Para llegar a Lo Marín de Caleu desde Til Til (Región Metropolitana) hay que recorrer 18 kilómetros de curvas. A diferencia de la mayoría de las calles de la zona, el camino hacia ese sector está asfaltado, lo que facilita el tránsito entre cerros y quillayes secos. La vía continúa zigzagueante hasta que se bifurca, y entonces hay dos opciones: seguir  ascendiendo por el camino principal o desviarse por el segundo –de apenas unos metros– que choca con la entrada de una casa. No es la de cualquier vecino. Aquella propiedad pertenece al ex presidente Ricardo Lagos Escobar, y justo al lado está la de su hijo y actual senador, Ricardo Lagos Weber (PPD).
Ambas están emplazadas en la zona rural de la comuna, donde conviven casas de veraneo –como la de ambos políticos– con las residencias de agricultores locales. Mientras el predio del otrora mandatario tiene un tamaño total de 5,85 hectáreas, el del parlamentario supera los 16 mil m2 (1,63 hectáreas).
CIPER confirmó en terreno y con documentación oficial que el domicilio de Lagos Weber no tiene permiso de edificación, que pese a las construcciones de ambas propiedades ninguna de los dos cuenta con el certificado de recepción final de obras y que, debido a que el uso de suelo de los terrenos está caratulado como agrícola, tampoco están sujetas al pago de impuestos.
El ex presidente Lagos lleva 29 años sin pagar las contribuciones que le corresponderían por sus casas en Caleu, mientras su hijo senador acumula otros 16 años en la misma situación. Se trata de las parcelas que se hicieron famosas a inicios de la década del 2000 por ser el lugar de descanso predilecto del entonces presidente Lagos.
La casa de Lagos padre está construida con muros de adobe y madera y cimientos de hormigón. Tras cruzar el portón de madera que está en la entrada, asoman jardineras y un amplio espacio utilizado como estacionamiento. La cara frontal de la propiedad es de color rosada y su patio de más de cinco hectáreas llega hasta el camino que pasa por detrás del predio. La construcción de Lagos Weber tiene una disposición similar a la de su papá, con una unidad central y dos alas laterales que hacen su casa más ancha que larga. En la parte trasera tiene un quincho y la vista apunta directamente hacia la quebrada que cruza el terreno, que hoy luce seca pero por la que alguna vez corrió agua.

Casa de Ricardo Lagos Escobar.

No es un caso excepcional entre las autoridades del país. Ya en 2017 CIPER reveló que un condominio de altos oficiales de Carabineros, incluido el entonces general director de la institución, Bruno Villalobos, estaba exento del pago de impuestos porque las construcciones no estaban regularizadas  (vea el reportaje “El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones”). Lo mismo ocurrió en 2019 cuando otro reportaje de El Dínamo mostró que el presidente Sebastián Piñera llevaba 30 años sin pagar contribuciones por su casa de veraneo en Caburgua.
Lo que atraviesa todos estos hechos es la nula fiscalización de los municipios y el Servicio de Impuestos Internos (SII) a las casas de veraneo de las autoridades. Gracias a investigaciones periodísticas se han revelado estas irregularidades, y recién después de publicados los reportajes la institucionalidad ha tomado cartas en el asunto (los carabineros tuvieron que regularizar sus propiedades y el presidente Piñera pagar una multa de 100 UTM). No fue distinto con las casas de la familia Lagos en Caleu: luego de que CIPER consultara en el SII por la situación tributaria de esas construcciones, el organismo encendió las alarmas y activó una fiscalización.
Mientras la casa del ex presidente no cuenta con documentación al día en la Municipalidad de Til Til –el último trámite lo hizo su esposa, Luisa Durán de la Fuente, cuando solicitó el permiso de edificación en junio de 2001–, su hijo el senador Lagos Weber inició el proceso de regularización ante la Dirección de Obras (DOM) recién en agosto de 2019. Lo hizo luego de que un reportaje evidenciara que el presidente Piñera no pagaba contribuciones por su casa en Caburgua.
El arquitecto contratado por Lagos Weber incluso tuvo una reunión por Ley de Lobby con el jefe de la DOM de Til Til, Alejandro Lara, para hacer una “consulta por regularización de propiedad en Caleu”, según quedó consignado oficialmente.

