro cupular de relación de fuerzas se reputa como meramente posible. El reformismo siempre se viste, entonces, de un presunto «realismo» que dice encarnar la sensatez política, en contraposición al “voluntarismo”, políticamente aventurero e intelectualmente inconsistente, del “ultraizquierdismo”, cuyo accionar solo le haría el juego al enemigo.
Pero lo cierto es que un «realismo» que se ciñe a lo establecido carece de todo impulso transformador. En efecto, partiendo del supuesto de que un cambio en la correlación de fuerzas en un sentido revolucionario -es decir en el terreno de la movilización social y no reductible al escenario electoral- es algo imposible, solo se tendrá como resultado una profecía autocumplida, cuyos magros resultados serán luego justificados como «la medida de lo posible». Porque el logro de los objetivos que las condiciones históricas señalan como necesarios no es algo que vaya a ocurrir de manera automática, ni aún en las circunstancias más favorables, sino que dependerá de que efectivamente se adopten las iniciativas que se evidencian políticamente necesarias para alcanzarlos. Desde luego, el marco de posibilidades abiertas no es algo arbitrario, sino que se halla condicionado por el desarrollo histórico anterior, el carácter de la época, el peso de las tradiciones y de las formas de conciencia precedentes, etc. Pero tampoco es algo rígido e inamovible, sino dinámico y cambiable a través de un accionar deliberado y consciente con arreglo a fines. No obstante, si en una situación de profunda crisis social se asume la lucha política considerando que, aunque un cambio revolucionario sea la manera adecuada de superarla, es algo imposible de lograr, ni siquiera se intentará alcanzar ese objetivo. Esa ha sido siempre la actitud característica del reformismo al sonar la hora de una revolución.[26]
Visto desde una perspectiva revolucionaria, resultaba completamente ilusorio que un proyecto de profunda transformación social como el contemplado en el PBG pudiese llevarse a cabo en un clima de relativa paz social y política, ya que la reacción de las clases dominantes lo impediría. Esto dejaba planteados desde su inicio a lo menos dos problemas estratégicos que necesitaban ser adecuadamente abordados y resueltos. Primero, el del diseño y despliegue de una línea de acción política consistente con el objetivo propuesto, que en las condiciones de aguda confrontación de clases que se desencadenaría, hiciera posible incrementar el respaldo popular al proceso de transformación social en curso a fin de lograr una correlación de fuerzas claramente favorable para continuar impulsándolo. ¿Era políticamente razonable suponer que ello podría lograrse actuando exclusivamente a la defensiva, invocando la legitimidad del gobierno y el imperio del Estado de derecho, frente a la creciente insurrección de la burguesía? Segundo, que en la misma medida en que se lograse contar con la fuerza social y política necesaria para avanzar se tornaría cada vez más probable, y aun inevitable, un desplazamiento de la lucha de clases hacia el escenario de una confrontación armada. En consecuencia, ello planteaba la apremiante necesidad de asegurar una capacidad de defensa militar de las posiciones ya conquistadas a fin de asegurar la irreversibilidad del proceso. ¿Era políticamente razonable presumir que esa capacidad de defensa militar sería finalmente provista, sin su quebrantamiento, por los propios aparatos represivos anteriormente constituidos por el Estado burgués?
Con relación al primero de estos problemas, es muy claro que prevaleció en la UP una concepción cupular de la política y por lo tanto de los escenarios y medios a través de los cuales resultaría posible lograr una correlación de fuerzas favorable a su accionar. Sin embargo, junto con limitar severamente sus objetivos esto tampoco permitía frenar la ofensiva golpista desencadenada por la burguesía. ¿Era posible concebir de un modo distinto la lucha por alterar la correlación de fuerzas? Ya hemos señalado que sí, aunque ello implicaba reconocer que la lucha de clases había desbordado ya, por ambos lados y de manera irreversible, el cauce de la «vía chilena», poniendo en cuestión los encuadres cupulares de la política institucional. El favorable cambio en la correlación de fuerzas que se operó entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de abril de 1971, a solo siete meses de la elección y cuatro de haber asumido el gobierno, lo ilustra claramente. Ese cambio se debió a la adhesión que suscitó en una amplia franja de la población el proyecto y enérgico accionar del gobierno, desplazando significativamente hacia la izquierda el apoyo del electorado.[27] Algo parecido es lo que sucedió en Rusia en 1917 entre febrero y octubre. La correlación de fuerzas operó allí un rápido vuelco a favor de la revolución no como producto de acuerdos o componendas cupulares sino porque las demandas agitadas por los bolcheviques lograron calar hondo en las amplias masas obreras y populares por sintonizar con sus más sentidos intereses y aspiraciones: ¡Paz, Pan y Tierra! ¡Todo el poder a los soviets!
Esa apelación directa al accionar de las masas trabajadoras es, justamente, el sello característico de una política revolucionaria. Pero, como ya hemos dicho, es eso lo que el curso acordado en el Conclave de Lo Curro descartó de manera tajante, buscando desalentar la acción desplegada de manera espontánea por las masas trabajadoras para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Es por eso que al momento de surgir los cordones industriales y otros gérmenes de poder popular suscitaron la inmediata desconfianza de los sectores dominantes de la UP y del gobierno, quienes solo vieron en ellos un tipo de iniciativas de carácter «ultra» que escapaban a su control. Sin embargo, estos organismos no surgieron como una creación artificiosa de las corrientes revolucionarias de la izquierda, sino como resultado de una espontánea reacción de autodefensa de los propios trabajadores de los diversos emplazamientos fabriles ante la desquiciada ofensiva política desatada por las organizaciones patronales en octubre de 1972. Si bien la mayor debilidad de estos organismos fue no disponer de una efectiva capacidad de defensa en el plano militar -como fue por ejemplo el caso de los comités de soldados surgidos, en otras condiciones, en 1917 en Rusia y en 1919 en Alemania-, lo cierto es que permitieron potenciar notablemente la movilización de los trabajadores sobre el terreno político en una situación crisis como la que se vivía entonces en Chile, hasta el punto frustrar el objetivo de los paros patronales que buscaban paralizar el país.
En efecto, los cordones industriales lograron organizar y movilizar a un importante segmento de trabajadores que, por pertenecer a empresas de menor tamaño, habían dispuesto hasta entonces de una escasa capacidad de negociación, permaneciendo en muchos casos al margen del movimiento sindical organizado en torno a la CUT. Además, por esa misma razón, las empresas en que laboraban no estaban contempladas en los planes de nacionalización del gobierno ni se contemplaba para ellos una participación efectiva en la gestión y control de las mismas. Es por ello que la política reformista predominante en la UP, temiendo que la acción de los cordones pudiese desbordar los marcos previstos por la política económica del gobierno, contrapuso inicialmente de manera artificial el liderazgo de la CUT al surgimiento y desarrollo de estos organismos de poder autónomo de las masas, llamando a que los trabajadores se limitasen a reconocer esa conducción y a apoyar, junto a ésta, la acción e iniciativas del gobierno. Es decir, buscaron promover un accionar de los trabajadores desprovisto de autonomía e iniciativa propia. Toda la retórica sobre la movilización de masas con que el reformismo adornaba su política se reducía en términos prácticos a aquello. Sin embargo, el propio curso de los acontecimientos obligó al gobierno a reconocer y valorar la gran contribución prestada por los cordones industriales a la derrota de los paros patronales, pero sin allanarse a hacer del desarrollo del poder popular el centro y motor de su política.
El resultado de la elección parlamentaria del 4 de marzo de 1973, que en medio de la difícil situación que se vivía entonces le permitió a la izquierda obtener casi un 44% de los votos e incrementar el número de sus parlamentarios, da clara cuenta del enorme potencial de lucha radicado en quienes se mostraban dispuestos a sostener e impulsar el proceso de cambios en curso. Esa votación no solo desbarató el objetivo que se habían propuesto los partidos de la burguesía, que buscaban obtener en ambas cámaras los cuórums necesarios para destituir de su cargo al Presidente de la República, sino que evidenció una robusta tendencia de la izquierda a incrementar sus fuerzas. En efecto, en 1970 Allende había obtenido poco más de un millón de votos, mientras que sumada la votación de Alessandri y Tomic se llega a una cifra del orden de un millón ochocientos cincuenta mil votos. En marzo de 1973 la UP alcanzaba una votación del orden de un millón seiscientos mil votos mientras que los partidos burgueses agrupados en la CODE obtenían alrededor de dos millones de votos. Si la comparación se efectúa con la elección municipal de abril de 1971 es evidente que la oposición había logrado una recuperación importante, pero muy inferior a sus expectativas, mientras que la UP había logrado incrementar en alrededor de doscientos mil votos su votación. En gran medida estos resultados se explican por el enorme incremento de la franja de votantes por primera vez, al haber entrado en vigor la rebaja de la edad mínima para tener derecho a sufragio, de 21 a 18 años. La alta votación obtenida por la izquierda entre los más jóvenes da clara cuenta de su enorme potencial de lucha.
Ante ello la burguesía redobló su propósito de lograr cuanto antes el derrocamiento de Allende, pero éste persistió en sus intentos de lograr un acuerdo con la DC que, a su vez, comenzó a demandarle como condición, de una manera cada vez más decidida, una capitulación total.[28] Si bien Allende no estuvo dispuesto a ello, ya que lo habría llevado a tener que reprimir la movilización popular, al empecinarse en limitar su accionar a la defensa de la legalidad para intentar contener de ese modo la ofensiva golpista de la burguesía colocaba a la UP y a su gobierno en una situación que se tornaba cada vez más insostenible. Era una orientación que, ni permitía apaciguar el cada vez más desbordado encono de las clases dominantes, intensamente comprometidas ya en un accionar subversivo, ni tampoco prepararse para hacerles frente con razonables posibilidades de éxito. De hecho, ello implicaba aferrarse una política meramente reformista, abandonando la pretensión de abrir camino a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena comprometida en el PBG, con la ilusión de poder contener así a la contrarrevolución en marcha. Pero, a esas alturas, la única salida posible para encarar la aguda crisis política existente consistía en decidirse a pasar de la «guerra de posiciones», que como planteo estratégico ya había dado de sí todo lo que podía dar, a una «guerra de movimientos»,[29] preparándose para hacer frente con mayores posibilidades de éxito a la decisiva prueba de fuerza que se veía venir de manera inevitable en un futuro no demasiado lejano. Una opción que, obviamente, implicaba allanarse a reconocer el fracaso de la «vía chilena» al socialismo.
¿Qué suponía y qué posibilidades de éxito tenía el decidirse a operar ese viraje estratégico dictado por las circunstancias? Estando a la orden del día la cuestión de la toma del poder la resolución del problema del armamento del proletariado pasa a ser, obviamente, una cuestión clave. Pero evidentemente no se trata de concebir la inminente prueba de fuerzas como un enfrentamiento entre un pueblo prácticamente desarmado contra un ejército bien armado y fuertemente cohesionado. Así planteado el problema no tendría, por cierto, ninguna posibilidad de ser resuelto favorablemente y solo cabría reconocer la validez del reclamado «realismo» del enfoque reformista. Pero se trataría de un problema mal planteado. En una importante medida la lucha por el poder es también una lucha por el control de las tropas que en una situación revolucionaria no pueden dejar de estar también fuertemente influenciadas por lo que la lucha política ha puesto efectivamente en juego. Un ejemplo, entre otros, que puede ilustrar lo que en este terreno es efectivamente posible lo muestra el caso de la revolución iraní, que en 1979 logró derribar una dictadura fuertemente represiva y largamente sostenida en un poderío militar aparentemente incontrarrestable. Allí la firme decisión de lucha del pueblo, guiado por un liderazgo decidido a no transar con sus enemigos, logró minar la cohesión de los aparatos represivos, neutralizando a una parte de las FFAA y arrastrando a otra a su lado, pudiendo emerger así vencedora de la prueba de fuerzas decisiva.
Por otra parte, como también lo evidencia la experiencia histórica, la correlación de fuerzas que es dable observar en el escenario electoral no es trasladable a los demás escenarios de la lucha de clases. Además, mientras la batalla electoral culmina con la elección misma, por su misma continuidad y dinamismo la lucha de clases en torno al poder puede llevar a situaciones muy variadas desde la de un desenlace rápido a una impasse prolongada. Las fuerzas que se configuran en los diversos escenarios son también distintas: en una elección solo la franja de ciudadanos inscritos, con gran peso de las «mayorías silenciosas» de sesgo conservador, excluyendo a los más jóvenes que por su edad no tienen aun derecho a voto; en cambio en una lucha directa por el poder las fuerzas en lucha están constituidas principalmente por las generaciones más jóvenes, que suelen ser también las menos conservadoras. En todo caso lo cierto es que en una situación como la que convulsionaba entonces al país lo que estaba planteado de un modo cada vez más acuciante era decidirse a desplegar un mayor y más decidido esfuerzo por comprometer a los miembros de las FFAA y Carabineros en la defensa no solo de la legalidad, transformada ya en un campo de intensa disputa, sino del propio proceso de cambios.[30] Por lo demás, eso era justamente lo que la reacción estaba haciendo a la vista y paciencia de todos, realizando continuos atentados terroristas, llevando la deliberación a los cuarteles, organizando entre los altos mandos una corriente decididamente golpista y escudando su accionar en la ley de control de armas para empujar a los indecisos y neutralizar toda posible resistencia. Esto terminaría por inclinar al grueso de sus efectivos hacia el bando que actuaba con mayor decisión.
Lamentablemente no existió un accionar en modo alguno equivalente por parte de las fuerzas de la izquierda agrupadas en la UP, aunque las condiciones prevalecientes lo reclamaban en forma perentoria. En el plano político solo el MIR y algunos grupos revolucionarios menores desplegaron una labor de propaganda dirigida a las tropas. Y también surgieron, de manera espontánea, algunas valiosas pero aisladas iniciativas de apoyo militar al proceso de cambios en el propio seno de las FFAA. Pero al no contar con el respaldo del liderazgo principal todo ello resultaba claramente insuficiente. A pesar de ello, los golpistas esperaban encontrar una resistencia mucho mayor al golpe. Por algo, cuando este fue ya un hecho consumado, los soldados y carabineros comprometidos en él recorrían las calles portando brazaletes o pañoletas para poder distinguirse de eventuales fuerzas militares adversarias. Y muchos fueron los soldados que, por la incapacidad de la izquierda, se vieron forzados a obedecer a los golpistas a pesar de que habrían estado gustosos de tener una oportunidad real de luchar contra ellos. Los testimonios aportados por muchos de los marinos antigolpistas muestran fehacientemente lo mucho que era posible haber hecho para organizar en el seno de las FFAA la defensa militar del proceso. El día mismo del golpe, la izquierda ni siquiera logró mantener en el aire una voz capaz de convocar y organizar algún tipo de resistencia, sellando con ello su derrota. Lo único que ese día el liderazgo de la UP pudo legar a la posteridad fue la digna actitud con que Allende decidió encarar a los golpistas.

