DE LOS PINGÜINOS AL ICEBERG

Una de las características distintivas del nuevo ciclo de movilizaciones que desde el año 2006 se ha venido desarrollando en Chile es que expresan un proceso de crítica a la sociedad chilena en su conjunto; una crítica social que escala desde sentimientos individuales de indignación en torno a un problema específico, hacia una crítica sistémica de un orden socioeconómico y político al que se identifica como la causa última de dicho problema.

No todas las movilizaciones tienen este carácter estructural, pero el rasgo distintivo del nuevo ciclo, comparado con las movilizaciones de los años 90, es que han sido capaces de socializar un diagnóstico crítico al modelo que antes estaba restringido a sectores de la academia y a fracciones minúsculas de partidos políticos. Aquí solo algunos ejemplos:

Verano del 2005. Después de una reunión con el gabinete del secretario regional ministerial del Mineduc, Alejandro Traverso, la Asociación de Estudiantes Secundarios (ACES) elaboró un documento de trabajo en el que se sostiene: “Es evidente que en un tema tan importante como la educación, el estudiantado no tiene la facultad de tomar grandes decisiones por si solo. Igual de obvio es que tampoco debiese hacerlo una cúpula, sino que se requiere abrir espacios para una toma de decisiones que recojan la visión y posición de todos los actores involucrados. Por ello, proponemos la realización de una Asamblea Constituyente, con el objetivo específico de reestructurar la LOCE” (Documento de trabajo, ACES, 2005).

El movimiento estudiantil secundario del 2006 comenzó con una demanda por gratuidad en la obtención del pase escolar, rendición de PSU, mejoras en la calidad de las raciones de alimento de la JUNJI, y terminó exigiendo una asamblea constituyente y la nacionalización del cobre. ¿Por qué? Los estudiantes planteaban que para hacer un cambio sustantivo en el modelo educacional requerían modificar la LOCE y el ordenamiento institucional que la sostenía. El movimiento del 2011 actualizó dichas demandas. En un contexto de alto endeudamiento de estudiantes que habían contraído el Crédito con Aval del Estado, los estudiantes exigieron el fin del lucro en las universidades, la gratuidad y lograron poner en circulación la idea de la educación como un derecho social.

Otro ejemplo: desde que la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) se formara el año 2010, pobladoras y pobladores se han vuelto a constituir como un actor político relevante. El movimiento de pobladores se ha opuesto a políticas de vivienda segregadoras que los expulsan hacia los márgenes de la ciudad, excluyéndolos de servicios básicos. En este contexto han insistido en que su lucha es “más grande que una casa”, aclarando que no es un mejor acceso a viviendas lo que los moviliza, sino el derecho a construir una ciudad donde puedan vivir con dignidad.

Los movimientos socioambientales han puesto en evidencia la conexión entre fenómenos tales como la contaminación, la sequía y la escasez de recursos hídricos, y un modelo de desarrollo extractivista. Al denunciar prácticas sexistas y de violencia sexual, feminicidios y abuso doméstico, y al abordar cuestiones como el trabajo reproductivo y los derechos sexuales, movimientos feministas han cuestionado radicalmente el capitalismo y el patriarcado, señalando su alianza como el fundamento de muchas otras expresiones de violencia contra mujeres en la vida social, incluidos los mismos movimientos sociales. Finalmente, las luchas del pueblo mapuche para defender sus tierras, cultura y tradición son tan antiguas como la imposición de poderes coloniales. Pero desde 1997 han venido desarrollando una táctica más radical en su lucha contra el Estado chileno y las industrias extractivas.

