—A más de un mes de instalada la CC (4 de julio), ¿cómo valora su funcionamiento y en qué se ha avanzado?

—El trabajo ha sido intenso, hemos tenido logros y estamos en un proceso donde está naciendo una nueva Constitución, un nacimiento amado por el pueblo, pero también no deseado por quienes han estado en la política de las decisiones de la élite —el poder económico, el poder político—, por quienes han gerenciado el proceso político chileno para beneficio de unos pocos y de las transnacionales, no para el del pueblo.

En un mes de trabajo partimos por instalar el proceso constituyente como un poder originario, porque éste es un órgano autónomo y sobre esta presidenta no hay nadie. Estamos trabajando frente a un poder constituido como es el Estado de Chile y el Gobierno, el que no ha sido el más colaborador con el proceso y los sueños que tienen los distintos pueblos del país. No obstante, aquí hay aprendizaje de historias, de procesos y experiencias alternas en las que nos hemos apoyado para instalar la Convención: esos son los servicios públicos de la Cámara de Diputados, del Senado, academias, universidades, gremios, igual de servicios públicos como el Colegio Médico, con múltiples apoyos de experiencias, más la convicción de la mayoría de los constituyentes.

Además de la instalación, le hemos dado una institucionalidad a partir de convenios que estamos firmando: con Transparencia, con Comunicación, con universidades, para el Protocolo COVID —porque nos toca trabajar en un momento de una crisis sanitaria y no podemos exponernos al sufrimiento que causaría este virus—, entre otros.

Hemos instalado ocho comisiones que están trabajando para alimentar el reglamento que nos hemos propuesto terminar a fines de agosto o comienzos de septiembre. Después vamos a poder hacer el trabajo territorial, participativo, con organizaciones, con cabildos, con pueblo, con instancias de la sociedad civil, para así entrar a la etapa de ver los contenidos para la nueva Constitución.

En la parte de la no colaboración, en Chile venimos con el anhelo de cambiar la Constitución, que nace de un estallido social el 18 de octubre de 2019 y finalmente concluyó en unas votaciones a través de un plebiscito para optar por una nueva Constitución, con un 80% de aprobación y un 20% de rechazo a esta iniciativa. Ese 20% se ha instalado en la CC, es decir, las personas que votaron por el rechazo, posteriormente entraron para ser electos constituyentes y están instalados en minoría, aunque hay que decir que todos somos minorías acá, no hay supramayorías. Pero esa minoría ha mantenido su postura de rechazo a iniciativas que son importantes para el trabajo de la Convención.

Aquí quisiera explicar un poco por qué todos no somos mayoritarios. Un tema importante es la paridad, ahí somos 50% de hombres y 50% de mujeres, componente significativo que tiene la escritura de esta Convención, la que se ha profundizado más allá ya que se entiende la paridad no solamente como una cuestión binaria de relación hombre-mujer, sino como una paridad mujer-mujer que está instalada en la sociedad, en la cultura chilena y en culturas originarias donde las mujeres, abuelas, nietas, madre e hija resuelven los problemas, y ha sido la historia que tiene el movimiento feminista de igual forma. Empero, los sectores políticos tradicionales no son mayoritarios, la derecha no es mayoritaria y lo que se podría llamar izquierda tampoco lo es, lo que es centro no es mayoritario, los pueblos originarios tenemos 17 escaños y no somos mayoritarios, las diversidades sexuales no son mayoritarias, por lo que en la Convención estamos obligados a conversar y buscar cohesión, a instalar conversaciones para compartir puntos comunes y llegar a una votación mayoritaria.

Hasta el momento nos hemos dado un sistema que otorga derecho a todos los convencionales para expresar su votación, sus planteamientos, sus puntos de vistas, para que todos participemos en igualdad de derechos, incluyendo la toma de palabra, que la logramos articular y organizar con paridad, con plurinacionalidad, con regiones, con diversidad de identidades sexuales, incorporando igualmente a los representantes de los partidos políticos. Eso implica tener una forma transversal de ejercer el pleno, una manera horizontal de hacer el gobierno de la Constitución. La verdad es que estas formas, como el gobierno horizontal, son herencia de las naciones originarias, donde tomamos decisiones por consenso. Por eso es que les digo que me ha tocado activar los valores, los conocimientos, las experiencias de las naciones originarias, que están nutriendo sustantivamente una manera distinta de ser demócratas, de incluir a las diferencias, a las minorías.