Conclusiones

El que una alianza política que proclamaba abiertamente su voluntad de llevar a cabo una revolución social para terminar con el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo ganase una elección presidencial era de por sí más que suficiente para que las clases dominantes se empeñasen en impedir por todos los medios que ella pudiese consumar sus fines. De allí que los intentos de golpe comenzaran aun antes de que esa coalición diera inicio a su gobierno. Todo lo que se diga después para justificar la guerra declarada por el imperialismo y sus aliados internos contra ese proyecto, que culmina con el derrocamiento del gobierno, no son más que intentos de legitimar un accionar político antidemocrático.

Más allá de cualquier deseo, el triunfo electoral de la UP en 1970 abría inevitablemente una situación de confrontación frontal entre las clases en torno al poder. Carecía de todo realismo suponer que las clases dominantes aceptarían ser desplazadas gradual y pacíficamente del poder. Por ello mismo, las clases subalternas no tendrían más opción que desplegar una acción dirigida a conquistarlo de manera efectiva para poder realizar y consolidar su anhelado proyecto de emancipación y transformación social. La lucha en torno a ese objetivo planteaba, en consecuencia, la necesidad de evidenciarse capaz de diseñar y actuar en conformidad a una línea de acción que fuese efectivamente congruente con él.

Esto significa que el desenlace de la aguda crisis política así abierta dependía básicamente de la lucidez y la audacia que fuese capaz de exhibir el liderazgo de las fuerzas que aspiraban a alcanzar las posiciones de poder necesarias para consolidar, extender y profundizar sus conquistas, y no de los factores y circunstancias que aleatoriamente pudiesen haber llegado a incidir en el curso de los acontecimientos. Así, por ejemplo, la presencia o ausencia de tal o cual personaje en una posición clave como la Comandancia en Jefe del Ejército, no basta para explicar el comportamiento de quienes formaban parte de esa institución, ni menos para determinar el curso general de los acontecimientos y su desenlace.

La causa fundamental de la derrota de la UP es que no basó su accionar en una estrategia que fuese efectivamente congruente con los objetivos revolucionarios contemplados en su programa. Por el contrario, tras haber proclamado su voluntad de terminar con el dominio del imperialismo, el gran capital y el latifundio sobre la vida económica del país, permitió que la iniciativa pasara a manos de la reacción y se aferró luego, de manera tozuda, a una línea de acción que no se orientó a intentar su derrota, sino a contener y apaciguar el enfrentamiento de clases a través de un ilusorio acuerdo político con los sectores presuntamente democráticos y progresistas del bloque en el poder.

Aquella era una orientación completamente falta de realismo. Desde el momento en que se produjo el triunfo electoral de la UP en 1970, la gran burguesía y el imperialismo se decidieron a actuar sin esperar a que fuesen sus representaciones políticas tradicionales las que les dictasen el modo de hacerlo y sin atenerse tampoco a las reglas del juego establecidas por la constitución. Ello acrecentó el protagonismo directo de la clase dominante sobre la arena política, imponiendo en ella un clima cada vez más beligerante que, al desbordar y erosionar su tradicional marco político-institucional, disminuía en esa misma medida también el rol y la eficacia de los procedimientos políticos tradicionales.

Solo una eventual renuncia a los objetivos centrales del programa abría la posibilidad de tornar factible el camino de reformas graduales a que se aferraron tercamente Allende y la UP. Pero la pretensión de abrir una vía inédita al socialismo, confiando en la solidez, flexibilidad y neutralidad de clase de las instituciones jurídico-políticas existentes, incluida la norma de prescindencia política y obediencia al poder civil de las FFAA, no solo carecía de realismo sino que colocaba a la UP en una situación de inminente derrota. Al no decidirse a pasar a la ofensiva, la izquierda no fue capaz de hacer frente a la violencia reaccionaria, confirmando con ello que quien hace revoluciones a medias no hace más que cavar su propia tumba.

Notas:

[1] Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, Introducción, Puntos 1 y 9.

[2] En rigor, toda experiencia histórica es única e irrepetible por lo que el debate sobre la estrategia que se puso a prueba en Chile en el periodo 1970-73 concierne más propiamente a la «vía pacífica al socialismo» postulada en 1956 en las resoluciones del XX Congreso del PC de la Unión Soviética y asumida luego por la mayoría de los PC, visión que era compartida también por Allende y otros sectores de la UP. Una visión que, como lo enfatizó el propio Allende en su primer mensaje presidencial, se proponía abrir un camino hasta entonces inédito al socialismo, cuestionando de hecho aspectos claves de la teoría marxista del Estado.

[3] Tal era, básicamente, la posición sostenida por Bernstein a fines del siglo XIX, la cual fue sometida a una rigurosa crítica por Rosa Luxemburgo en su trabajo de 1899 titulado Reforma o revolución.

[4] Sin duda los tonos de tales descalificaciones varían por su mayor o menor grado de beligerancia, pero en todos los casos impiden una consideración y debate racional en torno a los grandes problemas que el análisis de esta experiencia plantea.

[5] Tales fueron los términos en que la dejó planteada en 1967, en su Mensaje a la Tricontinental, el Ché Guevara.

[6] La reforma agraria era de fundamental importancia para el logro del objetivo propuesto porque la modificación de la estructura de propiedad de la tierra hacía posible modernizar su explotación elevando significativamente la productividad agrícola. Ello permitiría alcanzar varios objetivos en el plano económico: 1) incrementar la competitividad de la industria al desplazar parte de la fuerza de trabajo agrícola hacia las ciudades y reducir el costo de los alimentos (bienes-salario) e insumos agrícolas, todo lo cual tendría un impacto positivo sobre sus costos de producción; 2) ampliar la demanda de los productos industriales en las zonas rurales; 3) reducir la necesidad de importar alimentos y eventualmente generar también excedentes agrícolas exportables.

[7] Ese apelativo aludía al de «chirimoyos», que era la expresión popular para denominar a los cheques sin fondo. El paro nacional fue convocado por la CUT para el 23 de noviembre de 1967, dejando un saldo de siete trabajadores muertos y otras decenas de heridos como resultado de la represión desencadenada por el gobierno. Esta era la segunda vez que bajo el mandato de Frei una protesta obrera culminaba de esta manera. El 11 de marzo de 1966 se había producido ya una masacre en el mineral de El Salvador, con 8 muertos y más de 40 heridos, a consecuencia de un paro de los trabajadores del cobre. Posteriormente, el 9 de marzo de 1969 ocurriría una nueva masacre durante el periodo de gobierno de la DC, esta vez de pobladores sin casa en Puerto Montt, con un saldo de 11 muertos y más de 70 heridos.

[8] Como lo reconoció entonces el líder conservador Francisco Bulnes Sanfuentes, fue esa situación la que también hizo que, una vez producido el triunfo de Allende, las fuerzas políticas de la burguesía finalmente descartaran la opción de forzar una nueva elección para impedir el acceso de la izquierda a La Moneda.

[9] «Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo», Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.

[10] Para la acostumbrada y prepotente política intervencionista del imperialismo un veredicto electoral de esa naturaleza solo equivalía a la «irresponsabilidad de un pueblo», como lo señaló altanera y desembozadamente entonces el poderoso Secretario de Estado de Washington, Henry Kissinger. Basta observar a este respecto lo sucedido en Venezuela después del acceso de Chávez al gobierno. Cuando en abril de 2002 se produjo el golpe en su contra, Chávez había ganado ya dos elecciones presidenciales con porcentajes del orden del 56% y 60% de los votos y dos referéndums con porcentajes del orden del 88% y 72%. Y luego de frustrada esa intentona, la clase dominante no cejó jamás en su empeño por terminar a como de lugar con la experiencia chavista.

[11] Este es al menos el caso del sector del Partido Radical liderado por personajes como Alberto Baltra, Luis Bossay y Eugenio Velasco que se escindió de ese partido a mediados de 1971 para fundar el Partido de Izquierda Radical (PIR), el cual continuó formando parte de la UP hasta abril de 1972, cuando finalmente la abandona y pasa a formar parte de la oposición al gobierno.

[12] Respondiendo a las críticas que le formula la derecha, a través de un artículo publicado en la revista Política y Espíritu Claudio Orrego, uno de los ideólogos de ese partido, explica el accionar desplegado por la DC desde el triunfo de Allende de acuerdo a un diseño que él bautiza como la «estrategia de los mariscales rusos». Esta denominación alude a la manera cómo el ejército ruso hizo frente en su momento a la invasión de las tropas napoleónicas: no dando de inmediato una batalla frontal al enemigo, en el momento en que éste es más fuerte, con sus contingentes cohesionados y animados por una alta moral de combate. Era preferible dejar entonces que el enemigo avanzara, limitándose a defender solo lo esencial, que en este caso era el orden constitucional y legal vigente. «Mientras tanto el enemigo es hostilizado para desgastarlo, para desorganizarlo, para dificultarle su avance, para desmoralizarlo; pero sin presentarle nunca la batalla final … hasta que se acerca el invierno y comienzan a caer las primeras nieves. Es esa la hora para la primera gran batalla y para la ofensiva final».

[13] Es decir, un problema que se muestra insoluble, como lo es el de la cuadratura del círculo, al menos según las normas y procedimientos de los antiguos griegos.

[14] Si sobre la base de ese «análisis concreto de la situación concreta» se logra definir una estrategia consistente para orientar el accionar político, los eventuales errores en que se incurra serán de carácter meramente táctico u operativo. Si en cambio, estando planteada la lucha por el poder, se asume un curso estratégico equivocado, no cabe derivar el inevitable fracaso a que ello conducirá de meros “errores” de ese tipo sino a lo políticamente estéril que ha resultado ser el propio planteamiento estratégico. Así, por ejemplo, en una estrategia que prevea como uno de sus elementos centrales la inevitabilidad de una disputa por el poder político real, como capacidad de imposición coercitiva en términos de clase, el desafío que esto conlleva para su política militar difiere sustancialmente del de una estrategia en que la inevitabilidad de esa disputa no se encuentre presente.

[15] Aun cuando, evidentemente, el contenido de fondo de ambos programas no era equivalente.

[16] El entonces Secretario General del PS Carlos Altamirano (1977:220) ha sostenido que tras la elección municipal de abril de 1971 «el Partido Socialista planteó con insistencia la convocatoria a un plebiscito, entendiendo claramente que aquella coyuntura colocaba al movimiento popular ante la situación de conquistar nuevas posiciones institucionales, en la lucha por el control del aparato estatal. Era la única posibilidad, desde el interior del aparato estatal, de ganar una nueva cuota de poder, de diseñar nuevas reglas de juego a tono con la correlación de fuerzas emergentes». Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por la UP y su Gobierno.