En definitiva, las movilizaciones por la defensa del agua y los territorios, las luchas por el derecho a la vivienda y la ciudad, así como los movimientos feministas, entre otros, han vuelto a poner al centro al capitalismo como objeto de crítica, mostrando las conexiones entre estructuras de dominación y la lógica de procesos socioeconómicos globales que son traducidas por las elites políticas y económicas nacionales. Se trata de una crítica al sistema mediada por problemas concretos. En eso radica su particularidad: los movimientos no sólo evidencian una crisis del sistema socio-económico en su conjunto, sino que intentan mapear una intrincada lógica que va desde el cultivo de paltas al extractivismo, de la casa a la ciudad, del pase escolar a una nueva forma de concebir la educación, de los 30 pesos a los 30 años, restituyendo a problemas aparentemente privados, sufridos individualmente, su carácter colectivo y/o público.

La referencia a la totalidad, que en las recientes movilizaciones ha sido simbolizada con la imagen de un iceberg con distintas capas representando las distintas causas del estallido, posee un valor analítico y estratégico, ya que permite pasar de una idea de justicia basada en el logro individual y en la competencia con el otro, a una idea de justicia social.

Al demostrar que todos somos afectados desde distintos planos (educación privada, crisis jubilatoria, trabajo precarizado) por el mismo sistema, al acceder a la visión del iceberg en su totalidad, los individuos ya no comparan su situación de vida con aquellos en su mismo estrato socioeconómico sino que con aquellos que en la cotidianidad solo aparecen como fuerzas despersonalizadas: el 1%. Al compararse con el 1%, el 99% encuentra un momento de solidaridad, cancelando momentáneamente las diferencias de un principio de justicia basada en los logros individuales y en la competencia.

Esto no quiere decir que todas estas movilizaciones tengan una ideología claramente elaborada que vincule sus estructuras. Pero sus demandas comparten una lógica antineoliberal en tanto denuncian la intervención activa del Estado en la creación de mercados allí donde debiera haber derechos sociales (salud, educación, vivienda) y se oponen a los efectos de lógicas privatizadoras. Pero lo más importante es que esta referencia a la totalidad implica no sólo denuncia sino también formas alternativas de construir lazos sociales y hacer política. Otra política.

¿HACIA UNA CIUDADANÍA POPULAR?

Los movimientos sociales han visto durante los últimos años cómo la radicalidad de sus demandas ha sido desactivada al ser procesada por los sistemas político y jurídico.  En consecuencia, han aprendido a desconfiar de la política tradicional y de lógicas peticionistas hacia el Estado.

 El año pasado el tribunal constitucional dejó sin efecto el artículo 63 de la reforma a la educación superior, cuyo fin era impedir que controladores con fines de lucro mantuvieran bajo su mando instituciones de educación superior. Buena parte de los más de siete meses de movilización del 2011 terminaron con dicho fallo.

Es por esta razón que los movimientos sociales han desarrollado su propia política. Un tipo de movilización que combina reivindicaciones clásicas de las movilizaciones populares –reivindicaciones socioeconómicas– con formas políticas que incluyen como estrategia tanto la disputa por el poder político institucional en sus distintos niveles (alcaldías, gobierno regional, parlamento), como prácticas de autogestión, búsqueda de autonomía y un vocabulario alejado del repertorio semántico de los partidos políticos tradicionales: dignidad, vida, territorios.

La diferencia entre los partidos políticos tradicionales y los movimientos sociales es que estos últimos son esfuerzos de autoorganización popular cuya finalidad principal no es la representación de intereses ante el Estado ni facilitar la participación de una población determinada en las instituciones del poder político formal. Las movilizaciones recientes pueden ser vistas como esfuerzos colectivos de organización que logra coordinar distintas demandas, pensamientos y sentires respecto a un problema determinado que se identifica como la fuente de sufrimiento y un obstáculo para una vida digna. Aun cuando en dicho esfuerzo de autoorganización la mayoría de estos movimientos intentan alejarse de lógicas verticalistas y formas de conducción rígidas, la variedad de colectivos y organizaciones que los componen hace que no pocas veces haya pugnas entre distintas formas de concebir el proceso de autoorganización y sus fines.

Uno de los aspectos relevantes de la política de los movimientos sociales es que ésta no es un estado superior de “lo social” sino una forma concreta de resistir organizadamente los efectos exclusionarios de la política tradicional.

