“en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial”.

La Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo, compañera del mismo Partido político que Carmen Hertz, impugnó públicamente tales declaraciones afirmando lo siguiente en los canales de la televisión:

“Podemos mirar además a nivel internacional los organismos de derechos humanos que también hacen informes críticos de la situación de la libertad de prensa. La libertad de expresión de Venezuela y comparativamente también hablando con Chile, pero si solo miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, no se condice con la afirmación de la diputada, así que desconozco en base a qué se señala aquello”,

cerró Vallejo.

Obviamente, los canales de televisión chilenos, se dieron un festín con esta controversia pública entre dos militantes de un mismo partido político. Vi en CNN entrevistas a numerosos parlamentarios, todos criticando severamente a Carmen, sin que jamás le otorgaron espacio a ella misma.

Carmen no ha dicho ninguna mentira. La situación de la prensa y televisión en Venezuela no pueden compararse con la nuestra. Está a años luz por encima de nosotros, digan lo que digan las versiones de las entidades internacionales al servicio de los grandes consorcios internacionales.

Caracas es sede de varios diarios y semanarios de circulación nacional tales como: “Analitica.com, ​Tribuna Popular, El Nacional, Últimas Noticias, El Universal, El Mundo Economía y Negocios, Correo del Orinoco, Diario VEA, Diario 2001, Tal Cual, Líder, Meridiano, La Razón. Además, existe en Caracas prensa escrita en italiano, inglés y portugués como La Voce d’ Italia, Correo del Orinoco International y el Correio da Venezuela” (Wikipedia. Anexo: Medios de comunicación de Caracas.)

Por señal abierta (gratuitos por orden numérico) la ciudad es sede de: “Tves, Venevisión, Vale TV, VTV, Televen, ViVe, Globovisión, Fundación Audiovisual Nacional de Televisión ANTV, Ávila TV, Telesur, Canal I, TV Familia, Catia TVe y Meridiano Televisión”. (Idem), la mayoría de ellos opositores al gobierno.

Desde la capital emiten varias emisoras de tipo AM y FM con alcance local, nacional o internacional como “Radio Caracas Radio, Circuito Unión Radio, Radio Capital, Circuito Radio Venezuela, AM y FM Center, Circuito X, Organización Planeta, Circuito Radial Triple F, Circuito Digital Kys, Circuito Adulto Joven, Circuito Radio Mundial, Radio Rumbos, Radio Continente y la Emisora Cultural de Caracas, entre otras”. (Idem)

Recordemos que en Chile, con motivo del estallido social, “entre octubre de 2019 y marzo de 2021 se registran 294 ataques físicos a la prensa por parte de las fuerzas de orden público, principalmente Carabineros, incluyendo tres casos de trauma ocular, lesiones por armas disuasivas, así como numerosas detenciones. Durante 2020 se registraron 75 detenciones de periodistas, la cifra más elevada desde la dictadura” (CIPER ACADÉMICO / OPINIÓN Crisis de la libertad de expresión en Chile.03.05.2021 Por Javier García García y Chiara Sáez Baeza.).

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El agravio cometido por Camila Vallejo contra Carmen Hertz, compañera de su propio Partido, es imperdonable.

Carmen es quizás la figura política más respetable en Chile. Fue víctima del vil asesinato de su compañero y esposo Carlos Berger, descuartizado en las arenas del desierto por la criminal Caravana de la Muerte, a lo cual debemos añadir el suicidio de su suegra la dentista Dora Guralnik, quién no pudo resistir el vil asesinato de su hijo y se suicidó lanzandose al vacío desde su departamento en la Remodelación San Borja.

Desde que fue electa diputada por el distrito N° 8, que comprende las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel, Quilicura, Maipú, Estación Central y Cerrillos, Carmen se ha transformado en una de las voces más lúcidas y respetables del Parlamento Chileno.

El agravio público cometido contra ella por la Ministra Vallejo es imperdonable, además de incurrir en una flagrante mentira, solo avalada por las mismas fuentes de información que permanecen silenciosas, por ejemplo, ante los múltiples asesinatos de periodistas, cometidos hoy en día por el ejército de Israel en la martirizada franja de Gaza.

Para nosotros militantes comunistas hace ya casi 80 años, este episodio nos resulta inconcebible, representativo de la necesidad de recuperar los Principios y las Normas que nos han permitido sobrevivir a tantas situaciones adversas en nuestra historia.

Querida Carmen, te hacemos llegar públicamente, todo nuestro aprecio y reconocimiento, acrecentado por tan injusta puñalada.

*Fuente: Politika

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Tributo a la Prensa Libre

El articulo Camila Vallejo agravia a Carmen Hertz apareció primero en piensaChile.

24 de abril de 2024

El apoyo incondicional del Estado alemán a Israel amenaza con sumergir al país en un orden cada vez más represivo de confrontación con la libertad de expresión y el derecho internacional

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La postura del Gobierno alemán en la guerra de Gaza y el trato cada vez más represivo que muestra hacia sus detractores está aumentando la preocupación nacional e internacional. El Gobierno formado por socialdemócratas, verdes y liberales sigue prometiendo apoyo militar y diplomático incondicional al Estado de Israel, que actualmente está siendo juzgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por cargos de genocidio, una acusación que el propio tribunal califica de “plausible”. Intelectuales y artistas de renombre internacional –incluidas algunas voces judías– comprometidos con los derechos humanos, como Nancy Fraser, Laurie Anderson y Masha Gessen, no son bienvenidas en Alemania, se cancelan sus cátedras como invitadas y sus ceremonias de entrega de premios. Su delito: denunciar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos en Gaza, todo ello ampliamente documentado, y exigir lo que la Asamblea General de la ONU también está pidiendo de forma abrumadora: un alto el fuego inmediato y permanente para poner fin a la matanza sin sentido en Gaza. Mientras tanto, más de 33.843 personas, entre ellas 13.000 niños, han sido víctimas de los bombardeos y la hambruna ya está presente.

Sin embargo, la lista de proscritos dista mucho de haber terminado, y crece casi a diario. Los cineastas Yuval Abraham, de Israel, y Basel Adra, de Palestina, que recibieron el Premio de Cine Documental de la Berlinale por su película No Other Land, que versa sobre las expulsiones en Cisjordania, fueron acusados de antisemitismo por políticos y destacados medios de comunicación porque pedían el fin de la entrega de armas alemanas a Israel, que se había multiplicado por diez durante la guerra. Y porque se atrevieron a utilizar la palabra apartheid, término que las dos principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, llevan años utilizando en lo que respecta a Israel tras muchos años de estudios en profundidad sobre el terreno. Cualquiera que hoy en Alemania invoque a la ONU, al derecho internacional y a las organizaciones de derechos humanos reconocidas es declarado persona non grata, alguien que odia a Israel, un antisemita.

Cualquier persona que en estos momentos critique a Israel se arriesga a que se le prohíba entrar en el país

Y eso no es todo: cualquier persona que en estos momentos critique a Israel se arriesga incluso a que se le prohíba entrar en el país y participar en actividades políticas, como el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis y el cirujano británico-palestino de renombre mundial y rector de la Universidad de Glasgow, Ghassan Abu Sittah, al que las autoridades alemanas detuvieron en el aeropuerto durante varias horas y después enviaron de regreso a Gran Bretaña. Sittah había trabajado para Médicos Sin Fronteras en el ahora destruido hospital Al-Shifa de Gaza durante la primera fase de los bombardeos, en octubre y noviembre, e informó de sus experiencias al Tribunal Internacional de Justicia en enero. Al parecer, el Gobierno de Berlín no quiso que el público alemán escuchara su testimonio. Ambos, Varoufakis y Sittah, fueron invitados a hablar en una conferencia sobre Palestina celebrada en Berlín del 12 al 14 de abril, a la que también asistieron numerosos participantes judíos.

Sin embargo, la conferencia, de tres días de duración, fue clausurada a las dos horas por la policía, que cortó la electricidad sin contemplaciones. La razón oficial: la retransmisión por Internet de una colaboración del investigador y escritor palestino Salman Abu Sitta, de 87 años. A Sitta se le había prohibido entrar en el país y participar en actividades políticas por haber señalado, en un artículo, que de joven podría haber sido uno de los perpetradores del sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La base jurídica sobre la que se puede clausurar todo un congreso porque un solo orador haga declaraciones cuestionables sigue siendo un secreto de las autoridades.

Mientras las encuestas muestran que el 69% de los alemanes consideran injustificadas las acciones de Israel en Gaza, el Gobierno alemán sigue apoyando incondicionalmente a su aliado. Al hacerlo, adopta medidas cada vez más draconianas contra sus críticos y emprende un peligroso camino de confrontación con la libertad de pensamiento y las normas jurídicas internacionales. De este modo, Alemania amenaza con sumergirse cada vez más en un orden autoritario y represivo.

El 69% de los alemanes consideran injustificadas las acciones de Israel en Gaza

Desde una perspectiva internacional, Alemania lleva mucho tiempo jugándose su reputación. Esto se refleja, entre otras cosas, en la demanda que interpuso Nicaragua contra el Estado alemán por complicidad en genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un caso que ha recibido un amplio apoyo en los países del hemisferio sur. Ante la difusión de la “cultura de la cancelación” de los actos críticos con Israel, los artistas e intelectuales internacionales también dan cada vez más la espalda a Alemania. La Premio Nobel francesa Annie Ernaux, por ejemplo, se ha sumado a una iniciativa que pide el boicot de las instituciones culturales alemanas gestionadas por el Estado porque Alemania aplica una política “al estilo McCarthy” que suprime la libertad de expresión.

Como justificación a la aberración del Gobierno alemán se suele decir que Alemania debe estar rotundamente del lado de Israel debido a su historia. Sin embargo, ¿puede extraerse una buena enseñanza del mayor crimen de la historia de la humanidad al posicionarse en contra del derecho internacional, los derechos humanos y la libertad de opinión? ¿Es la consecuencia ética correcta prometer solidaridad eterna e incondicional a un Estado concreto, independientemente de quién gobierne ese Estado (en el caso de Israel, actualmente son extremistas de derechas) y de lo que hagan? ¿No deberíamos mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas por la guerra, es decir, las 1.200 víctimas israelíes y las 33.843 palestinas a partes iguales? ¿No se infiere de la culpa del pasado que los gobiernos alemanes en particular deberían proteger los derechos de las personas independientemente de su origen, nacionalidad, color de piel y religión frente a la persecución, el trauma y la muerte? ¿Pero por qué los políticos alemanes no ofrecen esta protección a los habitantes de Gaza? ¿Por qué quienes defienden estos derechos y quieren evitar más muertes son condenados al ostracismo y vetados de la esfera pública alemana? Actualmente, en Alemania, la verdad y la justicia están patas arriba y el resto del mundo mira negando con la cabeza.

Traducción de Paloma Farré.

Fabian Scheidler es escritor autónomo y trabaja para Berliner Zeitung, Le Monde diplomatique, Taz Die Tageszeitung, Blätter für deutsche und internationale Politik entre otros medios. En 2009 obtuvo el Premio de Periodismo Crítico Otto Brenner.