[17] El principal conductor inicial del equipo económico del gobierno, Pedro Vuskovic, ha señalado a este respecto (1976:271) que «una de sus consecuencias fue que no se advirtiera con la fuerza y la oportunidad debidas la inevitable transitoriedad de algunos resultados positivos, y hasta espectaculares, de la política económica en su primera etapa, los que ofrecían bases objetivas favorables -pero no necesariamente duraderas- para avances importantes en la consolidación del poder político».

[18] En un artículo titulado «La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular», fechado el 5 de junio de 1972, Orlando Millas explica así la posición del PC: «Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen trasgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos».

[19] Entre los muchos juicios esgrimidos por los dirigentes del PC para defender esa perspectiva, destaca por su claridad el siguiente de Jorge Insunza publicado a principios de 1971: «Hoy en día la legalidad, si bien tiene doble carácter, juega en Chile principalmente en favor del movimiento popular, dado que como hemos dicho el sector del poder estatal que hemos conquistado es el que tiene mayores atribuciones. Usando bien y audazmente este poder es posible modificar radicalmente la sociedad chilena, a condición de hacer pesar sobre las estructuras estatales donde influyen todavía fuerzas reaccionarias y conservadoras, la fuerza del pueblo movilizado» (“Nuevos problemas tácticos”, Revista Principios N°138). Pero lo cierto es que, al ignorar el rol de sus cuerpos armados y la ideología dominante en sus altos mandos, este planteo sobre el “doble carácter” de la legalidad vigente contradecía tanto la realidad de los hechos como la teoría marxista del Estado, presumiendo el carácter neutro de este aparato desde un punto de vista de clase. En cuanto a la necesidad de “hacer pesar sobre las estructuras estatales … la fuerza del pueblo movilizado”, el problema es que es justamente eso lo que el PC, en la ilusoria búsqueda de un entendimiento con la DC, se resistió a impulsar. De allí su insistencia en acusar a la «ultraizquierda» de crearle problemas al gobierno al apelar, precisamente, a «la fuerza del pueblo movilizado».

[20] Polarización que ya había provocado un realineamiento final de las fuerzas políticas, impulsando, por una parte, al sector «tercerista» de la DC a salir de ese partido para constituir la Izquierda Cristiana e incorporarse a la UP y, por la otra, la salida del PIR de la UP para sumarse a la oposición frontal al gobierno de Allende.

[21] Cabe recordar que no es este el modo en que desde el marxismo se ha acostumbrado a definir el carácter de clase de una corriente política ya que a partir de la composición social de su militancia prácticamente todos los partidos resultarían ser, en diversos grados, «pluriclasistas». Asimismo, y a pesar su rol político efectivo, con ese criterio habría que considerar como partidos genuinamente «obreros» a aquellos que, como el laborista británico o la socialdemocracia alemana, cuentan con una militancia compuesta en su inmensa mayoría por trabajadores. En rigor, lo que realmente define el carácter de clase de un partido o corriente política es, como ya lo advertía Lenin, la correspondencia que guardan su programa y su práctica política con los intereses históricos de alguna de las clases en conflicto.

[22] Este acuerdo -un pronunciamiento dirigido al gobierno y a los altos mandos de las FFAA y Carabineros y que posteriormente fue utilizado para justificar el golpe- que acusaba al Presidente de la República de haber incurrido en un «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República», surgió de un entendimiento entre las directivas del PDC y del PN, siendo votado favorablemente por todos los diputados de la DC, incluidos aquellos que formaban parte de su sector «progresista».

[23] Las «empresas de trabajadores» fue la propuesta con que, apelando al interés individual de éstos, la DC buscó socavar su apoyo a la socialización de las grandes empresas.

[24] Carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva de fecha 22 de abril de 1975.

[25] Como es sabido, este accionar ha sido ampliamente acreditado por las investigaciones realizadas en los propios EEUU, siendo la más ampliamente conocida la llevada a cabo por el Comité del Senado de ese país presidido por el senador Frank Church.

[26] Basta recordar, como un ejemplo ya clásico de este tipo de comportamientos, las aprensiones y fuerte oposición que suscitó en importantes líderes bolcheviques el viraje revolucionario propugnado por Lenin a su llegada a Rusia en abril de 1917.

[27] En efecto, la votación de la izquierda en la elección municipal del 4 de abril de 1971 se incrementó en casi un 14% con respecto a la obtenida siete meses antes por Allende, elevándose a poco más del 50%. La DC en cambio experimentó una pequeña merma de alrededor de 1,5% de su caudal electoral mientras que el de la derecha se redujo en 13 puntos en comparación con la votación lograda por Alessandri. ¿Cómo interpretar lo sucedido? Todo indica que la votación de la UP creció a expensas de una franja del electorado que en 1970 votó por Tomic, y que la DC logró compensar esa pérdida a expensas de la derecha, es decir, gracias a una derechización de su base electoral.

[28] La insistencia en lograr un entendimiento con la DC se evidenciaba carente de todo realismo político toda vez que, cuando éste estuvo más próximo a concretarse, tras unas trabajosas negociaciones desarrolladas a mediados de 1972 entre el gobierno y la directiva de ese partido presidida por Renán Fuentealba, en las que se había llegado a acuerdo sobre los principales puntos en conflicto, éste finalmente no fue ratificado por el PDC debido a la oposición que encontró en su seno de parte del sector freísta.

[29] Tales fueron los términos utilizados por Gramsci para abordar el debate sobre los posibles diseños estratégicos alternativos en la lucha por el socialismo.

[30] Las variadas iniciativas espontáneas que efectivamente se dieron entre en el seno de los cuerpos armados, sobre todo en sus rangos inferiores -la más significativa de las cuales fue la que se produjo entre la marinería-, indican las posibilidades ciertas de haberlo hecho. En las entrevistas realizadas por Jorge Magasich (2019) son numerosos los relatos en tal sentido. Resulta igualmente indicativo a este respecto el mensaje que, aludiendo en sus memorias a lo ocurrido en la noche de la elección presidencial, dice haber recibido el Almirante Merino (1998:73) del Servicio de Inteligencia Naval: «En varios cuarteles del Ejército, Fach y buques y reparticiones de la Armada se han oído gritos de ‘Viva el compañero Allende’, cada vez que se da información de cómputos».

Bibliografía

Altamirano, Carlos (1977) Dialéctica de una derrota, Siglo XXI, México, 300 p.

Bitar, Sergio (1979) Chile 1970-1973, Asumir la historia para construir el futuro, Pehuén, Santiago, 389 pp.

Guevara, Ernesto (1967) «Mensaje a la Tricontinental», en Obra revolucionaria, Era, México, pp. 640-650.

Insunza, Jorge (1971) “Nuevos problemas tácticos”, Principios N°138

Magasich, Jorge (2019) Testimonios de militares antigolpistas, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago, 1300 pp. Disponible en

https://www.centrobarrosarana.gob.cl/622/w3-article-94060.html?_noredirect=1

Marini, Ruy M. (1976) El reformismo y la contrarrevolución, Era, México, 250 pp.

Merino, José Toribio (1998) Bitácora de un Almirante, Andrés Bello, Santiago, 537 pp.

Millas, Orlando (1972) «La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular», El Siglo, 5 de junio

Orrego, Claudio (1972) “La elección presidencial de 1970: aclarando responsabilidades y descubriendo estrategias”, Política y Espíritu, N°332, Mayo, Santiago

Poulantzas, Nicos (1977) «El Estado y la transición al socialismo», Entrevista realizada a Nicos Poulantzas por Henri Weber, disponible en

https://www.intersecciones.com.ar/2018/02/23/el-estado-y-la-transicion-al-socialismo-entrevista-realizada-a-nicos-poulantzas-por-henri-weber-2/

Tapia, Jorge (1975) «Sobre la factibilidad y el fracaso de la vía chilena al socialismo”, disponible en

https://www.facebook.com/jr.estacioncentral/posts/830160743794752/

Unidad Popular (1969) Programa Básico de Gobierno, disponible en

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:7738

Vuskovic, Pedro (1976) “Política económica y poder político”, Obras escogidas sobre Chile (1964-1992), CEPLA, Santiago, 1993, pp. 241-272.

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Bong Joon-ho: "Todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase"

Redacción piensaChile — Mon, 17 Feb 2020 07:25:49 +0000

12.02.1010
Desde que se dio a conocer internacionalmente gracias a ‘Memories of murder’ (2003) y ‘The host’ (2006), se ha confirmado como un maestro a la hora de juguetear con los géneros -mezclando la comedia negra con el cine de monstruos, la sátira política con el ‘actioner’ y la intriga policial con el ‘slapstick’- con el fin de explorar diversas formas de fealdad humana. Eso mismo vuelve a hacer en su mejor película, ‘Parásitos’, por la que conquistó cuatro Oscar de Hollywood, entre ellos el de la mejor película, y la Palma de Oro del Festival de Cannes. En ella convierte la división de clases en puro vitriolo mientras contempla a una familia pobre que se infiltra gradualmente en la vida cotidiana de una familia rica.

Sucedió mientras rodaba ‘Snowpiercer (Rompenieves)’ (2013), que ya era una película sobre la oposición entre ricos y pobres. Quise ahondar en el tema, y se me ocurrió hacerlo a partir de la idea de infiltración. Cuando yo era joven, di clases particulares a un niño rico. Cuando iba a su casa me sentía intruso de un mundo al que no pertenecía. Aquella mansión era impresionante, incluso tenía una sauna en el segundo piso. Y yo pensaba en lo divertido que sería si mis amigos pudieran colarse conmigo en la casa.
En realidad, los asuntos de clase están presentes en todo su cine. ¿Qué le lleva a explorarlos una y otra vez?
Porque afectan a todas nuestras interacciones. Intentamos ignorarlos porque nos incomodan, pero no hay manera. Cuando nos presentan a alguien, de forma instintiva reparamos en la ropa que viste, en si su teléfono es de gama alta o si su reloj o su bolsa son caros. Y, si nos acercamos lo suficiente, incluso nos fijamos en cómo huelen. Todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase.
¿Es casual que tantas películas coreanas de éxito recientes hablen de desigualdades económicas?
Es un problema terrible en todo el mundo, pero especialmente serio en Corea del Sur. El país experimentó un crecimiento económico bestial durante la dictadura de Park Chung-hee, que se preocupó mucho por asuntos financieros y muy poco por las libertades civiles, y estimuló las diferencias de clase. En nuestra sociedad, los ricos y los pobres rara vez se encuentran. Viven en diferentes vecindarios, van a restaurantes distintos. ‘Parásitos’ trata de los escasos momentos en los que los ricos y los pobres se acercan tanto que, de nuevo, pueden olerse los unos a los otros. Nadie construyó conscientemente el muro, pero existe y es muy frágil; si colapsa, puede suceder lo peor.
Disculpe la pregunta obvia: ¿quiénes son los parásitos en su película?
A primera vista, son la familia pobre, porque se infiltran en la familia rica para chupar su sangre. Pero los ricos no pueden vivir su vida sin depender de los demás, así que también son parásitos. ¿Y quién es responsable de esta degeneración generalizada? ¿Y de dónde proviene esa brecha que separa a una clase de la otra? De eso trata la película. La familia pobre es lo suficientemente inteligente y hábil como para prosperar en muchos trabajos, pero el sistema no le da la oportunidad de hacerlo.

La Aventura, la pequeña distribuidora barcelonesa que compró los derechos de ‘Parásitos’ tras leer el guion

‘Parásitos’ cuenta una tragedia, pero mientras la ve uno no puede parar de reír. ¿Le parece bonito?
Soy un sádico, lo siento, me gusta hacer que el público sufra mientras se divierte, que se rían a pesar de que saben que está mal hacerlo. Además, la vida real no es solo tragedia o solo comedia, sino una combinación, ¿verdad? Al menos así la veo yo. Por eso, mis películas también son así.

Crítica de ‘Parásitos’: una obra maestra contra las convenciones

Otro rasgo distintivo de su cine es la mezcla constante de géneros. Suele decirse que, en lugar de pertenecer a un género concreto, sus películas son un género en sí mismas. ¿Qué le parece?
Me encanta. Para mí el cine de género es como el aire que respiro, lo he mamado desde niño. Pero cuando estoy rodando una película o montándola, en ningún momento me pregunto: ¿de qué género es esta historia? ¿Qué convenciones narrativas debería respetar? Algunos ven mis películas como comedias negras; otros, como críticas sociales; otros, como cine de acción. Pues bien: son todo eso a la vez. Con razón me cuesta tanto escribirlas.
¿Cuánto le cuesta?
Tanto que, mientras escribo un guion, mi familia llega a odiarme. Me comporto como un neurótico, un gruñón y un tirano. Mi esposa me sugiere que tome ansiolíticos, pero seguro que las pastillas me impedirían escribir. Y lo peor es que nunca me quedo contento con el resultado. Soy muy cruel con mis películas. Cada vez que veo ‘Parásitos’, sin ir más lejos, no dejo de preguntarme por qué no rodé esta o aquella escena de otra manera.
*Fuente: El Periódico

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Chile: ¡No busquen el odio a los rotos!

