Con esas palabras, la tarde de este jueves la vocera de la huelga, Cristina Romo, informó respecto de la potencialmente fatal determinación del machi Celestino Córdova.

Una respuesta que surgió luego de que la segunda sala de la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo a favor Córdova, que pretendía que al machi se le permitiese cumplir parte de su condena en arresto domiciliario en su rewe por un periodo de seis meses.

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Como se ha venido haciendo en todo este proceso de huelga, se apelaba al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tratado internacional ratificado por Chile y que establece que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y específica que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Sin embargo, dichos argumentos fueron desestimados por la Corte. Por esto, a las afueras del Hospital de Nueva Imperial, donde se encuentra Córdova desde hace unas tres semanas, la vocera Cristina Romo sostuvo que “el poder judicial a través de sus jueces perdió la oportunidad histórica de poder aplicar el convenio 169, con esto se suma nueva señal de la no valoración de los pueblos originarios, es una decisión tremendamente racista e injusta”.

Con esta determinación entonces, el machi intenta poner presión al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien es sindicado como el actor político más relevante en la potencial resolución del conflicto, y con quien ya se han tenido ciertas reuniones y acercamientos, que lamentablemente, no han sido fructíferos.

Así, los 27 presos mapuche en huelga de hambre de las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, mantienen su protesta, llegando en el caso del primer grupo, a los 103 días de huelga de hambre.