09 de mayo de 2025

*Fuente: Interferencia

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Hernán Fernández, Abogado de las víctimas de Colonia Dignidad conversó en DNews con Lucía López y Darío Mizrahi acerca de qué fue la ex Colonia Dignidad en Chile. La ex Colonia Dignidad en Chile fue una organización criminal alemana que se instaló en Chile en 1961 y cometió crímenes de tortura, abuso sexual y otros delitos. Aunque algunos responsables han sido condenados, la impunidad persiste y las víctimas aún esperan reparación.

La visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a Alemania busca avanzar en la expropiación y obtener apoyo para convertir Colonia Dignidad en un sitio de memoria.

La falta de acción por parte de los gobiernos de Alemania y Chile, hasta hoy, han generado una deuda política e histórica con las víctimas de Colonia Dignidad.

El articulo ¿Se acerca el verdadero fin de Colonia Dignidad o continuarán las mentiras y el silencio? apareció primero en piensaChile.

09 de mayo de 2024

“El silencio en la cara de la justicia es complicidad con el opresor”
(Ginetta Sagan)

En estos días aciagos y grises de retroceso conservador y de impunidad, vale la pena rememorar el espíritu del salto infanto-juvenil del torniquete y las posteriores movilizaciones que provocaron la reacción errática, represiva y violenta del gobierno del presidente Piñera Echeñique (2018-2022) que desencadenara un segundo momento en las movilizaciones populares, con una espiral de violencia y la imposición del Estado de emergencia.

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Los retos siguen coexistiendo cuando aún no se superan el trauma de las violaciones a los DDHH acontecidas durante la dictadura. Y, uno de esos, es que los DDHH no sea palabra de discurso populista y etéreo sino un compromiso concreto y real de acción y con movilización

El proceso iniciado el viernes 18 de octubre ocasiona un resultado masivo y sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, en su mayoría Carabineros de Chile. No tan solo son Gustavo Gatica o Fabiola Campillai. Lo son también Mauricio Fredes Fredes, Cristián Valdebenito Valdebenito, Abel Acuña Leal, Jorge Mora Herrera, Mario Acuña Martínez, Geraldine Alvarado Parra por señalar a algunos en que el accionar policial les causó la muerte, heridas y/o traumas que no han tenido una sana restitución.

No obstante, en estos nuevos tiempos grises ha aparecido con fuerza el paradigma de la “medida de lo posible”, expresión de lugar común que resignifica la primacía del realismo político, evitando la ideologización y la respuesta a quien la esgrime. Desde la post pandemia, hemos transitado desde Plaza Dignidad a Plaza Resignación como un efecto perturbador y traumático de la derrota social derivado por los consensos neoliberales y del continuismo de administraciones anteriores.

¿Dónde habita la responsabilidad, la culpa o la falta de disposición a reflexionar interpretando a Jaspers? Posiblemente, dichas derivadas radican en los puntos que no se han resueltos, a saber:

1. Una justicia y una reparación en la medida de lo posible. Tanto para los delitos bajo la dictadura cívico-militar como en el contexto de la revuelta popular. Como una reparación integral que se traduce en pensiones de gracias según ciertos requisitos y acreditaciones.

2. Una revisión de planes y programas, desde la socio educación a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en sus procedimientos y protocolos de actuación, trato y manejo con respeto y dignidad a la población civil. La normalización y naturalización de la violencia. Específicamente, administrada y aplicada bajo el concepto de “control de orden público”. Por ejemplo, sin cumplir la promesa de refundación a Carabineros de Chile y con la permanente certificación al general director.

3. El escaso debate de las memorias, tan enraizadas en el pasado como si fuera un tiempo inerte a modo de museo. Qué olvidamos que la historia y la impunidad han ido avanzando en tiempos y espacios. Una memoria certificada en el dolor, en el daño y la derrota que en las resistencias. Al mismo tiempo, sin financiamiento estatal y concursando a los mismos.