*Fuente: CTX

El articulo Complicidad: Gaza y la senda de Alemania hacia el autoritarismo apareció primero en piensaChile.

Por qué la sentencia sobre Julian Assange debería importarte
El día en un minuto, por @MarSala___ pic.twitter.com/Vcf7OyTdrZ

— El Salto (@ElSaltoDiario) February 20, 2024

Texto de que expone la realidad de esta pantomima…

Mito: Es un «traidor» que debe ser juzgado en Estados Unidos.

Realidad: Assange no es ciudadano estadounidense, nunca ha vivido en Estados Unidos y no tiene ningún vínculo significativo con ese país. Es un ciudadano australiano que vivía y trabajaba en Londres cuando el gobierno estadounidense abrió el caso contra él. Los cargos que se le imputan están relacionados con la publicación de material de interés público por parte de WikiLeaks. La extradición de Assange sentaría un peligroso precedente que podría poner en peligro a otros editores y periodistas de todo el mundo, independientemente de su ciudadanía. De manera preocupante, el gobierno de EE. UU. ha afirmado que las protecciones de la Primera Enmienda no se aplicarán a Assange por no ser ciudadano estadounidense.

Mito: Es un informante que filtró información clasificada.

Realidad: Assange desempeñó un papel distinto al de un denunciante de corrupción o “whistleblower”; él mismo no filtró información clasificada, sino que publicó información que le fue filtrada. La autora de la filtración, la ex analista del ejército Chelsea Manning, ya había cumplido más de siete años de prisión antes de que el Presidente Obama conmutara su condena de 35 años, declarando que era «muy desproporcionada en relación con la que han recibido otros filtradores». De ser extraditado a Estados Unidos, Assange sería el primer editor juzgado en virtud de la Ley de Espionaje, que implica carecer de una defensa de interés público; cualquier persona acusada de esta manera no puede defenderse suficientemente. Se enfrenta a una posible condena de hasta 175 años de prisión.

Mito: No puedo defender a Assange si no lo considero un periodista.

Realidad: Existen diversas opiniones sobre el estatus de Julian Assange como periodista, editor o fuente periodística. Sin embargo, lo más relevante es comprender por qué Assange ha sido objeto de atención y las implicaciones de su posible extradición y enjuiciamiento. RSF defiende a Assange debido a su contribución al periodismo, ya que la publicación de documentos clasificados por parte de WikiLeaks ha sido fundamental para la generación de extensos reportajes de interés público en todo el mundo. Su procesamiento tendría consecuencias alarmantes para el futuro del periodismo y constituiría un golpe sin precedentes a la libertad de prensa.

Mito: Su condena no tendría impactos significativos a nivel global.

Realidad: La condena de Assange tendría repercusiones significativas en el futuro del periodismo a nivel mundial y en nuestro derecho fundamental a estar informados. Sería el primer editor en ser juzgado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos, la cual carece de una defensa basada en el interés público y requiere una reforma urgente. Su condena sentaría un precedente peligroso para el periodismo al abrir la puerta a enjuiciamientos similares de otros individuos que publiquen información basada en filtraciones clasificadas, lo que amenazaría a numerosos medios de comunicación y periodistas, y crearía consecuencias disuasorias sobre la divulgación de información de interés público.

Mito: Expuso a personas deliberadamente a situaciones de riesgo.

Realidad: Julian Assange nunca expuso deliberadamente a nadie a ningún peligro, y tomó medidas proactivas para salvaguardar a aquellos que podrían verse afectados por la divulgación de datos no censurados en una situación extraordinaria que estaba más allá de su control. La publicación inicial de los datos no censurados no fue realizada por WikiLeaks, y cuando Assange tuvo conocimiento de que la publicación era inminente, instó al gobierno de EE. UU. a tomar medidas para proteger a posibles afectados. WikiLeaks colaboró con un consorcio de medios de comunicación profesionales, incluidos The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País, para analizar periodísticamente la información filtrada. La contraseña fue divulgada públicamente por uno de estos medios asociados, lo que permitió a terceros acceder y publicar los datos sin censura. Posteriormente, WikiLeaks volvió a publicar los datos. A pesar de que el Departamento de Justicia de EE. UU. nunca ha procesado a nadie más que a Assange por la publicación de estos datos, no ha presentado evidencia de daño real causado a personas como resultado de la divulgación.

Mito: El caso contra Assange ha estado activo mucho tiempo y no existe una urgencia evidente para su resolución.

Realidad: El caso del gobierno estadounidense contra Assange alcanza un punto crítico con la posibilidad de su extradición inminente. Aunque el proceso comenzó hace más de 13 años, tras la publicación de más de 250.000 documentos clasificados filtrados por WikiLeaks en 2010, el procedimiento de extradición se acerca a su conclusión en los tribunales del Reino Unido. La audiencia programada para los días 20 y 21 de febrero ante el Tribunal Supremo británico representa el principio del fin de este procedimiento, ya que los motivos que rechacen estos jueces no podrán ser recurridos en el Reino Unido. Si se rechazan todos los motivos, Assange podría ser extraditado rápidamente, quedando como única opción la apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Mito: Permanece en la embajada de Ecuador en Londres.

Realidad: Assange lleva casi cinco años en una prisión de alta seguridad. Tras pasar casi siete años en la embajada de Ecuador, donde se había refugiado de una posible extradición a Estados Unidos, Assange fue obligado a salir de la embajada en abril de 2019 y detenido acusado de incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza en 2012.

Posteriormente, cumplió una condena de 50 semanas en la prisión de Belmarsh (Reino Unido). Desde entonces, ha permanecido detenido en esa misma prisión, en espera de la resolución del proceso de extradición en su contra. La última solicitud de libertad bajo fianza de Assange fue denegada en enero de 2021.

Mito: Estuvo protegido durante sus años de refugio en la embajada de Ecuador.

Realidad: Durante sus años de refugio en la embajada ecuatoriana en Londres, Assange continuó siendo un objetivo activo del gobierno estadounidense y sus representantes. Un reportaje de investigación publicado por YahooNews reveló conversaciones entre funcionarios de la CIA bajo la administración Trump sobre la posibilidad de proceder al secuestro o asesinato de Assange. Tanto Assange como sus visitantes, incluidos su equipo legal y periodistas, fueron objeto de vigilancia por parte de una empresa de seguridad española contratada para ofrecer sus servicios en la embajada. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que el periodo de Assange en la embajada ecuatoriana constituyó una detención arbitraria, mientras que el anterior Relator Especial de la ONU sobre la Tortura indicó que Assange presentaba síntomas de haber sido sometido a tortura psicológica durante mucho tiempo. Después de casi siete años, la embajada finalmente expulsó a Assange, permitiendo que la policía británica lo detuviera. Funcionarios del gobierno ecuatoriano realizaron acusaciones sin fundamento sobre el comportamiento de Assange durante su estancia en la embajada, lo que contribuyó a intensas campañas difamatorias en su contra en los medios de comunicación. Además, parece que los funcionarios de la embajada retiraron la maquinilla de afeitar de Assange varias semanas antes de su expulsión, lo que explicaría su aspecto desaliñado en las fotos tomadas durante su detención, que continúan circulando ampliamente en los medios como sus últimas imágenes públicas.

Mito: Se han respetado sus derechos humanos.

Realidad: Assange se ha enfrentado a numerosas violaciones de sus derechos humanos en la causa abierta contra él por el gobierno de Estados Unidos, en su vigilancia en la embajada de Ecuador y en el trato que recibe de los tribunales y el sistema penitenciario de Reino Unido. El gobierno de Estados Unidos ha señalado a Julian Assange para llevar a cabo con él una persecución legal sin precedentes e implacable durante 13 años. En la embajada de Ecuador, las conversaciones legalmente protegidas de Assange con sus abogados fueron vigiladas, y los dispositivos de los periodistas que lo visitaron fueron manipulados. En su estancia en la prisión de Belmarsh, durante la pandemia de Covid-19, se suspendieron por completo los derechos de visita de Assange, y en ocasiones se vio confinado en su celda debido a las infecciones de Covid en su bloque de reclusión. Durante su proceso de extradición, Assange fue sometido a registros corporales excesivos y aparentemente punitivos, y los funcionarios de prisiones le confiscaron documentos legalmente confidenciales. A pesar de sus solicitudes para comparecer personalmente ante el tribunal en todas las vistas, a Assange no se le ha permitido hacerlo desde la vista de fianza celebrada el 6 de enero de 2021, y solo se le ha permitido participar de forma remota a través de un enlace de video desde la prisión.

Mito: La demanda de extradición fue presentada por el Presidente Obama o el Presidente Biden.

Realidad: Aunque Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres durante la presidencia de Obama, Obama no lo persiguió activamente. Fue el Departamento de Justicia de Trump (DOJ) el que presentó la acusación sustitutiva contra Assange y comenzó a perseguir activamente su extradición. Cuando el presidente Biden asumió el cargo, su Departamento de Justicia siguió adelante con la apelación que había iniciado el Departamento de Justicia de Trump tras la decisión en primera instancia del tribunal británico de impedir la extradición de Assange por motivos de salud mental, decisión que posteriormente fue anulada por el Tribunal de Apelación.

Mito: El caso del gobierno estadounidense contra Julian Assange se centra en las elecciones presidenciales de 2016.

Realidad: Esta causa judicial está relacionada únicamente con la publicación por parte de WikiLeaks en 2010 de más de 250.000 documentos militares y diplomáticos clasificados filtrados, conocidos como Cablegate, el Diario de la Guerra de Afganistán y los Diarios de la Guerra de Irak. La nueva acusación contra Assange se basa en 18 cargos -17 en virtud de la Ley de Espionaje y uno en virtud de la Ley de Fraude y Abuso Informático- relacionados con la publicación de los materiales clasificados filtrados. No está relacionada con ninguna actividad de WikiLeaks posterior en 2016 ni con ningún otro punto.

Mito: Hay un caso activo contra Assange en Suecia.

Realidad: No hay ningún caso abierto contra él en Suecia. Las acusaciones de violación formuladas contra él han sido objeto de un amplio examen y controversia, incluso por el ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, y Assange ha negado las acusaciones. Nunca hubo acusaciones penales formales, y la investigación de la Fiscalía sueca sobre Assange se abandonó en noviembre de 2019 por falta de pruebas. El caso del gobierno estadounidense contra Assange, que se basa en la publicación por parte de WikiLeaks de material clasificado filtrado, es totalmente independiente de las acusaciones formuladas contra él en Suecia.

*Fuente: Politika

Más sobre el tema:

El articulo Libertad para Assange: «Existe el temor real y fundado de que Julian Assange sea asesinado» apareció primero en piensaChile.

(Nota del Trad.: ARD y ZDF son dos grupos de radiodifusión pública de Alemania, La radiodifusión pública en Alemania se financia principalmente con el pago obligatorio de17,50 euros al mes que realiza cada hogar).

5 de octubre de 2021

Ya no puedo permanecer más en silencio. No puedo seguir aceptando sin rechistar lo que ocurre desde hace año y medio en mi empresa, la radiotelevisión pública. Cosas como el «equilibrio», la «cohesión social» y la «diversidad» en la información están consagradas en los estatutos y los contratos estatales de los medios de comunicación. Lo que se practica es exactamente lo contrario. No hay un verdadero discurso e intercambio en el que todas las partes de la sociedad puedan encontrarse.

