16 de septiembre de 2026

El abogado Sebastián Aylwin, histórico militante del Frente Amplio, fue jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, en el gobierno de Gabriel Boric, fue contratado por CleanTech Lithium, para gestionar permisos ante el Servicio de Evaluación Ambiental bajo las normas del reglamento que él mismo reformó. Y para terminar de colmar el vaso, hay que decir que CleanTech Lithium firmó trato directo con el gobierno.

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La República del cansancio: cruzar el abismo, montar los rieles y fundar la insularidad inteligente

El viento helado del Pacífico que golpea las rocas de la bahía y el desafío titánico de Joseph Strauss al levantar el Golden Gate comparten una misma premisa: la convicción de que lo imposible es simplemente un desafío que aún no tiene los planos correctos. Construir sobre el abismo exigió audacia, redes de seguridad y la disposición de arriesgarlo todo para unir orillas que la naturaleza había declarado inconectables. Hoy, sin embargo, Chile observa su propio abismo desde la orilla opuesta: la parálisis, el agotamiento crónico y una profunda falta de entusiasmo colectivo donde la conversación republicana ha quedado reducida a un eco lejano.

En otra latitud y bajo cielos igualmente inclementes, la historia de aquellas legendarias diligencias que cruzaron el oeste americano demostró que el territorio se conquista domesticando la distancia. Cuando en 1852 la compañía fundada por Henry Wells y William Fargo asumió la tarea titánica de transportar valores y esperanzas a través de desiertos implacables y pasos cordilleranos, entendió que el movimiento era la única garantía de vida para una nación en ciernes. Y cuando el advenimiento del ferrocarril transcontinental amenazó con sepultar sus carruajes bajo el peso del progreso, la empresa no se rindió a la obsolescencia: mutó, tendió puentes con los rieles y transformó sus estaciones en el motor logístico de un continente entero. Esa misma audacia mutativa es la que hoy yace sepultada bajo el peso de un Estado capturado por la inercia, incapaz de comprender que las naciones no se salvan administrando la decadencia, sino inventando los caminos que aún no existen.

Chile, en cambio, observa su propio abismo desde la modorra de un presente inerte. La crisis que atraviesa el país no es meramente económica ni electoral; es una fractura instalada en la base misma de la vida social. Como detalla el análisis del malestar contemporáneo, la población vive bajo el imperio de la poda y el disgusto. Desde el nacimiento —donde se escamotea sistemáticamente el contacto piel con piel y se ignora la evidencia científica en favor de una rotación fría de camas— hasta las jornadas extenuantes que provocan insomnio en el cuarenta por ciento de los trabajadores, el cuerpo social ha sido sometido a una atrofia sistemática. Con la corteza prefrontal funcionando a media máquina debido al cansancio permanente, la ciudadanía ha transitado del miedo al rechazo visceral: una ostra cerrada que ya no cree en las promesas de la clase política.

El resultado es la ausencia absoluta de una conversación republicana genuina.

Los liderazgos políticos, atrapados en la economía de la atención y en la performance digital, ofrecen espectáculos vacíos mientras los problemas reales de la ciudadanía se postergan indefinidamente. La fatiga colectiva ha vaciado de contenido las instituciones intermedias, dejando a la sociedad sin espacios físicos de deliberación, reducida al triste murmullo de pantallas que anestesian sin consolar.

La insularidad inteligente y los rieles del futuro: el suelo material de un nuevo proyecto país

Para superar el desánimo y dotar a la República de un horizonte tangible, no basta con la catarsis del malestar ni con la apelación abstracta a la concordia. Así como el tendido ferroviario obligó a cruzar fronteras geográficas impensables, Chile necesita fundar un nuevo pacto material anclado en nuestra condición insular y en nuestra tradición técnica: proyectos de insularización e industrialización estratégica que transformen nuestra riqueza natural en soberanía tecnológica y bienestar social.

Chile posee una combinación geológica y humana única que ha sido desperdiciada bajo el dogma del mero extractivismo. La ingeniería chilena actual —formada en las bregas de la alta cordillera y la minería compleja— tiene la capacidad histórica de tender los nuevos rieles de la soberanía:

1. La Ruta del Litio y el Hidrógeno Verde con Valor Agregado: Dejar de exportar materias primas en bruto para consolidar una industria nacional de almacenamiento energético, baterías y electromovilidad. La insularización económica exige que el ciclo del valor tecnológico ocurra en el territorio, generando empleos de alta complejidad que dignifiquen el trabajo y rompan con la precariedad estructural.
2. Soberanía del Agua y Tecnología Desaladora Pública: Frente a la crisis hídrica, articular una red nacional de plantas desaladoras de alta eficiencia energética basadas en energías renovables (solar y eólica del norte), administradas como infraestructura crítica del Estado para garantizar tanto el consumo humano como la soberanía alimentaria de los valles transversales.
3. Biotecnología Oceánica y Acuicultura del Conocimiento: Aprovechar los miles de kilómetros de costa del Pacífico para estructurar una industria nacional de investigación marina, farmacéutica y alimentaria, superando el modelo primario-exportador por uno de alta densidad científica.