4. La lucha de las otrora organismos y organizaciones de Derechos Humanos y su campo de actuación reducido y estancado en el pasado, burocratizando su accionar y dando cumplimiento a la institucionalidad estatal. Diletante, sin acompañamiento a las luchas populares, ni contenidos, ni propuestas inclusivas.

5. Con una conmemoración de los 50 años restringida y líquida, sin debate de contenidos ni enseñanzas ni menos aprendizajes para seguir levantando un ethos nacional a futuro.

A partir de lo anterior, se confirma que la profunda crisis que detono en octubre del 2019, es la continuidad de la derrota de los Derechos Humanos: el negacionismo, la impunidad, la paquización social y la justicia militar han ido alineando y ganando terreno en una institucionalidad vacilante y sin legitimidad.

Los retos siguen coexistiendo cuando aún no se superan el trauma de las violaciones a los Derechos Humanos acontecidas durante los tiempos de la dictadura civil-militar. Y, uno de esos, es que los DDHH no sea palabra de discurso populista y etéreo sino un compromiso concreto y real de acción y con movilización.

*Fuente: ElQuintoPoder

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05 de mayo de 2024

*Fuente: LaTercera

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08 de abril de 2024

El reciente caso Hermosilla, el cual está destapando graves hechos de corrupción en Chile (1), y que involucra al abogado Luis Hermosilla con eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y nada menos que la Policía de Investigaciones (PDI), nuevamente pone en el centro de la discusión sobre la falta de una institucionalidad más sólida en lo que refiere a probidad y transparencia.

De ahí que este caso pueda verse no sólo como un escándalo más de una larga lista de episodios que nos debieran dar vergüenza como chilenas y chilenos, como se ve día a día con múltiples municipalidades, sino también como una oportunidad histórica de tomar medidas profundas y cambios estructurales que sirvan para dignificar el rol del Estado y las instituciones que lo sostienen.

Una de esas necesarias y urgentes reformas que se podrían realizar es que el Consejo para la Transparencia tenga rango constitucional, así como otros organismos autónomos como lo son el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Televisión, el Servicio Electoral, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, los cuales se han visto muy fortalecidos por ser parte de la carta fundamental.

En consecuencia, lo que se trata es que las atribuciones que tiene actualmente el Consejo para la Transparencia (2), como lo son el promover, fiscalizar y sancionar a los órganos del Estado en materia de publicidad, transparencia y acceso a la información (actos, fundamentos y procedimientos), así como el nombramiento de sus consejeros, sean parte de la constitución, y no sólo como parte de la ley N°20.285 existente en el país (3).

En el mismo sentido, que el Consejo para la Transparencia esté en la carta fundamental, sólo potencia lo que aparece en el artículo 8 de la actual constitución (4),que  obliga a que las funciones públicas se den en el marco de la probidad, entregando así una herramienta fiscalizadora y sancionadora potente, que lamentablemente aún ha costado que se dé a conocer su trabajo en la población en general, que desconoce su funcionamiento mayormente.

Asimismo, que el Consejo para la Transparencia tenga rango constitucional, permitirá que todas las comisiones y leyes que se han aprobado desde la vuelta a la democracia, en el marco de reformas políticas transversales por la probidad, tenga un órgano especializado mucho más fuerte en lo que respecta a rendición de cuentas por parte de las autoridades y de cumplimiento de una normativa que dé respuesta a una ciudadanía cansada, desconfiada y con un profundo malestar contra las instituciones en general.

Es en este último punto, el malestar social, que se vuelve primordial ver que la falta de transparencia y acceso a información pública solo lo profundiza y debilita la democracia, ya que da pie para que aparezcan sectores oportunistas, supuestamente iluminados y puros, que empiezan a hablar de casta política para solo disparar contra la institucionalidad, en vez de proponer reformas estructurales que se hagan cargo de verdad del problema.

