El articulo El Lobby feroz y Caperucita Rojas apareció primero en piensaChile.

Publicado orginalmente el 17 enero, 2024

Información entregada por medio de la Ley del Lobby y por una solicitud de transparencia evidencia que ejecutivos de los tres mayores y más poderosos grupos empresariales de Chile estuvieron en las cenas de Pablo Zalaquett, junto a ministros de Estado como Carolina Tohá y Maisa Rojas.

El registro en la plataforma de la Ley del Lobby de una tercera reunión, hasta ahora desconocida, que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo en la casa del lobista Pablo Zalaquett (UDI), completó la lista de encuentros de ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric con la santísima trinidad de los conglomerados empresariales. En efecto, luego de que se conociera dicha información quedó claro que los actuales secretarios de Estado no solo se reunieron con los gremios de las AFP, los bancos y las pesqueras, sino que en el domicilio del exalcalde Zalaquett compartieron la misma mesa con ejecutivos de la minera de los Luksic, de la generadora de los Matte y, aunque la ministra Carolina Tohá dijo que no fue lobby, de la distribuidora de combustible de los Angelini; es decir, de los tres más grandes y poderosos grupos empresariales de Chile.

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Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric instruyó a los seis ministros que hasta ahora se sabe que estuvieron en el departamento de Pablo Zalaquett en Lo Barnechea a “reevaluar” subir antecedentes a la plataforma de la Ley del Lobby. El Mandatario también los llamó a responder en el menor tiempo posible los oficios enviados por Contraloría a raíz de los polémicos encuentros en el domicilio del exjefe comunal de Santiago.

Los encuentros con ejecutivos de los grandes conglomerados empresariales del país se desvelan en momentos de una intensa actividad en materia de libre competencia. Recordemos que en septiembre de este año el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrió las puertas para dividir a los grandes grupos económicos, algo que algunos economistas y académicos vienen reclamando hace más de 50 años. Entre los grupos más afectados están precisamente los Luksic, Matte y Angelini.

Ante esto, los grupos económicos comienzan a blindarse y han fichado a expertos en libre competencia. Según consignó Diario Financiero, Angelini, Yarur, Luksic, Matte y el grupo Falabella están armando sus equipos legales de cara al proceso de recomendación normativa que lleva adelante el TDLC.

La tercera reunión de Maisa Rojas

Hasta ayer, solo dos reuniones de la ministra del Medio Ambiente en casa de Zalaquett eran conocidas y habían sido publicadas por otros ministros, señalando la participación de Rojas en las “divinas comidas”. Tales son los casos de la reunión del 29 de agosto, reportada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), en la que los secretarios de Estado se reunieron con los vicepresidentes de la CPC y la Sofofa, y la reunión del 11 de noviembre, inscrita por el ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), señalando un encuentro con los principales ejecutivos de las salmoneras.

No obstante, Maisa Rojas reportó una tercera reunión hasta ahora desconocida, según reveló Interferencia.

Por una hora y media, el 19 de octubre de 2023, en el domicilio de Pablo Zalaquett, la titular del Medio Ambiente se reunió con Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic; Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, generadora eléctrica del grupo Matte, y Ximena Corbo, directora de CMPC, la forestal de los Matte. También asistió Claudia Sánchez, de CMPC. Asimismo, estuvieron presentes Rodrigo Sarquis Said, presidente de Blumar y primo de Pablo Zalaquett Said, así como su socio Andrés Santa Cruz, ex presidente de la SNA y la CPC, a los que suman otros ejecutivos de empresas del área de la salmonicultura, la construcción y las asesorías, según el registro público de la reunión.

La lista de Tohá  

Por su parte, pese a afirmar que en sus reuniones no hubo lobby, la ministra del Interior, Carolina Tohá, publicó los nombres de los 19 empresarios que participaron en la reunión a la que asistió en la casa del exalcalde Zalaquett.

El listado fue requerido por el Consejo para la Transparencia, luego de semanas en donde distintos ministros del Presidente Gabriel Boric han dado que hablar por reunirse en casa de Zalaquett. Por tal motivo, el mismo mandatario los citó para reevaluar si dichas reuniones debían ser registradas por la Ley de Lobby y que debían responder con prontitud los requerimientos de Contraloría.

Según consignó el diario La Tercera, además de los nombres, Interior explicó que estos eran los que estaban invitados y “no implica necesariamente su asistencia“.

Fueron invitados al departamento de Pablo Zalaquett:

• Holger Paulmann, presidente de la aerolínea Sky.
• Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec (propiedad del grupo Angelini)
• Gregorio Ruiz-Esquide, gerente general de Metlife Chile.
• Agathe Porte, de la empresa BNP Paribas Cardif y Triciclos/Manuia.
• Luis Felipe Gazitua, de CMPC (propiedad del grupo Matte).
• Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital-Sura.
• Ximena Corbo, de CMPC (propiedad del grupo Matte).
• Renzo Corona, de Pwc Chile.
• Andrés Echeverría, de Frontal Trust.
• Mario Gazitua, de BCI Seguros.
• Gonzalo Sarquis, de Sinergia Inmobiliaria.
• Soraya Kasis, de Cial Alimentos.
• Manuel Araya, de Entel.
• Manola Sánchez de Banco BCI, CAP y Mall Plaza.
• Andrés Merino, de AFP ProVida.
• Manuel Sierra, de Clínica Indisa.
• Julio Fernández, de Banco Falabella.
• Karen Thal, de Icare.
• Hermán Ubire, de Ripley Corp.

Tohá había sido consultada esta jornada sobre los nombres, remarcando que “no los conozco personalmente, son personas que vi una vez en esa reunión. Había una lista que nos dieron a nosotros, pero no los conozco”, agregando que “había gente del retail, transporte, sector financiero, muchos sectores”.

“No hay ninguna razón para, como alguien dijo por ahí, que estábamos tratando de ocultar los nombres”, dijo en la jornada.

Hasta ahora, solo el titular de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto van Klaveren, es el único ministro de los seis oficiados por Contraloría y que recibieron el telefonazo del Presidente Boric que no ha registrado sus reuniones en casa de Zalaquett en la plataforma de la Ley del Lobby.

Revisa las reuniones publicadas hasta ahora.

Ahora resta que la Contraloría se pronuncie sobre las reuniones en el departamento de Pablo Zalaquett, una vez que los ministros hagan llegar sus informes con las explicaciones correspondientes. Ayer, en tanto, el fiscal nacional, Angel Valencia, indicó que de momento no han iniciado investigaciones penales al respecto, pero fue taxativo en asegurar que lo harán si llegan a detectar cualquier indicio de ilegalidad en las reuniones

*Fuente: El Mostrador

El articulo Luksic, Matte y Angelini: ministros de Boric se juntaron con la santísima trinidad empresarial apareció primero en piensaChile.

Nada que se desconozca; pero cada vez que sucede, no deja de resaltar el creciente nivel de descaro, ignorancia y mentira en los argumentos desplegados por los lobbystas.

El artículo Informe de grandes compañías describe dramático escenario por el proyecto de royalty que se vota hoy en la Cámara, de Ex Ante, firmado por Paula Comandari afirma, por ejemplo: «la iniciativa busca establecer un impuesto adicional y progresivo a la actividad entre un 3% y un 75% sobre las ventas».

La explicación a ese asombroso impuesto tan dúctil y volátil radica en que la periodista intentó conciliar el impuesto del 3% ad valorem, es decir, sobre las ventas, estatuido en el proyecto, y el 80% de carga tributaria para la gran minería del cobre, en caso de que se apruebe el royalty, establecido en la pauta comunicacional del gobierno, aquella que repiten todos sus representantes, cada vez que enfrentar alguna cámara o micrófono o rueda de prensa; idéntico argumento que machacan por su lado, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero, los gremios empresariales, sus panegiristas a sueldo y los medios de comunicación.

En cambio, se cuidan de explicar el prodigio matemático, en virtud de que un impuesto de 3% sobre las ventas, es capaz de elevar la carga tributaria de la gran minería privada del actual 40,3% nominal al 80%. No lo hacen porque no es  verdad, lo cual los tiene sin cuidado. Solo les interesa que suene tremolante y amenazador.

Según el mismo artículo, con fuente en ese supuesto informe, «diez compañías, que representan entre el 20% y el 22% de la producción del cobre en Chile, se verán obligadas a enfrentar entre dos y tres años de números rojos».

Agrega que el nuevo impuesto agrava la situación de las mineras que ya experimentaban altos costos de producción:

“El nuevo gravamen duplica esos costos, e incrementa las pérdidas de algunas firmas que estaban en azul, al límite de caer bajo la línea de flotación”.

Pero eso no es todo. Según el informe, el royalty afectará entre un 20% y un 25% de la producción de cobre; 1.300 empresas proveedoras disminuirán sus utilidades en promedio, entre 35% y 40%, lo que significa «ajustar los precios a proveedores, bajar remuneraciones, y una pérdida de empleo cercano al 20%», lo que pone en riesgo unas 35 mil fuentes laborales directas y cerca de 124 mil puestos de trabajo, de un total de 600 mil trabajadores directos e indirectos.

En suma, apocalipsis, aquí y ahora.

Mienten con descaro, en el momento en el que el precio del cobre alcanza niveles históricos, y sus ganancias se elevan como espuma. No quieren soltar la teta ni aún en la mayor emergencia que haya enfrentado el país, a lo largo y ancho de su historia.

Naturalmente, el informe citado por Ex Ante no menciona ni fuentes ni metodologías para llegar a esas descabelladas conclusiones; las cuales no presentan ilación lógica alguna.

