Extraigo de  ”El libro negro de la justicia chilena ” (Planeta, 1999), obra de la periodista Alejandra Matus, valiosa información sobre hechos  que  rodean los orígenes del narcotráfico en nuestra región y en el propio país, hechos que se remontan a los tiempos inmediatamente anteriores al golpe cívico-militar de derecha de septiembre de 1973. La Corte Suprema de Justicia,  aun después del fin de la dictadura, siguió el mismo cauce que orientó su vergonzosa actuación después del cuartelazo, y por esa razón la periodista, en calidad de perseguida,  debió huir de Chile, luego que  la Corte Suprema  ordenara su detención y la requisición del libro un día antes de que saliera a las librerías.

El 14 de abril de 1999, Matus fue acusada por el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, del delito de desacato, tipificado en ese entonces en el artículo 6-B de la Ley de Seguridad del Estado. Luego de su arribo a Estados Unidos, Matus solicitó asilo político en ese país, el que le fue concedido. Este libro fue el mayor antecedente que permitió la redacción de la Ley de Prensa (mayo de 2001), en que no se consignó el delito de desacato sobre el cual se produjo la orden de detención de la periodista y la requisición de su libro. No obstante, a pesar de la vigencia de la nueva ley, no fue hasta diciembre de 2001 que las copias incautadas del libro fueron devueltas a la editorial Planeta para su comercialización. Alejandra Matus volvió a Chile después de dos años de exilio en Estados Unidos.

Vamos al libro de Alejandra Matus:

Cuenta la escritora que Ángel de la Cruz Venegas, vecino de Pisagua, era un obrero aseador del retén de Carabineros del pueblo, en el que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Este trabajador fue el mayor testigo de la matanza de seis prisioneros políticos que, según el parte militar de octubre de 1973, murieron al intentar huir de la cárcel de Pisagua. De la Cruz Venegas, entrevistado por la periodista, contó que vio un día a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Luego que les dispararon, vio cómo los ensacaron. Los que dispararon eran militares. También señaló Venegas que en la Gobernación de Pisagua vio a varios detenidos que les arrancaban las uñas, sindicando a Mario Acuña Riquelme, el fiscal de los juicios de guerra en Tarapacá como quien daba las órdenes.

Si hablamos de narco-tráfico es, precisamente, de Mario Acuña a que debemos hacer referencia, como el personaje clave en este opúsculo.

Acuña no era iquiqueño. Inició su carrera en Santiago, y la Corte Suprema de la capital acogió reclamos en su contra por su mala gestión. Lo trasladó a Iquique al comenzar los años 70. Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico. En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladara al norte a investigar.

El magistrado, como correspondía, contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Julio Cabezas Gacitúa. En Santiago, Correa había contado con la colaboración del abogado Manuel Guzmán Vial, y agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), que, junto a otras entidades del Estado, habían reunido información sobre los magistrados involucrados en narcotráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Era de tal gravedad lo que Correa pudo colegir durante su estancia en Iquique, que tras un informe a la Corte Suprema, el presidente de la Corte iquiqueña y el fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia fueron destituidos. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, solo fue trasladado o amonestado. Mario Acuña se había salvado. El autor principal de las acusaciones sobre las cuales Correa basó su informe, fue Julio Cabezas. Como jefe del CDE y del Servicio de Asistencia Judicial de Iquique, su actuación fue netamente profesional y, como ya veremos, la causa de su muerte.

En 1973, Cabezas y el director de la Oficina de Planificación Regional (Odeplán) Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes de la región que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Por su  peso económico, ellos habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique. Eran Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez. Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo del desabastecimiento y las “colas” bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, relata Matus en su obra, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semi-elaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración y desde allí para embarcarlo al sur del país. Alejandra Matus relata en su libro:

“Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151.”

Mario Acuña fue vinculado por la investigación ordenada por Cabezas a la policía local con la gestión de tal laboratorio. Había contra Acuña otros pesados cargos, a saber: desde mayo de 1970, cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque esta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo; había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos; adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica;  pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre “por falta de méritos” justo después de extender ese documento; había recibido “regalos de navidad” del conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, alias “el Gallina;” etc.

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido. Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo “perdió” sin explicación. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño. Gallardo nunca fue procesado.

Ya estábamos en 1973, y por entonces, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su simpatía con la salida del presidente Allende- del poder del gobierno.  Pese a sus antecedentes, ampliamente conocidos por la Corte Suprema, presidida por José Urrutia Manzano, Acuña fue autorizado por ella para ejercer como fiscal en los Consejos de Guerra en Tarapacá. La Corte Suprema lo hizo a petición expresa del general  Carlos Forestier Haensgen, el jefe político y militar máximo de la región designado por la Junta de gobierno. Es importante recordar que Urrutia Manzano públicamente se pronunció en favor de la dimisión de Allende a solo unos meses del golpe militar, acto, obviamente no solo anti-ético, sino ilegal.

Mediante llamados radiales y de prensa, Acuña convocó a los dirigentes más importantes de los partidos de gobierno a presentarse en el cuartel de la VI división de Ejército. Sorprendió a todo Iquique que también fuese llamado el abogado Julio Cabezas, funcionario de carrera de Estado que no tenía militancia política alguna. El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional acudió a entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho estudiantes de Leyes que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos.”Yo vengo luego,” les dijo. “Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta.”

Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos, con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios del gobierno de Allende, lo acompañaron hasta la puerta del lugar. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato. Trágico error. Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro de un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no tenía ninguna relación de carácter político con los partidos de gobierno, menos aun que fuese de izquierda. Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio a Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional de Cabezas y de sus cualidades como un “hombre de paz”.

Forestier no respondió, lo que no puede dejar de llamar la atención. Forestier sabía que el mayor mérito profesional del jefe del CDE eran los exitosos resultados que había obtenido en sus investigaciones sobre el narcotráfico. Luego de una breve farsa de juicio, Cabezas fue sentenciado a muerte y fusilado el 10 de octubre de 1973, junto a cuatro militantes de partidos políticos de izquierda. Calza aquí muy bien el aforismo de Napoleón “entre lo trágico y lo ridículo, hay solo un paso.” La acusación, redactada íntegramente por Acuña, fue “condenado a muerte por alta traición a la Patria.” El expediente del supuesto Consejo de Guerra, que sentenció a muerte a Julio Cabezas y a los militantes de izquierda  que murieron con él nunca apareció.

También fue fusilado en Pisagua el ex-director de Odeplán Freddy Taberna, primer dirigente del Partido Socialista de Iquique, quien había participado activamente en las investigaciones de Cabezas. No fueron los únicos. También fueron asesinados “burreros” (individuos portadores de drogas desde Bolivia hasta Iquique) en un número hasta hoy indeterminado, además de  algunos funcionarios de aduana y de la entonces Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), que por razones obvias, también habían colaborado en las investigaciones lideradas por Cabezas.

Alejandra Matus investigó a fondo todo el caso del narcotráfico. Por primera vez, en su libro se supo que desde antes del golpe militar, la aduana de Iquique actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y que varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba un socialista y un reconocido político anti-imperialista, Salvador Allende. Ocho agentes de la aduana fueron asesinados.Entre ellos, Mario Morris Barrios, Juan Efraín Calderón y Juan Jiménez, quienes fueron ejecutados en el supuesto intento de fuga del que fue testigo ocular el aseador De la Cruz Venegas. Calderón y Jiménez fueron fusilados a pesar de las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

Un grupo de narcotraficantes fue arrestado y llevado a Pisagua.  En el grupo figuraba Francisco Manríquez,  Nicolás Chánez,  Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello. Todos eran cómplices de Acuña pero al parecer “sabían demasiado.”José Ramón Steinberg, médico cirujano, preso político detenido en Pisagua, reveló a la periodista Matus lo siguiente:

“En el mes de enero de 1974 llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por orden del fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes, el carabinero Barraza y el teniente Muñoz.  Fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después.”

La personalidad de Acuña se refleja en otra situación relatada por el médico Steinberg. El 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga, en calidad de “prisionero de guerra.” Higueras fue sometido a torturas y en ellas perdió el conocimiento. Steinberg fue llamado para diagnosticar lo sucedido a este preso, y  constató que estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un “vaso dilatador y un tranquilizante”, pero en el mismo lugar, Acuña, después de preguntar a Steinberg qué efecto tendrían esos medicamentos, negó la autorización para administrarlos. Dijo “tengo que seguir interrogándolo” a lo que el médico respondió “no puede seguir interrogándolo en estas condiciones y debe  permanecer en reposo absoluto.”  Acuña ordenó que lo dejaran tal como estaba, diciendo que volvería en quince minutos. Higueras murió breves instantes después que Acuña abandonó el lugar.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera el poder e influencia de Mario Acuña en Iquique y en toda la región de Tarapacá. Los años, sin  embargo, pasaron y el exceso de alcohol y las drogas lo enfermaron de cirrosis y diabetes. Su cónyuge y su familia lo abandonaron, y poco después fue expulsado del Colegio de Abogados. En democracia, los familiares de muchas de los asesinados por orden de Acuña, recurrieron a la ley. Sin embargo cuando sus acusaciones llegaron a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía, dictada por la dictadura en 1978 (Decreto Ley 2191). La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se supo más de Acuña, excepto que en el año 2000 murió en Santiago en un hospital militar. La Ley de Amnistía que salvó a Acuña y transitoriamente a tantos criminales de la dictadura, dejó de aplicarse desde 1998, aunque curiosamente, derogada años después. ¡Qué país tan raro tenemos!

Sobre la muerte de Acuña, es preciso agregar un hecho clave que devela la relación entre narcotráfico y FF AA:

Forestier eligió a Acuña como fiscal en las farsas de juicio que advinieron con el golpe militar, sabiendo perfectamente de las probadas andanzas de Acuña en el narcotráfico, ampliamente investigadas por Cabezas. Lo eligió aunque había  muchos abogados de derecha a su disposición, libres de toda sospecha de corrupción, prevaricación o dolo,  y de una hoja profesional impecable. Forestier, el jefe supremo de la dictadura en Tarapacá, fue el responsable formal del asesinato de Cabezas, al firmar personalmente su sentencia de muerte, la de un abogado y funcionario de Estado de carrera, un hombre no solamente inocente, sino quien era el primer líder de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el norte de Chile como en todo el país.

Entonces, concluyamos:

Aunque suene duro,  resulta, por lo menos lógicamente deducible que el narcotráfico ya había penetrado nuestras Fuerzas Armadas, y que oficiales como Forestier podían perfectamente ser sus “clientes”. Finalmente, un  hecho que da demasiado que pensar:

Acuña fue a morir en un hospital militar, aunque ya no era el fiscal militar de años antes, y cuando ni siquiera gozaba del más mínimo respeto ante la ciudadanía entera, sus colegas y del Ejército. La pregunta de Perogrullo y final: ¿Habrá corrido Mario Acuña la misma suerte de los “burreros” y “coqueros” fusilados luego del cuartelazo de septiembre de 1973, por “saber demasiado”?

*Fuente: Edición Cero

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El articulo Los orígenes del narcotráfico  apareció primero en piensaChile.

Además, en cuanto a su muerte, ella fue el resultado de un lamentable accidente; no fue producto de un atentado, ni se produjo en el ejercicio de sus funciones, lo que, por supuesto, lo haría merecedor de un monumento. Objetivamente, aunque quienes proponen su estatua quieren convencernos de la validez de su “legado” como jefe de Estado, la verdad es que no hubo leyes en sus dos administraciones que fueran cruciales en la historia del país. Lo que hubo fueron algunos agregados a leyes que ya existían. Por cierto, es de reconocer la gran luz de su primera administración, la salvada de los 33 mineros atrapados en la profundidades de la mina San José, luego de su derrumbe.

El rechazo a la propuesta que hoy hacen sus otrora adláteres políticos tiene sólidos fundamentos. No sabemos si ella finalmente prosperará, pero si eso sucede, será un suceso político injusto, tanto política como moralmente.

Para empezar, muchas de las chanzas y bufonadas verbales que pronunciaba seguidamente durante sus dos mandatos no reflejan la dignidad a que obliga el cargo de primer mandatario. Por el contrario, la larga corrida de chascarros que protagonizó en sus dos administraciones, solo develan, por una parte, en el caso de los que pudieron haber sido lapsus verbales, un apresuramiento al hablar, incompatible con un persona socialmente importante que, antes de emitir un juicio, debe reflexionar bien antes de abrir la boca; y por otra parte, ignorancia pura.

