También fue bien recibida por la denominada “Bancada Glaciar”, compuesta por un grupo transversal de diputados que el día anterior ingresaba una moción parlamentaria que buscaba legislar sobre el tema, que había agarrado vuelo tras la mediática campaña “República Glaciar” liderada desde abril de ese año por la ONG Greenpeace.

Pero la preocupación por la frágil situación de los glaciares a nivel nacional –que se estima son unos 24 mil– ya era antigua. Y se había empezado a instalar en la opinión pública con la llegada del controvertido proyecto minero Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, que inicialmente incluso contemplaba el traslado de los glaciaretes Toro 1, Toro 2 y Esperanza.

A partir de ahí, la preocupación por estas gigantescas masas de hielo ha ido en aumento, y ha puesto en el ojo del huracán a otros megaproyectos mineros, como la expansión de Codelco Andina 244, descartado temporalmente, entre otros puntos, por los altos costos en mitigación que debía enfrentar.

De hecho, en 2005 y mientras era candidata presidencial, Bachelet firmó un documento conocido como “Acuerdo de Chagual” con diversas organizaciones ecologistas, entre cuyos compromisos se encontraba la protección de estas masas de hielo. Nunca se concretó el envío de un proyecto de ley, aunque para paliar la inexistencia de una legislación se tomaron otras medidas, como la creación de la Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas (DGA).

Es así como el anuncio de la Mandataria hace dos años creó altas expectativas. Pero, al mismo tiempo, dejó abierta la interrogante de si el alcance de la prohibición de intervención sería estricto o se dejaría abierta la puerta a excepciones.

Desde el mundo minero la postura era clara: se exigía que no se prohibiera la explotación de estas zonas y que se evaluaran los proyectos caso a caso.

Un año después del discurso, en 2015, una indicación sustitutiva del Ejecutivo plasmaba la mirada del sector de la minería, reformulando el corazón de la iniciativa al relativizar y clasificar la protección de los glaciares dependiendo de una serie de factores.

Hoy la iniciativa duerme en la Comisión de Hacienda desde hace seis meses.

El rechazo de la Corte Suprema y el INDH

Según recuerda el diputado PS Daniel Melo –uno de los impulsores de la moción ingresada al Congreso por la Bancada Glaciar en 2014–, en agosto de ese año esta se aprobó por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, tras lo cual se abrió el período de audiencias públicas. En este lapso, que fue de un año, hubo un proceso de conversación con el Ejecutivo “para que incorporara una indicación sustitutiva a la propuesta, con el fin de fortalecer determinadas áreas que entendíamos eran de su exclusiva facultad, como por ejemplo crear el registro nacional de glaciares o el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas (DGA)”.

En marzo de 2015 se firmó un protocolo de acuerdo convocado por el Ejecutivo con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, para que se ingresara la indicación sustitutiva al proyecto, lo que implicó que se diluyera la apuesta original.

De acuerdo a una carta enviada por el parlamentario anunciando la propuesta, la acción del Gobierno “mantiene el espíritu y los puntos medulares de la iniciativa legal, manteniéndose firme la mayoría de los puntos propuestos por la Bancada Glaciar”.

En la práctica, detalla el parlamentario, “para el ejecutivo existen glaciares de tipo A, B y C”.Pero la indicación presentada ese mismo mes por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, fue una bofetada al espíritu original del proyecto, que buscaba proteger todos los glaciares sin excepción. Hoy, según explica Melo, “es mucho más restringido desde el punto de vista de la protección que lo que buscábamos”. Esto, ya que hay tres niveles de protección, que dependerán de si los glaciares se encuentran en un Parque Nacional o Reserva –que los deja en la mejor posición de protección–, si son declarados reserva estratégica –tarea que recae en la Dirección General de Aguas– y el resto que debe recorrer un camino muy similar al actual y enfrentar un Estudio de Impacto Ambiental asociado a un proyecto.

Para la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, los únicos glaciares que realmente quedan protegidos tras la intervención del Gobierno “son los que están en áreas protegidas. Con la gravedad que no hay ningún glaciar con área protegida entre Atacama y el Maule, zona donde justamente se encuentran los proyectos de expansión minera. De esta forma, el proyecto es un saludo a la bandera”.

En tanto, para Matías Asún, director nacional de Greenpeace, el resultado final del proyecto que salió de la Comisión de Medio Ambiente “favorece a la gran minería en detrimento de las personas y del agua de este país. No mejoró ni un poco en la discusión en el Parlamento, ya que termina delegando a los tribunales la definición de si valen más los derechos de agua humanos de las personas por sobre los intereses particulares”.

Las críticas no solo provinieron del mundo medioambiental. Tanto la Corte Suprema como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizaron fuertes cuestionamientos a los cambios impulsados por el Gobierno de Bachelet.

La institución, liderada en ese entonces por la actual subsecretaria de DDHH, Lorena Fríes, señalaba en su última memoria anual que la indicación “cambió en gran medida el sentido del proyecto original”.

Agregando que con esta medida “el nivel de protección de los glaciares disminuye considerablemente” en varios aspectos. Entre otros, por el hecho de que solo tendrán “algún nivel de protección los glaciares que se encuentren en una Reserva o en un Parque Nacional, o aquellos que sean una reserva hídrica relevante y que sean declarados como Reserva Estratégica por los ministros de Obras Pública y Medio Ambiente, previo informe de la Dirección General de Aguas (DGA)”.

El INDH destacaba que “la posición del Poder Ejecutivo, en orden a disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares y, además, desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares”.

Este año, en agosto pasado, la Corte Suprema emitía un demoledor informe sobre el proyecto de ley, ya que incluso advertía que “su consagración de la manera propuesta podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación. (…) En la actualidad no existe duda que los glaciares son bienes nacionales, que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos. Sin embargo, el artículo 1° establece que los glaciares constituyen ‘reserva de agua dulce’, lo que implica que se podría disponer de ellos en el futuro próximo o lejano”.

El congelamiento de Hacienda

Tras la indicación sustitutiva del Gobierno, que en octubre de 2015 ingresó una nueva indicación que complementaba la regulación que se le dio al concepto de “reserva estratégica glaciar”, se abrió la discusión en particular del proyecto del Ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente.

En abril se terminó de revisar y fue enviado a la Comisión de Hacienda, “donde está hace seis meses durmiendo, esperando que se vote el artículo que contiene el financiamiento para la funciones relacionadas con la DGA”, detalla Melo.

Según fuentes cercanas al tema, “el proyecto está paralizado, con bloqueo desde el Ministerio de Hacienda, porque dice que afecta la inversión minera”.

En julio pasado, el titular de la cartera, Rodrigo Valdés, ponía bajo la lupa una decena de proyectos que –como advirtió– amenazan las decisiones de inversión, señalando que “una de las cosas claves es contener proyectos que, si se dejan al arbitrio de cualquiera, son una amenaza para las decisiones de inversión del sector privado”. Entre otros, apuntó a la moción parlamentaria que protege a los glaciares.

Las mismas fuentes señalan que la iniciativa “no está en tabla. No creo que lo pongan nunca en tabla, creo que lo dejarán morir, pese a los cambios que le hizo el Gobierno, porque desde el sector minero dicen que es una estrategia para bloquear el desarrollo minero en todas las altas cumbres, lo que haría inviable toda la minería de altura”.

El Mostrador se contactó con el Ministerio de Hacienda, pero no se obtuvo una versión desde la entidad.

Entre los proyectos que podrían verse perjudicados se encuentran ampliaciones de Anglo American, Pelambres, Codelco Andina y Pascua Lama, de Barrick Gold.

*Fuente: El Mostrador