LAS IRREGULARIDADES DEL EX PRESIDENTE

Ricardo Lagos Escobar compró los terrenos “La Casa”, “Lo Cristóbal” y “La Quebrada”, ubicados en Lo Marín de Caleu, el 3 de julio de 1991. Lo hizo junto a su cuñado Roberto Durán de la Fuente y su amigo Olayo Sandoval Orellana. Según la escritura del Conservador de Bienes Raíces revisada por CIPER, la operación costó $6 millones y definió que el 60% de los predios pertenecerían a Lagos Escobar, mientras que el 40% restante se lo repartirían en partes iguales Durán y Sandoval.
La esposa del ex presidente, Luisa Durán de la Fuente, se hizo con el 20% de la propiedad tras comprar la parte de su hermano Roberto el 18 de agosto de 2000, cuando despuntaba el primer año del gobierno de Lagos.
Menos de un año después, la entonces primera dama realizó el primer trámite para regularizar las construcciones emplazadas en la parcela, e ingresó una solicitud de permiso de edificación el 8 de junio de 2001 (vea una copia de ese documento aquí). En la boleta emitida por la Municipalidad de Til Til, que dio el visto buena a aquella solicitud, se aprecia que el permiso contempló la construcción de una casa-habitación y dos cabañas (vea una copia de ese documento aquí). Allí se consigna que la casa principal tiene 157,94 m2 construidos, mientras los planos del terreno indican que las cabañas tienen una superficie de 63,31 m2 y 35, 61 m2, respectivamente. El terreno: 5,85 hectáreas. El permiso de edificación –que en rigor autorizó construcciones ya edificadas–  fue concedido en diciembre de 2001, por el precio de $392.392.
La DOM de Til Til indicó a CIPER que dicho permiso es el único trámite realizado por los dueños del inmueble (vea la respuesta enviada por la DOM). Después de conceder el permiso de edificación, el municipio nunca recibió una solicitud por la recepción final de la obra, que es el último paso para regularizar la construcción. Dicho documento tampoco existe en el expediente de la propiedad que conserva la DOM y que CIPER revisó. En otras palabras, la casa y las dos cabañas construidas en el terreno no cuentan con la habilitación ni aprobación del municipio, ya que todavía estarían en proceso de edificación.

Ricardo Lagos Escobar

Se trata de una situación que raya en lo absurdo: el municipio sabe que las obras concluyeron hace casi veinte años, pero es el propietario del inmueble el responsable de acercase a la DOM para regularizar las construcciones “de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales” que pretenda edificar en su terreno, tal como indica el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). El artículo 144 del mismo cuerpo legal refuerza este punto al señalar que una vez finalizada la obra, “el  propietario y el arquitecto” deberán acudir al municipio y “solicitarán su recepción definitiva”.
“Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total”, agrega el artículo 145. En caso de incumplimiento, la ley establece que podrá sancionarse “con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción” e incluso con “el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el  Alcalde, a petición del Director de obras Municipales”. El problema es que la LGUC no establece un plazo máximo para que el propietario del inmueble tramite la recepción final de obra, mientras la DOM de Til Til alude a su poca capacidad de fiscalización para explicar por qué no han visitado al terreno de Lagos para regularizar sus construcciones, aún cuando es el ex presidente quien debería acudir a ellos.
Luego de que en abril de 2019 estallara el escándalo por el no pago de contribuciones del presidente Piñera, parlamentarios del PS presentaron un proyecto de ley que busca establecer un plazo para que se solicite la recepción definitiva de las obras y fijar sanciones en caso de que ese trámite no se haga. El problema es que ese proyecto lleva durmiendo casi un año en la Cámara de Diputados.
La desidia de las autoridades para cumplir con la ley, y la nula fiscalización de los organismos encargados, lleva a otro problema mayor: sin la recepción final de obra, no sólo es el municipio quien no se “entera” que dichas construcciones concluyeron, pues el SII tampoco puede realizar un reavalúo que se condiga con el nuevo estado del terreno, lo que permitiría que se cobraran los impuestos correspondientes.
Como la parcela de Lagos tiene un uso de suelo agrícola en los registros del SII, su propietario nunca ha tenido que pagar contribuciones. Así lo demuestran los certificados de antecedentes de sus propiedades.
¿Corresponde que el terreno del ex mandatario sea considerado agrícola? La Ley sobre Impuesto Territorial indica en su primer artículo que esta denominación “comprenderá todo predio, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante”. No es el caso del terreno de Lagos Escobar y Luisa Durán, pues allí no hay plantaciones y el uso que se le da al predio es vacacional. De hecho en uno de los documentos que contiene el expediente de la parcela, el arquitecto a cargo de normar las construcciones señala que se dirigió a la DOM de Til Til para la “regularización (de) vivienda existente” y detalla en dos ocasiones que el “destino principal” del inmueble es de “vivienda”, no agrícola.
Consultado por qué las propiedades de Lagos Escobar no están sujetas al pago de contribuciones y están inscritas con uso de suelo agrícola, el SII respondió a CIPER que dichos predios “se encuentran emplazadas en el área de interés silvoagropecuario definido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), según el cual se puede construir una vivienda por predio, además de la destinada para el cuidador. Es decir, a pesar de tener edificaciones, lo roles pueden pertenecer a la serie agrícola”.
Sin embargo, y tal como indica la repuesta del órgano fiscalizador, el PRMS establece que en los suelos agrícolas pueden construirse como máximo dos propiedades, la “patronal” y la de sus cuidadores. Al tener una casa-habitación y dos cabañas, la parcela de Lagos también contravendría esta norma.

