12 de mayo de 2022

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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondió a la demanda presentada por un grupo de 22 víctimas que sufrieron traumas oculares en el contexto de las manifestaciones que se iniciaron el 18 de octubre de 2019. Al respecto, el organismo consideró que «el uso de la fuerza (de Carabineros) se adecuó a la normativa atingente».

Los afectados, que tienen entre 18 y 34 años de edad, acusaron en su presentación judicial ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, que el Estado actuó con «falta de servicio», por la cual se habrían producido las lesiones oculares a través del «uso abusivo de la fuerza y actuado negligentemente en infracción de normas nacionales e internacionales«. Según informó La Tercera.

Por los hechos denunciados, los demandantes pidieron una indemnización de $380 millones para aquellas personas que perdieron su globo ocular por completo a causa del actuar y de $340 millones para quienes perdieron gran parte de la visión. En suma, el monto llega a los $7.025.565.22.

En la respuesta del CDE, se solicitan al tribunal que desestime la demanda con costas y defiende el actuar de los uniformados. Paralelamente, criticaron el monto exigido por los demandantes, tildándolo de «desproporcionado».

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«Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto», sostiene la contestación de la demanda.

Si bien admite que «en algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria», asegura que este no es el caso de quienes presentaron la acción judicial.

«Los casos planteados en la demanda no son uno de ellos. Aquí no hubo falta de servicio y el uso de la fuerza se adecuó a la normativa atingente de tal forma que los daños supuestamente ocasionados por ese uso se encuentran jurídicamente respaldados«, argumenta el escrito.

«No estamos en presencia de manifestaciones pacíficas»

El organismo hizo hincapié en los actos delictuales que se generaron durante las protestas. En este sentido, se enfatizó, en que hubo un gran número de infraestructura pública y propiedades privadas saqueadas o quemadas.

«Contrariamente a lo sostenido por los demandantes, no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas, la realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia«, sostiene el documento.

Cabe destacar que la demanda exige, además de la indemnización, que se publiquen declaraciones de disculpas públicas por parte de la institución en dos diarios de circulación nacional.

El CDE rechazó de plano realizar los insertos en prensa e insistió en las supuestas acciones delictuales de los demandantes, contexto en el que refirieron a declaraciones que dieron algunos demandantes que darían cuenta de la participación en delitos de los afectados por mutilaciones oculares.

Por lo tanto, asegura el organismo, la disculpa «no se condice en forma alguna con una acción de indemnización de perjuicios y carece de todo fundamento legal, tanto es así que no se invoca ninguno en la demanda».

Escopetas antidisturbios

En la demanda, se acusa que los uniformados no habrían respondido a los principios de necesidad y proporcionalidad, toda vez que utilizaron las escopetas antidisturbios, además otro tipo de elementos, de forma indiscriminada.

Al respecto, el CDE respondió que no es posible probar que Carabineros no intentó medidas de menor grado en una primera instancia. «Siempre en las manifestaciones violentas y/o agresivas, ingresaban de manera previa los carros lanza agua y lanza gases. Y previo a aquello, mientras la manifestación se desarrollaba aún de forma pacífica, suscitándose hechos aislados de violencia, el personal de Carabineros mantenía contacto constante con los organizadores, si habían sido individualizados», afirma.

De la misma forma, explica el documento, la Dirección General de Carabineros modificó el protocolo 2.8, determinando que el uso de la escopeta se debe hacer de manera defensiva y para repeler o evitar agresiones.

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Pero parte fundamental de su argumentación, según el citado medio, se dio respecto de la utilización de este elemento por las policías de otros países. «El uso de las escopetas antidisturbios no es extraño en el derecho comparado para el control de la agresión y violencia pública», sostiene.

«Asimismo, según el representante de la empresa Millennuim que actualmente provee a Carabineros de Chile de cartuchos de número 12 no letal (super sock), estos mismos son utilizados en Francia, Estados Unidos, Panamá, México, Canadá y Brasil; y conforme lo expuesto por el representante Tec Harseim, el cartucho de 12 perdigones de goma es utilizado en Venezuela, Argentina, Brasil y Estados Unidos», detalla.