—¿Cómo vislumbra el trabajo de redacción de la Constitución? ¿Cuál va a ser la metodología, la participación de regiones y los canales de comunicación entre el pueblo y las y los constituyentes?

—Tenemos una comisión que trabaja el tema de la descentralización; otra atendiendo la participación y consulta indígena. Ellas van a alimentar el reglamento que nos permita hacer una participación democrática, inclusiva y vinculante. Para nosotros la Constitución no se puede redactar entre los 155 convencionales. Hay una sociedad activa importante, incluso hay un plebiscito de salida en que la ciudadanía tiene que votar por esa Constitución, si la aprueba o no. Por eso, para que tenga buen puerto, la ciudadanía y nosotros hemos considerado que es importante la participación, eje que va a nutrir y dar contenidos y significado a la Constitución.

Paralelo a eso estamos haciendo convenios con las universidades, los haremos con los municipios, para que nos faciliten los espacios y la articulación con los territorios. La CC tiene un tiempo muy corto, pero al mismo tiempo tiene muy poco presupuesto para poder trabajar y llegar al último rincón, de modo que estamos sumando apoyos de entidades estatales y organizativas que ya están en el territorio, para que sean las comunidades y organizaciones, con su gente, las que nos reciban en los distintos lugares. La idea es que no solo tengamos sesiones acá en Santiago, sino también en regiones, para dejar clara la demanda instalada en Chile de la descentralización.

El gobierno centralizado que hemos tenido ha llevado a empobrecer las regiones. No hay foco de desarrollo regional porque todo se lleva a Santiago, y ésta termina siendo la gran urbe superpoblada donde la gente llega por trabajo, mientras las regiones están siendo abandonadas. Y eso duele porque este país es rico, porque tiene muchos bienes naturales que están en las regiones y que la gente está dispuesta a valorar, a darle un sentido, para el futuro de la región y sus comunidades.

—¿Entendemos que usted diseñó la bandera Mapuche? ¿Cómo se convirtió en símbolo de la lucha antisistema en el Chile actual?

—El tema de la bandera, la idea, el origen, surge por la emergencia indígena de la lucha por los 500 años de resistencia indígena y popular, en la década del 90 del pasado siglo. Antes de eso ya venía una reflexión de las organizaciones sociales mapuche sobre el derecho a la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, la autodeterminación; esto nos llevó a buscar un sistema de organización propio, que es la manera ancestral de cómo nosotros estamos organizados, liderados por autoridades originarias: personas sabias de diferentes ámbitos —sabios de la medicina, del discurso oral, de la dirigencia, mensajeros—. Nosotros tenemos esa autoridad originaria en nuestras comunidades y fue la autoridad comunitaria la que resistió los tres siglos de conquista que instalaron en el tiempo de la Corona española.

Con aquella autoridad originaria mantuvimos esa lucha permanente y se hicieron los tratados con el gobierno de Chile, solo que después éste vulneró esos tratados y ocupó el Wallmapu—nuestro territorio— y nos empobreció, perdimos la lengua y atacaron nuestra identidad, porque los pueblos originarios hemos sido catalogados casi como personas sin alma, como personas atrasadas y opuestas al desarrollo, lo que mermó la identidad y el valor de ser indígena, de ser mapuche. Pero, para 1992, con esa emergencia indígena, instalamos la organización tradicional como nuestra propia organización. Nosotros teníamos movimiento autonomista y con éste fue que decidimos exteriorizar nuestra identidad de mapuche con una bandera, asumiendo que todos tenían una bandera y nosotros andábamos detrás de la chilena, que era justamente la que nunca había considerado nuestros derechos.

—En términos prácticos, ¿cómo fue esa labor de creación simbólica que nos menciona?

—Asumimos hacer la bandera, como dije, en 1992. Participé en ese proceso trabajando la memoria oral, formando mensajeros —los werkén—, a quienes nos tocó capacitar para que salieran a recoger esa memoria oral. La bandera se construyó con la memoria oral, de la recuperación y defensa de las tierras, la memoria oral sobre el trabajo de la mujer, la medicina, el conocimiento de la filosofía. Y se fueron relatando historias que se convirtieron en colores; hubo 300 propuestas de bandera que se convirtieron después en una por identidad territorial y luego hubo una fusión de la que salió la bandera mapuche: Wenüfoye.