Por cierto, aunque sus conocidas chanzas no reflejan algún inteligente o simpático sentido del humor, fueron de suyo hilarantes. Se recordará, por ejemplo, su mención al “fallecido poeta Nicolás (Nicanor) Parra” mientras éste aún vivía; Abel fue quien mató a Caín, no al revés; Robinson Crusoe (personaje ficticio de la novela de Daniel Defoe) fue el náufrago de Juan Fernández; Pablo Neruda, nuestro segundo premio Nóbel de Literatura, nació en Curicó; Pedro de Valdivia fue el descubridor de Chile. Después ser elegido presidente (a comienzos de este siglo), declaró que Chile superaría el nivel de vida de Checoslovaquia, país de Europa que había dejado de existir en 1993, dividiéndose en dos naciones distintas, la República Checa y Eslovaquia, etc., etc.

Imposible es olvidar que Marcelo Bielsa, el ex – entrenador de la selección nacional de fútbol lo humilló (y con ello, al país entero) al dejarlo con la mano estirada, cuando Piñera, el presidente de Chile, quiso saludarlo. Días antes, el primer mandatario se había referido a él públicamente como “el loco Bielsa.” Sin embargo la peor de todas estas vergüenzas, fue la gota que rebalsó el vaso. En verdad, no exageramos si decimos, en buen chileno, que dejó al país como “chaleco de mono” ante todo el mundo en su visita como jefe de Estado a Alemania.

Los alemanes guardan celosamente en el corazón de la capital de su país, en la Puerta de Brandeburgo, un libro en el que conservan los saludos y el pensamiento de las personas importantes del mundo que visitan la nación europea. En ese libro, Piñera escribió “Deutschland über alles” (Alemania sobre todas las cosas). Esta frase, pertenecía al antiguo himno nacional alemán, escrito en el siglo 19, por el poeta Heinrich Heine y el compositor Joseph Haydn. Adolf Hitler la transformó en el slogan oficial de la Alemania nazi, aventado muy especialmente cuando los ejércitos hitlerianos, en plena segunda guerra mundial, invadían y ocupaban los países que conquistaban.

Después de la derrota militar nazi, en los dos territorios de Alemania -entonces dividida- la frase fue eliminada del himno nacional, como muestra del inicio del proceso de desnazificación. El embajador de Chile en Alemania, tratando de arreglar esta “metida de pata” vino a empeorar las cosas al declarar oficialmente a la prensa internacional que “el presidente tiene tanto de qué informarse que no puede saberlo todo (!).”

En verdad, estos ridículos podrían olvidarse, si no fuera porque el mayor demérito que justifica el rechazo a erigir una estatua a Piñera es el haber usado la política y el cargo de presidente del país en beneficio de sus negocios.

Sus primeras incursiones en el mundo de las estafas y la especulación son de vieja data. Llegó a la presidencia del país como un millonario, lo que, obviamente, no es criticable. Lo que sí lo es, es el origen de su fortuna, que no tuvo nada de santo. Se remonta al verdadero asalto que hizo al Banco de Talca, a comienzos de los años 80. La orden 531, formulario Nº 22, emanada del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, firmada por el ministro en visita, Luis Correa Bulo, el 27 de agosto de 1982, decretó el encarcelamiento de Piñera, señalando a la letra:

(…) «La aprehensión por parte de la Prefectura de Investigaciones de Santiago, de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, domiciliado en Otoñal Nº 1015, Las Condes, por el delito de Infracción a los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de Bancos, y la defraudación al Banco de Talca, aprehensión que debe realizarse bajo apercibimiento de rebeldía.»

Estuvo preso solo unos días gracias a la intervención de la ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga, cediendo al pedido personal que le hiciera José Piñera, hermano de Sebastián y amigo personal de Madariaga, además de colega suyo en el gabinete de Pinochet. Fue ella ella misma quien reveló públicamente estos hechos antes de fallecer.

Piñera, al dejar la cárcel, huyó de Santiago buscando refugio en La Serena, en casa de un tío suyo, entonces obispo de esa ciudad. Allí estuvo oculto hasta que, apoyado desde la cúspide del poder dictatorial, consiguió, entre gallos y medianoche, ser sobreseído en la causa que lo había declarado reo.

Desde el Banco de Talca hasta las coimas de LAN: La lista negra de Sebastián Piñera

El affaire Banco de Talca fue una intrincada maraña de estafas que Piñera propinó al empresario Ricardo Claro Valdés, su socio en el novel negocio de las tarjetas bancarias, conocidas en esos tiempos como “dinero plástico.” El estafado, que no pudo conseguir que Pïñera fuera a parar a la cárcel, se vengaría de él años después, en un programa televisivo de Megavisión, con la grabación de una conversación telefónica – escuchada por todo el país- desde una radio cassetera marca Kioto. En ella, Piñera se retrataba de cuerpo entero como un individuo vulgar, machista, inescrupuloso y ambicioso. Tramaba desplazar a Evelyn Matthei como su contendora en la candidatura presidencial de la derecha en los primeros años de la restituida democracia.

Incontinente por obtener más y más dinero, sin importar cómo, es la mejor definición que puede darse a Piñera.

Recordemos, por lo menos, la sanción que tuvo de la Superintendencia de Valores y Seguros, con las elevadas multas a LAN en Estados Unidos (cuando Piñera era gerente de la aerolínea) por haber obtenido información -legalmente secreta- sobre la baja del precio de las acciones de LAN, para luego comprarlas y especular con ellas; su participación en el escándalo conocido como el “Caso Chispas”; la serie de negociados de su empresa BANCARD con los cuales defraudó al fisco, tal como quedó graficado en el caso PENTA, etc. A todo esto se suma su evidente falta de compromiso en la defensa ante el Tribunal Internacional de La Haya de la extensa porción de mar en el extremo norte del país, litigio que Chile perdió.

La explicación de su desaprensiva conducta en este caso (aunque teatralmente lo negaba), reside en su co-propiedad de la empresa pesquera peruana Exalmar, que justo en esas aguas obtenía la mayor parte de sus ganancias. Eran demasiado sospechosos sus arrestos patrióticos, porque poco antes de la sentencia de La Haya, Piñera ingresó a Exalmar como importante socio, lo que indica que el presidente-empresario había supuesto, como buen hombre de negocios, que Chile perdería el juicio. Tampoco puede olvidarse que introdujo a dos de sus hijos en una comitiva oficial económica a China para que hicieran negocios personales en ese país, viaje, obviamente, financiado por el Estado de Chille.

Hoy, ha vuelto a la agenda política del país, el caso de la minera Dominga.

Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas

Veamos el rol de Piñera en el: “Pandora Papers,” es un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, sigla de su nombre en inglés). En él, participan 150 medios masivos de comunicación y más de 600 periodistas de todo el mundo. “Pandora Papers,” develó, tras dos años de investigación sobre 11.9 millones de documentos financieros, el entramado de operaciones en paraísos fiscales, denunciando ante el mundo a más de 300 autoridades políticas, entre ellas, al presidente de Chile Sebastián Piñera.

Con “palos blancos” de por medio, Piñera junto a Carlos Délano, concretaron la compraventa de inversiones del proyecto Dominga, realizada en períodos en que Piñera ejercía como presidente de Chile. ¿Recuerdan cuando Piñera, antes de la denuncia de “Pandora Papers, clamaba que había que identificar y castigar a quienes manejaban platas bajo el alero de paraísos fiscales?

Sigamos:

Un proyecto minero, llamado Imán, fue comprado y vendido secretamente por un fondo de inversión, entre cuyos accionistas estaban el presidente de Chile y su amigo Délano. Consistía en 14 pertenencias mineras, de11.200 hectáreas cuadradas, situadas a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar, sobre las cuales se reclamaban derechos por yacimientos de cobre, escandio y hierro. Anteriormente , para gestionar el negocio Minera Dominga, Piñera creó la sociedad “Minería Activa Uno Spa” para evitar que se le viera directamente involucrado en un mega-negocio siendo presidente del país. A la sazón, el socio mayoritario, tanto de Dominga como de Imán, era Piñera, lo que disfrazó con un nombre inventado, “Fondo Mediterráneo,” con la tercera parte de las acciones.

El resultado final del negocio fue que Piñera se embolsicó la friolera de 30 millones de dólares, sin moverse de su escritorio en La Moneda. Cada vez que Piñera, presidente de país, era sorprendido haciendo negocios, aducía que los tenía bajo el régimen “fideicomisos ciegos” (“palos blancos” y/o encargados suyos para recabar negocios); vale decir, no era él quien directamente los hacía ni sabía qué beneficios o perjuicios le traerían (!). Esa fue siempre su defensa.

Entonces, como vendedor de la gigantesca operación, apareció un tal Arnaldo del Campo Arias, personaje designado por Piñera como representante del Presidente de la República en el directorio de ENAMI, empresa estatal de fomento a la pequeña y mediana minería. Todo esto a solo unos días de iniciada la transacción. Del Campo Arias, delegado del presidente de Chile en ENAMI, ahora era el vendedor de Imán, con platas, por supuesto, de Piñera. ¿Podría creerse que Del Campo no le contara a su jefe el negocio que había hecho?

En resumen, y dicho con la mayor claridad, el presidente de Chile había hecho negocios legalmente sancionados como especulativos. Imán se vendió en 152 millones de dólares, mucho más de su valor Inicial, especulación que también fue denunciada por “Pandora Papers.” De los 152 millones de dólares de la venta, 15 millones se devolvieron a los 31 aportantes que desembolsaron dinero para las primeras prospecciones; 30 millones fueron para los gestores del proyecto, Larrain-Vial. El saldo,107 millones, se repartió como dividendo entre todos los accionistas, y Piñera, el mayor de
ellos, sacó su tercera parte, más de 30 millones de dólares.

La última cuota, según las revelaciones de “Pandora Papers,” fue por otros 10 millones de dólares que se repartieron en las mismas proporciones. Cuando Piñera compró las 11.200 hectáreas, actualmente en etapa de exploración, declaró una estimación de 200 toneladas de minerales como hierro, cobre y escandio.

Sin embargo, ahora dicha estimación se disparó a 2.000 toneladas, al punto que se ha desatado una inusitada fiebre compradora de pertenencias mineras en la zona. ¿Casualidad? Claro que no.

Piñera, como los viejos zorros de la minería, sabe cómo navegar en el mar del mercado de la minería y extraer suculentas tajadas. Todo se veía estupendo y en el mejor de los mundos, hasta que las cosas las pusieron en su lugar las revelaciones de los archivos de “Pandora Papers”, con pruebas irrefutables y definitivas que las especulativas transacciones de Piñera se hacían en paraísos fiscales, cuyo fin, por supuesto, era la evasión de impuestos al Estado de Chile.

Finalmente, nótese que Piñera nunca creó una empresa, aunque le agradaba que lo llamaran “mega empresario”. En estricto apego a la realidad, solo fue un hábil especulador, en el terreno que fuese. Tampoco fue un político derechista clásico, de aquellos que pertenecen al antiguo conservadurismo. La política fue para él, en primer término, un oficio que vio como plataforma de negocios, más que como acción social. De ahí que su fortuna se dobló mientras fue presidente.

Como lo han revelado documentos desclasificados de la CIA publicados por el diario Washington Post’, el embajador de EE UU en Chile en los tiempos de Piñera, en un mensaje al Departamento de Estado de su país observó: «Piñera transita siempre por el borde fronterizo de la ilegalidad.»

¿Y qué me dicen de su “legado” en el tema migratorio? Su extrema falta de criterio tuvo su máxima expresión en Cúcuta, cuando, servil a Estados Unidos, el primer bastión del sistema capitalista mundial, abrió las puertas de Chile a todos los venezolanos que quisieran ingresar a nuestro territorio, si solo declaraban ser opositores al gobierno de su país. Ante la falta de escrutinio sobre quiénes quisieran entrar a Chile, el lumpen organizado venezolano llegó en estampida a instalarse en nuestro país.

Si bien siempre hemos tenido delincuencia, desde entonces ésta inició un incesante aumento. Desde el episodio de Cúcuta, nos afligen tipos de delitos que no teníamos en el pasado, como el sicariato, los secuestros, la extorsión, la instalación de filiales del crimen organizado internacional a la largo de nuestro territorio, la introducción de todo tipo de estupefacientes, y el tráfico de personas, como migrantes y blancas.