*Fuente: ElDesconcierto

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En Perú, la empresa minera estadounidense Southern Copper evalúa tomar acciones legales contra Elmer Cáceres, gobernador de la región de Arequipa, por frenar allí el millonario proyecto de cobre Tía María, informa Reuters.

Las autoridades cancelaron su licencia la semana pasada tras una fuerte oposición de la población local, que denuncia que el emprendimiento puede contaminar sus tierras.

Sin embargo, desde la compañía aseguran que persistirán con las obras, alegando los beneficios que representa el proyecto —valuado en 1.400 millones de dólares— para todos los peruanos.

Exportaciones bloqueadas

Durante más de una década, los vecinos de la zona han estado denunciando que la actividad minera contamina sus cultivos y afecta al suministro local de agua. Los agricultores temen que su desarrollo suponga un duro golpe sobre sus fuentes de ingreso.

Las protestas se intensificaron en el mes pasado de julio con bloqueos de carreteras y de una vía de transporte de minerales, frenando temporalmente las exportaciones de cuatro importantes minas de cobre por una suma cercana a los 400 millones de dólares.

El presidente de la Junta de usuarios del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, habló sobre este asunto con RT. En su opinión, los beneficios de las riquezas naturales van a parar a manos de las empresas mineras y de los funcionarios serviles a estas, pero no a las de la población.

‘Se llevan las riquezas del pueblo’

«Aquí se ve claramente que tanto los gobernantes como estas empresas extractivas son los que realmente se llevan las riquezas de nuestro pueblo sin pagar lo que realmente les corresponde pagarnos por los minerales que se llevan», expresó.

«Vemos, a diferencia con otros países que tienen unos mayores precios en cuanto a los minerales, que a nosotros nos pagan unos precios que están por debajo de lo que realmente marca el mercado externo«, añadió.

«En el Valle de Tambo, en esta región de Arequipa, venimos luchando por más de diez años», mientras los gobiernos anteriores intentaron promover este proyecto «en contra de la voluntad del pueblo y con la consecuencia de que hemos tenido ocho muertos», afirmó en referencia a las protestas.

*Fuente: Actualidad RT

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Durante el juicio, que comenzó a finales de marzo, la fiscalía había tratado repetidamente de convencer al jurado no sólo de que los productos de Monsanto causan cáncer, sino también de que los riesgos estaban ocultos por estudios manipulados.

En los Estados Unidos, Bayer se enfrenta ahora a unos 13.400 demandantes por el herbicida desarrollado por Monsanto. En dos casos, la empresa ya ha sido condenada a pagar daños y perjuicios por un total de casi 160 millones de dólares. Aunque Bayer ha presentado una apelación o anunciado su intención de hacerlo, muchos expertos asumen en última instancia que el acuerdo será costoso. La probabilidad de que esto ocurra ha aumentado aún más con la última sentencia.

No se aprobaron las acciones del Consejo de Administración

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a finales de abril, los accionistas habían sido muy duros en sus juicios con la administraciónde Bayer debido a las enormes pérdidas en el precio de las acciones desde la adquisición de Monsanto y a los litigios legales.

Los resultados del Consejo de Administración no han sido aprobados. El Consejo de Supervisión recibió un voto de confianza, pero de forma inusualmente estrecha. A pesar del voto de desconfianza, importantes inversores quieren dar una segunda oportunidad a la dirección y advertir contra un cambio prematuro, temiendo que esto no haga sino aumentar el caos en Bayer.

Bayer siempre ha rechazado las acusaciones contra el glifosato y señala que las autoridades reguladoras de todo el mundo evaluaron que el herbicida era seguro cuando se utilizaba según las recomendaciones. Sólo recientemente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) confirmó su evaluación de que el glifosato no es cancerígeno.

Los demandantes, sin embargo, que atribuyen su cáncer al contacto con el glifosato, lo ven de manera diferente. Se apoyan en la agencia internacional de investigación del cáncer IARC, que clasificó la sustancia como «probablemente cancerígena».

