El informe destaca la carencia existente de ingresos de un sistema contributivo para una  jubilación justa,  en más de la mitad de los hombres, y sobre todo en mujeres mayores de 60 años en América Latina, es la principal causa para mantenerse activo en el mercado laboral. Situación además que afectan principalmente a los sectores sociales de menor poder adquisitivo y que a lo largo de su vida laboral, se han visto enfrentados a que sus empleadores no cumplen con las leyes laborales vigentes en sus países o simplemente estas no existen para el poder del dinero.

Cabe destacar  que entre 2015 y 2050 señala el informe,  la proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría considerablemente, del 7,5% a 15,0%. A ello contribuiría, sobre todo, el envejecimiento de la población y, en menor grado, un escaso aumento de la participación laboral de los adultos mayores, en una situación que los afecta directamente.

A pesar de avances recientes en la formalización del empleo y una cierta  expansión de los sistemas contributivos de pensiones, de acuerdos a datos de ocho países de la región en promedio, todavía un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de las personas con 70 y más años de edad, no perciben una pensión de ningún  sistema contributivo y con índices que afectan de una forma aún más trágica a las mujeres.

Esta situación obliga a muchas personas de la tercera edad a trabajar: la tasa de ocupación para el conjunto de las personas con 60 y más años alcanza un 35,4% en toda la región, señala el estudio. Esta proporción es elevada aún en grupos de la misma edad que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39,3% en el grupo de 65 a 69 años y 20,4% en el de 70 y más años. Las tasas son más altas en aquellos países con baja cobertura de los sistemas contributivos de pensiones, señala el reporte.

El estudio también nos indica que un 7,2% de las personas con 60 años y más están trabajando a pesar de que reciben una pensión de un sistema contributivo, lo que producto del bajo monto percibido o en menor proporción, se ven obligados a  seguir siendo activos, sobre todo entre personas con un mayor nivel de educación.

Lo que no dice por cierto el informe, es que la magra situación de los pensionados y la vejez en el continente moreno, obedece única y exclusivamente al imperio de políticas económicas de corte capitalistas, implementadas por gobiernos de centro derecha a través de prácticamente toda la historia de América Latina, en donde el factor humano de los empleadores y el poder del dinero, nunca ha estado presente y menos en los grupos políticos de centro derecha.

Ahora lo alcanzado en materia de pensiones en algunos países de la región, obedece a la lucha desplegada por los sindicatos, el movimiento popular y las fuerzas políticas progresistas de Latinoamérica. Sin embargo todo esto es insuficiente y de una gran injusticia social, pues después de que un ciudadano ha entregado parte de su vida al “engrandecimiento y desarrollo de su respectivo país”, termina sobreviviendo en precarias condiciones económicas y muchas veces sin ningún tipo de paliativos económico por parte del Estado.

Algunos políticos de centro derecha y de la socialdemocracia de la región, suelen mostrarnos a Europa  como ejemplo en la obtención de pensiones, pero lo que no dicen, es que dichas pensiones son financiadas con el pago de altos impuestos de la clase trabajadora, en un mal llamado  “estado del bienestar”, en donde todo los logros sociales se financian con altos impuestos, o sea, todo siempre descansa en los hombros de la clase trabajadora.

En este sentido cabe destacar, que prácticamente en ningún país del mundo existe una pensión autentica mente digna, justa y humana, que permita sobrevivir bien los últimos años de vida de una persona de la tercera edad manteniéndose un maltrato encubierto o directo, hacia los que ya viven o comienzan a sobrevivir con magras pensiones.

Esto refleja además que el sistema capitalista mundial predominante desde su existencia, no ha resuelto el problema de una pensión digna, del hambre, la pobreza, el desempleo, de las desigualdades sociales y el desarrollo efectivo de cada país y que permita que se cumplan los postulados establecidos en la declaración universal de los derechos humanos.

Por ejemplo en países como Suecia y de acuerdo a la información proporcionada por la organización nacional     de pensionados (PRO), alrededor de 150 mil mujeres viven en la línea de la pobreza, producto de sus magras pensiones, de allí que no todo es color de rosas en los países más desarrollados del llamado viejo continente.

Otro ejemplo a mostrar, es la situación específica de Chile, donde existe un sistema privados de pensiones, vale decir de “capitalización individual”, que se ha transformado en la gran estafa para los ciudadanos que se van pensionando, en donde técnicos, profesionales, trabajadores de la educación, terminan con jubilaciones de sobrevivencia.  Ahora los trabajadores que forman parte de los sectores sociales de menor poder adquisitivo y con un promedio de 30 años trabajado, suelen obtener  jubilaciones que en estos momentos oscilan en alrededor de 170 mil pesos chileno, vale decir unos 271 dólares mensuales, en un país donde el ingreso mínimo está considerado en 435 dólares y un salario mensual general promedio de 540 dólares.