Desde el principio, he sido de la opinión de que la radiodifusión pública debe llenar exactamente este espacio: promover el diálogo entre los defensores de las medidas y los críticos, entre la gente que tiene miedo del virus y la gente que tiene miedo de perder sus derechos básicos, entre los partidarios de la vacunación y los escépticos de la misma. Pero desde hace año y medio, el espacio de discusión se ha reducido considerablemente.

Científicos y expertos que eran respetados y respetables en la época anterior a Corona, a los que se les daba espacio en el discurso público, de repente son unos cascarrabias, unos teóricos de la conspiración o unos covidiotas. Un ejemplo muy citado es el de Wolfgang Wodarg. Es especialista en medicina múltiple, epidemiólogo y político sanitario de larga trayectoria. Hasta la crisis de Corona, también formaba parte del consejo de Transparencia Internacional. En 2010, como presidente de la Comisión de Sanidad del Consejo de Europa, destapó la influencia de la industria farmacéutica en la pandemia de gripe porcina. En ese momento, podía representar personalmente su opinión en la radiodifusión pública, pero desde Corona esto ya no es posible. Ha sido sustituido por los llamados fact-checkers (Nota del Trad.: blogeros baratos y vulgares) que lo desacreditan.

Consenso paralizante

En lugar de un intercambio abierto de opiniones, se proclamó un «consenso científico» que hay que defender. Quien lo dude y exija una perspectiva multidimensional de la pandemia se gana la indignación y el desprecio.

Este patrón también funciona dentro de las redacciones. Desde hace un año y medio ya no trabajo en el área de las noticias diarias, de lo que estoy muy contento. En mi puesto actual, no participo en las decisiones sobre qué temas aplican y cómo. Describo aquí mi percepción de las conferencias editoriales y un análisis de los informes. Durante mucho tiempo no me atreví a abandonar el papel de observador, el supuesto consenso parecía demasiado absoluto y unánime.

Desde hace unos meses me aventuro a salir al hielo y a hacer algún comentario crítico aquí y allá en las conferencias. Esto suele ir seguido de un silencio de sorpresa, a veces de un «gracias por señalarlo» y a veces recibo un sermón sobre por qué no es cierto. Esto nunca ha dado lugar a la presentación de informes.

El resultado de un año y medio de Corona es una división de la sociedad que no tiene parangón. El servicio público de radiodifusión ha desempeñado un papel importante en este sentido. Cada vez falla más en su responsabilidad de tender puentes entre los campos y promover el intercambio.

A menudo se esgrime el argumento de que los críticos son una pequeña minoría, que no merece atención y a la que no hay que dar demasiado espacio por razones de representación proporcional. Esto debería haber sido refutado a más tardar desde el referéndum en Suiza sobre las medidas de Corona. Aunque allí tampoco se produce un libre intercambio de opiniones en los medios de comunicación, el voto sólo fue 60:40 para el gobierno. (1) Con el 40% de los votos emitidos, ¿se puede hablar de una pequeña minoría? También hay que mencionar que el gobierno suizo vinculó también el plebiscito a los pagos de la ayuda a Corona, lo que puede haber influido en la decisión de algunas personas de poner su cruz en la casilla del «sí».

La evolución de esta crisis se produce a tantos niveles y tiene un impacto en todas los sectores de la sociedad que lo que se necesita ahora mismo no es menos, sino más espacio libre para el debate.

Lo revelador aquí no es todo lo que se discute en la radiodifusión pública, sino lo que queda sin mencionar. Las razones son múltiples y requieren un análisis interno honesto. Las publicaciones del científico de los medios de comunicación y antiguo consejero de radiodifusión del MDR, Uwe Krüger, como su libro «Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen» (Mainstream – Por qué ya no confiamos en los medios), pueden ayudar a ello.

En cualquier caso, hay que ser valiente para nadar a contracorriente en las conferencias donde se discuten y debaten los temas. A menudo, el que puede presentar sus argumentos de forma más elocuente se impone; en caso de duda, por supuesto, el consejo de redacción decide. Desde el principio, la ecuación era que las críticas al curso de Corona del gobierno pertenecían al espectro de la derecha. Después de eso ¿qué editor se atreve todavía a expresar un pensamiento en este sentido?

Preguntas abiertas

Así, la lista de incoherencias y preguntas sin respuesta que no han recibido una cobertura sustancial es muy amplia:

• ¿Por qué sabemos tan poco sobre la „gain of function research“ («investigación de ganancia de función». Investigación que se orienta a determinar cómo hacer que los virus sean más peligrosos para los humanos)?
• ¿Por qué la nueva Ley de Protección de la Infección establece que el derecho fundamental a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio puede restringirse a partir de ahora, incluso con independencia de una situación epidémica?
• ¿Por qué las personas que ya han tenido Covid-19 tienen que volver a vacunarse, aunque estén al menos tan protegidas como las personas vacunadas?
• ¿Por qué no se habla del «Evento 201» y de los ejercicios globales de pandemia en el periodo previo a la propagación del SARS-CoV-2, o sólo se los relaciona con mitos conspirativos? (2)
• ¿Por qué no se publicó íntegramente -y se discutió en público- el documento interno del Ministerio Federal del Interior, conocido por los medios de comunicación, en el que se pedía a las autoridades que buscaran generar un «efecto shock» para ilustrar el impacto de la pandemia de Corona en la sociedad humana?
• ¿Por qué el estudio del profesor Ioannidis sobre la tasa de supervivencia (99,41% para los menores de 70 años) no aparece en ningún titular, pero sí las proyecciones fatalmente erróneas del Imperial College (Neil Ferguson predijo medio millón de muertes coronarias en el Reino Unido y más de 2 millones en Estados Unidos en la primavera de 2020)?
• ¿Por qué un informe de expertos elaborado para el Ministerio Federal de Sanidad dice que la utilización de los hospitales en 2020 por parte de los pacientes de Covid 19 fue sólo del 2%?
• ¿Por qué Bremen tiene, con diferencia, la mayor incidencia (113 el 4.10.21) y, al mismo tiempo, la mayor tasa de vacunación de Alemania (79 %)?
• ¿Por qué se hicieron pagos de 4 millones de euros en una cuenta familiar de la Comisaria de Sanidad de la UE, Stella Kyriakides, que fue la responsable de concluir los primeros contratos de vacunas de la UE con las empresas farmacéuticas? (3)
• ¿Por qué no se describe e informa sobre las personas con efectos adversos graves de la vacuna en la misma medida que se hizo con las personas con efectos graves de la vacuna en 2020? (4)
• ¿Por qué a nadie le molesta el desordenado recuento de los que «enferman a pesar de la estar vacunados»? (5)
• ¿Por qué los Países Bajos informan de muchos más efectos secundarios de las vacunas Covid 19 que otros países?
• ¿Por qué la descripción de la eficacia de las vacunas Covid-19 en el sitio del Instituto Paul Ehrlich ha cambiado tres veces en las últimas semanas? «Las vacunas COVID-19 protegen contra las infecciones por el virus SARS-CoV-2». (15 de agosto de 2021); «Las vacunas COVID-19 protegen contra un curso grave de la infección por el virus SARS-CoV-2» (7 de septiembre de 2021); «Las vacunas COVID-19 están indicadas para la inmunización activa para prevenir la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2». (27 de septiembre de 2021) (6).

Me gustaría profundizar en algunos puntos.

«Ganancia de función y fuga de laboratorio” („Gain of function“ und „Lab leak“)

No he oído ni leído nada sustancial sobre la «investigación de ganancia de función» („gain of function research“), es decir, la investigación para hacer que los virus sean más peligrosos, que se llevó a cabo en el Instituto de Virología de Wuhan, China, y que fue financiada por los Estados Unidos. Esta investigación se lleva a cabo en los llamados laboratorios P4, donde se trabaja desde hace décadas tratando de lograr que los virus del reino animal pueden ser alterados de tal manera que también se vuelvan peligrosos para los humanos. La ARD y la ZDF (Nota del Trad.: Dos canales estatales de TV) han dejado de lado este tema hasta ahora, a pesar de que existe una clara necesidad de debate. Una primera cuestión a debatir podría ser, por ejemplo: ¿Queremos, como sociedad, que se haga ese tipo de investigación?

Actualmente existen numerosos informes sobre la «teoría de la fuga del laboratorio» („lab leak theorie“), es decir, sobre los supuestos de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio. Hay que mencionar que este tema fue inmediatamente tachado de mito conspirativo el año pasado. Los medios de comunicación alternativos que siguieron esta pista fueron expulsados de redes sociales como YouTube y Twitter y la información fue borrada. Los científicos que expresaron esta tesis fueron atacados masivamente. Hoy en día, la teoría de la «fuga de laboratorio» („lab leak theorie“) es al menos tan plausible como la transmisión por un murciélago. El periodista de investigación estadounidense Paul Thacker ha publicado los resultados de su meticulosa investigación en el British Medical Journal. La Dra. Ingrid Mühlhauser, profesora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Hamburgo, escribe al respecto:

«Paso a paso, él [Thacker] muestra cómo los operadores de un grupo de laboratorios estadounidenses desarrollan deliberadamente una teoría de la conspiración para disfrazar su accidente de laboratorio en Wuhan como una conspiración. El mito está respaldado por revistas de renombre como The Lancet. Los periodistas científicos y los proveedores de servicios de comprobación de hechos adoptan la información de forma irreflexiva. Los científicos implicados guardan silencio por miedo a perder prestigio y financiación para la investigación. Facebook bloquea los informes que cuestionan el origen natural del SARS-CoV-2 durante casi un año. Si se confirmara la tesis del accidente de laboratorio, la ZDF y otros medios de comunicación habrán defendido mitos de conspiración.»

Ivermectina y alternativas a la vacunación

Desde hace meses se sabe que hay tratamientos eficaces y baratos para el Covid-19 pero que no se permite utilizarlos. Los datos al respecto son claros. Pero las campañas de desinformación pseudocientífica contra estos remedios son indicativas del estado de nuestra medicina. La hidroxicloroquina se conoce desde hace décadas y se ha utilizado millones de veces para la malaria y las enfermedades reumáticas. El año pasado, se declaró repentinamente peligrosa. La declaración del presidente Donald Trump de que la hidroxicloroquina era un «game changer» hizo el resto para desacreditarla. La retórica política ya no permitía un debate científico sobre la HCQ.

La situación catastrófica en la India debido a la propagación de la variante Delta fue ampliamente difundida por todos los medios de comunicación en la primavera (en ese momento, todavía se hablaba de la variante india del virus). Por otro lado, el hecho de que la India haya controlado la situación con relativa rapidez y que el medicamento ivermectina haya desempeñado un papel decisivo en grandes estados como Uttar Pradesh, ha dejado de ser noticia. (7)

La ivermectina también está aprobada provisionalmente en la República Checa y Eslovaquia para el tratamiento de los pacientes de Covid 19. Al menos MDR informa de ello, aunque con una connotación negativa.

En la lista de posibles medicamentos de la Bayerischer Rundfunk, la ivermectina ni siquiera se menciona, y sólo se citan estudios negativos y no positivos sobre la hidroxicloroquina.