Con el estallido social, lo que ocurrió es que la democracia pactada, la de los acuerdos de los que participaron partidos de izquierda, derecha y centro, se alejó tanto de la demanda de los pueblos que perdió legitimidad y representatividad. Entonces el pueblo de Chile, que por autodeterminación decidió salir a decir “basta”, retomó la bandera mapuche porque es de resistencia, aunque ahí además hubo una lectura de legitimidad de la historia de defensa de lucha que tiene del pueblo mapuche con la historia de defensa que tiene el pueblo de Chile, de las mujeres del movimiento social; se entendió que todas las luchas iban por el mismo camino, al que se llamó: “dignidad”.

—¿Por qué el tema de la plurinacionalidad es clave?

—A causa del contexto descrito es que estamos instalando la demanda de la plurinacionalidad, que significa el reconocimiento de las naciones preexistentes, y sobre todo de sus derechos. Que se garantice el ejercicio de sus derechos es la tarea que tenemos que instalar en la Constitución, porque no sería bonito tener un texto que hable de los derechos pero que no dé garantía de éstos. Por eso hay que hacer un trabajo muy fuerte con la sociedad chilena, con los sectores políticos que están en la Convención, para tener el voto de esa garantía de plurinacionalidad.

La garantía de plurinacionalidad además tiene un componente de fondo que tiene relación con el valor que los pueblos le damos a la convivencia social y a la naturaleza, que aquí se llama Kume Mongen (Buen Vivir) y reconoce el respeto a la existencia de los seres que somos parte de la naturaleza: hombres, mujeres, ríos, agua, cerro, todos tenemos derechos. Esto implica instalar la interculturalidad en la Constitución, para que Chile asuma la demanda de que hoy día somos plurinacional, pero además de que si no defiende en conjunto a la Madre Tierra no está garantizando los derechos de las regiones que luchan por el agua, por tener tierras sanas y  libres de toda la contaminación de químicos que producen las grandes empresas productoras  que están afectando incluso la vida de las gentes de las comunidades.

Por esa razón el Kume Mongen se suma a la relación de interculturalidad que queremos instalar en la CC, de manera que las naciones originarias estaríamos haciendo un aporte sustantivo para la convivencia y el futuro de este país plurinacional y en lo específico para las naciones originarias con el derecho de proyectar nuestra vida, nuestra visión de mundo, filosofía, nuestro vínculo con la Madre Tierra. Eso implica a la vez activar y darle función social en todos los niveles a los cursos de nuestra lengua originaria: hay que entender que hoy, por ejemplo, el 10% de la población mapuche habla el mapudungún; sin embargo, cuando nosotros hablamos el mapudungún en la Constituyente se genera un efecto multiplicador del valor del idioma, porque al niño que está escuchando y tiene la posibilidad de ver la televisión y ver que estamos con otro idioma, le surge la necesidad de aprender y conocer esa lengua.

En síntesis, la Convención Constitucional, junto con ser un espacio de negociación para trabajar la nueva Constitución, se transforma así en un espacio pedagógico que da nuevas señales y temas que se instalan para un nuevo Chile, por eso es que pedimos colaboración, colaboración y más colaboración de los sectores que trabajan, profesores, universidades, investigadores, personas que están trabajando los temas que vemos en la Convención.

A grandes rasgos, eso es cómo nos encontramos, cómo trabajamos y cuáles son nuestros avances. Han habido situaciones no muy agradables para mí como presidenta, mujer e indígena, porque he tenido que encontrarme con el racismo, el cual pensé que ya no existía.

FOTOS: EQUIPO DE ELISA LONCON Y AFP

*Fuente: LaRazón -Bolivia

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Tengo la más absoluta convicción, que mi pueblo mapuche tiene una vocación clara y definida por la paz, no solo la que se establece al interior de las comunidades humanas, sino aquella que se relaciona con la armonía de cada ser humano consigo mismo y con la naturaleza. De hecho esto es aquello a lo que, desde una perspectiva holística, nuestro pueblo asignó el nombre de “Kume Mongen” (Buen Vivir).