¿Merece una estatua en pleno corazón de Chile un personaje así?

*Fuente: Edición Cero

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Relatos, reflexiones y otros aportes para rescatar la Memoria, a 50 años del golpe de Estado en Chile

El golpe de estado de 1973, en términos técnicos, fue una acción militar, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile (FF AA), conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, más la policía uniformada y civil, que también tienen características militares, tanto en el plano logístico como profesional.

Desde el punto de vista político, fue una acción que recuerda la famosa frase de Carl von Clausewitz “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”. Así fue. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 vino a dar fin a un enfrentamiento político, que se desenvolvía sola y exclusivamente en el ámbito civil, i.e., en los marcos de la organización constitucional del país vigente desde 1925 hasta 1973. Por lo tanto, era una confrontación entre dos bloques políticos, a saber:

1- La izquierda socialista, representada por el gobierno del presidente constitucional de Chile Salvador Allende y sus mayores sostenedores políticos, el Partido Socialista -del cual Allende era militante- y el Partido Comunista. Estos dos entes políticos integraban la coalición de gobierno, la Unidad Popular (UP), en la que también participaban otros partidos menores de izquierda. El partido más radical de izquierda era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación extra-parlamentaria y minoritaria en el país, que no tenía participación alguna en el gobierno.

2- La derecha opositora al gobierno de la UP, representada por el Partido Nacional (PN) , defensor del sistema capitalista vigente entonces; es decir, de los intereses económicos del empresariado chileno y extranjero. A la derecha se sumó el Partido Demócrata Cristiano, o Democracia Cristiana (DC), formando una coalición de oposición que llamaron “Confederación de la Democracia” o “Frente Democrático” (FD).

Los beneficiados del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 fueron los posesores del gran capital nacional y los intereses económicos de Estados Unidos (EE UU). En cuanto EE UU, el derrocamiento del presidente Allende, no pudo ser más beneficioso, porque desde el triunfo electoral de la UP en 1970, la mayor potencia capitalista del mundo veía cómo nuestro país, que se declaraba abiertamente anti-imperialista y desarrollándose hacia el socialismo, había alcanzado tal condición por la vía pacífica y las reglas constitucionales vigentes. En fin, las FF AA abandonaron su rol mandatado constitucionalmente, en cuanto observar una conducta neutral ante las controversias políticas de la civilidad.

Es de destacar que luego de usurpar el poder, amparadas por el monopolio de las armas que les entregaba, pusieron el país a la más absoluta disposición política y económica de los intereses de EE UU; vale decir, abandonaron su deber de defender nuestra soberanía como nación independiente. Las FF AA, en suma, que debían atenerse a respetar la constitución entonces vigente, hicieron lo contrario. Desobedeciendo las leyes, actuaron como el brazo armado de un sector político nacional muy específico, la derecha civil y de los intereses de una potencia extranjera, Estados Unidos de Norte América.

Desde el punto de vista ético-político, el rol de la DC fue tan vil como grotesco. Sirvió de caja de resonancia a la acción sediciosa contra el gobierno constitucional de Chile, organizada clandestinamente por la derecha nacional y el imperialismo norteamericano a la espera que, una vez producido el golpe, como ha sido ampliamente acreditado, los golpistas le entregaran de manera transitoria la administración del país hasta lo que sería “la restauración democrática.”

En las postrimerías de nuestro antiguo orden democrático, la dirección de la DC participó activamente en el sabotaje político y económico contra el gobierno, sumándose a la campaña de la derecha y del imperialismo norteamericano destinada a hacerlo fracasar, organizando huelgas donde les era posible, guardando silencio ante los actos terroristas abiertamente auto – adjudicados por el grupo de ultra-derecha y neo-fascista “Patria y Libertad,” y colaborando de modo oculto en el desabastecimiento de los productos de consumo diario.

Este suceso se hizo evidente cuando hasta el mismo día del golpe de estado, conocidos militantes y personeros políticos de la DC participaron en el paro de los camioneros que solo unas semanas antes del cuartelazo dañaba ostensiblemente la distribución y el consumo de alimentos, infamante acto que financió íntegramente el gobierno de Estados Unidos, como lo han revelado muchos archivos desclasificados de la propia CIA norteamericana.

La derecha política y la DC, al boicotear el transporte de bienes de consumo y mercancías, luego, además, de impulsar el más generalizado desabastecimiento, se habían propuesto crear un falso clima de baja producción en el país, lo que no consiguió convencer a toda la ciudadanía porque las objetivas cifras de entes independientes del Estado en materia productiva revelaban que, por el contrario, la producción de bienes de consumo se había incrementado durante el mandato de la UP. En el escaso tiempo que duró la falsa espera por aquella promesa de recibir en una bandeja de plata el gobierno, la mayor parte de la dirigencia de la Democracia Cristiana colaboró con la dictadura en ministerios, subsecretarías, reparticiones burocráticas del Estado, rectorías universitarias, etc., etc.

Es más, aplaudió y justificó el sangriento golpe de estado ante el país y el mundo como retribución de lo que sería la entrega del gobierno a su máximo líder, Eduardo Frei Montalva, quien hasta el 11 de septiembre de 1973 era presidente del Senado de la República.

Un año después del golpe, la DC se separó completamente de los golpistas. Veamos:

La derecha política, agrupada en el Partido Nacional (PN), era ostensiblemente minoritaria en Chile. En las elecciones del Parlamento de marzo de 1973, las últimas realizadas en democracia antes del golpe de estado, la ciudadanía había superado en participación a todas las elecciones antes realizadas en el país hasta esa fecha, alcanzando el récord de un 81%. La derecha política pura, el PN, obtuvo el 16% de los votos, menos de la quinta parte del total. El partido mayoritario en Chile era su aliada, la centrista DC, que obtuvo el 40% de la votación. Por lo tanto, la mayor fuerza política de orientación única (socialista y anti-imperialista) era la izquierda, que obtuvo con el gobierno de la UP el 44% de los votos, a pesar del agudo clima social en Chile creado por el sabotaje económico al gobierno, desde dentro y fuera del país. Además del desabastecimiento y los actos terroristas de la ultra – derecha destinados a dañar la economía, el gobierno estadounidense había cerrado sus instituciones bancarias bajo su control a cualesquiera solicitudes de créditos del gobierno de Chile. Además, frenó el flujo de las importaciones de maquinarias y repuestos para nuestras industrias, sobre todo la del cobre, como también para el parque automotriz.

Además de asesinar al presidente de la República, al igual que selectivamente a los mejores dirigentes de los partidos de la Unidad Popular a lo largo del país, y lanzar a la cárcel y al exilio a miles de sus dirigentes, la dictadura que advino con el golpe de estado humilló a su aliada golpista, la DC, deshaciéndose de ella. Obviamente, fue entonces cuando se conoció a cabalidad cuál sería la orientación ideológica que tendría el gobierno dictatorial.

Conviene, sobre todo para que lo sepan bien las generaciones jóvenes de hoy, referirse a qué fue lo que gatilló la alianza de la DC con la derecha. Fueron tres situaciones:

Primero, siempre hubo en la testera de la DC una corriente anti-izquierdista y pro-capitalista, lo que sirvió admirablemente a la dictadura, puesto que entonces la derecha no contaba con cuadros técnicos suficientes para manejar sola los estratos administrativos de todo el país.  Así fue como la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (comandante en jefe del Ejército al momento del golpe de  estado) se ayudó en sus inicios de la DC. Tuvo algunos ministros democratacristianos como Jorge Cauas, además de consejeros, funcionarios administrativos y trabajadores que ocuparon cargos directivos en todas las reparticiones públicas, como asimismo en universidades, institutos y escuelas, los que vinieron a ocupar las vacancias dejadas por los profesionales, funcionarios, trabajadores  y académicos que fueron exonerados, encarcelados, exiliados y asesinados, por el solo hecho de haber sido militantes de los partidos de la UP.

Segundo, si bien en 1970 el sector conservador de la DC era minoritario en la testera del partido, el continuo boicot de la poderosa derecha económica, tanto industrial como comercial contra el gobierno de la Unidad Popular, tuvo su efecto. A ello se sumó el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, un ex – ministro de Frei Montalva, en un atentado perpetrado por un comando de una pequeña agrupación extra-parlamentaria de ultra-izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), decididamente contraria al gobierno de la UP. Allende ordenó de inmediato perseguir a la VOP. Sus líderes y militantes principales se resistieron en armas, y varios fueron muertos y otros tantos encarcelados. Así fue el fin de esta organización. Por cierto, al asesinar a Pérez, la VOP le había hecho un espectacular favor a la derecha, puesto que el asesinato facilitó la hegemonía política del sector conservador en la dirección de la DC. El retroceso de este sector se hizo evidente en la DC a fines del gobierno de Frei Montalva.

En las elecciones presidenciales de 1970 se impuso Radomiro Tomic como su candidato a las elecciones presidenciales de 1970. Tomic era un antiguo político de definición progresista que, incluso, llegó a plantear la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de la UP poco antes del golpe de estado, lo que, por supuesto, lo frenaría. En fin, aunque la VOP fue aniquilada por el gobierno de Salvador Allende, la DC, con los conservadores Frei Montalva, Zaldívar y Aylwin a la cabeza, se alió con la derecha y contra el gobierno de la UP, y con ello se sumó al golpe de estado, conjura planeada e iniciada por la derecha y el imperialismo norteamericano inmediatamente después de la asunción de Allende al gobierno.  Todo ello ocurría a contrapelo de lo que era oficialmente el origen y programa de la DC.

En teoría, la DC era un partido promotor de un Estado semejante al gobierno del presidente Allende; es decir, de economía mixta y contrario al modelo socialista de partido único. A ello la DC llamaba “la sociedad comunitaria;” es decir, igualitaria. La DC llegó, incluso, a llamar “revolucionario” a su proyecto, en cuanto proponía la sustitución del sistema capitalista entonces vigente por aquella sociedad “comunitaria.” Eso era la teoría, nada más, como así lo demostraron los hechos.

La derecha nacional y también algunos dirigentes de la DC hasta hoy alegan que el golpe de estado fue legítimo porque, primero, la derecha y la Democracia Cristiana tenían en 1973 mayoría parlamentaria; y segundo, porque la Corte Suprema también avaló el cuartelazo. Por supuesto, ambos argumentos sostenían una ilegalidad, y, sobre todo, falaces. Primero, el golpe se produjo en la mitad del período presidencial de Allende y, como es bien sabido, en todos los países democráticos del mundo la democracia se basa en el principio de la realización de elecciones generales parlamentarias en la mitad de una administración presidencial, y que cualquiera sea el resultado de la elección, el presidente debe terminar su mandato solo si la oposición parlamentaria lo acusa constitucionalmente, para lo cual necesita dos tercios en el Congreso.

Pues bien, la dupla derecha-DC no obtuvo el tercio de los votos en las elecciones de marzo de 1973, lo que hizo imposible la destitución legal del presidente Allende. Además, nunca un gobierno en toda la historia de Chile había llegado a un apoyo tan alto como el que obtuvo el gobierno de la UP en aquellas elecciones parlamentarias, con un 44% de los votos. En consecuencia, el segundo argumento (el apoyo de la Corte Suprema al golpe) solo puede calificarse de políticamente sesgado, lo que envilece a la mayor institución jurídica del país, la Corte Suprema, la que, en lugar de atenerse a la Ley y a su obligado rol de garante mayor de la correcta aplicación de la justicia, se sumó al golpe de estado.

Desde entonces, la Corte Suprema carga sobre sí el estigma de no solo haber justificado el sangriento fin que tuvo la democracia chilena en 1973, sino no haber alzado la voz, como le correspondía legalmente hacerlo, frente a las flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos que se cometían en Chile ante los ojos de todo el país y la comunidad internacional. Por cierto, la Corte Suprema, además, fue indiferente a la barbarie de neto corte fascista que tenía lugar en Chile y a la larga suspensión de las garantías constitucionales decretadas por la dictadura a lo largo de los 17 años que gobernó el país. De manera que no solo la derecha, el imperialismo norteamericano y los militares fascistas quedaron manchados de sangre ante los ojos de todo el mundo, sino también la DC y la Corte Suprema.

