30 de septiembre de 2026

Del libro: «Cobre. El metal de la discordia. Crónica de un saqueo», de Héctor Vega

Capítulo 11

Siete propuestas

Los párrafos siguientes abordan la reglamentación a través del tiempo y el cumplimiento que el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) da a esta normativa. Se incluye el papel que ha tenido la ONG, Comité de Defensa y Recuperación del Cobre en la trazabilidad de los minerales que se embarcan. Incluimos además la mineralogía de los concentrados en Chile. Las propuestas se refieren al control propiamente tal en los puertos y la liquidación de las entregas de la pequeña y mediana minería.

1° Reglamentación de los Documentos Únicos de Salida (DUS).

Actualmente rige la Resolución Exenta 4.449 (del 12 de septiembre de 2019), que modificó la Tabla n.°1, de la Resolución Exenta 3.624 (Tabla n° 1, del 17 agosto de 2018). Esta última contemplaba la declaración de 14 elementos importantes en el concentrado de cobre. La Resolución actual contempla solo 4 elementos para declarar obligatoriamente en el concentrado de cobre a saber, Cu, Ag, Au y Mo. En rigor, de acuerdo con la Resolución de 2018, se contenían como mínimo 14 elementos principalmente Au, Ag, Pt, Pd, Se, Te, Mo, Re, Ni, Zn, Fe, Co, Rh, Ir, Os, Ce, Pr, Nd, Tb, Yb. Creemos que debería volverse al criterio de la Resolución de 2018. Además de integrar elementos DMAT de alto valor declarados estratégicos para el desarrollo industrial global en transición energética y tecnológica, debemos recordar que los elementos DMAT como PGM son recuperados y representan un crédito en el proceso FURE al refinar los barros anódicos y un crédito en el proceso de recuperación de molibdeno en la fase de tostación (renio/oro) y generación de ácido sulfúrico.

La Resolución de 2019 que modificó la de 2018 tuvo como fundamento que “el mercado no posee a la fecha todas las técnicas analíticas implementadas”, lo que es un fundamento equivocado, pues es de público conocimiento la existencia de equipamiento, tecnología y procesos metalúrgicos para identificar y captar la multiplicidad de sustancias y aleaciones combinadas o asociadas con los concentrados y barros anódicos.

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2° Control en los puertos de embarque de los subproductos del concentrado

En la actualidad, las empresas tienen la facultad de fijar libremente lo que es pagable y lo que no es pagable (penalizable), en sus transacciones con otras empresas relacionadas en la comercialización.

A manera de ejemplo, si una empresa vendedora declara 0,99 gramos de oro/Ton y en el acuerdo la empresa compradora paga solo 1,00 gramo de oro/Ton. Esta no pagará por los 0,99 gramos/Ton, de esta manera el oro no se paga. La única forma de evitar esta práctica entre empresas relacionadas, es declarar la obligatoriedad de pago por los metales nobles, léase: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Os, y Re.

Hacemos esta recomendación porque los elementos DMAT PGM, refinados desde los barros anódicos, así como la recuperación de ácido sulfúrico tienen valor comercial. En el futuro estos elementos serán recuperados con el proceso CESL de lixiviación a alta presión. No importa el tipo de proceso FURE o CESL para refinar cobre, siempre los DMAT y PGM serán recuperados como subproducto, generando un alto valor comercial y de crédito en el extranjero por su alta demanda y escasez. (NdR: y Chile se queda… chupando el dedo!)

3° El rol fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Para controlar las situaciones señaladas en los puntos 1 y 2 pensamos que el SNA debe asumir su rol fiscalizador, retomando como lo señalamos el sentido original de la Resolución exenta 3.624 (17 de agosto de 2018). Lo que significa, en suma, determinar los elementos pagables mediante una base científica que permita incorporar a la normativa las tolerancias químicas y de peso. Debe ser el SNA quien determine las diferencias entre análisis de origen y destino.

El control a nivel de Aduanas implica la incorporación de tecnología en los laboratorios aduaneros para validar la composición mineralógica (SEM) y determinar analíticamente (ASS HR-CS/ICP-MS/LA-ICP-MS, etcétera) la concentración de todos los DMAT presentes en los concentrados de metales exportados desde puertos chilenos, i.e., concentrados de Mo, Concentrados de Cu, Barros anódicos, escorias, etc. En general para todas las subpartidas arancelarias relativas a exportación de materias primas de origen mineral en la forma de concentrados, doré o briquetas. Retomamos la incorporación de tecnología más abajo en los puntos 5 y 6.

4° Presentación del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre (CDRC) y respuesta del Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Para cubrir a cabalidad sus funciones la Comisión de Trazabilidad debe tener acceso a la información que solicite a Aduanas. Con este objetivo el CDRC solicitó información a Aduanas acerca de las operaciones de la PRM Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agreguemos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

El SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, se negó a nuestra solicitud de informar. Precisemos que esta petición la hicimos el día 21 diciembre de 2022; recibimos respuesta el día 8 de febrero de 2023.

La Unidad de Transparencia del SNA consideró que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […] b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”. Esta denegación se fundamentó en la decisión de amparo Rol C2909 del Consejo para la Transparencia. El SNA basado en los Art. 21 n° 4 y 33 letra j) de la Ley de Transparencia invocó los acuerdos internacionales para hacer referencia a la obligación de confidencialidad a que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento y, por tanto, negar la información que solicitamos a la PRM Mejillones.

Es más, haciendo hincapié en opiniones –sería más propio calificarlas de solicitudes– de la SONAMI y el Consejo Minero, el SNA respondió a nuestra solicitud que la eventual información acerca de los subproductos contenidos en sus embarques revelaría “aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad”. Aduanas interpreta esta argumentación como un bien estratégico, que cautela el Art. 16 de la Ley de Transparencia. Para así negarse a dar la información solicitada, el Art. 20 de la Ley de Transparencia mediante.

Nótese que según el Marco Normativo Ordenanza de Aduanas, Modificaciones Ley 20780 Art. 11 n.°4 y n.°5: Artículo 168:

Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito. Comete también el delito de contrabando el que, al introducir al territorio de la República, al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana.

La aparente contradicción legal aquí expuesta debe ser resuelta vía administrativa, pues de ninguna manera el embarque, de manera subrepticia, de valiosos subproductos en los concentrados, puede ser declarado como aspecto estratégico en el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas mineras que incurren en estas prácticas. Según el Art. 168 de la normativa de Aduanas esta práctica es constitutiva del delito de contrabando que “defrauda la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no prestación de las mismas a la Aduana”. Por tanto el SNA no puede eximirse del control de estas prácticas pues significaría cooperar en hechos, que en el derecho comparado, tal participación, es calificada como complicidad primaria, que al decir del tratadista Sebastián Soler, requiere desde un punto de vista objetivo prestar una colaboración sin la cual el hecho no habría podido cometerse; y desde un punto de vista subjetivo, tanto los autores como los cómplices primarios son partícipes en el sentido genérico y responden por el hecho total, en tanto sea conocida, a lo menos consentida como posible la acción de otro partícipe (S. Soler, Derecho Penal Argentino. T. II, 271-273. 1973).

5° El proceso de trazabilidad

Estimamos que el Equipo Institucional de Trazabilidad debe proponer medidas de refuerzo de las atribuciones del SNA como, por ejemplo, integrar al Departamento Minero la unidad de Química y Análisis, que en la actualidad es dependiente de la Subdirección de Fiscalización. De esta manera el Departamento Minero controlará el cien por ciento de las operaciones de exportación, designando el tamaño de la muestra, el análisis químico de valor, análisis del peso y humedad de lo embarcado.

Institucionalmente Chile no ha asumido el control de los embarques de concentrados, que, al no ser fiscalizados por Aduanas e Impuestos Internos, subfactura el cargamento. Aduanas no informa acerca de los subproductos contenidos en el concentrado que se exporta. No cuenta con equipos modernos y eficientes. Para asegurar la trazabilidad de esos subproductos en el concentrado en los puertos de embarque planteamos la instalación de un equipo de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito. Este equipo, espectrómetro, de barrido electrónico SEM-TEM y absorción atómica de alta resolución con fuente continua, permite hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas, detecta el átomo de los diferentes minerales en el concentrado; valida la máxima y mínima concentración del metal de interés reportados por los exportadores con el fin de certificar la operación de pesquisa según el código de arancel correspondiente y la concentración declarada. El comportamiento de la lámpara de xenón, con una luz de alta energía, permitirá identificar con precisión los minerales contenidos en el concentrado de cobre.

El carácter geoestratégico de nuestros minerales se reafirma cuando vivimos tiempos de guerra, amenazas a la seguridad de la población y calidad de vida en continentes, donde las carencias amenazan la sobrevivencia de sus habitantes. En ese orden de importancia caben los DMAT, y tierras raras, cobre, litio, manganeso, grafito, hierro, óxido de silicio, plomo, antimonio, azufre, cromo, cobalto, mercurio, molibdeno, rodio, paladio, plata, oro, teluro, etcétera. Actualmente en Chile existe un equipo SEM –propiedad de la Universidad de Antofagasta– con el que se detecta la concordancia entre la concentración reportada por el exportador en el análisis químico y la mineralogía predominante en el concentrado.

Este equipo detecta el átomo de los diferentes minerales en el concentrado. Su comportamiento ante la lámpara de xenón, con una luz de alta energía, permite identificarlos con precisión. Es de urgencia dotar al Servicio de Aduanas en los 5 puertos de embarque de nuestras costas. Su valor es de US$60 mil, por lo que el presupuesto asciende a US$300 mil.

En un concentrado de Cobre, una mineralogía de sulfuro de cobre predominantemente de Calcosina o Bornita presentará concentraciones de Cobre superiores al 35 % weight %. Una mineralogía en el sulfuro de cobre predominantemente Calcopirita, producirá concentrados con 29 % de cobre. Véase más abajo la Figura 11.1 con la mineralogía de concentrados en 32 mineras en Chile. Por su tarea en el control de las exportaciones mineras el Servicio Nacional de Aduanas ocupa una posición estratégica en la operación de instituciones como Codelco y Cochilco.

La intervención de los poderes públicos es crucial en las operaciones que recomendamos. Por tanto,

debe oficiarse al Servicio de Aduanas para que informe acerca de los subproductos que cuenta el Servicio en las Tablas actualizadas que contengan los subproductos DMAT que se controlan en los puertos de embarque para efectuar los controles y saber exactamente si están los elementos DMAT que deben controlarse en puertos y aeropuertos de la República. Para realizar todo ello basta una simple orden presidencial. Los análisis químicos que deben hacerse en Aduanas determinan los aranceles que deben aplicarse.

La Contraloría General de la República puede auditar las operaciones, señalar las responsabilidades, pero no puede sustituirse a los organismos técnicos y ejecutivos del Gobierno sobre el cual reside la responsabilidad de desarrollar las actividades productivas de la minería y el cumplimiento de las leyes de la República.

Estas operaciones significan un cambio de modelo tomando en cuenta el desarrollo de conocimiento en el país, las exigencias medioambientales y los intereses de las comunidades locales que conviven con el desarrollo de las empresas mineras. Desechar la política de exportación de concentrados de cobre implica recuperar los subproductos de los concentrados de cobre.

La urgencia de emprender la fundición-refinación en Chile, recuperando valiosos subproductos se justifica por el agotamiento de las reservas de cobre en el mundo que las investigaciones estiman en un horizonte que se sitúa en Chile en el horizonte 2050. En 2014, Codelco firmó un contrato con la empresa coreana LS-Nikko para la construcción de una planta recuperadora de metales que opera desde 2016 en Mejillones. Solución insuficiente dada la magnitud de los intereses y recursos en juego. Dicha planta procesa los barros anódicos que se generan en Ventanas y otras divisiones de Codelco.

Los concentrados proceden de Andina y Anglo American. El inventario de fundición y refinación referida al sector público cuenta con 4 fundiciones, Chuquicamata, Potrerillos, Paipote y Caletones y tres refinerías Chuqui, Potrerillos y Ventanas, las que completan la capacidad instalada, donde el principal impulsor ha sido Codelco. Alto Norte (desarrollada por Refimet y actualmente propiedad de Xstrata) y Chagres (propiedad de Anglo American), no refinan en Chile metales valiosos, en consecuencia, los exportan en forma de concentrados cuyo contenido es de metales valiosos y PGM.

Recordemos que, en 2023, se cerró el horno de fundición de Ventanas, manteniéndose activos la producción de cátodos y de barros anódicos. Estos últimos se envían a la planta de LS-Nikko en Mejillones.

Figura 11.1. Mineralogía de concentrados en Chile

Fig. 11.1: Chemical Composition Data of the Main Stages of Copper Production from

Sulfide Minerals in Chile: A Review to Assist Circular Economy Studies. Santana, Cifuentes 2022.

** Las abreviaciones Ccp, Cc, Cv, Py, Po i.e., se refieren a calcopirita, calcosina, covelina, pirita, pyorrita. Dependiendo del mineral dominante el concentrado tendrá un 24 %, 27 %, 35 % de cobre, etcétera.

En el estudio realizado por Kayo Santana Barros, Vicente Schaeffer Vielmo, Belén Garrido Moreno, Gabriel Riveros, Gerardo Cifuentes, Andréa Moura Bernardes, (Cfr. https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/250), acerca de la mineralogía de concentrados en Chile, en 32 importantes empresas mineras se encontraron presentes los siguientes minerales Calcopirita (Ccp), Calcosina (Cc), Covelina (Cv), Pirita (Py), Pyorrita (Po).

El contenido de cobre de los minerales mencionados del grupo sulfuros varía de la siguiente manera.

Se detectaron dos minerales del grupo de los sulfuros sin contenido de cobre a saber:

• Py, Pirita FeS2
• Po, Pirrotita Fe7S8

De manera urgente debe oficiarse al Servicio de Aduanas para que

informe acerca de los subproductos que cuenta el Servicio en las Tablas de elementos medibles para así saber exactamente si están los elementos DMAT que deben controlarse en puertos y aeropuertos de la República (Ver más abajo Tabla DMAT 16.2, página 255).

Los análisis químicos que deben hacerse en Aduanas determinan los aranceles que deben aplicarse, medida crucial si se tiene en cuenta las necesidades que la Caja Fiscal debe afrontar (véase salud, educación, pensiones, infraestructura productiva y social). Ello sin contar el Covid-19, el estado de recesión, alzas de precios –sobre todo en alimentos– que justifican el involucramiento de varios servicios públicos, aparte del Ministerio de Minería sector inicial de esta propuesta, en el propósito de obtener mayores recursos de nuestro principal rubro de exportación, el cobre (2022 y 2023). Es el caso de Hacienda, específicamente, Impuestos Internos y Aduanas en lo que se refiere al control de las exportaciones del mineral.

A dichos servicios debe agregarse la Contraloría General de la República. Este último servicio para efectos de la inspección de operaciones y de eventuales subfacturaciones y de esa manera plantear las responsabilidades que caben en cada una de los procedimientos involucrados. La Contraloría General de la República puede auditar las operaciones, pero no puede sustituirse a los organismos técnicos y ejecutivos del Gobierno sobre el cual reside la responsabilidad de desarrollar las actividades productivas de la minería y el cumplimiento de las leyes de la República.

Si Usted es chilena o chileno debería reaccionar y defender lo que estamos regalando o mejor dicho, nos están robando. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué nuestros representantes en el parlamento callan?. Recortan el presupuesto de salud, de educación, de cultura, etc., y regalamos miles de millones de dólares a empresas extranjeras. ¿Cómo se explica este sinsentido? Revisemos las cuentas bancarias en el extranjero de los responsables.
Comentario de la Redacción de piensaChile

Aquí tiene el lbro de Héctor Vega, completo, para que lo baje, lo lea y lo difunda. Si no defendemos lo nuestro…

El articulo Propuestas para que el país sepa que exigir para terminar con el regalo diario de millones de dólares apareció primero en piensaChile.

«Las exportaciones de mineral de cobre de Chile durante 27 años (1996-2023) se elevaron a 325 mil millones de dólares. Ahora bien, los 325 mil millones de dólares corresponden a 25% de lo exportado siendo el total de éste 1,3 trillones de dólares

y la subfacturación correspondió a 975 mil millones de dólares. Frente a estas cifras no cabe sino concluir que en estos 27 años nos hemos constituido en una verdadera factoría que en su gestión restó recursos valiosos para la construcción y consolidación de un sector minero industrial.

«La solución está a la mano. Existen espectrómetros que aseguran la trazabilidad de los subproductos que salen subrepticiamente por los puertos de Chile. Se trata de equipos de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito que permiten hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas.

«Cada espectrómetro tiene un valor de US$60 mil, por lo que su valor total asciende a US$300 mil. Basta una simple orden del Presidente de la República al Servicio de Aduanas para que se instale dichos equipos en los 5 puertos ya nombrados.

«Sin embargo, el problema no es la instalación de laboratorios de análisis químico cuantitativo dotados de instrumental moderno, en los puertos de embarque, sino político pues las transnacionales, a través del Consejo Minero, que durante años han registrado en los DUS los minerales del concentrado que deben ser fiscalizados por el Servicio Nacional de Aduanas, no estarán dispuestas a perder un negocio de miles de millones de dólares. ¡Como lo decíamos más arriba, en 27 años les ha reportado nada menos que 975 mil millones de dólares!»

Si la lectura de estos párrafos han despertado su interés, le invitamos a leer el artículo completo de Héctor Vega, publicado hace unas semanas. Lealo, por favor y difúndalo! A ver si empezamos a hacer guardia en la Plaza de la Constitución hasta que el Presidente de la República envíe la Oden al Servicio de Aduanas y este ponga la Orden de compra de los espectómetros!

El costo oculto del cobre chileno (o «lo que las mineras le roban a Chile»)

Libro en formato PDF: “Cobre. El metal de la discordia”. Crónica de un saqueo

Las grandes potencias van a la guerra por las tierras raras. ¡Chile las regala!

El articulo Minería: el país ha regalado 36.000 millones de US$ anualmente. Para evitarlo basta un gasto de 300 mil dólares y la firma del presidente apareció primero en piensaChile.

Artículo publicado originalmente el 30 de agosto de 2026

La propuesta aquí contenida se basa en lo que llamamos la recuperación del potencial de la economía chilena. Dicho potencial está basado en sus recursos naturales (minerales, pesca, forestales, agricultura) en un cuadro de tratados comerciales que sitúan a Chile como una de las economías más abiertas del mundo. Por tanto, el sorprendente estancamiento de la economía chilena, calculamos 1,15% de crecimiento para 2026, no responde a limitaciones insalvables de su sector externo, sino a un estrangulamiento interno inducido por una política monetaria contractiva basada en la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile (TPM) de 4,5%.

