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• Un Intendente regional (Mitchel Cartes) impuesto por el senador oficialista a pesar de antecedentes claros sobre su falta de probidad y de competencia para el cargo (Intendente que, hoy se comprueba, fue asignado a la casi exclusiva función de servir a los intereses electorales del senador Rossi);

• Un Consejo Regional electo con la menor representatividad electoral del país y que elige como Presidente a un dirigente político (Richard Godoy) sin capacidad técnica ni de articulación de actores;

• Senadores regionales (Fulvio Rossi y Jaime Orpis) y una ex diputada (Marta Isasi) que reciben financiamiento ilegal de empresas que operan en la región (mineras y pesqueras) y que las benefician en la dictación de leyes;

• Alcaldes (Myrta Dubost y Ramón Galleguillos) que solicitan recursos a empresas de servicios a las que deben fiscalizar (Aguas del Altiplano, Pesqueras) y que no protegen a los ciudadanos de sus abusos e ineficiencia.
• Grupos de funcionarios públicos, comandados por el senador Rossi y el Intendente Cartes (el PS recargado), que forman un mecanismo de comunicación (WhatsApp) para confabularse en contra de otras autoridades designadas por la Presidenta de la República (Gobernador del Tamarugal, Claudio Vila y el Delegado Presidencial para la Reconstrucción, Julio Ruiz) y el parlamentario de la Nueva Mayoría (Hugo Gutiérrez), aún a costa de afectar gravemente el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía regional.