Por reducción al absurdo, si un modesto impuesto de 3% de las ventas, genera ese efecto dominó sobre la industria, significa que la gran minería del cobre es un pésimo negocio; lo que está muy lejos de suceder, como se verá.

¡Se viene el lobby!

De acuerdo a la pauta comunicacional, el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, leyó su parte del libreto, sin aportar antecedentes sobre el origen de la información:

«Al precio que tiene hoy el cobre, la carga tributaria total de la minería en Chile es alrededor de 40,3%…Podemos discutir la tributación de la minería, desde luego que sí. ¿Tiene que ser 80%, como propone este proyecto de ley? – cálculo que, entre paréntesis, tuvimos que hacer nosotros- desde luego que no»

En primer lugar, la carga tributaria no tiene nada que ver con el precio del cobre. Segundo, no transparentó el cálculo, ni lo hará, dado que se trata del principal silogismo de la campaña del terror.

Enseguida, fue el turno de Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, el gremio de las transnacionales:

«No tiene mucho sentido, ningún sector productivo de Chile tendría una carga tributaria sobre el 70-75% hasta un 82%, ningún sector minero en el mundo tiene una carga tributaria de esta naturaleza, no tiene mucho sentido y, por tanto,  esperamos que en el Senado exista una discusión más profunda».

Tampoco dio pista de dónde proviene la cifra. No importa; sabe que repetida mil veces, se convertirá en verdad; lo cual no lo hace cierto, como también se verá.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, tampoco se contuvo en sus espeluznantes  profecías:

“El proyecto va a tener como efecto inmediato la paralización de las inversiones en Chile y de los proyectos de exploración. Las minas y las empresas están cubiertas con acuerdos de invariabilidad tributaria. Si este royalty se aprueba ahora, les va a ser aplicado a partir del 2024. Entonces en estos dos años, las empresas van a tener que ver si cambia o se mantiene esto. Si cambia, las empresas de costo más alto van a tener que cerrar, lo que se traduce en una consecuencia muy grave. Si tú, cuando el precio está a USD2,21, cobras impuestos como lo haría este proyecto, las empresas tendrían que salir a endeudarse para pagar los impuestos. O finalmente habría proyectos que no se harían”.

En el laberinto del lobby del terror, no podía faltar el inasible, inefable e impermeable Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica; en rigor, unidad de negocios para sacarle tajada al cobre; antiguo consueta y paniaguado de las transnacionales mineras, desde que CESCO se dio vuelta la chaqueta, a principios de los 90:

“La Comisión Chilena del Cobre hizo un cálculo de cuánto significaba este royalty en términos reales de tributación efectiva, y representa más de un 80%. Por tanto, cuando usted cobra un 82% de las utilidades a cualquier empresa, obviamente esa empresa no puede funcionar”.

Lagos miente con desenfado. Al buscarlo, tanto en la página de COCHILCO, como a través de los filtros  «Comisión Chilena del Cobre», «royalty» y «tributación efectiva», el dichoso cálculo brilla por su ausencia.

Salvo que se confundan peras con manzanas y se acepte que el proyecto elevaría al doble la tasa impositiva nominal a utilidades, lo cual es muy distinto; en rigor, la madre del cordero. De eso, infiere que el royalty es un impuesto expropiatorio:

“Si llega a pasar una ley como esta, dudo que pueda pasar un filtro de gente racional, es que va a cerrar una parte muy importante de la minería chilena de aquí a 3, 4 o 5 años más“.

Lagos viene propalando este tipo de sandeces conspirativas, infundadas y venenosas desde hace años
-seguro que no de gratis- lo cual genera un efecto vacuna, pero una afirmación de ese calibre, pasa de la raya, y oscila entre la desvergüenza o la idiotez.

Gente al camino

Se lo representó con acritud Gino Sturla, ingeniero civil hidráulico, magíster en derecho ambiental , doctor en economía, investigador asociado de la Universidad de Chile y profesor de economía de recursos naturales de la Universidad Austral:

“Es una irresponsabilidad enorme que un académico de la PUC, Gustavo Lagos, diga, sin sustento alguno, que si se aprueba el Royalty se acabará en 4-5 años la minería en Chile. La PUC es una universidad seria, me pregunto ¿respalda esta forma de actuar de sus académicos?”.

Agregó:

“No se cansan de mentir con el famoso 80%; esto es una defensa descarada del regalo del cobre y demás minerales a la gran minería privada, liderada por Gustavo Lagos desde la PUC. Chile, un país donde sembrar terror  desde una plataforma académica es, para algunos/as, «libertad de cátedra» ¡Súper!. El gran problema de Chile ha sido creerle a estas «eminencias» que ante cada avance en política pública recurren a pronósticos terroríficos, sin sustento alguno!

Y remachó:

“Dado el «despelote», invito a Gustavo Lagos a que nos aclare dos cosas: 1. En qué se fundamenta su afirmación «si se aprueba el Royalty en 4-5 años no habrá minería»; 2. ¿hay o no potencial conflicto de interés en sus declaraciones?. Solo pido seriedad y transparencia”.

También se le atravesó en el camino Ramón López, doctor en economia, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, investigador en políticas públicas e investigador senior del Instituto de Economía Política y Social, IEPS:

“Por lo menos, los profetas del apocalipsis podrían tener la decencia de «predecir» el fin de la gran minería privada, no de toda la minería en Chile. ¿Por qué se van a acabar las mineras medianas y Codelco, si no serán afectadas por el royalty? Hasta en eso mienten con descaro”.

Agregó:

“No lloren por las mineras del royalty porque 1.- esas empresas casi no pagan el 35% de impuesto por dividendos;  pagan solo 4% al disfrazarlos como pago de «deuda» (a ellos mismos); 2.- exportaciones sub-declaradas ya que ellos mismos hacen los estudios del material exportado; 3.- depreciación acelerada, amortizaciones de organización y puesta en marcha, devolución IVA exportador y del petróleo, etc.; 4.- se les permite usar precios subvaluados y costos inflados. Todo esto les permite reducir los impuestos artificialmente. Tienen un colchón gigante”.

Se hizo cargo del efecto del royalty, pero desde otro punto de vista:

“Ok, creamos las predicciones terribles sobre la caída enorme de la inversión privada; ¿qué pasa? 1.- sube el precio del cobre, también enormemente; 2.- Codelco adquiere enorme ventaja porque le dejarían el espacio de inversión; 3.- Codelco va a contar con recursos fiscales para invertir ya que el fisco va a recaudar mucho mas; 4.- la estatal aumenta su inversión y así reemplaza las reducciones de la inversión privada. Una forma de renacionalizar gradualmente la minería. ¡Me gusta!”.

López y Sturla saben de lo que hablan. Junto a Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, son autores del estudio La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: Nuevas estimaciones, 2005-2014 el cual, a diferencia del fantasmagórico argumento del aumento hasta el 80% de la carga tributaria invocado por el lobby minero, demuestra con datos duros y verificables, a) que las transnacionales del cobre obtuvieron una sobre ganancia, que denominan «renta graciosa», de USD114.000 millones en el período de referencia; b) que esas rentas son neutras en relación a las decisiones de inversión y producción, es decir, si hubiesen pagado al fisco el monto calculado, su inversión y producción totales no habrían cambiado, pero el país habría podido disponer de esos cuantiosos recursos, y c) que en ausencia de otra distorsión, esas empresas igualmente habrían tenido rentabilidades equivalentes a las que hubiesen logrado en una economía de competencia perfecta.

Los siguientes gráficos muestran la recaudación tributaria del fisco proveniente de las diez grandes mineras privadas, GMP-10, con fuente en DIPRES 2015, cuyo monto total en el período de 2005 a 2014 suma USD41.600 millones, y la renta graciosa apropiada por la GMP-10, por USD114 mil millones, en igual período.

Los autores concluyen que si a la renta compensada de la GMP-10 se le sustraen los impuestos pagados, se obtiene la renta graciosa apropiada por ellas, es decir, «USD114.000 millones de dólares en el período, o USD 11.400 millones de dólares anuales, en promedio, lo que equivale al 5,1% del PIB y al 23,3% del gasto público durante el período».

Nadie, en la industria, la academia, el lobby o el sistema mediático, ha refutado esas cifras. En cambio, es fácil demostrar la falsedad de los argumentos de la campaña del terror.

La distorsión del empleo en la minería

Basta acudir a la fuente oficial del Estado en la materia, la Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, y en particular a su último anuario disponible, 2000-2019.

Para dimensionar la magnitud de los recursos que salen del país, en virtud de la concurrencia de una legislación deliberadamente ambigua, y la laxitud reguladora del Estado, la sobre ganancia de USD11.400 millones establecida en el estudio citado, entre 2005 y 2014, supera la inversión combinada pública y privada en el cobre entre 2010-2019, de USD10.079,8 millones; USD5.933,6 millones de origen privado (58,8%) y USD4.146,2 millones, de inversión pública (41,1%).

El supuesto informe de las diez principales compañías del cobre, citado por Ex Ante, perpetra un galimatías incomprensible acerca de la pérdida de puestos de trabajo, en torno al 20%, cerca de 124 mil puestos de trabajo, 35 mil de ellos directos, de un total de 600 mil trabajadores directos e indirectos, se supone que en la minería.

La realidad, de acuerdo al anuario de COCHILCO, es más prosaica: en 2019, la ocupación en la minería alcanzó a 248.803 trabajadores/as, equivalente al 2,91% de la fuerza de trabajo ocupada del país; de los cuales 27% correspondió a trabajadores con contrato indefinido, y 73% a trabajadores suministrados por empresas contratistas.