Bajo esa tasa Chile opera con un falso equilibrio, gobernado por el objetivo de 3% de inflación anual, una inversión ineficiente de 23% del PIB (Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), con una baja productividad (tasa capital-producto, 3,5) y un desempleo estructural de 9,4% de la fuerza laboral.

El nivel de actividad así proyectado ha congelado el motor industrial de la economía y desarrollado un escenario donde se prioriza la parálisis nominal del mercado interno. El mercado del cobre, metal necesario en los conflictos geoestratégicos del Medio Oriente, así como los sub productos de los concentrados transportados desde Chile, otorgan al país un techo de crecimiento compatible con el equilibrio de divisas necesario para una economía con gran apertura internacional. 

Dicho techo ha sido calculado en un crecimiento de 5,36%. Este superávit comercial y un eventual crecimiento de la economía mundial de 2,5% otorgan un margen macroeconómico amplio para expandirse sin arriesgar las reservas internacionales de la economía nacional.

La restricción artificial del crédito impuesta por la dupla Hacienda-Banco Central, con el beneplácito del gobierno, ahoga la inversión productiva, constriñendo el crecimiento real a un lánguido 1,15%. Si comparamos la tasa de crecimiento potencial de 5,36% con la tasa proyectada de 1,15% resulta una brecha negativa de 4,21 puntos porcentuales del PIB. Ese es el resultado de las limitaciones monetarias cuando nos atenemos a la TPM de 4,5%.

En términos de liquidez monetaria esta parálisis estabilizadora neutraliza anualmente 13.893 millones de dólares en riqueza potencial no realizada. 

Hemos presentado un cálculo teórico que dimensiona la magnitud del problema representado por una fuerza laboral desocupada de 9,4%. Sobre la base de un salario mensual de CLP 750.000 y la capacidad productiva transicional necesaria llegamos a un presupuesto bruto de 11.900 millones de dólares (aproximadamente 9,5 billones de CLP).

Al contrastar ambas magnitudes (13.8 mil millones de dólares y 11.9 mil millones de dólares), la validación del modelo transicional en la utilización de los recursos disponibles en la economía en términos de trabajo y materiales es contundente.

El desempleo del 9,4% en Chile no es un problema de escasez de recursos; es un mecanismo institucional de opresión utilizado por la macroeconomía neoclásica como ancla inflacionaria para subsidiar el comportamiento pasivo (look and see) de la gran empresa. Incluso operando con ingresos mediocres propios de un país primario-exportador, los fundamentos estructurales de Chile demuestran que el país tiene acceso a recursos y espacio en la Balanza de Pagos para rescatar a su población de la cesantía.

Romper la trampa del ingreso medio exige desbancar el dogma del equilibrio nominal estático y subordinar la política monetaria a un circuito cerrado de crédito dirigido y de absorción salarial,emulando la audacia planificadora que transformó a los tigres asiáticos hace cuatro décadas.

Para financiar la creación de un sector minero-industrial y un Plan de Infraestructura y Vivienda proponemos un Fondo de Desarrollo Industrial Soberano (FDIS), la captación de la Cuasi-renta minera y la captación de fondos de las AFP.

El FDIS está basado en un sistema dual de tasas de interés, pues el Fondo opera al margen de la TPM del Banco Central. Utiliza financiamiento fiscal directo proveniente del cobre y créditos preferenciales europeos.

La captación de la Cuasi-renta minera se refiere al diferencial entre los embarques de concentrados y la comercialización de éstos en ultramar. Para el año 2024 éste fue calculado en 21 mil millones de dólares.

En el caso de las AFP proponemos un Bono de Proyecto Estructurado emitido por una sociedad anónima de objeto exclusivo donde el Estado (vía Codelco o ENAMI) posee una participación minoritaria pero estratégica, y socios tecnológicos privados poseen la mayoría operativa. El Estado chileno actúa como aval del capital principal del bono durante los primeros 7 a 10 años (el periodo crítico de break-even). Esto reduce el riesgo de crédito del instrumento a una categoría cercana a la de un Bono Soberano.

Bajo su lógica dogmática, la teoría jamás puede estar equivocada. Si el tejido social se desgarra, si la Formación Bruta de Capital Fijo se desploma y con ello el crecimiento de la economía al 1,15%, o si cientos de miles de personas quedan atrapadas en un 9,4% de desempleo estructural, para los epígonos del modelo no es una falla de éste; es simplemente que “las personas y la realidad no cuadran con la teoría”. Por lo tanto, la solución institucional es mutilar las capacidades productivas del país y congelar el mercado interno con una TPM al 4,5% y una tasa de inflación de 3% para obligar a la realidad a caber en su nicho abstracto.

Este maridaje entre el dogma fiscal y el monetario prefiere un país amputado pero “alineado con las proyecciones”, antes que romper el molde ideológico y utilizar los 13,8 mil millones de dólares de holgura calculados.

En el mito griego, Procusto ofrecía una cama a los viajeros; si eran demasiado altos para ella, les cortaba las extremidades para forzarlos a encajar, y si eran demasiado bajos, los estiraba con cuerdas hasta romperlos. Para la dupla de Hacienda y el Banco Central, (con el beneplácito del gobierno) su lecho de Procusto es el modelo neoclásico de equilibrio estático con una TPM de 4,5% y la inflación al 3%. La teoría no está equivocada son las personas que se niegan a actuar como la teoría espera que actúen.

El régimen de Kast vía Quiroz reflota el modelo de la dictadura. Desigualdades sociales: una realidad incómoda

1.- 150.502 personas perciben al mes un promedio de $79.094.086.

2 – Otras 1.505 personas perciben en promedio  $5.265.364.095 mensual.

3.- Esto comparado con la realidad del trabajador promedio. Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, la realidad laboral común es muy distante.

4.- La mitad de los ocupados en el país vive con montos drásticamente menores.

5.- La Mediana de ingresos en Chile es de $680.000 mensuales, vale decir, el 50% de la Población no recibe más de $680.000 pesos al mes y en su mayoría son trabajadores dependientes e independientes, incluso microempresarios.

6.- El Ingreso promedio mensual que incluye a los que más perciben es de $962.945.

7.- Pero, un solo individuo de la cima, 0,01%, percibe al mes el equivalente a más de 7.700 sueldos iguales a la Mediana de ingresos ($680.000) del país.^[1]

Según cifras de la Fundación Sol, el 55% de los hogares gasta más de lo que le permite los salarios que recibe por lo que se calcula que el endeudamiento alcanza en promedio a dos millones de pesos por persona con un total entre 3,9 a 4 millones de morosos registrados en DICOM para una deuda acumulada de $9,0 billones (i.e.9.600 millones de dólares. 1 dólar = $946.53) con el Retail y la Banca.

El empleo

En el trimestre móvil reciente, la cifra oficial de desempleo es de 9,4% de la fuerza laboral, tasa que se  divide por género en 10,5% para las mujeres, y 8,0% para los hombres. 22,8% corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años. El desempleo  de las mujeres jóvenes supera al resto con un 28%. Este es el peor nivel de desempleo desde la pandemia, el más alto registrado en casi cinco años, afectando de manera desproporcionada a los jóvenes. Tres Regiones claves lideran el desempleo en el país a saber, Valparaíso con una tasa de desocupación femenina del 10,9%; Región del Biobío con el desempleo femenino más alto de Chile, alcanzando un 11,3%; Región Metropolitana concentra un desempleo femenino del 10,4%.

Las estadísticas muestran una alta tasa de precariedad del empleo. En 2025 se registraron casi 498.000 casos de despidos y al primer trimestre de 2026 se acumulan 120.325 por la causal de necesidades de la empresa. En 2025 los despidos alcanzaron 2.6 millones de avisos de término de contrato. Entre enero y marzo de 2026, las desvinculaciones totales sumaron 742.548.

Sectorialmente, la construcción es el sector con la mayor concentración de despidos por la causal de “necesidades de la empres”, sector que arrastra un estancamiento prolongado. Los servicios administrativos, junto a la construcción, es el segundo sector que concentró más desvinculaciones debido a reestructuraciones y bajas de productividad. Comercio y Minería, según las últimas encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostraron contracciones importantes en sus dotaciones de asalariados formales hacia el primer semestre del año. Los informes de la  Dirección del Trabajo indican que los despidos por necesidades de la empresa en el trimestre móvil reciente se ubican en torno al 1,7% de la dotación activa. Esto representa una caída visible respecto al año anterior, cuando la tasa promediaba el 2,4% para los mismos meses.

La abismante desigualdad social y la inexplicable carencia de empleos dignos son parte de una sociedad que perdió la capacidad de asombrarse y que en el curso de estos años ha perdido también la capacidad de escuchar y de sumar.

No puedo terminar este párrafo sin un problema que desde hace tiempo golpea nuestras fronteras.

Chile enfrenta una crisis demográfica que en el largo plazo tendrá consecuencias sin precedentes: la tasa de fecundidad ha caído a un mínimo histórico de 0,99 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo universal de 2,1. Como resultado, se proyecta que el crecimiento natural de la población sea negativo a partir de 2028.

70% de la población mundial vive en países con tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer, según datos de la ONU actualizados en 2026. En el Asia oriental, China, Japón y Corea del Sur tienen algunas de las tasas de fecundidad más bajas del planeta y un envejecimiento extremo..En Europa del Sur, Italia y Grecia registran un envejecimiento acelerado y un balance natural (nacimientos menos muertes) marcadamente negativo. En Europa del Este y Balcanes, la guerra y la emigración masiva, más una bajísima natalidad han llevado a cifras bajas de reemplazo a Ucrania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Serbia, Croacia y Moldavia

A falta de una tasa demográfica de reemplazo, la inmigración es importante para enfrentar los desafíos estructurales y la transición que requiere un sistema económico obsoleto, en áreas productivas estratégicas para realizar un cambio necesario. Las leyes y reglamentos existen así como las medidas en curso, sean estas expulsiones, salidas voluntarias, empadronamiento biométrico; pero una cosa es el diseño de la ley y otra muy distinta es su aplicación práctica y la gestión política del problema. En la práctica, el fenómeno migratorio en Chile ha estado marcado por una intensa confrontación y el traspaso de responsabilidades entre administraciones.

Crecimiento y Balanza de Pagos

Chile se caracteriza por tener una economía abierta y depende mayoritariamente de exportaciones de materias primas mineras, agrícolas, forestales, pesca, etc. Esta dependencia, con poco valor agregado, pone en riesgo el equilibrio de la balanza de pagos y el crecimiento y desarrollo de la economía.

El comercio internacional de las materias primas genera una cuasi-renta captada por las transnacionales de la Gran Minería del Cobre (GMC) en los puertos de destino donde el concentrado transportado es destinada a las fundiciones y refinerías (FURE) de ultramar. Circuito exterior generador de cuasi-renta para las transnacionales como pieza fundamental en la cadena de valor del metal. Esa renta que se genera en ultramar describe una posición privilegiada desde donde se elude el pago de la renta corporativa, el royalty minero y los derechos de Aduana de la economía local.

El llamado Plan de Reconstrucción Nacional del ministro Quiroz ignora la captación de la cuasi-renta por lo que pone en riesgo la tasa de inversión de la economía, un actual exiguo margen entre 18 y 23% del PIB. También ignora las posibilidades de crear un sector intermedio entre el sector minero extractivo de alta intensidad de capital y las explotaciones mineras pymes y artesanales. Esta falta de irradiación del sector moderno, transformado en transportador de concentrados de minerales hacia los puertos de ultramar, ha impedido el surgimiento de un sector minero-industrial capaz de producir aleaciones maestras de cobre con un importante diferencial de precios sobre lo que se obtiene con el transporte de los concentrados de cobre.

El proceso de las aleaciones comienza en el fondo de las bateas donde se acumulan los barros anódicos y los subproductos que las empresas mineras venden al mundo en su comercio de exportación de cátodos. Baste decir que 1 tonelada de los depósitos citados contiene 2 kilos de oro, además de otros subproductos que se funden nuevamente en los lugares de desembarco de los cátodos exportados, agregándose otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, etcétera) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Ese acto eleva el valor del producto en un 50 %.

Vulnerabilidades de la economía

Chile es una economía abierta y dependiente del comercio de sus materias primas. Su precaria tasa de crecimiento se refleja por los resultados medibles en los términos de la balanza de pagos. Ésta refleja la fragmentación comercial internacional alimentada por el proteccionismo (barreras arancelarias), la existencia de bloques regionales, y la reubicación internacional de las empresas hacia lugares donde el costo de la mano de obra es menor o donde las condiciones comerciales regionales son más favorables. La característica esencial es la de una economía mono exportadora de cobre: 55% de las exportaciones corresponde a cobre, el 45% restante se compone de otros minerales como el litio y el hierro, productos agropecuarios (cerezas y uvas), alimentos procesados (salmón), sector forestal y químico (celulosa, yodo).

La importancia de las materias primas en la canasta exportadora explica la baja elasticidad ingreso de las exportaciones del país; lo que unido a una alta elasticidad ingreso de las importaciones determina la vulnerabilidad exterior de nuestra economía y su bajo crecimiento. Por eso no puede sorprendernos que  70% de las transacciones en los circuitos domésticos de consumo de nuestra economía aparezca representado por bienes y servicios de origen externo. Circunstancia que agrega mayor vulnerabilidad al crecimiento de la economía pues alerta acerca del escaso desarrollo en tecnología e innovación, amén de un bajo aporte a la investigación y desarrollo – no superior a 0,4% del PIB.

El sesgo rentista de la economía condena al país a una tasa de crecimiento mediocre. Una versión lineal, contable del crecimiento, centra el crecimiento de la economía en dos factores principales no abordados en el plan de Reconstrucción del ministro Quiroz: el sector minero de exportación y la productividad de la economía. Al no abordar esos dos problemas estructurales el ministro Quiroz, no hace sino consolidar la vulnerabilidad del sistema. Tratándose de una economía extremadamente abierta su vulnerabilidad se refleja en el déficit permanente de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

En la ecuación (1) más abajo, según la propuesta de los trabajos de Solow, Harrod–Domar, el crecimiento de la economía depende de la tasa de ahorro y de la relación marginal capital-producto, lo que representa el motor industrial de la economía; a ello debe agregarse la tasa de crecimiento de la población y la tasa de amortización. La apertura de la economía aparece en el rol de las exportaciones, basadas especialmente en el sector minero y la productividad de la economía, así como la indexación de la elasticidad de las importaciones de consumo asociada al crecimiento del PIB. Es sobre la base de los parámetros de esta ecuación que se decide finalmente el rol que tendrán las políticas que buscan la estabilidad macroeconómica y financiera del Estado y el dinamismo que decide el crecimiento de largo plazo.

Donde,

Gr es el crecimiento

FBKF, es la formación bruta de capital fijo, 23%

k/p, es la tasa capital-producto, 3.5

δ, amortización, 4.5

η, crecimiento neto de la población,0,4

Ê, importancia de las exportaciones, 0,33
S_tk, variación de stocks. Cifra de coyuntura, 0,53

M_x, ajuste indexado de importaciones de consumo, 0,22. Cifra de coyuntura.^[2]

Tracción real de las X: ω_{x *} Ê = 0,23

Tenemos:

Gr = 1,67 – 0,53 – 0,22 + 0,23 = 1,15           (1’)

El crecimiento de la economía así calculado, 1,15%, asume una tasa de Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) de 23%; una tasa capital-producto, k/p = 3,5; una tasa de amortización o depreciación de capital físico de 4,5; una tasa de crecimiento neto de la población de 0,4; un dato coyuntural de variación de existencias o stocks de 0,53 y un ajuste indexado de importaciones de consumo (cifra de coyuntura) de 0,22.

La captación de la Cuasi-renta en las exportaciones del cobre la realizan las transnacionales de la Gran Minería del Cobre. Éstas son parte de una cadena de valor compleja o circuito cerrado de productor/consumidor. En esas condiciones, donde la exportación de cobre representa 55% de las exportaciones, la tracción de exportaciones es baja: 0,33 * 0,07 = 0,0231.

En 1979 el economista Anthony P. Thirlwall^[3] planteó que el crecimiento económico principalmente de los países en vías de desarrollo está limitado por la balanza de pagos, debido a la dependencia en las cuentas externas de la Nación (exportaciones e importaciones). Por tanto el equilibrio de la Balanza de Pagos planteado por Thirlwall determina en qué medida la ecuación de Harrod-Domar activa el potencial señalado en las Cuentas Externas de la economía. Esta subordinación permite prevé las crisis cambiarias, así como las reservas internacionales de la economía.

A continuación veremos si la tasa de crecimiento calculada en la ecuación (1) es compatible con el equilibrio de la Balanza de Pagos propuesto por Thirlwall. Su mirada se refiere principalmente a los países exportadores de materias primas. El equilibrio de la Balanza de Pagos planteado considera la tasa de crecimiento del ingreso mundial; la elasticidad ingreso de las exportaciones del país y la elasticidad ingreso de las importaciones del país. El equilibrio así alcanzado determina el crecimiento de la economía. Esa compatibilidad se expresa en la ecuación siguiente:

Introducimos a tracción de las exportaciones de la ecuación (1) como variable de crecimiento, ω_{x *} Ê = 0,23. Mx(y) 0,30 define la importancia de las importaciones en el PIB.

Para que la economía no destruya sus reservas internacionales ni genere crisis cambiarias, la tasa de crecimiento efectiva de Harrod-Domar debe subordinarse estrictamente al límite que plantea el equilibrio de la Balanza de Pagos.

Al introducir en la ecuación (1) la relación de equilibrio de la Balanza de Pagos ésta queda estructurada de la siguiente manera:

La FBKF se mantiene en 23% del PIB, el límite bajo de esta relación ha tenido recientemente valores bajos de 18 o 19% que es apenas suficiente para cubrir la depreciación (∂) y el crecimiento demográfico (n). Es la tasa de reposición vegetativa para que el ingreso per cápita no caiga. En la variación de Stocks (Stk) ajustamos las importaciones de Consumo (Mx) en aproximadamente 1%, cifra de coyuntura que actúa como estabilizador de corto plazo.

Al considerar el crecimiento mundial (z = 2,5%), se captura el impulso de la demanda agregada global sobre el bloque exportador chileno, ponderado por el peso de las exportaciones en el producto y su eventual crecimiento. Sin embargo, no podemos olvidar que la escasa elaboración de los concentrados de cobre, sitúa la elasticidad ingreso de las exportación en ε = 1,2, ponderado por el peso de las exportaciones en el PIB (ωx * ε = 0,33 * 0,07), la tracción real nominalizada es de un 0,0231.