Es cierto, a pesar de que la primera propuesta constitucional escrita en el 2022, no así la segunda del año pasado, estaba presente el Consejo para la Transparencia en el artículo 189 (5), tuvo un mal final en el resultado del plebiscito, pero no por eso vamos a dejar las cosas como están y negarnos a hacer reformas a la constitución vigente, que nos guste o no, es lo que tenemos y necesita cambios como este.

Por lo mismo, ya no estaremos en un momento constituyente en Chile, pero si en un momento que exige a las autoridades políticas a que crean en serio que la transparencia y el acceso a la información pública son un derecho humano que debe ser garantizado, tan importante como otros existentes, por lo que darle rango constitucional al Consejo para la Transparencia puede ser un nuevo comienzo para devolverle la confianza a los ciudadanos al Estado.

Por supuesto que esa confianza no será automática, una vez que el Consejo para la Transparencia sea parte de la constitución, pero es una señal firme y clara de que la corrupción no será aceptada nunca, a través de un órgano autónomo encargado específicamente de recibir denuncias de parte de chilenas y chilenos, que vean que se les están vulnerando sus derechos, teniendo el respaldo de una carta magna que debe ser reformada en esta materia.

Además, nadie podría poner en duda lo importante y positivo para el país que ha sido la creación del Consejo para la Transparencia, por lo que otorgarle más peso jurídico, atribuciones y más recursos se vuelve una obligación en estos momentos de descrédito de la institucionalidad, luego de distintos casos de corrupción existente.

Dicho todo lo anterior, esperemos que el poder ejecutivo y legislativo acuerden algo así tan importante para Chile, ad portas de una elección municipal y regional en el mes de octubre, que ponga a la transparencia como a la participación como sus principales banderas, para que la probidad sea una constante y se vuelva constumbre para todas y todos aquelllos que trabajamos en el sector público.

Notas:

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Hace muchos años que la sociedad chilena ha sido notificada de que las más altas autoridades de diversas instituciones del país están completamente corruptas. Prácticamente no se salva ninguna.

Desde aquellas, llamadas a impartir relatos morales como la Iglesia Católica, mostraron ser el reducto de sujetos de la más baja calaña que abusaron por años y de manera sostenida contra menores. No eran excepciones, sino la regla, pocos eran los probos.

La Iglesia Evangélica no escapa a esta decadencia, sus máximos exponentes descubiertos en conductas reñidas con la ética que profesaban, y con patrimonios enormes, que solo podían ser fruto del fraude y el engaño a miles de fieles.

El mundo castrense y policial tampoco se salva, está muy lejos de ser portador de una conducta irreprochable, al contrario, sus más altas autoridades han debido enfrentar y enfrentan hoy, a la justicia por delitos económicos cometidos durante el ejercicio de sus cargos.

En esa misma línea, se encuentra la policía civil del país, sus máximas autoridades descubiertas en prácticas delictivas abominables.

Los grandes empresarios coludidos para engañar y estafar a la ciudadanía en áreas sensibles para la población, como son la alimentación y los medicamentos. Ni hablar de una industria que ha lucrado con los derechos de las personas como son las isapres, que aún, después de un fallo de la Corte Suprema, persisten mediante triquiñuelas y con un no despreciable grupo de congresistas que les apoyan, sortear la ley.

Otros tantos han venido evadiendo y eludiendo las normas de manera sostenida para evitar pagar impuestos al fisco y continúan gozando de impunidad.

La casta política tampoco se salva. Son decenas de episodios en que personeros de la política se han visto envueltos. Casos emblemáticos referidos a financiamiento ilegal como el de SQM y Ponce Lerou, hasta el robo descarado de alcaldes y alcaldesas que usando recursos públicos se han enriquecido de manera totalmente ilícita y esto no se detiene.