*Fuente: Die WeltTraducción libre para piensaChile por Frank Steinman

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Santiago, 28 de marzo de 2017.- El Colegio de Periodistas de Chile emplazó al Estado a resolver, a la brevedad posible, las reparaciones económicas ya falladas en tribunales por el denominado “Caso Clarín”, que corresponde a las indemnizaciones a Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, de España, por el perjuicio ocasionado por la usurpación del mencionado periódico tras el golpe militar del año 1973.

Lo anterior, tras conocerse una comunicación enviada por el propio Pey al gremio y que da cuenta del libelo de prácticamente 20 años, por la justa reparación tras perder este importante periódico, el de más alta circulación nacional en los años 60 y 70, que significó no sólo la clausura del medio, sino que la confiscación ilegal por parte de la dictadura de maquinaria, equipamiento e inmuebles de alto valor en Viña del Mar, Santiago y Concepción.

Tras conocerse la misiva en la última sesión del Consejo Nacional de la Orden, a principios de este mes, se mandató a la mesa directiva, que encabeza la presidenta Javiera Olivares, a pronunciarse públicamente acerca del litigio por el Diario El Clarín, que ha sido materia no sólo de debate en los últimos 44 años, sino  también de análisis académico, por la complejidad que tiene este caso.

“Este es un caso sumamente complejo, por las innumerables aristas que lo componen, pero lo que sí está claro es que hay un fallo judicial vigente que fija un monto de reparación y donde el Estado, en forma obcecada a nuestro juicio, ha querido aminorar, dilatando un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo”, señaló la mesa directiva del Colegio de Periodistas de Chile.

Por lo mismo, el gremio emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación, herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.

El 1997, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, una denuncia contra el Estado de Chile por usurpación.  Once años más tarde, en 2008, el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje condenó al Estado de Chile por violar el tratado bilateral con España sobre protección recíproca de inversiones, así como por denegación de justicia, conminándole a indemnizar los daños causados a Pey y a la mencionada fundación.

Asimismo, el 18 de diciembre de 2012 tal sentencia fue confirmada por decisión del comité ad hoc convocado por el CIADI, que las declaró como “cosa juzgada, vinculante y de obligado cumplimiento”. No obstante, este proceso de arbitraje se encuentra aún en fase de cuantificación del monto a reparar.

Al respecto, una resolución dictada en septiembre de 2016 reafirma la condena del laudo de 2008, que obliga reparar la violación del mencionado Tratado, pero la cuantía está siendo impugnada por los reclamantes luego que, posteriormente a esa decisión, aparecieran antecedentes sobre conflictos de interés de dos de los árbitros que fallaron en el caso, lo cual abrió una nueva arista legal.

Equipo de prensa

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El Ministro del Interior, Mario Fernández Baeza, entregó respuesta al petitorio presentado por un grupo de organizaciones de ex-prisioneros políticos en octubre de 2016. Recordemos que estas mismas organizaciones se reunieron con el ministro en medio de una huelga de hambre –en una toma limitada de las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos- y recordemos también que el ministro mandató a los representantes de ex-prisioneros políticos para que presenten una propuesta unitaria. Aclaremos que la UNExPP no fue parte de dicha negociación. La respuesta del ministro está contenida en su oficio #2995 del 30 de enero, 2017. Documento que recién transcendió el 4 de febrero.

A continuación compartimos nuestro análisis de dicho documento.

Esta propuesta del Gobierno, es un nuevo atropello a la dignidad de las/os sobrevivientes de la prisión política y tortura. Esta “propuesta” en realidad no busca ser una propuesta sino es la ley de punto final de la Concertación -hoy Nueva Mayoría- para enterrar definitivamente las justas reivindicaciones de todas las personas víctimas de violaciones a los DDHH de la dictadura de Pinochet.

Esta “propuesta” se inscribe en la línea trazada desde el inicio de la transición transada con Pinochet de impunidad respecto de los violadores de los DDHH y de castigo a las víctimas que fueron consideradas el “precio o costo social” a pagar para la instalación de la concertación en el gobierno. La segunda transacción fue mantener el modelo neoliberal en la economía del país. Es desde esa perspectiva que debe leerse esta “propuesta” del ministro Fernández.