Cabe señalar que hasta 2015, en el primer gobierno de Piñera, la estadística de COCHILCO segmentaba el empleo en la minería del cobre según tamaño, entre gran, mediana y pequeña minería. Cuando una estadística oficial, en vez de ampliar la data, la reduce, significa que algo pretende ocultar.

Dado que la dotación  de trabajadores de CODELCO en 2019 alcanzó a 16.726; que la mediana minería ocupó a 20.336 trabajadores ese año (1), y que mientras COCHILCO llevó estadística segmentada por sectores según tamaño, la ocupación de la mediana minería era en todos los años, muy similar a la pequeña minería, se tiene que la gran minería privada del cobre emplea aproximadamente a 190 mil trabajadores, en sus dos terceras partes, tercerizados, equivalentes al 77% de la ocupación del cobre y al 2% de la fuerza de trabajo del país.

Por consiguiente, la pérdida de 124 mil puestos de trabajo, 35 mil de ellos directos, que según  el fantasmal informe de las mineras, ocasionaría un módico impuesto del 3% de las ventas, menor que en cualquiera de sus países de origen, equivaldría al 65,2% en el primer caso, y al 19,2%, en el segundo.

Absurdo e insostenible. Explicable, sin embargo, si se considera que el director de Ex Ante, periódico electrónico domiciliado en el edificio corporativo de Quiñenco, matriz del grupo Luksic, es Cristián Bofill, reconocido  exponente del periodismo de la sospecha.

El problema principal radica en el hecho de que el sector que participó del 9% del PIB, en 2019, y produjo el 72,5% del cobre que se vendió ese año, ofreció el 2% del empleo. Esa falla de mercado; esa distorsión de la actividad económica, es insostenible, incluso en el corto plazo.

El royalty tiende a corregirla; sin perjuicio del objetivo estratégico de renacionalizar el cobre y los recursos estratégicos, incluyendo los recursos naturales no renovables, en alta prelación.

Secreto de Estado

La tributación de las empresas del grupo GMP-10 está rodeado de una serie de anillos de seguridad, como si de secreto de Estado se tratara.

En ese reglón, el anuario de COCHILCO es extremadamente escueto y frugal;  aunque por lo mismo, no deja de ser revelador.

Establece que en 2019, las empresas GMP-10 pagaron USD2.703,8 millones en impuestos generales, y USD217 millones por impuestos específico a la minería. CODELCO y ENAMI entregaron excedentes por USD 1.004,3 millones.

El detalle radica que CODELCO produjo 1,7 millones de toneladas, el 29,4% de la producción de ese año, y el GMP-10, 4,12 millones de toneladas, el 72,5% de la misma. Por las razones que fueren, y no viene al caso detallar, 2019 no es representativo de la distribución de la carga tributaria de la minería, como lo es la ampliación de la perspectiva a la última década.

Ahí se tiene que las empresas del GMP-10, con dos tercios de la producción tributaron USD27.505,5 millones, el 49,9% de la tributación, mientras que CODELCO, con un tercio de la producción, aportó USD27.554 millones, el 50,04% de ella.

Esa diferencia es la que se han apropiado en forma de renta, después de pasar por el aquiescente, displicente, poroso y permisivo sistema tributario chileno; siempre que se trate del sector del gran capital.

No tiene otra explicación el hecho de que con la tercera parte de la producción; con minerales antiguos, de menor ley, y los consiguientes mayores costos; con crónica precariedad de inversión, y gravada con el impuesto a la estupidez, es decir, la ley reservada del cobre, CODELCO aporte más de la mitad de la renta minera que queda en el país. Otra distorsión del modelo neoliberal de la cual es preciso librarse, para emprender el camino al desarrollo, y cuanto antes mejor, como lo pide la actual crisis multisistémica.

El secreto de la tributación del GMP-10 es el motivo real de preocupación del  lobby minero.

Los impuestos, establecidos en el código tributario chileno, son tres: i) impuesto de primera categoría, que grava las utilidades tributables de las empresas; ii) impuesto adicional, que grava las ganancias de fuente chilena obtenidas por personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, y iii) impuesto específco a la minería (IEM), que grava las utilidades de la actividad minera obtenidas por un explotador minero.

La base de datos del Servicio de Impuestos Internos, da cuenta de la tributación del sector minero respecto del Impuesto Específico a la Actividad Minera, los Pagos Provisionales Mensuales (anticipos a cuenta del Impuesto a la Renta de Primera Categoría), la devolución de IVA exportador, y las Patentes Mineras.

Por contraste, no es posible acceder a los datos de los impuestos recaudados por concepto de IVA; Impuesto a la Renta correspondiente al Impuesto de Primera Categoría; Impuesto Único, artículos 21° y 23º Ley de Impuesto a la Renta.

En un segundo anillo de seguridad, se yergue la norma general sobre reserva de la información tributaria, establecida en el Código Tributario, que impide conocer los impuestos pagados específicamente por un contribuyente o empresa.

El tercer anillo de seguridad es la ingeniería financiera para explotar las profusas oportunidades de elusión que les abre la legislación tributaria chilena,  refinadas por la contra-reforma de Piñera, de 20230.

El cuarto anillo de seguridad es el control de los medios de comunicación masivos, desde los cuales no es posible el periodismo de investigación.

El quinto anillo de seguridad es la creencia compartida, de las empresas del GMP-10 y la autoridad reguladora, de que el único modelo de desarrollo es el crecimiento, y por consiguiente, puentes de plata a la inversión.

Para las empresas GMP-10, Chile es un paraíso que no van a abandonar por un modesto impuesto al 3% de las ventas, ni incluso si se empinara al 13%, según indicación del diputado Daniel Núñez.

De manera nominal, incluso certificada por Impuestos Internos, esas empresas pagan el 35% del impuesto de Primera Categoría, y el impuesto específico a la minería, mal llamado royalty.

Pero en virtud de diversos artilugios y engranajes que transcurren en segundo plano, y que se alinean u ordenan como convenga, pagan en términos reales el 4%, al encubrirlos con créditos relacionadas; precios de transferencia, exportaciones sub-declaradas; depreciación acelerada; amortizaciones de organización y puesta en marcha; devolución IVA exportador y del petróleo; precios subvaluados y costos inflados; entre otras herramientas del arsenal, ante la estolidez y estulticia, si es que no complicidad, de la autoridad reguladora.

El resultado neto es la antítesis, no ya de la soberanía, sino de la eficiencia económica: la minería privada produce dos veces más que CODELCO y paga la mitad de sus impuestos.

El pánico del lobby minero no radica en el 3% del actual proyecto, ni el 13%, de la indicación del diputado Núñez, sino en el concepto ad-valorem.

El impuesto ad valorem es una imposición en forma de porcentaje sobre el valor de transacción del bien, o sea, las ventas. Para poder determinarlo, es necesario cotejarlo con el balance del movimiento real de la producción de renta, de manera que el secreto tributario se derrumba, pierde razón de ser y cae por su peso.

Sin secreto tributario, las empresas del GMP-10 tendrán que pagar el impuesto que corresponda, para salvaguardar el derecho de propiedad de todos los chilenos.

Si no les gusta, cierren por fuera; y váyanse con la certeza de que no serán bien recordadas.

Notas:

(1) Sociedad Nacional de Minería; Informe de Seguridad y Empleo 2019, pág. 2;

(2) Cavada Herrera , Juan Pablo; Recaudación tributaria de la minería; Asesoría Técnica Parlamentaria; Biblioteca del Congreso Nacional.  .

Fuente: Red Digital

Royalty Minero: La Ronda del Lobby Feroz

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Autores: Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda

La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la elite. El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que afinará los detalles de ese pacto. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que atizó las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nexos entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la comisión? CIPER rastreó esos vínculos. Lobistas y asesores de grandes empresas -incluyendo el rubro de los tragamonedas-, ex funcionarios de gobierno y un ex diputado investigado por financiamiento político ilegal, integran la comisión que pretende rayar la cancha del debate constitucional.

Desigualdad. Esa la palabra que se repite para ilustrar los abusos que denuncian miles de chilenos que han participado en las recientes manifestaciones. Ese reclamo generalizado contra el sistema político y económico –reflejado en la concentración de 1,2 millón de ciudadanos el pasado 25 de octubre–, desencadenó un proceso para crear una nueva Constitución que no estaba en los cálculos de quienes ostentan el poder público y privado. Ahora, esa elite considera que la redacción de una nueva Carta Fundamental es clave para aplacar el estallido social. De allí la urgencia con que los parlamentarios oficialistas y gran parte de los opositores sellaron un acuerdo para dar curso al debate constitucional. Una ruta cuya primera estación fue la creación de una Comisión Técnica –integrada por 14 especialistas– encargada de afinar el pacto y crear el proyecto de ley para iniciar el proceso constituyente.

Uno de los blancos más criticados en las protestas ciudadanas son las grandes empresas: retail, bancos, AFP, Isapres, cadenas de farmacias, agroindustria y minería, entre otros rubros. También han sido fuertes los cuestionamientos a los partidos políticos, a los que se acusa de ocupar el aparato estatal para satisfacer sus propios intereses y los de sus financistas. ¿Cuáles son los nexos que hay entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la Comisión Técnica que debe rayar la cancha para el debate constitucional? CIPER rastreó esos vínculos.

