informe rettig – piensaChile

Frivolidad

Redacción piensaChile — Tue, 12 Sep 2023 22:13:22 +0000

Muchas veces me pregunté por qué Augusto Pinochet, en el mundo entero, aparece en todos los listados de los personajes más perversos de la historia universal de la infamia. La primera respuesta que se me viene a la mente: la crueldad. Pocos regímenes han ejercido una crueldad tan rigurosa, fría y sistemática. El dictador chileno no solo mandó matar a varios de sus amigos y jefes a los que había jurado lealtad eterna, comenzando por el general Carlos Prats, quien lo había aupado y cobijado como se cobija a un hijo, sino que además creó un aparato represivo que recurrió a las sevicias más delirantemente inhumanas de las que se tenga memoria. A un afamado cantautor le reventaron las manos para que no tocara nunca más la guitarra, a una dirigente estudiantil le plantaron una plancha hirviendo para deformarle la cara, a dos adolescentes los rociaron de parafina y los quemaron minuciosamente de arriba a abajo, a un obrero le martillaron los dedos para que no volviera a ejercer su oficio, a una enfermera le atravesaron las manos con yataganes hasta que se fue desangrando entera, a un campesino de 16 años le reventaron la cara y lo encontraron con la boca llena de excrementos de caballo, a un pianista le fueron arrancando una a una las uñas de las manos, a un dirigente político lo mataron a pausas quemándole el pecho con un soplete. Conocí a una adolescente que estaba embarazada porque la habían violado una y otra vez salvajemente en una cárcel clandestina. Conocí a un niño al que le pusieron electricidad en la entrepierna delante de sus padres para que estos “hablaran”. Conocí a una mujer que era incapaz de tener relaciones sexuales porque le habían metido ratones en la vagina, y a otra que la amarraron para que fuera penetrada por un perro entrenado.

El Informe Rettig y sobre todo el Informe Valech –documentos oficiales del estado chileno, redactados por autoridades morales y especialistas de todo el arco político- recogen una parte de esas atrocidades. Me armé de valor y leí de principio a fin el Informe Valech, y la experiencia resultó más terrorífica que las peores novelas de terror. En ese informe, sin ir más lejos, hay una lista de más de mil niños que padecieron vejámenes diversos. Las personas que redactaron ese informe de espanto recibieron decenas de miles de testimonios, aunque fueron muchísimas las víctimas que no se animaron a hacerlo para no revivir el horror, la humillación y el miedo. Destaca el Informe Valech que además millones de chilenos perdieron el trabajo o la vivienda, denigrados, excluidos y acosados, cientos de miles debieron partir al exilio, y muchos de los que se quedaron tuvieron que sobrellevar la estigmatización y la persecución. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron cambiar de ciudad. Otros, en sus pueblos, experimentaron el escarnio de tener que convivir con sus propios torturadores. En ese informe pavoroso quedaron registrados más de setecientos regimientos, retenes, comisarías, campos de concentración o cárceles secretas –en todas las regiones del país- donde sucedieron los hechos, con fechas y pormenores.

A pesar de los años transcurridos, los millares de testimonios que recoge el Informe Valech resultan sobrecogedores:

“Me rompieron las fibras del ano al meterme objetos contundentes”. “Perdí la visión del ojo derecho por golpes de metralleta”. “Entonces un milico se sacó el pene y me obligó a que se lo enderezara con mi boca, después vino el otro y el otro, el último se fue en mi boca, mi vida nunca fue la misma ya que solo tenía 15 años”. “Me aplicaron el ‘teléfono’, golpes al unísono en ambos oídos, reventándome el derecho”. “Me fueron arrancando las muelas sin anestesia”. “Me colgaron de los pies, me hacían comer excrementos y agarraban del cuello delante mío a mi hija de nueve meses diciéndome que la iban a matar”. “Me molieron los riñones con los golpes y aún tengo secuelas”. “Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y con mi hermano”. “Me golpearon tanto que perdí la memoria y la visión”. “Nos hicieron desnudarnos, pasando una barra entre los codos y la parte trasera de las rodillas, la sensación era de descuartizamiento”. “Me deshicieron los testículos con la corriente”. “Tengo huellas de quemaduras de cigarro en todo el cuerpo”. “Me destruyeron la vagina, no pude defecar sin dolor durante años”. “Me dejaron ahí y se me gangrenó una pierna”. “Me tuvieron que extirpar el útero y los ovarios por hemorragias internas”. “Hoy tengo una afección cardíaca producto de la corriente que me aplicaron”. “Quedé con un terror que nunca se me fue, paranoia, claustrofobia, angustia”. “Sigo reviviendo una y otra vez lo que padecí en esos días”. “Todavía lloro mientras duermo”.