En un escenario de libre crecimiento la elasticidad-ingreso de las importaciones (π) sería de 1,5. Sin embargo debido a la tasa de política monetaria del Banco Central (BCCH) en 4,5%, el crecimiento se establecerá finalmente alrededor de un 1% para 2026. Para cumplir con el dinero no habrá otro medio que ajustar a la baja π, elasticidad ingreso de importaciones, probablemente hasta un 0,6. Esa es la lógica del ajuste estructural impulsada por los Chicago en los primeros años de la dictadura.

La cifra de 5,36% es un crecimiento sin restricciones externas. Es decir, metas relativas al motor industria aún no alcanzadas en los últimos 50 años de la economía chilena a saber, FBKF de 30% del PIB, relación capital-producto de 1 unidad de producto por 3 unidades de capital. Pero también se trata de activar los procesos de innovación y modernización de las cadenas productivas, incorporar la investigación universitaria al desarrollo minero-industrial, intervenir en la cadena productiva de la producción minera y por tanto en los procesos de embarque del concentrado al origen de la cuasi-renta desarrollada por las transnacionales de la GMC en los mercados internacionales del metal, etcétera.

Si la economía mundial crece a un (z = 2,5), y considerando los precios históricamente altos del cobre, el término de tracción externa, esto es el  numerador de Thirlwall crece. Sin embargo, el impacto positivo de z es neutralizado por la escasa y aún falta de elaboración de las exportaciones, por ejemplo el ya citado comercio de Concentrados vs. Refinado y el control recesivo sobre π, es decir la alta elasticidad ingreso de las importaciones.

En una estructura primario-exportadora normal, un aumento de la riqueza externa pone en alza las importaciones, elevando la elasticidad-ingreso de las importaciones (π). Para evitar que esto ocurra y proteger las reservas, el ministro Quiroz así como el Banco Central mantienen la TPM en 4,5%. Al forzar artificialmente a la elasticidad ingreso (π) a la baja mediante el enfriamiento de la economía, el Banco Central destruye el primer miembro de la ecuación de crecimiento, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) la que cae, arrastrando al producto real Gr al rango estimado del 1,15% a pesar de que el mundo (z) esté empujando a favor.

La diferencia 5,36%>1,15% señala un horizonte que se concreta mediante un superávit comercial, precios del cobre favorables así como la demanda global, factores que prevén crisis cambiaria o de reservas. Al incorporar el promedio real del 30% para (Mx(y) (0,30) y ponderar la tracción mundial (z = 2,5%), se obtiene un resultado (5,36% de crecimiento) sin restricciones externas. El crecimiento de 1,15%, señala un freno de mano institucional auto impuesto.

La diferencia de 4,21 puntos es el “Costo Quiroz” esto es, la riqueza, el empleo y la industrialización que el país sacrifica deliberadamente.

Al mantener la tasa de interés real tan alta, el Banco Central comete el error de la Fed de hace un siglo. Quiero decir la asfixia de la inversión interna. Esta política monetaria restrictiva impide que las tasas de interés domésticas bajen, congelando la inversión productiva de largo plazo en el 1,15%.

En la práctica ello ha permitido que las grandes empresas disfruten del cómodo “look and see”, ganando intereses seguros en el mercado financiero en lugar de arriesgar capital asegurando, por ejemplo, la construcción del sector minero-industrial por irradiación de las fundiciones y refinerías en el plano de la GMC.

La Paradoja de Quiroz: las personas deben adaptarse a la teoría. Si esta no funciona es culpa de las personas

Es a partir de la evaluación del crecimiento potencial de 5,36% que deberá iniciarse un proceso de recuperación del potencial. Es nuestra manera de abordar el problema del empleo, la tasa de política monetaria y el desarrollo del país.

Para Quiroz y el emisor, el equilibrio de los mercados se logra según la tasa del interés que gobernará la conducta de los usuarios. Esquema en que el empleo y la actividad productiva surgirán del comportamiento de los mercados, el dinero y la tasa del interés que los gobierna.

El diálogo privilegiado del gobierno actual es el FMI así como la experiencia en curso de Argentina. Al igual que el ministro Quiroz son interlocutores que aconsejan un país “estable” aún cuando enfrenten una economía estancada al 1,15%.

¿Qué nos muestra el potencial de la economía? El examen del equilibrio de la Balanza de Pagos establece una holgura de 4,21 puntos calculado en relación al potencial de crecimiento de 5,36% para el año 2026 y el crecimiento en el mismo período de 1,15%. Hasta ahí los cálculos que fijan el Fondo de salarios así como la capacidad productiva que lo justifica.

Las variables monetarias se activarán según las etapas de ejecución del Plan de recuperación de la economía y las metas parciales de recuperación del empleo, salarios y cifras de inflación. Las variables monetarias, regulación de la cantidad de M2, tasas de interés, actúan en el contexto de las medidas estructurales de diversificación de las exportaciones, recuperación de la cuasi-renta de la GMC y creación del sector minero-industrial, sustitución de importaciones de consumo indexada a las cifras de importación, inversión en Investigación y Desarrollo (ID). Este Plan de reactivación por etapas deberá traducirse en elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones para así aprovechar la coyuntura de expansión de la economía mundial y las metas parciales ya citadas, de empleo e inflación.

El Plan de Reactivación es un Plan por etapas pues no se trata de volcar la liquidez al mercado interno para recuperar el empleo a través el Fondo de Absorción Salarial y expansión de las capacidades productivas. Chile no es un país pobre; es un país deliberadamente ralentizado por su propia tecnocracia.

Como se verá más abajo el costo de erradicar  el desempleo ha sido evaluado en 11.900 millones de dólares. Ahora bien, la brecha de 4.21 puntos de PIB genera un flujo de 13.893 millones de dólares al año en riqueza productiva potencial. Ese potencial debe compararse con los 11.900 millones de dólares que se necesita para absorber al 9,4% de los desocupados y activar la capacidad productiva. Según estas cifras tenemos un diferencial a favor de  1.993 millones de dólares. Esto nos lleva a la conclusión que el programa de Empleo de Última Instancia se autofinancia de forma genuina mediante la simple liberación de la fuerza productiva que hoy el Banco Central mantiene amordazada con la Tasa de Política Monetaria de 4,5%.

La dupla Quiroz-Banco Central justifica la parálisis interna argumentando que si la economía crece, el país se quedará sin dólares en la Balanza de Pagos debido a las importaciones. Es a partir del potencial representado por un crecimiento de 5,36% que deberá iniciarse el proceso de recuperación. Es nuestra manera de abordar el problema del empleo, la tasa de política monetaria y el desarrollo del país.

Este programa no produce crisis cambiaria, tampoco se arriesgan las reservas internacionales y la liquidez inyectada en salarios se ve obligada a refluir al fisco vía IVA y retenciones de impuestos, procesos que se sitúan mucho antes de tocar las fronteras del comercio exterior.

El Falso Equilibrio

Es inexplicable mantener la economía Chilena operando al 1,15% cuando existe un potencial externo capaz de llegar a tasas de crecimiento en el mediano plazo de 5,36%. El 1,15% condena a cientos de miles de familias a la desocupación, esto asegura que los salarios nominales no presionen al gran empresariado rentista, el que prefiere el cómodo look and see que le garantiza una tasa de interés real del 4,5% sin mover un solo dedo. Según esa lógica la tasa de crecimiento de la economía es de 1,15%. Tanto Quiroz como el Banco Central son epígonos sin matices de la política de ajuste estructural, como lo plantea la escuela monetarista seguida por el ministro Quiroz y el Banco Central

Horizontes para la recuperación del potencial. En busca de soluciones estructurales

Al activar un Fondo de Desarrollo Industrial Soberano (FDIS, ver más abajo p. 20) y sujetarlo a una Tasa Industrial Dirigida (TID) fija del 1,0% o 1,5% real podría pensarse en la activación de la capacidad productiva al margen de la tasa de 4,5% del Banco Central y aspirar a tasas mayores de crecimiento y sustituir en parte el 70% del consumo que viene del exterior.

La solución estructural implica reindustrializar el país en bienes de consumo masivo y componentes intermedios para reducir la dependencia de manufactura extranjera. En el presente Chile exporta concentrados de cobre (materia prima bruta), siendo la elasticidad ingreso de las exportaciones (ε = 1.2), ese valor debiera subir lo cual requiere que el mundo demande bienes chilenos con mayor sofisticación tecnológica, cuya demanda crezca más rápido que el ingreso global.

En los mercados internacionales se anuncia el mayor precio histórico del cobre. Sin embargo, debe considerarse la Cuasi-renta que se resta de los recursos necesarios para el financiamiento de las FURE y la fabricación de las aleaciones madre (Master Alloys) de mayor valor agregado, siendo esta actividad el centro del nuevo sector minero-industrial.

Si el país implementa una estrategia dual (sustitución selectiva de importaciones y agregación de valor a las exportaciones de materias primas), el esfuerzo se divide de forma más realista, abriendo la puerta a romper la mediocridad de los márgenes posibles de crecimiento entre 1% y menos aún. Esto permite a la economía elevar su inversión interna (FBKF) más allá de márgenes que van entre 18 y 23 porcientos del PIB para llegar a niveles del sud-este asiático, así como alcanzar tasas capital-producto de 3.3 o 3.0.

Desafío Estructural de Corto Plazo

Modificar estos parámetros no ocurre por fuerzas de mercado espontáneas; requiere política industrial activa. Mientras las elasticidades sigan en sus niveles actuales π =1.5; ε =1.2, cualquier intento por acelerar la inversión o el gasto público para superar el 1,15% de crecimiento provocará un aumento desproporcionado de las importaciones, vaciando las reservas o disparando la deuda externa.

En lugar de contraer la economía y encerrarla en un molde extractivista, la matriz productiva debe incrementar el valor agregado de las exportaciones (subiendo la elasticidad ingreso de las exportaciones, (ε) y sustituyendo estratégicamente los bienes intermedios y de capital clave (bajando la elasticidad ingreso de las importaciones π). Esta ruta —la propuesta en nuestro ejercicio mediante las fundiciones estatales y el financiamiento a partir de líneas de la Unión Europea, Global Gateway — es la única que hace compatible un crecimiento acelerado con la mejora sostenible en el estándar de vida de la población.

Contracción de la Demanda (Vía Ortodoxa):

Esta estrategia consiste en forzar el equilibrio externo ahogando los componentes del gasto interno. Al deprimir brutalmente los salarios reales, congelar el gasto en vivienda social, salud y educación, y contraer el consumo de la población, se desploma artificialmente la demanda por importaciones, haciendo bajar el PIB real hasta que calce con el raquítico techo externo. Fue la estrategia de “choque” implementada a partir de 1975, la cual estabilizó las cuentas externas a costa de un severo costo social y distributivo. Es lo que plantea en el presente el ministro Quiroz

La Solución de Transformación Estructural (Vía Estructuralista)

Consiste en elevar el techo técnico de la economía mediante una política industrial activa. En lugar de encoger el país para que quepa en un molde extractivista, se expande la matriz productiva incrementando el valor agregado de las exportaciones (subiendo la elasticidad ε) y sustituyendo estratégicamente los bienes intermedios y de capital clave (bajando la elasticidad π).

Esta ruta se inicia con la inversión en 4 fundiciones estatales y obteniendo el financiamiento de la UE (Global Gateway) para así constituir el sector minero-industrial como irradiación de la Gran Minería del Cobre (GMC). Es la vía que hace compatible un crecimiento acelerado con la mejora sostenible del estándar de vida de la población. La vía señalada significa captar la Cuasi-renta actualmente en manos de las Transnacionales. Las últimas cifras señalan que en 2024 salieron 14,4 millones de toneladas a un precio FOB de 30 mil millones de dólares, cargamento que en puertos de ultramar se liquidó a un precio de 51 mil millones de dólares, generando para las transnacionales exportadoras una cuasi-renta de 21 mil millones de dólares sin pago de impuesto corporativo, royalty y derechos de aduana.

Una gestión equivocada

Para que la economía no destruya sus reservas internacionales ni genere crisis cambiarias, la tasa de crecimiento efectiva debe subordinarse al límite fijado por la ecuación que consagra la tracción de exportaciones y una meta de equilibrio de la elasticidad ingreso de las importaciones.

Recordemos que para Quiroz y la tecnocracia actual, mantener la estabilidad de la moneda implica que la elasticidad ingreso de las importaciones (π) debe forzarse hacia cero utilizando la TPM en 4,5% como freno de mano. Esto fue lo que los Chicago Boys realizaron en los primeros años de la dictadura. El costo social no se hizo espera Junto con índices sociales a la baja (educación, salud, vivienda) la tasa de desempleo aumentó a cifras de dos dígitos. La respuesta fueron los planes del PEM (1983) y del POJH (1987) con empleos gubernamentales irrelevantes y de bajos salarios.

Chile exporta concentrados de cobre (materia prima sin procesar). La cadena de valor de este metal se organiza en el mundo según la planificación de las transnacionales que desarrollan una estrategia propia de producción y consumo con altos valores agregados. Chile cumple con su rol de factoría proporcionando la materia prima por lo que en la ecuación de equilibrio de la balanza de pagos la misión de la factoría se consagra con una baja elasticidad ingreso de nuestras exportaciones.

Para evitar el déficit comercial y defender el tipo de cambio, el Banco Central mantiene la TPM elevada (4,5%). Al encarecer el crédito, destruye la capacidad de consumo e inversión interna, forzando artificialmente a la elasticidad de importación, π a aproximarse a cero. Se logra el equilibrio de la moneda y el equilibrio fiscal, al precio de congelar la modernización del país. Se prioriza el indicador macroeconómico sobre la industrialización y las necesidades de la ciudadanía. 

Al dejar de exportar tierra y roca mineralizada con los concentrados y pasar a exportar cobre refinado, subproductos químicos de la fundición y ánodos/cátodos listos para la transición energética, los productos chilenos se vuelven indispensables y de alto valor tecnológico. 

La elasticidad ingreso de las exportaciones se duplica, pasando de 1,2 a 2,4. A diferencia de Quiroz, que reduce las importaciones deprimiendo el consumo de la gente con tasas altas, el FDIS reduce mediante la sustitución estructural de importaciones (π) en la cadena de capital. Al financiar con créditos dirigidos al 1,0% a los proveedores de la industria metalmecánica y el software industrial local, se facilita la fabricación de los bienes de capital transicionales dentro del país. 

La elasticidad de importación cae de forma genuina y sostenible sin necesidad de ahogar la economía con la TPM. La verdadera ruptura del falso equilibrio monetario no se logra enfriando la economía, sino alterando la matriz técnica esto es, elevando el valor de lo que vendemos al mundo (ε) y construyendo la infraestructura habilitante de forma local para que la liquidez utilizada en las transacciones se vea obligada a refluir en el circuito doméstico.

La incompatibilidad de ajustes financieros heredados de la Dictadura con las realidades del siglo XXI

Se nos ubica en la trampa de los ingresos medios con un país que a fines de los ‘80 del siglo pasado y los ‘90 creció a cifras de alrededor de 6%. Esto contrasta con los años 2000 cuando el ritmo económico promedió un crecimiento de 3,9%. Entre los años 2010 a 2026 las tasas de crecimiento apenas superaron 2% promedio. En 2020 se produjo una caída histórica de -6,0% debido a la pandemia de COVID-19, con un rebote de 11,7% en 2021. Los años posteriores reprodujeron el escenario de estagnación, 2,1% en 2022, 0,5% en 2023, 2,6% en 2024 y 2,5% en 2025.

Sin tener la tecnología necesaria ni la educación avanzada o innovación para competir con los países industrializados, la economía quedó atrapada incapaz de modernizarse y diversificarse. La riqueza se concentró y los salarios de la clase media-baja se estancaron, los bienes públicos básicos (educación, salud, vivienda social) se encarecieron y las diferencias sociales aumentaron.

Transitando en la ya tercera década del siglo XXI, sin un proyecto-país, la población ensayó sin mayor convicción, fórmulas políticas desde la centro izquierda hasta la centro derecha, y en el presente colocó sus esperanzas en un proyecto de ultraderecha, apoyado desde el centro en segunda vuelta por la votación en primera del PDG (Parisi)

Entre los años 2010 a 2026 se registró una desaceleración marcada, con un crecimiento que apenas superó el 2% promedio. Esto golpeó duramente al empleo, con cifras que rozan el 10% de desempleo de la fuerza laboral, y consecuencia de ello a los ingresos de las capas de la población más desfavorecida.

El ajuste estructural del ministro Quiroz (Proyecto de Reconstrucción, bautizado como el Proyecto Misceláneo)

El ajuste estructural del ministro Quiroz se centra en resolver inquietudes puntuales del empresariado (baja del impuesto corporativo de 27 a 23 porcientos, reintegración de impuestos, subsidios al empleo, flexibilización laboral, financiar salas cunas con el fondo de indemnización de las trabajadoras….) sin tocar los problemas estructurales señalados más arriba.

Si se plantea crecer a 2,5%, 3.0%, 3,5% o 4% no lo podremos hacer: como lo hemos escrito, tenemos un Freno de Mano Externo que atenta a nuestras aspiraciones de crecimiento. Ese es el techo que manda. Aún, si quisiéramos crecer al potencial modesto e insignificante que nos permite la cifra de 1,15 para 2026, necesitaríamos endeudarnos al exterior. Reconociendo esta realidad, en el mes de enero de 2025 el gobierno Boric colocó Bonos del Tesoro por el monto de 4.375 millones de dólares y el ministro Quiroz presentó una ley que autoriza al Fisco a contraer un endeudamiento adicional de hasta 6.200 millonesde dólares durante el año 2026.

El historial reciente nos enseña que la alternativa al endeudamiento no es otra que suprimir los Bienes Públicos cuyo financiamiento cabe al Estado a saber, Educación, Salud y Vivienda Social. Fue la solución de la dictadura alentada por los Chicago Boys e impulsada por las privatizaciones.

En la actualidad el país depende del endeudamiento externo para sostener su bajo dinamismo.

Oficialmente el desempleo alcanza a 9,4% de la fuerza laboral. Se espera que en el curso del invierno pudiera llegar a dos dígitos. A ello se agregan los bajos salarios.

Para evaluar la capacidad doméstica de absorber esa cantidad de desempleo en términos monetarios, esto es sin considerar los necesarios insumos externos,  además de la masa salarial debemos considerar la capacidad productiva sustitutiva doméstica. Todo eso debe estar previsto en el Plan de Reactivación de la Economía. Esto significa considerar la masa salarial anualizada así como la capacidad productiva de insumos sustitutivos domésticos. Para esto último consideramos la relación técnica capital/producto de 3,5.