De los 14 integrantes, el que más ha trabajado en representación de intereses privados es Arturo Fermandois: ha ejercido como lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de Centros Comerciales. También ha asesorado a Laureate, grupo propietario de universidades privadas que ha sido investigado en Chile por lucrar con sus centros de estudios superiores. Además, en enero de este año representó a los dueños de tragamonedas (agrupados en la FIDEN), ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Otro miembro de la comisión que dejó huella en la plataforma Info Lobby es Gastón Gómez, quien ha representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.

En la nómina también figura el ex diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuyos vínculos con el financiamiento ilegal de la política fueron investigados por el Ministerio Público. Silva, cuando era diputado, participó en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las isapres, a pesar de que tenía acciones en Banmédica. Hoy ocupa cargos directivos en la Universidad del Desarrollo.

En la vereda de la oposición, algunos de sus representantes en la comisión técnica han ocupado cargos públicos bajo los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Es el caso de Pamela Figueroa, Emilio Oñate y Gabriel Osorio. Este último mantiene un nexo indirecto con el mundo de los intereses privados, pues su cónyuge es socia de una empresa de asesoría comunicacional que tiene entre sus clientes a los jesuitas, la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa y la consultora Atisba, además de entidades públicas, como la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia.

La comisión fue “cuoteada” por los partidos políticos que suscribieron el pacto. Siete integrantes representan a las colectividades oficialistas (UDI, RN y Evópoli) y siete a las opositoras (DC, PPD, PS, PR, RD, PL y Comunes). Un aspecto que no ha pasado inadvertido para los críticos del acuerdo, quienes cuestionan que el proceso constituyente forjado en el Congreso Nacional reproduce los “vicios” de actores políticos deslegitimados ante la opinión pública, sin representar a las organizaciones sociales y a los ciudadanos independientes que han impulsado la demanda de una nueva Carta Fundamental.

La comisión quedó integrada por Gastón Gómez (en representación de RN), David Huina (RN), Sebastián Soto (independiente-Chile Vamos), Ernesto Silva (UDI), Arturo Fermandois (UDI), Isabel Aninat (Evópoli), José Francisco García (Evópoli), Cristina Escudero (DC), Pamela Figueroa (PPD), Emilio Oñate (PR), Gabriel Osorio (PS), Alejandra Zúñiga (PL), Sebastián Aylwin (Comunes) y Claudia Heiss (RD).

FERMANDOIS EN LOS REGISTROS DEL LOBBY

A través de su estudio de abogados Fermandois & Cía, el abogado Arturo Fermandois Vöhringer ha trabajado con numerosas empresas a las que ha prestado asesorías. Por ese motivo es que aparece 28 veces en los registros de la Ley del lobby reuniéndose con autoridades políticas en representación de los intereses de las empresas que lo contratan.

Desde que volvió de Estados Unidos en 2012, luego de haber sido por más de dos años el embajador de Chile en ese país, se ha dedicado a las asesorías al mundo privado y también a su rol como asesor senior en Albright Stonebridge Group, una de las empresas de lobby más poderosas de Estados Unidos.

La página web de esa compañía señala que Fermandois “asesora clientes en toda América Latina” y que “trabaja con clientes en desafíos y oportunidades relacionados con el negocio para ayudarlos con la entrada al mercado, el posicionamiento corporativo y la estrategia”. La web de Albright Stonebridge Group no transparenta los intereses que ha representado Fermandois en el continente. Pero su trabajo como representante de empresas en Chile sí ha dejado huella en los registros de Info Lobby, la plataforma del Consejo Para la Transparencia que publica las reuniones de lobistas y gestores de intereses con autoridades.

El rastreo de CIPER en esa base de datos arrojó que Arturo Fermandois ha asistido a 28 citas con autoridades representando intereses empresariales (vea aquí el detalle). A 13 de esas reuniones fue en nombre de Cencosud, el retailer de Horst Paulmann.  A otras seis asistió para ejercer lobby en favor de la Constructora Riviera, ligada a la familia Amenábar, que buscaba instalar un hotel en las dunas de Ritoque. También registra reuniones en nombre de la Asociación de Bancos, de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, de la Empresa Recicladora Ambiental (RAM), de Generadora Metropolitana y de empresas mexicanas y estadounidenses.

No todas sus asesorías empresariales aparecen en los registros del lobby. CIPER pudo confirmar que ha trabajado para Laureate, el mayor holding de universidades con fines de lucro en el mundo y que en Chile es dueño de las universidades Andrés Bello, De Las Américas, De Viña del Mar y del instituto profesional AIEP, entre otros. Laureate ha sido cuestionado y sancionado en Chile por extraer recursos desde sus universidades, algo que está prohibido en la legislación (vea reportaje de CIPER “La cocina de Laureate: graves infracciones por lucro y millonarios pagos a dirigentes políticos”).

En abril de 2018, cuando CIPER reveló una investigación del Ministerio de Educación que corroboró que las universidades de Laureate lucraban, en el Tribunal Constitucional (TC) se debatía uno de los corazones de la reforma educacional de Michelle Bachelet: la prohibición de que las universidades privadas fueran gobernadas por sociedades con fines de lucro. Ese acápite de la reforma fue objetado por la Corporación de Universidades Privadas, instancia gremial donde Laureate llevaba la batuta a través de Pilar Armanet, ex militante PPD que entonces era rectora de la Universidad de Las Américas. Fermandois asesoró a la corporación en su presentación ante el TC. Finalmente, el tribunal le dio la razón y Laureate pudo seguir administrando sus universidades a través de sociedades comerciales.

Según señaló Fermandois a CIPER, hizo esa asesoría a Laureate a título personal y no a través de Albright Stonebridge Group, que entonces tenía a ese holding educacional como uno de sus clientes. Durante la tramitación de la ley que reformó el sistema de educación superior, Fermandois participó de la Comisión de Educación del Senado como experto constitucional, instancia en la que no transparentó su rol de asesor de las universidades privadas. Tampoco lo hizo cuando el 28 de marzo de 2018 concedió una entrevista a La Tercera, donde defendió el fallo del Tribunal Constitucional:

“El TC cumple su rol, que no es congraciarse con el Congreso ni aprobar todos los artículos de las leyes que llegan para su revisión. El tribunal debe, con independencia y con fundamentos, servir a la Constitución y analizar con objetividad si tal o cual precepto la infringe. Los expertos que estuvimos en la Comisión de Educación del Senado advertimos que este y algunos otros preceptos tenían problemas de constitucionalidad”, señaló en la entrevista.

CIPER se comunicó con Arturo Fermandois: “La relación con Laureate fue a través de consultas que me hicieron desde las universidades respecto de la constitucionalidad o no de algunos aspectos de la ley, o de algunas decisiones que se estaban tomando. En ningún caso llamé o hice alguna gestión ante los ministros del Tribunal Constitucional. Tampoco lo hice ante autoridades políticas”.

El abogado constitucionalista asegura que sí transparentó su relación con la Corporación de Universidades Privadas. Para comprobarlo envió a CIPER una columna de opinión sobre este mismo tema que publicó en El Mercurio (“Una guinda inconstitucional”) el mismo día de la entrevista que publicó La Tercera (28 de marzo de 2018), donde se incluyó una nota de la redacción que aclaraba que el abogado “asesoró en la presentación de la Corporación de Universidades Privadas al Tribunal Constitucional en este caso”.

Señaló, además, que él no es lobista y que si aparece en los registros de lobby es porque la ley no contempla un apartado para consignar la participación de abogados. Dice que solo se dedica a defender legalmente las posturas de las empresas que lo contratan. Se mostró especialmente interesado en que se conociera el trabajo que ha realizado ad honorem para el Estado, como cuando en 2014 participó representando a Chile en una comisión de Unasur que estudió la situación en Paraguay luego de que el presidente Fernando Lugo saliera de su cargo.

Aunque el abogado cree que no hay un conflicto de interés entre su rol como asesor de empresas y su pertenencia al comité técnico que finiquita los detalles del proceso constituyente, señala que “si surgiera algún tema en el que yo tenga un conflicto de interés, me voy a inhabilitar, como corresponde. Pero ahora estamos discutiendo textos sobre la convocatoria al plebiscito, los plazos, la calificación, etc. No veo que haya una incompatibilidad, pero si en algún minuto se desata algún conflicto de interés voy a ser el primero en abandonar la sala y la comisión”.

En enero de este año, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, discutió un proyecto de ley que puede poner fin a la actividad de los tragamonedas que operan en barrios. Ante la comisión se presentó Fermandois para defender los intereses de la FIDEN, entidad que agrupa los dueños del negocio de los tragamonedas, cuestionando la constitucionalidad del proyecto en debate (vea el reportaje de CIPER “Los negocios y redes políticas en Chile del ‘Rey de los tragamonedas’ peruano”).

LAS SOCIEDADES Y EL LOBBY DE GÓMEZ

Gastón Gómez Bernales (ex militante RN) es profesor de Derecho Constitucional de las universidades de Chile y Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Televisión desde 2011 y del directorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde hace nueve años. En paralelo a su trabajo en el mundo público ha constituido empresas inmobiliarias y ha ejercido como lobista de algunos proyectos del retail y de las AFP.

Fue recientemente fichado por el gobierno para derribar en el Tribunal Constitucional el proyecto de la jornada laboral de 40 horas. Ya alegó ante el TC en 2016, cuando lideró los reparos de Chile Vamos a la Reforma Laboral.