La molécula Clofoctol también mostró una buena eficacia contra el SARS-CoV-2 en pruebas de laboratorio en el verano de 2020. Hasta 2005, el antibiótico se comercializaba en Francia e Italia con los nombres de Octofene y Gramplus. Las autoridades francesas impidieron en varias ocasiones al Instituto Pasteur de Lille realizar un ensayo con pacientes de Covid-19. Tras varios intentos, a principios de septiembre reclutaron al primer paciente para ello.

¿Por qué las autoridades sanitarias se oponen con vehemencia a métodos de tratamiento que habrían estado disponibles desde el principio de la pandemia? Me hubiera gustado ver una investigación de ARD sobre esto. También hay que mencionar que las nuevas vacunas Corona sólo recibieron la aprobación de emergencia porque no había ningún tratamiento oficialmente reconocido para el SARS-CoV-2.

No es mi intención promover una cura milagrosa de Corona. Quiero señalar hechos que no han recibido la atención que merecen. Desde el principio se difundió en el discurso público la opinión de que sólo la vacunación puede poner remedio. Por momentos, la OMS llegó a cambiar la definición de «inmunidad de rebaño» en el sentido de que sólo se podía adquirir mediante la vacunación y ya no mediante una infección previa, como ocurría anteriormente.

Pero, ¿y si el camino tomado es un callejón sin salida?

Dudas sobre la eficacia de la vacuna

Los datos de los países con tasas de vacunación especialmente altas muestran que las infecciones por el SARS-CoV-2 no son raras, sino que son habituales, incluso en personas totalmente vacunadas. El Dr. Kobi Haviv, director del Hospital Herzog de Jerusalén, afirma que entre el 85% y el 90% de los pacientes graves de su unidad de cuidados intensivos están doblemente vacunados. (8)

La revista Science escribe, refiriéndose al conjunto de Israel: «El 15 de agosto, 514 israelíes fueron hospitalizados con enfermedades graves o críticas de Covid-19 … De estas 514 personas, el 59% estaban totalmente vacunadas. De los vacunados, el 87% tenía 60 años o más». Science cita a un asesor del gobierno israelí que afirma: «Una de las grandes historias que salen de Israel [es]: ‘Las vacunas funcionan, pero no lo suficientemente bien’«.

Además, ahora es evidente que las personas vacunadas portan (y propagan) tanto material vírico de la variante delta como las personas no vacunadas.

¿Qué se deduce de esta situación de los datos en Alemania? – Un lockdown específico para los no vacunados o, por decirlo de forma algo eufemística: la «regla 2G» (Nota del Trad.: Vacunados y Convalecientes). La sociedad está dividida de facto en dos clases. Los vacunados recuperan sus libertades (porque no suponen ningún riesgo para los demás), los no vacunados (porque suponen un riesgo para los demás) tienen que someterse a pruebas que tienen que pagar ellos mismos, y en caso de cuarentena ya no cobran sueldo. Tampoco se descartan ya las prohibiciones de empleo y los despidos basados en el estado de vacunación, y las aseguradoras sanitarias podrían imponer en el futuro tarifas menos favorables a los no vacunados. ¿Por qué esta presión sobre los no vacunados? No hay ninguna justificación científica para ello y es extremadamente perjudicial para la sociedad.

Los anticuerpos producidos por la vacunación disminuyen significativamente después de algunos meses. Un vistazo a Israel muestra que, tras la segunda vacunación, toda la población está recibiendo la tercera dosis y ya se ha anunciado la cuarta. Los que no renueven su vacunación al cabo de seis meses dejarán de considerarse inmunes y perderán su «pase verde» (la tarjeta de vacunación digital que ha introducido Israel). En Estados Unidos, Joe Biden habla ahora de los impulsores de Corona cada cinco meses. Sin embargo, Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, cuestiona esta estrategia. Según declaró al New York Times, «la estimulación repetida de las defensas del organismo también puede conducir a un fenómeno llamado «agotamiento inmunitario»».

Se discute poco el hecho de que se puede crear una inmunidad mucho más robusta a través de la infección natural. El año pasado se descubrieron «anticuerpos ultrapotentes» o una «superinmunidad» en las personas infectadas por el SARS-CoV-2. Estos anticuerpos responden a más de 20 mutaciones virales diferentes y persisten más tiempo que los anticuerpos producidos por la vacuna.

Al menos, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado ahora que también se permitirá la detección de anticuerpos. Pero para que se le considere oficialmente inmune, la persona tendría todavía que ponerse una vacuna. ¿Quién entiende esta lógica? Una entrevista de la CNN con el Dr. Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de la Salud (el equivalente americano del RKI) deja claro el absurdo. Las personas con inmunidad natural no han sido consideradas hasta ahora por los políticos.

Conozco a un médico que está intentando desesperadamente obtener una respuesta de las autoridades sanitarias y del RKI sobre esta cuestión: Uno de sus pacientes tiene un nivel de anticuerpos IgG de 400 AU/ml – significativamente más que muchas personas vacunadas. Su infección de corona fue hace más de seis meses, por lo que ya no se considera inmune. La respuesta que obtuvo fue: «¿Vacúnelo de todas formas?», algo que el médico se niega a hacer con este título.

Falta de comprensión periodística básica

El camino de salida de la pandemia propagada por la política y los medios de comunicación resulta ser un serie de vacunación permanente. Los científicos que exigen un enfoque diferente a Corona siguen sin tener un escenario adecuado en los medios de comunicación públicos, como ha vuelto a demostrar la información parcialmente difamatoria sobre la campaña #allaufdentisch (Nota del Trad.: se trata de una campaña de artistas, en internet, que critican la forma en como el gobierno ha conducido la campaña contra el Corona), en lugar de discutir el contenido de los vídeos con los implicados, han buscado expertos para desacreditar la campaña. Al hacerlo, las cadenas públicas están cometiendo exactamente el mismo error del que acusan a #allaufdentisch.

El periodista del Spiegel Anton Rainer dijo en la entrevista de la SWR sobre la acción de vídeos que no era una entrevista en el sentido clásico: «En principio, se ve a dos personas que están de acuerdo entre sí”.  A mi me dolía el estómago después de escuchar los reportajes de mi emisora y estaba completamente irritado por la falta de comprensión periodística básica para dejar que la otra parte también de su opinión. (9) Comuniqué mis preocupaciones a las partes implicadas y a la dirección editorial por correo electrónico.

Un dicho clásico que se escucha en las conferencias de trabajo es que un tema «ya se hizo». Este fue el caso, por ejemplo, cuando planteé el muy probable registro deficiente (incompleto)  de los efectos secundarios de las vacunas.  Si, así es, me dijeron y la cuestión se discutió con el experto de la empresa, que -como era de esperar- llegó a la conclusión de que el registro que se hacía era correcto. «El otro bando» se menciona aquí y allá, pero muy rara vez se le dedica tiempo en forma de conversación real con las personas que adoptan posiciones críticas.

Críticas bajo presión

Los más críticos deben esperar registros domiciliarios, procesos penales, bloqueo de cuentas, traslados o despidos, hasta llegar al ingreso en un psiquiátrico. Incluso si se trata de opiniones cuyas posiciones no se comparten, en un Estado de Derecho, tal cosa no debe existir.

En Estados Unidos ya se discute si la crítica a la ciencia debe ser calificada como «delito de odio». La Fundación Rockefeller ha ofrecido 13,5 millones de dólares para censurar la desinformación sanitaria.

El director de la televisión WDR, Jörg Schönenborn, ha declarado que «los hechos son los hechos, pues estos se mantienen firmes». Si así fuera, ¿cómo es posible que a puerta cerrada los científicos discutan sin cesar e incluso estén en profundo desacuerdo sobre algunas cuestiones bastante fundamentales? Mientras no nos demos cuenta de esto, cualquier suposición de supuesta objetividad nos lleva a un callejón sin salida. Sólo podemos acercarnos a la «realidad», y eso sólo puede hacerse en un discurso abierto, de opiniones y hallazgos científicos.

Lo que está ocurriendo ahora no es una lucha sincera contra las «fake news». Más bien se tiene la impresión de que se suprime cualquier información, prueba o debate que sea contrario a la narrativa oficial.

Un ejemplo actual es el vídeo del informático Marcel Barz, de gran transparencia científica. En un análisis de datos brutos, Barz se asombra al comprobar que ni las cifras de exceso de mortalidad, ni las de ocupación de camas, ni la incidencia de las infecciones se corresponden con lo que hemos estado leyendo u oyendo en los medios de comunicación y en los políticos durante el último año y medio. También muestra cómo estos datos pueden utilizarse ciertamente para retratar una pandemia, y explica por qué lo considera deshonesto. El vídeo fue eliminado por You Tube después de 145.000 clics al cabo de tres días (y sólo volvió a ser accesible tras una objeción de Barz y muchas protestas). La razón aducida: «desinformación médica». También en este caso la pregunta es: ¿Quién tomó esta decisión y en qué se basó?

Los verificadores de hechos del Volksverpetzer desacreditan a Marcel Barz como falso. El veredicto de Correctiv es un poco más suave (Barz ha respondido públicamente y con detalle). El informe de los expertos preparado para el Ministerio Federal de Sanidad, que muestra que la utilización de los hospitales en 2020 por parte de los pacientes de Covid 19 fue solo del 2%, le da la razón. Barz se puso en contacto con la prensa con su análisis, pero no obtuvo atención. En un discurso que funcione, nuestros medios de comunicación le invitarían a debatir.

Millones de veces, los contenidos sobre temas de Corona se están borrando, como muestra la periodista Laurie Clarke en el British Medical Journal. Facebook y compañía son empresas privadas y, por tanto, pueden decidir lo que se publica en sus plataformas. Pero, ¿se les permite controlar el discurso?

El servicio público de radiodifusión podría aportar un importante equilibrio al garantizar un intercambio abierto de opiniones. Pero, desgraciadamente, ¡no existe tal cosa!

Pasaportes digitales de vacunación y vigilancia

Las fundaciones Gates y Rockefeller diseñaron y financiaron las directrices de la OMS para las tarjetas digitales de vacunación. Ahora se están introduciendo en todo el mundo. Sólo con ellos es posible la vida pública, ya sea viajar en tranvía, tomar un café o buscar tratamiento médico. Un ejemplo de Francia muestra que esta tarjeta de identificación digital debería seguir vigente incluso después de que la pandemia haya terminado. La diputada Emanuelle Ménard ha pedido que se añada al texto de la ley lo siguiente La tarjeta de vacunación digital «termina cuando la propagación del virus ya no supone un riesgo suficiente para justificar su uso». Su enmienda fue rechazada. Esto significa que el paso hacia el control global de la población o incluso hacia un estado de vigilancia a través de proyectos como ID2020 es muy pequeño.

Australia está probando una aplicación de reconocimiento facial para garantizar que las personas en cuarentena se queden en casa. Israel utiliza pulseras electrónicas. En una ciudad italiana se están probando drones para medir la temperatura de los bañistas, y en Francia se está cambiando la ley para hacer posible la vigilancia con drones a gran escala.