Hacia la reconstrucción republicana

La falta de entusiasmo y el repliegue ciudadano no se resolverán con llamados a la moderación tecnocrática, sino devolviendo a los chilenos un propósito común que merezca ser habitado.

Así como los pioneros del ferrocarril entendieron que un país se une tendiendo vías sobre lo imposible, la reconstrucción de Chile exige abandonar la resignación y recuperar el enthousiasmós: esa fuerza comunitaria capaz de articular un destino compartido. Para ello, es imperativo garantizar las condiciones biológicas desde la cuna —asegurando la primera hora de vida y el descanso— y respaldarlas con un proyecto de insularización económica que dé sustento material al trabajo y al ingenio nacional.

Solo al levantar un nuevo puente entre la presencia real, la justicia social y el desarrollo soberano, la República dejará de ser una promesa postergada para convertirse, por fin, en el hogar común que nos atrevamos a construir.

-El autor, Humberto Del Pozo, es psicoanalista relacional, cientista social y escritor. Facilitador y Director del Centro Bert Hellinger desde 1999.

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Diputadas María Alanoca y Alexsandra Zenteno denunciaron actos de intimidación policial durante la vigilia instalada en la sesión de la Comisión de Economía Plural. Advirtieron que legisladores «arcistas» (de gobierno) y opositores intentan forzar la aprobación de contratos de litio con empresas transnacionales, con el único objetivo de beneficiar intereses particulares.
Las legisladoras anunciaron que la vigilia continuará para defender el litio como recurso estratégico del pueblo.

Noticias de las semanas y los últimos meses sobre el tema del litio, que el pueblo no quiere entregar a empresas extranjeras, como simple materia prima, piden procesamiento y desarrollo en el país (que ejemplo más grande de dignidad para la elite política chilena). Son los hijos del presidente Arce los que están gestionando estos negocios, como lo demuestra la grabación que mostró hace unos meses el expresidenre Morales. Por eso la urgencia del gobierno por aprobar el contrato en el congreso, a días de las elecciones presidenciales, pues presienten lo que se les viene después del 17 de agosto.

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En el episodio de hoy, 10/07/2025, Daniela Pastrana, Estefanía Veloz y Marco Teruggi exponen las pruebas del plan impulsado por el gobierno de Luis Arce para impedir que a Evo Morales pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Hoy contamos con la participación de Adriana Salvatierra, politóloga y militante del MAS-IPSP.

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Carta de Evo Morales a Luis Arce: «Usted conoce quién dio la orden de disparar contra mi vida»

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El 20 de abril 2023 el Presidente de la República Gabriel Boric anunció al país, por cadena nacional de radio y televisión, los lineamientos de su estrategia nacional del Litio, destacando el enorme potencial económico de este recurso y la disposición privilegiada del mismo en Chile. El desafío para el país, entonces, es el de convertirse en el mayor productor mundial de Litio sin dañar el medioambiente y distribuyendo de manera justa la riqueza así generada.

Según lo anunciado, esta estrategia consta de cinco pilares básicos:

1. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.
2. El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de la colaboración virtuosa público-privada.
3. Se avanzará hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares.
4. Todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.
5. Se promoverá no solo la extracción y la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.

Sin duda, los cuatro objetivos anunciados (creación de una Empresa Nacional del Litio, el avance hacia la utilización de nuevas tecnologías, la participación e involucramiento de las comunidades y la generación de productos de mayor valor) son claramente congruentes con el interés nacional, pero no resulta claro que, sin mediar mayor justificación, el medio escogido sea el de la “colaboración virtuosa público-privada” en lugar de optar directamente porque sea el Estado quien asuma este desafío.

Más aún cuando, a contrapelo de la experiencia efectivamente acumulada en la historia del país a este respecto, se pone como ejemplo de ese supuesto virtuosismo la llamada “chilenización del cobre” llevada a cabo bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, poniéndola además, equivocadamente, en una misma línea con la nacionalización del cobre impulsada, aprobada y ejecutada bajo el gobierno del Presidente Allende.