Desde 2016, Gómez aparece en siete audiencias en los registros del lobby: seis como gestor de intereses y una en calidad de lobista. Esta última ocurrió el 11 de septiembre de este año, cuando se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para abordar un proyecto del Grupo Patio, controlado por la familia Jalaff: ampliar el centro comercial La Fábrica, en la comuna de San Joaquín, al que quieren agregar un edificio médico, oficinas, un hotel y 1.155 estacionamientos. El impacto del proyecto continúa bajo evaluación ambiental.

Su última audiencia como gestor, en tanto, la realizó el 4 de octubre pasado. A esa cita se presentó para discutir los intereses de uno de los sectores más cuestionados por la ciudadanía: las AFP. En la ocasión se reunió con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para abordar una Presentación al Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en el registro oficial de Info Lobby. Lo acompañó el gerente general de la Asociación de AFP, Felipe Larraín Aninat, con quien además tiene una relación de parentesco (es sobrino de su esposa, Magdalena Aninat).

En la restantes cuatro audiencias figura representando a la Asociación de Armadores de Chile, a la Compañía Sudamericana de Vapores Austral, a la sociedad Loteo Agrícola, a GPG Abogados (estudio de su propiedad) y representándose a sí mismo ante la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas por “un dictamen de Contraloría”.

Forma parte del estudio Gómez, Pallavicini & García desde 2017 –anteriormente trabajó en Eluchans & Cía. Abogados durante 17 años-, donde comparte con José Francisco García García, otro de los convocados a la mesa técnica constitucional.

Según los registros del Diario Oficial, Gómez ha constituido o participado en un total de ocho sociedades, entre las que destacan dos de giro inmobiliario (Inmobiliaria Doce e Inmobiliaria Seis) y dos de inversiones: Inversiones y Asesorías Legales El Canelo (formada en 2000 junto a su esposa) y Asesorías e Inversiones La Capellanía.

CIPER intentó comunicarse con Gastón Gómez en reiteradas ocasiones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

EL REGRESO DE SILVA

Uno de los elegidos por la UDI para representar sus intereses es Ernesto Silva, ex diputado por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (2010-2018) y presidente de la colectividad entre mayo de 2014 y marzo de 2015. Silva se vio obligado a dejar el timón de la UDI cuando el Ministerio Público investigó su relación con el financiamiento político ilegal proporcionado por el Grupo Penta a candidatos de su partido (vea los reportajes de CIPER “Jovino Novoa reconoce que recibió $30 millones de Penta y que usó boletas falsas” y “Diputado Silva promovió indicaciones a favor de Penta en la tramitación de la Ley de Isapres”)

En enero de 2015, CIPER reveló que el Ministerio Público investigaba a Silva por su nexo con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, sindicado como uno de los políticos más comprometidos en el caso Penta –acusado de cohecho– y con quien compartía la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada (vea reportajes de CIPER “Querella del SII contra ex subsecretario Wagner incluye sociedad de presidente de la UDI” y “Los otros pagos que recibió Wagner cuando era subsecretario de Minería”).

Adicionalmente, en plena discusión por la reforma a la Ley de Isapres (2013) Silva recibió un correo de Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta. Ese holding tenía el control de Banmédica y a Lavín le inquietaba un proyecto de ley que afectaba el negocio. En el e-mail el empresario le manifestó su preocupación por la “modificación de precios del Plan Garantizado de Salud” que promovía la DC: “Si entendí bien, esto sería de máxima gravedad”, le escribió Lavín. En aquella fecha, Silva tenía acciones en Banmédica a su nombre y a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Sydarta, pero no se inhabilitó de la discusión cuando el proyecto fue revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde intervino en sintonía con la postura de los dueños de Banmédica.

Silva es abogado de la Universidad Católica con máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018, después de la tormenta del financiamiento político ilegal, se alejó de la política y partió a Stanford (Estados Unidos) para adentrarse en el mundo de la academia. Actualmente trabaja en la Universidad del Desarrollo como vicerrector de Postgrado, Educación Continua y Extensión, además de ser prorrector. Esta casa de estudio fue fundada en 1990 por su padre, Ernesto Silva Bafalluy, junto a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés y Alfredo Valdés (vea el reportaje “Las huellas del Grupo Penta en el negocio de la Universidad del Desarrollo”)

CIPER contactó a Ernesto Silva para consultarle por sus vínculos con empresas y entidades públicas y privadas. En su respuesta, el ex diputado indicó que actualmente es «director de la corredora de bolsa de productos Contempora» y «director del Observatorio del Gasto Fiscal». Según señaló, ninguno de estos cargos es remunerado.

LAZOS FAMILIARES

Hay otro grupo de comisionados que no tienen vínculos, al menos en registros públicos, con grandes empresas, pero que han ocupado puestos de responsabilidad política o cuyos familiares directos desempeñan cargos en el aparato estatal o bien mantienen nexos con el mundo privado. Es lo que sucede con el abogado Gabriel Osorio, quien integra la comisión técnica en el cupo del PS.

Abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Osorio está casado con Ximena Jara, quien fuera jefa de contenidos de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet. Luego de salir del gobierno, Ximena Jara formó la empresa Factor Crítico, junto a otros ex ocupantes de La Moneda, como Marcela Goic (hermana de la senadora DC) y Enzo Abbagliati.

Factor Crítico se dedica a la asesoría comunicacional y política y tiene entre sus clientes a los jesuitas (Universidad Alberto Hurtado y Vocaciones Jesuitas Chile), la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa, Atisba (consultora de urbanismo, propiedad de Iván Poduje), la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia, entre otros.

Gabriel Osorio fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet e integró el estudio de abogados de Francisco Zúñiga y Jaime Campos (ex ministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría). Zúñiga asesoró a la empresa Morpho (ligada a licitaciones investigadas por irregularidades en el Registro Civil) y a la gremial de los laboratorios farmacéuticos. Osorio aseguró a CIPER que dejó ese estudio hace seis años y que no participó en esas asesorías. Agregó que actualmente formó su propio bufete, junto a su hermano, y que es abogado del PS en varias causas judiciales. También confirmó que asesora al senador Alejandro Guillier (los registros de la Cámara Alta indican que recibe $1,9 millón mensual) y que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Andrés Bello (controlada por Laureate).

La abogada María Isabel Aninat ocupa un puesto en el comité técnico en un cupo de Evópoli. Titulada en la Universidad Católica, posee un máster en Derecho de la Universidad de Columbia. Su trabajo, principalmente, se ha centrado en la investigación académica en materia de derechos humanos y pueblos originarios. No obstante, también ha tenido vínculos con las altas esferas políticas: la actual investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) trabajó entre 2010 y 2012 como asesora del Presidente Sebastián Piñera.

Respecto de su paso por el mundo privado, el registro del Diario Oficial solo consigna una sociedad constituida por la investigadora: Santa Beatriz SpA, creada junto a sus hermanos Matías y María Teresa. Entre 2013 y 2015 formó parte de Asesorías Financieras Tribeca, una sociedad que creó su esposo, Martín Engel Prieto. Este último registra participación en Inversiones y Asesorías Colentañe, Inversiones Docklands, Inversiones Ibiza e Inversiones Caulín. Engel además ha sido gerente de finanzas corporativas y socio de Larraín Vial, al menos hasta 2018. Actualmente es director suplente de Lipigas, entre otros cargos empresariales.

Consultada por CIPER, María Isabel Aninat dijo que en la actualidad su única ocupación remunerada es como investigadora del CEP. Añadió que es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas ad honorem. Respecto de la sociedad Santa Beatriz formada junto a sus hermanos, dijo: “Claramente, no está activa”. Sobre su participación en la sociedad Tribeca, de su marido, no respondió.

Otro de los miembros del comité constituyente es Emilio Oñate Vera (en cupo radical), quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, tiene un magíster en Gerencia y Políticas Públicas (Universidad Adolfo Ibáñez) y otro en Derecho Administrativo (Universidad Católica de Valparaíso), además de un postítulo en Derecho y Política Contemporánea (Universidad de Lleida, España).

En 2014 formó la sociedad Gestiona y Desarrolla, pero según aclaró a CIPER esa empresa no tiene actividad. Lo mismo sucede, indicó, con Emilio Oñate Vera Servicios Legales y con la Sociedad Educacional Valle de Casablanca, constituida por su esposa en 2008. Desde 2000 en adelante, Emilio Oñate ha sido asesor jurídico de diversos ministerios, además de seremi de Transportes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). También ha hecho asesorías sobre seguridad vial en Colombia y Perú.

Su hermano, Ricardo Oñate, registra una trayectoria vistosa en los círculos judiciales de Arica. Entre 2012 y 2013 fue notario suplente en la ciudad, es abogado integrante de la Corte de Apelaciones y desde 1998 se desempeña como abogado de la Conadi regional. Registra en el Diario Oficial una empresa dedicada a la pesca industrial: El Gringo.

David Huina es otro de los miembros del comité técnico. Está allí en un cupo de RN. Actualmente es presidente del Tribunal Supremo de ese partido. Es abogado, diplomado en Probidad y Transparencia en la Función Pública, y Magíster en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae. Durante la última administración de Sebastián Piñera fue jefe de la División de Investigaciones en el Ministerio del Interior (2010) cuando la unidad fue traspasada desde Defensa.

Según los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Ñuñoa, la esposa de Huina, Susana Torres Delmás, ha desempeñado funciones administrativas en el Primer Juzgado de Policía Local desde el 1 de marzo de 2010, cuando el municipio estaba bajo la administración de Pedro Sabat (RN). La primera renta mensual de Susana Torres, que es técnica jurídica y cuyo acuerdo contractual está suscrito bajo el grado 13 en la escala de remuneraciones, fue de $464.406, mientras que la última, registrada en mayo de este año, fue de $1.411.721.