Algún lector perspicaz, preguntará… ¿y por qué entonces el pueblo mapuche parece estar en un conflicto permanente con el Estado de Chile? La respuesta es obvia: primero la Conquista Española y luego la República de Chile, no solo no han reconocido la preexistencia del pueblo mapuche y los demás pueblos originarios en este territorio, sino que han buscado sistemáticamente su exterminio y su asimilación.

La lucha de mi pueblo consiste precisamente en la recuperación de las tierras que fueron no solo usurpadas ilegítimamente, sino que violentadas, transformándolas en un simple medio de ganancia económica de mirada corta y eminentemente egoísta. Mi pueblo quiere reestablecer la armonía arrebatada por la ambición espuria y sin escrúpulos de un invasor despiadado, para volver a cuidar aquello que la Ñuke Mapu (madre tierra) nos ha regalado para el bien común.

He dicho antes que la paz es fruto de la verdad y la justicia. Sobre la primera condición, diré algo que puede ser una novedad para muchas personas: la historia oficial que se ha pretendido instalar como la verdadera interpretación de los hechos, es sesgada, parcial y mentirosa. Ese relato con el que se les ha adoctrinado desde la infancia, contiene un defecto de origen, al ser más bien la versión distorsionada de quienes transformaron sus apetitos de conquista y poder en su mundo soñado, sin importar el dolor y la destrucción causada.

Si la justicia es “darle a cada cual lo que le corresponde”, entonces la sociedad chilena tiene una enorme deuda histórica con los indígenas que habitaban este territorio miles de años antes de la llegada de los invasores. En efecto, lo que reclamamos no es un capricho o un deseo premeditado de subvertir el orden institucional, lo que queremos es la restitución de aquello que nos corresponde en justicia. Por razones lógicas, no pretendemos retrotraer el tiempo y volver al estado original, sino más bien, acordar formas de vivir la autonomía como pueblos a la que tenemos derecho, en una sana convivencia y en un espacio territorial que puede y debe acoger a todos sus hijos e hijas.

Por lo señalado me ha causado preocupación el llamado hecho por una asociación de personas denominado “Acción de defensa de La Araucanía”, que invita a “armarse, a defender sin piedad la tierra, a defender a nuestras familias y nuestro trabajo. La revolución ya comenzó”.

Esta forma de declaración de guerra, lo único que logra es incitar al odio y la violencia, que es aquello que María Mercedes Gómez, define como “una conducta violenta motivada por prejuicios, exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, género, raza, etnia, entre otras”. Y constituye una manifestación de ignorancia respecto a la profundidad del problema que se busca resolver y una incapacidad absoluta de encontrar soluciones, que de una vez por todas, atiendan sus orígenes y que reproducen el conflicto y sus verdaderos alcances.

Otra cosa que llama la atención en esta declaración destemplada, es que asigna a la persona de Héctor Llaitul, todos los males que los afectan. Esto resulta especialmente grave, pues establece un objetivo a destruir, un llamado a un linchamiento público, saltándose el estado democrático de derecho, que dicen defender.

Sumándose a este coro que desafina en sus intenciones y estrategias, el senador Felipe Kast pide a su gobierno decretar el “Estado de sitio”, como la gran respuesta al conflicto. Habría que recordarle a este senador, que en el país donde están sus raíces familiares, se implementó una ideología que fue capaz de incitar el odio a tal grado que tuvo como efecto inmediato el mayor holocausto que recuerde la historia. Así, la Alemania que ha logrado recuperarse a sí misma, hoy cuenta con una legislación que penaliza gravosamente los delitos que incitan al odio, con penas de cárcel. Esto pasa cuando un pueblo aprende una lección y rectifica un error que segó millones de vidas.

Otro honorable, el diputado Diego Shalper, declaró que, “llego el momento de actuar y defender el Estado de Derecho y el derecho a vivir en paz”. Esa frase suena bien, cuando se aplica a todos los casos y no solo a los que su obtusa visión ideológica defiende en exclusiva. Esto me hace recordar la conducta del ex Presidente de su partido, quien, acomodándose en un “estado de derecho” hecho a la medida, logra salvar a su hijo que atropelló y mató a una persona inocente, dándose posteriormente a la fuga.

Y eso nos recuerda a todos que Chile vive realidades paralelas: la de los excluidos que deben asumir que la pasarán mal toda la vida y los privilegiados, destinados a disfrutar de aquello que la vida les ha “entregado generosamente”.

