El secuestro y asesinato de quince campesinos de la comuna de Isla de Maipo y el posterior ocultamiento de sus cuerpos en unos hornos de cal abandonados, en la localidad de Lonquén, sigue siendo una deuda pendiente en justicia y reparación por parte del Estado chileno. El acto efectuado en la localidad este 8 de octubre recién pasado ratificó esta percepción.

El 7 de octubre de 1973, se verificó el secuestro y asesinato de los campesinos y la inhumación ilegal de sus restos, acción de escarmiento de uniformados y terratenientes destinada a aplastar cualquier posibilidad de resistencia al nuevo régimen. Pero también se inició una cadena de acciones tendientes a encubrir y dejar impune la masacre. En 1979 los autores, todos carabineros de Isla de Maipo, fueron beneficiados con la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura. En estas mismas circunstancias y pese a existir orden del fiscal militar de entregar los restos a los familiares, estos fueron sacados clandestinamente del Servicio Médico Legal y sepultados en una fosa común. Y en 1980 el dueño del predio procedió a dinamitar los hornos, destruyéndolos por completo.

A 44 años de esta masacre, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia y todavía no pueden visitar de manera libre y expedita al sitio donde fueron abandonados los cuerpos de los quince campesinos. El lugar sigue siendo de acceso restringido y el punto preciso donde estaban los hornos carece de mínimas instalaciones que permitan una visita segura. No hay escalinatas de acceso, tampoco agua potable y servicios higiénicos, y los familiares deben subir la ladera del cerro con gran dificultad.

Lonquén no es un sitio desconocido en la trágica historia de este país. Es el primer lugar de ocultamiento de cuerpos de detenidos desaparecidos que fue descubierto y se convirtió en prueba indesmentible del terrorismo de Estado y de la práctica de la desaparición forzada. Sorprende entonces el estado de abandono del lugar y la falta de diligencia de los organismos del Estado para asistir a las agrupaciones de familiares en la construcción de un memorial y de un espacio que acoja a los visitantes y permita la difusión de la memoria y la educación en derechos humanos. El proyecto está diseñado, pero se mantiene en trámite y sin fecha clara de materialización.

Al decir de una autoridad de gobierno, presente en el acto, “más temprano que tarde” Lonquén contará con un memorial, aunque el avance del tiempo indique lo contrario. Mientras tanto la impunidad avanza.

Higinio Espergue
Presidente Directorio
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

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Además, a muchos de nosotros no se nos informó que nuestras denuncias serían silenciadas por cincuenta años, como lo reconocen miembros de la Comisión, y no se nos brindó la posibilidad de decidir si queríamos que se mantuvieran en secreto o no. En las reuniones sostenidas entre las organizaciones nacionales de ex presos políticos y los representantes de la Comisión en ningún momento informaron sobre el secreto por cincuentas años de los antecedentes entregados por los sobrevivientes.

De este modo y pese a nuestras demandas, el mayor archivo de testimonios sobre secuestros, torturas, violencia sexual y tratos degradantes, cometidos bajo dictadura, continúa lejos del alcance de los tribunales y de la sociedad chilena. La coartada para mantener esta situación son algunos casos de personas que exigieron reserva para sus relatos, de lo cual concluyen algunos sectores interesados que todos, los más de 38 mil, habríamos autorizado al Estado a silenciar nuestras voces, lo cual es una falsedad que no resiste análisis.

Cabe recordar que cuando nos enteramos del secreto por cincuenta años, de inmediato recurrimos a los tribunales y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El diseño represivo de la dictadura cívico-militar contempló como uno de sus ejes el secreto y el silencio, tendientes a asegurar la impunidad para los agentes del terrorismo de Estado. Esta lógica ha seguido imperando en la post dictadura, donde la verdad y la justicia siguen enfrentándose con secretos y ocultamientos sobre gran cantidad de crímenes y donde el Estado no cumple su rol de esclarecer la verdad, poniéndola a disposición de la ciudadanía y colaborando al afianzamiento de la democracia.

No es extraño entonces que militares y los civiles que colaboraron estrechamente con el régimen de Augusto Pinochet sean los opositores más férreos a la apertura de los archivos de la Comisión Valech. Los testimonios que contiene, pese al tiempo transcurrido son un dedo acusador que les apunta, que corroe la credibilidad de las fuerzas armadas y de orden y no permite establecer una reconciliación forzada sobre la amnesia y la impunidad.

Higinio Espergue
Presidente Directorio
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

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