CIPER intentó contactarse con Huina a través de correo electrónico y por vía telefónica. No hubo respuesta para esos mensajes.

ACADÉMICOS, ASESORES Y EX FUNCIONARIOS

José Francisco García García es otro de los abogados constitucionalistas convocado por el oficialismo (Evópoli). Titulado de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, al igual que Gastón Gómez, es fundador de Gómez, Pallavicini & García Abogados.

García, que trabajó en la rama constitucional de Libertad y Desarrollo, el think thank del gremialismo, constituyó en junio de 2010 la única sociedad asociada a su nombre: Asesorías e Inversiones Santa Marcia. El abogado respondió a CIPER que si bien no ha disuelto oficialmente esa sociedad, “cerré su cuenta bancaria y su giro ante el SII en 2014, por lo que quedó solo el papel”. Durante sus cuatro años de actividad, indicó que Santa Marcia prestó “asesorías legales y emisión de facturas a nombre de Morales y Besa, una oficina de abogados en la que trabajé anteriormente”.

La esposa de José Francisco García es Pía Greene Meersohn, actual jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El constitucionalista registra dos reuniones en la plataforma Info Lobby, ambas como gestor de intereses: la primera en junio de 2018, cuando se reunió con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristián García-Huidobro, para abordar una denuncia presentada ante la Contraloría por “irregularidades en la Capitanía de Puerto Montt”, y la segunda el 29 de agosto de 2019, ante el Asesor Jurídico de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, en compañía de Gastón Gómez.

La Democracia Cristiana (DC) es representada en la comisión técnica por María Cristina Escudero, quien formó parte del Comité de Sistematización del proceso constituyente de Bachelet. La abogada y académica de la Universidad de Chile, también es magíster y doctora en Ciencia Política, y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.

En enero de 2019 constituyó la sociedad Andes Risk Group –junto a Roberto Funk, Sebastián Pavlovic Jeldres y Jaime Baeza Freer–, dedicada a la asesoría jurídica, política y comunicacional para el servicio público y el sector privado. Escudero señaló a CIPER que esa sociedad nunca alcanzó a tener movimientos ni clientes.

Por el Partido Liberal (PL) fue elegida la abogada de la Universidad Diego Portales (UDP) y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Alejandra Zúñiga, quien actualmente realiza clases de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Valparaíso. En 1997 formó la sociedad Inversiones ZF. Según contestó a CIPER, dicha sociedad  ha “sido usada esencialmente para la venta de cerámica y otros objetos de arte”, confeccionados por su hermana Claudia Zúñiga.

La abogada confirmó a CIPER que trabajó “remuneradamente” para la organización pro-aborto Fundación MILES durante la tramitación del proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales. “Ahora los sigo apoyando ad honorem”, dijo.

Revolución Democrática eligió a la doctora en Ciencia Política Claudia Heiss Bendersky, quien además es periodista de la Universidad de Chile, Becaria Fulbright 2001-2002 y ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. De acuerdo con los antecedentes revisados por CIPER, no registra sociedades comerciales o de otro tipo.

Pamela Figueroa, ingresó a la comisión en el cupo PPD. La profesora de historia y cientista política –Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University y Doctora en Estudios Americanos de la Usach- fue jefa de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Bachelet y jefa de gobierno interior del Ministerio del Interior durante el mismo mandato. No figura en registros societarios en las bases de datos revisadas para este reportaje.

El último cupo oficialista fue asignado a José Soto Velasco (independiente-Chile Vamos), quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde julio de este año. Soto trabajó en Libertad y Desarrollo con Cristián Larroulet, actual jefe de asesores del “segundo piso” de La Moneda. Además, fue jefe de asesores de la Segpres durante el primer gobierno de Piñera y actualmente es miembro del consejo directivo del Observatorio Judicial, organismo que fundó junto al ex ministro de Educación, Gerardo Varela.

En 2018 creó la sociedad Servicios e Inversiones San Ignacio (asesorías jurídicas), junto a su esposa María Rosario Willumsen Jigins, licenciada en historia que trabaja como encargada de proyectos en la corporación cultural de Lo Barnechea.

El abogado aseguró a CIPER que no participa en ninguna sociedad comercial que reciba pagos desde el Estado y que desde que ingresó al CDE “ni yo ni la sociedad mencionada hemos tenido relación con empresas privadas ni con organismos del sector público”. Cuando se le preguntó si era posible conocer el listado de empresas con las que trabajó antes de asumir en el CDE, no hubo respuesta.

El abogado Sebastián Aylwin Correa representa al opositor Partido Comunes (Frente Amplio). Nieto de Andrés Aylwin Azócar, patriarca del sector “chascón” de la DC, egresó de la Universidad de Chile y luego cursó un master en Governance of Risk and Resources de la Universität Heidelberg.

Aylwin Correa fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH) y el año pasado representó a la estudiante de Derecho de esa universidad, Sofía Brito, quien denunció al profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, por acoso sexual.

Actualmente es asesor legislativo de la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) y, de acuerdo a la revisión hecha por CIPER, no tiene sociedades registradas a su nombre ni actividades comerciales ajenas a su labor profesional.

Aylwin dijo a CIPER que no tiene vínculos personales «con el aparato público ni en el ámbito privado», pero que el estudio de abogados donde trabaja, Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia, «participa de licitaciones para conformar estudios de organismos públicos». Además consignó que en marzo de 2019 dejó de ser asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, que desde entonces no «he realizado ninguna gestión para el Congreso» y que actualmente es «consejero político del partido Comunes ad honorem».

Este reportaje fue actualizado a las 18:15 del 27 de noviembre de 2019

*Nota de la Redacción: en la versión original de este reportaje se señaló que el abogado José Soto Velasco había sido asesor en la Municipalidad de Lo Barnechea. El abogado se comunicó con CIPER y aseguró nunca haber trabajado en ese municipio.

*Fuente: CiperChile

El articulo Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la comisión técnica constituyente apareció primero en piensaChile.

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«El capítulo sobre propiedad intelectual fue dictado por las multinacionales»

El experto canadiense que asesoró al gobierno en la negociación del TPP, Peter Clark, reconoció que el capítulo sobre propiedad intelectual fue dictado por las multinacionales. Esto fue revelado por una serie de correos de Cancillería a los que accedió Hassan Akram, autor de esta columna, luego de solicitarlos a través de la Ley de Transparencia. El académico hace un completo análisis de los comentarios de Clark: “El asesor criticó varios artículos por ser excesivamente pro-estadounidenses y dañinos al interés de Chile. Además, la mayor parte de las redacciones que propuso para proteger los intereses chilenos no se encuentran en el texto final”.

«El gobierno rechazó tajantemente estas preocupaciones, escondiendo el secreto que su propio experto las compartía.»

Hace un tiempo pedí por transparencia las comunicaciones entre la Cancillería y el abogado comercial canadiense Peter Clark, un experto mundial en tratados de libre comercio que trabajó con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) para ayudar con las negociaciones del TPP. Los correos que llegaron fueron una revelación. Muchas de mis preocupaciones con el TPP también fueron críticas explícitas que había hecho el experto asesor del equipo negociador chileno. Pero el gobierno rechazó tajantemente estas preocupaciones, escondiendo el secreto que su propio experto las compartía.

«…el capítulo sobre propiedad intelectual fue dictado por las multinacionales farmacéuticas y desmiente [a los profesionales chilenos de distintos servicios públicos ] y habla de su deshonestidad durante la tramitación parlamentaria del TPP-11.»

En una declaración pública del 13 de mayo de 2019, 18 funcionarios de la Cancillería, negociadores del TPP y del CPTPP, “denunciaron la absoluta falsedad” del argumento de que el TPP-11 fue dictado por los lobistas de las multinacionales. Dijeron que “dichas afirmaciones (…) resultan injuriosas para todos los profesionales de distintos servicios públicos que participamos durante los siete años de las negociaciones”. El hecho que el experto contratado por Cancillería para asesorar a estos mismos negociadores reconozca que el capítulo sobre propiedad intelectual fuera dictado por las multinacionales farmacéuticas les desmiente y habla de su deshonestidad durante la tramitación parlamentaria del TPP-11.

«…la mayor parte de las redacciones alternativas que propuso el asesor Clark para proteger los intereses chilenos no se encuentran en el texto final.»

Los correos también demuestran que el asesor de la Cancillería criticó varios artículos del borrador del TPP por ser excesivamente pro-estadounidenses y dañinos a los intereses de Chile. La mayoría de las cláusulas sobre las cuales tenía reparos siguen en el texto final del TPP-11, a pesar de la salida de Estados Unidos. Además, la mayor parte de las redacciones alternativas que propuso el asesor Clark para proteger los intereses chilenos no se encuentran en el texto final.

Extracto de uno de los correos de Peter Clark (Fuente: Hassan Akram).

«Clark también dijo que el TPP tenía una impronta anti-empresas públicas y pro-privatización, parte de la ideología económica estadounidense. De hecho, el experto pensó que este sesgo no sobreviviría las negociaciones, pero el TPP-11 sigue con las cláusulas anti-empresas públicas que Clark criticó.»