A la pregunta, ¿qué hizo el gobierno de la UP para ser derrocado de modo tan brutal? Veamos:

Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de la República, siendo el primer político de orientación socialista revolucionaria, declarándose explícitamente así ante Chile y el mundo. Era el líder de un programa de gobierno anti-imperialista, que accedió al gobierno por primera vez en el mundo como resultado de su triunfo en comicios establecidos en las leyes vigentes. Nacionalizó el cobre a través de una ley referida al principio de las «ganancias excesivas,» que lo hizo internacionalmente famoso, modelo aplicado en otros países.

Nacionalizó todas las riquezas mineras del país y estatizó bajo un sistema legal de indemnización  las mayores industrias estratégicas; aplicó a fondo la reforma agraria que había sido aprobada bajo el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, pero que había sido interrumpida en abril de 1970 luego del asesinato de Hernán Mery, un funcionario de gobierno de la Corporación de Reforma Agraria (fundada por Frei en 1965), perpetrado por sicarios ligados a la ultra-derecha y a terratenientes de la región en que Mery se desempeñaba. Allende también apoyó la revolución cubana ante las agresiones del gobierno de EE UU y realizó importantes reformas sociales, en la Salud, el sistema bancario, el empleo, la vivienda y la Educación.

Antes de ganar las elecciones, el gobierno de EE UU y la derecha política nacional ya habían empezado a actuar: En 1969, un grupo de militares protagonizó el asalto y toma al regimiento “Tacna” en Santiago (el “tacnazo”), para evitar el posible triunfo de la izquierda en 1970. Con ese mismo objetivo, ese mismo año, la empresa norteamericana ITT inició su conspiración en Chile, entrevistándose con civiles y con la más alta esfera del gobierno, con el propio presidente de la república. Agentes de la ITT sostuvieron una entrevista secreta con Frei Montalva, al que le pidieron derechamente colaborar en su plan de impedir el triunfo de la izquierda en 1970. Frei, si bien no aceptó la propuesta, no la denunció como una inaceptable injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. El presidente, en suma, guardó el secreto de este atentado a nuestra soberanía.

Luego del triunfo de la UP, y antes de asumir Allende, un comando terrorista de derecha asesinó al comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, y en 1972, la conspiración ya estaba organizada y preparada para asestar el golpe final. La oposición civil al gobierno no trepidó en provocar desabastecimiento en el país. Se trataba de acaparar alimentos y bienes básicos de consumo, e incluso, en sacarlos de Chile de manera clandestina. La DC también hizo lo suyo. El dirigente demócrata-cristiano Guillermo Medina lideró una huelga del cobre en el mineral de Sewell, y el gremio de dueños de camiones, adictos tanto a la derecha como a la DC, intentaron paralizar el país en el mes de octubre de 1972. Todo eso ocurría sólo a cuatro meses de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, con el obvio fin de ganar el apoyo ciudadano que permitiera a la coalición de oposición derecha-DC obtener los dos tercios en el Parlamento que necesitaba para destituir a Allende.

Personeros de la derecha y la DC aducen hasta hoy que Allende cayó por su fracaso en la economía. A estas alturas de nuestra historia nacional, cuando ya todo se sabe, afirmar eso sólo llamarse falacia, o en el mejor de los casos, ignorancia o soberana estupidez. Es indiscutible hoy, luego de la desclasificación de muchos documentos secretos de la CIA con respecto al golpe de estado de 1973, que su preparación empezó a gestarse desde antes del triunfo de la UP en la elección presidencial de 1970. El gobierno de Estados Unidos, a cuya cabeza estaba el presidente Richard Nixon (destituido en 1975 por el espionaje que ordenó contra el Partido Demócrata), y su secretario de Estado Henry Kissinger, fueron decisivos en el derrocamiento manu militari del gobierno de Salvador Allende.

Está totalmente acreditado que el gobierno de EE UU financió directamente la preparación de muchas de las acciones que llevaron al país a un clima social de descontento, cuyo fin era terminar con el legítimo gobierno de Chile. Las pruebas documentadas de la intervención norteamericana sobran. Personajes muy conocidos del gran empresariado nacional y de la derecha política viajaban frecuentemente a reunirse en Estados Unidos con los jefes del Departamento de Estado de ese país. Nixon, apenas asumido en la presidencia, decidió participar activamente en el derrocamiento de Allende mediante el Proyecto FUBELT, más conocido como Track 2.  Un documento desclasificado de la CIA publicado en 2009 revela que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda secreta al dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici, que se ocuparía de convencer a las FF AA chilenas de derrocar a Allende, dinero que, obviamente, se invertiría en Chile, lo que conlleva la presunta dación de sobornos a la oficialidad militar nacional. Hay más todavía:

De acuerdo con documentación oficial norteamericana, por mucho tiempo secreta, y que ahora es de conocimiento público, divulgada por la organización no gubernamental de EE UU llamada “National Secret Archives” (Archivos Secretos Nacionales), Garrastazú Médici, en un encuentro con Nixon en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971, dijo a viva voz a Nixon: “Brasil estaba trabajando con el objetivo de derrocar a Allende.”

También está acreditada la falsedad del “Plan Z,” un invento propagandístico difundido por la dictadura durante varios años, tanto en Chile como en el extranjero. Este falso plan, cuya autoría el régimen achacaba al gobierno presidido por Salvador Allende, hablaba de la presencia de miles de guerrilleros cubanos en Chile (unos 14.000); como también de la existencia de un plan de auto – golpe liderado por Allende que contemplaba entre otras acciones el fusilamiento de toda la oficialidad de las FF AA. Fue la propia CIA que, luego de desclasificar la documentación pertinente, desmintió la veracidad del plan.

También están acreditados los continuos encuentros secretos, tanto en Chile como en EE UU, de conspicuos empresarios y políticos de derecha chilenos, como Agustín Edwards (el dueño de “El Mercurio”), Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, con agentes de la CIA y personeros del Departamento de Estado de EE UU. Según “Wikipedia”, dentro de estas acciones de financiamiento e intervención de EE UU en Chile se encuentran, entre otras conjuras, el asesinato del general René Schneider, el “tanquetazo,” la fracasada sublevación militar del 29 de junio de 1973, la huelga de los camioneros de octubre-noviembre de 1972 y la huelga del cobre en Sewell. Todos estos actos planeados por la derecha nacional y agentes de la CIA fracasaron. Al fin y al cabo, fracasaron porque Allende tenía un fuerte y activo apoyo popular y de la clase trabajadora, y porque, en el caso de la huelga de los dueños de camiones, había trenes estatales en Chile.

También está totalmente probado que varias flotas norteamericanas, ya terminada la tradicional “Operación Unitas,” se quedaron en alerta frente a Valparaíso, en caso, obviamente, que el golpe, en su forma netamente militar, fracasara. ¡Vaya militares patrióticos que teníamos!

Hasta aquí, es preciso detenerse en algo muy importante. Se trata de la figura legal conocida como “Traición a la Patria”, contemplada en todas las legislaciones del mundo. Esta figura se da especialmente en situación de guerra civil; es decir, de confrontación militar interna. De partida, en Chile no teníamos tal confrontación militar, por lo tanto, no podía surgir de la izquierda tal traición a la Patria, la que se da cuando uno de los bandos pide y obtiene la intervención de un país extranjero en su favor. Es evidente que si hubo tal figura jurídica, ésta vino de la derecha nacional. En efecto, el golpismo chileno, tanto civil como militar, tuvo el apoyo de una potencia extranjera en su plan de derrocar un gobierno legalmente constituido.

Esto, lisa y llanamente, tanto jurídica como lógicamente, ilustra bien lo que es Traición a la Patria. El apoyo al golpe, reconocido oficialmente por EE. UU., nunca lo ha sido por la dupla derecha-DC en Chile. Hay muchos ejemplos históricos que configuran este delito. Por ejemplo, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra fue decapitado porque en la guerra civil entre la monarquía y el Parlamento encabezado por Oliver Cromwell, pidió secretamente ayuda a Irlanda. Lo mismo sucedió con Luis XVI en Francia, que se la pidió a Austria, durante la Revolución Francesa. En las sentencias de ambos reyes ejecutados consta su alianza con un país extranjero.

En realidad, es imposible negar que el golpe de estado fue tanto una acción chilena como norteamericana.  El gobierno de Nixon declaró muchas veces que no toleraría un solo gobierno más socialista en América Latina, como Cuba, aunque fuese elegido democráticamente. La intervención norteamericana en Chile empezó, incluso, un año antes del triunfo de Allende; por ejemplo, con la intervención de la empresa transnacional ITT en Chile, que vino a conocerse gracias a la investigación y denuncia pública del periodista norteamericano del diario Washington Post, Jack Anderson. No está de más insistir en la infamante actitud de Frei en este suceso. Si bien no se plegó entonces al golpe, lo hizo tres años después, teniendo conciencia plena que el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile era un plan estadounidense que venía gestándose desde hacía mucho tiempo.  Transcribo informes norteamericanos oficiales desclasificados hace unos años, sobre el golpe:

El 15 de septiembre de 1970 (sólo unos días después del triunfo de la Unidad Popular), en una reunión en la Casa Blanca a la que asistió Kissinger, el presidente Nixon declaró al director de la CIA, Richard Helms, que la elección de Allende era inaceptable, ordenando a la agencia actuar, con la frase «haremos chillar a la economía chilena.»

La CIA lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas –primero para impedir que Allende asumiera el gobierno, y segundo, si esa estrategia fracasaba, minar su gobernabilidad. Nixon dijo lo siguiente ante su Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, dos días después de que Allende asumiera al gobierno:

Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide, y que su imagen ante el mundo aparezca como un éxito.

Llevando a cabo la orden de Nixon, en los años siguientes el gobierno de EE UU decidió “estrangular la economía de Chile,” según palabras textuales de Henry Kissinger, el Secretario de Estado norteamericano. Los bancos norteamericanos congelaron créditos, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron préstamos; en 1969 la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para impedir el triunfo de Allende un año después y, en general, el gobierno norteamericano financió un movimiento nacional de oposición contra el gobierno,  como la huelga de camioneros que consiguió paralizar una gran parte del sistema de transporte.

Terminada la dictadura, en un acto de celebración del triunfo presidencial del ex – presidente Aylwin, éste, con lágrimas en los ojos, pidió perdón al país por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en dictadura. Sin embargo, solo lo hizo a nombre del Estado. Debió también haber pedido perdón como demócrata cristiano, porque él y su partido, del cual él era su presidente en esa época, se alió con la derecha y el imperio norteamericano para el derrocamiento del gobierno legalmente constituido. El fiasco demócrata-cristiano quedará para siempre en nuestra historia como un acto bochornoso.

La dictadura no le entregó el gobierno a la DC, aunque que ella fue su cómplice en el golpe de estado. Además, la tiranía de Pinochet persiguió a sus mayores dirigentes, y algunos terminaron en el exilio. Es más, Bernardo Leighton, uno de los más importantes líderes de la DC, que no apoyó el golpe, sino que se sumó a la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, sufrió un atentado terrorista en Italia, perpetrado por agentes chilenos de la dictadura, que causaron poco después la muerte tanto de él como de su esposa. En 1982, la dictadura acabó con la vida de su primer líder y ex – presidente de la república Eduardo Frei Montalva, al cual se le había prometido el gobierno del país luego del golpe. El asesinato de Frei se selló cuando éste inició en 1980 una campaña contra la dictadura abogando por una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Los que todavía no lo creen, lean el libro de su hija Carmen, hasta hace poco presidente de la DC, aparecido hace sólo unos años, que lleva el nombre “Magnicidio. La Historia del Crimen de mi Padre” (Editorial Aguilar, 2017).

Hasta ahora los militares alegan que siempre fueron neutrales en política. Por lo tanto, la Junta Militar que derrocó a Allende en 1973 no habría tenido ninguna orientación política.  Por supuesto, eso es una ridícula mentira. La oficialidad de los militares chilenos ha probado desde hace mucho tiempo que tiene una orientación política conservadora, es decir, de derecha. Por supuesto, los militares por sí solos no saben ni pueden gobernar, porque eso no condice con su formación profesional; de modo que cuando tomaron el poder desde septiembre de 1973, entregaron la administración del gobierno a los políticos más conocidos de la derecha, sus mentores ideológicos, como asimismo a varios de sus aliados, militantes de la DC.