Y a pesar del tiempo en que la corrupción se instaló en Chile, parece no haber reacción para revertir, o al menos detener esta lacra que se esparce contaminándolo todo. Por el contrario, la impunidad de la que gozan quienes cometen fechorías en el país, es el mejor aliciente para que la corrupción continúe.

Por eso, constituye un despropósito el libreto instalado desde el poder constituido que llama a confiar y a respetar a las instituciones del Estado.

Existe en los hechos un acuerdo entre los políticos, grandes empresarios y medios de comunicación por bajarle el perfil a lo sustantivo, y concentrarse más bien en lo accesorio y en cuestiones de segundo orden. Es la política del empate que tanto daño ha provocado al país y que coloca a Chile en la rodada al despeñadero de la inmundicia.

El caso emblemático de la corrupción es Luis Hermosilla. Se puede sostener que este caso puede superar en corrupción al caso Penta o SQM.

Impresiona que los medios de comunicación lo coloquen al mismo nivel de corrupción de las fundaciones o casos menores. Existe de manera evidente un interés, especialmente de la derecha, por empatar, de forma que al final todo quede en nada.

Sin embargo, el caso Hermosilla tiene múltiples aristas, comenzando porque impidió que la casta política glorificara a Sebastián Piñera. De nada sirvió que, en el sepelio, rindieran guardia de honor los militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Tampoco sirvió que, en el discurso fúnebre, Gabriel Boric intentara investirlo como un gran demócrata, respetuoso del ordenamiento jurídico. Siempre se supo, desde los tiempos en que fue senador y luego presidente de la república que usó información privilegiada para expandir sus negocios por lo que parte importante de su fortuna es completamente ilegitima.

La caída de Luis Hermosilla y sus vínculos con Chadwick, primo hermano de Piñera, abre la posibilidad de un camino para avanzar hacia el fin de la impunidad.

Para ello, lo que menos podemos hacer -los hombres y mujeres comunes- es confiar en las instituciones.

Hoy más que nunca se requiere desconfiar de todas y cada una de las instituciones que conforman lo que la oligarquía y los dueños del poder repiten por años, que las instituciones hay que cuidarlas independientes de que uno u otro cometa falta, pues son estas las que le dan continuidad a los países y Estados.

En el caso chileno se requiere ponerse firme y confrontar ese libreto instalado justamente por los que hoy están corruptos, pues llamarán a cuidar la institucionalidad.

Acabar con la impunidad debe ser la meta del pueblo chileno, así se estará dando el primer paso para acabar con la corrupción, y acto seguido, comenzar a acabar con la profunda desigualdad de nuestro país.

De lo contrario, confiar en lo decadente puede ser peor.

*Fuente: Politika

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MEMORIA

CORPORACIÓN BORGOÑO

DECLARACIÓN CORPORACIÓN MEMORIA BORGOÑO ANTE FORMALIZACIÓN DE SERGIO MUÑOZ

l. Consideramos que los hechos ocurridos en los últimos días, respecto al recientemente renunciado director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Sergio Muñoz Yáñez -imputado y formalizado por corrupción- no obstante consideramos de gravedad, responden a la cultura y práctica represiva de la dictadura, que esta institución heredó, conservó y que continúa reproduciendo.

2. No debemos olvidar que en 1990 la Central Nacional de Informaciones, CNI, traspasó los inmuebles del Cuartel Borgoño, centro de detención, tortura y exterminio, a la PDI, institución que hasta el día de hoy hace ocupación de estos. Cabe destacar que la PDI fue parte activa de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, destinando un número importante de sus funcionarios al servicio de la CNI. Como Corporación Memoria Borgoña llevamos años luchando por la recuperación del ex Cuartel Borgoño, para que sea entregado y convertido en un sitio de memoria abierto a todas y a todos.

3. Sergio Muñoz, al igual que su antecesor, usó su poder institucional en beneficio propio sirviendo además poderosos intereses económicos y políticos, siendo reflejo de una institución que no ha cambiado desde la dictadura, en la que existe corrupción en muchos de sus niveles y en la que no se respetan ni valoran los DD.HH., la memoria ni el patrimonio.