LAGOS WEBER Y LA ALARMA DE PIÑERA

La situación del senador Ricardo Lagos Weber es más irregular que la de su padre, pues en su caso ni siquiera está aprobada la solicitud del permiso de edificación.
El senador compró la propiedad “Los Nogales” de Lo Marín de Caleu el 25 de abril de 2003, tras pagar $10.886.442 a su antigua dueña. El terreno tiene un total de 16.343 metros cuadrados, es decir, poco más de 1,6 hectáreas.
Pasaron 16 años hasta que Lagos Weber inició la regularización ante la DOM de Til Til. Fue a mediados de 2019 cuando contrató los servicios de arquitectos para llevar adelante este proceso. Uno de los profesionales se reunió con el director de la DOM, Alejando Lara, el 21 de agosto de 2019 para hacer una “consulta por regularización de propiedad en Caleu”.

Casa de Ricardo Lagos Weber.

La urgencia que tenía el senador por normalizar su situación se debía a que la prensa había revelado que el presidente Piñera tampoco pagaba contribuciones por su casa de veraneo. Y aunque el parlamentario intentó evitar un escándalo público por la irregularidad en la que se encuentra su casa de descanso, no perseveró en el intento.
La solicitud de permiso de edificación de Lagos Weber fue presentada el 20 de diciembre de 2019 (véala aquí). Firmado por el propio senador, el documento que buscó inscribir una “obra nueva” no fue admitido por el municipio “por no cumplir con la normativa vigente” y por la “falta de documentación mínima para el ingreso del expediente” (vea el detalle aquí). No obstante, la objeción más relevante fue que “la edificación solicitada ya está construida, por lo cual se aplicarán las multas establecidas por el Art. 133 de la LGUC”.
Dicho apartado es taxativo en castigar aquellas “construcciones que se ejecutaren sin el previo permiso de construcción”, estipulando que “pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que correspondiere pagar al momento en que el interesado solicitare regularizar su situación”. En el caso de Lagos Escobar no hay rastro del cobro de aquella multa.
El oficio entregado por la DOM de Til Til a CIPER consigna que desde que se formularon los reparos a la solicitud de Lagos Weber, el 9 de enero de 2020, “a la fecha aún no han sido subsanadas dichas observaciones por el señor arquitecto” y, por lo tanto, no han avanzado en la regularización de la propiedad.
Al igual que los terrenos de su padre, la parcela “Los Nogales” del senador tiene un uso de suelo agrícola en el SII y también está exenta del pago de contribuciones. Y tal como ocurre con el ex presidente, tampoco se aprecian plantaciones u otras actividades que definan “la producción agropecuaria o forestal” como el principal destino del predio, como exige la ley.
Respecto a la regularización de las construcciones, el SII indicó a CIPER que “el proceso normal de actualización de información en el SII se inicia con el trámite de Recepción Final que el contribuyente realiza ante la Municipalidad correspondiente“, y que en los casos de Lagos Weber y Lagos Escobar, “no registramos en nuestro sistema de Control de Gestión ninguna solicitud que permitiera generar acciones de tratamiento“.

Senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

Luego de ponerse al tanto de estas irregularidades debido a las consultas de CIPER, la institución fiscalizadora indicó que se puso en contacto con la Municipalidad de Til Til y le consultó por los procesos de regularización de ambos propietarios, obteniendo como resultado que el senador está tramitando la normalización de su vivienda y que al finalizar estas diligencias “dará curso a la actualización en el SII, con la retroactividad que corresponda, de acuerdo a la ley y la antigüedad de la propiedad“.
“Para los otros roles, como no se registra Recepción Final ni solicitudes pendientes, notificamos al propietario registrado en nuestros sistemas para informarle de la pronta visita de fiscalizadores tasadores para revisar en terreno la situación de sus predios“, agregó en el caso del ex presidente.