Teóricamente Hyman Minsky (economista keynesiano) plantea un programa Employer of Last Resort(Empleador de último resorte, ELR) que fija un salario de absorción indexado a los saldos realesnecesarios para el consumo de subsistencia doméstica. Calibrando el costo de absorción por trabajador (considerando un sueldo base de mercado más costos operativos directos de medios no transables) en un costo mensual de CLP 750.000 desarrollamos un ejercicio dentro del circuito doméstico de la economía.

(Con ello asumimos la doble debilidad estructural de la economía a saber, la mono producción cuprífera y la incesante dependencia de las importaciones. Los economistas la llaman, la baja elasticidad ingreso de las exportaciones y la alta elasticidad ingreso de las importaciones. Mantenerse en esa realidad del comercio exterior se traduce en un financiamiento basado en el endeudamiento externo vía bonos soberanos. Es el costo de considerar el sector externo como un mero mecanismo de ajuste de precios (tipo de cambio flexible).

Con un salario de CLP 750.000 (valor mediano) el desempleo oficial de 981 mil trabajadores, anualizado, equivaldría a CLP 8,829,000,000,000 (CLP 8,8 billones) esto es al tipo de cambio (1 USD = CLP 946,53), USD 9,327,755,063. (9,3 mil millones de dólares). La inversión requerida en capital físico nacional para que los 981 mil trabajadores generen valor agregado bruto real inmediato, sin requerir importaciones, se obtiene dividiendo la masa transaccional de salarios por la eficiencia marginal de la relación técnica sectorial (3,5). Con ello se obtiene un valor de CLP 2,522,571,428,571 (CLP 2,5 billones) esto es, USD 2,665,072,875 (2,6 mil millones de dólares).

Con esas cifras, la inyección monetaria expandida total debe igualar exactamente el valor de la nueva producción interna no transable creada por el Plan de Reactivación de la Economía, ajustada por la velocidad transaccional del circuito de ingresos corporativo-estatal. La sumatoria total, salarios y capacidad productiva son CLP 11,3 billones, esto es 11,9 mil millones de dólares.

Tratándose de un circuito doméstico cerrado, asumimos una elasticidad de importación del circuito de capital que se aproxima a cero. La liquidez transaccional inyectada queda capturada en el comercio doméstico. Por tanto, la masa monetaria refluye al fisco y al sistema bancario local vía recaudación de IVA e impuestos de retención antes de presionar las reservas internacionales del Banco Central. Este circuito monetario cerrado, implica que el dinero inyectado no se fuga hacia el mercado cambiario para comprar bienes transables importados. Lo que evita presionar el tipo de cambio (lo que habría disparado la inflación importada) y protege las reservas internacionales del Banco Central de Chile.

Cada transacción en el comercio doméstico gatilla una tasa de absorción impositiva del 19% de IVA, sumado a los impuestos de retención asociados a la contratación es decir, impuesto de segunda categoría que grava sueldos, salarios y bonos y la retención es cero, si la renta líquida imponible —es decir, el sueldo bruto menos los descuentos previsionales de AFP y salud— no supera las 13,5 UTM mensuales.

Para el año comercial vigente, el porcentaje de retención obligatoria para las boletas de honorarios es del 15,25% sobre el valor bruto del servicio. Al refluir al fisco de manera tan rápida, el dinero se “destruye” o retira de la circulación activa antes de que pueda generar un exceso de demanda agregada de largo plazo que presione los precios al consumidor de forma sostenida.

El dilema de Quiroz y las insuficiencias de absorción: al evaluar el Desglose Estructural de la Inyección Requerida, 11,9 mil millones de dólares (o CLP 11,3 billones). Estas son las cifras que tendremos en cuenta pero las necesidades relativas a la inversión industrial (sector minero-industrial) que abordaremos así como otros, como es el caso de planes de Infraestructura y Vivienda, tienen presupuestos que superan los 13,8 mil millones de dólares calculados como potencial de inversiones, dado un crecimiento de 3,56% en 2026.

Insuficiencia de Absorción Salarial: Los 9,3 mil millones de dólares asignados a las transacciones (78% del total) actúan puramente como un soporte de consumo básico y empleo local. Sin embargo, no alteran la estructura de productividad de fondo. Es evidente que el ministro Quiroz no logrará sostener este nivel de absorción salarial en el tiempo si el circuito depende exclusivamente de la inyección fiscal y el reflujo tributario de corto plazo.

El cuello de botella de los Bienes de Capital: La asignación para inversión transicional (capacidad productiva) es de 2.6 mil millones de dólares (22% del total). Aunque esta proporción acotada es lo que permite mantener la inflación a raya (al no demandar importaciones masivas de maquinaria especializada y repuestos), es insuficiente para transformar la matriz productiva. Sin una inversión robusta en bienes de capital, la infraestructura generada será puramente “paliativa” o de baja intensidad tecnológica.

Recordemos el dato de baja de inflación en mayo de 0,2%. Formalmente esto demuestra que el circuito monetario doméstico tiene una alta capacidad de reflujo contable. Pero, ante un clima de desconfianza, la preferencia por la liquidez debe interpretarse como un motivo de precaución. Lo que prueba que la variable monetaria no es un elemento exógeno a la economía. Por el contrario, es parte de los mecanismos de crédito en la economía y de los planes productivos que desarrollan la Oferta.

La hipótesis de captación total del reflujo de transacciones de mercado lleva al extremo el balance sectorial que debería llevar a cabo la estabilización del consumo mediante el IVA y los impuestos de retención ya señalados.

La absorción monetaria sin más, sacrifica la acumulación de capital productivo. La política del Banco Central de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% es consecuente con un programa de absorción monetaria pero no de reactivación.

Las minutas oficiales de la institución confirman la práctica de ésta política, declarando que mantener la tasa es la “única opción plausible”.^[4], [5] Al mirar sólo la estabilización inflacionaria, el instituto emisor posterga la activación productiva y con ello la crisis de crecimiento de la economía.

Sin un Plan de reactivación, tanto en el plano de la infraestructura como de los proyectos sectoriales, el gobierno no tendrá otra alternativa que recurrir al endeudamiento. El sesgo contractivo del Banco Central de Chile se alimenta de la falta de un Plan Nacional de Reactivación. Una inyección bruta macro-sostenible (11,9 mil millones de dólares o CLP 11,3 billones) supone que la liquidez transaccional va a la par con la reactivación de la capacidad productiva en el corto, mediano y largo plazo.

El error conceptual del Banco Central de Chile deriva de sus estatutos en que el objetivo es el control de la inflación. Ignora como objetivo los mecanismos del empleo. Ausente de un plan productivo, asfixia el componente de inversión en bienes de capital, en cambio eleva el costo del dinero para neutralizar la inyección fiscal directa y de paso pone en la incertidumbre a la inversión privada. Cree en el reflujo fiscal (IVA e impuestos de retención) pero desestima de plano los agregados monetarios estructurales con lo cual compromete la demanda de largo plazo.

La estrategia corporativa: «Look and See» y el sesgo rentista

La combinación de una TPM contractiva en 4,5% con la falta de una política industrial de Estado genera un falso equilibrio defensivo. El gran empresariado chileno prefiere la postura de “esperar y ver” (look and see) por las siguientes razones:

El desincentivo de la tasa real: Con una inflación anualizada que retrocedió al 3,9% en mayo y en  junio se encuentra a 4,3% a 12 meses, una tasa nominal del 4,5% ofrece un rendimiento real seguro para los capitales financieros. ¿Para qué arriesgar capital en fundiciones, refinerías o plantas de procesamiento, o infraestructura si el mercado financiero premia la inactividad?

Captura del mercado interno: Las corporaciones se adaptan a la mediocridad del consumo local básico previsto en la realidad social actual: salario mínimo de CLP 553.553, negociaciones en torno a CLP 650.000, pero que en nuestra convicción no puede existir un mínimo que baje de los CLP 750.000. Se sabe que habrá un flujo mínimo de compras domésticas, pero no encuentran ningún estímulo para llegar a un nivel de Demanda Efectiva capaz de justificar y ampliar instalaciones o modernizar necesarios procesos productivos.

El espejo de Corea del Sur frente al dilema de Chile

Cuando hace cuatro décadas Corea del Sur registraba el mismo PIB per cápita que Chile posee hoy, decidió romper con el “falso equilibrio de la moneda” por lo que no dejó ni la tasa de interés ni la inversión al libre albedrío del mercado interno. El Estado obligó al sistema bancario a canalizar créditos subsidiados y dirigidos exclusivamente a sectores estratégicos (acerías como POSCO con 2 plantas en Pohang y Gwangyang, que producen electrónica y automotriz). Si una empresa quería protección o subsidios, estaba obligada a cumplir con cuotas de exportación de alto valor agregado y a reinvertir sus ganancias en la modernización de bienes de capital.

La falacia de la neutralidad: Chile asume que el mercado asignará los recursos eficientemente si la inflación está controlada al 3%. Como resultado, el país sigue atrapado exportando concentrado de cobre en bruto, externalizando el valor agregado del procesamiento y la refinación a Asia.

Conclusión macroeconómica

Al mantener la TPM en 4,5%, el Banco Central valida la falta de ambición del entorno económico chileno. Se protege la estabilidad nominal de corto plazo a costa de destruir el incentivo para la transformación industrial. Mientras el Estado se rehúse a financiar la transición productiva y a subordinar la política monetaria a una estrategia de desarrollo soberano —tal como lo hicieron los tigres asiáticos, el circuito económico de Chile seguirá atrapado en un ciclo paliativo: inyectar salarios para sostener el consumo básico, recaudar fondos mediante el IVA y tolerar el estancamiento de la gran infraestructura de capital.

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Para saltarse el bloqueo de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central y el sesgo rentista de la banca comercial, el Estado debe crear un circuito financiero cerrado de Dinero de Propósito Específico o Crédito Dirigido.

La Inversión como recuperación del potencial: Fondo de Desarrollo Industrial Soberano (FDIS) e intervención de las AFP

El objetivo del Fondo de Desarrollo Industrial Soberano (FDIS) no es maximizar el retorno financiero nominal, sino maximizar la tasa de acumulación de bienes de capital físico para la transformación productiva.

El FDIS se capitaliza inicialmente mediante la titularización de flujos futuros del litio, excedentes estructurales de Codelco o la emisión de “Bonos de Infraestructura Industrial” a largo plazo adquiridos por los fondos de pensiones estatales o reservas soberanas.

El FDIS otorga créditos directamente a los proyectos de industrialización, sin pasar por la banca privada. Los bancos comerciales quedan fuera, por lo que no pueden aplicar sus márgenes de riesgo ni indexar los préstamos a la TPM.

Tasas Duales

El fondo quiebra el principio neoclásico de la tasa de interés única mediante un sistema de Tasas Duales: el FDIS aplica una Tasa Industrial Dirigida (TID) fija del 1,0% o 1,5% real. Sigue vigente la TPM del 4,5% fijada por el Banco Central con lo que se persigue frenar el crédito automotriz, el consumo y las burbujas inmobiliarias.

La normativa del FDIS se aparta de aquella del Banco Central pues el FDIS no capta depósitos del público a través del mercado interbancario. Al ser un fondo de capital cerrado, el Banco Central no tiene la facultad legal ni operativa para regular las tasas de contratos de crédito directos entre una agencia de desarrollo estatal y una corporación productiva. Para evitar que este dinero barato se filtre a la especulación o al consumo interno (lo que reactivaría la inflación), el crédito del FDIS es condicional y finalista. Esto quiere decir el dinero del préstamo no se deposita en la cuenta general de la empresa, pues permanece en un fondo en garantía administrado por el FDIS. Se trata de Cuentas Corrientes de Propósito Especial (Escrow Accounts). Se trata de pagos directos al proveedor. Por ejemplo, si una empresa metalúrgica chilena pide un crédito para levantar una refinería, el FDIS no le entrega directamente el dinero del pago. El FDIS le paga directamente al proveedor de los hornos, la ingeniería y los bienes de capital transicionales tras verificar la factura y el avance de la obra. La elasticidad de importación del circuito de consumo sigue siendo cero. En el fondo se trata de subsidios vinculados a metas de Exportación y Valor Agregado. Si la empresa beneficiaria no logra procesar el concentrado de cobre y exportar cátodos o subproductos con mayor valor agregado en un plazo de 36 meses, la tasa del crédito se penaliza y se eleva automáticamente al nivel de la banca comercial, forzando la disciplina de mercado.

El FDIS expande la capacidad productiva sin generar las presiones inflacionarias que preocupan al Banco Central. Al contrario del gasto social puro, la inversión financiada por el FDIS en refinerías y plantas de procesos incrementa la productividad marginal del trabajo y el volumen de bienes disponibles en el mediano plazo. En síntesis, existe una neutralidad Inflacionaria. Las utilidades generadas por la exportación de productos refinados retornan directamente al FDIS para amortizar los créditos. El dinero refluye al fondo soberano, permitiendo financiar nuevos proyectos de infraestructura habilitante sin requerir nuevas inyecciones del presupuesto nacional.

Este modelo quiebra el comportamiento defensivo del empresariado (look and see) al ofrecer financiamiento a tasas históricamente bajas que la banca comercial jamás podrá igualar debido al bloqueo de la TPM, el Estado asume el riesgo inicial y vuelve económicamente irresistibles los proyectos de industrialización y modernización tecnológica.

¿Cómo se podría resolver el techo de la Restricción Externa?

El primer paso para crear el sector minero industrial es entender el papel de la Fundición-Refinación (FURE) en el proceso de lixiviación de los sulfuros y de los óxidos. Los óxidos, que se van agotando son altamente solubles en ácido sulfúrico, lo que permite una lixiviación rápida y con pilas a temperatura ambiente. Los sulfuros requieren de condiciones más agresivas (cloruros o altas presiones) para romper la estructura del sulfuro, siendo la lixiviación clorurada y la biolixiviación las técnicas clave para este fin.

La industrialización derivada de la economía del cobre es la irradiación que se busca. La base de dicho spill over se encuentra en los subproductos que actualmente son refinados en el exterior.

El precio final de las exportaciones no corresponde a lo enviado, puesto que se liquida en el exterior después de los procesos de fundición-refinación. En ese proceso quien fija el precio no es el vendedor basado en Chile sino el comprador basado en el extranjero; esto es lo que la UNCTAD ha denunciado desde hace más de una década como un proceso de subfacturación que en los hechos corresponde a un contrabando desde los puertos de Chile. Ahora bien, el circuito de producción-comercialización corresponde al proceso que realizan las transnacionales que operan en Chile.

Revertir este proceso implica invertir en Fundiciones Estatales. Me refiero a la Construcción de 4 plantas de fundición y refinación de alta tecnología con una inversión total de US$ 12.000 millones (US$ 3.000 millones por planta). Recomiendo para ello el esquema Financiero Internacional (UE). Se trata de un financiamiento estructurado a través del programa Global Gateway de la Unión Europea. Se implementa un modelo de empresa mixta con control mayoritario estatal (51% Chile – 49% Consorcio Europeo). El 70% se apalanca vía Project Finance con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a tasas concesionales fijas, garantizado por contratos de compra a largo plazo de cobre verde.

La captura de la Cuasi-Renta (Qr)

La Cuasi-renta es la renta suplementaria que obtiene la transnacional con el sobre precio por lo que exporta y que no declara en la Aduana de Chile. Al procesar localmente el mineral se retiene el valor real que hoy se liquida en puertos de ultramar. Cada planta genera un Flujo de Caja Neto de US$ 1.150 millones anuales (EBITDA), logrando un retorno sobre la inversión (ROI) del 38,3% y un periodo de recuperación del capital de solo 2,6 años. Las 4 plantas inyectan más de US$ 7.612 millones netos anuales a la Balanza de Pagos (vía mayor valor FOB y retención de rentas). El déficit de la Cuenta Corriente se desploma a un rango mínimo e irrelevante de ~1% del PIB, eliminando el estrangulamiento externo o techo impuesto por las Cuentas Externas en el largo plazo.

Absorción del Desempleo y Plan de Infraestructura Local

Este Plan representa una inyección contra-cíclica, mediante un fondo de US$ 10.000 millonespara un Plan Nacional de Vivienda y un Plan Nacional de Infraestructura (focalizado en la resiliencia urbana contra tormentas e inundaciones).

Para llevar a cabo este Plan realizamos un desglose técnico mediante la Matriz Insumo-Producto (MIP). Contamos como insumos locales (75% = US$ 7.500 millones), destinados a la contratación del 10% de desempleados de la fuerza laboral con un salario digno indexado de 750.000 CLP, y al consumo de cemento, madera y metalmecánica de las ramas industriales nacionales subutilizadas.

Contamos con insumos Extranjeros (25% = US$ 2.500 millones) que se refieren a importación de maquinaria pesada, acero estructural y asfalto, financiados plenamente con los dólares excedentes recuperados por las fundiciones.

Las obras se focalizan en las comunas con mayor susceptibilidad urbana e inundabilidad (San Joaquín con 100% de vulnerabilidad, Cerro Navia, Lo Espejo, Quinta Normal, El Bosque y zonas ribereñas rezagadas del centro-sur del país).

Impacto en el Crecimiento, Inflación e Interés

Aplicando el multiplicador de la construcción de la Matriz Insumo Producto (1,68) y sumando el efecto inducido por el consumo de los nuevos salarios obreros, el plan inyecta una expansión real directa de +5,77%al producto. Teóricamente si sumamos este Plan al crecimiento de base, podríamos dar un  salto de crecimiento real del cercano al 6% anual, emulando las dinámicas históricas del Sudeste Asiático.

Esto es una cifra indicativa que muestra el uso gradual del potencial económico en el largo plazo es decir, a medida que se resuelvan las restricciones que impone la Balanza de Pagos

Aunque la inyección monetaria inicial presiona la demanda interna, el ingreso masivo de las divisas de las fundiciones provoca una apreciación estructural del peso (dólar más bajo). Esto abarata el costo de los alimentos y combustibles importados. A largo plazo, la construcción de viviendas masivas disminuye el precio real del ítem de arriendos en el IPC.

En este Plan se puede considerar una coordinación de Política Monetaria (Hacienda – Banco Central) donde el Ministerio de Hacienda ejecuta una esterilización de divisas abriendo una cuenta de estabilización extranjera para liquidar pesos gradualmente a tasas absorbibles por el mercado. Se aísla el plan de las alzas preventivas de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central utilizando financiamiento fiscal directo proveniente del cobre y créditos preferenciales europeos.

Intervención de las AFP en el diseño financiero del Bono Industrial. 