4. Recordamos con indignación, dolor e impunidad hechos deleznables en estas materias, llevados a cabo por la PDI durante los gobiernos post-dictatoriales, como la detención violenta, ilegal y arbitraria contra G.C.A., niña de 7 años, hija de Camilo Catrillanca; el homenaje institucional de la PDI al ex comisario Jorge Barraza Riveros, agente de la CNI y condenado por crímenes de lesa humanidad, durante su funeral en 2018; o las reiteradas querellas, denuncias y condenas contra funcionarios y funcionarias de la institución por su participación en violaciones a los DD.HH. cometidas contra la sociedad civil.

5. Si bien la creación de la Brigada de DD.HH. de la PDI contribuyó a la captura de importantes jerarcas y criminales, esta fue posteriormente desmantelada, y sus principales detectives alejados o destinados a tareas ordinarias; generando, por ejemplo, que en muchas causas de derechos humanos, los jueces deben apoyarse en la Brigada de Homicidios, dada la debilidad de la Brigada de DD.HH.

6. Por todo lo dicho, la crisis de esta institución es insostenible e innegable. Tanto la PDI, como Carabineros de Chile, y las Fuerzas Armadas, necesitan reformas estructurales y profundas.

7. Como Corporación Memoria Borgoño, exigimos procesamientos y condenas efectivas a los altos mandos, responsabilidad ineludible por parte del Estado. Asimismo, rechazamos que Sergio Muñoz quede detenido en la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI, en la comuna de Cerrillos; gozando impunemente, y una vez más, de los privilegios del poder.

¡Basta de corrupción e impunidad!

CORPORACIÓN MEMORIA BORGOÑO  Marzo 2024

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Crónica personal y aún tibia: El retorno al ex Cuartel Borgoño

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La intervención de Estados Unidos en los conflictos políticos, económicos y sociales alrededor del mundo, no es algo nuevo ni desconocido, tampoco lo es la invención de noticias e informaciones que les permitan actuar impunemente – tristes ejemplos son Siria e Irak – y aunque sus acciones han sido cuestionadas internacionalmente, puesto que ellas han dejado huellas indelebles para enteras poblaciones, estos ataques e invasiones nunca han recibido una sanción penal u otro tipo de castigo como el que recibió la Alemania nazi, cuyos jerarcas y represores son perseguidos hasta el día de hoy.

Pero lo asombroso, que ya no debería asombrarnos, es que a pesar de los cuestionamientos de la comunidad internacional y el daño y muerte que han ocasionado, no deja de sorprendernos la decisión de Estados Unidos, cuando el 4 de noviembre de 2023, en la Asamblea General de la ONU, su votó se opuso a la ¨Resolución contra la glorificación del nazismo¨, que es presentada desde 2005 y cada año por la Federación Rusa, la que expresa, entre otras cosas, la preocupación por el crecimiento y aumento de los grupos neonazis y por los tributos a personas que lucharon junto a la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Las razones de Estados Unidos y su voto adverso dan para otro artículo.

La actitud ¨negacionista¨ y ¨maquiavélica¨ del imperio del norte es abierta y clara, protegidos por una histórica impunidad, por un actuar sin consecuencias. Así ha sido su historia pasada, su presente apoyo a Ucrania y quién nos podría asegurar que no será así en el futuro. Ejemplos sobran, la bomba atómica contra Japón que lanzaron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945, las devastadoras acciones contra el pueblo de Vietnam, los años 60 y 70 en América Latina, instalando dictaduras militares que dejaron una huella de horror que jamás se olvidará, su incursión en los años siguientes en Afganistán, Panamá, Irak, y todo en nombre de una ¨libertad y democracia¨ de las que se han declarado unilateralmente los defensores universales.