Probablemente, el conservadurismo de derecha de la oficialidad militar puede ser hoy muy acendrado, puesto que, durante la dictadura, la derecha civil, con Jaime Guzmán a la cabeza, envió a varios de sus intelectuales a dictar clases y charlas a cadetes de la Escuela Militar y otras academias castrenses hasta el fin de la dictadura, con el obvio fin de adiestrarlos ideológicamente. Por supuesto, éstos son hoy generales y oficiales mayores del Ejército y demás ramas de las FF AA.

Una falsedad de proporciones es la “obediencia” que debe todo militar a sus superiores. Este principio es sagrado en todos los ejércitos del mundo, que se sella en solemnes juramentos ante Dios y los emblemas patrios. Sin embargo, en Chile, todo militar que piense, como corresponde a todo ser humano, antes de jurar debe preguntarse quién es el superior de sus superiores. Esta es la respuesta: en toda democracia, el superior de la más alta oficialidad de las Fuerzas Armadas es el Presidente o el Primer Ministro Constitucional de la República, según el antiguo principio milites sub civibus (los militares están bajo el poder civil).

Epílogo:

En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura.

Finalmente, en el caso del golpe de estado en Chile en 1973, ¿son justos los términos “golpe militar” y “dictadura militar”? No, rotundamente no.  Al respecto, veamos lo que dice Wikipedia, un ente informativo estadounidense que, obviamente, no tiene nada de comunista ni socialista:

Chile, que en 1973 se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Nótese la definición “cívico-militar” del golpe de estado de 1973. Por cierto, lo único que fue militar fue el cuartelazo del 11 de septiembre. La dictadura, por supuesto, no fue militar, sino civil. En realidad, los militares participaron en ella solo como sus garantes armados, para que los verdaderos gobernantes manejaran el Estado a su más absoluta discreción, bajo un clima de terror de estado. Dicho, entonces, con toda propiedad, hoy en Punta Peuco deberían también estar encarcelados los que boicotearon la economía nacional durante el gobierno de la UP; los que acapararon y ocultaron nuestros productos industriales para hacer creer al pueblo que el país no producía, sabiendo que la producción nunca bajó, y que, por el contrario, se mantuvo en alza durante el gobierno de Salvador Allende; los que sacaron los productos y bienes diarios de consumo hacia fuera del país en forma de contrabando; los que viajaron a diario a Washington para planear con el Departamento de Estado norteamericano el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile;

…los  fiscales, jueces y miembros civiles de los consejos de guerra de los juicios-farsas que terminaron con la cárcel, las torturas,  la muerte y el exilio de cientos de miles de chilenos; los soplones de la derecha y la DC que no faltaron durante los meses y varios años que siguieron al golpe; los encubridores de miles de crímenes; los médicos que participaron en las torturas; los periodistas y la prensa que ocultaba a diario lo que ocurría en Chile; los ministros de la Corte Suprema que no solo callaron ante las atrocidades que la dictadura cometía en materia de derechos humanos, sino que nunca acogieron las demandas por asesinatos, desapariciones y torturas, que presentaron ante ella familiares de las víctimas y la Vicaría de la Solidaridad fundada por el cardenal Raúl Silva Henríquez,  sabiendo que tenían la obligación de hacerlo durante los 17 años de la dictadura; etc., etc.

El 11 de septiembre es una fecha de connotación histórica, que no sólo incumbe recordar a la izquierda chilena.  Es una fecha que terminó con la línea histórica, sociocultural y política que el pueblo de Chile venía dándose desde los inicios de la República. Teníamos una economía mixta, en la que progresivamente se hacía más y más fuerte la intervención del Estado.  Sin el traicionero golpe de estado de 1973, esa línea hubiese continuado, porque todo indicaba que el gobierno de Salvador Allende resolvería los problemas que tenía en el plano económico, y, sobre todo, porque cada vez más, muchos militares se alejaban del golpismo.

Hasta 1973, vivíamos una democracia con características de las cuales la que tenemos hoy carece. Todavía nos rige una constitución política tan espuria como ilegítima, que desde 1980 hasta nuestros días sigue vigente. Nada indica seriamente que será definitivamente cambiada por una nueva y realmente democrática. Ya no tuvimos una Asamblea Constituyente que podía asegurar una constitución popular. En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura. La dignidad nacional que se alzó el 18 de octubre de 2019 no puede seguir debilitándose hasta su fin. Ella es la única forma de recuperar la nación para el pueblo de Chile, dejar atrás la traición y el crimen, y democratizar nuestras FF AA, empezando por exigirles que reconozcan y pidan perdón por haber usurpado al pueblo en 1973 el legítimo poder del gobierno nacional y popular que presidía el doctor Salvador Allende Gossens.

*Fuente: Edición Cero

El articulo A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. apareció primero en piensaChile.

19 de septiembre de 2021
En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte, que por entonces ya había ocupado toda Europa continental excepto Rusia, procedió a la invasión de España, una de las tres mayores superpotencias colonialistas de la época, junto a Francia e Inglaterra. La resistencia española a los disciplinados, diestros y poderosos ejércitos napoleónicos fue inútil. Napoleón ocupó el país, obligó al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Felipe VII, y puso en el trono español a su hermano José.

Al conocerse estas noticias en las colonias españolas americanas, sus administradores, obviamente realistas y varios de ellos nacidos en España, organizaron juntas de gobierno cuyo fin era asegurar la continuidad de la posesión española de las colonias. Por lo tanto, éstas, mientras España no se liberara de los franceses, serían administradas por fieles súbditos de la lejana corona. La esperanza de la monarquía hispana era que Napoleón fuese finalmente vencido por las restantes potencias europeas, algunas de ellas, como Prusia y demás estados alemanes, ocupadas por el Corso.

Administrar la colonia en nombre de la corona de España, sobre cualquiera otra consideración, involucraba un rechazo a los ideales republicanos que aunque fuese en teoría Napoleón representaba, aventados y sostenidos por los independentistas de toda la América hispana .

Por lo tanto, la convocatoria a la junta de realizada en Santiago de Nueva Extremadura (Santiago de hoy) por un pequeño grupo de aristócratas habitantes de una de las colonias del rango más modesto entre ellas (Chile era sólo una “capitanía general” en la nomenclatura imperial española) fue un llamado a reafirmar el coloniaje.

En verdad, la reunión del 18 de septiembre de 1810, sólo era parte de una estrategia realista continental, anti-republicana y anti-independentista. Sólo hasta aquí, la conclusión ya es obvia:

No hay ninguna razón que sirva para justificar que esta fecha sea el día de la independencia de Chile. Pueden llamarla “día en que la colonia comenzó a ser administrada por criollos realistas,” etc., pero en ningún caso nuestro Día Patrio.

De modo que dicho con toda claridad, se ha engañado al pueblo chileno con esta celebración, porque todas las explicaciones que se han dado para celebrar el 18 de septiembre como el día de nuestra independencia carecen de todo fundamento, tanto histórico como ideológico.

Había, se dice, entre los convocados a formar la junta algunos personajes de convicciones independentistas. Eso es cierto, pero eran una ostensible minoría. Si hubiesen sido mayoría, Chile habría proclamado entonces su independencia; además, no habría sido elegido Mateo de Toro y Zambrano su presidente, un anciano aristócrata posesor del título nobiliario Conde la Conquista. (¡vaya! “de la conquista”).

Los independentistas que participaron en la Junta eran un pequeño grupo de infiltrados en lo que era una asamblea derechamente realista que se reunió, precisamente porque temía que la derrota del imperio español ante Napoleón pudiera servir a los patriotas a transformar la colonia en una república independiente.

Es muy importante tener en cuenta que los patriotas actuaban clandestinamente. También se argumenta en favor de otorgar al 18 de septiembre la categoría de nuestro Día Nacional, la irrupción del “Motín de Figueroa,” pero ese incidente sólo fue expresión de contradicciones entre los realistas, no entre realistas y patriotas. Veamos:

El 1° de abril de 1811, más de 6 meses después de reunida la Junta, un teniente coronel español ultra-conservador, Tomás de Figueroa, junto a algunos seguidores, se alzó para impedir la constitución de un congreso que remplazaría a la Junta del 18 de septiembre del año anterior y deponer al gobierno colonial. El congreso la ampliaría y modernizaría jurídicamente; es decir, la colonia seguiría siendo colonia, lo que significa que conservaría enteramente su sello y carácter anti-independentista.

La razón que tenía Figueroa era su temor que este congreso, cuyos miembros serían elegidos (aunque bajo el principio de fidelidad a la corona) fuese infiltrado por independentistas. Figueroa pensaba -y así lo declaró en su defensa- que para gobernar la colonia bastaba la Real Audiencia y un gobernador leal al rey, mientras el monarca continuara refugiado en Cádiz, el puerto español del sur peninsular que, protegido por la flota inglesa, Napoleón evitó ocupar.

Como se comprobó que algunos miembros de la Real Audiencia habían apoyado a Figueroa, la minoría patriota activa en la Junta, entre ellos Ignacio de la Carrera (el ilustre padre de los cuatro hermanos Carrera), un criollo aristócrata que era parte de su testera, quiso dar un paso, aunque fuese débil, hacia la independencia, y se jugó por entero por disolver la Real Audiencia, ejecutar a Figueroa, encarcelar y deportar a los que apoyaron su asonada. Esta explicación es, sin embargo, insuficiente, porque la disolución de Real Audiencia y la destitución del corrupto gobernador García Carrasco ya había sido decidida desde España desde hacía mucho tiempo; de modo que era natural que el poder político y la administración de la colonia terminarían concentrándose en el congreso que sustituyó a la junta de 1810. Figueroa fue finalmente condenado a muerte y fusilado. Volvamos a la junta de aquel 18 de septiembre de 1810:

Naturalmente, no hubo en ella ninguna resolución de independencia, en absoluto, lo que en los manuales de Historia de la Educación escolar básica y media de Chile, no se enseña. Menos se enseña el texto del acta evacuada ese mismo día. La junta que se reunió el 18 de septiembre de 1810 no se hizo llamar “Junta Nacional de Gobierno,” como falsamente aún se enseña en nuestras escuelas. Obviamente, no podría ser “nacional” puesto que la nación no existía, lo que explica por qué el nombre real y oficial que le dieron sus organizadores, i. e., los autores del acta-acuerdo que evacuó, fue “Junta Provisional Gubernativa del Reino.” “Provisional” porque existiría sólo hasta cuando el rey de España volviera al trono; y “reino” porque esa palabra era otro nombre que se daba en la época a las colonias.

En suma, esa acta partía por reconocer a Chile como una colonia, y no como un país que se independizaba. Tampoco la educación oficial de Estado chileno ha sido veraz al carácter que tuvo esa reunión. La ha llamado “cabildo abierto,” en circunstancias que tuvo lugar en un recinto cerrado y celosamente custodiado por el ejército colonial de entonces, realista, monárquico y anti-patriota.

A todo esto, los patriotas conspiraban. La primera y más importante conspiración patriota fue la de los “Tres Antonios”, anterior, incluso, a la Revolución Francesa. Esta conspiración, que reviste gran importancia en el largo proceso de lucha por la independencia de Chile y de todas las colonias españolas, apenas se menciona en nuestras escuelas, aunque, como chilenos debiera honrarnos proclamarla y enseñarla, porque fue uno de los primeros gritos de libertad en el continente. Tuvo lugar en Chile en 1780, poco después del triunfo de la revolución de independencia de Estados Unidos en 1776, y sólo un años después de la ejecución en Cuzco del patriota indígena peruano Tupac Amaru. Inspirados en los principios del enciclopedismo francés (Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu) que diera origen ideológico a la Revolución Francesa, tres hombres de nombre Antonio, protagonizaron en Chile el primer esfuerzo independentista. Dos de ellos eran nacidos en Francia, Antoine Berney y Antoine Gramusset, pero, en verdad, eran muy chilenos porque ya vivían muchos años en Chile y tenían esposas e hijos chilenos; y uno criollo-chileno, Antonio de Rojas. Los Antonios organizaron un grupo independentista que tenía varias células en el país. El jefe mayor del grupo era Antoine Berney, profesor de Latín y Matemáticas en la única universidad que había en Chile, en Santiago, llamada Universidad de San Felipe, en honor al rey de España Felipe VII. Fueron finalmente descubiertos y capturados. Los dos Antonios franceses no fueron ejecutados porque entonces España no arriesgaría ningún conflicto con la Francia post-revolucionaria. Además, por finales del siglo 18, el enemigo tanto de España como de Francia era Inglaterra. Antonio de Rojas, el Antonio chileno, se salvó porque los dos franceses abogaron por él. Los tres, por su calidad de conspiradores en primer grado, fueron deportados al Perú, para ser juzgados en el virreinato. En Perú fueron condenados al exilio. Partieron a Francia, pero el barco en que iban naufragó en el océano. Los dos Antonios franceses murieron ahogados y Antonio de Rojas, que se salvó, consiguió ser rescatado y llevado finalmente a Francia. Como sucede con los verdaderos revolucionarios, siempre incansables, apenas pudo volvió a Chile, con la intención de seguir luchando. En Chile fue capturado, torturado y murió en prisión a causa de las torturas sufridas.