Volviendo al mencionado “líder” importado, Felipe Kast, este ha señalado que “…esa es la realidad, donde ya no hay estado de derecho, que en Araucanía vemos a diario, atentado, usurpaciones. Extorciones, asesinatos, quema de casas…” Lo primero que llama la atención es que este senador, que realiza cada cierto tiempo una suerte de turismo político a La Araucanía, se refiere a la situación de la región desde el barrio alto de Santiago y guardando riguroso silencio cuando los actos que denuncia afectan a algún miembro del pueblo mapuche. No escuché su pronunciamiento frente al asesinato de Camilo Catrillanca o cualquiera de los 17 mapuche jóvenes e inocentes, asesinados desde la recuperación de la democracia.

En definitiva, su discurso y el de muchos de la casta política de todos los sectores, carece de lo que hoy más se valora: la credibilidad.

Por ello también es necesario hacer una referencia a las víctimas del conflicto que se denuncia. Me parece necesario evitar aflorar los sesgos y las miradas unifocales. En efecto, aquí existen víctimas de muchos sectores. Seguramente muchos de ellos completamente inocentes. Sin embargo, es el Estado de Chile, quien debe asumir la restitución de la justicia, estableciendo un nuevo orden de cosas que garantice una paz social de largo plazo y cimentada en raíces hondas.

El estado policial instalado hace años en La Araucanía, solo apunta a los efectos visibles del problema, no a la incidencia en sus causas. Solo considérese que grupos económicos como Angelini y Matte, poseen y explotan hoy más de 3 millones de hectáreas, casi 4 veces más que todas las tierras mapuche desde el Bio Bio al sur. ¿Es posible resolver el conflicto con ese escenario de inequidad? Y no me refiero solo al costo en pobreza y discriminación, sino además a los déficits hídricos, daños ambientales y degradación de la biodiversidad.

Está muy claro, que el Estado ha actuado inequitativamente y ha incumplido los compromisos suscritos. Basta recordar la flagrante violación del Tratado de Tapihue, de 1825, que reconoció la existencia efectiva de la nación Mapuche. Así, el Estado termina asignando 536 mil hectáreas al pueblo mapuche, en guetos que denominaron eufemísticamente “reducciones”, luego de contar con 10 millones de hectáreas; y regala un número indeterminado de hectáreas a colonos migrantes.

La demanda de territorio que hacemos los mapuche, es de carácter político y exige no sólo el reconocimiento de la violación de este tratado por parte del Estado, sino la compensación justa, con derechos colectivos de un pueblo originario, con el debido reconocimiento legal en una Constitución plurinacional, con derechos políticos y civiles garantizados.

De aquí se deriva una disyuntiva ética de la mayor relevancia, una contradicción vital de este “Estado fallido”, que junto con una política que buscó la aniquilación del Pueblo Mapuche, abrió sus brazos a la inmigración colona, de la cual nunca ha logrado salir dignamente. Y se ha negado, hasta ahora, a enorgullecerse del valor de su rica diversidad, sintiendo la plurinacionalidad mucho más como una amenaza, que como una fortaleza de su condición más propia.

La cobardía donde quiera que exista, engendra violencia, decía Martin Luther King. Por ende, no me cabe duda que es un deber moral, enfrentar a aquellos que incitan al odio y la violencia, sin distinción alguna, y que promueven un terrorismo racial como justificación de su proceder. Mi llamado es a no permitir que discursos de odio transformen Wallmapu en un campo de batalla. En ese escenario los que sufren son los inocentes de siempre.

La nueva Constitución no es la solución, porque el proceso está viciado a tal punto, que en términos prácticos se aprobara una norma que la oposición y el Gobierno ya tienen perfilada.  Por lo tanto, la solución va más allá de crear comisiones para el dialogo, nombrar delegados presidenciales, ministros especiales, una mayor dotación policial militar, nuevos acuerdos nacionales y llamar a la ONU o al Papa. Todo ello resulta inútil si quienes están detrás de esas estrategias buscan que las cosas sigan como están.