¿Cómo se mide la inmensidad de ese dolor? ¿Cómo se mide esa humanidad ultrajada tan masivamente y, por lo general, tan anónimamente? ¿Qué cicatrices pueden quedar en la psiquis de un país después de una barbarie de esas dimensiones?

Lo desconcertante es que lo que vino después fue el silencio. El país oficial sencillamente decidió que todo aquello se metiera debajo de la alfombra. En nombre de la “reconciliación” y la estabilidad política, se resolvió simplemente que no se volviera a hablar sobre el asunto. Se clausuró sin ceremonia alguna la heroica Vicaría de la Solidaridad, se canceló de la historia oficial al Cardenal Raúl Silva Henríquez, se escondieron a conciencia el Informe Valech y el Informe Rettig y los cientos de miles de testimonios, no hubo políticas de reparación, y la prensa casi no volvió a hablar sobre el asunto. Que los familiares se las arreglaran como pudieran. Como en las maldiciones bíblicas, se quedaron a solas con ese quiste los hijos y los nietos y los bisnietos.

La derecha política chilena no se ha “despinochetizado”.

Medio siglo después, están a la vista las consecuencias. Todavía hoy hay numerosos políticos y parlamentarios que siguen endiosando a Pinochet y negando que existiera aquel horror dantesco. Las fuerzas armadas continúan rehusándose a revelar el paradero de más de mil desaparecidos, una palabra que se instaló en el léxico universal a partir de los regímenes militares chileno y argentino. El líder ultraderechista José Antonio Kast, que aparece ahora como favorito en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, se declaró “amigo personal” y participó en homenajes al militar Miguel Krassnoff, uno de los torturadores más sanguinarios, condenado a más de 900 años de cárcel por múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. La derecha política chilena no se ha “despinochetizado”. Ni atisbos de mea culpa, ninguna señal de haber dimensionado de verdad la salvajada que fue la política de exterminio emprendida por el estado chileno en aquellos años. Líderes, intelectuales y dirigentes siguen hablando de “caídos de lado y lado” y sosteniendo que solo se trató de ciertos “excesos”.

Cuando el presidente Gabriel Boric otorgó en julio en España una distinción honorífica al jurista Baltazar Garzón -quien hizo que Pinochet fuera detenido en 1998 en Londres en nombre de la justicia universal de las Naciones Unidas-, la derecha chilena reaccionó escandalizada y presentó un reclamo formal ante la Cancillería. “El reconocimiento a Garzón es una vergüenza”, dijo un diputado. “Es una provocación”, dijo otro. No perdonan a Garzón: no le perdonan haber mancillado la figura del “tata” Pinochet. Todo esto no es privativo de la derecha: se ocultó todo durante tantos años, se clausuró tan sistemáticamente esa memoria, que hoy día sale gratis el negacionismo, o relativizar los hechos, o aplicar el viejo sistema de los empates.

La paradoja es terrible: Chile es probablemente el único país del mundo en el cual no existe conciencia aún de lo monstruoso que fue el régimen de Pinochet. Se corrieron todos los límites imaginables del bien y del mal, ni Calígula ni Nerón llegaron a extremos semejantes. Los alemanes se han dedicado durante décadas, día a día, mes a mes, año a año, a recordar el holocausto hitleriano, en películas y ensayos y novelas, en fotografías y cuadros y monumentos, en museos y ceremonias y memoriales. El holocausto chileno, en cambio, ni siquiera tiene nombre. Esa es la frivolidad que se instaló con el peso de la noche, una frivolidad que continúa campeando hoy, como si nada nunca hubiera sucedido.

-El autor, Pablo Azócar, es escritor.

*Fuente: LaTercera

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A casi tres décadas del Informe Rettig: Fuerzas Armadas aún no devuelven recintos utilizados en violaciones a los DDHH

Redacción piensaChile — Sun, 20 Jan 2019 02:30:23 +0000

El Mostrador 18 enero, 2019

Miguel Lawner, arquitecto y ex preso político, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”.

Destrucción de espacios físicos, dificultades para recuperar inmuebles, y la restricción en los accesos a los Sitios de Memoria por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, son algunas de las dificultades detectadas por el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”.

El INDH recomienda devolver los recintos utilizados como centros de detención y tortura para habilitarlos como espacios de memoria, tal como lo sugirió la Comisión de Verdad y Reconciliación hace ya casi tres décadas, en virtud de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile.

La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse. La Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.

