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¡No a la ley «Gatillo Fácil»!

Redacción piensaChile — Tue, 04 Apr 2023 21:54:24 +0000

04 de abril de 2023

Estimados miembros del Senado:

Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la denominada «Ley Naín-Retamal» que se encuentra en discusión en el Congreso. Aquí señalo los aspectos más preocupantes de esta propuesta y solicito su rechazo.

1. Aumento de la violencia policial: La propuesta legislativa busca ampliar las facultades de las fuerzas policiales, permitiéndoles utilizar armas de fuego en situaciones de menor riesgo y reduciendo la responsabilidad penal de los efectivos en caso de uso de fuerza excesiva. En un país donde ya existen preocupaciones sobre la violencia policial, esto podría dar lugar a una escalada de violencia y abuso de poder, en lugar de proteger a los ciudadanos.

2. Riesgo para los derechos humanos: La legislación propuesta podría interpretarse como una violación de los derechos humanos, al permitir el uso de la fuerza letal en situaciones que no representan una amenaza inminente para la vida de los agentes del orden o de terceros. Esto contraviene las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y podría llevar a nuestro país a enfrentar consecuencias negativas en el ámbito internacional.

3. Falta de transparencia y control: La propuesta no establece mecanismos de control y transparencia que garanticen la rendición de cuentas de los efectivos policiales ante posibles abusos. La ausencia de estas medidas podría generar un ambiente de impunidad, en el que los agentes de seguridad actúen sin restricciones, socavando la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.

4. Distorsión del debate público: La promoción de esta ley por parte de algunos sectores políticos y fuerzas de seguridad podría ser interpretada como una táctica de distracción y polarización, desviando la atención del debate sobre la necesidad de una reforma policial integral y la búsqueda de soluciones más eficaces y respetuosas de los derechos humanos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad.

En vista de estos argumentos y teniendo en cuenta la importancia de proteger los derechos humanos y la seguridad de todos los ciudadanos, les insto a rechazar la «Ley Naín-Retamal» y a enfocar sus esfuerzos en la promoción de una reforma policial que fortalezca la institucionalidad y garantice la protección y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Atentamente,

Ignacio Mujica Alvarado

Documentos

Chile: Proyecto de ley de legítima defensa privilegiada podría aumentar los abusos policiales y la impunidad por estos crímenes

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Parlamentarios chilenos presentan proyecto de ley que prohíbe las importaciones de territorios ocupados del Sáhara Occidental y Palestina

Redacción piensaChile — Fri, 16 Jul 2021 13:30:00 +0000

julio 14, 2021

ECS. Santiago. | Parlamentarios chilenos han presentado un proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios que, de acuerdo con las normas e instrumentos del derecho internacional, sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados, y sanciona su infracción como delito de contrabando.

De este modo, quedaría prohibida en Chile la importación de productos que provienen de territorios ocupados ilegalmente y que son parte de un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma.

Este proyecto fue presentado después de los ataques de los militares israelíes contra el Pueblo Palestino, tras una escalada de violencia en la que perdieron la vida más de 250 palestinos, entre ellos 67 niños.

La iniciativa fue presentada por los diputados del Grupo Interparlamentario Chileno-palestino: Pepe Auth, Jorge Brito, Karol Cariola, Ricardo Celis, Marcelo Díaz, Iván Flores, Sergio Gahona, Marcos Ilabaca, Andrés Longton y Alexis Sepúlveda; los cuales cubren todo el espectro político, desde la derecha a la izquierda.

Pepe Auth, uno de los autores del proyecto, celebró la gran acogida que tuvo la iniciativa legal:

“Hoy presentamos, con respaldo transversal -desde la UDI al PC- el proyecto de ley que prohíbe importación de productos generados en las colonias, ocupaciones ilegales de Israel respaldado por las armas en territorio palestino. Es la cara más abyecta del maltrato al pueblo de Palestina”, precisó.

La iniciativa si bien tiene hoy un efecto concreto sobre la situación del Territorio Palestino Ocupado, no es específica, se aplica a cualquier tipo de colonia en un territorio ocupado, reconocido como tal por una corte con jurisdicción internacional. Así el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos quedaría protegido por esta ley.

Pese al apoyo transversal de los diputados chilenos a esta ley, tanto de derechas como izquierdas, los detractores de esta ley han sido justamente sus afectados.

Así, en una carta al diario de derecha chileno “El Líbero”, el representante de una asociación de inmigrantes chilenos con sede en Tel Aviv aseguró que esta ley sería “catastrófica” para las relaciones entre Chile y la entidad sionista. Curiosamente también manifestó su preocupación ya que la ley afectaría los intereses de Marruecos en el Sáhara Occidental bajo ocupación.

Igualmente, diputados del partido socialdemócrata chileno expresaron su rechazo a la ley, por afectar los intereses comerciales de no solo con Israel, sino también de otros países que mantienen diferendos territoriales, apuntando precisamente además a Marruecos en el Saharaui, y al Reino Unido. Ese territorio en disputa del Reino Unido es precisamente el mismo sector de la Antártida que reclama Chile, cuyos límites fueron fijados en 1940, en el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda.