Las proclamas de los Antonios fueron los primeros documentos revolucionarios independentistas chilenos, y fueron conocidos en la región americana colonial española. Nada de esas proclamas se enseña en las escuelas de Chile, aunque muchas se han conservado, gracias a las investigaciones y archivos de varios de nuestros historiadores de la República (Amunátegui, Vicuña Mackenna, Barros Arana, especialmente). Una de esas proclamas declaraba el carácter que tendría el nuevo estado libre de Chile. Decía:

Queremos, 1. La sustitución del régimen monárquico por el republicano. 2. Un gobierno establecido en un cuerpo colegiado, repartido entre el Jefe de Estado y el Senado. 3. Elección de las autoridades por voto popular, incluyendo el voto de los indígenas “araucanos” o mapuches. 4. Abolición de la esclavitud y de la pena de muerte. 5. Fin de los títulos de nobleza y las jerarquías sociales. 6. Redistribución de la tierra, repartiéndola entre todos los chilenos en lotes iguales. 7. Exportación de la revolución chilena al resto de América y el mundo.

Volviendo al tema de la falsedad del “cabildo abierto” de 1810:

La verdad histórica es que los primeros cabildos abiertos de nuestra historia fueron convocados un año después, en 1811, bajo el gobierno del Primer Padre de la Patria (por lo menos, en sentido cronológico), y Primer Presidente de Chile, don José Miguel Carrera y Verdugo.

Un “cabildo abierto” es una instancia de participación popular y de carácter resolutivo, y la reunión convocada por la junta el 18 de septiembre de 1810 congregó, por simple co-optación, solamente a criollos ricos conocidos por su figuración en el ambiente de la aristocracia, dueños de tierras y algunos poseedores de títulos nobiliarios, condición completamente contraria a los ideales patriotas proclamados por los Tres Antonios. En la junta también se reunieron dignatarios, autoridades y burócratas de la corona, la jerarquía de la Iglesia Católica, tan monárquica como anti-independentista, como lo consigna el historiador Miguel Luis Amunátegui en varias de sus obras como La Encíclica del Papa León XII contra la independencia de la América española (1874); y finalmente, los oficiales mayores del ejército colonial.

Entonces, ¡vaya día de la “independencia” el 18 de septiembre!, conformada por aristócratas, clérigos y militares, todos anti-independentistas, que evacuaron una declaración, que entre otros conceptos, decía:

Procuraremos los medios más ciertos de quedar asegurados, defendidos, y eternamente fieles vasallos del más adorable monarca Fernando.

En resumen, el día 18 de septiembre de 1810 sólo hubo una reunión de realistas, que rechazaron, primero, la posibilidad que la colonia española de Chile pasara a ser una colonia francesa; y segundo, la posibilidad que la derrota militar de España ante Napoleón pudiera dar origen a un alzamiento independentista en las colonias de América.

Finalmente, la figura de Mateo de Toro y Zambrano, elegido presidente de la junta que iba a administrar la colonia de Chile, grafica bien el tono ajeno a todo cariz de independencia que tuvo la reunión. Tenía entonces 83 años, una edad exageradamente avanzada en aquellos tiempos, y murió sólo 6 meses después de constituida la junta. Es muy decidor el hecho que Toro fuera el elegido, porque ello, precisamente, sirvió para enfatizar el carácter conservador, aristocrático y pro-colonial de la reunión del 18 de septiembre.

Es de concluir, entonces, que

esta fecha sólo puede recordarse como aquella en que los realistas se reunieron como colonos, para darse un gobierno local con el solo objetivo de administrar lo que era una posesión de España, puesto que el rey no podía hacerlo desde su perdido trono imperial.

En otras palabras, la junta del 18 de septiembre de 1810 trajo por consecuencia el establecimiento de un gobierno anti-patriota, que no se habría constituido si Napoleón Bonaparte no hubiera invadido y sometido completamente a España en 1808.

Los juntistas reafirmaron ese día sus convicciones monárquicas, proclamaron su conformismo colonial, su oposición al republicanismo, su desprecio a la igualdad y a la libertad de pensamiento, su oposición al laicismo de Estado, al republicanismo, a la democracia y la independencia; exactamente lo contrario a lo que propugnaban los patriotas, como los 3 Antonios, y más tarde Carrera , O´Higgins y Manuel Rodríguez.

En cuanto a qué fechas pueden servir para proclamar la independencia de Chile, hay muchas.

4 de septiembre de 1811

En orden cronológico, está el 4 de septiembre de 1811. Ese día, José Miguel Carrera seguido por sus hermanos, algunas fuerzas militares y civiles armados patriotas atacaron la guarnición realista de Santiago y desarmaron otros cuerpos armados de la capital. Al día siguiente, Carrera, sin importarle un rábano el “congreso” también realista que sustituyó a la junta, proclamó por primera vez la independencia de Chile.

Recordemos aquí que el 4 de septiembre era en nuestra antigua democracia la fecha en que el pueblo elegía a los presidentes de la República, precisamente en homenaje a la gesta de Carrera, fecha completamente lanzada al olvido por la dictadura militar de Pinochet.

En 1814, luego de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, los realistas recuperaron la colonia con la derrota patriota de O’Higgins en Rancagua. Así, la corona proclamó la “Reconquista” de Chile, lo que dio origen al período que los realistas llamaron la “Restauración.”

12 de febrero de 1817

Luego está también el 12 de febrero de 1817, fecha de la victoria patriota en Chacabuco, día que fue proclamado por O’Higgins como el día de la independencia.

5 de abril de 1818

Finalmente, está también el 5 de abril de 1818, fecha en que el Ejército Libertador comandado por José de San Martín derrotó definitivamente a los realistas en Maipú.

El gobierno de José Miguel Carrera

Los patriotas activos que había en Chile en 1810 no tenían nada en común con los realistas de la junta del 18 de septiembre, como así lo confirma el gobierno de José Miguel Carrera, instaurado el 4 de septiembre de 1811,que no hizo otra cosa que dar cumplimiento a los ideales proclamados por los tres Antonios. Para empezar el gobierno de Carrera tuvo una clara impronta popular. El 15 de noviembre de 1811, el primer gobernante de Chile convocó a un cabildo abierto de verdad, el primero en nuestra historia que se realizó en la Plaza de Armas, para proclamar ante el país y el mundo que Chile era un país libre y administrado por chilenos, no por españoles ni criollos realistas. Esta vez no hubo invitaciones ni reuniones a puertas cerradas custodiadas militarmente, pues la convocatoria fue universal. Un mes después, viéndose apoyado por la mayoría de los criollos, Carrera dio el golpe de gracia a los realistas. Expulsó del país a los oficiales del Ejército conocidos como realistas, la mayoría de ellos criollos; es decir, hijos de españoles nacidos en Chile. Después disolvió el Congreso, que como hemos dicho, no era sino una derivación de la reaccionaria Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810. En 1812, Carrera proclamó nuestra primera constitución política como nación soberana, que llamó “Reglamento Constitucional,” carta política de carácter republicano, conocida como la Constitución de 1812, cuyo texto tampoco se enseña en nuestras escuelas y liceos, y que no hace sino repetir lo que proclamaron los tres Antonios 32 años antes.

Durante su gobierno, Carrera hizo algunas concesiones formales a los todavía poderosos realistas, pero esto sólo fue para impedir enfrentamientos que pudieran dar inicio a conatos que terminaran en una guerra civil. En los dos años y medio de su gobierno, Carrera

• • decretó la libertad económica y de comercio,

• • rompió relaciones con el virreinato del Perú, el primer bastión del colonialismo español en Sudamérica;

• • impulsó la instrucción pública para niños y, sépase, también de las niñas, lo más revolucionario imaginable en esa época, puesto que la corona española y la Iglesia no admitían la educación institucional escolar de las mujeres.

• • puso en marcha la primera prensa nacional, en la que difundió la nueva cultura chilena como nación libre e independiente, republicana e igualitaria, tal como la describe el diario oficial de gobierno “La Aurora de Chile;” a cuyo cargo estaba Camilo Henríquez, un cura revolucionario disidente de la jerarquía de la Iglesia, que unos años antes había sido juzgado en Lima por un tribunal de la Inquisición porque se le encontró libros de los precursores ideológicos de la revolución Francesa.

• • organizó el primer ejército nacional , que se llamó “Granaderos de Chile”;

• • construyó escuelas para el fomento de la educación;

• • otorgó derechos políticos y de propiedad de tierras al pueblo mapuche, respetando su calidad de pueblo y nación diferente a los criollos.

• • Carrera, además, ha pasado para siempre a la historia universal como el primer gobernante de todo el continente americano que abolió la esclavitud.

• • Finalmente, cerró el Tribunal de la Inquisición, autorizó la lectura de los livri prohibitorum et expurgatorum; es decir, los libros revolucionarios franceses que constituyen la base sobre la cual se sustentan filosófica y políticamente las democracias del mundo de hoy.

• • Carrera prohibió los pagos por los sacramentos que el pueblo católico pobre no podía pagar; sin embargo, respetuoso de la Iglesia, fijó sueldos a los sacerdotes y nunca puso en entredicho el ministerio eclesiástico en Chile.

En resumen, si bien Carrera, por la situación revolucionaria en que se encontraba el país, gobernó en forma unipersonal, su ideal era la democracia parlamentaria estadounidense, cual era su objetivo político ulterior, que vino a ser truncado por la Reconquista.

En 1812, Napoleón fue irrecuperablemente derrotado en Rusia y finalmente terminó completamente vencido en Waterloo, en esa época parte de Holanda, en 1815. Ya en 1813, los ingleses, encabezados por el Duque de Wellington habían expulsado definitivamente a los franceses de España y devuelto la corona española a Fernando VII. Como la historia y la política son fenómenos globales, la derrota de Napoleón también fue la derrota de la causa patriota en Chile, porque en 1814, España volvió a ser la gran potencia imperialista de antes.

Fernando VII restauró el orden monárquico absolutista, reinstauró la Inquisición y persiguió a los liberales en España, para luego saltar al continente americano con el fin de recuperarlo de las manos de algunos atrevidos revolucionarios independentistas como Carrera. Entonces, el cuerpo colegiado de patriotas que administraban el país, encabezado por Carrera, eligió al patriota y militar Francisco de la Lastra como “Director Supremo”, mientras Carrera organizaba la guerra de resistencia.

Fin de la Patria Vieja

En 1814, se produjo el inicio de la profunda enemistad entre los patriotas Carrera y O’Higgins, que hasta hoy es materia de discusión. El hecho es que O’Higgins, el primer jefe militar después de Carrera, firmó con los realistas el “Tratado de Lircay,” ante la superioridad enemiga y los continuos fracasos militares patriotas desde un año antes. El tratado reconocía la autoridad del rey de España en Chile, lo que, para los “o’higginistas” sólo supone una táctica de guerra para ganar tiempo. Carrera se opuso a ese tratado, y finalmente los dos primeros Padres de la Patria, ya definitivamente enemigos, se enfrentaron militarmente en el combate de Las Tres Acequias, que ganó Carrera. De la Lastra estuvo con O’Higgins, y Carrera no trepidó en sacarlo del poder y asumir él la conducción del país y la guerra; sin embargo, sabedor del apoyo militar que tenía O’Higgins, pactó con él la continuación unidos de la guerra de resistencia. Puede ser que esa desunión pudo ser la mayor causa de la derrota patriota en Rancagua y el fin de lo que fue la Patria Vieja. Antes de Rancagua, e incluso después de Las Tres Acequias, los dos primeros patriotas de Chile habían enfrentado juntos a los realistas luchando a muerte contra sus ejércitos comandados por los generales Gaínza, Pareja, Sánchez y Osorio. Aunque los ejércitos patriotas comandados personalmente y en combate por Carrera y O’Higgins ganaron varias batallas, finalmente en octubre de 1814, los realistas recuperaron su antigua colonia, luego del desastre patriota en Rancagua.