Desde el primer informe han pasado casi 30 años y la deuda del Estado en esta materia aúnestá pendiente. El Informe Anual de Derechos Humanos 2018, elaborado por el INDH, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, detalla una serie de dificultades de diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles, utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, que todavía permanecen en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El estudio de carácter exploratorio analizó, entre otras materias, la respuesta del Estado respecto a las políticas públicas sobre Sitios de Memoria a través de una encuesta digital realizada a 21 organizaciones, entrevistas a directivos de instituciones que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible de diversas entidades públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los integrantes de diversos sitios de memoria -lugares que recuerdan hechos vinculados a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, cuyo presente interpela a la sociedad sobre hechos ocurridos en el pasado-, coinciden en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

La falta de recursos humanos y financieros, coinciden los especialistas entrevistados, ha derivado en una actuación reactiva por parte del Estado y sus órganos técnicos, que se han limitado a tramitar las solicitudes presentadas por organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Monumentos Nacionales impidiendo que muchos sitios no recibieran una protección oportuna. José Piga, experto en conservación y restauración de monumentos, asegura en el informe que algunos casos terminaron en la destrucción de los inmuebles por parte de sus nuevos propietarios con evidentes “intereses políticos”, como sucedió con la Casa Memoria José Domingo Cañas (Ex cuartel Ollagüe de la DINA), ubicada en la comuna de Ñuñoa.

En la actualidad se ha logrado recuperar el 46% de los inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales para sitios de memoria y se ha entregado protección legal a 40 centros de detención y tortura utilizados durante la dictadura, gracias al arduo trabajo de diversas agrupaciones de derechos humanos durante los últimos 22 años.

Los registros más altos de visitas mensuales a sitios de memoria durante el año 2017 lo encabezaron Londres 38 con 2.380 visitantes y Villa Grimaldi con 2.042, relevando la importancia que tienen estos recintos en materia de educación y cultura en derechos humanos. El promedio de visitas a nivel nacional en estos espacios de memoria es de 406 visitantes al mes, mientras aquellos que siguen en manos de las Fuerzas Armadas, y que cuentan con protocolos de acceso durante algunos días, registran apenas 21 visitas en el mismo periodo.

La escasa colaboración de las Fuerzas Armadas, desafiando la jurisprudencia internacional ylos marcos que rigen las políticas en materia de verdad, justicia y reparación, es otra de las barreras detectadas en el Informe. También la falta de voluntad política de los gobiernos, asegura Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria, “para enfrentar decididamente a quienes buscan que los hechos ocurridos queden en el olvido”.

El diagnóstico realizado en el Informe elaborado por el INDH no sólo concluye el escaso esfuerzo del Estado en responder a las demandas de las organizaciones respecto a los sitios de memoria, sino también la inexistencia de una política pública de protección para estos recintos y de un órgano competente para coordinar y planificar “las acciones necesarias para ejecutar las propuestas de patrimonialización de inmuebles emanadas de la comisión Rettig y Valech”. La escasez de recursos del Ministerio de Bienes Nacionales para adquirir propiedades es otro factor que ha impedido la recuperación de centros de detención y tortura utilizados en dictadura, encontrándose hoy en manos de personas y entidades de derecho privado.

Recomendaciones

En virtud de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomienda al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que soliciten la entrega de los inmuebles fiscales utilizados en la comisión de delitos en contra de los derechos humanos en la dictadura, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad. El objetivo es que estos recintos puedan ser habilitados como sitios de memoria para el desarrollo de actividades pedagógicas que contribuyan a la no repetición de hechos de esta naturaleza. Se recomienda, además, que los organismos cumplan con las acciones comprometidas con el Plan Nacional de Derechos Humanos, respecto a la colocación de placas y la creación de protocolos de acceso a los sitios de memoria que se encuentren bajo su jurisdicción.

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La grotesca y triste explicación de un ex presidente chileno sobre la impunidad

Redacción piensaChile — Fri, 17 Jul 2015 01:19:40 +0000

Carta respuesta del Ex Presidente Lagos al semanario El Siglo (texto completo se puede leer más abajo, a continuación de esta declaración. Lo mismo con el artículo de El Siglo. )
Hacemos pública nuestra opinión sobre la respuesta del Ex-Presidente Ricardo Lagos a un artículo publicado en el diario El Siglo el pasado 19 de junio titulado «¿La última batalla?». Dicho artículo hace referencia a la Huelga de hambre que los Ex presos políticos de la dictadura cívico-militar están efectuando en estos momentos, desde hace 76 días (en Punta Arenas), para, según sus palabras, «insistir en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes».
Es sorprendente la ligereza y la falta de consideración con que el Ex Presidente reconoce después de tantos años que los Ex presos políticos se movilizan para exigir solución a sus problemas pendientes, pues los sucesivos gobiernos civiles, incluido el de su propia gestión, han hecho gala de un raro desprecio hacia ellos. En repetidas ocasiones se han hecho llegar a las autoridades cartas, peticiones, exigencias que nunca han tenido respuestas y en otros casos han dilatado las “negociaciones” que nunca han concluido en acuerdos. Ello explica el surgimiento de la iniciativa de la Huelga de hambre, del 13 de abril 2015, que contó con más de 115 participantes y efectuada en más de 16 ciudades del país.
En síntesis, las diferentes iniciativas realizadas en este último período por las autoridades del Estado, en los planos de la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación, han sido insuficientes y no han correspondido a lo estipulado en las normas internacionales en la materia, principalmente, en los diferentes puntos enumerados a continuación:

Los ex Presos Políticos no reconocidos.- Aún hay 22000 personas que no fueron calificadas como Ex Presos políticos por la instancia competente. Este punto, entre otros, es una de las reivindicaciones de los participantes en la Huelga de hambre.
Justicia a medias y parcial, mantiene la impunidad.- Si bien, nuevos procesos judiciales han sido establecidos contra los violadores de Derechos humanos, lamentablemente el número de militares y civiles condenados no corresponde a lo esperado y constatamos que sus condenas son irrisorias debido a la aplicación de la media prescripción por los tribunales de Justicia, al hecho que no existe una jurisprudencia en las decisiones judiciales y la utilización del argumento de supuestas «razones médico-humanitarias«. Un ejemplo que ilustra bien lo señalado es la reciente otorgación de la libertad condicional a uno de los responsables de los horrorosos y bestiales asesinatos de los profesionales Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nattino Allende, hecho ocurrido en marzo de 1985. Esta decisión del Ministerio de Justicia infringe gravemente las normas internacionales, pues estos crímenes no son “delitos comunes” y no son susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción y deben ser castigados por el Estado, con todo el rigor de la ley.
La Impunidad con mayúsculas.– La ley de amnistía de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada, perpetuando así una intolerable situación de impunidad. Amnesty International en su informe anual en febrero de 2015, ha insistido una vez más en la derogación de esta ley.
Las instituciones de fuerzas armadas siguen con la omerta.- Las escasas informaciones entregadas por los militares en la denominada “Mesa de Diálogo” en enero de 2001, no han permitido encontrar los cuerpos de los Detenidos desaparecidos. Los datos entregados fueron mínimos y se comprobó ulteriormente que una parte de ellos eran falsos. Entonces, no correspondía alabar “el coraje y la valentía de las Fuerzas armadas”, como lo hizo el señor Ex-presidente en su mensaje al país, en ese entonces.
Presos políticos, torturados (Mapuches) y exilio forzado en “democracia”.- La existencia de prisión política y torturas en Chile, todavía, es un hecho indiscutible y ello está demostrado por el encarcelamiento de chilenos y mapuches (caso Berkoff y comuneros mapuches). Por otra parte, los prisioneros políticos fugados de las prisiones (año 1990) y otros, condenados a largas penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión de la justicia, de volver al país.
El Estado chileno viola las normas internacionales.- El informe Valech en sus recomendaciones, hizo proposiciones sobre la reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el señor Ex-Presidente, ni por sus sucesores. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es inaceptable y la explicación dada por el Ex-Presidente chileno (esta reparación es «modesta» e «insignificante», pues nuestro país es «insignificante») no estuvo a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado continúe a entregar una indemnización «anti-stress» a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas Armadas. Este era otro punto de la lista de demandas de los huelguistas.
El Ex-Presidente Lagos, en su carta respuesta a El Siglo, hace una serie de precisiones sobre su rol jugado en el establecimiento del secreto por cincuenta años de los antecedentes recibidos por la Comisión Valech. Lagos señala que no negoció «secretamente» con el General Cheyre en la época, el mismo que ahora comparece delante de la justicia, por su vinculación en el caso de la “Caravana de la Muerte”; acusado de torturas, por ex presos políticos de La Serena. Lagos precisa que la razón de la reserva de confidencialidad en el Decreto (no una ley) que crea al Comisión Valech, fue la intención de garantizar un secreto de treinta años a las denuncias y testimonios entregados. Y que si la persona no quería mantener el secreto, bastaba que simplemente declarara públicamente lo dicho a la Comisión o fuera directamente a hacer la misma declaración a los tribunales.
Y finalmente explica por qué los treinta años al final fueron cincuenta años. El cambio fue creado por el impacto, según él, que los argumentos de una mujer produjeron en su decisión inicial. Ella le señaló el sufrimiento de una serie de vejámenes y que no deseaba que sus nietos conocieran las atrocidades sufridas y le solicitó extender la privacidad de su declaración por cincuenta años. El Ex-Presidente recapacitó y fue así como el cambio se produjo. Una burda justificación de la impunidad, con una argumentación muy débil y muy poco creíble.
Sin menospreciar la importancia del caso de la solicitante, pensamos que la decisión de imponer y extender el secreto a las denuncias atenta contra las normas internacionales de Justicia y en los hechos ampara y ha amparado a los criminales quienes terminan sus existencias libres de toda responsabilidad y sin ser juzgados. Prueba de ello, es por ejemplo la reciente muerte del senador Sergio Diez, de Renovación Nacional y ex embajador de la dictadura en las Naciones Unidas; que nunca fue amonestado por la justicia. Como también la larga y lenta tramitación de un proyecto de ley que duerme en el Parlamento, destinado a levantar dicho secreto de 50 años.
Todos sabemos que no es fácil obtener justicia en nuestro país. A pesar de los arrepentimientos y mea culpas de las autoridades, desde el comienzo de la dictadura, existió la decisión de negar la Justicia y de cerrar definitivamente las demandas. Numerosas han sido las tentativas para «dar vuelta la página», sobre todo, durante los gobiernos civiles. Es por ello que su «consejo» de hacer la misma declaración, hecha a la Comisión Valech, en los tribunales es inaceptable. El hecho que muchos de los testigos ya han fallecido, que los demandantes ya sobrepasan los 70 años y el impedimento por decreto para conocer a los victimarios demuestran, claramente, la dificultad de obtener justicia.
Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el país hoy día. Esta dimensión ética también podría contribuir a la toma de decisiones desligadas de un contexto de corrupción generalizada.
Como el señor Ex-Presidente Lagos lo señaló en ocasiones anteriores, pensamos que para nunca más revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación deben continuar.
Y haciendo referencia a los Ex Prisioneros políticos en Huelga de hambre, consideramos que la dignidad debe ser restituida a todos aquellos que resistieron y que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar.
No es éste el país soñado, por el cual muchos chilenos ofrendaron su juventud, sus anhelos y sus vidas.
Héctor Zavala Leiva – Carlos López Fuentes
Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili (France)
París, 16 de julio de 2015