Por ejemplo, Clark dijo que el TPP daba muy poca protección a los derechos laborales, para que EE.UU. pudiera ratificar el tratado sin tener problemas por sus leyes anti-sindicales. El texto del TPP-11 actualmente tiene estas cláusulas que preocupaba a Clark, y no tiene las mejoras claves que él sugirió. Clark también dijo que el TPP tenía una impronta anti-empresas públicas y pro-privatización, parte de la ideología económica estadounidense. De hecho, el experto pensó que este sesgo no sobreviviría las negociaciones, pero el TPP-11 sigue con las cláusulas anti-empresas públicas que Clark criticó.

Ejemplos de este tipo hay muchos. Por eso hice este informe técnico, analizando todos los comentarios de Clark en los correos que nos entregó el gobierno, enfatizando la manera en que sus críticas contra el TPP siguen vigentes en el TPP-11.

«Quizá lo más llamativo es que el experto reconoce que el TPP es una estrategia geopolítica, e incluso militar, estadounidense para aislar a China.»

Quizá lo más llamativo es que el experto reconoce que el TPP es una estrategia geopolítica, e incluso militar, estadounidense para aislar a China. En el contexto de la guerra comercial entre EE.UU. y China, tomar el lado de uno de nuestros socios comerciales en desmedro del otro, nos perjudica como país. El gobierno dice que, si EE.UU. quiere volver al TPP, tendría que negociar otra vez todas las cláusulas suspendidas. Pero lo que queda claro de las revelaciones de Clark es que las cláusulas vigentes del TPP-11 son todas de una impronta tan pro-estadounidense que harían muy fácil aquella negociación. Así, ratificar el TPP-11 hoy implica atrapar al Chile del futuro en una alianza con la Casa Blanca poco beneficiosa desde el punto de vista de su diplomacia económica.

El articulo Experto negociador contratado por el gobierno reconoció que texto del TPP fue dictado por transnacionales apareció primero en piensaChile.

Roberto Godoy Fuentes fue contratado por el comité de senadores del PPD como asesor en la tramitación del proyecto de ley que busca resguardar los datos personales. Participó en el “grupo técnico” que revisó las indicaciones al proyecto y que sugirió cambios relevantes que favorecen a las empresas que utilizan los datos personales para sus estrategias de negocio. En paralelo, el abogado se desempeña como director de Comunicación Estratégica de una de las principales empresas de lobby: Imaginacción. La firma, controlada por el ex ministro Enrique Correa, tiene interés en ese proyecto y representa a empresas que podrían verse afectadas por la nueva ley. Godoy reconoció a CIPER que nunca reveló su doble rol.

El 1 de septiembre de 2018 el abogado Roberto Godoy Fuentes, militante del Partido Socialista, volvió como un influyente asesor a un edificio que conoce bien: el del Senado de la República. Había estado allí innumerables veces durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Los parlamentarios lo conocen. Participó en las comisiones legislativas, como un destacado técnico del gobierno, en la tramitación de las reformas laboral y previsional de la expresidenta. Pero ahora, con ese bloque político en la oposición, su rol era distinto y tenía una doble cara.

Desde ese primer día de septiembre del año pasado, Godoy Fuentes reapareció  formalmente en la Cámara Alta como asesor del comité PPD en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, iniciativa que en estos días está siendo votada en la Comisión de Constitución del Senado. Lo que no se sabía hasta ahora es que, en paralelo a su labor de asesoría legislativa,  Godoy era empleado de Imaginacción, la empresa de lobby y comunicaciones corporativas del ex ministro Enrique Correa, donde aún se desempeña como director de Comunicación Estratégica.

El conflicto de interés es evidente, toda vez que la firma de Correa presta servicios a grandes empresas –aunque nunca se ha conocido la nómina de sus clientes– que pueden tener un vivo interés en este proyecto. Esto, porque la nueva ley podría limitar las bases de datos con información sobre los hábitos de los consumidores y que las empresas usan para desarrollar sus estrategias de venta y publicidad.

Es un hecho que Imaginacción tiene interés en este proyecto de ley. Los registros de la Cámara Alta, revisados por CIPER, indican que al menos tres de sus empleados asistieron, hasta marzo de 2018, a sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde se analizó la iniciativa: Beatriz Sanhueza (consultora de Asuntos Públicos de la empresa), Carolina Salas (cientista política) y Denise Schlesinger (consultora).

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador Felipe Harboe (PPD) confirmó a CIPER que su partido contrató a Roberto Godoy como asesor para revisar este proyecto. El vínculo iniciado en septiembre de 2018 se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Harboe señaló que recién a comienzos de enero de 2019 se enteró de que Godoy trabajaba para la empresa de Enrique Correa. Agregó que de inmediato envió un mensaje a su asesor Sebastián Abarca, para poner fin a la relación del comité de senadores PPD con el abogado Godoy. Al final de ese mensaje, el senador puso una frase preocupante: “Con razón la industria conoce los avances del proyecto”.

-¿Él les dijo que era lobista de Imaginacción?

-Yo no tenía la menor idea. Él me dijo que (en la empresa de Correa) no tenía nada que ver con lobby, pero yo le dije que no me parecía adecuado. La industria está presionando mucho porque este es un proyecto muy duro para ellos- indicó Harboe a CIPER.

Aunque, de acuerdo con la versión del senador Harboe, el abogado dejó de ser asesor del PPD en esta materia, Godoy siguió frecuentando la Comisión de Constitución, ahora en calidad de experto.

-Él siguió yendo a la comisión. En abril de este año fue a exponer en dos ocasiones.

-Efectivamente fue en abril. Los senadores nuevos pidieron enterarse del proyecto y ahí se trajo a Roberto.

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EL GRUPO TÉCNICO QUE NO DEJÓ ACTAS

En marzo de 2017 se refundieron dos proyectos de ley sobre protección de datos (uno del senador Harboe y otro del gobierno de Bachelet), pero recién en el segundo semestre de 2018 su tramitación avanzó a paso firme, aunque por fuera de los cauces estrictamente institucionales. En septiembre de ese año comenzó a reunirse semanalmente en el Senado un grupo técnico compuesto por asesores de los parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda para consensuar el proyecto. El objetivo era acordar indicaciones que dejaran conformes a La Moneda y a los senadores de la Comisión de Constitución.

No hay actas públicas de esas reuniones, por lo que no queda claro quien impulsó los cambios. Y eso es relevante, porque se introdujeron modificaciones que benefician a las empresas que operan con bases de datos: al contrario de lo que pedían varios parlamentarios y el propio gobierno, los “hábitos personales” no quedarán protegidos como “datos sensibles”. Así, por ejemplo, una cadena de supermercados podrá identificar las compras que hace un ciudadano y utilizar esa información para sus estrategias de marketing o venderla a otras industrias de bienes y servicios.  Lo que usted consume o los lugares que frecuenta podrían ser utilizados como insumos comerciales. Y, eventualmente, agencias estatales también podrían conocer en detalle las costumbres de los ciudadanos.

El abogado Roberto Godoy Fuentes –53 años, abogado UC y magíster en Políticas Públicas– integró ese grupo técnico. Desde el comité de senadores del PPD se explicó que se lo convocó para esa tarea por su experiencia en el tema, debido a que durante el tramo final del segundo gobierno de Bachelet estuvo a cargo del proyecto como asesor de Hacienda.

En paralelo a sus labores en ese equipo que decidió los cambios al proyecto de ley, el abogado ya se desempeñaba como director de Comunicación Estratégica de Imaginacción. Pero el enorme conflicto de interés que acompañaba a Godoy Fuentes no fue transparentado ni ante los senadores del PPD ni ante los demás integrantes del grupo técnico. El propio Godoy lo confirmó a CIPER:

-El senador Harboe dice que cuando se enteró de que usted era consultor de Imaginacción, decidió no renovarle el contrato.

-La verdad de lo que ocurrió fue que el trabajo de la comisión acabó en enero de este año, era temporal, y justo coincidió que ahí se acabó la asesoría (al PPD).

-¿Hasta ese momento el senador Harboe no sabía que usted trabajaba en Imaginacción?

-Efectivamente, no tuvo conocimiento de que yo participaba en Imaginacción. Los demás participantes del grupo técnico tampoco. Nunca lo dije, porque mi área de trabajo en Imaginacción no tenía que ver con ese tema.

Godoy agregó que, como él había trabajado en el proyecto de ley durante el gobierno anterior,  en julio de 2018 adquirió el compromiso de asesorar a los senadores del PPD: “Yo, en ese momento, no trabajaba en Imaginacción”.

-¿Cuándo ingresó usted a esa empresa?

-Como en julio o agosto del año pasado.

-Pero el contrato con los senadores PPD lo firmó en septiembre de 2018, cuando usted ya estaba en esa consultora.

-Pero el compromiso había sido anterior.

¿Y por qué no advirtió que en paralelo trabaja en una empresa dedicada al lobby?

-Mi trabajo en Imaginacción no tiene ninguna vinculación con el área legislativa. En la consultora tenemos dos áreas diferenciadas: Asuntos Públicos, donde está el lobby y seguimiento de proyectos de ley; y el área de Comunicación Estratégica, que asesora a empresas en temas comunicacionales. Yo trabajo en esa segunda área, que no tiene vinculación con temas relativos a gestión de intereses legislativos. Ninguna de mis actividades en la consultora se relaciona con algún tema de la ley de protección de datos personales.

No es esta la primera vez que un hombre de Imaginacción participa de instancias legislativas sin informar su pertenencia a esa empresa. En 2014 un reportaje de El Mostrador reveló como un periodista regional utilizaba su acreditación como reportero para recabar información y entregarla a la consultora.