Se hace urgente convocar a un nuevo Parlamento, como el de Tapihue, Estado de Chile–Pueblo Mapuche–sociedad civil. En ese escenario, debe resolverse esta controversia, no solo por el bien de nuestros pueblos, sino por el bien de Chile. Un país dividido, ya no es viable. Un país que no es capaz de reconocerse como mestizo o indígena, no tiene destino.

Este nuevo pacto debe sustentarse en el diálogo respetuoso en el que los diferentes actores validos, establecen compromisos de acatamiento de los acuerdos. Este no es un llamado a la subversión sino, por el contrario, es un llamado a la solución de asuntos postergados por demasiado tiempo.

Se necesita una reestructuración de la arquitectura del Estado. Esto quiere decir, crear las instituciones e instrumentos que permitan no solo la participación política de los pueblos originarios en el Estado, sino también lo referente al artículo 20 de la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU. Se debe restituir los derechos colectivos políticos, territoriales, económicos y culturales, mediante la creación de un estatuto de autonomía que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas, en el marco de la legislación nacional.

Estos requerimientos nacen del convencimiento más profundo de que llegó el tiempo de realizar un cambio justo, que la sociedad chilena mayoritariamente reclama y exige.

Llegó el momento de valorar a los pueblos originarios que, con su rica diversidad, constituyen parte significativa de la identidad de Chile.

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1.- La idea del buen vivir

El “buen vivir” es un concepto cuyo origen se remonta a tiempos ancestrales y corresponde, independientemente de cómo se le nombre, a la forma de vida que intenta preservar un número significativo de pueblos originarios, dispersos por todo el mundo. Así, por ejemplo, el pueblo kichwa lo define como “Sumak Kawsay”, el pueblo aymara como “Suma Qamaña«, y el pueblo mapuche como “Kume Mongen”.

Entonces, esto que hoy llamamos buen vivir, es el resultado de miles de años de sabiduría aplicada, concentrada en la experiencia práctica de pueblos que aprendieron un estilo de vida que busca la armonía de la persona consigo misma (subjetividad), con los demás (convivencia) y con la naturaleza (vínculo con la creación y el cosmos).

El buen vivir nace como una práctica que se conceptualiza y se convierte en un sistema de relaciones humanas, que nos muestra que es posible que una comunidad adopte conductas protectoras de los derechos individuales y colectivos que promuevan el respeto a la dignidad inherente a las personas, la convivencia pacífica, la plena adhesión a los acuerdos alcanzados y la justa repartición de los recursos disponibles para que a nadie le falte lo esencial, el cuidado irrestricto de la naturaleza y el libre ejercicio de la autonomía individual, dentro de los límites que aconseja el bien común.

¿Es acaso el buen vivir una utopía? Este concepto es mucho más que una mera teoría, es una práctica cotidiana de muchos pueblos indígenas que, contra toda adversidad, aún siguen vivos en todos los continentes del mundo. Esa subsistencia, que ha superado los peores intentos de hacerlos desaparecer, se relaciona precisamente con formas de vida que lograron una expresión superior de la existencia humana, formas que hoy la humanidad reclama con desesperación, como una puerta de salida de la degradación social, ambiental y moral en la que nos encontramos sumidos. Hemos abandonado aquello que nos hace humanos, aquello que posibilita la convivencia social y que evita que destruyamos la “casa común”.

2.- Desde la crisis global del modelo de desarrollo, a un Chile que se reinventa desde la solidaridad.

Nos hemos acostumbrado a concebir el desarrollo en un sentido dramáticamente restrictivo, como el logro de los niveles materiales de vida de los países más industrializados, el tener acceso a una gama creciente de cosas, bienes o servicios que una vez conquistados, deberían otorgar mágicamente la felicidad que se pretende alcanzar. Sin embargo, esa aspiración es insostenible e indeseable pues, además de la destrucción del planeta, no logra el objetivo de promover una vida plena y digna para todos y todas. La cultura del consumo ilimitado, termina siendo inevitablemente una fuente de insatisfacción e infelicidad. Por ello, los países “desarrollados” están también revisando y repensando sus propios modelos de desarrollo, en el contexto de la crisis global actual.