Todas estas cuestiones necesitan un intercambio intenso y crítico dentro de la sociedad. Pero no está suficientemente cubierto por nuestras emisoras y no fue un tema de campaña electoral.

Perspectiva limitada

La forma de estrechar la perspectiva del discurso es característica de los «guardianes de la información». Un ejemplo actual lo ofrece Jan Böhmermann con su exigencia de que el virólogo Hendrik Streeck y el profesor Alexander S. Kekulé dejen de tener un escenario por no ser competentes (Nota del Trad. Es decir, se exige que estos médicos de alto prestigio no sean invitados a la tv o a entrevistas en la radio).

Aparte de que los dos médicos tienen un currículum muy respetable, Böhmermann ha reajustado así las anteojeras. ¿Ya no se puede escuchar a las personas que presentan sus críticas al rumbo del gobierno aunque sea con guantes de seda?

Mientras tanto, la restricción del discurso ha llegado hasta el punto de que en varias ocasiones la Corporación de Radiodifusión de Baviera no ha emitido los discursos de los diputados críticos con las medidas durante la transmisión de los debates parlamentarios del Landtag.

¿Es esta la nueva forma de entender la democracia en la radiodifusión pública? Las plataformas de medios de comunicación alternativos florecen, en primer lugar, porque los establecidos ya no cumplen su función de correctivo democrático.

Algo salió mal

Durante mucho tiempo he podido decir con orgullo y placer que trabajo para la radiotelevisión pública. Muchas investigaciones, formatos y contenidos destacados proceden de ARD, ZDF y Deutschlandradio. Los estándares de calidad son extremadamente altos y miles de empleados realizan un trabajo excelente incluso bajo la creciente presión de los costes y las medidas de recorte. Pero algo ha ido mal en tiempos del Corona. De repente percibo visión de túnel y anteojeras y un supuesto consenso que ya no se cuestiona. (10)

La cadena austriaca Servus TV demuestra que se puede hacer de otra manera. En el programa «Corona-Quartett» / «Talk im Hanger 7» opinan tanto los partidarios como los críticos. ¿Por qué no es posible en la televisión alemana? (11) «No se puede dar un escenario a todos los locos», es la respuesta rápida. Hay que evitar el falso equilibrio, el hecho de que se escuchen por igual las opiniones serias y las no serias. – Un argumento asesino que además no es científico. El principio básico de la ciencia es dudar, cuestionar, verificar. Si esto deja de ocurrir, la ciencia se convierte en una religión.

Sí, efectivamente hay un falso equilibrio. Es el punto ciego que ha entrado en nuestras mentes y que ya no permite un debate veraz. Nos lanzamos hechos aparentes a los oídos, pero ya no podemos escucharnos. El desprecio ocupa el lugar de la comprensión, la lucha contra la otra opinión sustituye a la tolerancia. Los valores básicos de nuestra sociedad se tiran por la borda. Aquí se dice que la gente que no quiere vacunarse está loca, allí se dice: «Vergüenza de oveja dormida».

Mientras discutimos, no nos damos cuenta de que el mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad vertiginosa. Prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida están en proceso de transformación. La forma en que esto progrese depende en gran medida de nuestra capacidad de cooperación, compasión y conciencia de nosotros mismos y de nuestras palabras y acciones. Por nuestra salud mental, haríamos bien en abrir el espacio de debate, con atención, respeto y comprensión de las diferentes perspectivas. (12)

Al escribir estas líneas, me siento como un hereje; alguien que comete una traición y debe esperar un castigo. Tal vez no sea así. Tal vez no esté arriesgando mi trabajo con esto, y la libertad de expresión y el pluralismo no están en riesgo. Espero que así sea y espero un intercambio constructivo con los colegas. (Nota Red. piensaChile 30. Nov. 2021: A fines del mes de octubre Skambraks fue despedido)

Ole Skambraksole.skambraks@protonmail.com

Sobre el autor: Ole Skambraks, nacido en 1979, estudió ciencias políticas y francés en la Universidad Queen Mary de Londres y gestión de medios de comunicación en la Escuela de Negocios ESCP de París. Ha sido presentador, reportero y escritor en Radio France Internationale, editor en línea y gestor de la comunidad en cafebabel.com, director del programa matutino en MDR Sputnik y editor en WDR Funkhaus Europa / Cosmo. Actualmente trabaja como redactor de gestión de programas y diseño de sonido en SWR2.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Multipolar

El articulo «Ya no puedo más» apareció primero en piensaChile.

La libertad de prensa está restringida total o parcialmente en dos tercios del mundo, según Reporteros sin Fronteras. La organización advirtió que los regímenes autoritarios habían utilizado la pandemia de covid para «perfeccionar sus métodos de control totalitario de la información» y como pretexto para imponer «una legislación especialmente represiva con disposiciones que combinan la propaganda con la supresión de la disidencia».

BRATISLAVA, abr 2021 (IPS) – El periodismo afronta una creciente represión a un año de estallar la pandemia de covid-19, ya que los gobiernos de todo el mundo restringen el acceso a la información y amordazan la cobertura crítica, según advirtieron los medios de comunicación y los organismos de control de los derechos de sus profesionales.

Los regímenes autoritarios han utilizado la nueva legislación y la ya existente para atacar, intimidar y encarcelar a los periodistas con el pretexto de actuar para proteger la salud pública, aducen, y se teme que es poco probable que la situación mejore en muchos países cuando la pandemia termine.

“Los dictadores y los líderes autoritarios se aprovecharon de la cobertura de covid para reprimir los reportes y las críticas independientes. Algunos, en lugar de luchar contra el virus, centraron su atención en luchar contra los medios de comunicación”, aseguró Rob Mahoney, subdirector ejecutivo del  Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés),

En entrevista con IPS, puntualizó que “países desde Camboya hasta Rusia, Egipto o Brasil buscaron desviar la atención de sus fracasos para lidiar con la crisis de salud intimidando o encarcelando a periodistas».

“Los periodistas seguirán produciendo informaciones independientes incluso en las circunstancias más hostiles. Esa es su misión. Se puede tener periodismo independiente sin democracia, pero no puede haber democracia sin un periodismo independiente”: Rob Mahoney.

Los últimos meses han registrado una gran cantidad de informes que destacan cómo la libertad de expresión y de prensa en muchos lugares se ha visto restringida durante la pandemia.

En febrero, Human Rights Watch publicó el informe “La covid-19 desencadena una ola de abuso de la libertad de expresión”, que muestra cómo más de 80 gobiernos habían utilizado la pandemia para justificar violaciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

La organización defensora de los derechos humanos determinó que esas violaciones afectaron específicamente a los periodistas a medida que las autoridades atacaban, detenían, procesaban y, en algunos casos, asesinaban a críticos, y cerraban medios de comunicación, a la vez que promulgaban leyes a propósito redactadas con vaguedad, que criminalizaban el discurso que, según ellos, amenaza la salud pública.

En abril, el Instituto Internacional de Prensa (IPI, en inglés), conformado en su mayoría por directivos de medios impresos de unos 120 países, publicó un informe que mostraba una imagen igualmente sombría y detallaba el abuso físico y verbal contra periodistas que informan sobre la covid en todo el mundo.

Y hace apenas unos días, el 20 de abril, Reporteros sin Fronteras (RSF) sostuvo que el periodismo estaba restringido parcial o completamente en dos tercios del mundo.

La organización de defensa de los derechos de los periodistas advirtió que los regímenes autoritarios habían utilizado la pandemia para «perfeccionar sus métodos de control totalitario de la información» y como pretexto para imponer «una legislación especialmente represiva con disposiciones que combinan la propaganda con la supresión de la disidencia».

También destacó cómo algunos habían desarrollado una legislación para criminalizar la publicación de «noticias falsas» relacionadas con la información sobre el coronavirus y, de hecho, utilizaron la covid como como pretexto para profundizar la censura y la vigilancia existentes en Internet.

En algunos países, las autoridades habían prohibido la publicación de cifras no oficiales sobre la pandemia y arrestado a personas por difundir otras cifras. En otros, como Tanzania, incluso llegaron a imponer un completo bloqueo de información sobre la pandemia, señaló RSF.

Los problemas no se limitan a una sola zona del mundo, según los informes de las diferentes organizaciones. Sin embargo, algunas de las restricciones más severas se han observado en las regiones del Sur en desarrollo.

Los periodistas en estas regiones dicen que han observado un deterioro en la libertad de prensa durante el último año.

El corresponsal de IPS y periodista galardonado en Uganda, Michael Wambi, dijo que el gobierno había utilizado las restricciones pandémicas introducidas para toda la población para restringir deliberadamente los informes de los periodistas.

En enero se llevaron a cabo elecciones presidenciales en el país y, según Wambi, hubo “ataques selectivos contra periodistas en un esfuerzo por evitar que den cobertura a los principales candidatos de la oposición” en el período previo a ellos.

Los periodistas fueron atacados violentamente por la policía en los eventos y luego la policía acusó a los reporteros de violar las restricciones de covid al asistir a ellos.

Wambi dijo que el jefe de policía de Uganda, Martin Okoth Ochola, bromeó sobre la situación.

“Bromeó con los periodistas diciendo que “las fuerzas de seguridad seguirían golpeándolos para mantenerlos fuera de cualquier peligro (para su propia salud)”, comentó Wambi.

Stella Paul, periodista galardonada de IPS en India, que RSF describe como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, dijo a IPS: «En India, las restricciones de covid se utilizaron básicamente como una excusa para intimidar a los periodistas».

Los grupos a favor de la libertad de prensa dicen que el gobierno indio se ha aprovechado de la crisis del coronavirus para aumentar su control de la cobertura de noticias, utilizando acciones legales contra los periodistas que brindan información sobre la pandemia que difiere de la posición oficial.

Al comienzo de la pandemia, el gobierno inició una serie de causas legales contra periodistas por informaciones sobre los efectos del confinamiento impuesto por el gobierno sobre los trabajadores migrantes, mientras que un editor de un portal de noticias local fue arrestado y acusado de sedición por escribir sobre un posible cambio de liderazgo en un estado tras un aumento en los casos de coronavirus.

“El año pasado hubo muchos periodistas detenidos mientras intentaban informar la verdad sobre la pandemia, para obtener información precisa y descubrir cosas”, sostuvo Paul.

Paul, quien además de escribir para IPS coopera con otras publicaciones informativas de Asia, dice que la situación de los medios independientes en la mayoría del resto de la región es igualmente peligrosa.

“Lo mismo sucede en muchos otros países. Lo que hemos visto durante la covid es que muchos periodistas, no solo en India, se preguntan qué pasará si informo sobre algo. ¿Terminaré en la cárcel? Tienen miedo de ser arrestados”, señaló.

Un país donde la libertad de prensa se considera particularmente restringida es Bangladesh. Se ubicó en la posición 152 de 182 en el Índice de Libertad de Prensa de 2021 de RSF.

El grupo dijo que en ese país había habido «un aumento alarmante de la violencia policial y civil contra los periodistas» durante la pandemia y que muchos fueron arrestados y procesados por informar al respecto.

Esto ha sido facilitado por la Ley de Seguridad Digital, conocida como DSA y aprobada en 2018, según la cual la «propaganda negativa» puede conducir a una sentencia de cárcel de 14 años, dicen los periodistas locales.