En verdad, los convenios de asociación suscritos por el gobierno de Frei Montalva con las compañías norteamericanas que controlaban la gran minería del cobre resultaron ser tan ostensiblemente lesivos para los intereses del país que debieron ser renegociados tres años después bajo el engañoso título de “nacionalización pactada”. Aún así, estuvieron tan lejos de cautelar los legítimos intereses de Chile que la demanda de una nacionalización efectiva se abrió paso entonces con mucha fuerza.

En efecto, nunca las grandes compañías norteamericanas que explotaban nuestro cobre obtuvieron utilidades tan elevadas como bajo el gobierno de Frei Montalva tras la puesta en práctica de su llamada “chilenización”. Si en 1965, primer año de su gobierno, las utilidades conjuntas de Anaconda y Kennecott, controlando la primera Chuquicamata y El Salvador y la segunda El Teniente, alcanzaron los 43,9 millones de dólares, en 1970, último año de ese mandato, sus utilidades sumaron 265,9 millones de dólares. Así, con una producción que solo se había elevado algo más de un 12%, dichas compañías sextuplicaron sus ganancias.

No obstante, como a los convenios de asociación el gobierno de Frei Montalva les había concedido el carácter de “contratos-leyes” no era posible intentar luego una nacionalización efectiva del cobre por vía de una ley, aun cuando así lo exigía el interés del país, ya que se requería para ello contar con el acuerdo de la contraparte estadounidense. Fue por eso que, para salvar ese obstáculo, el gobierno del Presidente Allende debió recurrir a una reforma constitucional. Por tanto, es una clara impostura suponer que la llamada “chilenización del cobre” fue un paso hacia su ulterior nacionalización cuando en rigor se trató de un claro intento por impedirla.

La aleccionadora experiencia de esta poco virtuosa colaboración público-privada no hizo más que confirmar aquella elementalísima verdad que en su momento recordara el Presidente Balmaceda, aludiendo a la propiedad de los ferrocarriles salitreros en su famoso discurso del 7 de marzo de 1889 en Iquique: que las empresas de particulares “consultan necesariamente el interés particular” mientras que las empresas del Estado “consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad”.

Así lo corrobora, entre otros ejemplos que se podría invocar, el marcado desinterés que han evidenciado siempre las compañías privadas que han explotado y explotan el cobre de Chile por refinar en el país el mineral, ya que les resulta más ventajoso exportarlo como concentrado para disminuir su base imponible, agregarle valor fuera de Chile y poder además apropiarse gratuitamente de los otros minerales (oro, plata, molibdeno, etc.) que bajo esta forma en bruto conlleva. De modo que si confiamos en que sean los inversionistas privados quienes resuelvan el problema nos quedaremos esperando hasta las calendas griegas.

Sería por lo tanto muy lamentable olvidar verdades tan elementales como esta y repetir con el Litio lo que en su momento ocurrió con el cobre. Sin embargo, ya en su mismo anuncio de la estrategia nacional del Litio el gobierno da a entender que lo que en verdad tenía en mente al momento de hacerlo era un acuerdo de asociación de Codelco con SQM, tal como se dio a conocer posteriormente, primero a través del Memorandum de Entendimiento y luego con el anuncio del acuerdo negociado a puertas cerradas entre Máximo Pacheco y los directivos de SQM.

Como se sabe, han surgido numerosas voces cuestionando la pertinencia y conveniencia nacional de la decisión adoptada de negociar directamente un contrato con SQM y de los términos en que se ha conducido luego esa negociación, cuestionamientos que en su mayor parte son recogidos por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre este asunto. (ver texto del informe en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=83530&prmTipo=INFORME_COMISION).

El primero y más importante de ellos es la falta de transparencia que representa el hecho de que el acuerdo no pueda ser conocido en su integridad, ya que contiene aspectos y cláusulas que ambas partes se han comprometido a mantener en reserva, tornando con ello imposible, que el país pueda formarse un juicio debidamente informado sobre el mismo. Aun así, como lo expresa el Informe de la Comisión Investigadora, hay suficientes indicios de que los representantes del Estado no han sido en esta negociación todo lo rigurosos que debieran en cautelar los intereses del país. (ver texto del acuerdo en https://acuerdocodelcosqm.cl/wp-content/uploads/2024/09/Acuerdo-de-Asociacion-CODELCO-SQM43302128.2.pdf)

Llama la atención que el principal argumento esgrimido para llevar adelante este acuerdo haya sido el de evitar que se produjese un «valle productivo» en caso de no dar garantías de continuidad en este negocio a SQM. Y también que, pese a todos los reparos conocidos, tanto el gobierno como la mayor parte de los críticos se hayan manifestado partidarios de una asociación público-privada como la forma más conveniente para el país de llevar a cabo la explotación del Litio. Esto significa que se descarta, sin mas trámite, invocando para ello los viejos, consabidos y falaces argumentos de los poderes fácticos empresariales y de sus voceros políticos, el que el Estado pudiese hacerse cargo directamente de su explotación.