Esa ilusión desatada llegó a convencernos que la competencia salvaje era la clave del éxito. Y también nos convenció que la acumulación de dinero, artefactos, poder y prestigio, nos transformaría en verdaderas personas. ¿Acaso puede considerarse como exitosa una sociedad que, para mantener los niveles de poder y consumo de una élite de privilegiados, condena a la mayoría de la población a la exclusión y a la pobreza? Nos resistimos a pensar, como decía Thomas Hobbes, que el hombre sea un lobo para el hombre. Al contrario, solo si cooperamos, hombres y mujeres, podremos construir comunitariamente un futuro de esperanza y dignidad para todos, sin dejar que nadie se quede atrás.

Si a esto sumamos la pérdida de valor de la democracia, administrada por las manos sucias de quienes la utilizaron en beneficio propio y la configuración de un universo político carente de fundamentos éticos básicos, tenemos un escenario que nos conduce a un inevitable colapso global.

Hoy nos enfrentamos a un sistema de dominación económica donde inciden de manera sustancial, la mundialización de la economía, el auge del capital financiero con su enorme poder concentrador, y la crisis del Estado de Bienestar. En lo social, nuestra realidad se caracteriza por la falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente exclusión social y política y el empobrecimiento de la mayor parte de la población mundial. Y en lo ambiental, se ha producido una depredación sistemática de un espacio natural del que somos parte, del que dependemos y que nos constituye a todas y todos, donde se ha procurado la satisfacción inmediata, sin considerar a las próximas generaciones.

La crisis que describimos, se ve agudizada porque, en general, las instituciones políticas teóricamente representativas, han claudicado a su deber se servir al pueblo y se han dejado cooptar por las élites del poder financiero y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas.

El fracaso del modelo de desarrollo extractivista-capitalista, que pone la utilidad por sobre la persona y la naturaleza, se debe al menos, a tres razones. Primero, porque a pesar de poder impulsar el crecimiento económico, no es generador de desarrollo en un sentido amplio e integral. Segundo, porque su racionalidad económica es mecanicista y concentrada en la liberalización completa del mercado, generando desigualdad. Tercero, porque el funcionamiento libre y desregulado del mercado, donde los grupos de poder económico no se enfrentan a fuerzas capaces de limitar su comportamiento, terminan estableciendo una actividad económica concentradora de la riqueza, lo que deriva en resultados socialmente intolerables.

Algunos que buscan descalificar la contundencia de los actuales escenarios, sostienen que, después de todo, el naufragio que tanto se anuncia, parece no haberse producido. Argumentan que durante las últimas tres décadas, la pobreza extrema disminuyó, los niveles de ingreso se han más que duplicado, que ha habido una notable expansión del producto interno bruto y que se han multiplicado las exportaciones. Pudiendo ser cierto, se trata de una riqueza privada, que no siempre contribuye al bien común y que se ha generado a costa de destruir la naturaleza y pervertir al espíritu humano. Este sistema perverso, nos intenta hacer creer que superar la pobreza, tiene que ver más con incrementar la capacidad de consumo que con ofrecer oportunidades para una vida plena y digna, en armonía con el entorno natural y social.

La otra cara descarnada de la realidad, es el agravamiento de la pobreza de la mayoría de la población. Algo más de un tercio de las personas económicamente activas se debaten entre el desempleo y el subempleo. La mayor parte de ellas, sufren de los grandes déficits sociales, especialmente de salud, vivienda y pensiones insuficientes.

Más que a opciones ideológicas estereotipadas, que han probado su fracaso, la alternativa aparece cuando tomamos la decisión de asumir los elementos fundantes del buen vivir, aplicado a las circunstancias actuales. El desafío va más allá del tipo de Estado que se nos ha impuesto y se extiende hacia la capacidad de la propia sociedad civil para movilizarse y adecuar un orden político representativo a los proyectos legítimos de una sociedad diversa. He aquí la relevancia de tomar muy en serio el actual proceso constitucional que ha impulsado el pueblo cansado de tanta ineptitud, en el mejor de los casos, y de corrupción alevosa, en otros.

Cualquier necesidad humana fundamental no satisfecha de manera adecuada, produce una patología o un daño eventualmente crónico. Y esta enfermedad colectiva, debe encontrar el remedio correcto, que inevitablemente debe estructurarse desde abajo hacia arriba y no basta imponerlo por ley o por decreto. La solución que anhelamos constituir, sólo puede emanar directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales, capaces de reconocerse como tales. Estos, que tradicionalmente suelen ser objetos del desarrollo, deben pasar a asumir su rol protagónico de sujetos.