LOS LAGOS RECONOCEN LA FALTA

Consultado por CIPER el ex presidente Ricardo Lagos asumió el error:
– En 1991 compramos una parcela de agrado de 6 hectáreas en Caleu, junto a dos familias amigas. Inicié la construcción de una casa y efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación. En 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente.
Lo mismo hizo su hijo el senador Ricardo Lagos Weber:
– He cometido una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento. Estoy en falta en esta materia. El terreno lo adquirí el año 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas. En mis declaraciones de patrimonio he sido transparente respecto de la construcción de la casa. En las declaraciones de patrimonio pertinentes he declarado la existencia del terreno primero y luego se agregó la construcción de la casa. El terreno está exento del pago de contribuciones. Una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan.
CIPER le consultó al senador Lagos Weber si su decisión de regularizar su casa tuvo relación con la denuncia pública que enfrentó el presidente Piñera luego de que se conociera que no pagaba contribuciones por su casa en Caburgua, lo que f7ue reconocido por el parlamentario.
– No tengo claro si es la misma situación. Efectivamente a partir de lo que ocurrió con el Presidente Piñera y otros casos retomé la realización de estos trámites y el letargo fue un error de mi parte. En ningún caso debí haber dejado abandonado o minimizado el tema de la regularización.
*Fuente: CIPERChile

$4.139 MILLONES EN LA OSCURIDAD

Para graficar el volumen del “perdonazo” que evitó el desfile ante la justicia penal de prominentes empresarios y ejecutivos, funcionarios del SII señalaron a CIPER que hasta el año 2017 se presentaron poco más de 40 procedimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) contra empresas y personas naturales, en los que se aplicaron solo “sanciones pecuniarias”. También dijeron que en otra veintena de casos, donde no se acreditó dolo en el incumplimiento tributario, solo se cobraron los impuestos adeudados, con reajustes e intereses. Así funcionó el by pass que evitó manchar los antecedentes judiciales de los involucrados.

Según las cuentas oficiales del SII, hasta abril de 2017 el “perjuicio fiscal” por financiamiento político ilegal se empinaba por sobre los $11.650 millones. De ese monto, $4.139 millones correspondían a contribuyentes que nunca fueron denunciados a la justicia penal y a los que solo se les aplicaron sanciones pecuniarias.

En julio de 2017, La Tercera informó que los TTA aplicaron multas por un total de $1.235 millones a las empresas involucradas en pagos irregulares a políticos. La misma nota indicó que el perjuicio fiscal  calculado por el SII a raíz de estas operaciones ilegales sumó $841 millones.

La más alta de las multas aplicadas por los Tribunales Tributarios correspondió precisamente al Grupo Angelini: $929 millones ($351 millones por Celulosa Arauco y $578 millones por Copec). En el proceso, el perjuicio fiscal provocado por el holding fue calculado en $227 millones.

-Eso daba para abrir una causa penal y así lo pensaban y lo siguen pensando los funcionarios de Impuestos Internos que conocieron esas rectificaciones -dijo a CIPER un experto tributario que conoce en detalle cómo se manejó el tema en el SII.

Otras multas impuestas por los TTA fueron para el BCI ($141 millones), que puso dinero en la campaña de Laurence Golborne; Watt’s ($2 millones), que pagó facturas falsas presentadas por el empresario Tomás Carrasco, también para apoyar a Golborne; Ripley ($15,7 millones), por aportes a la campaña de Michelle Bachelet; Banco Itaú ($3,7 millones); Ecomac ($19,8 millones); Desarrollos y Servicios Melipilla, sociedad relacionada con empresas Ariztía ($12,4 millones) y la sociedad IBMC ($13,4 millones), propiedad de Jorge Bussenius, administrador electoral de la senadora Ena von Baer.

La última palada para enterrar los antecedentes penales que acreditan cómo estas empresas burlaron las normas tributarias para encubrir aportes a políticos, tuvo lugar el miércoles 22 de agosto de 2018. Ese día la Fiscalía Metropolitana Oriente informó en una breve nota de prensa en su página web, su decisión de “archivar provisionalmente los hechos correspondientes a las causas por delitos tributarios donde a la fecha no ha existido querella del Servicio de Impuestos Internos”. En otras palabras, a pesar de las pruebas que las incriminan, las empresas que no fueron querelladas ni denunciadas por el SII libraron de enfrentar a la justicia penal.

