En abril de 2013 y tras una fuerte polémica por los efectos de su uso, Carabineros retiró de circulación una veintena de pistolas de aire comprimido BT-4 Combat con las cuales se lanzaban pelotas de plástico rellenas de pintura en contra de manifestantes. Se suponía que el uso de esta arma tenía por objetivo marcar con pintura a los agitadores agresivos, impactando en sus cuerpos, pero pronto comenzó a dañar manifestantes y transeúntes pacíficos, varios de los cuales resultaron con lesión ocular severa o pérdida de uno de sus ojos.

Hoy la cifra de manifestantes con pérdidas o lesiones oculares graves, por el uso de escopetas antidisturbios por parte de la policía uniformada, suma más de 175 casos según datos difundidos por el INDH. Esto ha llevado al Colegio Médico y a la Sociedad Chilena de Oftalmología a calificar la situación como la peor crisis de salud oftalmológica de la que se tenga registro en Chile y en el mundo. El presidente del gremio de los oftalmólogos, Dennis Cortés señaló a la prensa que “no hay ningún precedente en la historia de nuestra especialidad que avalen estos números. Cuando evaluamos esto a nivel internacional, de personas que han perdido el globo ocular por armas no letales, el número también es alarmante y lideramos tristemente esta cifra a nivel mundial”.

Otro facultativo, esta vez el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Manuel Kukuljan, expresó su «rechazo unánime» a «la violencia ejercida por el Estado en la forma del uso sistemático de armas y procedimientos destinados a mutilar, como forma de control del orden público». El académico tras condenar este hecho exigió el fin inmediato de esta práctica represiva.

La pregunta que surge es porqué en 2013 y ante la ocurrencia de heridas oculares por el uso de pistolas de paint ball, estas fueron retiradas y se prohibió su uso. En cambio ahora y pese a la cantidad de heridos y personas con daño ocular severo, no se prohíbe el uso de escopetas antidisturbios. La respuesta, según muchos, no habría que buscarla en la violencia de los manifestantes o los saqueos e incendios, sino en el hecho que el estallido social de esta primavera afecta la estructura vital del modelo económico y social y eso incentiva al Estado a recurrir a niveles crecientes de violencia para sofocar la revuelta.

Como sitio de memoria y defensor de los derechos humanos, nos hacemos eco y parte de estas denuncias y planteamientos, y exigimos del Estado el fin del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios, y del accionar de Carabineros que no ha respetado el protocolo para el uso de la fuerza publicado por el ministerio del Interior, el 1 de marzo de 2019.

Junto con lamentar esta tragedia y expresar toda nuestra solidaridad a Gustavo y a su familia, creemos con mucha mayor convicción que este tipo de armas deben ser prohibidas y sacadas de las calles. Como también las familias afectadas deben emprender, ojalá de manera coordinada, las querellas para identificar y castigar a los culpables y demandar del Estado las reparaciones del caso.

Gustavo y casi dos centenares de ciudadanos con lesiones oculares graves, hablan de una política sistemática de daño y mutilación hacia quienes hacen efectivo su derecho a manifestarse. No son casualidades, no son errores o excesos individuales como lo pretende exponer el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Son señales e incentivos emanadas desde las más altas autoridades de este país hacia la policía en orden a sofocar la protesta social a cualquier costo y por cualquier vía.

Peñalolén, 9 de noviembre de 2019

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