El concepto de buen vivir va en sincronía con el de progreso multidimensional, de acuerdo a la definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este es un espacio de desarrollo con límites normativos, en el que nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso.

El desarrollo medido desde los conceptos econométricos clásicos ha quedado claramente obsoleto. Ya en 1990, cuando la ONU introdujo el “Índice de Desarrollo Humano”, se hizo un primer reconocimiento internacional de que el Producto Interno Bruto (PIB), no se relacionaba directamente con el bienestar de las personas y las sociedades, por lo que no eran los más adecuados para medir el desarrollo social.

Esto debe considerar el hecho que todas las personas cuenten con adecuadas políticas de servicios sociales, cuidado de las personas dependientes, pensiones, sistemas universalizados de atención o empoderamiento laboral.

4.- El buen vivir como principio y como modelo integral e integrador.

Esta otra “racio-emocionalidad” que propone el buen vivir, se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de la gente y se sustenta en el respeto a la diversidad y en la renuncia a convertir a las personas en instrumentos de otras personas. El nuevo paradigma, consiste en comprender a las personas como somos seres senti-pensantes, en los que la cabeza (el pensar), el corazón (el sentir) y la mano (el hacer) se complementan en coherencia.

Frente a la crisis global que ha provocado la pérdida de sentido, el consumismo desenfrenado, el calentamiento global, la caída de los grandes referentes utópicos y la gran crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad, el buen vivir se ha convertido en una alternativa a los modelos hegemónicos de desarrollo. Se trata de impulsar una nueva ética colectiva, inspirada en la cosmovisión indígena, en el reconocimiento de nuestra evidente plurinacionalidad y en una práctica política capaz de superar las visiones globales del poder concentrado.

El buen vivir genera un hermanamiento en las luchas de los pueblos originarios y los mestizos empobrecidos que han sido expulsados del actual modelo de desarrollo, que se pone siempre al servicio de pequeños grupos privilegiados, incapaces de percibir siquiera un sufrimiento que estiman ajeno.

El kume mongen contiene también una innovación cultural, que se considera una visión incluyente de las visiones indígenas que mencionamos. Esa amplitud del concepto, le permite ser lo suficientemente flexible y abierto para seguir estableciendo su relación con el mestizo y la grandes mayorías excluidas. Muy lejos de una visión fundamentalista indigenista, es un punto de encuentro que nos abre a la cooperación entre quienes se reconocen como hermanos.

En definitiva, el buen vivir se constituye en una buena noticia para Chile y el mundo. Una mejor sociedad pasa necesariamente por una refundación sustancial de la concepción de la realidad compartida, en la cual cada individuo, territorio, comunidad y pueblo, tenga los mismos derechos para ejercer su vida en plenitud. Frente a la exclusión, la discriminación, el olvido y la represión, el buen vivir es una oportunidad de recuperar el verdadero sentido de la vida.

El buen vivir debemos instalarlo como el centro de la política pública, tanto en el juego democrático, como en el funcionamiento de un sistema económico que distribuya recursos conforme a los requerimientos prioritarios de las personas, elementos que son requisitos indispensables para la promoción de un estilo de desarrollo orientado a las necesidades humanas. El buen gobierno del futuro próximo, estará ligado al buen vivir, que debe ser fruto de un esfuerzo comunitario.

El buen vivir es una genuina propuesta de nuevo mundo, que ha de instalarse en este momento crucial de la historia de Chile.

Esta es una invitación abierta a quienes han asumido el liderazgo del cambio, al movimiento de mujeres (Ñuke Mapue, es la matria), a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes, al movimiento ecologista, a quienes luchan por pensiones dignas y a todas y todos quienes se han propuesto cambiar un modelo excluyente e insostenible, por uno que contenga la fuerza de una sociedad plural, diversa, integradora, cohesionada y participativa. En el proceso constitucional que se iniciará, el buen vivir debe ser el mínimo común denominador de las luchas y aspiraciones que compartimos.

Estamos aquí, para instaurar una nueva ética del desarrollo y anunciar que ha llegado el tiempo de la esperanza.

Pero esta esperanza será mucho más que un puro deseo, en la exacta medida que todas y todos sumemos voluntades y seamos parte de la construcción del modelo chileno del buen vivir, al que les invitamos con los brazos abiertos.

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