 A la exclusión educativa oponen instancias de autoeducación, tales como bibliotecas, preuniversitarios populares y escuelas comunitarias; a la exclusión cultural oponen talleres de cine, serigrafía, carnavales; a la violencia machista oponen colectivos y círculos de mujeres. Lo que demuestran colectivos, organizaciones de base y movimientos sociales es que la forma de recomponer el tejido social roto por los efectos de la dictadura no era el fomento de prácticas participativas inducidas desde el Estado, sino el desarrollo de organización y capacidad crítica de aquellos directamente afectados por las políticas sociales deficitarias en materia de vivienda, educación, previsión, salud, etc.

Lo que muestra el desarrollo de colectivos y organizaciones que movilizan un discurso antineoliberal en torno a una problemática determinada, es el desarrollo de una ciudadanía que se forma en oposición al tipo de ciudadanía democrática basada en proyectos, focalizada, con escaso presupuesto, y funcional a un modelo socioeconómico cuyo crecimiento económico depende de la desigualdad social que produce; una ciudadanía que un estudiante secundario llamó “ciudadanía popular”.

Es debido a la diversidad de formas de acción política y repertorios de acción que llevan a cabo los colectivos y organizaciones que componen estos movimientos que la política formal ni los medios son capaces de “ver” a estos actores. Para la política formal los sectores populares aparecen como beneficiarios de políticas o como clientes de partidos; para los medios masivos, estas organizaciones aparecen solo cuando alcanzan sitios visibles de la ciudad, usualmente a través de acciones que buscan explícitamente llamar la atención de la “opinión pública”. Pensemos en las propias evasiones de los secundarios, las manifestaciones de ANDHA Chile en La Moneda, los cortes de calle en Las Rejas de UKAMAU, las protestas de mujeres en plazas y parques industriales en Quintero y Puchuncaví. Es más difícil en cambio que la elite política y los medios de comunicación masivos sean capaces de ver y mostrar instancias tales como el proyecto Maestranza de UKAMAU y El Sauzal del MPL (Movimiento de pobladores en lucha), en los que pobladoras y pobladores han recuperado terrenos fiscales para la construcción de viviendas sociales.

La pregunta, entonces, no es cómo estos grupos aparecen sino a través de qué mecanismos son invisibilizados.

¿UNA SOCIEDAD DE INDIVIDUOS?

Al analizar los discursos y prácticas de algunos de estos movimientos durante los últimos 15 años es posible constatar que su unidad básica de organización no es ni la familia ni los individuos sino la comunidad. No se trata de la idea de comunidad cristiana, ni de sectas, sino de grupos que se definen a sí mismos como tal en relación a una lucha determinada; por el derecho a la educación, al agua, al aborto libre, al trabajo, a la vivienda, a un sistema de pensiones digno, etc. Comunidad y lucha son aspectos claves para entender una posible “salida” al conflicto actual.

Otra cosa que han hecho estos movimientos sociales es poner en circulación palabras, ideas y símbolos que logran interpretar a individuos que se sienten identificados y solidarizan con las causas allí presentadas. Construyen una capacidad crítica y organizativa que es susceptible de ser movilizada en contextos de crisis. Es así como el movimiento estudiantil secundario en 2006, y universitario en 2011, pasó de ser un movimiento estudiantil a un movimiento social por la educación; el movimiento de allegados, damnificados por el terremoto del 2010 y deudores habitacionales pasó de ser un movimiento por la vivienda a un movimiento social por el derecho a la vivienda y a la ciudad; movimientos territoriales que buscaban impedir el robo de recursos naturales se transformaron en movimientos por la defensa del agua y los territorios; y movimientos de mujeres al interior de universidades se transformaron en movimientos feministas en espacios que desbordaron con creces el espacio universitario, entre muchos otros.