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La Carta respuesta de Lagos a El Siglo

Santiago, 3 de julio de 2015
Señor
Fernando Quilodrán
Director Diario El Siglo
Presente
Estimado Señor Director
Acabo de leer el artículo publicado en el diario El Siglo del pasado 19 de junio titulado ¿La Última batalla?. Dicho artículo se refiere a la huelga de hambre que están efectuando los presos políticos de la dictadura para insistir en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes. En dicho artículo en la parte final, se asevera que el suscrito Presidente de la república entre el 2000 y el 2006 “debió negociar secretamente con el ex General de Ejército Juan Emilio Cheyre”. Por lo tanto, agregan, “la balanza ha estado desbalanceada. Estamos consternados por la impunidad que rige en el país. La ley del Presidente Lagos estableció un secreto por cincuenta años de lo recibido por la Comisión. Es decir, impide que usemos estos antecedentes. Hay muchos compañeros que jamás vieron a quienes torturaban, pero si la justicia les entregara información de las personas que estuvieron en el mismo lugar, sabrían quienes eran los torturadores, y eso lo impidió el convenio del expresidente Lagos con los militares.
Debo señalar al respecto que jamás se me pasó por la mente la posibilidad de un convenio entre un Presidente de la República de Chile y un Comandante en Jefe del Ejército. Un presidente no hace convenios con generales de la república en un sistema democrático. En aquel entonces y a mucha honra puedo decir, que las instituciones armadas ya estaban subordinadas al poder civil como debe ser en un sistema democrático. Estoy cierto que tampoco un Comandante en Jefe del Ejército de Chile habría tenido la osadía de pensar que era posible tener un convenio de dicha naturaleza.
La razón por la cual se estableció la reserva de confidencialidad en el Decreto (no una ley) que crea la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, fue que aquellos que iban a denunciar que habían sido objeto de torturas, por respeto a su dignidad humana, se le garantizaba un secreto por treinta años a lo que ellos declaraban. A nadie les agrada ventilar públicamente las humillaciones de las cuales fue objeto. Y por tanto, al establecer el secreto era una garantía de confidencialidad para el torturado. Si la persona quería no mantener el secreto, bastaba que simplemente declarara públicamente lo que había dicho en privado a la Comisión o fuera a hacer la misma declaración a los tribunales. Este fue un tema latamente discutido por los propios comisionados. Y les pareció que la privacidad de la declaración no podía ocultar, el tipo de tortura que se practicaba en cada uno de los recintos de detención en Chile de la dictadura y eso es precisamente lo que hace el informe, que hasta donde sé, es único en el mundo. El propósito era precisamente conocer la verdad de lo ocurrido y ello se logró. Basta leer el informe. Tanto así, que a diferencia de la Comisión Rettig 13 años antes, el Informe Valech no fue cuestionado por ninguna de las instituciones armadas. Por el contrario, Juan Emilio Cheyre como Comandante en Jefe antes de la publicación del Informe se adelantó a pedir perdón y a establecer como doctrina del Ejército el “Nunca más”. Pero si se buscaba además hacer justicia se les hizo ver a todos y a cada uno de los que declaraban a la Comisión que debían hacer la misma declaración ante los tribunales de justicia que son los encargados de hacer justicia.
Deseo explicar las razones de por qué los treinta años de reserva al final fueron cincuenta años. Estando por concluir el trabajo de la Comisión una mujer imperiosamente pidió hablar conmigo. Al final se le dio audiencia. Entró a mi despacho y me dijo “Presidente, usted puede ver que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo”. Ocurre Presidente que yo espero estar viva todavía cuando tenga ochenta años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela. Treinta años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted extender la privacidad de mi declaración durante cincuenta años”.
Debo reconocer el impacto que me produjo este argumento. La fuerza con que habló esta mujer que se quebró al recordar las torturas. Recapacité y resolví que en lugar de treinta años deberían permanecer como declaraciones confidenciales durante cincuenta años. Y esto para amparar el derecho a la privacidad de aquellos que habían ayudado con su declaración a que se conociera la verdad de lo ocurrido. No era para proteger a los militares, pues basta y basta hasta hoy que esa misma declaración se haga ante los Tribunales. Lamento tener que hacer esta aclaración, pero la verdad histórica es la debe prevalecer.
Le saludo atentamente,
Ricardo Lagos