Como resultado de un año de incompetencia y falta de dedicación a la labor de gobernar la región, a inicios de junio de 2015, Tarapacá es la región que ha experimentado el mayor deterioro del país, en diversos ámbitos claves de la vida de sus ciudadanos:
La de mayor tasa de desocupación:
En el trimestre febrero-mayo de 2015 según INE Tarapacá posee un 7,3% de desocupación versus el 6,1% nacional, siendo especialmente crítico en Alto Hospicio (10,7%, la peor del país, después de Lota). Más de 12 mil personas se encuentran desocupadas en Tarapacá. Es decir, el Intendente Cartes recibe el gobierno regional  en enero-marzo de 2014 con un 6,4% de desocupación y después de un año lo tiene 1,2 puntos sobre el promedio del país (6,1%), en una región acostumbrada a estar uno o dos puntos bajo del promedio nacional.
Los peores índices de delincuencia y violencia:
La delincuencia se ha enseñoreado de Tarapacá ya que el índice de victimización de Iquique a fines de 2014 supera el 52%, el más alto del país. Es decir, los ya altos niveles de delincuencia de la década, se incrementan aún más:  4,7% durante la actual administración regional, según Paz Ciudadana.
Los peores resultados educacionales:
Los resultados SIMCE 2014 muestran que Tarapacá sigue siendo la región que entrega peor educación básica en el país en sus niveles de 2º, 4º y 6º Básico en casi la totalidad de las asignaturas. De cualquier forma en todos los cursos y asignaturas (Lectura; Matemáticas; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y Ciencias Naturales) Tarapacá posee en octubre de 2014 puntaje inferiores al promedio del país. Adicionalmente, su universidad estatal regional, UNAP, es la peor del país en su categoría según los diversos rankings de 2014. Por si no fuera bastante, Tarapacá tampoco posee instituciones de educación superior técnicas sin fines de lucro acreditadas que puedan ofrecer gratuidad a los alumnos de la región a partir de 2016.
Caída de la actividad económica regional:
Según datos del Banco Central de Chile, la actividad económica de Tarapacá viene decreciendo desde comienzos de la década, ya que el PIB regional cae 7,9% entre 2010 y 2013 (especialmente en Minería, Construcción, Pesca y servicios financieros, siendo el comercio y turismo el único rubro que se mantiene y apuntala la economía regional hasta 2013).. Durante 2014, en el periodo del nuevo Gobierno Regional, estas señales de decaimiento se incrementan ya que el Índice de Actividad Económica Regional, INACER de octubre-diciembre de 2014 muestra una caída de 3,1% respecto de igual periodo de 2013 (el tercero peor del país). Allí se advierte que, según INE, todos los sectores importantes caen, incluso el comercio y el turismo, los que demandan más empleo y mejor difunden el ingreso.
Llama la atención la baja de actividad de la Zona Franca de Iquique en el último año, con una reducción  de un 12% durante 2014, la que se estaría agudizando durante los primeros meses de 2015. Dado que ello coincide con la caída sustancial de las exportaciones de cobre (55% en los últimos 12 meses), la región de Tarapacá enfrenta una difícil coyuntura económica a mediados de 2015, la que podría llegar a ser dramática si la expansión de la mina Cerro Colorado se torna inviable.
La peor calidad de vida urbana del país:
Como resultado de todo esto, según el ICVU del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, las principales ciudades de Tarapacá se ubican en 2015 entre las de peor calidad de vida urbana : Iquique 77º lugar y Alto Hospicio 87º lugar, entre 93 comunas del país. Durante la administración de Cartes Iquique cae del lugar 58º al 77º. Sus principales problemas son de Vivienda y entorno y Condiciones socio-culturales.
Ingobernabilidad regional:
La prensa regional escrita y electrónica da cuenta regularmente de diversos escándalos que reducen la legitimidad y popularidad de la máxima autoridad regional y de los funcionarios públicos designados por el senador Rossi, al punto que las funas y manifestaciones ciudadanas y de autoridades regionales como el Consejo Regional exigen la remoción  inmediata del Intendente y de las autoridades involucradas en el escándalo conspirativo liderado por Rossi. La expulsión de ellos de la conducción del gobierno de Tarapacá es vista como una condición básica (no la única pero sí indispensable) para enfrentar la crisis.
Desidia del gobierno interior nacional:
Sin embargo, el equipo político de gobierno interior no parece interesado en dar prioridad a los urgentes cambios que derivan de un error o pecado original: haber entregado a los senadores oficialistas de las respectivas regiones elevada influencia en la designación de los Intendentes y SEREMIas y Jefes de servicios de cada región. Si bien el Subsecretario Aleuy, responsable de dicha nefasta estrategia centralista, ha reconocido el error (dado el feudalismo, clientelismo y corrupción que ha incentivado en las regiones) aún continúa en su cargo, deteniendo el urgente cambio que las regiones afectadas exigen. Con la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior existe la esperanza que la incompetencia y inadecuada racionalidad de su Subsecretario (experto electoral administrando el gobierno interior del país…??) llegue a su fin, de manera de que las regiones de Chile dispongan de personas competentes para gobernarlas y no meros operadores políticos del senador oficialista (que para ser leales necesitan ser poco calificados y poco escrupulosos).
Sin gobiernos regionales de calidad (aunque designados) será difícil que las comunidades regionales vean llegar pronto la elección de su máxima autoridad regional porque los detractores de la descentralización continuarán teniendo la excusa de siempre: las regiones no están preparadas para autogobernarse. Una profecía auto-cumplida.
Tarapacá, la región más debilitada en el país con la designación del Intendente Cartes y los PS recargados transformados en autoridades regionales, ha entrado en una fase de conflictividad e ingobernabilidad de la que difícilmente podrá recuperarse en el futuro cercano. Mientras la crisis económica comienza a manifestarse , insinuando su inminencia y gravedad, los actores regionales se encuentran sumidos en conflictos que no provienen de ella sino de la voracidad electoral de su senador, de la incompetencia de sus colaboradores y la negligencia de las autoridades políticas del Ministerio del Interior. Ese es el verdadero Macondo regional.
Porque esta crisis de legitimidad no se resuelve con las autoridades regionales pidiendo disculpas y quedándose en sus bien remunerados cargos como si nada hubiera pasado (fue un error involuntario, dirán), incluso reclamando por ser descalificados por la ciudadanía y acusando a los demás de crear incertidumbre y pánico y no actuar por el bien común (definido por ellos y para ellos, por cierto).
La crisis de Tarapacá que afecta a sus principales fuentes de trabajo, la minería y Zona Franca, no puede ser enfrentada por las autoridades que han demostrado su miopía, incapacidad, negligencia y/o falta de ética para abordarla. Todos ellos ya no son autoridades legitimas para la ciudadanía regional.
Sólo falta ahora que la autoridad nacional, haciéndose cargo de la demanda ciudadana regional, adopte las medidas legales para sacarlos de sus cargos. Donde nunca deberían haber llegado.
– El autor, Eduardo Montecinos, es Antropólogo de la Universidad de Chile
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Este hecho está lejos de ser aislado en la Región de Tarapacá, como denunció Mauro Grimaldos Valenzuela Presidente de la CUT regional de Tarapacá en conjunto con organizaciones sindicales, a la Ministra del Trabajo Javiera Blanco Suarez, y refleja la precariedad en que se encuentran los trabajadores en Tarapacá después del terremoto.

