La Subcomisión de Reglamento de la Convención Constitucional acaba de rechazar la propuesta de algunos de sus miembros que sugería rebajar a 4/7 el quorum para la adopción de los acuerdos de ese organismo y establecer el mecanismo de plebiscitos dirimentes en caso de que no se alcanzase el quorum requerido. Los representantes del FA y de los partidos del duopolio se opusieron a dicha propuesta y ratificaron la regla de los 2/3 para la redacción de la nueva Constitución. En el caso de aquellos que posan de «progresistas» uno de sus principales argumentos ha sido que dicha norma de quorum supramayoritario operaría en la Convención de modo distinto a como lo hace en el Parlamento en el marco de la actual constitución porque ahora se estaría ante una “hoja en blanco”. ¿Tiene algún asidero real este argumento?

Veámoslo con un ejemplo. La actual Constitución resguarda en calidad de «derecho» la ominosa privatización de las aguas llevada a cabo por la dictadura y si se quiere eliminar esa norma y reemplazarla por otra que restablezca y resguarde su condición de bien nacional de uso público requeriría para ello contar con el voto favorable de los dos tercios del parlamento. Es decir, solo un tercio bastaría para imposibilitar ese cambio. Pero lo mismo ocurre si en lugar de modificar una norma se trata de establecerla sobre una «hoja en blanco», solo que esta vez no continúa rigiendo una preexistente sino que el tema en cuestión quedaría fuera de la Constitución y pasaría a ser materia de ley, para cuya aprobación bastaría una mayoría simple.

Sin embargo esto último es algo que también ha sido controvertido por los sectores de la derecha dura quienes sostienen que lo que ocurriría en tal caso es que continuaría rigiendo la Constitución de Pinochet. Es decir, ellos cuestionan la propia idea de la «hoja en blanco» y lo más probable es que continúen haciéndolo hacia el futuro. Pero lo que en una y otra interpretación se pasa completamente por alto es algo mucho más importante y sustantivo que una mera regla de carácter procedimental: es el principio mismo que sirve de fundamento a todo sistema político que se presuma democrático y que es el principio de la soberanía popular. Esto significa que en definitiva el poder soberano no reside en los representantes sino en el pueblo mismo y que es él quien debe ser consultado para dirimir las discrepancias.

Quienes se resisten a hacer pie en este principio democrático básico, sea por temor al veredicto popular o por temor a la reacción de los poderes fácticos establecidos ante ese veredicto, esgrimen por ello mismo un democratismo mucho más mezquino que el que en su momento se atrevió a levantar incluso la propia oposición burguesa en plena dictadura. De allí que estén ahora exigiendo reserva respecto a las decisiones que adoptan y defendiendo su derecho a discrepar. Pero lo que se les reprocha no es que tengan una u otra  opinión sino que se arroguen la facultad de desconocer que la soberanía reside en última instancia en el pueblo y que es él quien debe dirimir las discrepancias que se produzcan en materia constitucional.

Ya es hora de que la desprestigiada partidocracia entienda que para gozar de una real legitimidad, las normas jurídicas, y con mayor razón las de rango constitucional, deben poder ser exhibidas como una clara e incontrovertible expresión de la voluntad popular y no de un acuerdo de carácter cupular forzado por los poderes fácticos establecidos.

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Además de hacer un análisis del proceso desatado con el estallido y revuelta popular iniciada en Octubre, y una valoración del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución», de la que, dijo, se siente uno de sus impulsores, haciendo referencia a sus conversaciones con Juan Antonio Coloma, y de las conversaciones de éste con los sectores opositores en torno a la concesión del quórum de 2/3, Longueira insistió en reiteradas ocasiones la necesidad de «tranquilizar a nuestro sector», señalando que «no hay hoja en blanco si sacamos el tercio». Se refirió explícitamente a la tesis señalada por Fernando Atria como algo inexistente, pues basta con que haya un tercio de delegados de la derecha en la Convención, para que ésta pueda imponer sus términos desde el inicio de las sesiones de la Convención Constitucional, con el debate sobre el Reglamento de funcionamiento de ésta.

Señaló la necesidad de unificar al sector, más allá de las diferencias en torno al «Apruebo» o el «Rechazo» en el Plebiscito Constitucional del próximo 25 de octubre, defendiendo su posición de votar Apruebo. «Hay que licuar el plebiscito», «hay que anular el plebiscito», señaló en varias ocasiones, además de, incluso, afirmar explícitamente que nunca estuvo a favor de su realización, señalando que hubiera sido mejor para la derecha el evitarlo y comenzar de inmediato con las elección a la Convención Constitucional, y que en su opinión lo ideal sería que no se hiciera.

Junto con manifestar que no existe la hoja en blanco, afirmó que la derecha probablemente, según su pronóstico, obtendrá aproximadamente el 38% de los votos en las votaciones del 11 de abril (las mismas de la última elección para Diputados/as), pero que por el sistema electoral, elegirían más del 40% de los delegados a la Convención Constitucional. Con esa presencia, fue categórico en llevar una lista de candidaturas «monolítica», que permita el que la Nueva Constitución, en caso de obtenerse el acuerdo por dos tercios, mantenga todo lo mejor de la Constitución de 1980.

Sin ambigüedades, Longueira mandó un aviso sin dobles lecturas: Obteniendo el tercio de los delegados a la Convención Constitucional, la derecha debe ejercer su poder de veto y si es necesario, restar sus votos en esa instancia, e bloquear con ello la posibilidad de una Nueva Constitución para Chile.

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