También ha generado reacciones internacionales en los grupos de ultraderecha ligados a Donald Trump. Ted Cruz y Marco Rubio, conocidos por ser del ala más dura y extrema del partido republicano, criticaron al proyecto por afectar a Israel. Rubio inclusive señaló que “No podemos permitir este tipo de propuestas”.

Sin embargo, mucho mayor ha sido el respaldo internacional, y sus fundamentos. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó el año 2019 una base de datos la cual registra 206 empresas vinculadas a actividades en las colonias israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, señalando que

“las empresas juegan un papel central para consolidar el establecimiento, mantención y expansión de los asentamientos israelíes” y asegura que las violaciones a los derechos humanos asociadas con las colonias son “generalizadas y devastadoras, alcanzando todas las facetas de la vida palestina”.

El proyecto de ley se puede ver y leer en la página oficial de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile o pinchando sobre ESTE ENLACE.

*Fuente: ECSaharaui

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“La Ley de Televisión Digital es una trampa”

Redacción piensaChile — Thu, 24 Oct 2013 01:40:44 +0000

Viernes 18 de octubre 2013
Mientras políticos y empresarios celebran que verán los goles de la Selección gratis y en HD, los canales comunitarios preparan planes de contingencia para enfrentar los avatares de una ley que lejos de pluralizar la televisión, consagra la concentración de su propiedad y, nuevamente, deja en manos de privados el derecho de los chilenos a la libertad de expresión.
[Esto es lo que dice el gobierno: http://www.gob.cl/especiales/television-digital-abierta-y-gratuita-para-chile/ NdR piensaChile]
“El gobierno miente. El ministro y el subsecretario mienten”. Así de tajante es Luis Polo Lillo, vocero de la Red de Televisoras Comunitarias y Populares de Chile, en relación a la recientemente aprobada Ley de Televisión Digital. Y es que mientras los parlamentarios, el gobierno, los grandes medios y las empresas de telefonía celebran el fin de cinco años de tramitación legislativa, los medios comunitarios, las organizaciones sociales y quienes trabajan por la democratización de las comunicaciones lamentan que las cerca de seiscientas indicaciones que lograron introducir al proyecto de ley original hayan sido en vano y el resultado, aseguran, será una televisión incluso más concentrada en términos de su propiedad que la que existe actualmente.
“Vamos a tener una televisión muy parecida a la que tenemos ahora, aunque el acceso a las concesiones seguramente va a ser más concentrado que el actual, por lo tanto, no vemos que vaya a aumentar ni la diversidad de los contenidos ni la diversidad de actores con acceso a las concesiones”, afirma Chiara Sáez, doctora en comunicación y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
Ya lo adelantaba el diputado Hugo Gutiérrez durante la discusión en la Cámara: “Sin entrar en el debate de la propiedad de las estaciones televisivas, el proyecto consolida la presencia de los actuales canales, en detrimento de otros canales emergentes, muchos de ellos de carácter comunitario, social y regional, que luchan por tener un espacio de sintonía (…) El país perdió la oportunidad para diversificar la representatividad social de la televisión y garantizar programación cultural y educativa”.
De acuerdo a los críticos de la nueva normativa, el aplaudido cuarenta por ciento que reserva para medios regionales, locales y comunitarios y del que se vanaglorian los políticos destacando que se trata de una ley que impulsa el pluralismo, en la práctica tiene el efecto exactamente contrario.
“El cuarenta por ciento es una trampa. Es para canales regionales y locales, ambos tipos de canales sólo pueden ser comerciales, la señal educativa también es privada. El noventa por ciento del espectro se va a dedicar a proyectos comerciales, excluyendo a TVN y a la televisión comunitaria que sea capaz, por sí sola, de tener el dinero para poder acceder a una frecuencia, lo cual es un poco iluso”, explica Chiara Sáez, quien también forma parte de la Mesa de Ciudadanía y Tv Digital.
Desde la perspectiva del director de Señal 3 de La Victoria, con esto, el gobierno y los parlamentarios, “le están haciendo el juego de entregarle la mayor cantidad de concesiones a las empresas y a los grandes consorcios”, y agrega: “Venimos hace más de seis meses pidiéndole una reunión a don Jorge Atton (subsecretario de Telecomunicaciones) para saber cómo se va a repartir el espectro y no nos ha querido recibir, y es porque tiene algo escondido”.
Pese a los requerimientos que desde distintos sectores se han hecho a la Subtel para conocer cuántas concesiones se entregarán y cuándo, el detalle aún permanece en misterio.
La puerta abierta a esta nueva privatización encubierta de un bien nacional, como lo es el espectro radioeléctrico, se genera porque la ley pone en el mismo saco a los canales regionales, locales y comunitarios, diferenciándolos solamente por área de cobertura y no por contenidos o propiedad.