La DSA estuvo en el centro de la controvertida muerte bajo custodia policial de un escritor y comentarista de Bangladesh a principios de este año.

Mushtaq Ahmed, quien fue detenido en virtud de la DSA en mayo de 2020 por supuestamente publicar en Facebook críticas a la respuesta del gobierno ante la covid, murió bajo custodia policial en febrero.

Una investigación oficial halló que murió por causas naturales, pero otros que estaban en prisión con él en ese momento afirmaron que fue torturado y algunos sospechan que murió por las heridas sufridas durante su encarcelamiento.

Pocos periodistas locales estaban dispuestos a hablar sobre sus experiencias de trabajo en el país, pero uno, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el arresto y la muerte de Ahmed habían tenido un profundo efecto en los medios.

“Después de lo que le sucedió a Mushtaq Ahmed, inmediatamente muchos periodistas se mostraron menos dispuestos a cuestionar cualquier cosa que el gobierno dijera sobre la pandemia de coronavirus”, dijo el periodista a IPS.

“La DSA se está utilizando para acosar a los periodistas; muchos han sido arrestados en virtud de la ley después de publicar noticias críticas a las autoridades”.

“Hacer reportajes bajo la DSA es el principal desafío para los periodistas en Bangladesh en este momento. Los medios de comunicación utilizan la autocensura para evitar el acoso en virtud de la DSA. Si alguien ve una sola noticia que no le favorezca, puede usar la DSA para iniciar acciones legales contra el reportero y el editor”, agregó el periodista.

Pero si bien la pandemia de covid indudablemente ha permitido a los gobiernos tomar medidas enérgicas contra los medios críticos, no hay garantía de que la situación mejore una vez que termine la pandemia, dicen los organismos de control de la libertad de prensa.

Scott Griffen, subdirector del IPI, dijo a IPS: “¿Quién decidirá cuando termina la pandemia? Los gobiernos para quienes la pandemia es una herramienta útil para reprimir las libertades civiles pueden verse tentados a mantener un estado de emergencia de alguna forma, incluso después de que termine la amenaza inmediata a la salud».

Añadió que también se temía que las medidas introducidas durante la pandemia no se rescindieran en absoluto.

“Las secuelas de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos trajeron consigo nuevas medidas antiterroristas que incluyen retrocesos sin precedentes de las libertades civiles. Países de todo el mundo han utilizado leyes antiterroristas para reprimir el discurso crítico», sostuvo el subdirector del IPI.

Del mismo modo, se preocupó, «tememos que las leyes de emergencia introducidas durante la pandemia de coronavirus puedan convertirse en parte del marco legal permanente en algunos Estados, sin mencionar una cultura de seguimiento y vigilancia de los ciudadanos que es muy poco probable que se revierta»

«Esto tiene profundas implicaciones para la privacidad de los periodistas y su capacidad para proteger sus fuentes”, subrayó Griffen.

Sin embargo, a pesar de las sombrías perspectivas de la libertad de prensa en muchos estados a medida que la pandemia se prolonga, existe la esperanza de que los medios independientes continúen sin importar cuán severamente estén restringidos.

“Los periodistas seguirán produciendo informaciones independientes incluso en las circunstancias más hostiles. Esa es su misión. Se puede tener periodismo independiente sin democracia, pero no puede haber democracia sin un periodismo independiente”, sentenció Mahoney, del CPJ, a IPS.

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14:23 12.04.2019(actualizada a las 18:49 12.04.2019)

Con el arresto de Julian Assange, creador icónico de WikiLeaks, se desata un debate sobre el fin de la libertad de expresión en Occidente y la Primera Enmienda de EEUU de donde se derivan sus supuestas democracia y libertades inherentes cuando el espionaje masivo de la National Security Agency se apodera de los datos íntimos de los ciudadanos.

La Primera Enmienda de la Carta de los Derechos (Bill of the Rights) de EEUU garantiza el «Derecho a la libertad de expresión, de reunión y de prensa».

El día que Julian Assange se comparó con Fidel Castro (vídeo)

Con la expulsión de la Embajada de Ecuador y luego la detención por Scotland Yard de Assange, 228 años más tarde a la Carta de los Derechos, la libertad de expresión de EEUU parece haber expirado para dar lugar al totalitarismo orwelliano.Hace cinco meses adelanté la coreografía secuencial que se venía venir. Su secuencia fue tal como la preví: «expulsan a Assange de la Embajada ecuatoriana, lo captura Scotland Yard que lo entrega a EEUU donde sería «asesinado legalmente».

Además: Assange a su defensa: «Ya os lo dije»

En ese entonces comenté: «EEUU mantiene en secreto un documento que tiene lista toda la coreografía para enjuiciar a Julian Assange, célebre fundador de WikiLeaks, tildado por el exdirector de la CIA y hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, como un «servicio de espionaje hostil no estatal», por haber expuesto «confidencias perturbadoras y sórdidas de Washington en su macabro desempeño en Irak y Afganistán, sumado de las inmundicias de Hillary Clinton».

«Ni las dictaduras militares entraban en las embajadas»… ¿Qué significa la entrega de Assange?

Después de siete años, Assange estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres donde se refugió debido a la persecución del Gobierno sueco —uno de los países más «sexo-liberales» del planeta— por bizarras acusaciones de acoso sexual y violación.El Gobierno de Lenín Moreno —a quien no le fue nada bien en las recientes elecciones municipales—, se ha lanzado a los brazos de Trump y, después de haber cortado la única defensa que le quedaba a Assange —la comunicación de su internet con el exterior—, ahora arroja debajo del autobús al australiano de 47 años quien padece una enfermedad pulmonar crónica.

Ecuador echa a patadas a Assange

En su momento agregué que «la entrega de Assange por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, contra la agenda de sus ciudadanos, además de la persecución de su promotor el expresidente Rafael Correa, puede significar su pena de muerte, al unísono del montaje escenográfico de un juicio espectacular por ‘alta traición’ a la ‘Seguridad Nacional de EEUU’.

© AFP 2019 / ECUADORIAN PRESIDENCY

Lenín Moreno asegura que se ha «librado de una piedra en el zapato» al retirar asilo a Assange

Assange será extraditado a EEUU donde será imputado de ‘conspiración’ con el transgénero Chelsea Manning por haber hackeado y filtrado los correos del Departamento de Estado sobre sus guerras en Afganistán y en Irak.Otro icono de la libertad de expresión cibernética, Edward Snowden, refugiado en Rusia —quien expuso el espionaje masivo de la orwelliana National Security Agency contra Europa y Brasil, no se diga contra los ciudadanos del propio EEUU—, lamentó que el arresto de Assange es un «momento oscuro para la prensa libre».

Al inicio, las filtraciones de WikiLeaks me perturbaron por su exagerada iranofobia, a grado tal que llegué pensar que era un operativo de la legendaria perfidia sionista del Mossad.

Tema relacionado: Cómo funciona el asilo diplomático, la figura que mantuvo a salvo a Assange durante años

Tampoco me gustó que ciertas crápulas en Latinoamérica se hayan ostentado como los portavoces de Julian Assange, sin serlo.

Luego, las filtraciones de WikiLeaks fueron tomando una enorme seriedad que cautivaron a los buscadores de la verdad perdida.

Lo expuesto por WikiLeaks sobre los terroríficos operativos del Pentágono en Irak y en Afganistán eran mas que suficientes para colocarlo en el primer sitial de la información creíble en la etapa aciaga de la ‘postverdad’ que padece el mundo «occidental (whatever that means)» —como reconoció la influyente Conferencia de Seguridad de Múnich de 2017— que ya no sabe reconocer la verdad de la mentira en su falaz propaganda para avanzar su agenda bélica contra Rusia y China.

A mi juicio, WikiLeaks llegó a su acmé durante la elección presidencial de EEUU cuando exhibió todo el envilecimiento del equipo de Hillary Clinton. Este simple hecho de valentía sin igual le debe valer el indulto al australiano Julian Assange con todo y la carga de pecados capitales que le aplicará la inquisitorial National Security Agency.

No te lo pierdas: Correa acusa a Moreno de entregar a Assange a EEUU a cambio de un acuerdo con el FMI

De cierta manera, las filtraciones selectivas de WikiLeaks, que algún día sabremos si fueron genuinamente espontáneas o teledirigidamente selectivas, benefició la campaña de Donald Trump, quien con la mano en la cintura hoy se ha lavado las manos del candente caso.

Cabe señalar que siendo candidato, el ingrato Trump festejó los hallazgos de WikiLeaks y la exposición de las abyecciones de John Podesta, que no pocos vinculan con un circuito de pedofilia cupular.

Trump asegura que no sabe nada sobre la detención de Julian Assange

En vísperas de las elecciones de hace dos años expuse los «bombazos de Assange» que mancillaron las reputaciones del hipócrita Olimpo político de EEUU: «los tóxicos correos Podesta que publica WikiLeaks, no han sido tan determinantes como el FBI-gate para socavar la declinante campaña de Hillary y en la que emerge toda la corrupción pecuniaria de la pestilente Fundación Clinton con países, individuos y trasnacionales. Assange niega categóricamente la histeria neomacartista de que Rusia es responsable del hackeo».Por cierto, el anterior ‘embajador’ de México ante EEUU, Arturo Sarukhan Casamitjana —catalogado como un vulgar «empleado» de EEUU— sin el menor rubor acabó siendo subordinado en una empresa de los hermanos Podesta (implicados en dudosos escándalos sicalípticos), lo cual exhibe el entreguismo absoluto del Gobierno del apátrida expresidente Calderón para regalar el petróleo de México a EEUU.

WikiLeaks reveló la dependencia de México de EEUU https://t.co/bdTJqmpjOF

— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 12 de abril de 2019

Llama poderosamente la atención la falta de entusiasmo legal de Australia —miembro de los Cinco Ojos del espionaje de la anglósfera— para defender a su ciudadano a punto de ser extraditado a EEUU en un juego de varias bandas donde intervienen insólitamente cinco países: Suecia, Australia, Ecuador, Gran Bretaña y EEUU.

El abogado de Snowden revela detalles de su vida en Rusia

La era cibernética lleva ya el sello de dos personajes icónicos que han roto las barreras del control ciudadano y han expuesto los peores actos de Gobiernos y actores: el estadunidense Edward Snowden (de 35 años) refugiado en Rusia y quien dio a conocer estrujantes datos de la National Security Agency; y el australiano Julian Assange.

Latinoamérica vive uno de sus momentos más aciagos cuando parece refocilarse en su abismo entreguista tanto ante el monroísmo (¡de hace 196 años!) como al neomilitarismo de Trump y su ‘evangelismo sionista’.

Tanto la postura supina de la entelequia llamada Grupo de Lima, en el caso de Venezuela para avalar la captura del petróleo de EEUU, como el innoble traspaso de Assange por el pusilánime presidente ecuatoriano Lenín Moreno serán recordados como las notas fúnebres de Latinoamérica a inicios del siglo XXI.

También: Correa: «Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana»

Lamentablemente, hoy Latinoamérica vive sus ‘tiempos de traiciones y canallas’.

