En la actualidad se encuentra en trámite legislativo un conjunto de modificaciones del Código Sanitario, más conocido como Ley de Fármacos II, por parte del Ejecutivo. Respecto de las indicaciones, Alejandra Arenas, Presidenta de la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública (APRUS) – institución responsable de fortalecer el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica para toda la sociedad chilena-, señaló que, “en ninguno de sus artículos la autoridad garantiza una baja de precios de los medicamentos para beneficio de la inmensa mayoría de la población. Y ello es muy grave porque mediáticamente se pretende hacer creer a la opinión pública que las indicaciones propuestas tienen como propósito principal el abaratamiento de los productos farmacéuticos”.

La dirigenta indicó, además, que, “el Ejecutivo considera a los fármacos y dispositivos médicos como bienes esenciales, pero no como derechos sociales y humanos en sí mismos. Según el proyecto, la sola disposición en el mercado de los productos farmacéuticos sería suficiente para satisfacer el interés general de la nación y la salubridad pública. Pero que las farmacias estén abarrotadas de toda clase de fármacos, en ningún caso significa la posibilidad de que puedan adquirirlos todos quienes los necesiten”, y agregó que, “La intención de extender la comercialización de medicamentos a otro tipo de establecimientos, diferentes de las farmacias, se hace con la promesa de mejorar el acceso, pero configura al mismo tiempo una amenaza a la seguridad de la población, despojándola de la orientación profesional del químico farmacéutico y de la garantía de integridad del producto que procede del cumplimiento de las normas de almacenamiento, distribución y dispensación que les aplican”.

La representante de la Asociación de Profesionales del ISP, manifestó que, “Una mención especial demanda la inclusión de especificaciones en este nuevo proyecto de ley a los estupefacientes y psicotrópicos, debido a las alarmantes tasas de dolencias de salud mental que, trágicamente, han convertido a la sociedad chilena en una de las principales consumidoras de este tipo de fármacos a nivel mundial. Lo que mencionamos es una proyección futurista de lo que hoy sucede en países desarrollados, como Estados Unidos”.

Por otra parte, Alejandra Arenas expresó que, “nuestra opinión y fundamentos tienen que ver con el resultado de la experiencia que se tuvo durante la aplicación de la Ley de Fármacos I. Hoy se vuelve urgente el incremento de funcionarios y contar con los recursos informáticos propios del siglo XXI, con el fin de perfeccionar el servicio a la comunidad. La ley de fármacos II no garantiza en absoluto el financiamiento para ese nuevo desafío; error ya cometido en la ley de fármacos I”.

Arenas finalizó, indicando que, “La comunidad, con todos los antecedentes a la vista puede, resolver democrática y participativamente si comparte nuestros criterios técnicos, profesionales, y profundamente humanistas respecto de un campo tan delicado como la salud pública, los medicamentos y los dispositivos médicos”.

Para contacto con dirigentes de la APRUS, escribir a aprus@ispch.cl