Para capturar el interés de los fondos de pensiones de Chile, el instrumento no puede ser un bono corporativo privado común, sino un Bono de Proyecto Estructurado (Project Bond) con las siguientes especificaciones técnicas:

El Bono de Proyecto Estructurado será emitido por una sociedad anónima de objeto exclusivo (por ejemplo, podría ser una Sociedad Chilena de Aleaciones Tecnológicas), donde el Estado (vía Codelco o ENAMI) posea una participación minoritaria pero estratégica, y socios tecnológicos privados posean la mayoría operativa.

El Estado chileno actúa como aval del capital principal del bono durante los primeros 7 a 10 años (el periodo crítico de break-even). Esto reduce el riesgo de crédito del instrumento a una categoría cercana a la de un Bono Soberano.

Moneda y Ajustabilidad del bono: El bono es emitido en Unidades de Fomento (UF) o directamente en Dólares (USD), protegiendo al inversionista institucional contra la inflación local.

Estructura de Retorno (Tasa y Plazo):

Plazo: 15 a 20 años, calzando perfectamente con el horizonte de inversión de los fondos A y B de las AFP.

Tasa de Interés: Debería ofrecer un spread (premio) sobre el bono soberano a 10 años. Si el bono soberano chileno rinde un 5,5%, el Bono Industrial debería estructurarse a una tasa en torno al 6,5% o 7,0% anual para incentivar la migración de capitales desde el extranjero hacia el mercado local.

¿Cuál  sería el interés de las AFP? Las administradoras locales enfrentan una presión constante por rentabilidad y diversificación. Este instrumento ofrece tres ventajas clave para el portafolio institucional:

Mitigación del riesgo cambiario: Hoy en día, cuando el Fondo A invierte fuera de Chile, asume una alta volatilidad por el tipo de cambio. Un bono industrial indexado al dólar o UF, pero emitido localmente bajo leyes chilenas, elimina o reduce significativamente los costos de cobertura cambiaria (hedging).

Calce de plazos perfecto: Los fondos de pensiones necesitan activos de muy larga maduración para pagar las pensiones futuras. El mercado de capitales chileno actual ofrece pocos instrumentos de este tipo fuera del sector inmobiliario y de concesiones viales.

Activo contra-cíclico: El valor de las aleaciones madre (master alloys) está ligado a la transición energética global (electro movilidad, energías renovables). Esto asegura una demanda internacional cautiva y flujos de caja, estables e independientes de los ciclos políticos locales.

La viabilidad política y regulatoria en Chile

El principal obstáculo no es financiero, sino de arquitectura legal. El marco normativo chileno actual impone restricciones estrictas:

Límites de inversión de la Superintendencia de Pensiones: Las AFP tienen topes máximos para invertir en instrumentos de emisores nacionales que no tengan un historial de utilidades de tres a cinco años (empresas en etapa de proyecto o greenfield).

La solución regulatoria: Se requeriría una modificación legal en el Congreso o una norma de excepción de la Superintendencia de Pensiones que califique a estos instrumentos como “Activos Alternativos de Interés Nacional”. Esto permitiría al Fondo A y B destinar, por ejemplo, hasta un 2% o 3% de su cartera total a la compra de deuda industrial con garantía del Estado.

Santiago, julio 31, 2026

*Fuente: Hector Vega

Notas:

^[1] Fuente: Observatorio de Políticas Económicas (OPES) –INE. RSS, Centro de Estudios.

^[2] Señala la indexación de la elasticidad de las importaciones de consumo al crecimiento del PIB.

^[3] Anthony P. Thirlwall (1979). The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth Rate Differences. PSL Quarterly Review (originalmente conocida como Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review). En un estudio que abarca 40 años de la economía chilena (1980-2019) los autores Fernando Yunga, Carlos Tapia, Shaley Camacho y Alexis Cuevas señalan que en el caso estudiado los resultados demuestran que se cumple la llamada Ley de Thirlwall. Literalmente indican que “al integrar los flujos de capital (IED) el país ha demostrado una relación de largo plazo. Existe una relación bidireccional entre el Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones, y una relación unidireccional que va desde el PIB hacia la IED. La política económica podría enfocarse en diversificar las exportaciones, y fomentar la entrada de nuevos capitales suavizando los términos normativos internos”.Cfr. Fernando Yunga Medina, Carlos Tapia Morquecho, Shaley Camacho Manzanillas, Alex Cueva Jiménez(2022). ¿La balanza de pagos limita el crecimiento económico? Nueva evidencia para Chile período 1980-2019. El papel de los flujos de capital? Boletín de Coyuntura, ISSN-e 2600-5727, Nº. 35, 2022 (Ejemplar dedicado a: Boletín de Coyuntura), págs.25-35.

La investigación puede consultarse en ingles: Does the balance of payments constrain economic growth? New evidence for Chile 1980-2019. The role of capital flows.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8791894#:~:text=Thirlwall%20(1979)%20afirm%C3%B3%20que%20el,la%20dependencia%20en%20las%20exportaciones.

^[4] A junio de 2025, comentando el IPOM de esa época, el Banco Central de Chile no  veía cambios que pudieren intervenir en su política siempre que la meta de inflación se mantuviera en 3% por el resto del año. Sin embarga la institución alerta sobre escenarios complejos en Medio Oriente lo que podría llevar a mayor incertidumbre en el futuro.

^[5] Un año después, en junio 24 2026, el Banco Central seguía en la incertidumbre. Estimaba que mantener la tasa de interés en 4,5% era la única opción plausible frente a noticias respecto a la guerra en Medio-Oriente. Debía evaluarse, según la institución, que la eventual normalización de la oferta mundial de petróleo así como la “reacción de la demanda ante un escenario externo más benigno (…) qué otras fuerzas internas podrían impulsar el gasto”.

El articulo El lecho de procusto apareció primero en piensaChile.

El 21 de diciembre el 2022 el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre solicitó al Servicio Nacional de Aduanas (SNA) información acerca de las operaciones de la Planta Refinadora de Metales (PRM) en Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agregamos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

En respuesta a nuestra solicitud el SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, respondió que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […], b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”.

Ver artículo completo de Héctor Vega

LS-Nikko: Un socio prescindible

LS-Nikko es un socio coreano-japonés, al cual Codelco le entregó el 66% de la propiedad, para que continuara haciendo lo que ya hacía por años. Esto ocurrió en el primer gobierno de Piñera. Y sus actividades, como lo denuncia Héctor Vega, están muy bien protegidas por el SNA (Servicio Nacional de Aduanas) argullendo lo que han leído en el párrafo anterior. Chile no necesitaba esa sociedad para realizar los trabajos que hoy hace.

Algo de historia sobre la creación y gerenciamiento de ese empresa y su planta en Mejillones:

Camus comenta que “en Chile tenemos los ingenieros y técnicos capaces de llevar adelante un proceso de fundición de metales nobles. Tenemos una tradición desde 1964, es decir, de 48 años en que la gente que trabajó allí se súper especializó. En mi caso, cuando llegué en 1972, me desempeñé en el Laboratorio de Control de Calidad. Era gente que sabía muy bien su trabajo, eran honestos y cuidaban muy bien lo que producían. Si cada lingote de oro que salía de allí era sagrado porque estábamos conscientes de que esa planta pagaba los costos de Enami Ventanas. Que me vengan a decir que no tenemos gente especializada para trabajar en eso. No necesitábamos aprender de los coreanos como obtener metales nobles de los barros anódicos”.

Texto completo del artículo de Mauricio Becerra

¡Llegará el día en que los responsables de estos robos a la economía de nuestro país tengan que responder frente a la justicia por estos crímenes!

El articulo Las grandes potencias van a la guerra por las tierras raras. ¡Chile las regala! apareció primero en piensaChile.

Resumen Analítico

Héctor Vega. “Cobre. El metal de la discordia”. Crónica de un saqueo.
(317 páginas) Editorial Forja. Santiago. Chile
Registro de Propiedad Intelectual: N° 2025-A-4254
ISBN: Nº 978956338808-4

Clave: Allende, Soberanía, LOCCM, Concesiones, Subproductos, Trazabilidad, DUS, Aleaciones, Metales críticos, Subfacturación, Hegemón

Héctor Vega presenta en “Cobre. El metal de la discordia. Crónica de un saqueo” (de ahora en adelante denominado, Libro) la historia del cobre en Chile durante el siglo XX y la desnacionalización ocurrida durante la democracia que abarca los años 1990 hasta el presente, proceso que se articula con el pensamiento del autor en su búsqueda por la soberanía sobre los recursos naturales. Históricamente este proceso aparece respaldado por la Resolución 1803 de las Naciones Unidas de 1962 que declaró el derecho inalienable de las naciones sobre sus riquezas o Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales. Base sobre la que se inspira la política del presidente Salvador Allende al nacionalizar la minería del cobre en ese entonces en manos de cinco empresas norteamericanas. El período estudiado incluye la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982) durante la dictadura y el proceso de desnacionalización que ocurre a la vuelta de la democracia para concluir hoy en una situación en que 72% de la Gran Minería del Cobre se encuentra en manos de las compañías Transnacionales correspondiendo el 28% restante al Estado de Chile, es decir Codelco.

La batalla del cobre

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la producción y comercialización estaban bajo control de 5 empresas estadounidenses que operaban en el país y del gobierno de Washington, el cual fijó unilateralmente precios bajos durante el conflicto bélico, causando perjuicios millonarios al Estado de Chile. Época en la que el gobierno de EE.UU compensaba a las compañías norteamericanas el diferencial de precios entre lo que recibía Chile y el precio internacional. Tras hitos normativos como el Convenio de Washington de 1951 y la Ley del Cobre de 1952, que permitieron una mayor participación estatal en la comercialización, se implementó la política de Chilenización bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), donde el Estado se comprometía a comprar el 51% de las acciones de las compañías. Voz disidente en estas negociaciones fue la de Radomiro Tomic, quien en esa época representaba al Gobierno de Chile como embajador en Washington. Tomic pensaba que los términos de la asociación mixta, chilena-estadounidense, eran lesivos para el interés del Estado de Chile. Pues su lógica correspondía a una operación de autofinanciamiento del Estado, que se constituía en garante de las deudas contraídas por las sociedades norteamericanas con los organismos internacionales de crédito, especialmente el Eximbank y la AID.

Esta trayectoria culminó el 11 de julio de 1971 con la histórica Nacionalización de la Gran Minería del Cobre bajo la presidencia de Salvador Allende, aprobada por unanimidad en el Congreso mediante la reforma constitucional de la Ley 17450 que fue publicada en la Disposición Transitoria N° 17 de la Constitución de 1925 (Cfr. Libro. Capítulo 3 pp. 57-76). Especial participación en esta legislación cupo a Eduardo Novoa Monreal, principal asesor jurídico del presidente Allende. La nacionalización consagra el derecho indiano establecido en Chile en el siglo XVIII y reconocido por Andrés Bello (proyecto del Código Civil 1855) que por supuesto admite la concesión, pero no a la manera en que la estableció años más tarde la dictadura en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982), ley que establece un concesionario con las atribuciones de propietario.

El Estado recuperó el dominio pleno sobre los yacimientos de Chuquicamata, Exótica, Salvador, Andina y El Teniente; para los efectos de las indemnizaciones se aplicaron deducciones referidas a los derechos del Estado sobre los yacimientos, bienes de capital en mal estado y ganancias excesivas (en este caso se fijó como criterio sancionar utilidades sobre el 10% del valor libro desde 1955). Un detalle técnico crucial fue el rol del Contralor General, quien dispuso de un plazo de 120 días (más una prórroga de 90) para fijar indemnizaciones; tras los descuentos por mala administración de faenas y remoción de estériles (30 millones de toneladas solo en Chuquicamata), resultaron en saldos negativos para las mineras norteamericanas, salvo el caso de la Compañía Minera Andina S.A. En el caso de El Teniente se dedujo además la reevaluación de varios ítems del balance después del 31 de diciembre de 1964. En este recuento de indemnizaciones, Chuquicamata, El Salvador y El Teniente quedaban con saldos en contra; es decir, le debían al Estado de Chile. Sólo recibían indemnizaciones la Compañía Minera Exótica (Anaconda) más de 10 millones de dólares y la compañía Minera Andina S.A. de Cerro Corporation, más de 18 millones de dólares. Andina no figuraba en el ítem de deducción de las ganancias excesivas, pues su giro de operaciones había comenzado solo en 1970, pero se le deducía en el ítem de activos de capital en mal estado, más de 345 mil dólares.

El aspecto más controvertido de este proceso fue el mecanismo para determinar las indemnizaciones: se estableció el valor libro de las empresas al 31 de diciembre de 1970 como base, pero se facultó al presidente para deducir las “rentabilidades excesivas” superiores al 10% anual obtenida por las compañías desde 1955. Debido a las altísimas ganancias reportadas en las décadas previas, la Contraloría General de la República resolvió que yacimientos principales como Chuquicamata, El Salvador y El Teniente no tenían derecho a indemnización y, por el contrario, quedaban con saldos deudores ante el Estado chileno. A estas deducciones se sumaron cobros por el mal estado de las instalaciones y los costos de remoción de estériles que las empresas habían dejado acumulados por una explotación deficiente.

La respuesta internacional a este acto soberano dio origen a una ofensiva diplomática encabezada por la administración de Richard Nixon en represalia por la falta de indemnizaciones directas. El gobierno de Estados Unidos invocó herramientas legales como las enmiendas Hickenlooper y González para suspender la ayuda económica bilateral y bloquear sistemáticamente los créditos hacia Chile de organismos multilaterales como el Eximbank y el Banco Mundial. Nótese que el Derecho Internacional, desde la posguerra, consagraba el derecho de la nacionalización, por tanto no correspondía al Poder Judicial de EE.UU pronunciarse acerca del alcance de los actos de la nacionalización de un Estado extranjero en su propio territorio.

Henry Kissinger, Secretario de Estado y confidente del presidente Nixon, siempre entendió que no podía someter las acciones contra la nacionalización ante la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. En el pasado la Corte Suprema se había pronunciado en un caso donde se había rechazado la enmienda Hickenlooper con la que el gobierno de EE.UU había pretendido la defensa de los intereses de sus connacionales invocando el Derecho Internacional como parte de su propio Derecho para casos de ciudadanos norteamericanos afectados en sus intereses. Se estableció así la doctrina llamada Acto de Estado (Cfr. Libro Capítulo 4 pp. 77-88. Ver además, La Batalla por el Cobre. Eduardo Novoa Monreal, pp. 292-295, Caso Banco Nacional de Cuba vs Farr Whitlock Co. y P.L.F. Sabbatino).

En el ámbito judicial, empresas como Kennecott y Anaconda iniciaron una ofensiva en tribunales extranjeros, logrando el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos de Francia, Alemania e Italia, así como el congelamiento de cuentas bancarias de agencias estatales como Codelco y Corfo en Nueva York. Según testimonios de la época, el país enfrentó un asedio constante y una verdadera guerra económica y política destinada a asfixiar financieramente a la administración chilena tras la recuperación de su principal riqueza material.

La doctrina de la concesión plena y de cómo recuperar la Soberanía sobre nuestros recursos

La transformación jurídica de la minería chilena ha tenido un impacto profundo en la soberanía nacional, alejándose del carácter patrimonial-regalista histórico para adoptar un sistema que favorece al empresariado privado. Durante la dictadura militar, a pesar de que la Constitución de 1980 declaraba formalmente el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas (inciso 6°, numeral 21 del Art. 19), la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) de 1982 instauró la doctrina de la “concesión plena”, otorgando a los concesionarios derechos prácticamente idénticos a la propiedad privada sobre los yacimientos. Este marco legal redujo el papel del Estado a un “dominio subsidiario”, despojándolo de atribuciones reales sobre el uso y disposición de sus recursos naturales. En definitiva, pese a la declaración constitucional, el Estado de Chile pasa a tener la nuda propiedad, o propiedad eminente del Estado, vaciando de esa manera el espíritu de la declaración del Art. 19 de la Constitución.

Esta estructura jurídica cerró efectivamente la puerta a futuras nacionalizaciones bajo las condiciones establecidas en 1971, al imponer un mecanismo de indemnización por expropiación basado en el “valor presente de los flujos netos de caja de la concesión” (Artículo 11 n° 3 de la LOCCM). Para el autor, este cálculo resulta tramposo e inaplicable, ya que obliga al Estado a pagar por el valor de las reservas que legalmente ya le pertenecen, transformando la concesión en una propiedad de facto. Al indemnizar flujos futuros, el Estado debería pagar por el mineral depositado en las entrañas de la mina y que le pertenece, validándose con aquello una “venta de lo ajeno”. Además, el cálculo es arbitrario porque el 99,9% del cobre se transa en mercados de futuros y operaciones fuera de bolsa (over-the-counter), mientras que solo el 0,1% se transa en bolsas físicas. La aleatoriedad de precios hace imposible predecir flujos futuros con rigurosidad y certidumbre.

Aunque existe un debate jurídico sobre si la Disposición Tercera Transitoria de la Constitución permitiría al Presidente renacionalizar el cobre mediante un simple decreto supremo, el autor argumenta que el proceso requiere pasar por la reserva legal del Congreso, dado que es un acto de soberanía que debe enfrentar estructuras neo liberales profundamente internalizadas en la sociedad chilena; por tanto en democracia requiere de un acto soberano de los poderes Ejecutivo y Legislativo (Cfr. Libro Capítulo 7 pp. 105-114).

La LOCCM vació de contenido la reforma de 1971 al instaurar la llamada Concesión Plena. El autor enfatiza que el Artículo 91 del Código de Minería otorga a la sentencia judicial el carácter de “título de propiedad”, lo cual es un absurdo jurídico en un sistema donde el Estado es el dueño absoluto del recurso. La concesión no significa que el Estado se haya desprendido de su dominio. El hecho que la concesión haya sido establecida mediante una sentencia judicial debe ser considerado como un requisito formal, pues en sí la concesión minera es un acto administrativo que de ninguna manera consagra un derecho real del concesionario sobre la mina. En la interpretación de los tribunales, haciendo caso omiso del inciso 6° del numeral 24 del Art. 19, se admite que la concesión es un derecho real que deriva de la sentencia judicial que reúne los dos elementos que el derecho civil ha establecido como necesarios para transferir un derecho real, esto es, título y modo, reunidos en un solo acto a saber, la sentencia que otorga la concesión.