Redacción piensaChile — Sat, 30 Nov 2019 00:05:29 +0000

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Lo que ocurrió en el mall de Lo Barnechea, donde los cuicos insultaron y expulsaron a los rotos, puede presagiar un giro dramático -clase contra clase- en el conflicto político y social que vive Chile. Lo Barnechea es una comuna de Santiago en los faldeos de la cordillera. Montañas, glaciares y el nacimiento del río Mapocho constituyen su entorno geográfico. Pero lo distintivo de esta comuna es que en ella “convive” la clase más adinerada del país con pobladores de ingresos medios bajos y muy bajos.

Estos últimos son descendientes de los fundadores del pueblo: campesinos y pastores de fundos cordilleranos, mineros de La Disputada Las Condes y herederos de tomas de terrenos. Algunos palacetes de los cuicos están separados solo por una calle de las poblaciones de los rotos. Las mansiones más lujosas han trepado los cerros y desde lo alto son testigos de una “convivencia” que se ha quebrado.

Hasta el 18 de octubre la dominación de los cuicos -como en el resto del país- era indiscutible en Lo Barnechea.

El alcalde, por supuesto, es de derecha y también casi todos los diputados del Distrito. Pero este dique político no fue capaz de contener el alud insurreccional que sacude al país.

Los rotos tomaron conciencia del poder que tienen porque son la mayoría. Sobre el dominio de los cuicos vislumbraron lo que escribió Albert Camus: “Ellos mandan hoy, porque tu obedeces”.

El símbolo del poder en la comuna es el Portal La Dehesa, un centro comercial de lujo donde los ricos hacen sus compras y los pobres vitrinean cuando sus exhaustas tarjetas de crédito les impiden participar en el festival del consumismo.

El mall pertenece a la cadena Cencosud del empresario alemán Horst Paulmann Kemna, hijo de un oficial de las SS nazis. La cadena incluye los malls Alto Las Condes, Costanera Center y Florida Center. Son los deslumbrantes espigones que abastecen lo que hace años el economista y periodista Aníbal Pinto Santa Cruz llamó “consumo conspicuo”.

Al calor reconfortante de la protesta social, los pobres de Lo Barnechea marcharon, tocaron cacerolas y gritaron que se las pelaban, alterando la paz bucólica del pueblo. Además, se les ocurrió manifestarse en el Portal La Dehesa y allí ardió Troya.

Los ricos, encaramados en el segundo piso, los insultaron con gritos de “fuera rotos conch*e su madre”, “váyanse a sus poblaciones de mierda”, “atorrantes hijos de puta”, etc. Como los rotos eran pocos, los cuicos los agredieron y expulsaron del mall. Un cuico borracho, que portaba dos revólveres, disparó a unos muchachos, sin herir a ninguno.

La protesta en el Portal La Dehesa se ha repetido y los golpes -ahora más parejos- están dejando huellas morales en ambos bandos.

Los ricos que “rotean” a los pobres, no tienen idea de la chichita con que se están curando. Los rotos son protagonistas de la historia de Chile. La elite los elogia cuando le conviene. En la Plaza Yungay levantaron un monumento al roto chileno, carne de cañón de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839). Pero los mismos cuicos se dedicaron luego a “palomear rotos” huelguistas en la pampa salitrera. El ejército de los ricos masacró miles de rotos (y rotas) en la Escuela Santa María de Iquique (1907) y en las matanzas que siguieron en el siglo pasado.

La palabra “roto” tiene valor ambivalente. Puede ser un elogio en discursos patrioteros o un insulto en el lenguaje diario. Marca la división entre las buenas maneras -el guante de seda en un puño de hierro- y las costumbres incultas y groseras de “hombrecitos” y “mujercitas” que se encargan de las tareas más pesadas y desagradables.

La palabra “roto” también tiene connotación racial. El chileno medio clasifica como roto si su aspecto físico se encuentra más cercano al mestizaje predominante en la sociedad chilena.

En estos días insurreccionales estamos en presencia de la rebelión de los rotos. Se han puesto de pie otra vez para reclamar sus derechos. De este levantamiento se aprovechan bandas criminales y narcotraficantes, hijos putativos del sistema en crisis, para cometer sus delitos.

Pero rotos y rotas, que son los trabajadores, jubilados, pobladores, estudiantes y mapuches, constituyen el eje fundamental de esta lucha. Contra ellos apunta la feroz represión de Carabineros y contra ellos se prepara una masacre “legal” mediante un entramado de leyes que se tejen con complicidad del Congreso.

Los sectores más belicosos de la elite -como los cuicos de Lo Barnechea-, hacen una apuesta muy peligrosa al provocar la ira de los rotos. La indignación de los de abajo pretende terminar con el sistema humillante que arrebató sus derechos. La meta superior de esta insurrección es una democrática Asamblea Constituyente. Pero si los cuicos les buscan el odio, los rotos se verán obligados a hacerse respetar. Tienen la razón y la justicia de su parte.

-El autor, Manuel Cabieses, es periodista y director de Punto Final

*Fuente: SurySur

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Cuatro escenarios que se abren con la convocatoria de Piñera al Cosena

Redacción piensaChile — Fri, 08 Nov 2019 00:07:58 +0000

7 de noviembre de 2019

La convocatoria ha soprendido a numrosos observadores políticos y sociales, que han repudiado esta nueva maniobra de la presidencia y cuyos objetivos no han sido revelados y probablemente se mantendrán en secreto. La convocatoria al Cosena así como las medidas de mayores penas ha sido también rechazada de plano por analistas, que observan un intento de Piñera por ganar apoyos a su agenda de seguridad para sofocar el movimiento sin hacer ninguna concesión a las demandas. Las medidas anunciadas esta mañana son una abierta confrontación a la población, las que han cruzado una línea que se considera desde peligrosa, incendiaria hasta la conducción certera del país al precipicio.

Del mismo modo que los escenarios antes previstos, el cientista político Juan Carlos Gómez Leyton ha hecho un análisis esta tarde sobre el actual clima político, el poder de las movilizaciones y la reacción del gobierno.

Estas son las observaciones iniciales de Gómez Leyton:

“El gobierno ha abierto un nuevo flanco dentro de lo que es la salida institucional política a la crisis abierta desde el 18 de octubre. Esta agenda de seguridad tiene clara relación y está motivada por los acontecimientos de los últimos dos días en que la movilización popular ha superado el límite establecido social y geográficamente con respecto a la Plaza Italia, que divide al país y a la ciudad en dos chiles. El Chile de la clase acomodada y el Chile de la clase pobre y clasemediera.

Lucha de clases en su máxima expresión

“El Chile popular ha invadido al Chile de los acomodados. Ha provocado y ha sembrado allí el miedo social, el terror social, que tiene como objetivo defenderse de aquellos que aparecen como su amenaza más directa. La propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lo ha señalado en cuanto muchos de los vecinos de su comuna le habían manifestado el interés de armarse para enfrentar a los sectores populares que han ido a demostrar su rabia, su indignación con respecto al Chile acomodado. ¡La Lucha de clases está presente, hoy como nunca en la sociedad chilena! Todos los que en alguna oportunidad la negaron, la tienen hoy presente y en su máxima expresión.

Frente a esto el gobierno lanza la agenda de orden y seguridad y convoca al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). ¿Con qué objetivo? No hay otro más que frenar la movilización social. Volver a establecer el orden burgués, volver a establecer el orden neoliberal, volver a imponer el orden del mercado hoy alterado por la acción de los sectores populares.

Comprometer a los demás actores del sistema político, como los son los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados es arrastrar al poder Legislativo hacia una solución político institucional consensuada. Obligando a su vez a que los otros actores del sistema político también se sumen a la salida político institucional que hoy intenta liderar el presidente Piñera.

¿Es esta una salida autoritaria, un autogolpe?

Hay un detalle importante. Cuando Piñera y su gobierno decidieron convocar a las Fuerzas Armadas y establecer el estado de emergencia el 18 de octubre instrumentalizaron a las fuerzas armadas. Las usaron con el objetivo de reprimir la movilización a sangre y fuego. Incluso el presidente habló de guerra. Sin embargo el propio militar encargado le quita el piso a Piñera y le dice que él no está en guerra con nadie y le resta apoyo político. Posteriormente a esa situación el general desapareció de escena y también las fuerzas armadas por orden del gobierno. Pero el gobierno quedó sin respaldo de las fuerzas armadas y, en especial, del ejército. Da la impresión que el ejército y las fuerzas armadas en su conjunto no estuvieron dispuestas a correr con el costo del freno de la movilización social. Tras eso Piñera se ve obligado a impulsar la agenda político institucional del diálogo, de la agenda social, y ahora de la del orden y seguridad”.

Sin el freno de las movilizaciones, Piñera endurece la mano y convoca al Consena. estos son los escenario probables que prevé Gómez Leyton:

Primer escenario. “Debe crear condiciones, a través del Cosena, de todos los poderes del Estado para apoyar su estrategia que es agenda social y agenda de orden y seguridad o para participar directamente en el gobierno.

Segundo escenario. Es también posible que estemos en presencia de una radicalización sustantiva de la movilización social. Esta radicalización se está observando en la medida de que la Plaza italia ya no es el límite de las concentraciones y manifestaciones. Ahora los sectores populares avanzan hacia el Santiago acomodado, en una clara confrontación de clases. Esta radicalización puede conducir al descuelgue de la movilización de los grupos más moderados y a un acercamiento a la agenda institucional de cambios que ofrece el gobierno.

Un tercer escenario es que las organizaciones más moderadas se acerquen al gobierno y pacten una salida institucional.

Hay un cuarto escenario, que es muy peligroso para los sectores en rebeldía. Descartados los escenarios anteriores y en vista de la radicalización del movimiento, es posible que las fuerzas armadas en conjunto realicen un golpe de Estado y derroquen o destituyan a Piñera, cierren el parlamento y establezcan una dictadura, que no sería de largo plazo, pero con el objetivo de someter, disciplinar y masacrar a los sectores populares. Este cuarto escenario tiene que ver con el relativo silencio de las fuerzas armadas hoy en día. Esta convocatoria al Cosena les daría la oportunidad a que los sectores políticos puedan plantear esta posibilidad. Plantear una salida de esa naturaleza significa suspender momentáneamente la democracia que tenemos hoy en día para sofocar el levantamiento popular.

Para evitarlo se requiere, usando una expresión antigua, una vanguardia del movimiento social actual en la que se integren todos los sectores movilizados para una lucha confrontacional con el poder constituido. Hay que estar preparado para una posible intervención de las fuerzas armadas no en contra de Piñera, sino en contra del levantamiento.

No basta con reunirnos en cabildos sin claridad en estos puntos”.

*Fuente: Politika

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«Pacto social», imposición de la clase dominante o «Que mande el pueblo»

Redacción piensaChile — Mon, 04 Nov 2019 07:41:38 +0000

Respecto de la oferta que efectúa el Gobierno, en representación de los patrones, para un nuevo “pacto social”, la Confederación Nacional de Trabajadores de Chile, ha analizado esta situación y considera necesario formular a los trabajadores, a nuestros compañeros de clase, las siguientes ideas para hacer frente a la situación:

Se pretende hacernos creer que mismos culpables de la situación actual, (toda la clase política) pueden transformarse en la solución, que los mismos que hicieron oídos sordos de las suplicas del pueblo y que aun gozan de groseros beneficios a costa de todos, hoy si, ahora nos escuchan.

Este escenario fue creado por el levantamiento popular, por los que se han cansado de la vida precaria, sin sentido, pobre, aburrida y alienada y comienzan a decir ¡basta!.

Nosotros decimos que se vallan todos, y que mande el pueblo. Que no negociaremos con el responsable del terrorismos de Estado, y de graves violaciones a los derechos humanos.

Ante este nuevo escenario, los patrones y sus títeres políticos actúan rápidamente pretendiendo evitar cambios reales de fondo. El gobierno levanta su mal llamada agenda social y los partidos buscan conducir el proceso de vuelta a las urnas (plebiscito),y al parlamento, para volver rápidamente a la normalidad de sus privilegios y al saqueo de Chile .

Es así como utilizan toda su estructura mediática para lanzar distintas iniciativas destinadas a mantener la paz social que tanto los beneficia. Al respecto, a modo ejemplar, podemos mencionar el intento de los últimos días, donde hemos visto por prensa, radio y televisión como las cúpulas de los partidos de gobierno y oposición satanizan los sectores popular y a validan a otros que hacen entrega de certificados de buena conducta para instalar una mesa de negociación que les permita normalizar todo a la brevedad, al menor costo posible.