En la práctica, y a pesar de los extensos antecedentes sobre el rol que jugaron estas empresas, el Ministerio Público está amarrado de manos para perseguirlas. Así lo explicó la propia Fiscalía en su escueto comunicado: “Ante la inexistencia de dicha acción judicial (del SII), que es requisito en materia de delitos tributarios, el Ministerio Público no puede proseguir con la acción penal”.

Para ejemplificar la gravedad de la información que fue archivada, la misma nota de la Fiscalía citó dos casos: “Dentro de estos hechos se encuentran los antecedentes respecto a aportes de empresas como Ripley a la campaña de Michelle Bachelet y la indagatoria respecto a aportes de empresas a la campaña de Laurence Golborne”.

CIPER pidió a la Fiscalía Metropolitana Oriente –mediante una solicitud de acceso a información pública– el detalle de los antecedentes archivados. La respuesta fue negativa. El argumento: esta es una investigación “que se encuentra terminada y conforme lo establece el artículo 182 del Código Procesal Penal, las actuaciones en ella realizadas son secretas para los terceros ajenos a la investigación”.

APARECE MARTELLI

En la víspera del fin de semana largo por el Día del Trabajador de 2015, en el SII ya sumaban varias jornadas analizando la contabilidad de SQM. Solo algunas semanas antes la opinión pública había conocido la decisión de la Fiscalía de poner proa hacía la minera controlada por Julio Ponce Lerou. A esas alturas se sabía, también, que SQM había repartido dinero a prácticamente todo el arco político. Pero su contabilidad guardaba todavía un secreto explosivo: la empresa de Ponce Lerou había financiado la precampaña de Bachelet.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), operaba soterradamente sobre el jefe del SII, Michel Jorrat, para evitar que la información se hiciera pública y se sumara a los efectos del Caso Caval, que en febrero había golpeado a la mandataria, desplomando dramáticamente su popularidad. Las reservadas y frenéticas gestiones de Peñailillo y del ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), se conocerían recién el 8 de mayo de ese año, cuando CIPER reveló las presiones que ambos ejercían sobre la dirección de Impuestos Internos (vea ese reportaje).

Sin saber que sus jefes caminaban esquivando lava, en esa última semana de abril de 2015 varios profesionales del SII analizaban las cuentas de SQM en busca de indicios de evasión asociada a financiamiento político. Ahí se toparon con los dineros que la minera pagó a Asesorías y Negocios (AyN), sociedad constituida por Giorgio Martelli que –como se supo casi un mes después–­ había oficiado de caja pagadora de la precampaña de la presidenta. Pero, en ese momento nada de aquello se sabía.

En un trámite  rutinario, los funcionarios buscaron otras facturas sospechosas emitidas por AyN. Una de  ellas había sido extendida a Copec, empresa emblemática del Grupo Angelini. Como lo dicta el protocolo interno, citaron a los responsables de la contabilidad de Copec, para que explicaran qué servicio se le pagó a AyN con esa factura. Pero esa reunión nunca se concretó. Al regreso del feriado largo, la jefatura del SII hizo saber que no sería esa la forma en que se trataría el tema. Las alarmas habían saltado en el Grupo Angelini y un entramado con mucho más peso que el de los fiscalizadores de Impuestos Internos entró en acción.

Poco después, revisando la prensa, los funcionarios del SII comprendieron que habían dado con una hebra que conectaba al Grupo Angelini con el corazón de las finanzas del bacheletismo.

Meses antes, a inicios de 2015, ya había comenzado a operar el lobby para que el SII no facilitara a la Fiscalía la contabilidad de SQM y dejara de colaborar con las pesquisas penales. La tesis la presentaba en público el ex director del SII, Ricardo Escobar, quien argumentaba que los montos de las boletas eran muy bajos, que los impuestos no pagados eran una minucia y debían cobrarse por la vía administrativa, solo con multas. En síntesis, no se justificaba que el SII usara el costoso aparataje que requería la vía penal. Escobar hacía estas declaraciones sin revelar su conflicto de interés: es socio del abogado Jorge Bofill, defensor del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

Otro abogado que planteaba la tesis de la “vía administrativa” era Samuel Donoso, entonces militante del PPD, quien el 9 de enero de 2015 se presentó ante la plana mayor del SII como asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en una reunión en el Ministerio de Hacienda. Allí, Donoso conminó al director del SII, Michel Jorrat, a desestimar la persecución penal de SQM, sin advertirle que él era defensor del gerente general de la misma minera, Patricio Contesse.