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El artículo en El Siglo

CLAVES / EL SIGLO. Junio de 2015
Protesta de ex presos políticos ¿La última batalla…?
Con riesgo de sus vidas, los sobrevivientes de la dictadura, de distintas regiones de país, retoman la huelga de hambre, insistiendo en sus demandas y denunciando la falta de voluntad política para solucionar los graves problemas que los aquejan.
Hasta el cierre de esta edición continuaba la huelga de hambre de los viejos combatientes de la dictadura, cuyas demandas sólo reciben respuestas dilatorias y promesas que no se cumplen. Hombres y mujeres de Arica, Iquique, Chillán, Osorno, Antofagasta, Calama, Valparaíso, Puerto Natales y Santiago, desesperados ante la situación que les afecta, libran la que puede ser literalmente su última batalla, tal como explica Víctor Rosas, abogado y vicepresidente de la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile: “Nuestra gente está desesperada, los compañeros y compañeras han intentado llamar la atención de una manera suicida, con riesgo en sus vidas para develar su desgraciada situación Dado su precario nivel de vida, muchos de ellos se arriesgan y hacen una huelga de hambre aunque sea su última batalla y en eso se les vaya la vida”.
Hace algunos días, se creyó que el movimiento se solucionaba, tal como lo informó erróneamente este semanario en su pasada edición, pero se trató solamente de un acuerdo parcial de los manifestantes de Rancagua, pertenecientes al Comando Unitario de ex Presos Políticos.
La huelga siguió adelante y el fin de semana pasado un grupo de hombres y mujeres -algunos de ellos militantes de esa colectividad- se tomó la sede del Partido Socialista en Santiago, de la que fueron desalojados y detenidos en la Tercera Comisaría.
Posteriormente, los manifestantes fueron liberados y recibieron el apoyo solidario de la ONG CODEPU, que ha aceptado mantenerlos en su sede mientras dure el movimiento, gesto que los ex presos políticos han agradecido públicamente.
Simultáneamente, el viernes 12 culminó con pleno éxito en Santiago la caravana de ex prisioneros que partiendo desde Iquique por el Norte, una segunda desde Puerto Montt, otra de Concepción y una cuarta desde Valparaíso y San Felipe culminó frente a la Moneda. Además, se hicieron presentes frente al local del Senado, donde sesionaba la mesa de alto nivel, para denunciar su incapacidad e impotencia para responder a sus demandas.
Más allá de lo contingente, el problema de fondo es la precaria reparación que han recibido estos miles de chilenos que hace cuarenta años lucharon heroicamente contra la dictadura, han recibido del Estado, cuyos agentes los persiguieron, encarcelaron y torturaron.
Víctor Rosas señala: “Para la mayoría de la población, supuestamente ellos han sido reparados, pero la verdad es que sólo reciben una pensión exigua que les entregó la ley 19.990, que fue sumamente cruel y que muchos de los ex Presos Políticos aceptaron dentro de sus miserias, pero sus problemas nunca han sido solucionados”.
Esta nueva huelga de privación de alimentos, explicó el dirigente, se debe a que las autoridades, a pesar de haberse comprometido, no han respondido a las exigencias que llevó a los torturados en dictadura a manifestarse en diciembre del año pasado y desde el 13 de abril de este año, por más de 40 días: “Tuvimos una conversación en que la ministra Ximena Rincón y la subsecretaria Patricia Silva se comprometieron a nombre del gobierno a que se iban a tomar nuestras propuestas, pero ha pasado el tiempo y no han contestado el correo ni el teléfono. Dijeron es que en 45 días nos reuniríamos, pero nunca se produjo. Pasó todo el verano y decidimos que no debíamos dejar pasar el 21 de mayo sin que volviéramos a retomar la movilización”.
Cabe señalar que las principales demandas de los ex presos políticos de la dictadura de Pinochet son: indemnización a cada uno de los detenidos y torturados reconocidos por el Estado, mejora de las pensiones, eliminación de la incompatibilidad de las pensiones Valech y las de exonerados políticos, la creación de una instancia de calificación permanente de las víctimas de la dictadura cívico militar, una Ley de Indemnización, establecer que la pensión de sobrevivencia acceda al cónyuge o conviviente por un monto igual al 100% de la pensión y permitir la adhesión de los beneficiarios PRAIS a FONASA, exentos de cotización.
Rosas recuerda que, además de las exigencias económicas, existe una demanda de justicia para quienes cometieron las torturas y las detenciones en dictadura: “El ex presidente Ricardo Lagos debió negociar secretamente con el ex general del ejército Juan Emilio Cheyre. Por tanto, la balanza ha estado desbalanceada. Estamos consternados por la impunidad que rige en el país.
La ley del presidente Lagos estableció un secreto por 50 años de lo recibido por la comisión, es decir, impide que usemos esos antecedentes. Hay muchos compañeros que jamás vieron a quienes les torturaban, pero si la justicia les entregara la información de las personas que estuvieron en un mismo lugar, sabrían quiénes eran los torturadores, y eso lo impidió el convenio del ex presidente Lagos con los militares”.
El abogado y vicepresidente de la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile, Víctor Rosas, explicó que el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia por estos delitos de lesa humanidad y que la ley internacional establece claramente que los estados que han cometido torturas o delitos de lesa humanidad tienen que garantizar en su legislación una indemnización “justa y adecuada” a quienes han sido violados en sus derechos humanos, lo que en Chile jamás se ha cumplido.
Los ex presos políticos han recibido una creciente solidaridad nacional e internacional, centenares de mensajes de apoyo de las bases del PS y de innumerables chilenos exiliados, personalidades y organismos de Europa y América del Norte y del Sur.
Este martes, en un comunicado público los huelguistas reiteran: “Manifestamos nuestra permanente disposición al diálogo y continuamos a la espera que la presidenta Michelle Bachelet nos reciba en audiencia para buscar una solución al más breve plazo. Estamos conscientes del enorme daño físico y moral que implica para los compañeros y compañeras mantener esta huelga de hambre, pero no estamos dispuestos a claudicar en esta lucha hasta lograr una verdadera y justa solución a nuestras demandas”.