Creemos que el pacto social que ofrece el gobierno, busca crear un escenario para dar legitimidad a las iniciativas que se están fraguando con los partidos entre cuatro paredes y con los pseudo representante de los trabajadores que por años han gozado de los privilegios de estar subordinados a los partidos y al financiamiento del estado.

Los mismos que son responsables de haber reducido el movimiento Sindical, a Sindicatos de trabajadores fijos del sector público, de las medianas y grandes empresas, excluyendo a millones de trabajadores cesantes, subcontratados, trabajadores a tiempo parcial, por cuenta propia, amas de casa, pensionados, estudiantes etc., es decir se ha transformado en corporativo, burocrático y corrupto. Además, privilegiando eternamente el diálogo social, con el Estado y el capital, las reformas laborales, por sobre la Lucha de Clases. Hoy busca posicionarse en Unidad social para cumplir con su rol historico de instrumento más de control social al servicio del capital.

En suma, todas estas iniciativas del gobierno son de muy corto alcance y mas bien, no cambian en nada la situación de los trabajadores, no olvidemos que la concertación y nueva mayoría mas que mantener el código del trabajo instalado en dictadura lo perfeccionaron, incorporando la multifuncionalidad, la subcontratación, los servicios mínimos, etc. etc. hoy fuera de la reducción de la jornada a 40 horas nada se habla de la situación de los trabajadores. En efecto, además de un sueldo mínimo garantizado de $350.000.- subsidiado por todos, poco o nada cambia la situación general de los trabajadores. Creemos que una discusión seria de las condiciones laborales de los trabajadores debieran incluir como mínimo los siguientes puntos:

Una discusión seria sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva en Chile se encuentra al margen de las normas de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, ratificados por el gobierno y con rango constitucional por contener derechos humanos. La ley chilena infringe derechos esenciales de los trabajadores, no sólo al permitir el reemplazo en huelga, pues no existen herramienta legales eficiente para impedirlo, sino que al no garantizar efectivamente un derecho fundamental: la huelga. En la legislación chilena la huelga no solo está prohibida para amplios sectores de trabajadores, sino que donde es aceptada es totalmente incapaz de provocar alguna presión efectiva hacia el empleador, quien está autorizado a utilizar múltiples artilugios como fragmentar sus empresas y evitar la acción colectiva de los trabajadores. Para que la negociación sea efectiva es necesario que los empleadores negocien respetando mínimas garantías con el conjunto de sus trabajadores, independiente de que hayan constituido múltiples razones sociales, o mantengan join venture u holdings que permiten fructíferas utilidades de los cuales los trabajadores somos marginados. De la imposibilidad de realizar negociaciones en mínimas condiciones de igualdad se desprende la desigualdad social estructural del modelo chileno que ha provocado progresivamente la marginación social de los trabajadores y sus familias.
Un cambio radical y profundo del sistema previsional y de salud. El sistema previsional chileno no sólo no ha logrado incorporar a sectores que están marginados de los beneficios de la producción en Chile, sino que además ha sumado a cientos más a un futuro inmediato de marginalidad y la reforma previsional que se pretende aprobar en el parlamento mantiene las condiciones estructurales del sistema previsional chileno, donde los fondos de los trabajadores son administrados por grandes empresas, que hacen uso y abuso de los dineros de los trabajadores y además, trabajando en beneficio propio, por ejemplo, designando directores en las empresas que son adquiridas con los dineros de todos los trabajadores.
Por su parte, vemos cómo las empresas privadas que manejan la salud en Chile se escandalizan porque no obtienen un aumento en su rentabilidad y buscan reducir los pagos por subsidios de incapacidad laboral para aumentar sus ganancias. Esto es inaceptable, más aun considerando que actualmente miles de trabajadores tienen rechazos en el pago de sus licencias médicas. Este sistema que lucra con la salud de los trabajadores no puede continuar.
La crisis del capitalismo y del trabajo imponen la necesidad de cambios en la jornada de trabajo. Frente a la situación cotidiana de abandono, explotación y marginalidad social se necesitan remuneraciones dignas y jornadas de trabajo que permitan tiempo para recrearse, desarrollarse, relacionarse, estudiar, etc. La jornada de trabajo debe reducirse a tal punto que permita el cuarto turno, o sea turnos de seis horas diarias de trabajo, cuestión que además permite avanzar hacia el pleno empleo.
Como clase trabajadora nuestro principal tema a resolver es del trabajo asalariado y, por ende, la explotación. Todo trabajador necesita mejorar su calidad de vida a través de remuneraciones dignas y jornadas de trabajo que permitan tener tiempo libre para vivir. El trabajador no puede pasar su existencia sin poder ejercer su voluntad, estando entregada al poder de mando del patrón.

El pacto social, los planes sociales que se nos ofrecen, las reformas, justo en momentos en que comenzamos a reclamar lo nuestro, es un engaño, ¡ES MÁS DE LO MISMO!

Nada de ello apunta hacia el fondo del problema que debe ser el mejoramiento de las remuneraciones y jornada de trabajo, cuestión que sólo se logra con lucha sindical y social que nos permita superar la exclusión en que se nos ha sumido en los últimos 46 años. No se logrará la paz social que se busca, porque solo será una imposición de clase.

Esta nueva imposición o pacto social como lo quieran llamar, no detendrá el camino ya iniciado por los trabajadores y el pueblo. Este paso dado por trabajadores que tienen clara su perspectiva de clase, necesariamente debe significar un ejemplo a seguir por las demás organizaciones de trabajadores y nos debe permitir avanzar hacia los cambios que permitan una mejor calidad de vida, justicia y dignidad para los trabajadores de esta patria.

Llamamos a los trabajadores a iniciar un debate nacional, que forje la unidad en la lucha por:

Sueldo mínimo de $500.000.- para cada trabajador.
Jornada de trabajo de seis horas diarias.
Negociación colectiva sin restricciones y con derecho a huelga sin reemplazo.
Derecho a sindicalización con protección al empleo de quien se sindicaliza.
Indemnización por años de servicios sin tope, a todo evento y para todos los trabajadores.

¡POR LA DIGNIDAD DE NUESTRO PUEBLO!

¡NADA SERA NORMAL HASTA QUE TODO CAMBIE!

CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE CHILE

Santiago, 03 de noviembre de 2019

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James Nayler (1656) y Lula (2018): El banco de los reos y la lucha de clases

Redacción piensaChile — Sat, 06 Apr 2019 02:30:28 +0000

04/04/2019

^–A⁺A

Franz; [,] Todos tienen los mismos derechos, tanto a lo grande como a lo pequeño. La pretensión destruye la pretensión, el ímpetu mengua el ímpetu y la fuerza muere frente a la fuerza. El derecho lo ejerce el poder y los límites de nuestras fuerzas son nuestras leyes (…) En efecto, son medidas dignas de elogio las que mantienen a los tontos en el orden y el respeto para que los privilegiados vivan tanto más confortablemente. ¡Sin decencia, ahí sí que las medidas son férreas!

Friedrich Von Schiller,
Die Rauber (Los bandidos) L&PM, 2011, pp. 22-23.

El día 7 de abril de 1918, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado luego de ser condenado en segunda instancia por la imputación de crímenes de “corrupción pasiva” y “lavado de dinero” en una operación conocida como “Lava Jato”.

El proceso de investigación que lo llevo a juicio – investigación en su mayor parte llevada a cabo por el mismo juez que lo condenó el exjuez Sergio Moro – señalado por contener innumerables irregularidades que no solo atentaban contra los derecho individuales del ex presidente sino también las garantías constitucionales como lo señaló el profesor de derecho constitucional de la PUC (Pontificia Universidad Católica), profesor Pedro Serrano (1)

El conjunto de esas irregularidades conforma una lista tan larga que para que este texto no sea demasiado extenso, detallaré sintetizadas al final como parte de la Carta Mayor que reunió cronológicamente los hechos de esa operación y de sus abusos.

Dichas arbitrariedades, consideradas como un derecho de excepción – en el que el Lava Jato tendría carácter de investigación excepcional es decir que no sería en él necesario seguir las reglas establecidas previamente por ley – aunque fueren exhaustivamente denunciadas tanto nacional como internacionalmente. Como por ejemplo el trabajo del filósofo y profesor de Lógica Euclides Mance, titulado “Falacias de Moro”, publicado en 2017 por la editorial IFIBE (2).

Por otra parte, para confirmar que el estado de excepción fue implantado en Brasil, solo basta recordar la emblemática votación del 13 de setiembre de 2016 hecha en el TRF-4 (Tribunal Regional Federal de la 4ª Región) frente a la amenaza del entonces juez Sergio Moro de divulgar una grabación ilegal de la Presidencia de la República – votación que resultó con 13 votos a favor y 1 en contra – por la que Moro no estaría sujeto a ninguna sanción. El vocero Des. Rómulo Pizzolatti, justificó su voto apelando a la del estado de excepción, utilizando como antecedente directo el texto del exministro del Supremo Eros Grau que a su vez cita en su texto el trabajo de Sergio Agamben, titulado El Estado de Excepción (2003). Sin embargo, Agamben en su trabajo, estudia al jurista Carl Schmitt (1888/1985) y el derecho nazi, es decir sobre cómo el nazismo aplicaba el derecho de excepción y no es que justifica su aplicación, como lo entiende Pizzolatti.

Siguiendo el pensamiento de Schmitt que en el TRF4 sirvió de base teórica para justificar la excepcionalidad del Lava Jato, “soberano es quién decide sobre el estado de excepción” (2005, pág 5 apud VALIM, 2017, pág.21): por lo tanto “lo que caracterizaría a la excepción, según el jurista alemán, sería sobre todo la autoridad ilimitada. Lo que significaría la total suspensión del orden existente (VALIM, 2017, Pág.22) Una manera de comprender la legalidad, que en la obra Los Bandidos (1781) de Schiller está relativamente expresada por el bilioso aristócrata Franz en uno de sus momentos de éxtasis por su pleno poder.

Una discusión más profunda relativa al estado de excepción pone en evidencia la manera en que ese régimen – hoy establecido a nivel global como paradigma de gobierno – habiendo sido gestado en el propio seno del Estado de Derecho actúa como un gusano que va destruyendo al fruto desde adentro, preservando exteriormente la cáscara; recomiendo la obra del jurista Rafael Valim, titulada “Estado de excepción: la forma jurídica del neoliberalismo” publicada en 2017.

En medio de todas estas aberraciones jurídicas haré una comparación histórica – respetando las debidas proporciones de tiempo y de espacio que un análisis de este tipo requiere – entre el caso de Lula y el de James Nayler (1618-1660) uno de los líderes del movimiento cuáquero (3) en la Inglaterra del siglo XVII.

El objetivo aquí es exponer el carácter que asume el Derecho en los períodos de empeoramiento de las tensiones sociales, actuando abiertamente como un instrumento de las grandes fuerzas sociales, como lo demostrara el filósofo Alysson Mascaro en su obra “Estado e forma política” (2013). Por lo tanto, si en los momentos de relativa estabilidad de las luchas de clase, el Derecho como también las demás instituciones del Estado disimulan su injerencia en las luchas sociales; cuando esas luchas irrumpen, se rebela y sin el disimulo que normalmente se arroga manifiesta su naturaleza tacaña.

Antes de plantear una problemática en torno a James Nayler y sobre los propósitos de su diatriba política es fundamental describir el contexto histórico en que vivió y en el que se desarrolló su lucha.

Nayler nació en 1618 en la ciudad de Ardsley, en el condado de Yorkshire. Hasta el estallido de la guerra civil en 1642, trabajó como pequeño agricultor, actividad que abandonó para enrolarse en el ejército y luchar contra las tropas leales a la corona de Carlos I. Pero más tarde Nayler se convirtió en el intendente del Ejército de Nuevo Tipo pero en 1651 dejó la vida militar por problemas de salud y volvió a Yorkshire retomando su actividad de agricultor. A partir de 1652 y hasta el 54 adhiere a los cuáqueros.

La guerra civil en la que Nayler participó, forma parte del mayor acontecimiento del siglo XVII en la historia de Inglaterra, la Revolución Inglesa. Para no extenderme demasiado en un acontecimiento tan enorme, responsable de cambios de larga, media y corta duración, intentaré sintetizarlo explicitando tan solo aquellos aspectos que se relacionan con los intereses del presente texto: presentar las fuerzas antagónicas que se enfrentaban en este conflicto – la Corona, el Parlamento, la sencilla gente del pueblo que aunque, apoyaba en gran medida la causa parlamentaria , trataba de imponer soluciones contrarias a los propósitos de la clase de los parlamentarios, es decir de la gentry (4), tales los intereses que estaban en juego y finalmente el contexto de la década del 1650 en que se producen la actividad política de Nayler y el proceso que determinó su encarcelamiento.