Esta interpretación aparece en el Art. 91 del Código de Minería (Ley 18.428, del 14 de octubre de 1983) que ve en la “sentencia que otorga la concesión un título de propiedad sobre ella y da originariamente su posesión”. Nótese, como un contrasentido de esta legislación, que el Estado interviene, no solo en la constitución de la concesión (véase Servicio Nacional de Geología y Minas, Sernageomin), sino además en el control de la obligación de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica el acto constitutivo y otorgamiento de una concesión minera –además bajo el control del Estado se encuentra la concesión sujeta a la obligación de amparo mediante el pago de la patente – un pago mínimo sin relación a la magnitud de la riqueza que se explota. En conclusión, cuando se acepta la doctrina del acto concesional establecido en una sentencia judicial como el origen de un derecho real, se invalida el dominio completo, exclusivo, absoluto e imprescriptible del Estado sobre el yacimiento consagrado en el artículo 19 de la Constitución de 1980 (Cfr. Libro pp. 115-116).

Para recuperar la soberanía sobre el recurso natural más importante del país, el autor propone una hoja de ruta que incluye la derogación de la LOCCM por ser inconstitucional y el restablecimiento del dominio patrimonial-regalista establecido en la legislación española durante la Colonia. Con esto se reconoce que la concesión es un contrato intuitu personae (o arriendo) y de ninguna manera un contrato real sin respeto a determinada persona y aún oponible ante el Estado. Esto lleva a la derogación de la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de 1980 y la plena vigencia de la Disposición Transitoria Decimoséptima de la Constitución de 1925 o Ley N° 17450 de 11 de Julio de 1971. Con esto, al igual que las materias no concesibles, el Estado podrá explotar los recursos directamente o mediante Contratos Especiales de Operación (CEO) con plazos definidos, eliminando la figura de la concesión judicial como título de propiedad.

Chile es un país transportador de cobre. Carece de los atributos de la exportación

Actualmente el Estado carece de un Plan de Explotación del recurso cobre, o Plan Minero, el que está entregado a las transnacionales de la Gran Minería del Cobre que monopolizan la compleja cadena de valor del cobre. El Estado de Chile exporta concentrados es decir polvo y roca para ser tratado por las FURE (fundiciones y refinerías) de ultramar que forman parte de la cadena de valor de las transnacionales. El país se limita a su papel de transportador de concentrados y en mínima proporción a cátodos. Los embarques de concentrados facilitan la subfacturación y la pérdida para el país de más de 40 subproductos valiosos, como oro, plata, molibdeno, rodio, tierras raras etcétera, que no son fiscalizados debidamente por las aduanas chilenas en los puertos de embarque y terminan siendo recuperados por las FURE en el extranjero sin compensación alguna al vendedor de concentrados. Oficialmente el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) debe fiscalizar los embarques del mineral a través de los Documentos Únicos de Salida (DUS), para ello debe cumplir con  la Resolución de 2019 que contempla la declaración obligatoria a solo cuatro elementos contrariamente a la de 2018 que exigía el control de al menos 14 minerales valiosos. Actualmente los DUS se llenan según las instrucciones del Consejo Minero sin que el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) tenga mayor intervención real en los trámites de embarque.

El SNA debe asumir un rol fiscalizador activo mediante la incorporación de tecnología avanzada en los 5 puertos de embarque, como espectrómetros de absorción atómica y microscopios electrónicos, para así validar la composición real de los concentrados y evitar que metales como el oro, la plata y el platino sean declarados como “no pagables” en transacciones entre empresas relacionadas. Esta falta de control institucional facilita la subfacturación, una práctica que según nuestro ordenamiento jurídico corresponde tipificar como contrabando cuando se defrauda a la hacienda pública omitiendo la presentación de mercancías de lícito comercio. Como ya lo dijimos, en las circunstancias actuales Chile no es exportador de cobre sino un mero transportador de concentrados es decir, polvo y rocas, que serán tratados en las FURE de ultramar (las subfacturaciones son el tema que el lector interesado podrá consultar en las siguientes páginas del Libro: 60, 127, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 161, 167, 183, 189, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 209, 211, 222, 236, 245, 250, 275, 283, 285, 299, 300).

Las distorsiones propias al mercado de recursos naturales

La formación de precios en este mercado no responde únicamente a la oferta y la demanda física, sino que está dominada en un 99,9% por operaciones de futuros y opciones fuera de bolsa, donde los fondos de cobertura y los especuladores imponen una volatilidad extrema que los precios de productor no pueden predecir. En este escenario, las empresas transnacionales operan como conglomerados integrados que controlan toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la manufactura, permitiéndoles endogenizar los precios y capturar la ganancia real en los procesos de fundición y refinación realizados en el extranjero. La vulnerabilidad de las economías mono productoras de commodities quedó de manifiesto tras la crisis de 2008, cuando el desplome de los precios y el endeudamiento en dólares socavaron los balances de los países exportadores, evidenciando que el precio de las materias primas se ajusta más al manejo monetario global que a los costos de producción locales.

En el libro el autor ejemplifica con el caso del carguero Earth Ocean que ilustra la magnitud del perjuicio económico: en un solo embarque de 11,000 toneladas de concentrado, se reportó el oro y la plata como “no pagables”, lo que representó una pérdida de millones de dólares en metales que no tributaron en Chile pero que fueron recuperados por refinerías en Japón. Este modelo de factoría se confirma al analizar refinerías como Aurubis en Hamburgo, donde el valor de los sub productos recuperados (oro, plata, platino y níquel) y las aleaciones (Master Alloys) que se elaboran llegan a tener un valor de mercado, 6 a 7 veces superior al valor del cobre fino contenido en el concentrado, una riqueza que Chile regala por su incapacidad de fundir y refinar en su propio territorio. Finalmente, la brecha de desarrollo se hace evidente al comparar a Chile con economías industrializadas como Alemania, Francia, Suiza, Bélgica; mientras Chile exporta materia prima a precios básicos, dichos países generan aleaciones maestras de cobre con un alto valor agregado tecnológico, obteniendo precios por libra que superan ampliamente los del mercado de commodities y demostrando que la verdadera soberanía reside en la capacidad de transformar el mineral en productos manufacturados complejos (Cfr. Libro Capítulo 15 p. 242, Capítulo 16 pp. 255, 256-262).

Estas aleaciones de cobre son una mixtura de minerales de mayor valor que el cobre para darle un máximo de durabilidad o una cualidad específica requerida por el comprador. Al compulsar las cifras de este mercado, tenemos una visión de lo que se gana con la industrialización del cobre, ganancia abierta con cifras mayores cuando la exportación de la tecnología se vende en mercados de economías industrializadas.

El proceso de las aleaciones comienza en el fondo de las bateas donde se acumulan los barros anódicos y los subproductos que las empresas mineras venden al mundo en su comercio de exportación de cátodos. Baste decir que 1 tonelada de los depósitos citados contiene 2 kilos de oro, además de otros subproductos que se funden nuevamente en los puertos de desembarco de los cátodos exportados, agregándose otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, etcétera) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Proceso que puede elevar el valor del producto en un 50 %.

El realismo del regionalismo abierto

El carácter estratégico de la producción minera en Chile se encuentra profundamente vinculado a la geopolítica global, especialmente ante las necesidades de potencias industriales como Estados Unidos, que ha expandido su lista de minerales críticos a cincuenta elementos esenciales para la defensa, la ciencia y la tecnología (Cf. Libro Capítulo 16, p. 255 Cuadro 16.2). Chile, como proveedor principal de materiales disruptivos (DMAT) como el cobre, el litio y el níquel, enfrenta el desafío de superar el modelo de “factoría” que lo limita a la exportación de materias primas baratas bajo convenios de largo plazo. Para contrarrestar el dominio de las empresas transnacionales que monopolizan la cadena de valor, surge la propuesta de un regionalismo abierto, que busca mercados internacionales mediante acuerdos inéditos entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú para defenderse de esa manera de los ciclos de precios e industrializar los recursos de forma soberana. En otras palabras, asegurar la irradiación de la Gran Minería del Cobre para efectos de crear un sector minero-industrial de proyección local e internacional (Cfr. Libro Capítulo 16). Basta reflexionar sobre la composición del comercio mundial del cobre para entender las perspectivas futuras.

La demanda mundial de cobre se sitúa en alrededor de 42 millones de toneladas métricas anuales lo que sobrepasa ampliamente la oferta que se sitúa entre 23 y 28 millones de toneladas (Mt) anuales, cifra que alcanzaría según las proyecciones a 33 Mt hacia 2030, fecha en que sería crucial el reciclaje. La transición energética, la electrificación, la Inteligencia Artificial y el gasto en defensa auguran incrementos de demanda que en 2040 podrían llegar a un 50% de los niveles actuales.

Históricamente 48% de los Mt-cu utilizados anualmente en el mundo está concentrada en solo cuatro productos de cobre puro sin aleaciones: cable de construcción, cables eléctricos de alto voltaje, cable para magnetos y tubos de cobre. Si agregamos casi dos millones de toneladas de cobre usado en barras con aleaciones de otros metales (RBS), se alcanza casi 57 % del uso final del cobre a nivel mundial. El restante 43 % se distribuye entre cables de bajo voltaje, placas, chapas y tiras (PSS), castings, cables para vehículos, electrónica y telecomunicaciones, tubos con aleaciones y otros usos menores

El cobre en nuestra economía

El cobre representa aproximadamente el 10% al 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Los recursos generados por el cobre constituyen un aporte fundamental en nuestro país para impulsar el desarrollo económico y el financiamiento de los Bienes Públicos. En 2021, los rendimientos productivos de Codelco permitieron generar excedentes importantes en el subsector cobre y un Ebitda de US$7.394 millones equivalente a 2,34 % del PIB y un aporte al fisco de 5.572 millones, el mayor en una década, esto es, 1,7 % del PIB. Estos resultados se debieron a una producción total de la estatal de 1,7 millones de toneladas de cobre fino. Ese año el promedio del precio del cobre fue de US$4,24 la libra. En 2025 el precio promedio se ubicó en US$4,51 la libra, nivel nunca antes observado, esto es un 43% por encima del precio del 31 de diciembre de 2024. Cifra que sitúa la ganancia de ese año a la más alta desde 2009 y según los analistas, junto con el estaño, al metal con mejor desempeño entre los seis metales industriales transados en el mercado.

Estos resultados se sitúan en un marco productivo dominado por el extractivismo y por tanto de embarques de concentrados a centros de tratamiento del metal del mineral de ultramar (FURE). Sin embargo, un 78% de la explotación del cobre en Chile está en manos de compañías transnacionales, que representan conglomerados de empresas integradas, que abarcan producción minera, refinación, fundición, transporte, finanzas, seguros y comercialización. Son estos componentes los que, a través de las políticas de alianzas, convenios, precios, reparto de mercados y ganancias, determinan en definitiva la participación del conglomerado en la globalidad del mercado.

Este es el problema crucial que enfrentan el Estado de Chile y CODELCO en particular a saber, de qué manera participar efectiva y soberanamente en los mercados mundiales del cobre y como consecuencia de ello obtener el máximo de beneficios de este recurso no renovable.

Con una producción de concentrados y una baja capacidad de fundición que obliga al procesamiento en el extranjero, la inserción de Chile en el comercio internacional del metal depende de factores que no domina y por tanto es problemática. Según Cochilco la producción de concentrados sin refinar irá en aumento “desde el 71 % de participación en la producción total de concentrados en 2018 a un 75 % hacia 2030, pasando de exportar alrededor de 3 millones de toneladas cobre fino en concentrados, en torno a las 10,51 millones de toneladas métricas secas de concentrados, a alrededor de 4,74 millones de toneladas de cobre fino hacia 2030, aproximadamente 16,9 millones de toneladas métricas secas de concentrados” (Cfr. Proyección de la producción esperada de cobre en Chile. 2019-2030. Cochilco, 2019, p. 15, Cuadro n° 4) y el Libro Capítulo 13 pp. 189-201).

Es estratégico concretar una transición desde la exportación de concentrados hacia la provisión de productos elaborados con alto valor agregado, tales como aleaciones maestras, alambrones, tubos y baterías. La integración de servicios a la minería y el desarrollo de una minería 4.0 son piezas fundamentales para insertar al país en las cadenas de valor internacionales mediante la innovación tecnológica y el manejo remoto de faenas. Históricamente, Chile ha vivido una trayectoria de reveses en esta materia; planes integrales de industrialización gestados desde la década de 1930 fueron sistemáticamente abandonados o entregados a firmas privadas, sin que el Estado insistiera en integrar la extracción con la transformación manufacturera, restándose con ello el efecto irradiación que se espera de la Gran Minería del Cobre para el resto de la industria sectorial en Chile.

Un servicio nacional que no cumple con las tareas de control que la ley le asigna

El 21 de diciembre el 2022 el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre solicitó al Servicio Nacional de Aduanas (SNA) información acerca de las operaciones de la Planta Refinadora de Metales (PRM) en Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agregamos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

En respuesta a nuestra solicitud el SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, respondió que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […], b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”. Esta denegación se fundamentó en la decisión de amparo Rol C2909 del Consejo para la Transparencia. El SNA basado en los Art. 21 n° 4 y 33 letra j) de la Ley de Transparencia invocó los acuerdos internacionales para hacer referencia a la obligación de confidencialidad a que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento y, por tanto, negar la información que solicitamos a la PRM Mejillones. La respuesta del SNA indica que revelar información acerca de los subproductos contenidos en sus embarques revelaría “aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad”, por tanto, nuestra solicitud fue denegada. Con esto el servicio se remite a las declaraciones llenadas en los formularios DUS por las mineras agrupadas en el Consejo Minero sin previo examen.

Ahora bien, las prácticas de actividades comerciales que defraudan la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no prestación de las mismas a la Aduana (Art. 168 de la normativa de Aduanas) es constitutiva del delito de contrabando. En esta tipificación del delito en que incurren las empresas mencionadas, el actuar de Aduanas es calificada de complicidad primaria o colaboración sin la cual el hecho no habría podido cometerse (Cfr. Libro Capítulo 11 pp.153-154).

El Hegemón fija sus prioridades

Históricamente la industria del cobre en Chile ha estado ligada al desarrollo industrial de EE. UU; en el presente la geopolítica sitúa Chile como un mero abastecedor de minerales esenciales, visión extractivista que han mantenido los sucesivos gobiernos de Chile a partir de la dictadura y durante la vuelta a la democracia. Ello acomoda perfectamente a las necesidades de materia prima barata para EE.UU al igual que China, siendo este último uno de los socios principales de Chile en el abastecimiento de concentrados; típica dependencia descrita en el modelo del subdesarrollo: grave déficit medioambiental, a saber relaves, contaminación de las napas freáticas, socavones en zonas urbanas entre los más graves, gases tóxicos en las fundiciones con un control deficiente… – todo ello sin cargo para el importador o situación generadora neta de Cuasi-renta para éste.

En marzo y abril de 2024, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU, visitaron Chile en misión destinada a manifestar el interés de su país en la riqueza minera del subsuelo de Chile y asegurar el aprovisionamiento de minerales estratégicos para EE.UU en los dominios científico, tecnológico, militar y aplicaciones industriales. Durante la visita de Richardson se mencionó específicamente la importancia que su país veía en lo que llamaron el triángulo minero, Argentina, Bolivia y Chile. Dos autores norteamericanos, Daniel McGroarty y Sandra Wirtz (septiembre de 2021), señalan de manera categórica que “estos metales son la puerta de entrada a nuestra futura fortaleza económica, tecnológica y militar”. Se trata de 5 metales estratégicos (tech metals); a saber, aluminio, nickel, cobre, zinc, estaño, los que constituyen la puerta de entrada de la economía del país al desarrollo del siglo XXI.

En la actualidad, los recursos generados por el cobre son el pilar para el financiamiento de Bienes Públicos como salud, educación y pensiones, pero el sector enfrenta una crisis de productividad. Sin embargo, mientras que Codelco generó excedentes récord en 2021, para el año 2023 registró pérdidas y un escalamiento drástico en los costos de producción, los que han aumentado más de un 300% desde 1990 (inferior a US$0,60 por libra), en parte, a la caída de un 51% en las leyes del mineral, alza en el precio de la energía, agua y mano de obra. Por tanto, se plantea una nueva visión estratégica con la creación de un sector minero industrial, para lo cual se impone abandonar la el enfoque extractivista del presente.

Una mayor producción de cobre basado en un marco extractivista está en contradicción con el desarrollo de un sector minero industrial.

Un primer esfuerzo debe estar dedicado a eliminar la falencia del Estado en el control de las exportaciones del mineral, e inspección de los embarques para evitar las subfacturaciones que imperan en el mercado del mineral. Este esfuerzo debe estar dedicado a la construcción de un sector minero industrial basado en la recuperación de 40 subproductos entre ellos, las tierras raras. Los metales tecnológicos y preciosos constituyen la puerta de entrada a desarrollos industriales como aleaciones berilio-cobre para herramientas e instrumentos de precisión; radiografías; moderador y reflectante de neutrones en reactores nucleares; condensadores electrolíticos presentes en móviles, portátiles; GPS, satélites artificiales; armas teledirigidas; pantallas planas, videoconsolas, PDAs, MP3, MP4; superaleaciones; baterías recargables; química fina, etcétera.

Fin de nuestras reservas y la trampa del extractivismo

Siendo Chile el primer país productor de cobre, responsable por casi un tercio de la producción del mundo, el realismo nos obliga a mirar el agotamiento de las reservas de cobre a partir del año 2050, peak a partir del que se inicia una curva descendente de su rentabilidad. Esta es una realidad que se anuncia en apenas tres décadas. Con certeza el recurso estará allí en 2100 pero la explotación viable, es decir aquello que llamamos reserva, no supera el año 2050. Siendo cautivos del mercado, el precio del cobre y los commodities deben tener en cuenta el menor crecimiento de China y, aún una posible recesión. Es más, a medida que se incrementa la demanda aparecerán sustitutos y como estrategia previsible se buscará reutilizar y reciclar las aplicaciones existentes – véase en esto el uso de la chatarra en períodos de bajos stock. Existen aún soluciones de laboratorio aún de imprevisible aplicación en el largo plazo. Es el caso del grafeno mencionado en el Libro (Cfr. Capítulo 16 p. 261).

Sea cual fueren las perspectivas del precio en los mercados internacionales no podemos quedarnos encerrados en la perspectiva extractivista, dependiente de cuanto concentrado de cobre exportamos al extranjero. El futuro está en los productos semielaborados de cobre, aleaciones, con precios hasta 7 dólares superior al precio de la libra de cobre. Estos convenios industriales con cobre refinado, oro platino, tierras raras etcétera para la fabricación de automóviles, baterías, celulares, turbinas eólicas, paneles solares, bobinados, rotores de cobre de motores eléctricos, cableado nos sitúan en la cadena de valor de la industria del cobre, con una sólida proyección hacia nuevos estadios de desarrollo del país.