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La Concertación debe explicaciones (LXIV): defensa de la impunidad de la tortura

Redacción piensaChile — Tue, 12 Nov 2013 02:06:29 +0000

11 Noviembre 2013
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué desarrolló bajo sus sucesivos gobiernos políticas destinadas a consagrar la impunidad de la tortura sistemática llevada a cabo por la dictadura.
Desde ya, pese a que el Informe Rettig concluyó en 1991 que la tortura había sido un método sistemático de represión usado por la dictadura (Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pp. 111-4), el gobierno de Aylwin no inició ninguna investigación destinada a identificar y reparar a sus víctimas, ni menos a buscar la sanción penal de sus victimarios.
Luego –como se vio en el Capítulo LXII- los gobiernos posteriores llegaron al extremo de nombrar o mantener como agregados militares, embajadores o altos cargos del aparato del Estado a oficiales o profesionales de las Fuerzas Armadas involucrados en torturas u otras graves formas de violación de derechos humanos; sin siquiera preocuparse por el bochorno internacional que ello causaba.
Posteriormente, con ocasión de la detención de Pinochet en Londres en 1998 y de que la Cámara de los Lores aceptara su extradición a España por cargos de tortura; se reactivó significativamente la lucha de las víctimas y de las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos a favor de la verdad, justicia y reparación integral respecto de las gravísimas violaciones del derecho a la integridad física y síquica de las personas. En esta reactivación influyó mucho también la querella hecha a la segunda autoridad de la FACH a comienzos de 2001, el general Hernán Gabrielli, por haber torturado en 1973 en Cerro Moreno (Antofagasta) a varios presos políticos allí confinados; y como resultado de lo cual falleció el dirigente del MAPU, Eugenio Ruiz-Tagle. Las querellas fueron hechas por los ex presos políticos Carlos Bau Aedo, Juan Ruz y Héctor Vera Vera; y por los familiares de Eugenio Ruiz-Tagle y Mario Silva Iriarte (Ver El Mercurio; 20-2-2001).
Sin embargo, el Gobierno reaccionó ¡con molestia! ante dichas querellas. Así, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, declaró que “cuando la gente anda mostrándose los dientes por las calles también es una alteración de la paz (…) un espíritu de reconciliación y de progreso del país (…) es lo que necesitamos. Y eso no se consigue mirando permanentemente al año 73, porque ese año estábamos profundamente divididos. Entonces, ¿quién puede pensar que mirando obsesivamente al 73 vamos a forjar la paz y el progreso del país?” (La Tercera; 18-2-2001). Y se preguntó: “¿queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores?, ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FF. AA.” (La Nación; 15-2-2001).
A tanto llegó la presión gubernativa en ese sentido, que el PS y el PPD llamaron públicamente a no inhibirse de presentar querellas por torturas (Ver La Segunda; 20-2-2001). Incluso, la diputada del PPD Laura Soto deploró que “desde La Moneda se han dado señales equívocas, malsanas, con actitudes perversas”. Y en concreto cuestionó que Insulza “trate de inhibir, diciendo que los Tribunales no van a dar abasto si se hacen todas las querellas por torturas. Eso nos parece inaceptable, porque se está conculcando la Constitución Política” (La Segunda; 20-2-2001).