“En Chile no tenemos televisoras regionales, la ley crea esta figura, pero no se hace cargo de decir quiénes van a ser los agentes, lo deja a las fuerzas del mercado y los tiburones se comen a los pececitos pequeñitos”, aclara la doctora en comunicaciones.
De hecho, estos nuevos canales no tendrán la obligación de emitir contenidos regionales o locales, ni siquiera de pertenecer a actores vinculados a estas comunidades, por lo que perfectamente pueden adquirirlos grandes conglomerados o empresas y utilizarlos para telemarketing, sometiendo a los televidentes a un eterno “Llame ya” regional.
Una situación similar es lo que podría ocurrir con la promesa de evitar la concentración de medios estableciendo que los grupos económicos nacionales o extranjeros sólo podrán acceder a una concesión por localidad. Para contravenir esta medida bastaría con comprar una señal por localidad y ¡listo!: una red nacional de televisión al servicio de privados, chilenos o extranjeros. Pero además de dejarle a los grandes consorcios comunicacionales la pelota rebotando para el gol en este punto, los parlamentarios decidieron anular el principio de reciprocidad que se había establecido en un comienzo y que estipulaba el derecho de los chilenos a adquirir señales en el extranjero cuando eso ocurriera en el país.
Pero a quienes sí pone condiciones son a los canales comunitarios. “Tenemos muchas más restricciones que las públicas o las locales. Nos restringen y nos dicen cómo nos tenemos que desarrollar, incluso, nos prohíben enlazarnos en cadena. Nos limitan a salir a dos, tres, cuatro cuadras a la redonda ¿Hay alguna definición para televisión privada? Pero a nosotros nos definen. Saldría más fácil conseguir un permiso para televisión privada que comunitaria”, asegura Lillo.
Pero sin duda la mayor traba que enfrentan los canales comunitarios en ese nuevo escenario tiene que ver con el alto costo que implica el cambio desde la tecnología análoga a la digital. Desde la Señal 3 comentan que un nuevo transmisor vale diez millones de pesos, una cifra imposible para un proyecto autogestionado que reúne recursos con entre los vecinos y los fines de semana en la feria.
La académica del ICEI aclara que si bien se establecieron fondos públicos, no están pensados para ser entregados a los medios comunitarios. Sólo a los canales locales que tengan una inversión previa de al menos treinta millones de pesos, la Subsecretaría de Telecomunicaciones les va a prestar equipos digitales de prueba por un tiempo limitado. Luego, deberían postular a créditos para adquirir nueva infraestructura.
Los fondos concursables del Consejo Nacional de Televisión, a los que sí pueden postular los medios comunitarios, se renuevan año a año y están destinados solamente a financiar proyectos de contenidos, es decir, no se pueden utilizar para comprar infraestructura que permita pasar a la era digital.
Considerando estos factores, la celebrada nueva ley de TVD más que aumentar las posibilidades para el pluralismo y para combatir la inequidad en el acceso a los medios de comunicación existente en Chile, se ha convertido, especialmente para los canales comunitarios, en el lobo con piel de oveja.
“Es un muy mal precedente porque frente al lobby de las empresas, los medios comunitarios no tienen ninguna posibilidad. Aquí se hizo lobby desde una mesa ciudadana donde convergieron universidades, Fucatel, el Colegio de Periodistas, radios comunitarias, cineastas, actores de renombre, hicieron documentos con expertos, mandaron seiscientas indicaciones, revisaron la legislación comparada, y no se logró nada. Es frustrante para la sociedad civil que trabaja con temas de comunicación”, manifiesta Juan Ortega, periodista a cargo del Programa de Comunicación Social de Base en la ONG ECO, Educación y Comunicaciones.
Es por eso que los canales ya adelantan que presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional y, si es necesario, a instancias internacionales. Aunque tampoco descartan otro tipo de presión: “Tendremos que tomarnos alguna embajada, algunos ministerios, recurrir a acciones de fuerza mayor. Estamos planificando acciones de fuerza porque no hemos sido escuchados ni por el gobierno, ni por los parlamentarios, ni por nadie”, afirma Polo Lillo.
Los expertos aseguran que, además de atentar contra el derecho de la ciudadanía a comunicarse libremente, este tipo de legislaciones contribuye a mantener en la ilegalidad a los medios comunitarios pues, al ser reconocidos por la ley no reciben ningún beneficio, por el contrario.
“En cinco años más los medios comunitarios van a estar fuera de la legalidad porque no van a tener los medios para acceder a las licencias”, adelanta Ortega, mientras que el director de Señal 3 de La Victoria anuncia que no se dejarán avasallar. “Si el Estado nos quiere acallar, vamos a tener que seguir funcionando como lo hemos hecho durante estos 18 años: clandestinamente, ilegalmente, con todo orgullo. A morir con las botas puestas”.
*Fuente: Radio de la U de Chile

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