CC0 / UNSPLASH

«La libertad de expresión y la libertad de prensa sufren cada vez más ataques en todo el mundo»

Está en juego un único trilema cibernético de carácter axiológico a inicios del siglo XXI sobre tres conceptos nodales que chocan entre sí: 1 — la sacrosanta libertad de expresión, que hace posible la democracia y el restante de las libertades individuales; 2 — el masivo espionaje clandestino de la intimidad ciudadana por la National Security Agency; y 3 — el hackeo de datos públicos, en este caso del Departamento de Estado que tiene como objetivo perpetuar las guerras, sumados del otro hackeo a una candidata presidencial, lo cual también se presta a intensa polémica.

• ¿Cómo jerarquizar tres conceptos que colisionan entre sí en la cibernética del siglo XXI?

• ¿Cómo garantizar la libertad ciudadana flagelada por las mismas instituciones que juraron defenderla?

• ¿Tienen derecho la National Security Agency y/o el Departamento de Estado y/o el Pentágono a resguardar y manipular a conveniencia los datos privados de los ciudadanos?

*Fuente: Sputnik

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Discursos de odio, desinformación, violencia contra los periodistas, menosprecio de los derechos humanos: la campaña de Jair Bolsonaro, favorito en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, ha hundido al país en un clima de gran tensión y augura un periodo oscuro para la democracia y la libertad de prensa. RSF expresa su preocupación por el futuro de este gigante de América Latina.

La campaña electoral, una de las más confusas y polarizadas de la historia reciente de Brasil, concluirá el 28 de octubre próximo, cuando se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha (Partido Social Liberal, PSL, que obtuvo 46% de los votos en la primera vuelta), se enfrenta a Fernando Haddad, candidato de la izquierda (Partido de los Trabajadores, PT, 29% de los votos). Minutos después de que se dieron a conocer los resultados de la primera vuelta, Jair Bolsonaro manifestó su intención de “poner punto final a todos los activismos en Brasil”, resumiendo en pocas palabras la ideología autoritaria y retrógrada que ha sido propagada en todo el país por este exmilitar de 63 años.

Desde que se inició en la política, en 1988, Bolsonaro ha sido miembro de ocho partidos políticos; es diputado federal desde 1991 y se ha vuelto célebre por sus discursos agresivos y populistas, en los que habla de un retorno al orden y a la disciplina, atacando abiertamente a grupos minoritarios –homosexuales, indígenas–, incluso a las mujeres. Bolsonaro, quien se autoproclamó ‘candidato antisistema’, ha ganado terreno sirviéndose de las redes sociales, en las que su discurso y sus ideas han tenido un eco considerable, eludiendo a los medios de comunicación tradicionales.

En un país donde dos tercios de la población se informa a través de las redes sociales, Whatsapp ha tenido un papel central en la campaña presidencial, pues esta plataforma se ha convertido en la principal fuente de información para 61% de los electores que votaron por Bolsonaro (según un estudio del Instituto DataFolha publicado el 3 de octubre pasado), que tienen una actitud desconfiada y desafiante hacia la prensa nacional. Whatsapp no sólo ha remplazado a las fuentes informativas clásicas, sino que a través de esta plataforma se ha difundido información falsa –para desacreditar el trabajo de los periodistas críticos frente al PSL–, se han estructurado y difundido a gran escala campañas de difamación y teorías complotistas.

La prensa, tomada como blanco

En medio de esta tensa situación, los periodistas se han convertido en uno de los principales blancos. Constantemente se ven atacados por grupos de odio y partidarios de Bolsonaro, sobre todo en las redes sociales. Numerosos periodistas fact checkers (verificadores de información) han sufrido acoso en línea durante la campaña, como lo reveló RSF el 28 de septiembre pasado.

Una de las periodistas más respetadas del país, Miriam Leitão (GloboNews, O Globo, TV Globo) fue víctima de una campaña de difamación y recibió cientos de insultos y amenazas en las redes sociales después de que publicó un texto sobre los peligros de la candidatura de Bolsonaro para la democracia brasileña, el 5 de octubre de 2018. Se difundió en línea información falsa en la que se decía que la periodista había sido detenida en los años 60 por robo a mano armada. Leitão en realidad fue detenida y torturada en 1972 durante la dictadura, por razones políticas.

Otras dos reporteras, cuya identidad no puede ser revelada por razones de seguridad, corrieron la misma suerte: el día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, partidarios de Bolsonaro agredieron a una periodista del sitio web de noticias NE10 y amenazaron con violarla. “Cuando el comandante sea presidente, se matará a toda la prensa”, afirmaron sus agresores cuando vieron su acreditación de prensa. El 10 de octubre pasado, en Porto Alegre, otra periodista denunció los actos de violencia de partidarios del exmilitar contra una mujer que se oponía a que Bolsonaro sea electo; la reportera también denunció la complicidad de la policía, que intentó minimizar el caso. A la periodista le llovieron insultos y amenazas que la obligaron a cerrar la cuenta Facebook en la que había publicado la información.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) ha registrado en 2018 más de 137 casos de violencia contra periodistas en el contexto electoral. Estas agresiones, tanto físicas como digitales, provienen de militantes de todos los partidos políticos.

Cuando le hicieron preguntas respecto a los actos de violencia en el país, Jair Bolsonaro se contentó con hablar de casos aislados. “No controlo a los millones y millones de personas que me apoyan […] No invirtamos las cosas, soy yo quien ha sido apuñalado […] la violencia y la intolerancia vienen del otro lado”, señaló el 9 de octubre pasado. El 11 de septiembre Bolsonaro recibió una puñalada en el abdomen y fue gravemente herido cuando se encontraba en el estado de Minas Gerais. Entonces, el candidato redujo sus intervenciones en público y se mostró como una víctima del clima de odio en el país, al que no obstante ha contribuido considerablemente. Bolsonaro ha cultivado esa imagen de mártir con declaraciones supuestamente “pacificadoras”, como esa rara vez en que habló de la libertad de prensa: “cuando los medios de comunicación cubren los hechos sin activismo político ni parcialidad, desempeñan el valiente papel de informar a la población”. Sin embargo, estas palabras no se reflejan en los hechos, pues el apaciguamiento no se encuentra en el programa de este nostálgico de la dictadura.

“Los discursos de odio y las campañas de desinformación difundidos por los partidarios del candidato del PSL contra sus opositores y adversarios políticos no hacen sino debilitar a la sociedad brasileña, que de por sí ya se encuentra muy polarizada”, aseveró Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Los electores brasileños no deben dejarse engañar con discursos falaces, tras los que se esconde una violencia real a la cual no escapará el periodismo. Jair Bolsonaro es una seria amenaza para la libertad de prensa y la democracia”, añadió.

Autoritarismo y menosprecio de los derechos humanos

Jair Bolsonaro, nacionalista y ferviente defensor de la dictadura militar (1964-1985), se manifestó a favor de la tortura en 1999, cuando en una entrevista televisiva señaló que los militares “deberían haber matado a 30.000 personas, comenzando por Fernando Henrique Cardoso” (expresidente de Brasil, exiliado durante la dictadura). También en 2016 dijo a una radio brasileña que “el error de la dictadura fue torturar sin matar”.

En julio de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Brasil por el asesinato del periodista Vladimir Herzog, a manos de la dictadura militar. Cuando lo entrevistaron respecto a este caso, el 7 de julio pasado, Bolsonaro puso en tela de juicio ese fallo y sugirió que el periodista se había suicidado –esta fue la versión inicial de las autoridades militares de la época.

Durante su campaña, Bolsonaro expresó abiertamente su oposición a la labor de los defensores de los derechos humanos, acusándolos de defender a los delincuentes en lugar de a las víctimas, así como de trabajar contra Brasil. Asimismo, amenazó con suprimir las ayudas del Estado a este sector una vez que sea electo. Finalmente, el candidato afirmó que bajo su presidencia Brasil se retirará del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al que describió como “una reunión de comunistas sin ningún compromiso con América Latina”.

Brasil ocupa el lugar 102, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF.

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4 de marzo de 2018

La violencia censuradora en contra de la prensa independiente tiene una larga data en la historia de la República, pese a ser esta última condición, un derecho o garantía fundamental otorgada y protegida por el ordenamiento jurídico nacional. En esta entretenida y apasionante crónica se relata la destrucción y el incendio de una tirada íntegra de la ya desaparecida revista de sátira política “Topaze”, a causa de una orden directa del ex Presidente Arturo Alessandri Palma, y en una acción ilegal ejecutada por su brazo de persecución operativo: la antigua policía de Investigaciones, a comienzos de 1938, y hace justo ocho décadas atrás.

Por Felipe Portales Cifuentes

Publicado el 4.3.2018

Una de las más graves y flagrantes violaciones del derecho a la libre expresión –y de la propia Constitución- efectuada por el segundo gobierno de Alessandri, fue el secuestro y quema de una edición completa de la revista satírica Topaze.

Todo comenzó a raíz de la inminente presentación de Carlos Ibáñez –acérrimo enemigo de El León– a la presidencia de la República, a fines de 1937. Primero, Alessandri expulsó de las filas del Ejército –sin expresión de causa- al coronel Tobías Barros Ortiz, estrechamente vinculado a Ibáñez. Luego, el 30 de diciembre, pronunció un duro discurso de ataque a Ibáñez en la Escuela de Aviación; donde especialmente cuestionó el sufrimiento inferido a su esposa enferma, bajo su dictadura, al haber sido encarcelada de madrugada junto a varios de sus hijos; lo cual habría apresurado su muerte.

A su vez, Ibáñez le respondió con otro duro discurso en que señaló que “no es mi ánimo (…) hacerme cargo (…) de los gastados recursos que el señor Alessandri usa para procurar herirme (…) ni menos podría aún, para defenderme, rebatir al Presidente en sus referencias a las causas de la muerte de la digna madre de sus hijos (…) alusiones que, por la frecuencia con que se repiten, parecen responder a un imperioso afán de justificación de la conciencia” (La Hora; 5-1-1938). Como lo señala Gonzalo Vial, “era obvio que el general se refería, cruel y soterradamente, a las infidelidades maritales de don Arturo” (Historia de Chile (1891-1973) De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), Volumen V; Edit. Zig-Zag, 2001; p. 490).

Alessandri no respondió nada. Entonces el episodio generó una aguda sátira de Topaze titulada “Se chupó”; en que Ibáñez aparecía en la caricatura de domador circense, empuñando un látigo, y poniendo la planta de su pie sobre un león manso y echado. Con tal modelo, el general Enrique Bravo -fervoroso alessandrista, expulsado del Ejército y luego exiliado por Ibáñez-, ataviado de pintor, trazaba en su tela de artista la figura de un león muy distinto: rugiente y feroz, que había devorado al domador, dejando afuera apenas una bota. Ante ello, el “profesor Topaze” (figura central de la revista) le señalaba a Bravo: “¿Sabe mi general, que no es tan bravo el león como lo pintan?” (Vial; ibid; p. 491).