En conclusión, es necesario crear un sector minero-industrial que permita a Chile recuperar el cobre fino del concentrado y los numerosos subproductos que se obtienen de la fundición-refinación. Pero también está la posibilidad de reprocesar los relaves mineros; mediante la biotecnología se puede recuperar el cobalto que, conjuntamente con el coltán es utilizable en dispositivos electrónicos de uso diario frecuente (Cf. Carlos Prego, 22 de octubre de 2024, Xataka selección). Es parte de la irradiación que se espera de las grandes mineras que hoy dominan la actividad primaria.

Como lo señalamos el país se encuentra en una “cuenta regresiva” hacia el año 2050, fecha en la que se proyecta el agotamiento de las reservas rentables de cobre, lo que dejaría un saldo de desempleo masivo y graves pasivos ambientales si no se actúa ahora (Cfr. Capítulo 20 p. 304). Es urgente implementar un sistema de trazabilidad de los subproductos en los embarques de concentrados para detener la subfacturación, una práctica tolerada por las autoridades que permite la salida subrepticia de metales valiosos y tierras raras sin pagar los derechos correspondientes (Cfr. Libro Capítulos 10, 11, 14, 16, 18, 20). El desarrollo de un sector minero-industrial diversificado, que incluya la recuperación de elementos como el cobalto, representa la única vía para asegurar la viabilidad económica y social de Chile ante la transición energética y climática del siglo XXI (Cfr. Capítulo 20 p. 305). La estructura económica y social del país y la institucionalidad que la sostiene es contradictoria con la reproducción social del trabajo en un mundo que envejece y no logra asegurar la transición energética y de esa manera controlar los efectos de los gases responsables del efecto invernadero.

Una conclusión necesaria

Con la vuelta a la democracia (1990), y la llegada de las transnacionales mineras se consolidó definitivamente la opción de embarcar concentrados; es decir, ostentamos hoy la calidad de meros transportadores de un mineral que las grandes compañías del cobre embarcan hacia las fundiciones refinadoras (FURE) de ultramar, las que en definitiva facturan el valor de lo enviado una vez procesados los concentrados. Tres meses después del desembarco nos liquidan el envío por lo obtenido de cobre sin mencionar los valiosos subproductos contenidos en el concentrado.

Consciente de estos problemas el autor concluye que es el momento de los grandes cambios estructurales para enfrentar las transiciones sobre las que se cimenta la viabilidad de la nueva sociedad. En primer lugar deberá reconocerse el carácter patrimonial regalista del Estado en la explotación de sus recursos naturales. Esto significa pensar de manera diferente la explotación de las riquezas naturales tanto renovables como no renovables, es decir dejar de lado la visión extractivista de nuestro principal recurso natural y crear una estructura productiva minero industrial capaz de asumir el relevo cuando las reservas del mineral se agoten. Como proyecto esto comporta la incorporación de nuevos actores sociales capaces de validar instituciones políticas, económicas y sociales en reemplazo de estructuras ya obsoletas. Es la utopía que deberá construir la nueva sociedad del siglo XXI.

Santiago, junio 29, 2026

Aquí entregamos a ustedes este ejemplar del libro completo, en formato PDF, con autorización  del autor. Rogamos leerlo y difundirlo, para crear conciencia de la necesidad de hacer soberanía y defender lo que es nuestro y por lo cual ya tantos han caído.

Más sobre el tema:

El articulo Libro en formato PDF: “Cobre. El metal de la discordia”. Crónica de un saqueo apareció primero en piensaChile.

La demanda mundial de cobre se sitúa en alrededor de 42 millones de toneladas métricas anuales lo que sobrepasa ampliamente la oferta que se sitúa entre 23 y 28 millones de toneladas (Mt) anuales, cifra que alcanzaría según las proyecciones a 33 Mt hacia 2030, fecha en que sería crucial el reciclaje. La transición energética, la electrificación, la Inteligencia Artificial y el gasto en defensa auguran incrementos de demanda que en 2040 podrían llegar a un 50% de los niveles actuales.

Históricamente 48% de los Mt-cu utilizados anualmente en el mundo está concentrada en solo cuatro productos de cobre puro sin aleaciones: cable de construcción, cables eléctricos de alto voltaje, cable para magnetos y tubos de cobre. Si agregamos casi dos millones de toneladas de cobre usado en barras con aleaciones de otros metales (RBS), se alcanza casi 57 % del uso final del cobre a nivel mundial. El restante 43 % se distribuye entre cables de bajo voltaje, placas, chapas y tiras (PSS), castings, cables para vehículos, electrónica y telecomunicaciones, tubos con aleaciones y otros usos menores50.

Siendo Chile el primer país productor de cobre, responsable por casi un tercio de la producción del mundo, el realismo nos obliga a mirar el agotamiento de las reservas de cobre a partir del año 2050, peak a partir del que se inicia una curva descendente de su rentabilidad. Con certeza el recurso estará allí hasta el año 2100 pero la explotación viable no supera el año 2050. Es más a medida que se incrementa la demanda aparecerán sustitutos y como estrategia previsible se buscará reutilizar y reciclar las aplicaciones existentes – véase en esto el uso de la chatarra en períodos de bajos stock. Existen aún soluciones de laboratorio aún de de imprevisible aplicación en el largo plazo[i]

Frente a esta situación la cadena de valor de las empresas de la Gran Minería muestra alternativas importantes para nuestro país. Las interrelaciones entre la explotación de las menas y la utilización de los subproductos de los concentrados que se exportan muestran negocios importantes que se desarrollan desde nuestro país.

La minera Escondida produce 350 mil onzas de oro cuyo valor es de US$750 millones. Teck (Andacollo) y BHP incluye en su portafolio de ventas el oro (gold stream) por US$1.000 millones, negocio que estas empresas han mantenido por más de 20 años a un valor de US$20 mil 15 millones, libre de impuestos, pues los subproductos no se declaran.

El ingeniero Erick Feldstein obtuvo de un examen de laboratorio de la fundición Hernán Videla Lira (HVL), administrada por Enami y cerrada en febrero de 2024 (región de Atacama), la producción de una empresa minera pequeña, el contenido de 7 % de Rodio en una tonelada i.e., 70 kg, lo que al precio de US$960 mil el kg., significa US$67,2 millones.

Estos números deben ser refrendados en otras fundiciones y refinadoras, puesto que las plantas concentradoras utilizan el mismo principio para extraer el concentrado.

Esta muestra refrenda el contenido de metales PGM (Ru, Rh, Pd, etcétera) en la venta de cobre-níquel en otros yacimientos que los pequeños mineros venden a Enami.

Ventanas, cerrada en mayo de 2023, al igual que HVL, para la compra de metales de la pequeña minería, ya en el pasado tuvo hallazgos semejantes lo que permite validar la existencia de metales de mayor valor que el cobre, los que salen sin ningún control desde 5 puertos del territorio de Chile.

En síntesis, la política aquí reseñada, como transportadores de concentrados reducidos a la calidad de factoría, constituye una subfacturación gravosa para el fisco chileno sin mayores beneficios para el país.

Como alternativa está la de ser parte de la producción del metal hasta su comercialización en productos terminados. Este es un medio de control sobre las ganancias de la actividad mucho más eficaz que cualquier acuerdo sobre restricciones a la producción del metal, como en algún momento se mencionó como mecanismo de control del mercado durante la existencia de CIPEC.

Ni el gobierno de Chile ni Codelco particularmente han entendido que su orientación en la explotación de nuestra principal riqueza natural, el cobre, es absolutamente equivocada.

Nos hemos refugiado en la lógica de exportadores/transportadores de concentrados lo que beneficia a las empresas transnacionales instaladas en nuestro territorio. Lógica que lleva a exportar concentrados mediante contratos de período largo, con lo que dichas empresas obtienen un leverage financiero importante, que cumple una función compensatoria, cuando se producen fluctuaciones de precios a la baja en los mercados mundiales. Esto conviene a las compañías extranjeras que operan en Chile y que forman un conglomerado de empresas con aquellas que controlan la fundición y refinación y otras como las compañías navieras y de  seguros. De allí se deriva una relación directa con las industrias relacionadas con el cambio climático, eléctricas, automovilísticas, aeroespacial y de defensa.

Por eso, frente a las ondas especulativas del mercado mundial, el desarrollo de los conglomerados de empresas sugiere estrategias de otro rango que aquellas basadas en la mera baja de costos, o en la mayor exportación de concentrados. Política que reporta grandes beneficios a las transnacionales pero escaso a Codelco que en lugar de exportador integrado a la cadena de valor del metal se transforma en mero transportador de concentrados sin mayor valor en el comercio internacional. La alternativa es la diversificación de productos de mayor valor agregado; mayor integración de Codelco con la demanda internacional y la industria local y segmentos de la demanda nacional.

La creación de un sector minero-industrial basado en la producción de aleaciones, incorpora valor al cobre, y su venta como producto manufacturado lleva a un valor de 6 y 7 veces al de los cátodos.

Tres actores internacionales nos introducen al mercado de los Master Alloys a saber AMG (Advance Metalurgical Group NV), Aurubis AG y Wieland Werke AG. Este es un plano de explotación propio de un sector minero-industrial. Su proyección surge de los datos que damos a continuación.

Tomando los datos de Wieland Werke AG para 15 aleaciones master CDA (Asociación para el Desarrollo del Cobre) en ordenadas y sus valores en libras y toneladas en abscisa, presentamos aleaciones en base a Cobre Nickel, Zinc, Estaño, Plata, Silicio, Teluro, etc. Estos metales están contenidos en los polvos de Cobre exportados por Codelco y las trasnacionales mineras en los puertos de Chile.

Al cruzar las aleaciones y los valores de éstas en los mercados internacionales observamos diferencias que en el caso de los CDA 715, 713 y 710, llegan a 3,3; 4,0 y 5,0 respectivamente el precio del cobre en los mercados internacionales. Con datos relativos a 2025 sobre la tonelada de Cobre en Polvo exportada desde Chile y declarada en Aduanas se llega a valores que fluctúan entre los 6500 y los 7500 dólares la tonelada.

El Banco Central presenta como exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados la cifra de 31.551,09 millones de dólares y de cobre refinado 17.273,50 millones de dólares. Esto significa que lo transportado en bodega declarado a Aduanas corresponde a 14 mil 278 millones de dólares que comparado al valor real en FURE más la suma de finos cobre, oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico, 48 mil 824 millones dólares, lo que representa una subfacturación de 29,3 %.

Sin una industria minera en capacidad de producir master alloys exportable a mercados especializados en la electro movilidad y otros la recaudación por impuestos y derechos aduaneros será permanentemente reducida. La fragilidad de los intereses del Estado de Chile es evidente cuando se precisa la proyección de concentrados por organismos oficiales.

Según Cochilco la producción de concentrados sin refinar irá en aumento “desde el 71 % de participación en la producción total de concentrados en 2018 a un 75 % hacia 2030, pasando de exportar alrededor de 3 millones de toneladas cobre fino en concentrados, en torno a las 10,51 millones de toneladas métricas secas de concentrados, a alrededor de 4,74 millones de toneladas de cobre fino hacia 2030, aproximadamente 16,9 millones de toneladas métricas secas de concentrados” (Cf. Proyección de la producción esperada de cobre en Chile. 2019-2030. Cochilco, 2019, p. 15, Cuadro n° 4) y H. Vega 2025, pp. 189-201) «Cobre, el metal de la discordia».

En la Tabla 1 se señalan 15 aleaciones y sus valores en dólares tanto en libras como en toneladas. Los valores que aquí se presentan constituyen la situación en diciembre de 2025. Los valores de mercado de la tonelada de cobre han llegado en la últimas semanas de 2026 a 12 mil dólares la tonelada, valor que no se parangona con los valores de la industrialización que se señalan en la Tabla 1.

En conclusión, como aparece en el Gráfico 1, los valores que alcanzan los embarques de concentrados de cobre en Chile se sitúan entre 6500 y 7500 dólares la tonelada. Precios que deben ser comparados con las barras horizontales que muestran diferencias notables con los precios alcanzados por las 15 aleaciones Wieland. La diferencia es lo que se deja de percibir con la política extractivista que desarrolla el gobierno de Chile, Codelco y las Transnacionales que operan en el Estado de Chile.

Santiago, enero 14, 2026

Notas:

[i] Es el caso del grafeno. Según la información disponible el proceso para producir grafeno tiene un costo entre 154 euros y 167 dólares por kilogramo de material obtenido. En mayo 2017 el grafeno de calidad se evaluaba en 6.000 euros el kilo y era usado para investigación. Tradicionalmente, el grafeno se produce a través el procesamiento del grafito o metodologías de deposición química en fase de vapor (CVD, por sus siglas en inglés), cada una de las cuales confiere diferentes propiedades y calidades a los materiales. En el proceso se recubren componentes de turbina de gas para protegerlos de la oxidación y la corrosión. Entre sus aplicaciones potenciales se señala la electrónica, baterías, materiales compuestos y biomedicina; sin embargo, lo comercial ha reaccionado lentamente. Las mayores ventas se contabilizan en la electrónica flexible. Según datos a fines de 2012, China es el mayor productor de grafeno con el mayor número de patentes en el mundo. En esa fecha se contabilizaron 7.351 patentes de grafeno y de aplicaciones vinculadas con él.

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07 de octubre de 2025

El comercio de concentrados de cobre acarrea pérdidas para el Estado de Chile

Este artículo se refiere a la increíble situación de un país que posee el mineral de cobre, que lo explota en parte, 27%, y que deja en manos de la minería privada transnacional el 75% restante. Ese 75% explota los concentrados que se embarcan desde Chile, los refina en fundiciones y refinadoras de ultramar (FURE), que controla la cadena de valor del mineral y el precio a nivel internacional.

Ese país que se comporta como una factoría en beneficio del capital extranjero es Chile. Quien refina controla el precio del cobre electrolítico, fija las condiciones del contrato en virtud del que se transa el metal. Luego el importador extranjero remite los resultados de la refinación al exportador chileno. Su reporte se refiere al cobre que refina pero oculta los subproductos estratégicos que contiene el concentrado a saber, rodio, teluro, berilio, platino, zinc, cobalto, etc. y aun en menor proporción tierras raras. Esta subfacturación es la que se embarca sin que los Documentos Únicos de Salida (DUS) lo registren. Este entramado explica por qué hemos decidido explicar la realidad que se vive en los 5 puertos de embarque de Chile.

Estudio de casos

Veamos el caso del embarque de concentrados de cobre de la minera privada Collahuasi. Mediante la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), elaboramos una muestra aleatoria, para así calcular, en base a precios de mercado, el valor real de los metales contenidos en el concentrado y que aduanas debiera fiscalizar. Examinamos y calculamos el caso de una bodega de un barco bulk de 4 a 6 bodegas de 12 mil toneladas cada una. Nuestro cálculo se refiere a 1 bodega.

La minera declara un valor de 1,8 dólares por cada kilo de concentrado de cobre; al multiplicar por las 12 mil toneladas, se obtiene un cargamento de US$ 21,6 millones de dólares declarados en el DUS. Estos documentos son registrados y archivados en Cochilco (Corporación Chilena del Cobre).

Examinemos el balance real de los metales contenidos en la bodega, es decir de la carga declarada como concentrado. La única manera de conocer dicho valor es mediante la recuperación de los subproductos contenidos en el concentrado a saber: azufre, oro, plata, níquel, molibdeno. Esta recuperación se realiza en las FURE de Asia/Europa al refinar los componentes del concentrado. Aclaremos que este procedimiento sumario de embarques, sin especificar el contenido real del concentrado de cobre en los DUS de embarque, se repite en el 100 % de los embarques registrados por Aduanas de Chile.

Siendo el valor declarado de lo embarcado en la bodega de 21,6 millones de dólares y el valor obtenido en la fundición del puerto de desembarque, de 36,8 millones de dólares, el valor de la subfacturación es de 15,2 millones de dólares, es decir 41,3% del valor real en la FURE donde al valor de los concentrados en bodega suma los finos de cobre, oro, plata, azufre, níquel, molibdeno y 10% de humedad.

Teniendo en cuenta los procedimientos en los puertos de embarque es preciso comparar el valor real de lo transportado con el valor declarado en Aduanas. Como ya lo hemos relatado el valor real está determinado por el cobre y los subproductos, pero como también lo hemos señalado el valor declarado en Aduanas excluye los subproductos.

El caso de 4 Grandes Mineras en 2023

Ahora bien, en el texto examinamos lo que sucede el año 2023 en cuatro puertos del territorio nacional a saber, Coloso, Los Vilos, Patache y Coquimbo.

Ese año cuatro mineras embarcaron concentrados de cobre que siguieron el procedimiento ya relatado con el resultado que los valores declarados en Aduana difieren de los valores obtenidos en el extranjero. Para nuestro ejercicio advertimos que los datos compulsados pertenecen a la Base de Datos de Aduanas.

En los concentrados exportados por la minera Escondida (BHP) en Puerto Coloso, Segunda Región, Comuna de Antofagasta el valor declarado en Aduanas fue de 7000 millones de dólares, mientras que el valor real registrado en el London Mineral Exchange (LME), para el Cu más los subproductos detectados, Au, Ag, Mo y el H2SO4, fue de 9100 millones de dólares.

En el puerto Los Vilos, Cuarta Región, Comuna de Los Vilos, AMSA Pelambres declaró en el embarque 2400 millones de dólares. El valor real por el cobre, oro, plata y ácido sulfúrico refinados en el extranjero fue de 3200 millones de dólares.

En el puerto Patache, Primera Región de Tarapacá Angloamerican-Glencore Collahuasi declaró 3500 millones de dólares. Su valor real por cobre, oro, plata y ácido sulfúrico refinados en el extranjero fue de 5000 millones de dólares.

En el puerto de Coquimbo, Cuarta Región, MinTeck CDA Andacollo declaró en su embarque 900 millones de dólares. El valor real por el cobre, oro, plata, ácido sulfúrico refinados en el extranjero fue de 1200 millones de dólares.

En síntesis, la subfacturación (es decir, evasión) realizada en territorio chileno por las cuatro grandes empresas mineras ya mencionadas, significó un monto de: 4700 millones de dólares.

El caso de 5 Grandes Mineras en 2024

A los cuatro puertos anteriores en 2023 agregamos el puerto de Ventanas en la Quinta Región. Al igual que en 2023, los datos para el año 2024 pertenecen al banco de datos de Aduanas de Chile. Se limita a 5 mineras examinadas a saber BHP, AMSA Pelambres, Codelco Andina y Angloamerican Los Bronces, Collahuasi y Min Teck CDA.