Cuando hablamos de la Europa del siglo XVII es muy común asociarla rápidamente con la política de los monarcas absolutistas: por ejemplo, con Luís XIII (1601-1643) y Luís XIV (1638-1715) en Francia, Felipe III (1578-1621) y Felipe IV (1605-1665) en España. Mientras que en Europa continental se consolidaba el absolutismo no sucedía lo mismo con la monarquía insular inglesa cuya administración carecía de un ejército pago permanente que dependiera del rey – cuyo poder administrativo estaba concentrado en manos de los jueces de paz(5) pertenecientes al gentry y miembros del Parlamento que por realizar sus tareas sin sueldos se sentían autónomos frente a la corona – y, principalmente de las disposiciones impositivas, cuya autorización dependía del Parlamento y minaba en consecuencia la autonomía financiera de la corona.(6)

Por lo tanto para juzgar delitos menores, agregar nuevos impuestos y contener los eventuales disturbios provocados por las masas menos privilegiadas, la monarquía inglesa dependía de esta pequeña nobleza rural, es decir de la gentry, que además de ser los jueces de paz que administraban todo el territorio, integraban gran parte de la Cámara de los Comunes.

Es en dicho contexto que van a gobernar Jaime (1566/1625) y Carlos I (1600/1649) y que intentarán a toda costa “instalar en Inglaterra como era normal en toda la Europa de esa época una verdadera monarquía absolutista” (FLORENZANO pp.85-86). También trascendía esas tensiones de clase, la cuestión religiosa y “es probable que incurra en equívocos quién pretenda encontrar en aquella una muy pronunciad diferencia entres política, religión y escepticismo en general” (HILL, 1987, p.31).

El clero y su estructura episcopal era bastante impopular En el común del pueblo, que ansiaba ver una reforma protestante radical en la Iglesia – de allí surgió el puritanismo protestante – diferente del que había introducido Eduardo VIII (1491/1547) que rompió con el papado y conformó la Iglesia anglicana, pero que preservó sin embargo la jerarquía de Iglesia Romana.

Es importante destacar que la ideología protestante que se difundió entre la gentry y junto a las clases medias propietarias y activas – artesanos, comerciantes y pequeños propietarios rurales – fue la de la ética protestante calvinista, fundada en el deber religioso de trabajar con mucho ahínco para evitar los pecados de la pereza, la pérdida de tiempo y la tentación de los placeres de la carne.

Muchos de sus fieles fueron persuadidos de que a partir de esa ética constituía un deber religioso imponer un trabajo regular y disciplinado a las clases inferiores y crear las condiciones que desalentaran el ocio, además de considerar que la propiedad era un derecho sagrado (HILL, p.309). En tal sentido, para las masivas clases inferiores que no tenían propiedades y sí un trabajo sometido a la explotación del capital no serán los valores de la vieja sociedad jerárquica de la Corona los cuestionados en la década de 1640, sino también los nuevos valores, es decir la propia ética protestante de las clases medias propietarias (HILL, p.31).

Además de las divergencias ideológicas entre la gente común y las clases medias propietarias, también existían las de orden material. Las clases menos favorecidas ansiaban una mayor participación política, una mayor libertad religiosa y más especialmente mejores condiciones de subsistencia material, dado el agravamiento de la pauperización debida a la política de expropiación de tierra (7)”Una de las consecuencias de esa política fue obligar a los hombres a depender del trabajo asalariado que muchos consideraban apenas mejor que la esclavitud” (Hill, p.69).

A pesar de todo, en los preliminares del conflicto que desencadenaría los procesos revolucionarios de 1640, el Parlamento representante de los intereses de la pequeña nobleza y de los propietarios al verse “frente a un rey que se resistía a acceder a sus reivindicaciones se vio forzado a buscar apoyo fuera del circulo encantado de la clase dirigente” (HILL p. 39) y para que una alianza con el pueblo común tuviese éxito, fueron difundidas por los parlamentarios muchas ideas de soberanía popular con el objeto de obtener el apoyo de las masas populares a la rebelión armada. “Sin embargo no todos los que las predicaban esperaban que las capas inferiores de la sociedad las tomasen demasiado en serio” (HILL, p.74).

Se puede afirmar, por lo tanto, que a mediados del siglo XVII hubo en Inglaterra dos revoluciones, o al menos dos proyectos revolucionarios. La que ganó estableció y aseguró los sagrados derechos de propiedad, confirió poder político a los propietarios y eliminó todo lo que impedía el triunfo de la ideología de los propietarios – o sea de la ética protestante (HILL p.32) y la otra que no nunca a concretarse y que “podría haber introducido un sistema de propiedad comunal y una democracia mucho más amplia en las instituciones legales y políticas” (HILL, p.32) además de haber repudiado la ética protestante.

A finales de 1649 las ideas radicales de mayor amplitud democrática, de reforma agraria y de finalización de la política de cercar tierras que estaba produciendo un creciente dominio del capital sobre el trabajo y que los expropiados no solo fracasaran, sino que pasaran a ser fuertemente perseguidos por el Parlamento a pesar del considerable apoyo popular que recibió durante la guerra civil. Parecía que el Parlamento había triunfado sobre el rey y la pequeña nobleza – gentry – y los grandes comerciantes, que representaban la causa parlamentaria durante la guerra civil, esperaban reconstruir las instituciones sociales según sus propios deseos y valores, creando un mundo que fuese seguro y lucrativo para los hombres de negocios (HILL, p.31),

Tal era el contexto en 1650 y es entonces cuando se inserta la actividad política y religiosa de James Nayler. Reivindicar el proyecto de una sociedad más igualitaria, proyecto que impulsó el accionar de los desposeídos en la guerra civil y que en ese momento estaba siendo perseguido por los propietarios – que tanto clamaban por el apoyo de las masas en favor de la causa parlamentaria – es en lo que se va a centrar la actividad de Nayler.

El movimiento cuáquero liderado en parte por Nayler a partir de 1652 era un movimiento religioso, social y político, su accionar expresaba un ataque a los valores básicos del cristianismo y desafiaba al gobierno de la Iglesia y del Estado (BALL, 2007, on line)

Las ideas en que creían preconizaban la nivelación de la sociedad -ver nota 2 – la supresión de las distinciones jerárquicas entre las personas, así fueren rey, padre, hombres ricos y pobres – tales como rechazar el quitarse el sombrero ante un superior o a tratarlo con la segunda persona del plural como un gesto de protesta social (HILL, pp241-242) y que se terminase también suprimiendo la posesión de grandes propiedades. “Dios está en contra de vosotros les dice Nayler a los opresores crueles y abusan de los pobres y necesitados” (HILL p.240).

Consideraba también Nayler que “quienes están llenos de amor propio, de arrogancia o de codicia, o que contabilizan los presentes y las recompensas que reciben o la categoría de las personas que los abordan, no puede gobernar en nombre de Dios”

Guiados por ese espíritu Nayler y sus partidarios en octubre de 1656. Hacen su entrada en Bristol y realizan un acto simbólico recreando la entrada de Cristo del Domingo de Ramos en Jerusalén (HILL p.245). Dicho acto representaba la idea de que tanto hombres como mujeres podían alcanzar la perfección de Cristo y realizar sus propias obras en vida. Por eso, fue ese un acto de “nivelación” en sí mismo, proponiendo hacer realidad el ideal de Cristo en el plano mundano propagando su mensaje hasta en la vida cotidiana de un trabajador común (BALL, 2007, on-line).

Inmediatamente después de este hecho, Nayler es detenido y llevado a Londres en donde la pequeña nobleza rural, algunos grandes comerciantes y los principales abogados del país – es decir los miembros de la clase propietaria empeñados en instalar una sociedad basada en la posesión de propiedades – reunidos para decidir en un juicio de muy pocos días en diciembre de 1656 en el Parlamento y sentenciar al pequeño agricultor de Yorkshire por su “audacia” de haber entrado en Bristol montado en un burro (HILL,p.347)

Con el objeto de humillarlo públicamente, el juicio fue ampliamente divulgado (9) y quedó marcado por el histérico salvajismo de los diputados que exigían que Nayler fuese condenado a muerte. Aunque había quienes lo defendían -especialmente algunos valientes oficiales del Ejército al que había pertenecido Nayler durante la guerra civil (HILL p.347) lo que tal vez haya contribuido a librarlo de la pena de muerte no fue sin embargo suficiente para declararlo inocente y ahorrarle el castigo.

De tal modo que Nayler fue sentenciado por la transgresión de “horrenda blasfemia” y recibió más de trescientos latigazos en las calles de Londres y la cabeza marcada con hierro candente con la letra “B” (de Blasfemia) y la lengua igualmente quemada, fue luego nuevamente detenido en Bristol y condenado a solitario confinamiento hasta que el Parlamento lo decidiese (HILL p.347). Solo saldría de la prisión físicamente destruido en 1659, luego de tres años de cautiverio, muriendo un año después.

“Era dudoso que el Parlamento tuviese derecho a castigar a Nayler (HILL, p.347) por lo menos con tal crueldad, dado que hubo muchas otras personas que hicieron lo mismo anteriormente – por ejemplo Mary Gadbury, que había dicho que era Esposa de Cristo; y Joan Robins y Mary Adams que decían que iban a dar a luz a Jesucristo (10) – y sin embargo los magistrados locales tratarona esas personas con relativa condescendencia sentenciándolas a prisión por períodos cortos (…) (HILL, p.244).

¿Por qué entonces fue tratado tan excepcionalmente el caso de Nayler? ¿Porque las autoridades de la época se asustaron tanto con la aparición de ese hombre que tuvieron que demonizarlo y torturarlo públicamente, haciendo de su caso un ejemplo para el pueblo inglés? (BALL, 2007on-line).

La razón se debe al hecho de que su caso formaba parte de un amplio ataque político. A diferencia de lo sucedido con sus predecesores, en casos en que solo se trataba de aisladas manifestaciones de excentricidad. Nayler no era un lunático lo que hubiera bastado para ridiculizarlo, era “jefe de un movimiento organizado que, desde su base en el norte, se difundía con sorprendente rapidez por los condados del sur de Inglaterra” (HILL, p.244).

La nueva clase dirigente de hombres propietarios tenía miedo que la propuesta de nivelación social de los cuáqueros y con su rápida difusión en la sociedad. “En diciembre de 1656, un diputado se refirió a los cuáqueros diciendo de ellos “que eran todos niveladores, contrarios a la magistratura y a la propiedad” (HILL, p.236). Además, Nayler era un brillante orador. Su experiencia de vida en tanto agricultor y soldado, lo hacía capaz de contagiar con su discurso al pueblo común y a cualquier vagabundo de las aldeas inglesas” 11 de modo que multitudes se reunían para escucharlo.

Agréguese a todo eso el hecho de que los diputados, querían en 1656, poner fin a la política de tolerancia religiosa. Tan apoyada por ellos mismos en los años revolucionarios de la década de 1640. Para ellos no solo la guerra había terminado, sino que también debía cerrarse toda discusión sobre libertad e igualdad social

De ese modo, los diputados utilizaron el caso Nayler para poner en el banco de los reos no solo a él sino también a las ideas de nivelación social y la política de tolerancia religiosa; en suma todo un proyecto social contrario a los intereses de la nueva clase dirigente que había ascendido después de la revolución Por no tener “ninguna garantía de que lo que pretendían defender pudiera ser mantenido de otro modo que solo ferozmente” (HILL, p.348) y asustados con lo que podría representar una amenaza a la propiedad privada y que los diputados reclamaran por el exceso de la ley contra James Nayler.

En esa participación del Derecho, en lo que respecta a la contención de las clases que amenazan al orden capitalista, es donde aparece la posibilidad de establecer una comparación entre los casos de Lula y de Nayler. Es cierto que ambos y sus acciones proceden de realidades diferentes no solo por los más de trescientos años que los separan sino también por el carácter de la experiencia revolucionaria de la que participó Nayler. Sin embargo la prisión de ambos, lo que estuvo en juego[SM1] fue el encarcelamiento de un proyecto de sociedad más igualitaria, que para los dueños de propiedades es inconciliable con el orden capitalista.

Lula y el pueblo brasileño son, actualmente objetivos de una ofensiva del gran capital financiero y del imperialismo estadounidense: Nayler era igualmente en 1656 el objeto de una clase que también luchó como él para ascender políticamente. Existen aquí diferencias significativas.

Pero la ofensiva neoliberal dinamizada por la burguesía transnacional de la que Brasil y Lula son víctimas, como lo hizo aquella movilizada e incipiente burguesía inglesa del siglo XVII, victimizando a Nayler., mediante la violencia del Derecho, tanto para asegurar sus intereses como clase dirigente como por entender especialmente que sus respectivos modelos de sociedad basada en el capital no son capaces de mantenerse sino es mediante la brutalidad contra los que plantean enfoques del mundo diferentes. En eso consiste la similitud; aquí el Derecho funciona para una sola clase.

El autor, Felipe Martins Oliveira Santana, es graduado en Historia (Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, Brasil ) con enfoque en el área de enseñanza y didáctica de la Historia. Integrante de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Traducción Susana Merino.