Reafirmamos que esta “propuesta” no cumple con ninguna de las prerrogativas que plantea el Derecho Internacional Humanitario (DIH), suscrito por los Gobiernos pos dictadura, que plantea claramente que la indemnización debe ser “justa y adecuada, de acuerdo al daño causado”. Este principio, conocido perfectamente por el CDE y los Jueces, así como el Gobierno y todo su plantel de funcionarios, lo niegan para ponerse al servicio de la impunidad concedida ad eternum a los esbirros de Pinochet.

Esta “propuesta” deja al descubierto la falta de ética y consecuencia de Gobiernos pseudo democráticos, que se han transformado en servidores y lacayos del capital y de los poderes fácticos. Más aun, buscan legitimar su infamia con el acuerdo y aprobación de los ex-prisioneros mismos. Dicha propuesta es miserable, no sólo por su monto, sino más bien, por lo que ella representa para la dignidad de los afectados.

En lo que se refiere al bono de reparación, el ministro indica, que no hay recursos en el presupuesto del 2017 para tal ítem. Recordemos que la propuesta del 2015 del gobierno incluía hasta 10 millones de pesos, según grupos de edad, con cómodos plazos para el gobierno. Esto, entonces no fue aceptado por la Mesa de Alto Nivel. Pues, bien, ahora el ministro ha reducido dicha cantidad a 3 millones de pesos, a partir del 2018, a 5 años plazo y también por grupo etáreos. Esto sería adicional al bono de 1 millón ya entregado.

El Gobierno, fundamenta su propuesta en un fallo judicial, resultado del lobby y la descarada presión política ejercida por parte del Gobierno y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) al poder judicial. Bien sabemos que el rol del CDE es estar siempre -salvo excepción- al servicio de los poderosos y del Gobierno de turno.

El oficio se refiere luego al tema de la vivienda. Allí tampoco se ofrece nada nuevo sino que se reitera lo que ya existe como supuesto beneficio. Similar trato se da al tema de la educación y las becas Valech. Lo que es más grave aún, es que en el tema de salud y los derechos PRAIS, en lo que se refiere a la extensión de dicho beneficio para los nietos de los titulares Valech, el ministro cita la ley 19.980, Art. 7, Num. 4.2; para indicar su exclusión de dicho beneficio. Desconociendo con esto la transversalidad del daño.

El entregar una solución reparatoria a las víctimas sobrevivientes no requiere negociación alguna con los afectados. Los deudores decentes – sobre todo si fueron puestos en el poder encaramados en los hombros de las propias víctimas- pagan su deuda aunque para ello deban endeudarse si fuera necesario. No se puede olvidar que la derrota de Pinochet no fue gracias a un lápiz y un papel como caricaturizan para negar el movimiento social transversal y de base que arrasó, gracias a las masivas protestas nacionales, con el sustento político de la dictadura. Esta lucha cobró miles de víctimas y eso es lo que intentan borrar desde 1990 los concertacionistas y sus sucesivos gobiernos tratando de negar la historia olvidando a las víctimas.

También hacemos responsables de ésta situación, a quienes se han dejado manipular por funcionarios y operadores políticos que buscaron siempre bajar las huelgas y entorpecer las acciones con que se buscaba presionar al Gobierno. Estos mismos dirigentes se arrogaron mañosamente la representatividad de todos/as los ex-prisioneros/as políticos/as y se atrevieron a “negociar”, en nombre de todos, sin entregar una argumentación sólida que dificulte la entrega de este tipo de respuestas.

La UNExPP de Chile rechaza enérgicamente esta miserable y canallesca propuesta y acusa a este Gobierno de ser continuadores de un proceso de permanente atropello a los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura y de sus familiares.

Reafirmamos la importancia del objetivo jurídico y político de nuestra acción de presentar masivas querellas criminales en contra de los torturadores, y dentro del mismo proceso la presentación de demandas civiles que busca la indemnización por el daño causado, por parte de los torturadores y solidariamente del Estado de Chile.