El líder chileno del movimiento No+AFP, Luis Mesina en entrevista para la prensa nacional expresa: “Lo que es más grave es que la gente se está pensionando más allá de la edad porque el monto de jubilación es muy bajo pero eso tiene dos problemas: castiga a las personas de los sectores socioeconómicos más pobres, porque quienes se mueren primero son los pobres. Estamos prolongando la edad de jubilación  para las mujeres más pobres en circunstancias en que van a morir en condiciones de indignidad”, afirma.

En Chile el movimiento No+AFP ha jugado un rol importante en denunciar la gran estafa en que se ha constituido el “sistema privado de capitalización individual”, pero aún no logra  doblarle la mano al sistema económico neoliberal predominante en la seudo democracia chilena, heredada de la dictadura y defendida por los sectores políticos de centro derecha.

De allí que cualquier mejoramiento en las condiciones de las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores de América Latina, va a depender en gran medida, de su grado de organización, del papel de los sindicatos allí donde permitan que existan y de las fuerzas políticas progresista de la región y que levanten las banderas del mejoramiento de las pensiones, que permita tener una vejez digna y no castigada. La gente se comienza a movilizarse con ciertos flujos y reflujos, cuando toma conciencia de la situación que los afecta, cuando siente que un sistema injusto no es capaz de garantizarle derechos básicos fundamentales de sobrevivencia, cuestión que aún en el caso de Chile y América Latina toda, sigue pendiente.

Todo esto en un continente en donde la actividad laboral y la propia economía, suele pasar más por reflujos que flujos, donde el crecimiento económico dependiente, es modesto y que no contribuye a mejorar la situación del desempleo. Lo que más aflora en Latinoamérica es el trabajo temporal, precario y mal pagado. En una región además, que vive de las exportaciones de materia prima y con escasos productos con valor agregado, de manera que les permitan competir bien en los mercados internacionales.

El informe de la CEPAL agrega “que frente al acelerado proceso de envejecimiento que enfrentan muchos países latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles”. Sin embargo la pregunta que surge al respecto, es si los gobierno de centro derecha que campean en la región, ligados al poder del dinero, al neoliberalismo económico y la privatización de todo, ¿están dispuestos mejorar las precarias condiciones de vida de la vejez y los pensionados o los seguirán castigando?

Lo cierto es que el envejecimiento de la población es una tendencia imparable, que afecta particularmente a los países de América Latina, pero también a escala global. Esta realidad demográfica que avanza gradualmente bajo las directrices de la economía capitalista, no tiene ninguna chance de mejorar su situación o de ofrecer condiciones de vida justas y dignas para la tercera edad, de allí que mientras persista este sistema, la vejez continuara siendo maltratada, marginada y sin ningún impacto positivo en la sociedad.

–El autor, Eduardo Andrade Bone, es Comunicador Social Analista Político, Corresponsal de prensa AIP/MP 

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En una manifestación explícita de que su gobierno renunció a las profundas transformaciones prometidas durante su campaña electoral,  Michelle Bachelet  -más que con sus partidos-  se propone culminar sus administración en acuerdo con la derecha, los más poderosos empresarios y, ahora, con la asistencia espiritual de los expresidentes de la república, convertidos en verdaderos  oráculos de La Moneda.  Pese a que las más descalificadoras expresiones respecto de su gobierno son las que le vienen espetando los ex mandatarios y en circunstancia que estas mismas patronales representan a buena parte de las empresas que ni siquiera pagan a tiempo las cotizaciones previsionales que les retienen a sus empleados. Práctica que tiene abiertos más de un millón de juicios en los Tribunales.

Al mismo tiempo, es evidente el malestar del Ejecutivo frente a las demandas y movilizaciones populares, así como la inicua represión policial que descarga contra los estudiantes y las organizaciones de trabajadores, de consumidores, mapuches  y de  tantos otros chilenos indignados ante la renuencia de las autoridades a escucharlos y activar los cambios más apremiantes para nuestra población. En estos últimos meses, el descontrol y los desaciertos oficiales exhiben  muestras patéticas,  como aquellos zarpazos intentados recientemente el Ejecutivo contra la libertad de expresión y, recién,  con aquel bochornoso despido de la rectora de una universidad pública nombrada hace menos de un año por la propia Jefa de Estado. Simplemente por disentir con el Gobierno.

Para los retardatarios, son siempre “extremistas” los que abogan por cualquier cambio estructural como los demandados en materia de educación, salud y del mismo sistema de pensiones. Las enormes manifestaciones  sociales en favor de la instrucción pública y  su gratuidad vemos que se frustran ahora en iniciativas cada vez más tibias y sin la convicción de comprometer verdaderamente al  Estado en esta importante tarea. En una oscura connivencia, por lo demás, con los poderosos administradores de colegios y universidades privadas que siguen y seguirán lucrando de este derecho humano tan fundamental.

Lo mismo que ocurre con el sistema de las administradoras privada de salud (isapres),  estructura que, como ya se nos ha advertido,  no se tocará durante el actual gobierno, con el agravante de que tampoco La Moneda cumplirá con las construcción de hospitales y policlínicos públicos comprometidos por el programa presidencial de Michelle Bachelet, a fin de prestarle  atención a la mayoría de los habitantes del país, a quienes resulta imposible afiliarse al sistema privado.