*Fuente: AlaiNet

Notas

1) El jurista Pedro Serrano dijo el miércoles pasado (10/04/18) en el programa de TVT Entrevistas que ante la situación a que ha llegado el país con el Estado de excepción y la prisión del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, todos los ciudadanos están amenazados. “Con el juicio a Lula cada uno perdió un poco de su libertad”, dijo el presentador Juca Kfouri. El profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUV-SP) afirmó que “el caso de Lula no es Lula” “Se trata de nuestra alma como sociedad, de nuestro espíritu, de nuestra historia, de nuestro lado sombrío” (…) No tenemos idea del riesgo que les estamos legando a las próximas generaciones” (Fragmento extraído del material del portal de noticias Rede Brasil actual publicado por Redacción RBA el 11/04/2018. Disponible en: https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/04/serrano-com-perseguicao-a-lula-cada-um-de-nos-perdeu-um-pouco-sua-liberdade(Verificado el 12/03/19).

2) MANCE, Euclides : Falacias de Moro: análisis de la sentencia condenatoria de Luiz Inácio Lula da Silva: processo n.º 5046512-94.2016.4.04.7000 / Euclides Mance. Passo Fundo: IFIBE, 2017 (en portugués).

3) Movimiento protestante inglés que surgió en la década de 1650, por lo tanto inmediatamente después de la Guerra Civil. En su primera etapa los cuáqueros integraron a muchos de los políticos radicales remanentes del partido levellers (niveladores) – un partido con fuertes tendencia republicanas y que durante los últimos años de la guerra civil, mostró un programa favorable a la incorporación política de las clases menos favorecidas y en defensa de gran parte de sus componentes, sobre la igualdad en la propiedad – que luego sucumbirán a mediados de 1649, luego de una intensa represión por parte de la oficialidad del ejército y de las fuerzas que representaban los intereses del Parlamento. Por esa razón durante los primeros años los cuáqueros mantuvieron mucho del radicalismo de los levellers, algo notable en sus convicciones y en las posiciones de sus líderes, tales como la abolición de los diezmos, que se cobraba no a la propiedad agraria sino al trabajo que explotaba a los más pobres, la defensa del tratamiento igualitario entre los hombres independientemente de la posición social que ocuparan, la defensa de una relativa reforma agraria que permitiese la subsistencia de los más pobres. Para profundizaren esta temática ver Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça: idéias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640 (São Paulo, 1987), capítulos: 4 – Agitadores e oficiais; 7 – Levellers e levellers autênticos; e 10 – Ranters e quacres.

4) La gentry es la pequeña nobleza, generalmente agraria, llamada también nobleza menor para distinguirla de la nobleza mayor – la nobleza aristocrática – que se componía de lores y que hasta el siglo XVII era más rica y más poderosa que la misma gentry. Lo que caracterizaba a un miembro de la gentry -un gentleman – era vivir una existencia exenta de trabajo y de sus vicisitudes (HILL, p.2). Esta distinción en el seno de la nobleza inglesa se reflejaba también en la estructura del Parlamento inglés, que estaba formado por dos cámaras: la de los Lores reservada al alto clero y a la alta nobleza (aristocrática) y la de los Comunes, que incluía pequeños burgueses de las ciudades y también gentry del campo (FLORENZANO, P.80)

5) “En el sistema judicial inglés existían en ese entonces los jueces de paz (que eran miembros de la gentry y los mismos diputados que ocupaban la Cámara de los Comunes en el Parlamento) como autoridad local, elegidos y jueces que eran miembros de uno de los tres tribunales del rey con sede en Westminster. Periódicamente, de acuerdo con un calendario, los jueces del rey dejaban sus juzgados londinenses y recorrían el país: durante esos recorridos organizaban sesiones de jurados, presidiendo los juicios de los reos presos en las diferentes comarcas del reino. No es necesario destacar que esos jurados integrados por hombres de mediana o importante fortuna eran estrictamente vigilados por los jueces que podían censurar algunos veredictos: de este modo el itinerario de los jueces del rey constituía un eficiente control de la justicia ejercida en todo el país que de otro modo se hubiera vuelto autónoma o fragmentada”. (N.T.) (HILL, 1987, p.41).

6) La dinastía de los Tudor que precediera al rey Jaime I y Carlos I” no logró desarrollar fuentes de recursos alternativas y permanentes. Como lo hicieron las demás potencias europeas, establecer, por ejemplo, un monopolio sobre algún mineral estratégico. Como recordó L. Stone “el alumbre era el principal recurso del Papado, el oro y la plata de España, la sal de Francia y el cobre de Suecia” Tampoco se creó en el país un impuesto a nivel nacional, de real envergadura (impuesto directo que pagaran todos los plebeyos) como en Francia.(FLORENZANO, 1999, pp.79/80).

7) El procedimiento adoptado a partir del siglo XV y que alcanzó su auge en los siglos XVII y XVIII “Consistió en repartir en propiedades privadas tierras anteriormente comunales (inglés commons) de las cuales todos los habitantes de una aldea tenían derechos comunales no excluyentes – por ejemplo de pastoreo y hasta de labranza – En la división de esas tierras se estimaba generalmente la proporción de tierras que cada beneficiario poseía como propiedad privada- de modo que los más ricos recibían mayor cantidad y los más pobres no solo no recibían nada sino que perdían sus derechos comunales (…) El efecto de la división de tierras comunales produjo muchas veces en conjunto la reducción de la agricultura de los pobres a expensa de los rebaños pertenecientes a los más ricos (NT)” (HILL, p.37).

8) Antes de que comenzara la guerra civil Carlos I advertía a los partidarios del Parlamento en cuanto a los peligros de que finalmente el pueblo común pudiera proclamar sus pretensiones de libertad, igualdad, independencia…destruyendo los derechos y las propiedades, todas distinciones familiares y meritocráticas. (HILL, p.41)- Por ese motivo existía entre los miembros de la gentry quienes defendían la idea de establecer una paz comprometida con la Corte.

9) La pena de azotes. Seguida de la exposición en el cadalso, era una sentencia que se dirigía claramente a quebrar el coraje de un hombre (…) Un suplicio despiadado, que se apoyaba en una multitud hostil y constituía el medio más eficaz a disposición de la sociedad para reafirmar sus valores (…) (HILL, pp347/348).

10) Christopher Hill nos muestra que hubo muchas otras personas que antes que Nayler se habían considerado mesías. “Willian Franklin, Arise Evans que le dijo al vicepresidente del Tribunal de Londres que él era el Señor, su Dios. Theaureaujohn, Rey de los Judíos, Mary Gadbury que era Esposa de Cristo, Joan Robins y Mary Adams que daban fe de que iban a dar a luz a Cristo (HILL. P.244).

11) “Todo lo que salía de la boca de James Nayler tenía mayor fuerza en mí porque parecía un simple campesino. Con la apariencia de un agricultor o pastor” (…) “(HILL, p.243) es lo que cuenta Ellwood que se convirtió luego de escuchar las prédicas de James Nayler.

Bibliografía

BALL, Roger. James Nayler’s Ride into Bristol: October 1656. Bristol Radical History Group, 15/01/2007. Disponíble en: <https://www.brh.org.uk/site/articles/James-naylers-ride-into-bristol-october-1656/>. Visto el 26/02/2019.

FLORENZANO, Modesto. As revoluções burguesas. São Paulo: editora Brasiliense. 14ª edição, 1994.

HILL, Christopher. O Mundo de Ponta-cabeça: idéias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. Tradução, apresentação e notas Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013.

VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Editora Contracorrente, 2017.

Matéria do Carta Maior com a cronologia dos fatos que explicam os atos do ex-juiz Sérgio Moro. Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Que-Justica-e-essa-/Cronologia-de-fatos-que-explicam-os-atos-do-ex-juiz-Sergio-Moro/62/43280>. Acessado em 29/05/2019.

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Brasil. Stedile: “Es una disputa de clase; quien está con el pueblo o en su contra”

Redacción piensaChile — Mon, 17 Sep 2018 02:30:35 +0000

Resumen Latinoamericano / 14 de septiembre de 2018 /
Para el dirigente del MST, las elecciones ponen en evidencia la actual capacidad de movilización a través del voto

Elegir presidente, diputados y senadores comprometidos con los intereses de los trabajadores es la principal forma con la cual el pueblo intentará deshacer las medidas que afectaron sus derechos básicos como salud, educación, seguridad, según el análisis de João Pedro Stedile, de la dirección del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). En una entrevista con Brasil de Fato, considera que anular el voto o votar en blanco interesa a aquellos que desean mantener la actual crisis del país.

Brasil de Fato: ¿Cuál es la importancia de las próximas elecciones?

João Pedro Stédile: Las elecciones de octubre tienen una importancia histórica para la clase obrera y todo el pueblo. Nunca antes en unas elecciones había ocurrido una situación tan explícita de lucha de clases. De un lado, la burguesía busca elegir su presidente y sus parlamentarios, para legitimar el golpe y, al mismo tiempo, seguir ejecutando su maquiavélico plan, de poner todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas de la clase obrera. Así, tienen que seguir quitándoles derechos a los trabajadores, retirando la Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT), las Pensiones, apropiándose de los recursos públicos que deberían invertir en vivienda, reforma agraria, salud y educación. También buscan seguir entregando nuestras riquezas naturales a sus aliados: el capital extranjero y el gobierno de Estados Unidos.

De nuestro lado, es justo lo contrario: tenemos que elegir a Fernando Haddad y una fuerte bancada de parlamentarios para derogar las medidas de los golpistas. Por lo tanto, el voto del pueblo tiene que ser un voto por su clase. El pueblo no consiguió movilizarse para defender al gobierno Dilma y ahora, derrotado por el desempleo y por la desigualdad social, no tiene actualmente capacidad de hacer grandes movilizaciones. Entonces, nuestra arma ahora es el voto. Y por eso tiene que ser un voto por la clase. Solo con nuestros representantes podremos empezar un nuevo proyecto de Brasil, a favor del pueblo, con las reformas estructurales necesarias.

¿Qué tipo de reformas?

Necesitamos empezar por la economía, para volver a industrializar el país y garantizar empleo y renta para los trabajadores. Una reforma tributaria, además del control de los bancos y de las tasas de interés. También son necesarias una reforma de los medios de comunicación, una reforma agraria, una reforma de la educación. No podemos olvidar de convocar a medio plazo una asamblea constituyente que haga una profunda reforma política y del poder judicial.

¿Qué deben tener en mente los electores a la hora de escoger diputados y senadores?

Además de elegir a Haddad y de elegir gobernadores estatales comprometidos con los trabajadores, claro debemos estar muy atentos y garantizar la elección de una bancada de parlamentarios, en la Cámara y en el Senado, totalmente comprometidos con la clase trabajadora y con un proyecto de cambio del país. Sé que en todos los estados tenemos candidatos muy buenos, de la clase trabajadora, compañeros y compañeras experimentados, líderes populares, que probaron su compromiso con los trabajadores. Es a ellos a quienes necesitamos elegir. Gente que tenga experiencia en la lucha de clases. Gente comprometida con la clase, y no con sus intereses personales o sus vanidades mediocres. El pueblo debe saber quién estaba con nosotros en las huelgas, en las ocupaciones, en las luchas, en las movilizaciones en la calle. Así, como debemos denunciar a los candidatos que están comprometidos solo con los intereses de la burguesía y con el asalto a las arcas públicas.

¿Cuál es el papel del Congreso Nacional para un gobierno federal que tenga como foco ofrecer salud y educación públicas y de buena calidad?

El próximo congreso deberá estar formado por parlamentarios que estimulen la organización y movilización popular y usen sus mandatos para eso. La disputa de los dos proyectos que relaté será hecha en las calles. El parlamento es apenas espejo de lo que sucederá en la calle. Por eso, necesitamos parlamentarios de lucha, de movilización, con coraje y determinación, para que expliquen al pueblo que la fuerza no está solo en su representación legal, sino en la fuerza de movilización del pueblo.

El Congreso futuro deberá ser un espacio complementario para un gobierno popular. Deberá ayudar a convocar a los plebiscitos populares, para revocar todas las medidas de los golpistas. Debe ayudar a derogar la PEC 55 que limita los gastos públicos en los programas de salud, educación y reforma agraria. Un parlamentario que es elegido con 200 mil votos, y después no consigue movilizar 100 personas para defender nuestros derechos, la Petrobras, la Eletrobras, nuestras tierras y riquezas, ¡no sirve para nada!

¿Cómo puede contribuir la población para un Brasil más justo a partir de 2019?