Centramos nuestra lucha en nuestras denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sentar internacionalmente al Estado y gobiernos de Chile en el banquillo de los acusados, donde sean condenados por la descarada impunidad impuesta pos dictadura y por la falta de reparación justa y adecuada a los sobrevivientes de la prisión política y de la tortura.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA UNEXPP DE CHILE

Osorno, 05 de febrero de 2016.

Para bajar nuestra declaración en pdf y distribuir presionar aquí.

Para leer el oficio del gobierno presionar aquí.

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Con fecha 29 de marzo se publicó el fallo de nuestra Quinta Demanda, emitido por la Corte Suprema, rechazando el recurso de casación del Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco y condenando al Estado a pagar tres millones de pesos a 659 demandantes, de los 743 que componían esta demanda. Lo que se resume en una cifra cercana a los dos mil millones.
Se les negó el derecho a percibir este mezquino monto, a 84 viudas e hijos que demandaban en representación de sus familiares Ex Prisioneros Políticos fallecidos. La decisión señala que el daño moral es personalísimo, y con ello niega la transversalidad del daño a los familiares y trasgrede lo establecido en la legislación internacional. De igual forma transgrede la propia legislación chilena infringiendo la norma del artículo 108 del Código Procesal Penal, que considera víctima no sólo al ofendido por el delito, sino también al cónyuge y a los hijos, en caso de muerte o de impedimento para ejercer sus derechos.
Si bien es cierto la argumentación con la que los Señores Ministros fundamentan su fallo, en lo que se refiere a los 659 demandantes, a quienes se les otorga la indemnización, interpretan y confirman todos y cada uno de los argumentos que hemos venido sosteniendo durante todos estos años, que nos ha tocado enfrentar judicialmente al Estado. Sin embargo, esto no se refleja en el monto de la indemnización otorgada ya que NO ES JUSTA NI ADECUADA, en relación al daño causado a las víctimas quienes debieron padecer las más brutales torturas, a manos de sus verdugos.
Por lo tanto tomando en cuenta estos antecedentes, hacemos público nuestro rechazo con respecto del monto adjudicado, por considerarlo irrisorio, si lo comparamos con las cuantiosas sumas que el estado puso a disposición de la DINA y de la CNI, para aplicar el terrorismo de estado. No se escatimó en poner grandes sumas a disposición de los agentes y sus asociaciones ilícitas, para sostener y mantener los recintos donde se mantenía ilegalmente confinada a las víctimas, el pago de vehículos, aviones, helicópteros, viajes al extranjero para los agentes encargados de la operación Cóndor.
Igualmente ilimitados fueron los recursos para pagar soplones, infiltrados, y costear los millonarios recursos para pagar los sueldos a los agentes y a todo el aparato represivo. Gastos que se mantienen en muchos casos hasta el día de hoy, en los agentes que se encuentran activos en las fuerzas armadas y en los organismos de inteligencia de los Gobiernos pos dictadura, y pagando cuantiosas jubilaciones a los torturadores y asesinos en retiro.
Rechazamos que se le haya negado el legítimo derecho a la indemnización a las viudas e hijos, razón por la cual, tal como ya lo habíamos anunciado, LLEVAREMOS ESTA DEMANDA EN CALIDAD DE DENUNCIA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Será en esta instancia donde Chile deberá responder por estas aberraciones jurídicas, que además obedecen claramente a la presión que ejerce el Gobierno sobre los demás poderes del Estado para seguir evadiendo su responsabilidad de dar una solución política a este tema a través de una nueva LEY DE INDEMNIZACIÓN JUSTA Y ADECUADA Y NO AUSTERA Y SIMBÓLICA como lo han hecho hasta el día de hoy.
Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos, 31 de Marzo de 2016
* Decisión de la Corte Suprema
* Decisión Corte de Apelaciones de Santiago
* Decisión Corte de Primera Instancia
* Demanda 2009 lista original demandantes (Note que incluye aquellos que fueron lamentablemente desestimados por no ser afectados directos.)
*Fuente: UnexPP

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