Ya sabemos, por cierto,  cómo se ha desbaratado la posibilidad de una asamblea constituyente y una nueva Carta Fundamental que ponga término al régimen pinochetista que todavía nos rige y que,  al parecer, terminó por seducir a quienes se han rotado y profitado en la política durante los 24 años de posdictadura. Desde la misma Moneda se ideó (como ahora se constata) toda una impostura para hacerle creer al país que iniciábamos un “proceso constituyente” que ahora culmina sin más en la decisión gubernamental de endosarle a un nuevo gobierno esta trasformación del Estado tan largamente prometida.  Todo indica que seguirá prevaleciendo, entonces, todo un andamiaje institucional ilegítimo en su origen y contenido mediante el cual el Tribunal Constitucional y los quórum legislativos obstruyen sistemáticamente toda posibilidad de consolidar una democracia mínimamente solvente o representativa. Al tiempo que los políticos se corrompen en el ejercicio de sus cargos, gracias a las leyes y resquicios de impunidad, como en la ausencia de una diversidad mediática que garantice el voto libre e informado.

Contundentes informes demuestran la precariedad de las pensiones que han empezado a pagar las AFP a la inmensa mayoría de los jubilados que no pertenecen a las cajas de previsión de las FFAA y las policías. A quienes, como sabemos, la  Dictadura y los gobiernos que le sucedieron salvaron de un sistema que, por supuesto, sería un pingüe negocio para las 10 grandes empresas que finalmente siguen recaudando y lucrando de las cotizaciones laborales. Todo un sistema previsional que, junto con sacralizar la desigualdad ante la Ley, condena hoy a la pobreza o indigencia a los chilenos de la Tercera Edad y los obliga a trabajar hasta el final de sus días por obtener un ingreso de subsistencia.

El solo promedio de lo que actualmente reciben los pensionados (menos del salario mínimo) debiera prender las alarmas de la política para hacer frente a una realidad vergonzante,  que al menos debiera llevar a las autoridades a intervenir las AFP, frenar sus abusivas utilidades, nivelar las pensiones de civiles y uniformados y recurrir, con urgencia,  a fondos del presupuesto fiscal y a los que se le impongan como tributos al sector patronal.  Sin embargo, a lo único que ha atinado la Presidenta es a convocar a una de sus consabidas comisiones o mesas de trabajo que solo le sirven para dilatar las soluciones, advirtiéndonos en este caso que el sistema previsional  seguirá tal cual, salvo con algunas modificaciones que se convendrían, claro,  con las cúpulas empresariales y los partidos políticos. Siempre, por supuesto,  de espaldas al pueblo y, en este caso, de la organización NO + AFP que ha convocado a las calles de todo Chile a cientos de miles de nuevos indignados. En la desvergüenza de inventar como paliativo, además,  la creación de una APF estatal regida por las mismas normas de las entidades privadas y cuya recaudación podría constituirse en un nuevo coto de caza de los ávidos políticos de turno.

“Los pobres no pueden esperar” repiten una y otra vez los referentes morales del mundo, pero a ello debiéramos agregar que menos espera es la que pueden soportar, todavía,  los ancianos, los que ya han trabajado toda una vida.  Pero para los que gobiernan, para los que ya se hicieron ricos, como para sus cómplices y encubridores,  por supuesto parece  “extremista” exigir una reforma pronta y contundente al sistema previsional. Así como hasta “terrorista” podría parecerles que, además de abogar por la demolición del sistema, se exija desde ya incrementar las pensiones que reciben  tantos chilenos. Sin transferirle, por supuesto, esta decisión a un nuevo gobierno o legislatura.

Es evidente que lo que menos tiene la mayoría de nuestros políticos, sin embargo, es sensibilidad social, ética, liderazgo y coraje. Por lo mismo que estos atributos, de la mano del pueblo y de sus organizaciones deben hacerse un deber irrumpir en protestas y movilizaciones que impidan lo que ya se gesta en las cúpulas gobernantes. Para que al menos este cometido sea logrado entre todos los que ya desestimaron,  y ni un pensionado más deba someterse a la ignominia de culminar su vida laboral con una pensión de hambre, como las estadísticas lo confirman  dramáticamente.

Sin embargo, parece evidente que el actual gobierno ya no tiene fuerza ni para operar una retroexcavadora que, tal como su nombre lo indica, también puede operar hacia atrás o en cualquier sentido. Por lo que se haría necesario recurrir a  otros arietes o buldóceres que encaren más bien de frente los obstáculos puestos a las transformaciones. Aunque esta idea pueda parecerles  más extremista, todavía, a quienes desean preservar lo  heredado de la Dictadura y tan fielmente consolidado por los gobiernos posteriores. Como este escandaloso sistema previsional que tanto ha contribuido a que algunos se hagan cada vez más ricos, no solo con el  trabajo de los chilenos, sino con la apropiación y especulación de sus fondos para un digno retiro.

*Fuente: Diario UdeChile

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