Debemos explicar a la población la importancia de estas elecciones. Que el proyecto de país para los próximos cuatro años será decidido el 7 de octubre, por eso no podemos vacilar. Todo mundo tiene rabia con los políticos en sentido genérico. Pero eso es porque la mayoría de los políticos representan a los burgueses o ellos mismos son los ricos y privilegiados que se apoderan del poder parlamentario para viabilizar sus intereses de clase. La propia Globo se pasa todo el tiempo hablando mal de los políticos, en sentido genérico, pero no habla de que los culpables son los capitalistas, los burgueses. Justamente para poner confusión en la cabeza del pueblo.

Debemos explicar que los votos nulos y blancos en estas elecciones serán a favor de los golpistas, serían votos de quien no quiere cambiar. Votos alienados, incluso aunque digan que no le creen a nadie.

Tenemos que votar por quien va a cambiar, para el parlamento, para los gobiernos de los estados, y por Haddad, nombrado por Lula, el único capaz de enfrentar y derrotar a los burgueses golpistas.

La población necesita entender que estará votando por el precio del gas, por la distribución de las ganancias de la Petrobras, si van para educación o van para los accionistas americanos. Estará votando por recursos para los hospitales, estará votando por una nueva política de seguridad. La mejor seguridad es empleo, ingreso y educación para todos. Policía y Ejército no resuelven nada. En Rio de Janeiro, las personas están sintiendo en carne propia como la represión es parte de la violencia y no la solución.

La población va a votar si quiere el control social del Poder Judicial, o quiere que ellos continúen ganando 30 mil por mes (US$ 7.236), más subsidio para vivienda, corbata, libro, vacaciones de dos meses, mientras el pueblo no tiene donde caerse muerto.

Por eso estas elecciones no son disputa de partidos o de siglas. Ellos poco representan ahora. La disputa es de clases: quien está a favor del pueblo, de los trabajadores, y quien está a favor de los golpistas, de los burgueses, de los bancos y del capital extranjero.

¿Cuáles son las tareas de la militancia en el próximo período?

Bien, si estamos en medio de la lucha de clases radicalizada, y en medio de una enorme crisis económica, social, ambiental y política, significa que la lucha será larga, para poder salir de la crisis en los próximos años con medidas de protección al pueblo.

Por eso, la militancia debe arremangarse e involucrarse en cuerpo y alma para elegir buenos gobernadores, parlamentarios comprometidos y Haddad.

Después de octubre, debemos seguir movilizados y utilizando la metodología del Congreso del Pueblo, seguir realizando asambleas populares en todos los barrios y en todos los municipios, convocando al pueblo para que discuta un nuevo proyecto para el país. De octubre a diciembre, debemos debatir todos los cambios que deben hacerse, en la economía, en la industria, en la agricultura, en la organización de las ciudades, en salud, educación reforma agraria, etc. Para que el pueblo presente sus propuestas y tenga claro lo que se necesita cambiar primero y pronto. En esos meses debemos hacer una gran minga nacional de debates, en todas las bases.

Y ahí presentar las propuestas para los nuevos electos. Tanto a nivel de los estados como a nivel nacional. Después, a partir de enero de 2019, con Haddad, debemos debatir nuevas formas de participación popular en el gobierno. No necesitamos más de gobiernos para el pueblo, ahora sólo lograremos enfrentar las crisis si fuera un gobierno con el pueblo. Y para eso, necesitamos organizar mecanismos de participación popular en el gobierno, a través de plebiscitos, referendos y consultas populares, consejos sectoriales, y grandes movilizaciones de masas en defensa de los cambios necesarios.

El próximo período será de mucha lucha, mucho debate y mucha movilización. Lo peor ya pasó, con el golpe, ahora tenemos que estimular al pueblo a votar, participar, y construir un nuevo proyecto popular para Brasil.

Edición: Mariana Pitasse | Traducción: Luiza Mançano y Pilar Troya

*Fuente: Resumen Latinoamericano

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Entrevista a Cinzia Arruzza. “El feminismo del 99% es la alternativa anticapitalista al feminismo liberal”

Redacción piensaChile — Sat, 25 Aug 2018 02:30:07 +0000

23/08/2018
La feminista italiana Cinzia Arruzza es profesora de la New School of Social Research de Nueva York y autora del libro Las sin parte: matrimonios y divorcios entre marxismo y feminismo. Apoyó la Huelga internacional de mujeres en Estados Unidos y acaba de terminar de escribir un Manifiesto para un feminismo del 99% junto con Nancy Fraser y Tithi Bhattacharya que será publicado en otoño. Le preguntamos sobre la relación entre capitalismo y patriarcado, género y clase, en la nueva ola del feminismo internacional.

¿Cuál es el objetivo y la tesis principal del Manifiesto para un feminismo del 99%?

El feminismo del 99% es la alternativa anticapitalista al feminismo liberal que se había vuelto hegemónico en las últimas décadas, debido al bajo nivel de luchas y movilizaciones alrededor del mundo. Lo que entendemos como feminismo liberal es un feminismo centrado en las libertades y la igualdad formal, que busca la eliminación de la desigualdad de género, pero a través de medios que sólo son accesibles a las mujeres de élite. Pensamos, por ejemplo, en el tipo de feminismo encarnado por mujeres como Hillary Clinton. O, también, el tipo de feminismo que en Europa se está convirtiendo en aliado de los Estados para el apoyo a políticas islamófobas «en nombre de los derechos de las mujeres», como detalla Sara Farris en su reciente libro (In the Name of Women′s Rights: The Rise of Femonationalism).

Para ser clara, es un tipo de feminismo que persigue la igualdad de género en el interior de una clase específica, la privilegiada, dejando atrás a la gran mayoría de las mujeres. El feminismo del 99% es una alternativa al feminismo liberal, ya que es abiertamente anticapitalista y antirracista: no separa la igualdad formal y la emancipación de la necesidad de transformar la sociedad y las relaciones sociales en su totalidad, de la necesidad de superar la explotación del trabajo, el saqueo de la naturaleza, el racismo, la guerra y el imperialismo. Finalmente, se posiciona directamente como parte del transfeminismo, defiende los derechos y necesidades de las trabajadoras sexuales y busca alianzas sociales y políticas con todos los movimientos que luchan por un mundo mejor para el 99%.

¿Cree que el nuevo movimiento de mujeres que se está desarrollando en todo el mundo podría ser la avanzada de un retorno más general de la lucha de clases?

Esa es mi esperanza, y también mi apuesta. En primer lugar, esta nueva ola feminista es la única movilización transnacional existente que reúne a millones de mujeres y hombres de todo el mundo. En segundo lugar, en algunos países ya se hace difícil distinguir claramente la lucha de clases del movimiento feminista: pienso sobre todo en Argentina, por supuesto, pero también en España o Italia. Creo que quienes están sinceramente interesados en revivir la lucha de clases deberían dejar, de una vez por todas, las actitudes divisionistas y despectivas hacia esta nueva ola feminista; dejar de pensar que las movilizaciones feministas son una antítesis de la lucha de clases o, en el mejor de los casos, un complemento externo. Prefiero invitar a pensar en la nueva ola feminista como un proceso de radicalización y politización en el que la subjetividad de las trabajadoras –a menudo jóvenes, precarias, mal pagadas, no remuneradas, explotadas y acosadas sexualmente en el lugar de trabajo– está emergiendo como una subjetividad combativa y potencialmente anticapitalista.

Parece que, en las luchas actuales y futuras de la clase obrera, las mujeres van a desempeñar un papel protagónico. ¿Ya lo están haciendo?

Hay un fenómeno interesante para tener en cuenta: estamos viendo un aumento significativo de huelgas y movilizaciones en los lugares de trabajo dentro del ámbito de la reproducción social. Pensemos en las huelgas de maestras en Estados Unidos (huelgas ilegales, que están cambiando significativamente la dinámica del movimiento obrero), la huelga de las trabajadoras de la sanidad en la India, o la de maestras en Brasil. Se trata de huelgas en las que las trabajadoras son mayoría y tienen un papel clave. Aunque no existe un vínculo explícito entre estas huelgas y la Huelga internacional de mujeres de los últimos años, creo que el movimiento feminista está desempeñando un papel en el empoderamiento de estas mujeres, demostrando que la rebelión es posible y necesaria.

En las movilizaciones feministas (en España o Argentina) se escucha cada vez más: «Patriarcado y capital, alianza criminal». ¿Se reabre el debate sobre la relación entre la opresión de género y el capitalismo?

Bueno, creo que la razón es que estamos volviendo a pensar en fenómenos estructurales y en la complejidad de las relaciones sociales, mientras que en las últimas décadas la mayor parte del feminismo estaba inmerso en el llamado «giro lingüístico», centrándose especialmente en temas de lengua, cultura y relaciones interpersonales de poder. Desde este punto de vista, es una señal muy positiva que las jóvenes activistas y pensadoras feministas se interesen en comprender la conexión estructural entre la opresión de género y el capitalismo, en entender las causas profundas de nuestra situación actual.

En varios artículos, polemiza con las tesis del «sistema dual», que definen al capitalismo y al patriarcado como sistemas autónomos. ¿Por qué considera incorrecta esa teoría y qué consecuencias prácticas tiene esto para el movimiento de mujeres?

Existen varias versiones de la teoría de los «sistemas duales», con diferentes consecuencias políticas. La más clásica, influenciada por el feminismo materialista francés, termina –de una manera u otra– conceptualizando la opresión racial y de género como sistemas de relaciones de explotación; por lo tanto, conceptualizan el sexo como clase. Estoy simplificando demasiado; la teoría ha tenido varios desarrollos en las últimas décadas, y ha llegado a conclusiones más matizadas en algunos autores. Sin embargo, mis objeciones son de dos tipos. Primero, si entendemos el sexo como clase, entonces también tenemos que interpretar la opresión sexual y de género como antagonismos de clase, lo que básicamente descarta las posibilidades de alianzas y luchas comunes (entre mujeres y hombres). Para decirlo simplemente: no haría una alianza con mi patrón. En segundo lugar, si sexo, raza y clase expresan tres sistemas autónomos que se entrecruzan o combinan, no queda claro en absoluto por qué lo hacen: ¿cuál es la razón? De hecho, la verdad es que en algunos casos las formas tradicionales de opresión de género entran literalmente en conflicto con los intereses capitalistas….

En contraposición a las teorías “duales”, defiende la importancia del concepto de ‘reproducción social’ para una teoría feminista marxista…

La forma en que interpreto esta relación –junto con autores como Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya, Sue Ferguson, Sara Farris, David McNally y otros– se basa en la noción de reproducción social. En pocas palabras, se refiere a las actividades y el trabajo que implica la reproducción biológica, cotidiana y generacional, de la fuerza de trabajo. Pero seamos claros: reproducir la fuerza de trabajo significa reproducir las personas y la vida. Esto no se limita a la mera subsistencia o las necesidades de supervivencia, sino también a la satisfacción de necesidades más complejas y la reproducción de habilidades que contribuyen a convertir la fuerza de trabajo en esa mercancía especial que se puede vender en el mercado capitalista.

Estamos, por tanto, hablando de la socialización de los niños, de la educación, pero también de la sanidad y los servicios sociales. La mano de obra en este tipo de actividades está fuertemente feminizada en dos sentidos: la gran mayoría de las trabajadoras (asalariadas y no asalariadas) son mujeres, y sus condiciones laborales se encuentran entre las más explotadas.

¿Y cómo se relacionan opresión y explotación con la esfera de la reproducción social?

La clave para entender qué tiene que ver la reproducción social con la opresión de género (y en parte la opresión de raza), es que la reproducción social –bajo el capitalismo– está necesariamente subordinada a la producción en función de ganancias.

La paradoja es que el capitalismo necesita que haya reproducción social y que sea relativamente funcional, pero no quiere pagar el costo por ello. Especialmente porque todas las actividades de la reproducción social tienen baja tecnología y mano de obra intensiva, lo que significa que son costosas. La forma en que los capitalistas (y los estados) logran mantener estos costos lo más bajos posible varía, pero podemos identificar algunos fenómenos comunes: el aumento del uso de mano de obra migrante mal remunerada y no organizada en sectores privatizados (por ejemplo, los migrantes que cuidan a dependientes o ancianos); los recortes en el gasto social y en los servicios sociales que obligan a las mujeres y a las personas feminizadas a realizar esta labor gratuitamente en el hogar; la mercantilización de los aspectos más rentables del trabajo reproductivo social –cadenas de restaurantes, lavanderías, etc.– empleando, una vez más, mano de obra migrante barata.

Podemos concluir que la explotación de clase, las opresiones de género y raza, forman una totalidad compleja en el capitalismo…

Hay mucho más que decir sobre estos procesos, la teoría de la reproducción social no lo explica todo, pero nos proporciona las herramientas teóricas para ver cómo fenómenos aparentemente desconectados tienen lugar en un contexto de relaciones sociales de producción y reproducción, que aprisionan la vida de las personas, limitan enormemente las opciones disponibles y organizan y restringen la temporalidad de nuestras vidas.

15/8/2018

*Fuente CTXT

Más sobre el tema:

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