Ante ello, Alessandri requirió del fiscal de la Corte de Apelaciones que entablara una acusación contra la revista y ordenó a agentes de Investigaciones que incautaran la edición, lo que se hizo antes de obtener la orden judicial para tal efecto de parte del ministro Miguel Aylwin. Este último decretó, a fines de enero, “el embargo de materiales y muebles de la imprenta y litografía en que se imprime” (La Opinión; 27-1-1938); y a comienzos de febrero condenó a su director, Jorge Délano, por intento de desacato a la persona del presidente Alessandri a una multa de 500 pesos a beneficio municipal, la pérdida o comiso de la edición requisada y el pago de las costas del proceso. La justificación de la condena era que la caricatura del león y su domador “delata la intención mortificante de exhibir al Presidente de la República humillado por un adversario político; intención que si no fuera entendible en el dibujo –y lo es mucho- se exteriorizaría y comprobaría con la afirmación insistente del inculpado de que en la caricatura no está representado el Presidente” (La Opinión; 8-2-1938).

El mismo febrero (24) la Corte de Apelaciones absolvió a Délano y ordenó devolver los ejemplares requisados ya que no consideró delito la caricatura de Alessandri. Los ejemplares fueron devueltos a Délano el mismo día; pero en la madrugada siguiente fue asaltada la sede de la revista, sufriendo el robo de toda la edición. Producto de la pesquisa del propio Délano se descubrió que los ejemplares habían sido quemados en una dependencia de Investigaciones; y el juez Pelegrín Sepúlveda –de gran prestigio- logró detener y encargar reos a dos de los detectives asaltantes: Luis Varela Aracena y Daniel Morales Cancino.

Entretanto, El Mercurio, en su afán de defender a toda costa al Gobierno, llegó al extremo de sugerir la culpabilidad de la propia revista: “En este plano de los hechos la desaparición de la edición no resulta conveniente sino para la dirección de la propia revista porque renueva con investigaciones y actuaciones judiciales, un motivo de reclamo para esa publicación y mantiene cierto interés por las ediciones futuras” (4-3-1938).

Lo anterior generó una dura réplica del destacado escritor y periodista Tancredo Pinochet, dirigida al diario como persona: “Te has entronizado ‘Mercurio’, como el cuarto poder del Estado; pero tu función desempeñada en la forma que lo haces hoy, revocando sentencias de nuestra Corte y aplaudiendo el atropello, el asalto, el secuestro de un órgano de publicidad y tu acusación, solapada y traidora sin pruebas, de que el culpable de ese crimen es la propia víctima, te hace perder lo que te podría quedar de dignidad, lo que te podría quedar de decencia. Te transformas, de manera que apareces ya, de cuerpo entero, como un gangster de la prensa, que pretendes actuar contra la ley, en la obscuridad, en las tinieblas que tú mismo creas” (La Opinión; 5-3-1938).

Pocos días después, el juez Sepúlveda ordenó la detención por asalto, robo e incendio de Topaze, del prefecto Oscar Peluchonneaux, el subprefecto Carlos del Villar y los subcomisarios Juan Geraud e Isidro Sepúlveda. Sin embargo, al día siguiente, ¡Alessandri envió una nota al juez, que hizo pública, en la que reconocía su responsabilidad por dichos delitos!: “Ha llegado a mi conocimiento que U.S. ha despachado orden de detención contra el prefecto y subprefecto de Investigaciones y algunos otros altos jefes de esos Servicios en el proceso que se sigue por requisamiento y destrucción de una edición de ‘Topaze’ en la que se injuriaba gravemente al Presidente de la República, por medio de una caricatura. No escapará a U.S. la inmensa trascendencia que tiene tomar una medida tan grave respecto de jefes de una repartición pública que ha trabajado con empeño, esfuerzos y patriotismo por defender el orden público y resguardar la propiedad de los ciudadanos continuamente amagada por la acción de los delincuentes. Los funcionarios contra quienes se dicta la orden, no tienen ninguna responsabilidad en el acto que se les imputa, por cuanto el intendente de la Provincia (Julio Bustamante), obedeciendo una orden expresa de mi parte, ordenó a su vez al prefecto de Investigaciones de Santiago y al personal que intervino, el requisamiento y destrucción del periódico indicado. Durante los cinco años corridos de mi administración, he tenido que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener el orden público y garantizar a los ciudadanos la libertad de trabajo y la seguridad de sus derechos, al amparo de este orden. Es de todos conocidas la existencia de complots, en cuya repetición se insiste, de momento en momento, sin que los interesados en destruir el orden público se desalienten por sus fracasos. El medio más eficaz para alcanzar los propósitos delictuosos se busca en el desprestigio de la autoridad para hacer ambiente favorable a la conspiración y a la alteración del orden y tranquilidad del país. Frecuentemente los autores de estos delitos han alcanzado la impunidad, lo que produce una patriótica inquietud en los que a toda costa se esfuerzan por mantener el régimen democrático, cuando observan la tendencia a erigir dicha impunidad en sistema, a pesar de los medios legales dictados para sancionar tal infracción. Estas circunstancias fueron las que me impulsaron a impedir la circulación de un periódico encaminado a buscar esos fines. En consecuencia, asumo toda la responsabilidad que deriva de mis actos y, al hacerlo, obro de acuerdo con el deber que tengo, ante todo y por sobre todo, de mantener el orden público y defender la integridad de las instituciones fundamentales del país” (La Hora; 11-3-1938).

Con lo anterior, Alessandri se colocó formalmente al margen de la Constitución y la ley; lo que le fue duramente representado por la oposición que, en una Declaración del Frente Popular ya existente, habló de “la iniciación de la dictadura desembozada del señor Alessandri” (La Opinión; 12-3-1938).

Sin embargo, la generalidad de la prensa de derecha cohonestó el delito presidencial. Particularmente La Revista Católica que señaló que “se trata de la requisa y quemazón de un número de revista política que se ha distinguido por su procacidad e insolencia contra autoridades e instituciones respetables y que en este caso publicaba una sangrienta caricatura contra el Presidente de la Nación (…) El Presidente ha procedido en resguardo de la autoridad y del orden (…) si ha habido extralimitaciones (…) ellas se explican humanamente y más cuando desde hace tiempo el Poder que debió velar por este orden y sancionar a tantos que han sido acusados de abusos a la prensa, no ha hecho sino dejar inmunes e impunes a tales plumarios” (Marzo, 1938).

El propio Partido Liberal declaró que “considerando: 1° Que es notoria la lenidad con que algunos tribunales han dejado impunes los excesos de una parte de la prensa y actividades subversivas de ciertos individuos; 2° Que el Presidente de la República cumple con sus funciones constitucionales al mantener con decisión el orden público; y 3° Que la perfecta normalidad de un régimen constitucional supone el concurso recíproco de todos los Poderes del Estado para mantener el ejercicio justo de sus respectivas facultades; Declara: Que la reciente medida adoptada por el Presidente de la República contra una revista de esta capital, si bien no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina del Partido, tiene justificación en los antecedentes que la motivaron” (La Hora; 13-3-1938).

A su vez, el Partido Conservador la criticó, pero siguió formando parte del Gobierno: “La Junta Ejecutiva del Partido Conservador estima que si bien es notoria la lenidad con que algunos Tribunales han dejado impunes los excesos de una parte de la prensa y muy encomiable el anhelo del Presidente de la República de mantener con firmeza el orden público, este objetivo sólo debe perseguirse por los medios previstos en la Constitución y las leyes y, en consecuencia, lamenta y reprueba los recientes abusos de autoridad cometidos a raíz del proceso contra una revista” (La Opinión; 12-3-1938). En dicho partido, la única excepción real fue la del senador Rafael Luis Gumucio, quien renunció al Consejo Editorial de El Diario Ilustrado, debido al respaldo que este le dio al delito.

También fue excepción en la derecha –todavía formaba parte de ella- la Falange Nacional (antecesora del PDC) y particularmente Bernardo Leighton, que renunció indeclinablemente como ministro del Trabajo; y Ricardo Boizard, que en un artículo publicado en El Imparcial y La Hora –y que no le fue publicado en El Diario Ilustrado, del cual era columnista habitual- comentó que la posición del Partido Liberal constituía “una declaración tranquila, oficial y definitiva, de que el partido central del Gobierno autoriza que se atropelle la Constitución por determinados motivos. Si eso no es el fascismo se le asemeja mucho, y los hombres que han aprobado tal moción, aunque no vistan el uniforme reglamentario, deberían ir revisando sus convicciones republicanas” (Ricardo Donoso.- Alessandri agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile, Tomo II; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 232).

Sin embargo, el órgano oficial de la Falange, junto con elogiar la renuncia de Leighton, minimizó el carácter represivo del Gobierno y centró sus ataques en Topaze a tal punto, ¡que más pareció una defensa del actuar del Gobierno!: “Debemos lamentar que por un error tan absurdo se haya dado patente de importancia a una revista como ‘Topaze’, que no ha hecho otra cosa, en muchos de sus números, que encanallar la vida del país, tergiversando los hechos y envenenando el ambiente con sugerencias que, bajo la capa del humorismo, tienen una intención agria y destructora. Era esta una revista de propaganda dirigida por un individuo que no puede levantarse como estandarte de rebelión, pues no tiene la frente limpia, abanderizada con una candidatura presidencial que representará en un solo día más atropellos que los que se hubieran podido cometer por este Gobierno en seis años. Esta clase de gente no tiene derecho a reclamar porque ellos serán los atropelladores de la ley en el día de mañana, como la atropellaron y burlaron en forma sangrienta en el pasado” (Lircay; 19-3-1938).

El Poder Judicial dictaminó finalmente ¡la excarcelación de todos los agentes de Investigaciones culpables del delito y exculpó al Presidente de la República y al Intendente de Santiago, al considerar que lo obrado por Alessandri constituía un “acto administrativo” que solo podía ser objeto de un juicio político ante el Congreso Nacional!

Como Alessandri tenía mayoría parlamentaria, el insólito dictamen judicial significaba evidentemente la total impunidad para un Presidente de la República que había ordenado –según propia y pública confesión- la realización de un conjunto de graves delitos destinados a vulnerar los derechos a la libre información y expresión; a la propiedad y a la justicia. Y hacía extensiva la impunidad a todos quienes habían ejecutado los delitos.

Además, dicho fallo sirvió de crudo recordatorio del falso carácter del Estado de Derecho chileno; y de ominoso precursor de la impunidad de que gozaría meses después el mismo Alessandri al ordenar la masacre del Seguro Obrero…

La ilustración de la edición Nº 285 de la revista “Topaze”, y que originó las diversas acciones violentistas e ilegales por parte del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma

Felipe Portales Cifuentes es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1977). Ha sido Visiting scholar de la Universidad de Columbia, asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y en el área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entre otros volúmenes ha publicado los libros: Chile: Una democracia tutelada (Editorial Sudamericana, 2001), Los mitos de la democracia chilena. Desde la Conquista a 1925 (Editorial Catalonia, y que obtuvo el Premio Ensayo del Consejo Nacional de Libro y la Lectura en 2005), Los mitos de la democracia chilena. 1925-1938 (Editorial Catalonia, 2010) e Historias desconocidas de Chile (Editorial Catalonia, 2016), título del cual se extrajo el artículo publicado en este Diario.

Crédito de la imagen destacada: Memoriachilena.cl

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