-Es cierto que la mayoría de las boletas eran por montos relativamente chicos y que Impuestos Internos usa la vía administrativa por cifras así. Pero no era el caso de SQM, porque, por la gran cantidad de boletas sin respaldo, el global era alto. Ahí sí se justificaba la persecución penal. Lo mismo que con Endesa y el Grupo Angelini. Por eso, Jorrat y Cristián Vargas (entonces subdirector jurídico del SII) le dieron el vamos a la denuncia de SQM -recuerda un experto tributario que participó en las gestiones que se hicieron en Impuestos Internos.

El mismo profesional dijo a CIPER que la tesis de Escobar hacía ruido entre los funcionarios del SII, pues muchos pensaban que, efectivamente, por tratarse de boletas de montos bajos, no era necesario ir a tribunales. Y recuerda que, por lo mismo, hubo voces que sugirieron enviar a la Fiscalía los antecedentes solo de las empresas que tenían un gran volumen de boletas y facturas comprometidas, con una cifra final que superara los $100 millones de perjuicio fiscal. Eso permitía sortear la crítica de Escobar. Los registros contables del Grupo Angelini, y luego los de Endesa, cuadraban perfectamente con esos requisitos. Pero esa sugerencia murió el mismo día en que Michel Jorrat cayó de la jefatura del SII.

El 18 de mayo de 2015, apenas tres semanas después del bloqueo al interior del SII a la revisión de la contabilidad del Grupo Angelini, Jorrat fue destituido. Su caída se produjo poco después de las salidas de los ministros Peñailillo y Arenas, quienes abandonaron el gabinete precisamente después de que CIPER diera a conocer las presiones que habían ejercido para torpedear las investigaciones de las platas políticas.

Tres meses después, en agosto de 2015, la dirección del SII la asumió Fernando Barraza. La subdirección jurídica quedó en manos de Bernardo Lara. Con esa dupla, al interior del SII se instaló un predicamento que los funcionarios tendrían que replicar en los próximos tres años, cada vez que el Ministerio Público los presionaba para que presentaran nuevas querellas: “Seguimos solo con lo que ya está hecho”. Eso significó que en la vía penal solo continuarían los dos casos que habían abierto Jorrat y Vargas: SQM y Penta. El resto de los financistas de políticos quedó a salvo. Para ellos se abrió la “vía administrativa” de las rectificaciones, las multas y el pago de los impuestos adeudados.

El GENEROSO GRUPO ANGELINI

A lo largo de 2015 cinco empresas del Grupo Angelini presentaron rectificaciones tributarias: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (que estuvo en manos del holding hasta junio de 2013). Revista Qué Pasa publicó que Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca lo hizo por $260 millones. Los antecedentes recopilados por CIPER indican que otros $370 millones fueron rectificados por Siemel y $120 millones por Cruz del Sur. Más de $2.250 millones en total.

La cifra ubica al Grupo Angelini como el que más dinero ilegal proporcionó a políticos, después de SQM. No obstante, solo su empresa Corpesca enfrenta una investigación judicial en la que el ex senador Jaime Orpis (UDI) está acusado de cohecho por haber recibido $233 millones de esa pesquera entre 2009 y 2013.

La información recogida por CIPER estableció que los aportes del Grupo Angelini se distribuyeron entre casi todos los sectores políticos. En una rectificación ante el SII realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del grupo- figuran pagos a una sociedad que integra al ex senador y actual ministro Alberto Espina (RN), a otra relacionada con la cónyuge (Cristina Orellana) del diputado Gabriel Silber (DC); a un asesor del senador Felipe Harboe(PPD), a varios dirigentes del PRI, a personas que hicieron boletas por encargo de la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso; y a una sociedad de Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle en 2009.

El Grupo Angelini hizo pagos por un total de $52 millones a Asesorías e Inversiones Arrieta, del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien fue asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y también de su esposa, Katia Trusich, cuando era subsecretaria de Economía. Corpesca entregó $12 millones a la sociedad del abogado, mientras que Copec y Arauco le pagaron $20 millones cada una. Los montos estuvieron bajo investigación de la Fiscalía, pero la pesquisa no pudo avanzar porque el SII no presentó denuncia.

Arauco, además, rectificó $30 millones que había pagado en 2012 a Cristián Warner Comunicaciones, sociedad del estrecho asesor del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami.