Cada una de las obras del gobierno de Carrera fueron aniquiladas, y así terminó la “Patria Vieja,” iniciándose el período de nuestra historia conocido como “La Reconquista.” Como sabemos, nuestros incansables patriotas se reagruparon y reiniciaron la lucha por la libertad, cuyo más fiero y audaz exponente fue el guerrillero Manuel Rodríguez. Aquella difícil tarea concluiría exitosamente en abril de 1818, con la batalla de Maipú.

¿Por qué la aristocracia consiguió recuperar su poder en Chile, luego de obligar a O’Higgins a abdicar?

Veamos las cosas desde el comienzo. La misma aristocracia que se declaró española en 1810 con la junta del 18 de septiembre, se declaró chilena después de Maipú. Valiéndose de su poder económico e influencia sobre parte de la oficialidad y de la Iglesia, expulsó a O’Higgins del poder en 1823, entonces Director Supremo y el más conspicuo de los patriotas republicanos vivos. La esperanza de un Chile popular, igualitario y democrático, que quisieron Carrera y O’Higgins, se esfumó luego que los “pelucones” (los conservadores) vencieran a los “pipiolos” (los patriotas liberales) en la batalla de Lircay en 1830.

Al mando de las tropas conservadoras estaba José Joaquín Prieto, entonces un convencido pelucón, aunque había luchado con Carrera contra los realistas durante la Patria Vieja. El bando pipiolo tenía como jefe a Ramón Freire, héroe de Maipú y antiguo lugarteniente de O’Higgins. Prieto fue investido presidente de Chile, aunque el cerebro de su gobierno fue el vicepresidente del país, y más tarde su Primer Ministro, Diego Portales Palazuelos. Portales, además de rico comerciante, un especulador y dueño del “estanco” (o sea, el monopolio) del tabaco, era miembro de una familia conservadora y pro-realista; por lo tanto, contraria a los ideales y obras tanto de Carrera como de O’Higgins. Terminó con la constitución política de 1823, reformada por Freire en 1825, y temeroso que los ideales patriotas de igualdad social y política y plurinacionalidad volvieran a emerger en Chile, negó sistemáticamente la presencia de O’Higgins en Chile, prohibiendo su vuelta desde el exilio en Perú, aunque sólo fuese para morir en la Patria, lo que muchas veces se lo suplicó el Libertador.

El día de la independencia de Chile se celebraba el 12 de febrero, como lo había estatuido O’Higgins. Portales derogó ese día, cambiándolo en 1832, para siempre, por el viejo, realista y aristócrata 18 de septiembre.

Es decir, y dicho con toda claridad, fue la aristocracia de Chile, la triunfadora militarmente en Lircay, la que inventó el 18 de septiembre como nuestro día patrio. Portales, su mayor dirigente, desligó la celebración de nuestra verdadera independencia de la realidad histórica y de la figura y obra de los más ilustres patriotas de la Independencia, explícitamente de O’Higgins, al eliminar el 12 de febrero como el Día Nacional; y de Carrera, al dejar en el olvido el 4 de septiembre.

En 1832, para rematar el edicto que imponía al país el 18 de septiembre, Portales ordenó la primera “Revista Militar” al día siguiente, el desfile y ceremonia que hasta hoy tiene lugar en todo el país, que conocemos como como la “Parada Militar,” acto que se celebra como lo que pasó a llamarse “el día de las glorias del Ejército.”

Para terminar, aunque la mentira del 18 de septiembre siga en curso, nadie podrá borrar los hechos objetivamente históricos. Indiscutiblemente, el 18 de septiembre de 1810 no es la fecha en que Chile debiera celebrar su independencia. Como lo hemos señalado, ese día los realistas, tanto peninsulares como criollos, dejaron “guardada” la colonia de Chile hasta la vuelta de “su adorable rey.” Sólo 22 años después, el ministro Diego Portales, un aristócrata anti-independentista por pensamiento, origen y familia lo transformó, falsamente, en el Día de la Independencia. Portales fue uno de los primeros pre-capitalistas de Chile y el fundador del Estado conservador que aún rige, que aunque ya debilitado en 1973, fue restituido íntegramente por la dictadura de Pinochet. Portales, un gobernante tiránico y opresor, al revivir el olvidado 18 de septiembre nada menos como el Día Nacional de Chile, selló así la vuelta de la aristocracia al poder. Restauró el poder de la oligarquía, inició la ocupación de la Araucanía y sustituyó la constitución política de 1825 por la suya, la constitución de 1833. Era natural, entonces, que la derecha golpista y autora del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, además de frenar la continua marcha del país hacia una nación verdaderamente independiente económicamente, más democrática e igualitaria, hiciera de Portales su mayor ídolo y mentor ideológico.

-El autor, Haroldo Quinteros, es profesor universitario y miembro del Colectivo por Cambios de Verdad.-

*Fuente: EdicionCero

El articulo El 18 de septiembre no es el día de la independencia de Chile apareció primero en piensaChile.

14 de octubre de 2019

Hoy el Poder Judicial difundió en su web la información que este portal publicara el domingo, en relación con que la Corte Suprema ratificó la ilegalidad del Consejo de Guerra tras el cual fueron ejecutados 4 militantes socialistas, quienes resultaron absueltos de las acusaciones de traición a la Patria, que ocasionaron su repudiable destino. Sin embargo, en esa ocasión no sólo fueron sometidos a ese ilegal proceso,  los 4 ejecutados, altos dirigentes del Partido Socialista para 1973,  Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos; también hubo otras seis personas.

En efecto, en este Consejo de Guerra no sólo fueron sometidos los 4 ejecutados, altos dirigentes regionales del Partido Socialista para 1973: Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. Además, fueron procesados a distintas penas, otros 6 iquiqueños, incluido el actual Senador Jorge Soria Quiroga, quien era alcalde para el golpe de Estado. Los otros condenados fueron Ernesto Burgos (ex intendente), Manuel Palma, Renato Vargas, Eduardo Espinoza, Mario Grawe y Haroldo Quinteros.

Al respecto, Quinteros señaló que

“si la Corte Suprema de Chile ha fallado de modo definitivo su nulidad -la del Consejo de Guerra del 29 de octubre de 1973, realizado en Pisagua-, y quienes sufrieron esas penas aún viven, el Estado debe proceder a su reparación, como corresponde a Derecho, tanto nacional como internacional”.

Haroldo Quinteros agradeció las gestiones incansables, especialmente del abogado Adil Brkovic que ha llevado la causa y de Héctor Marín, Presidente de la Afepi que junto a sus colaboradores de esta Agrupación de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, han luchado durante décadas.

También agradece

“a todos quienes desde hace casi medio siglo no escatimaron esfuerzos ni desvelos en la lucha por anular oficial y jurídicamente el «consejo de guerra» del 30 de octubre de 1973, así como todos los demás que tuvieron lugar en Pisagua y en todo Chile”.

GROTESCAS FARSAS

Casi 50 años después, Haroldo Quinteros, detenido entre Iquique y Pisagua desde septiembre de 1973 hasta enero de 1974 y luego en la Penitenciaría de Santiago durante 2 años, rechaza todos estos actos de injusticia.

“Tales consejos no fueron sino grotescas farsas, y todos ellos deben anularse, no sólo porque nunca hubo «guerra», no sólo porque todos los acusados fueron sometidos a torturas y ninguno tuvo algún tipo de actuación después del golpe, etc., etc., sino porque en el caso de las sentencias de muerte, debía haber unanimidad entre sus miembros. Y no la hubo”.

En efecto, recuerda que con ocasión del Consejo de Guerra del 29 de octubre,

“el mayor Enrique Synn, ya fallecido, se opuso a las ejecuciones, que troncharon las jóvenes vidas de Freddy Taberna, José Sampson, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida; como también la de Germán Palominos, que fue condenado a muerte en el consejo que tuvo lugar un mes después. Esto significa que el fusilamiento de todos ellos sólo puede ser definido como homicidio calificado”.

Y concluye que lo que cabe,

“es ubicar a cada uno de los miembros de ese consejo que aún viven, y proceder a su enjuiciamiento, con estricto apego a la Ley”.

Haroldo Quinteros Buqueño, era profesor universitario para el 11 de septiembre de 1973, militaba en el Partido Socialista y era miembro de la Comisión Política Regional. En esa calidad es detenido el 14 de septiembre, pasando por distintos recintos en Iquique y también en Pisagua. También estuvo 2 años en la Penitenciaría de Santiago, donde vivió, como los otros presos políticos, “un infierno”.  Luego salió al exilio, en Alemania y volvió a Chile cuando se permitió su ingreso.

Haroldo Quinteros, a un día de producirse las ejecuciones de sus 4 compañeros de la Dirección del Partido Socialista, fue notificado que su sentencia de pena de muerte, era cambiada por presidio perpetuo. Por eso, su vida ha estado fuertemente marcada por estos hechos y especialmente por las ejecuciones -asesinatos- de sus compañeros.

CONSEJOS DE GUERRA

Vale recordar que los consejos de guerra se constituyen tras el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973, correspondiendo a tribunales militares que operan en supuesto “estado de guerra”.

Según lo que han relatado todos quienes pasaron por los consejos de guerra, tenían total desconocimiento de los cargos por los que se les procesaba, sin posibilidad de tener acceso a un abogado; y si eso ocurre, generalmente el detenido no tiene contacto con ese profesional

Tampoco pueden ver a sus familiares, ni siquiera tras ser notificados de la condena a muerte. La mayoría de los familiares se enteraron del triste final de sus seres queridos, por informaciones de prensa.

Una vez que los prisioneros políticos fueron ejecutados, sus cadáveres no son entregados a las familias, como es el caso de los cuatro ejecutados tras el Consejo de Guerra del 29 de octubre: Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, que hasta hoy, se mantienen como detenidos desaparecidos, ya que sus restos no fueron encontrados.

*Fuente: Edición Cero

El articulo Un sobreviviente de los Consejos de Guerra en Pisagua, 1973: «Tales Consejos no fueron sino grotescas farsas» apareció primero en piensaChile.

Empecemos con Shakespeare, el dramaturgo inglés, autor de la conocida tragedia Hamlet. Hamlet, príncipe heredero al trono de Dinamarca, descubre que su tío ha asesinado a su padre, seducido a su madre, la reina, y se ha hecho coronar rey. Hamlet advierte que en su país reina la corrupción y la injusticia y se da cuenta que Claudio, su tío, no será jamás juzgado; vale decir, sus delitos quedarán impunes. En su conciencia, el príncipe sabe que la justicia debe imponerse, de alguna manera, y como no hay quien la haga, decide actuar, cuestión que sólo puede concluir en matar al asesino de su padre y usurpador. Sin embargo, Hamlet es un hombre bueno y, por lo tanto, duda indefinidamente en llevar a cabo tal acción.

A  todo esto, Hamlet no sabe que Claudio, convencido que su sobrino es para él una amenaza,  ha empezado a tramar su muerte. Finalmente, Hamlet, que ha sido envenenado y sabe que va a morir, mata a Claudio. En conclusión, Hamlet decide, aunque tarde, hacer justicia, puesto que ésta no existe en su país, y puesto que había tomado la decisión de matar a su tío, debió actuar sin vacilaciones, lo que, precisamente, fue la causa de su propia muerte. En conclusión, el quid de la tragedia es que aquello que parecía venganza,  era, en el contexto de su tiempo –el medioevo-  un acto de justicia. Los tiempos, obviamente, han cambiado. Antiguamente, y hasta no hace mucho tiempo, la aplicación de la muerte como acto de justicia en casos criminales, incluyendo el matar, como obrada por individuos, era aceptable y normal.

Hoy no es así; de modo que, como detallaremos más adelante, el asesinato de Guzmán no tiene justificación, aunque es pertinente sacarlo a colación en el tema del atentado y muerte de Jaime Guzmán, porque éste, finalmente, se reduce a las dos interrogantes planteadas en Hamlet: primero, si en 1992, había justicia en Chile, sobre todo y de modo cabal en materia política y Derechos Humanos; y, segundo, si Guzmán era o no inocente de los crímenes que las víctimas de la dictadura de Pinochet le imputaban.