Lo cierto, sin embargo, es que en principio siempre la opción más acorde a los intereses del país será que sea el propio Estado el que asuma el desafío de explotar sus riquezas naturales, como lo ilustra claramente la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971. Y si por alguna razón de efectivo peso y conocimiento público se optara por la alternativa de una asociación público-privada, ella debe negociarse con los potenciales inversionistas desde la posición de fuerza que representa el hecho de que es el Estado el propietario indiscutido del recurso y en ningún caso bajo la presión, y menos aún el chantaje, al que suelen recurrir aquellos tras el único objetivo de maximizar sus ganancias.

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Decepcionante apoyo de Manuel Riesco, presidente de CENDA al «acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet» sobre el litio

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Replica al economista Manuel Riesco, Vicepresidente de CENDA

Es difícil replicarle al economista Manuel Riesco por sus aseveraciones en su columna en El Siglo de 27/05/2025, en la cual defiende el espurio acuerdo Codelco-Sqm. Es difícil replicarle, no por los argumentos que entrega, sino porque Maño Riesco ha sido desde hace décadas, junto al economista Orlando Caputo, un gran defensor de la nacionalización de la gran minería y gran denostador de las mineras extranjeras, precisamente por el colosal perjuicio económico que ellas han provocado en nuestro país. Nuestras primeras reuniones contra el perjuicio a Chile de las mineras extranjeras, les realizamos precisamente en Cenda, por allá por los años 1993-1994. Por ello es decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-Sqm, o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet. Pero ni modo, en recuerdo de nuestras antiguas luchas, me veo en la obligación de contestarle al compañero Riesco, en base a algunos párrafos de su columna.

“El acuerdo CODELCO-SQM, mediante el cual la minera estatal recupera desde ahora la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno, sino dos de los metales claves para la transición energética”.

No Manuel, la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al art. 5° del DL 2.886, que dispuso “por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado”, y en consecuencia, no solo el litio del Salar de Atacama, sino el litio en todo Chile queda reservado al Estado, y no se puede otorgar concesiones a privados, porque es un bien público, un bien del Estado. El DL 2.886 es de carácter constitucional. Por lo tanto, para poder enajenar, arrendar o entregar en concesión este bien público, el litio, solo se puede hacer mediante una ley, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 63 que establece:

“Solo son materia de ley: 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;”.

De todo ello deriva que el acuerdo mediante el cual Codelco, sin tener legitimidad legal y constitucional, entrega por 30 años, el 49.99% de la mayor parte del litio del Salar de Atacama a un privado, SQM, no puede prosperar porque ello solo se puede hacer por ley, es decir tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, así, como también se tiene que hacer por ley el acuerdo de Codelco-Río Tinto en el Salar de Maricunga y el de Enami-Río Tinto en Salares Altoandinos. Debemos insistir, el litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979.

Desde el punto de vista jurídico el acuerdo Codelco-Sqm es ilegal y sobre todo, inconstitucional. Veamos otro párrafo de Manuel Riesco.

 “Como lamentablemente suele suceder frente a hechos esenciales de interés nacional, algunas voces, anteponiendo a la contundente conveniencia general arriba resumida, plantean objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso. Juegan por estos días con la ilusión de que esta gran iniciativa “se queme en la puerta del horno”.

Algunas voces plantean objeciones válidas pero secundarias, pero lo que he sostenido más arriba no es secundario, es relevante, fundamental, puesto que me he basado en disposiciones constitucionales que son irredargüibles. Tal como está, el acuerdo Codelco-Sqm es inconstitucional, y solo podría prosperar si se hace por ley, en caso contrario, puede ser anulado en los tribunales de justicia. Y esto no lo sostengo porque defienda mezquinos intereses particulares o económicos, menos aún electorales.

Sigamos con otro párrafo de la columna de Maño Riesco.

“Felizmente, al igual como sucedió con la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende, el Directorio de CODELCO, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.