El contador general de Copec, Ricardo Vargas, declaró ante la Fiscalía que esa empresa corrigió los pagos que hizo a la Consultora C2P, propiedad del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi. Un reportaje de La Tercera cifró los pagos de Copec a C2P en $50 millones. Otro artículo del mismo diario indicó que Copec también rectificó $150 millones que canceló entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), una sociedad creada por Renovación Nacional.

En las rectificaciones presentadas por Siemel figuran pagos a dos sociedades vinculadas al actual ministro de Defensa, Alberto Espina: $68,2 millones cancelados entre 2010 y 2013 al estudio jurídico Zepeda & Compañía, del que Espina fue socio hasta julio de 2013; y $18,7 millones pagados en 2014 al bufete Cisternas & Compañía, sociedad a la que Espina ingresó a fines de 2013. Este último estudio jurídico es controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo, vicepresidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional e hijo del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.

El ministro Cisternas, actual vocero de la Corte Suprema, fue uno de los tres supremos que ratificaron el sobreseimiento del senador Patricio Walker (DC) por el financiamiento político ilegal facilitado por empresas pesqueras de Aysén. Ese dictamen, que impidió al Ministerio Público investigar los hechos, fue calificado como “impunidad” en el voto de minoría redactado por el ministro Milton Juica y firmado también por el magistrado Jorge Dahm.

Las rectificaciones de Siemel incluyeron además pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien era encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI). En las correcciones tributarias también figuran dirigentes del PRI: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones, y Eduardo Salas Cerda, con el mismo monto. El financiamiento ilegal del Grupo Angelini al PRI no fue proporcionado solo por Siemel, Copec y Arauco también le giraron un total de $48,5 millones a Marcelo Peñaloza, yerno del ex presidente del PRI, Humberto de la Maza. Peñaloza, en su declaración, admitió que sus boletas eran falsas.

Copec, Arauco y Cruz del Sur, son las empresas del holding que hicieron aportes a la campaña de Bachelet a través de pagos irregulares destinados a la sociedad creada por Giorgio Martelli: Asesorías y Negocios. Martelli declaró a los fiscales que el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, hizo los contactos con el Grupo Angelini:

“(Rosenblut) me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Jorge Rosenblut ratificó lo aseverado por Martelli cuando declaró ante los fiscales:

“Aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli”.

LOS APORTES DE ENDESA

Endesa es otro gigante del mercado local que quedó a salvo de la persecución penal. Y en esta arista Jorge Rosenblut también tuvo un rol estelar para tender los puentes entre esa empresa y las campañas de la centroizquierda.

A fines de 2014, Jorge Rosenblut (histórico militante del ala más liberal del PPD) alcanzó la cúspide de su carrera al ocupar uno de los puestos más relevantes del mundo corporativo: presidente del Grupo Enersis (hoy Enel). Pero solo permaneció siete meses en ese cargo, transformándose en el ejecutivo que menos tiempo ha ejercido el liderazgo del holding energético que agrupaba a Enersis, Endesa y Chilectra (al menos desde 1990). En junio de 2015, Rosenblut fue relevado de su puesto por los directivos de la matriz italiana del conglomerado, precisamente por sus vínculos con el financiamiento ilegal de las campañas de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013).

Rosenblut había presidido Endesa justamente entre 2009 y 2014. El mismo periodo en que esa empresa entregó el dinero ilegal a la política investigado por la Fiscalía, pero que el SII nunca denunció, por lo que la empresa zafó con simples rectificaciones de sus declaraciones tributarias.

Para los italianos, empeñados en esos días en la reorganización corporativa de Enersis, Rosenblut se convirtió en un escollo. Tres meses después de la salida del ejecutivo, en septiembre de 2015, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España pidió al sistema penal chileno que le reportara posibles aportes de Endesa a Personas Políticamente Expuestas (PEP). Una solicitud enmarcada en una indagatoria por posible cohecho internacional. La investigación quedó a cargo de la fiscal Ximena Chong, quien inmediatamente puso bajo la lupa una rectificación tributaria hecha por Endesa ante el SII en junio de 2015, el mismo mes en que Rosenblut dejó la presidencia del grupo.

La rectificación de Endesa consignó pagos que se hicieron a una sociedad del recaudador de la campaña de Bachelet en 2013, Giorgio Martelli, y a quien cumplió el mismo rol de tesorería en la campaña de Frei de 2009, Pedro Yaconi. En total, esos pagos sumaron $276 millones. Endesa también envió un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) en el que detalló los pagos que había hecho a Personas Políticamente Expuestas entre 2012 y 2013: un monto global de $549 millones (de ellos, $216 millones eran desembolsos para algunos de sus proveedores que aparecían vinculados a campañas políticas).