En Chile, el año 1973, Estados Unidos financió el golpe de Estado, quebrando la democracia de un país que vivía pacíficamente nuevos procesos sociales y políticos, buscando mejorar las condiciones de vida de un pueblo pobre y oprimido durante siglos.

Las amenazas de lo que podría significar para sus intereses en el resto del continente la llegada de un Presidente como Salvador Allende, los obligó a no escatimar esfuerzos para derrocarlo, dejando truncos los grandes anhelos de justicia de todo un País. Han pasado 50 años y aún no encontramos 1093 detenidos y detenidas desaparecidas, tenemos miles de ejecutados y ejecutadas políticas, familias separadas por el exilio y muchos hombres y mujeres que caminan por las calles de Chile con las secuelas de las torturas que cometieron en nombre de la libertad. Esta es la verdad detrás de la intervención estadounidense en los asuntos internos de Chile. Incluso con la verdad frente a nuestros ojos, y miles de documentos desclasificados que confirman su brutal participación, no ha habido de parte de ellos ningún gesto, ni de pedir perdón ni de reparar el daño causado.

El genocidio tiene dos elementos principales.  Los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como total. Han de cometerse al menos uno de los cinco actos específicos para que tenga lugar la destrucción del grupo:  la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a su integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o el traslado por la fuerza de niños y niñas de un grupo a otro grupo. Convención para la  prevención y sanción de genocidio de Naciones Unidas)

Abiertamente Estados Unidos ha desafiado rotundamente estos conceptos a través de la historia, el mundo no puede olvidar el ataque a Japón en 1945, en Hiroshima vivían cerca de 350 mil personas ese fatídico 6 de agosto, los registros de ese año hablan que la bomba mató unas 140 mil personas, miles murieron después producto de las secuelas de la radiación de la bomba. Tres días después, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, matando instantáneamente a más de 75.000 personas. Japón se rindió seis días después, el 15 de agosto, poniendo fin a la agresión. Militarmente el ataque fue innecesario, Japón ya estaba vencido. Acorralado en su propio País, sin recursos era sólo cuestión de tiempo para que se rindiera. Se habría podido evitar la muerte de miles de civiles inocentes.

El negacionismo de Estados Unidos es un fenómeno que golpea la memoria de todas sus víctimas. Nunca han pedido perdón, nunca se han hecho responsables por la destrucción de ciudades completas, por las consecuencias económicas de esa destrucción, por los millones de muertos, huérfanos y desplazados. Por los países que de rodillas y sin recursos intentan ponerse de pie.

Y entonces qué podemos esperar? Seguiremos viviendo a merced de sus estrategias y decisiones? Seguiremos viviendo con miedo a volvernos uno de sus objetivos? Para aquellos que les gusta ver el vaso medio lleno, podrán esperar que la diplomacia y las organizaciones internacionales, finalmente se pongan los pantalones largos y tomen acciones que detengan la prepotencia e impunidad con la que actúa el imperialismo norteamericano, para quienes vemos el vaso medio vacío, sólo podemos esperar en que surja y se fortalezca la organización de los pueblos, se generen instancias autónomas de justicia, capaces de perseguir los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Estamos lejos, pero no vencidos.

*Fuentes:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

https://www.elindoamericano.cl/index.php/2024/01/05/estados-unidos-rechaza-resolucion-onu-contra-la-glorificacion-del-nazismo-y-esta-no-es-una-fake-news/

https://www.tiempoar.com.ar/mundo/las-excusas-del-imperio-y-sus-secuaces-para-avalar-la-glorificacion-del-nazismo/

 

Documental: Peter Kornbluh, en trabajo de décadas, desenmascaró la intervención de la CIA en Chile