Denuncian que en el área de salud los trabajadores han debido soportar presiones por parte de la autoridad tanto municipal como hospitalaria, dicha presión radica en la obligación a trabajar bajo condiciones inseguras ya que la infraestructura  tanto hospitalaria como de salud primaria, están fuertemente dañadas, lo cual quedó establecido en informe sobre los daños estructurales que afectan específicamente al hospital de Iquique, situación que la misma autoridad hospitalaria ha tratado de ocultar con parches de papel kraft, y cola fría.

También en el sector educación se han recibido denuncias de colegios subvencionados cuyos sostenedores han presionado  a sus profesores para que se presenten en los establecimientos sin   contar con la autorización para funcionar ya que no contarían con la evaluación de los daños en la infraestructura del establecimiento.

En el caso de los trabajadores de Zona Franca, revelan realidades dramáticas, como es el caso de los trabajadores que prestan servicios de cargadores en galpones del recinto amurallado Zofri, estos trabajadores prestan servicios al día para lo cual deben tener una tarjeta que los identifica como tal por parte de la administradora ZOFRI S.A., estos trabajadores están privados del derecho de salud, años de servicios, seguros de cesantía, etc.

Respecto del sector comercio, también existieron múltiples denuncias, algunas de ellas apuntaban a que algunas tiendas y supermercados optaron por abrir sus puertas al público sin tener las condiciones de seguridad e higiene mínimas para el personal, dentro de las más conocidas está Supermercado Líder que abrió sus puertas sin tener agua potable para el personal.

En el sector minero, se denuncia que empresas como SQM, el día del terremoto no generó las condiciones para que sus trabajadores sean trasladados desde la faena a sus hogares, y además al día siguiente del hecho obligó a subir a los trabajadores a cumplir sus turnos, incluso trasladando a su personal por caminos no habilitados para el traslado de trabajadores, práctica también realizada por la empresa Minera Cosayach.

Todo lo anterior fue denunciado a la Ministra Blanco en su reciente visita a Iquique, señalando que todos los casos denunciados tienen como denominador común la falta de criterio, pero profundizando que esta falta se permite en el caso de decretos de zonas de catástrofe, debido a que esta normativa deja todo a criterio del empleador y a la vez lo faculta, a no pagar remuneraciones, extender horarios, poner término a la relación laboral aduciendo art. 159 caso fortuito y fuerza mayor, dejando en la incompleta indefensión a los trabajadores. Es por esta situación que le solicitan cambiar y terminar con la falta de derechos en la cual hoy se encuentran todos los trabajadores de Tarapacá.

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“Hemos presentado los antecedentes al Juzgado de Garantía de Iquique y lo que esperamos es que la Fiscalía investigue acciones que podrían constituir algún delito, ya que nosotros no contamos con los argumentos, pero sí con antecedentes que dan indicios”, dijo el abogado Miguel Castro.

De acuerdo a la parte querellante, Cartes tendría responsabilidad en la irregular adjudicación de un contrato por un millón y medio de pesos para mejoramiento de calles, ya que se desempeñaba como Fiscal de Conservación del servicio.

La acción judicial sostiene que el futuro intendente mintió para justificar la ampliación de las obras en los contratos, reaccionó tarde a fallas en los proyectos y evaluó como Orden de Ejecución Inmediata obras que no requería urgencia.

Mitchel Cartes ya había sido cuestionado luego de su designación, por la supuesta existencia de sumarios en su contra que desarrollaría el ministerio de Obras Públicas, por faltas a la probidad.

Cabe recordar que este sábado se confirmó la renuncia de Carolina Echeverría a la subsecretaría de Fuerzas Armadas, con lo que se convirtió en la cuarta autoridad nominada por Michelle Bachelet que no asumirá el cargo para el que fue convocada.

*Fuente: Radio U de Chile

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Texto del sumario a Mitchel Cartes, el nominado Intendente de Tarapacá

“Rechazamos categóricamente la designación de Mitchel Cartes como intendente de Tarapacá”

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