GODOY: “NO HUBO CRUCE DE INFORMACIÓN”

El contrato de  Godoy Fuentes  con el Senado, para asesorar al comité de senadores PPD, fue firmado el 20 de septiembre de 2018. Allí se estipularon sus funciones: “El asesor, en particular, prestará asistencia en materia de datos personales, sin perjuicio de los demás servicios que le encomiende la vigencia del contrato”. La remuneración ($1,4 millón mensual) fue cargada al ítem de asesorías externas de las asignaciones parlamentarias. La asesoría tuvo por objeto “responder, con carácter discontinúo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formulé el comité de integrantes (senadores PPD)”.

En concreto, su trabajó se limitó a asistir una vez por semana a las citas del grupo técnico y a elaborar minutas e informes comparados con los resultados de esas reuniones.

El punto sexto del contrato establece que el asesor debe “prestar los servicios en forma honesta y leal, con preeminencia del interés general de la Corporación (Senado) por sobre el interés particular” (vea aquí ese contrato).

¿Quién asegura que la información a la que accedió el abogado Roberto Godoy Fuentes no fue utilizada en negocios de Imaginacción? ¿Quién puede garantizar que el interés de la empresa de lobby, y de sus clientes, no prevaleció a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de ley que resguarda los datos personales? Nadie.

CIPER se lo preguntó directamente a Godoy:

-¿Ha conversado con clientes de Imaginacción que estén interesados en este proyecto?

-No he tenido ninguna relación con clientes de Imaginación sobre este proyecto de ley.

-¿Nunca desde Imaginacción le preguntaron por este proyecto de ley?

-En algún minuto me hicieron una consulta interna, pero que era como de… en términos generales, de la tramitación del proyecto. Era un tema del concepto relativo al “consentimiento”. Esto fue hace una o dos semanas atrás.

-¿Y durante su participación en el grupo técnico, hubo cruce de información?

-No hubo ningún cruce de información.

–¿A qué clientes representa Imaginacción que tengan interés en este tema?

-No lo sé. La parte (de la consultora) a la que le puede interesar este tema es Asuntos Públicos. Son empresas y áreas distintas. Yo no sé qué clientes representa Imaginacción en esta materia.

LOS CAMBIOS CLAVES DEL “GRUPO TÉCNICO”

CIPER revisó el informe final del grupo técnico, el que incluyó recomendaciones sobre cómo votar las indicaciones que se habían presentado durante la tramitación del proyecto de ley, tanto por parte del Gobierno como de los senadores. Y hay sugerencias que involucran temas muy sensibles (vea aquí ese informe completo).

El asunto más delicado que fue modificado por el grupo técnico tiene que ver con el tratamiento de los datos asociados a los “hábitos personales” (como el historial de compras de una persona o los movimientos detectados por aplicaciones conectadas a los GPS de los celulares). Indicaciones del Ejecutivo y de varios senadores habían incluido los hábitos personales dentro del apartado “datos sensibles”, los que en la futura legislación contarán con una protección mayor. Pero el grupo técnico acordó sacarlas de ahí, lo que favorece su uso con fines comerciales.

El proyecto original aprobado por el Senado define así los “datos personales sensibles”:

“Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural”.

A ese inciso se le presentaron siete indicaciones. La Moneda y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Kenneth Pugh (independiente RN), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (independiente), propusieron agregar en esta nómina de “datos sensibles” los “hábitos personales”, “hábitos y costumbres personales” y “hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad”. Eso permitía proteger más esta información. Pero algo pasó.

En la página 8 del informe comparado que elaboró el grupo técnico se establece que se “acordó rechazar” esas indicaciones. Pero, no se entregan los fundamentos. Y como el grupo técnico no es una instancia contemplada en la institucionalidad del Congreso Nacional, no existen actas públicas que permitan trazar las huellas de esa decisión.

CIPER conversó con distintos integrantes de ese grupo técnico, los que pidieron reserva de su identidad. Entre los argumentos que entregaron para justificar su determinación de evitar que los hábitos personales se contaran dentro de los “datos sensibles”, dijeron que se consideró que el “hábito personal es algo demasiado amplio” y que optaron por acotar la nómina de datos a incluir en ese apartado. Agregaron que eso no significa que los hábitos personales no queden resguardados. Eso es verdad, pero por cierto no tendrán la “protección mayor” que se le dará a los “datos sensibles”.

En un informe del abogado Godoy Fuentes a los senadores del PPD se recomienda rechazar esas indicaciones, porque “los hábitos personales no son información personal que requiera un estándar especial de protección. Su incorporación tiende a banalizar el concepto de dato sensible” (vea aquí ese informe).

Otro cambio relevante decidido por el grupo técnico fue la definición sobre qué se entenderá por “fuentes de acceso público”. Explicado en simple, esa denominación se refiere a las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, siempre que no existan impedimentos legales para ello. En este punto, el Ejecutivo propuso que el organismo que tendrá a su cargo velar por la protección de los datos personales debiera “establecer de forma taxativa las bases de datos que cumplan esa categoría”. Y que ese listado se actualizara anualmente. La idea era acotar lo que se entiende por base de datos pública, evitando el desorden actual que permite que los datos privados de los ciudadanos deambulen por internet y oficinas de marketing. El senador Latorre presentó otra indicación en el mismo sentido.

Nuevamente el grupo técnico acordó “rechazar” esas indicaciones y mantener el texto original, el que no varía la actual situación donde cualquier persona puede acceder a una base de datos en internet si es que no existe un impedimento legal para aquello.

La influencia del grupo técnico también apareció en el retiro de indicaciones que buscaban suprimir o acotar el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento de sus titulares para actividades como el marketing directo: llamadas a celulares personales por parte de bancos, compañías telefónicas, multitiendas y otros para ofrecer sus productos.  El senador Latorre había propuesto eliminar el inciso que lo permitía y La Moneda presentó una indicación para acotarlo. Sin embargo, el grupo técnico decidió que se mantuviera la redacción original, donde el único requisito que se pone para el uso de esos datos personales es que “no se afecten los derechos y libertades del titular”.

A Godoy Fuentes se sumaron en el grupo técnico asesores del gobierno y de los senadores que componen la Comisión de Constitución: la coordinación corrió por cuenta del asesor del PPD Sebastián Abarca, además de Jessica Matus (asesora del senador Kenneth Pugh, independiente RN); Melissa Mallega (asesora del senador Alfonso de Urresti, PS); Francisco Bedecarratz (asesor de Andrés Allamand, RN); Julio Valladares (en representación de la DC, aunque su participación fue escasa, se trata de un asesor que ha participado en otra consultora dedicada al lobby); Gino Terzán (asesor del UDI Víctor Pérez); y en representación del Ministerio de Hacienda los abogados Catherine Tornel y Juan Pablo Loyola.

El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violler, considera que algunas de estas decisiones no solo no aumentan la protección a los datos personales, sino que incluso pueden dejarlos más expuestos:

-Nos preocupa que la comisión no haya incorporado el “hábito personal” dentro de la definición de “dato sensible”, justamente porque hoy nuestra legislación sí lo considera como un dato sensible. En este punto la nueva legislación va a proteger menos que la legislación actual. En particular, porque el hábito personal tiene que ver con el perfilamiento que pueden hacer las plataformas y los servicios en línea. Cuando hablamos de Facebook, redes sociales, Google, esto es parte importante de la discusión a futuro. Y el hecho de que la comisión haya retrocedido nos parece contradictorio.

Escuche la respuesta completa de Pablo Violler a las consultas de CIPER:

AUDIO RESPUESTAS PABLO VIOLLER

Vea la carta enviada por Imaginaccion tras la publicación de este reportaje y la respuesta de CIPER

UN ABOGADO BIEN CONECTADO

Roberto Godoy Fuentes (PS) comenzó a asomar como un técnico con redes en el mundo de la Concertación en el feudo socialista de la Municipalidad de El Bosque, donde trabajó como director jurídico del alcalde Sadi Melo. Lo hizo junto al entonces secretario municipal, Osvaldo Andrade. En 2006, apenas iniciado el primer gobierno de Michelle Bachelet, se fue con Andrade cuando este asumió como ministro del Trabajo (fue su jefe de gabinete).

La cercanía con Andrade se extendió hasta después del cierre del primer gobierno de Bachelet. En noviembre de 2009 formaron parte del grupo que creó Integración Consultores (junto a José María Hurtado Fernández y Juan Sebastián Domeyko Letelier), empresa dedicada a asesorías en temas laborales.

Ya en el segundo gobierno de Bachelet, el entonces consultor en materia laboral retornó al Ministerio del Trabajo. Esta vez como jefe de asesores de la ministra Javiera Blanco y como coordinador de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Bachelet. La prensa de la época le colgó el mote de “cerebro” de esa reforma. Cuando la ministra Blanco fue cambiada al Ministerio de Justicia, Godoy la siguió, aunque solo alcanzó a estar tres meses como jefe jurídico de ese ministerio: fue trasladado al Ministerio de Haciendo como asesor del ministro Rodrigo Valdés.

En Hacienda le tocó representar al Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley que resguarda el uso de los datos personales. En esa época, mediados de 2017, Godoy Fuentes participó del primer grupo técnico al que los senadores le encargaron la revisión de las indicaciones.

Con Javiera Blanco volvió a encontrarse luego del segundo gobierno de Bachelet. A mediados del año pasado el abogado ingresó como director a Imaginacción y en ese momento la consultora estaba asesorando a la ex ministra de Justicia en medio del vendaval de acusaciones que la acosaba tras la muerte de la niña Lissette Villa en un centro del Sename y de su polémica llegada al Consejo de Defensa del Estado.

*Fuente: CiperChile

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