Es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual Directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó. Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este Directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales. Por ejemplo: ¿Que autoridad calificada y experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?

Y es tan grande la autoridad calificada de este Directorio de Codelco, que desde 2010 hasta la fecha se han registrado, de lejos, los peores resultados de la Corporación de toda su cincuentenaria historia, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre. Para muestra un botón, el 2006 el precio del cobre fue de 3 dólares la libra y los excedentes de Codelco fueron  de 9.215 millones de dólares, mientras que el 2024 con un precio del cobre de 4,14 dólares, los aportes al Fisco fueron solamente de 1.534 millones de dólares, es decir 6 veces menos que el año 2006. Además, la producción de cobre el 2006 fue de 1,676 millones de toneladas y el 2024 fue solamente de 1,328 millones de toneladas, un 20,7% menos que el 2006. Estas son las cifras de este Directorio de Codelco, que yo llamo los sepultureros de la Nacionalización, pero que Riesco estima como autoridad calificada.

Manuel Riesco no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo, por lo que conviene dar algunas.

En noviembre de 2024 la empresa “Rio Tinto”, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga,  compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado. Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año.  El acuerdo Codelco-SQM, tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM. ¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años? Nada, absolutamente nada. Esa es la forma como el Directorio de Codelco, la autoridad calificada vela por los intereses del Estado, es decir de todos los chilenos. ¡Vaya Patriotas!

Una de las grandes justificaciones de Máximo Pacheco para hacer este acuerdo con Sqm, es que esta empresa podría generar un “valle productivo”, es decir detener la extracción de salmuera 3 años antes que termine el actual contrato Corfo-SQM, el 31 d diciembre de 2030, por lo cual Chile se quedaría sin ingresos por el litio y sin los impuestos por esta actividad. Ello es una falacia, puesto que en 1976 Corfo manifestó 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama, de 5 hectáreas c/u, y meses después, en 1977, mensuró solo 59.820 y posteriormente renunció a 26.262, por lo que las pertenencias OMA que quedaron son 33.568. De ellas Corfo arrendó a Sqm 28.054 hasta 2030 y 3.344 pertenencias a Albemarle hasta el año 2044.

Por lo tanto quedan disponible 43.802 de las 75.000 pertenencias que Corfo manifestó en 1976, para que Codelco, o una nueva Empresa Nacional del Litio, puedan comenzar desde ya a construir las piscinas necesarias para comenzar a llenarlas con la salmuera que también se puede comenzar a extraer, “tecnología” que no es de otro mundo, ni requiere un capital demasiado grande, mientras se comience también a construir las plantas para obtener el carbonato e hidróxido de litio, o se compren a buen precio las plantas que SQM posee actualmente y que quedarán en desuso, porque solo el Estado está constitucionalmente autorizado para explotar el litio.

En suma, Codelco puede desde ya comenzar a preparar en el Salar de Atacama la explotación del litio, antes del año 2030 cuando termina el contrato Corfo-SQM. El no hacerlo, y hacer un acuerdo con SQM, solo puede ocultar un gran negociado.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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El Portal argentino «Resumen Latinoaméricano» publicó este artículo originalmente el 22 agosto, 2024, advirtiendo las consecuencias de aprobar «la actualización» del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, la cual, como vemos, no fue escuchada por el Senado chileno.

El articulo Chile. Minuta sobre TLC con la UE: No más colonialismo europeo apareció primero en piensaChile.

A espaldas del pueblo: Senado aprueba a la rápida tratado con UE que sacrifica autonomía energética y recursos naturales

Chile Mejor sin TLC acusa que con el acuerdo con la UE, nuestro país sacrifica litio, agua y su autonomía energética, ignorando los impactos ambientales y el aumento de las llamadas «zonas de sacrificio».

Senado decadente aprueba el neocolonial Tratado Chile-Unión Europea

En votación prácticamente unánime, el Senado de Chile aprobó el 13 de noviembre el Tratado Chile-Unión Europea, bajo la suma urgencia impuesta por el gobierno del Presidente Boric y por Ursula von der Leyen de la Comisión Europea. Se trata de un claro indicador del sometimiento neocolonial de Senado y gobierno, impulsores de una tramitación escandalosa por su carácter antidemocrático, frívolo y superficial. Esta votación express o de fast track se permitió ceder la soberanía del país y alinear a Chile tras la OTAN y una Europa decadente.

El tratado asegura la transición energética europea regalando el litio, el agua y energía en forma de hidrógeno verde, e ignorando la destrucción de la naturaleza, y la generación de nuevas zonas de sacrificio.