La empresa minera BHP, exportó desde puerto Coloso, 4,42 millones de toneladas de concentrados de cobre, el valor declarado en el embarque fue de 9.600 millones de dólares, el valor real en el extranjero que incluye LME-Cu más los subproductos oro, plata, molibdeno, ácido sulfúrico fue de 12.000 millones de dólares.

Los Pelambres, exportó desde puerto Los Vilos 1,2 millones de toneladas de concentrados de cobre cuyo valor declarado a Aduanas es de 2.770 millones de dólares. El valor LME Cu más oro, plata, ácido sulfúrico, fue de 3.650 millones de dólares en el extranjero.

Collahuasi exportó desde puerto Patache, 2,7 millones de toneladas de concentrados de cobre por un valor declarado en Aduanas de 5.000 millones de dólares, obteniendo un valor real en el extranjero de 7.000 millones de dólares, por el Cu-LME recuperado más los subproductos de oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico.

La compañía MIN TECK CDA exportó 227 mil toneladas de cobre desde el puerto de Coquimbo por un valor de 560 millones de dólares declarados en Aduanas, habiendo obtenido como valor real Cu-LME más subproductos recuperados en el extranjero de oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico por un valor de 730 millones de dólares.

Finalmente, Codelco Andina y Angloamerican Los Bronces exportaron desde el puerto Ventanas 1,6 millones de toneladas de concentrados de cobre cuyo valor declarado en Aduanas de Chile fue de 2.800 millones de dólares siendo su valor real por subproductos recuperados en el extranjero 3750 millones de dólares, lo que incluye Cu LME más oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico.

El total de lo declarado en Aduanas de Chile fue de 20 mil 730 millones de dólares, su valor real fue de 27 mil 130 millones de dólares lo que significó una diferencia de 6 mil 400 millones de dólares, por tanto la subfacturación correspondió al 23,6% del valor real en FURE.

En 2024 el Banco Central presenta como exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados la cifra de 31.551,09 millones de dólares y de cobre refinado 17.273,50 millones de dólares. Esto significa que lo transportado en bodega declarado a Aduanas corresponde a 14 mil 278 millones de dólares que comparado al valor real en FURE más la suma de finos cobre, oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico, 48 mil 824 millones dólares, lo que representa una subfacturación de 29,3%.

Hace más de 20 años atrás, en 2003, la situación era completamente distinta pues el valor del cobre refinado representaba 1,6 veces más que los concentrados de cobre, esto es 4 mil 679 millones de dólares por sobre 2.764,07 millones de dólares.

Este recuento de cifras de valores embarcados y valores de lo obtenido en las fundiciones y refinadoras de ultramar, representa lo que el Estado de Chile pierde. Nótese que según estadísticas de la base de datos CEPII¹ las exportaciones de mineral de cobre de Chile durante 27 años (1996-2023) se elevaron a 325 mil millones de dólares. Ahora bien, los 325 mil millones de dólares corresponden a 25% de lo exportado siendo el total de éste 1,3 trillones de dólares y la subfacturación correspondió a 975 mil millones de dólares. Frente a estas cifras no cabe sino concluir que en estos 27 años nos hemos constituido en una verdadera factoría que en su gestión restó recursos valiosos para la construcción y consolidación de un sector minero industrial.

La solución está a la mano. Existen espectrómetros que aseguran la trazabilidad de los subproductos que salen subrepticiamente por los puertos de Chile. Se trata de equipos de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito que permiten hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas.

Cada espectrómetro tiene un valor de US$60 mil, por lo que su valor total asciende a US$300 mil. Basta una simple orden del Presidente de la República al Servicio de Aduanas para que se instale dichos equipos en los 5 puertos ya nombrados.

Sin embargo, el problema no es la instalación de laboratorios de análisis químico cuantitativo dotados de instrumental moderno, en los puertos de embarque, sino político pues las transnacionales, a través del Consejo Minero, que durante años han registrado en los DUS los minerales del concentrado que deben ser fiscalizados por el Servicio Nacional de Aduanas, no estarán dispuestas a perder un negocio de miles de millones de dólares. ¡Como lo decíamos más arriba, en 27 años les ha reportado nada menos que 975 mil millones de dólares!

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17 de julio de 2025

Una mirada crítica al conflicto entre producción, salarios y sostenibilidad social

En Marx existe una opción ética cuando en la noción de valor trabajo, al abordar la distribución del producto, surgen todos aquellos factores que no cubre la remuneración del trabajo a saber, salud, educación, alimentos, agua potable, condiciones de vida, hábitat, pensiones… (los llamados bienes públicos) pero necesarios para su reproducción como trabajador.

Es lo que en el presente, entre muchos otros políticos norteamericanos, Bernie Sanders, llama el salario vital. Marx explica que el propietario de los medios de producción, sean estos activos físicos, servicios o monetarios, maneja un medio de explotación. En Marx la tasa de explotación, es decir la proporción de trabajo excedente con respecto al trabajo necesario es el concepto genérico aplicable a todas las sociedades de explotación.

En su teoría la plusvalía sólo se aplica al capitalismo, donde el producto del trabajo asume la forma de valor. Marx desentraña el sentido de la explotación en su forma capitalista, es decir mediante la plusvalía, la cual se extrae del trabajador en un proceso en el cual éste vende su fuerza de trabajo pero no vende el valor trabajo que crea. En ese contexto, los reformadores del modelo no buscan cambiarlo. La obra de Marx es el paso central para desactivarlo. Es decir, desactivar una situación de poder.

El mercado podría suponer cierto grado de proporcionalidad a la cantidad de trabajo útil y necesario pero no asegura precios asociados a la remuneración real del trabajador es decir, al valor trabajo. En la consideración ética del valor trabajo la productividad es parte fundamental de las innovaciones que la justifican siempre y cuando entre en el cálculo del salario vital. Mantenerse en el mercado mediante la productividad es porque no se trata de un elemento neutral adscrito a la unidad productiva. Es un elemento vital del bien o servicio que se transa en el mercado. La productividad reviene incesantemente al tema central del valor trabajo.

Variables del sistema y el mercado

Dos problemas surgen de la sistematización del modelo capitalista que realiza Marx en el siglo XIX. El primero se refiere a la noción de la plusvalía, costos asociados y la búsqueda del precio de producción inherente a la reproducción del mismo. En esas circunstancias, dada una tasa de capitalización creciente, el excedente creado por la plusvalía debería ser suficiente para asegurar la demanda que reproducirá el negocio del capitalista en el mercado en que actúa.

Pero dichas circunstancias se desarrollan según la realidad de los mercados. Lo que no garantiza una tasa de ganancias compatible con la viabilidad de la empresa. Esto plantea el segundo problema a saber, la magnitud de la deuda como último recurso de funcionamiento de la empresa ante los avatares del mercado. La evolución de la composición orgánica del capital, sus costos asociados y la productividad no aseguran las ganancias del capitalista. En globalidad la magnitud de la deuda, si se mantiene la urgente demanda por bienes públicos se transfiere al plano nacional y deviene deuda nacional, virtualmente impaga e incesantemente renovada en cada ejercicio fiscal.

Por tanto vamos al primer problema donde la empresa escatima los bienes de uso (o bienes públicos) en la remuneración del trabajador.

¿Cómo dichos bienes públicos podrían expresarse en precios de mercado coincidentes con el valor trabajo? ¿Es posible que las relaciones sociales de producción en un régimen capitalista puedan resolver este problema? La conformación de los mercados, en monopolios, monopsonios, oligopolios u otros, crean costos-oportunidad, por el hecho de cambios en la tecnología e innovaciones, estrategias productivas y de comercialización, etcétera; costos que influyen en el cálculo de la tasa de ganancias. Esta complejidad sitúa la relación ganancia/remuneración del plano micro al macro; plantea, a partir de la lógica de la plusvalía o tasa de explotación con la que se maneja el capitalista, el marco en el cual se desenvuelve la reproducción de su empresa y del sistema. Por tanto, en el sistema de Marx el valor trabajo se transforma en una unidad de cuenta, o medida común del producto social a través de las mercaderías. Valor trabajo contenido en el producto y valorado como aquel socialmente necesario para producirlo.

En Marx, la composición orgánica del capital en su relación con la tasa de explotación esclarece las condiciones en las que la productividad del trabajo determina la ganancia capitalista y su relación con el empleo. La solución entonces se encuentra en el plano del mercado. Es decir transformar los valores en precios y con ello disminuir la tasa de explotación y asegurar la reproducción/crecimiento del capital invertido.

La definición de la tasa de ganancia (p) de Marx relaciona la plusvalía o tasa de explotación (s’) con la composición orgánica del capital (q). La tasa de la ganancia (p) reconoce dos variables, la tasa de la plusvalía (s’) y la composición orgánica del capital (q), expresándose en la fórmula siguiente: p = s’(1 – q). Donde, La tasa de plusvalía (s’) es la proporción de la plusvalía (s) con respecto al capital variable, (v): s’=s/v. La composición orgánica del capital (q) es la relación del capital constante (C) con el capital variable (V), en el capital total usado en la producción q=C/C + V).

A partir de estas interrelaciones Marx señala la incompatibilidad entre una tasa baja de explotación y un alza en la composición orgánica del capital, circunstancia en la que la baja de la tasa de ganancias adquiere un carácter tendencial.

Precios de mercado, capacidad productiva no utilizada y Deuda

En el sistema capitalista el precio representa dos valores uno, intrínseco (a la mercadería que se ofrece en el mercado) y otro extrínseco (que refleja la necesidad social) en el que va reflejado el valor del bien público que no cubre el salario de mercado. Consecuencia de la dialéctica entre esas dos situaciones de precio, u oscilación alrededor del valor (trabajo) objetivo, es la capacidad no utilizada del aparato productivo, y por consiguiente una menor producción, mayor desempleo y estancamiento de la economía en situaciones de monopolio, entre otras. Esta contradicción entre dos valores de una misma mercancía determina la realidad de precios del mercado y por ende la modalidad de la explotación social.

¿Cómo resolver esta contradicción, alimentada por una creciente capacidad productiva no utilizada, si se quiere mantener el fundamento del valor trabajo como lo plantea Marx?

Marx plantea el problema ético (explotación del trabajador) en el funcionamiento del sistema, pero no resuelve las condiciones en las que se le pone término.

Si la presión por los bienes públicos se mantiene el precio de la continuidad del sistema capitalista consiste en transformar el salario mínimo del trabajador en salario vital, pero ello no asegura el alza de la tasa de ganancias. Hay allí una contradicción que la lógica del sistema y el apetito de ganancias no resuelve.

Eso implicaría que junto con incrementar la composición orgánica del capital (q) mediante la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la automatización en las rutinas de producción, los salarios reales deberían aumentar proporcionalmente al alza de la productividad, y conjuntamente con ello las ganancias del capitalista. Si ello no se produce continúa el proceso de baja tendencial de la tasa de ganancias y la crisis definitiva del sistema capitalista. No existe otra manera de evitar el colapso que la unidad productiva se mantenga en una zona en que el crecimiento de (q) marche pari passu con el incremento de la plusvalía (s’). En otras palabras, si se mantiene la condición de una (q) que crece continuamente, más allá de (s’), se producirá ineluctablemente la baja de la tasa de ganancias (p).

En consecuencia para mantener la continuidad del sistema debiera buscarse un expediente que asegure la demanda y con ello evitar la crisis de realización del sistema capitalista por salarios y ganancias no compatibles con el crecimiento de la productividad. De alguna manera deberá restituirse la demanda al sistema, con precios que reflejen los costos asociados en alza para asegurar la sostenibilidad real y financiera del sistema. Llegamos así al segundo problema planteado en el párrafo anterior (Variables del sistema y el mercado).

La expresión monetaria de la Deuda

En el sistema económico del siglo XXI mantener el financiamiento de los costos asociados, así como la tasa de ganancia del capitalista presupone, ceteribus paribus, restituir la demanda mediante el incremento de la deuda en términos monetarios. Puesto que no está en los planes del capitalista financiar los bienes públicos del trabajador o lo que es lo mismo consagrar el salario vital. Sin esa voluntad la política de la deuda es inherente al sistema capitalista monopólico avanzado. La función de la deuda –más bien su desafío– consiste en equilibrar ex-ante la producción y la demanda, para asegurar así el consumo que se realizará en el mercado. Sin la variable monetaria y la deuda, los costos asociados a las formas de competencia propias del siglo XXI no logran recuperarse, situación aún más problemática si se quisiera financiar además el salario vital. Con ello se concluye que la política de la deuda es inherente al sistema capitalista monopólico avanzado.

En la forma madura del modelo monopólico y su cobertura financiera se desarrolla un potencial no realizado de la capacidad productiva; consumos excesivos del sector de más altos ingresos y desigualdades crecientes; desempleo; externalidades negativas golpeando severamente a las clases más desposeídas de la sociedad. La degradación de esa situación lleva a una coyuntura recesiva y sobreendeudamiento de empresas y hogares. El elemento monetario exógeno aparece como el elemento que viene al rescate del capitalismo financiero del siglo XXI.

Deuda en la economía de EEUU

La actual situación de la deuda así como la inestabilidad que provoca se refleja en la situación de EEUU y el mundo.

La deuda total de EEUU que el gobierno debe a sus acreedores asciende a 36, 2 trillones de dólares, esto es, alrededor del 120,79% de su PIB. En esa realidad el Congreso aprobó el 3 de julio lo que el presidente Trump llamó “una ley grande y hermosa (One big beautiful bill)– “vaya, música para mis oídos” declaró el mismo Trump, al conocer la aprobación de la iniciativa.

La ley aprobada por el Congreso añade alrededor de 3,3 trillones al déficit en los próximos años, es decir un presupuesto fiscal de 7,3 trillones de dólares que fija el techo de la deuda en 5 trillones de dólares como endeudamiento y pago permanente de deudas en los próximos 10 años. Resultan contradictorios los recortes tributarios temporales que podrían volverse permanentes por un valor de 1,2 trillones de dólares, cuando el Medicaid y el sistema de cupones de alimentos conocido como SNAP¹ son sometidos a recortes que afectan a la población más pobre de EEUU. Según el Hamilton Project en Brookings Institution estos recortes “harán que cerca de 12 millones de personas pierdan su seguro de salud y que millones pierdan la asistencia alimentaria (…) compensan solo una fracción del costo total de las rebajas fiscales”. Algunas de esas rebajas contemplan 4,5 trillones en deducción de impuestos a las que podrían agregarse la eliminación de las tasas sobre las propinas si son aprobadas a finales de año por el Congreso.

En un horizonte de 10 años esta deuda significa un incremento de tipos interés y la necesidad, para evitar una crisis de proporciones, medidas federales de austeridad fiscal. Principalmente en la deuda del gobierno federal pesan los gastos de la pandemia COVID-19 y el presupuesto de guerra. Este último en el año fiscal 2025, se elevó a 849,8 mil millones de dólares, esto es 11,6% del presupuesto fiscal de EEUU. Para el año 2026 el presupuesto en defensa se proyecta a 961.6 mil millones de dólares.

De cómo el Pueblo de EEUU paga la Deuda

El capitalismo estadounidense elimina el gasto en bienes públicos, para ceder paso a la rebaja de impuestos a los más ricos y presupuestos en defensa en continuo aumento. El incremento sistemático de la Deuda y su pago se traslada desde sus usuarios directos, a la Nación.

Mantener los costos asociados al crecimiento y la tasa de ganancia del empresariado, conjuntamente con los bienes públicos, no es posible en el modelo capitalista actual. En ausencia de medidas estructurales, no hay otra solución que recurrir a la deuda y a la variable monetaria. Queda así el rescate del sistema entregado al déficit gradual en bienes públicos e inversores extranjeros que invierten en títulos de deuda.

El déficit fiscal de EEUU, 7,26% del PIB en dólares corrientes, lo sitúa en el puesto 175 de 192 países del ranking de déficit respecto al PIB ordenado de menor a mayor. Por tanto, recurrir a la deuda es una medida universal para un problema universal – manifestada en crisis económica, que esconde una creciente demanda no satisfecha por bienes públicos, situación que asedia a países industrializados sin respuesta alguna e independiente de sus propios planes de crecimiento.

Héctor Vega

Abogado (Universidad de Chile) y economista (Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille), Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha sido investigador del Departamento de Graduados de la London School of Economics (1962-1964) y de la Delhi School of Economics (India, 1969-1971). Profesor de la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado y de la Universidad Arcis (doctorado). Experto de NN.UU y Consultor Internacional. Es autor de numerosos artículos y libros en el terreno de la economía.

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Me refiero principalmente a la Ley 17450 de nacionalización de la Gran Minería del Cobre de 11 de julio de 1971, así como la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM Ley 18097 21/01/1982) y literatura histórica internacional, incluyendo especialmente el derecho indiano y las Declaraciones de Naciones Unidas, Diario de Sesiones del Senado, resoluciones de la Contraloría General de la República, publicaciones de prensa de la época, y sin duda los debates parlamentarios respecto a la nacionalización del cobre realizada por el gobierno del presidente Salvador Allende, tema que ha sido abordado en el libro, La Batalla del Cobre, del principal asesor jurídico del presidente Allende, Eduardo Novoa Monreal.

La nacionalización consagra el derecho indiano establecido en Chile en el siglo XVIII y reconocido por don Andrés Bello (proyecto del Código Civil 1855) que por supuesto admite la concesión pero no a la manera de la LOCCM. Estos antecedentes han sido estudiados acuciosamente por el jurista Julio Vildósola Fuenzalida en su Tratado sobre el Dominio Minero y el Sistema Concesional en América Latina y el Caribe (Edit. OLAMI, CEPAL, 2000).

El sistema jurídico implantado por la dictadura cívico-militar modifica totalmente la tradición patrimonial-regalista heredera del derecho indiano para consagrar la llamada concesión plena o atribución del derecho de propiedad de la mina al concesionario. Lo que va en contradicción con el número 24 del Art. 19 de la Constitución Política del Estado (CEP, 1980) que declara que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, por lo que puede concesionar el mineral a los privados sin dejar de ser propietario.

Al dictarse el año 1982 la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) el concesionario pasó a ser propietario, consagrándose así la doctrina de la concesión plena, en contradicción con el artículo 19 ya citado de la Constitución de 1980. Jurídicamente la concesión no es sino un contrato intuitu personae (o arriendo) y de ninguna manera un contrato real sin respecto a determinada persona y aún oponible ante el Estado.

En definitiva, pese a la declaración constitucional, el Estado de Chile pasa a tener la nuda propiedad, o propiedad eminente del Estado de las minas.

-El autor, Héctor Vega, es abogado y economista. Miembro del Comité de Defensa del Cobre, miembro de la Organización Recuperemos Chile.

*Fuente: Prensa OPAL

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