Ahora, si bien la capacidad de autoorganización entre trabajadores, grupos de mujeres, vecinas y vecinos, estudiantes, profesores, etc. ha venido en incremento durante los últimos 15 años, sería un error pensar que se trata de una condición generalizada que apela a la mayoría de la población, como lo han sostenido los propios movimientos sociales. Esto no significa, sin embargo, como han sugerido algunos analistas, que el estallido social sea la expresión de un estado de anomia; más bien es todo lo contrario; la calle y los espacios deliberativos asociadas a ella son hoy en día el espacio en que los individuos pueden construir una normatividad que los vincule nuevamente a una sociedad que los tenía reducidos a su rincón individual.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que no marchan, con los que no luchan, con algunos llaman la mayoría silenciosa? Una parte de ellos se opone explícitamente a la lucha por derechos sociales y vida digna de los movimientos sociales. Otra parte considera a la violencia como una forma legítima de lucha. Otra parte está recién descubriendo que no estaban solos en su malestar.  Hay que decir, sin embargo, que buena parte de ese grupo, de los “no convencidos” es también caldo de cultivo para el desarrollo de populismos, sobre todo en la medida en que se desancla la crítica a la elite política de la crítica sistémica.

El tipo de orientación que predomine dependerá en buena medida de la capacidad que tengan estos movimientos de acompañar la actual revuelta con la socialización de un discurso que no abandone el carácter sistémico de la crítica.

En una columna reciente, el profesor Altman ha sugerido, a propósito del debate en torno al proceso constituyente, que una “salida” racional al conflicto que el estallido social implica es la realización de una asamblea ciudadana en la que distintos miembros de la sociedad civil, elegidos aleatoriamente con cuotas por etnia y género, participen directamente en la elaboración de una nueva constitución. El profesor Altman desestima los cabildos autoconvocados y las asambleas territoriales como un mecanismo de cambio por considerarlos inefectivos y meramente testimoniales. Esta propuesta de democracia directa posee dos problemas.

En primer lugar, presupone una noción de ciudadanía que es precisamente a lo que las recientes movilizaciones se oponen: una ciudadanía y una democracia de individuos; como si esos individuos tuvieran en el actual contexto intereses abstractos, independientes de la sociedad de la que son parte.

En segundo lugar, abstrae lo único que hace posible hablar hoy en día de un cambio a la constitución: la impugnación radical al modelo de ciudadanía liberal a través de una lucha social. A la fecha el INDH ha interpuesto 168 querellas por tortura y 19 querellas por violencia sexual, y ha contabilizado 197 con heridas oculares. ¿Por qué en este contexto, un gobierno que además de violar los derechos humanos ha demostrado no tener voluntad política para escuchar las demandas sociales aceptaría que se realice una asamblea ciudadana de ese tipo? Aun suponiendo que las personas que forman el gobierno poseen voluntad política y “recursos cognitivos” no sería esperable que decidieran llevar a cabo una instancia como la propuesta ¿No se requeriría para que eso suceda precisamente una demanda y una fuerza social, colectiva, que presiones por dicha instancia en primer lugar?

Si se toma en cuenta tanto el desarrollo de las movilizaciones recientes en Chile como la crítica radical de la actual revuelta a toda la clase política, la asamblea constituyente es la única opción razonable no solo de comenzar a destrabar un conflicto, sino de darle una expresión política propiamente tal.

La asamblea constituyente puede ser un hito más de un proceso que viene desarrollándose hace 15 años, que implique el ejercicio de “otra” política, basada en una idea donde la sociedad es un bien y un espacio común, y no un club al que para ingresar se debe pagar membresía. La operacionalización del mecanismo a través de los cuales se elegiría a los participantes de dicha asamblea tendría que necesariamente considerar a las organizaciones que han movilizado demandas y discursos críticos en materia de educación, trabajo, vivienda, salud, pensiones, autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas; no se trata de peticiones sectoriales de grupos reducidos, sino de demandas que expresan y exigen un nuevo tipo de sociedad.

*Fuente: CiperChile