Las políticas públicas quedan subordinadas a la inversión, y se pone en riesgo la soberanía alimentaria y la autonomía energética de nuestro país. Los senadores votaron por perpetuar y profundizar el modelo extractivista y neoliberal vigente que no da respuesta a las demandas sociales, sindicales y ambientales, y genera más cesantía y dependencia, como se ve en el reciente cierre de Huachipato.

Sólo el calor del estallido y la revuelta popular permitió en otros tiempos que las organizaciones movilizadas pusiéramos en jaque el Senado y detuviéramos por dos años la aprobación del TPP. Como rescoldo de aquello, en 2023 hubo diez votos en contra, de senadores que hoy cambiaron de bando.

La aprobación del Tratado con la Unión Europea tiene lugar en momentos de profundo descreimiento de los ciudadanos y ciudadanas agobiados por las alzas, los incendios, las leyes de gatillo fácil, la falta de vivienda, los hospitales sin medicamentos, y los liceos sin condiciones mínimas para la educación. Es un hito que marca y profundiza la distancia entre la clase política, y las y los trabajadores y las comunidades, que no lo olvidarán a la hora de votar.

Al examinar los pasos de esta tramitación, se revela claramente que el senado está secuestrado por los intereses del gran capital y de las corporaciones nacionales y transnacionales, y sus intereses geopolíticos y comerciales. Concluimos que el senado es una institución que debió desaparecer en 2022, tiene la peor evaluación ciudadana, y quedó en pie sólo por la campaña mediática y financiera levantada por el rechazo a la convención constitucional ese año. Pero los días del senado y de estos políticos están contados aunque ellos nuevamente no lo vean venir… Representan una institucionalidad elitista, privilegiada y descompuesta, sorda a la voluntad ciudadana e indiferente a los reales problemas de las comunidades.

Ninguno de sus partidos puede ser alternativa al fascismo ya que precisamente fortalecen esas tendencias al ignorar las demandas de los sectores populares por salarios y previsión justa, por vivienda, educación, por agua, salud y respeto a los seres vivos y su entorno. El Partido comunista no escapa a ese secuestro neocolonial ya que en el senado sus representantes optaron por abstenerse o ausentarse, como hicieron en la Cámara de Diputados, donde sí hubo algunos votos dignos de diputados.

Esta elite gobernante habita el país de los privilegios, con “izquierda” y derecha unidos como facilitadores de los intereses empresariales. Están desconectados de la realidad, sosteniendo que tenemos valores compartidos con una Unión Europea que está en recesión y se prepara para la guerra. Este “socio” ha dejado de lado los derechos humanos y es cómplice del genocidio contra Palestina que lleva adelante Israel apoyado por Estados Unidos.

Junto a las y los trabajadores y los movimientos sociales, Chile Mejor sin TLC seguirá demostrando que los tratados operan como un pilar del modelo implantado por los poderosos, y buscando nuevos caminos para dificultar su avance, siempre atentos a las necesidades de los pueblos.
Son tiempos de crisis ecológica planetaria y de profundas disputas por la hegemonía global. Las clases dominantes han elegido un camino contrario a nuestra historia, pero las y los trabajadores y las comunidades no hemos votado en favor de ese tratado que carece de toda legitimidad democrática. Seguiremos denunciándolos y exigiendo se auditen con seriedad los impactos que generan estos mecanismos de dominación.

¡Nuestros acuerdos son con las organizaciones de América Latina y el Caribe!

¡A fortalecer las economías populares!

A fortalecer la soberanía alimentaria y una economía productiva con propiedad social!

¡A defender los derechos de las comunidades y la naturaleza!

¡El agua, la vida y la paz valen más que los negocios!

14 de noviembre

Más sobre el tema:

El articulo El Senado, de espaldas al pueblo y a la rápida, consumó entrega de la soberanía del país a la Unión Europea apareció primero en piensaChile.

La Unión Europea tendrá precios preferenciales en la compra de minerales como el litio, cobre y tierras raras de ratificarse en el Parlamento el Acuerdo de Modernización del Tratado con dicho bloque económico. El impacto en la economía chilena es de apenas un 0,09% en el PIB y un aumento de un 0,72% en las exportaciones. En cambio, cualquier posibilidad de establecer acuerdos con valor agregado o transferencia tecnológica, sólo será posible si “no afectan negativamente la capacidad de la Unión Europea para obtener materias primas de Chile”.