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Declaración

En medio de la enorme tragedia que enfrentan miles de familias en la Región de Valparaíso; una de las más devastadoras de nuestra historia; que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, se confirma el fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, quien se encontraba de vacaciones en el Sur de Chile. A partir de este momento el foco de la noticia en Chile, se ha alejado rápidamente de los escombros humeantes para trasladarse a Santiago y a los homenajes y loas a la trayectoria del político.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia formó parte activa de la campaña que recaudó más de 10.000 firmas para que Piñera fuera investigado por la Corte Penal Internacional de La Haya, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido social, que significaron torturas, asesinatos, encarcelamiento, vejaciones sexuales y traumas oculares.
En octubre del 2023, reiteramos en una declaración pública: “Juicio y condena a Sebastián Piñera, el principal instigador de la violencia, que le declaró la guerra a su propio pueblo.”

Sebastián Piñera se fue antes de comparecer ante la justicia. Es lo único que se puede lamentar en el día de hoy.
Porque nuestra conciencia nos impide sumarnos al coro de condolencias e intentos de limpieza de imagen que ya están dándose a conocer.

Los familiares y las víctimas de la represión durante el estallido social no llorarán su partida.
Cientos de ojos no lloran su partida.

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Carmen Gloria Quintana realiza un llamado de reflexión tras fallo de la CS por el Caso Quemados: «Los militares aún ocultan la información de las violaciones a los DDHH»

De igual forma, se revocó la sentencia en la parte que absolvió al teniente a la época de los hechos, Pedro Fernández Dittus, condenándolo, en cambio, a la pena única de 20 años de presidio, en calidad de autor de ambos delitos.

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En este sentido, la psicóloga Carmen Gloria Quintana se refirió al fallo de la Corte Suprema y, pese a que manifestó sentirse aliviada por la sentencia, lamenta que haya llegado casi 38 años después.

«La Corte Suprema establece la verdad oficial y definitiva, que ya nadie puede desmentir y que quedara para la historia: dos jóvenes que luchaban por la democracia fueron quemados vivos por militares de la dictadura cívico militar de Pinochet»,

expresó en una declaración pública citada por CNN Chile

«Por un lado, estoy alegre de que se establezca la condena de los principales responsables de esta barbarie y me da tristeza por el hecho que han pasado 38 años para que se logre este fallo, 38 años después es demasiado tiempo, pues nada podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia, de una parte, el sufrimiento y la carga emocional de revivir el trauma en cada etapa del proceso judicial»,

añadió Quintana.

Al respecto, instó a las autoridades judiciales a acelerar las investigaciones y los juicios que se están en curso para esclarecer todos los hechos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, para así poder «construir una verdadera democracia» en el país.

De igual forma, alertó que

«los militares aún ocultan la información de las violaciones a los Derechos Humanos no solo a los tribunales, sino al Poder Ejecutivo y al Legislativo».

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«Impunidad brutal»

En su declaración pública, Carmen Gloria Quintana se refirió al proyecto de ley que, de aprobarse, podría dejar en libertad a los detenidos que se encuentran en Punta Peuco.

En concreto, el pasado martes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad a aquellos reos que sufran enfermedades terminales, menoscabo físico grave o hayan cumplido 70 años de edad, en el caso de los hombres, y 65 en las mujeres.

Al respecto, indicó que este proyecto podría servir como mecanismo para implementar una «impunidad brutal» contra aquellos que fueron acusados por delitos de lesa humanidad y de violaciones a los derechis humanos durante la dictadura.

«Me preocupa esta nueva ley (pseudo amnistía) que ya fue aprobada en el Senado, la cual permite a los delincuentes de más de 70 años reportar su pena a domicilio, si esto se llegara a aprobar, sería una nueva afronta, muy dolorosa para mí, mi familia y miles de víctimas de violaciones a los DD.HH., es un mecanismo que busca una ‘impunidad brutal’, por ejemplo, en mi caso la mayoría de los oficiales condenados es mayor de 65 años, o sea pagaran solo 5 años de cárcel por la muerte de Rodrigo y mis lesiones graves»,

sentenció

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*Fuente: ElCiudadano

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