En enero de 2017, La Tercera dio cuenta de un informe interno del SII que fue enviado a la fiscal Chong. Allí se informa de 25 pagos hechos por Endesa a tres proveedores cuya prestación de servicios no se pudo acreditar: la sociedad C2P Consultores, de Pedro Yaconi; Asesoría e Inversiones IPEWA, del ex senador Ignacio Pérez Walker (RN), y Martelli y Asociados, de Giorgio Martelli. El informe concluyó que el perjuicio fiscal asociado a estos pagos sumaba $128 millones.

AGUAS TURBULENTAS

La sanitaria Aguas Andinas también hizo dos rectificaciones en 2015. La autoridad tributaria desestimó presentar denuncias o querellas ante la Fiscalía contra la empresa, a pesar del alto volumen de transacciones que corrigió. Una investigación de CIPER que revisó la contabilidad de Aguas Andinas, publicada en enero de 2016 (vea aquí ese reportaje), reveló que al menos 30 receptores de pagos hechos por la sanitaria entre 2009 y 2014 tenían vínculos directos con políticos.

Además, en las cuentas de la sanitaria del mismo periodo aparecen desembolsos por un total de $422 millones para centros de estudios relacionados con partidos y dirigentes de casi todo el arco político: Libertad y Desarrollo (UDI, con $72 millones); Fundación Jaime Guzmán(UDI, con $52,3 millones); Instituto Libertad (RN, $117,6 millones); Cegades (DC, $75,6 millones); Centro de Estudios para el Desarrollo (DC, $4,2 millones); Chile 21 ($34,5 millones) y Proyectamérica (plataforma relacionada con Ricardo Lagos que operó hasta 2013, con $66,3 millones).

Entre los receptores de los pagos hechos por Aguas Andinas figuran tres sociedades de Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y uno de los recaudadores de su campaña en 2009 (recibió $430 millones de la sanitaria); la sociedad Asesorías e Inversiones LB, del ex ministro Pablo Longueira ($27 millones); la empresa Vox Comunicaciones, querellada por el SII en el Caso Penta por triangular dineros ilegales para la campaña presidencial del ex ministro Laurence Golborne ($53,5 millones); la Corporación de Asuntos Públicos (ligada a la UDI, $43 millones) y la empresa Soluciones en Gestión Ambiental, del socialista Jaime Solari ($394 millones).

En sus rectificaciones, Aguas Andinas también incorporó $76 millones pagados a Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ese dinero se giró cuando ambos eran ejecutivos de Chilevisión y ese canal era controlado por Sebastián Piñera. Conca y De Aguirre emitieron esas facturas a pedido de Santiago Valdés, administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009 y ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, una de las sociedades matrices del actual mandatario.

Aunque las boletas y facturas falsas de Aguas Andinas no fueron perseguidas penalmente, varios de los que recibieron dineros de la sanitaria aún siguen involucrados en los dos casos que el SII sí llevó a tribunales: SQM y Penta. En la investigación del Grupo Penta, por ejemplo, figuran Santiago Valdés (recientemente sobreseído) y Laurence Golborne. Y en el proceso de SQM también aparece otro nombre emblemático que recibió dineros de Aguas Andinas: Pablo Longueira. El ex senador y ex ministro, histórico líder de la UDI, enfrentará en juicio oral la acusación por cohecho que le formuló el fiscal Pablo Gómez, quien lo acusó de haberse coordinado con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, para incorporar indicaciones en la Ley de Royalty que favorecieron a esa empresa minera (vea el reportaje de CIPER que reveló esa trama).

Con los casos Penta y SQM en su recta final, las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política terminarán cerrándose con el triunfo del lobby que alineó a todos los sectores para asegurar la impunidad de Endesa, Aguas Andinas y el Grupo Angelini. Solo este último holding tiene pendiente en tribunales la causa por los recursos que su empresa Corpescaentregó a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis. Los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong han pedido una pena de 21 años para Orpis, por haber recibido más de $233 millones en aportes de la pesquera entre 2009 y 2013.

Respecto de Endesa y de Aguas Andinas, así como del resto de las empresas del Grupo Angelini, tal como lo intuyeron los funcionarios del SII en los primeros días de mayo de 2015, el verdadero impacto de su intervención ilegal en las campañas políticas seguirá oculto para los ciudadanos. Permanecerá a buen recaudo en los registros reservados de Impuestos Internos y lejos de los tribunales de justicia.