La actualización del Tratado entre Chile y la Unión Europea (UE) que se discute en el Congreso obliga al país a otorgar precios preferenciales a la UE en la venta de productos mineros como el cobre, el litio o las tierras raras. Las condiciones del acuerdo están determinadas por la disputa entre las potencias del norte y el Sur Global por el acceso a las materias primas, pugna en la que los minerales chilenos se vuelven estratégicos.

El nuevo acuerdo con la UE tiene que ser aprobado por el Parlamento, para lo cual el Gobierno ha puesto recientemente la suma urgencia, siendo ya aprobado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Las nuevas cláusulas del tratado entregan al bloque económico de países europeos precios exclusivos para la venta de los minerales chilenos, cuando no trato preferente bajo determinadas condiciones.

Según ha destacado la plataforma Chile Sin TLC, si nuestro país acordase con China establecer una explotación en conjunto de litio, instalar una planta de baterías en Chile o hacer transferencia tecnológica a cambio de un determinado precio de venta del mineral, estaría obligado a otorgar ese mismo precio a la UE, pero sin intercambio o ventaja alguna.

En el informe de un centenar de páginas ‘Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea’, realizado por el analista Patricio Véjar Mercado, se caracteriza “el Acuerdo como un tratado neocolonial, porque los costos sociales y ambientales son enteramente transferidos a Chile”.

UN TRATADO CUYAS CONDICIONES HAN HECHO RESTARSE AL MERCOSUR

El Acuerdo de Modernización que se negoció entre el gobierno de Chile y la Unión Europea viene a cambiar algunas partes del Tratado de Libre Comercio firmado en el año 2002.

Si bien las negociaciones comenzaron hace años, se intensificaron a partir de 2023 en encuentros realizados en Bruselas, a los cuales asistió en julio de 2023 el presidente Gabriel Boric, quien aseguró prioridad al conglomerado europeo en la firma de tratados comerciales.

En la ocasión la UE también quería concretar un tratado de libre comercio con el Mercosur, cuyo acuerdo si bien ya está fijado desde 2019, aún no han sido ratificado los textos definitivos por parte de los países. Luiz Lula da Silva, presidente de Brasil, uno de los países integrantes del Mercosur, dijo que la tardanza en la firma ha sido por las medidas unilaterales que la UE ha puesto en las negociaciones, las que van en contra del desarrollo de las empresas brasileñas.

Las mismas medidas impuestas en la renovación del tratado con Chile están siendo aceptadas por el actual Ejecutivo. El texto definitivo fue firmado el pasado 13 de diciembre de 2023 por el canciller chileno, Alberto van Klaveren, y Josep Borrell, por la Comisión Europea.

El tratado fue aprobado en el Parlamento europeo por amplia mayoría, aunque tuvo en contra los votos de los diputados de la Izquierda Europea y los Verdes. El próximo paso en el viejo continente es que sea votado en cada uno de los parlamentos nacionales de los 27 países miembros de la UE.

La tónica de su negociación en Chile ha sido el secretismo. Aún no han sido publicado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas el texto definitivo, que consta de 41 capítulos, manteniendo sólo la versión anterior en inglés. El análisis hecho por la plataforma Chile Sin TLCs a los capítulos recientemente negociados fue posible a través del texto publicado en la web de la Unión Europea.

IMPACTO ECONÓMICO DEL TRATADO

El impacto en la economía chilena es mínimo de aprobarse el nuevo tratado con la UE. Chile vería un cambio positivo en el PIB real del 0,09% en el escenario conservador y del 0,175% en el ambicioso. Es decir, es un efecto casi insignificante.

En tanto para la UE el impacto en su PIB es aún más paupérrimo. Sería un aumento del 0,001% en el escenario conservador y del 0,002% en el ambicioso.

Según el estudio de la plataforma Chile Sin TLCs, las exportaciones de la UE crecerían un 9,91% y un 21,46%, en los escenarios conservador y ambicioso respectivamente. En cambio, las exportaciones de Chile a la UE aumentarían sólo un 0,72% en el escenario conservador y un 1,60% en el ambicioso.

Según la esta misma ONG,

estos datos “podrían ser indicativo de que la verdadera razón de este acuerdo no es comercial sino geopolítica”.

El capítulo sobre Materias Primas en su Artículo 8.5 dedicado a los Precios de Exportación, señala que Chile podrá introducir o mantener medidas con el objetivo de fomentar el valor agregado, mediante el suministro de materias primas a precios preferenciales a sectores industriales para que puedan surgir dentro de Chile, siempre que dichas medidas cumplan con las condiciones establecidas en Anexo II de este capítulo. En este Anexo, la condición establecida es “no afectar negativamente la capacidad de la Unión Europea para obtener materias primas de Chile”.