Luego, la presión de los organismos de derechos humanos se encontró con la renuencia del propio Lagos a encarar incluso la tarea de identificar y reparar a las víctimas de la tortura; como se lo expresó en una entrevista a los directivos de la Comisión Etica contra la Tortura. ¡Tuvo que surgir en 2003 desde la UDI un cuestionamiento al desamparo de las víctimas, para que finalmente el Gobierno se decidiera a enfrentar el tema con la Comisión Valech!
Pero dicha Comisión fue creada con tales restricciones para poder calificar a las víctimas y con tales falencias en su labor de difusión, que logró que una proporción muy menor de aquellas (¡menos de 30.000!) lograsen finalmente inscribirse. De este modo, no fueron objeto de la convocatoria o fueron arbitrariamente excluidas por el Reglamento de la Comisión las personas que hubieran sufrido tortura fuera de los recintos de detención; los que entretanto hubiesen fallecidos aunque sus familiares comprobasen su carácter de víctimas; las personas detenidas por menos de cinco días; los niños que fueron detenidos con sus padres; los extranjeros; y los ciudadanos chilenos que hubiesen sufrido torturas en el extranjero en el marco de la Operación Cóndor.
Por otro lado, ¡la única inserción informativa en un diario de circulación nacional respecto de la convocatoria de la Comisión se efectuó en La Tercera del 23 de noviembre de 2003! ¡Y en TVN se efectuó por pocos días un breve mensaje sin audio que era virtualmente incomprensible!
Además, el gobierno de Lagos se opuso inflexiblemente a ampliar los plazos de inscripción de las víctimas, pese a que se lo demandaron públicamente numerosos parlamentarios; personalidades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y el propio Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
A su vez, en la Ley de Reparaciones que se aprobó “entre gallos y medianoche” por la Concertación y la Alianza a fines de 2004 (¡en un plazo de 48 horas!) se desoyeron casi todas las recomendaciones de reparaciones materiales, legales y morales efectuadas en su Informe por la propia Comisión Valech. Pero sin duda que lo más grave de dicha ley fue que consagró la virtual impunidad de las torturas cometidas por el régimen dictatorial al establecer un secreto de 50 años de los antecedentes recogidos por el Informe y al ¡prohibirle al mismo Poder Judicial tener acceso a dichos antecedentes!: “El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo”. Lo anterior no solo vulnera de forma aberrante la Constitución y las leyes, sino además el conjunto de los principales tratados internacionales de derechos humanos de los que Chile es Estado Parte y los más elementales principios del derecho y la justicia.
El gobierno de Bachelet dio un nuevo plazo para la inscripción de víctimas –también breve y con escasísima difusión- y generó el Museo de la Memoria, en la línea de las reparaciones morales recomendadas por la Comisión Valech. Pero mantuvo dicha inicua cláusula de impunidad, pese a que tuvo mayoría parlamentaria por casi dos años como para eliminarla, aunque la Alianza se hubiese opuesto. Y en sus propósitos programáticos para su inminente gobierno futuro esta elemental exigencia ético-jurídica brilla por su ausencia…

El articulo La Concertación debe explicaciones (LXIV): defensa de la impunidad de la tortura apareció primero en piensaChile.