Esta medida -concedida como beneficiosa para Chile- sólo funcionará si se aplica a materias primas no requeridas por la Unión Europea. Además, esto obstaculizará la posibilidad de desarrollar con otros países convenios que entreguen precios preferentes a condición de transferencia de tecnología y en la generación de valor agregado.

Es el caso de la explotación del litio.

Las condicionantes del Anexo II están en una nota a pie de página que coloca como condiciones que “si la materia prima se suministra a ese precio preferencial a cualquier operador económico en cualquier otro país, se concederá de manera inmediata e incondicional a los operadores económicos en situaciones similares en la Unión Europea”.

Es decir, se asegura obligatoriamente un precio exclusivo para la UE.

Al mismo tiempo se establece que Chile compartirá con la UE información detallada y confiable sobre el alcance del producto, el volumen de producción que está cubierto por la medida, si se han realizado ventas internas a precios preferenciales y el precio interno que ha resultado de la medida. En otras palabras, el país está obligado a entregar toda la información de sus transacciones comerciales al bloque europeo.

Lucía Sepúlveda, vocera de la plataforma Chile sin TLC, comenta que de esta forma la Unión Europea se asegura un precio preferencial de exportación para el litio. “Eso quiere decir que si Chile como socio mayoritario de una empresa exportadora de litio, por ejemplo, concediera a China un precio favorable luego de una negociación que implica alguna ventaja para Chile, el país está obligado a venderle a la UE ‘de manera inmediata e incondicional’ a ese mismo precio. Pero, además, la UE establece que se le venderá el litio al mismo precio del mercado doméstico. Es decir, si la Empresa del litio decide venderle a un precio menor a una empresa chilena o a una empresa mixta que fabrique baterías de litio, o que industrialice el cobre, ese precio aplicará para la Unión Europea. Eso está establecido en el Anexo II del capítulo de Energía y Materias Primas”- sostiene.

Sepúlveda también destaca que el acuerdo establece la prohibición de establecer requisitos de desempeño a los inversionistas, como, por ejemplo, la transferencia de tecnología y si se establecen empresas conjuntas, prohíbe contar con gerentes nacionales al frente de ellas. “El acceso privilegiado al litio se extiende también a la energía e infraestructura -comenta la investigadora-. De esta manera la Unión Europea se asegura el precio y disponibilidad de los recursos que necesita para su objetivo de transición energética, sin que nada de ello signifique beneficios para el país. Por ejemplo, para la explotación del litio (y del hidrógeno verde) se requiere energía y se instalan en el país plantas fotovoltaicas y eólicas que significan importantes costos ambientales, pero esa energía está destinada íntegramente a cubrir los requerimientos de explotación del litio y/o de las plantas del llamado hidrógeno verde”.

“Pienso que van a haber contradicciones con las generosas disposiciones del tratado ya descritas, por el hecho de que en cuanto al litio hay un actor más importante que la Unión Europea, China, potencia con la cual Chile tiene un tratado bilateral de Libre Comercio y el Gobierno espera la concreción de nuevas inversiones estratégicas”.

Actualmente, el 74% de la producción de litio producido en el Salar de Atacama tiene como destino China.

“En ese marco, las inversiones chinas parecen tener un atractivo que no tienen las europeas respecto de transferencia de tecnología y de aporte a la industrialización del litio -agrega Sepúlveda-. En Mejillones hay un proyecto en ese sentido y se sabe del interés de empresas chinas para invertir en la explotación de litio en los 26 salares fuera del Salar de Atacama que el Gobierno ha ofrecido a la inversión extranjera”.

La vocera de la plataforma Chile sin TLC deja también varias preguntas:

¿Habrá litio suficiente para completar los requerimientos de la Unión Europea?

¿Qué pasa si los empresarios chinos deciden exportar a China toda su producción y Chile no alcanza a cumplir los requerimientos de la UE?

¿Habrá una demanda internacional entablada por la UE al no conseguir sus expectativas de ganancia?

Y si en unos años, hubiera un gobierno que de verdad tomara en cuenta la crisis ecológica y decidiera recortar la producción de litio y/o de Hidrógeno Verde a niveles sostenibles, ¿lo demandarían las empresas europeas por dejar de proveerles insumos estratégicos para su transición?

Las preguntas están en la mesa.

*Fuente: ElCiudadano

El articulo Litio y Cobre: Nuevo tratado establecerá precios exclusivos de minerales estratégicos para los europeos apareció primero en piensaChile.