En fin, respondamos estas dos interrogantes:

La primera: Honestamente, nadie en su sano juicio  puede afirmar que había justicia de verdad en 1992, tanto en lo político como en cuanto a Derechos Humanos. Se vivía un pacto entre la derecha (que gobernó en dictadura) y la nueva y mayoritaria coalición que logró alejar al dictador del poder, la Concertación de Partidos por la Democracia. Cierto, era un pacto, pero eso es política, no justicia. Indiscutiblemente, la justicia por los crímenes de la dictadura no era la prioridad en ese pacto, aunque la coalición ganadora, la Concertación, lo había prometido al pueblo de Chile antes y después de su triunfo, el del NO.

El país, objetivamente, seguía regido por una constitución impuesta por la fuerza bruta de manera espuria e ilegítima; todavía estaba vigente la Ley de Amnistía de la dictadura de 1978, lo que simplemente significaba que los asesinos y criminales violadores de los Derechos Humanos de la dictadura no estaban siendo juzgados; ni siquiera acusados.

Sobre la segunda interrogante, si Guzmán fue o no fue inocente, es preciso recordar que desde el punto de vista del Derecho, quien encubre, ordena y/o impulsa a otros a matar, es un criminal. Por lo tanto, no cabe duda que Guzmán lo fue, y aquí vamos a probarlo.

Partamos por conocer bien a Guzmán, a quien conocí en 1967. La vida política de Guzmán empezó en la universidad, a mediados de los años 60. Entonces, quien escribe estas líneas era profesor de la Universidad de Chile, en su sede de Iquique. Ese año, en el mundo entero había estallado una rebelión de la juventud, sobre todo estudiantil, contra del autoritarismo político y cultural existente. Una de las reivindicaciones de aquella juventud  -en el mundo entero- fue la reforma de las universidades, en el sentido que los estudiantes tuvieran participación en su gestión; explícitamente, en la elección de sus autoridades,  la planificación académica y una definición sobre el rol social de la universidad.

Ese anhelo se cumplió en todo el mundo democrático, y Chile era un país democrático. En 1968, luego de discutirse en el Parlamento y al interior de las universidades, se declaró el co-gobierno universitario, con mayor ponderación para los profesores en la gestión de  todas las universidades de Chile, sin excepción. Este revolucionario cambio tuvo el apoyo del Presidente de la República (Eduardo Frei Montalva), el voto de la mayoría de los parlamentarios y, sobre todo, tuvo consenso al interior de todas las universidades,  de profesores, estudiantes y también de sus trabajadores. Pues bien, un grupo minoritario de profesores y estudiantes, principalmente  proveniente de la Universidad Católica (UC), se opuso a la reforma.

El líder de ese grupo era un estudiante de Derecho de la UC, Jaime Guzmán. Errázuriz, quien para impedir la avalancha democrática que venía encima en Chile y en todo el mundo, organizó sus huestes ultra-conservadoras y se tomó la sede de la UC, pero sólo unos días después los reformistas de la misma universidad la recuperaron, expulsaron de ella a los revoltosos y organizaron un foro debate que tuvo lugar en la Escuela de Derecho de la UC. La Universidad de Chile- sede Iquique fue invitada a ese evento, y tuve el honor de representarla. Allí habló Guzmán, dándose a conocer como el más genuino y radical militante del más irreductible conservadurismo político y religioso de esa época en Chile.

Recuerdo partes de su discurso. En medio de las pifias que se ganó con su intervención (la mayor parte provenientes de estudiantes de la UC), calificó la reforma, entre otras denostaciones, como “un atentado al principio de autoridad” y, finalmente, ”una maniobra del comunismo internacional aliado a la Democracia Cristiana.” Poco antes del golpe, Guzmán ya era el líder indiscutido de la contra-reforma universitaria.  Lo que más recuerdo de aquel discurso suyo de 1968, fue algo que sólo puede definirse como una amenaza: “Chile necesita  una contra-reforma universitaria, y esa contra-reforma la vamos a hacer un día.”

Unos años después, Guzmán la cumpliría él mismo, en un 100%, cuando se transformó en el primer consejero de la dictadura. Consiguió rápidamente el bando militar que acabó con el co-gobierno universitario, y en su lugar impuso el que tenemos hoy; universidades pagadas, autoritarias, antidemocráticas y, como resultado de ello, de mala o dudosa calidad. En suma, hasta hoy sigue vigente esa contra-reforma, impuesta en dictadura, la misma que terminó con la reforma acordada en democracia.

Sigamos conociendo a Guzmán. Nuestro personaje era miembro de un pequeño grupo ultra- conservador juvenil muy activo en sus tiempos de estudiante universitario, “Fiducia”, cuyo ídolo era el dictador español Francisco Franco. También era miembro del Opus Dei, el sistema ideológico católico fundado por Escribá de Balaguer, que plantea, en caso extremo, el exterminio físico de lo que  llama “los enemigos de la fe,” que no son otros que los militantes de la izquierda y sus derivaciones. Llamado por la dictadura a integrar su consejo ideológico, muy pronto consiguió ser su principal miembro. Además, algo muy importante, apenas consiguió ser consejero político de la Junta Militar, consiguió la anuencia del dictador para hacer clases y dictar conferencias en la Escuela Militar; obviamente para aleccionar a los futuros oficiales de Ejército (hoy, sus generales y oficiales mayores) en su cuadro ideológico.  Aquí cabe preguntarse si tenemos una democracia segura y fuerte con una oficialidad militar  aleccionada ideológicamente por un fanático de ultra-derecha como fue Guzmán.

Presentar a Guzmán como un hombre de paz, buen católico, y demócrata es una falsedad.  Para empezar, fue el más conspicuo ideólogo y consejero político de una dictadura que fue declarada en su tiempo como violadora sistemática de los Derechos Humanos por todos los organismos internacionales que se ocupaban entonces de esa materia. Así las cosas, es, por lógica, co-responsable de sus atroces crímenes. No sólo eso, Guzmán bloqueó siempre toda iniciativa que abriera la posibilidad de conducir a Chile a la democracia, se aclarara la suerte que corrieron los desparecidos, se terminaran las torturas, se revisaran los “juicios de guerra” tras los cuales miles de  compatriotas fueron fusilados y encarcelados. De esto que señalo sobran los ejemplos. Veamos:

Cuando después del golpe de 1973, por primera vez en Chile, se inició la discusión sobre temas tan clandestinos como democracia y libertad, Guzmán fue el más fuerte opositor a cualquier tipo de atenuación de la represión existente; más aún, de restaurar la democracia. Se opuso al “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia” de 1985, que no fue convocado por la izquierda ni los demócrata- cristianos, sino por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno,  iniciativa de la Iglesia Católica que tenía por único fin buscar una salida pacífica para Chile, cuando arreciaban las protestas en las calles de Santiago y en muchas ciudades del país, con presos, muertos, heridos, manifestantes quemados luego de ser rociados con bencina, etc.

En este principio de acuerdo participaron, además de representantes de la Iglesia, políticos de todos los partidos, como Ricardo Lagos,  Gabriel Valdés, y Andrés Allamand. Guzmán declaró abiertamente su oposición a este  esfuerzo y terminó por boicotearlo. Repetía en esos mismos días, por enésima vez, la frase que lo hizo famoso inmediatamente después del golpe y asumir la cabeza de la dirección política de la dictadura: Transformar nuestra dictadura en ‘dicta-blanda’ sería un error de consecuencias imprevisibles

Esto lo dijo corrigiendo al propio dictador, quien, para calmar al país, decía que su gobierno no era una dictadura, sino una “dicta-blanda”. En otras palabras, Guzmán era mucho más radical que el propio dictador.

Sigo, en la noche del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando el gobierno se negaba a reconocer la derrota de la dictadura, el SÍ, Guzmán fue el primero en guardar silencio, para luego solicitar a Pinochet una reunión con el Alto Mando de las FF AA,  para allí, obviamente, sugerir una acción militar. Esto fue revelado por militares activos en esa época. Guzmán, se mantuvo en esa postura, hasta que Sergio Onofre Jarpa, el ex – Ministro del Interior de la dictadura, reconociera públicamente el triunfo del NO en un foro en Canal 13, en el que participó Patricio Aylwin en calidad de portavoz oficial del NO.

Guzmán también se opuso a la débil reforma constitucional de 1989, acordada entre la derrotada dictadura y la Concertación. No se trataba siquiera de cambiar la Constitución de la dictadura de 1980, sino de introducirle algunas reformas. Con ellas, se debilitaban algunos enclaves autoritarios, y para esperanza del pueblo de Chile, esto era el comienzo de lo que se suponía que sería posteriormente la verdadera constitución política de Chile, legal y gestada en democracia. En verdad, si no hubiera habido esa reforma, los militares habrían  tenido mayor poder en democracia, porque los nueve senadores designados se enfrentarían sólo a 26 elegidos (y no a 38, como lo establecía la reforma); y, además, las Fuerzas Armadas (en las que Guzmán basaba finalmente toda su fuerza) habrían tenido mayoría en el Consejo de Seguridad Nacional, y no en  paridad cívico-militar, con el voto dirimente del Presidente de ese consejo.

Como refiero más arriba, a la interrogante si se justifica el asesinato de Guzmán, la respuesta es un rotundo no. Esto, porque a pesar de lo expuesto a la naturaleza culpable de Guzmán en el caso de los crímenes de la dictadura, el asesinato político es a estas alturas del desarrollo de la civilización, completamente inaceptable para toda persona de conciencia democrática, a menos que se trate del único expediente posible para terminar con el gobierno de un tirano (según señala Santo Tomás de Aquino en su “La Ley”).

En la historia de la cultura humana, en todas las civilizaciones, matar es un acto deleznable que debe castigarse. Por ejemplo, recuérdese en la tradición religiosa judeo-cristiana las palabras de Jesús, ”el que mata por la espada, por la espada morirá.” Esto supone algo muy lógico: que matar implica también el riesgo para quien mata de ser matado. Matar o impulsar y azuzar a otros a matar es lo mismo y, por lo tanto, ese fue, muy específicamente, el riesgo que Jaime Guzmán, conscientemente, decidió correr. Ergo, su muerte es un resultado totalmente natural y lógico de sus propias actuaciones.

Cabe agregar que si los asesinos de Guzmán fuesen personas de izquierda, su muerte fue totalmente contraproducente para sus autores, porque si Guzmán estuviese hoy vivo, sería hoy un Longueira, un Larraín o un Chadwick más, políticos que apoyaron y colaboraron con la dictadura, pero que hoy, para mantenerse vigentes, declaran que “no sabían” de sus crímenes. Además, quien mató a Guzmán regaló a la UDI un símbolo muy importante, un mártir. Era lo que necesitaba. Así aparecía su fundador e inspirador político como víctima del “marxismo,” del “comunismo internacional,” etc.

Finalmente, desde el punto de vista psicológico, también fue un error, porque esto ocurrió cuando la dictadura, como tal, ya no existía. Para el chileno común, incluso por muchos compatriotas que se opusieron y hasta lucharon contra la dictadura, Guzmán aparecía ahora como víctima, y así la derecha más integrista del país conseguía el empate en materia de violencia política. Además, apenas terminó la dictadura, Guzmán se preocupó de lavar su imagen. Eligió a Longueira, Moreira, y otros cabecillas de la UDI, el partido político que acababa de fundar, para que constantemente declararan en la prensa y en la televisión que él había abogado ante la ex – DINA en favor de muchos presos políticos.

La verdad es que esto nunca lo dijo Pinochet ni ningún funcionario de la DINA; por supuesto, porque es una falsedad. Esta mentira fue aclarada muchas veces por el propio Manuel Contreras, el jefe mayor de los aparatos de seguridad de la dictadura. También lo negó el general Gustavo Leigh. En la actualidad, la hermana de Guzmán, también quiere lo imposible: limpiar la imagen política de su hermano, asegurando que Guzmán fue asesinado por orden de la DINA; o sea, por Contreras, y posiblemente, hasta por el propio Pinochet, lo que, obviamente, sugiere que Guzmán, por su bondad, pudo ser víctima de aquel régimen, cuyo signo represivo y violento ya nadie discute. Pero, ¡cómo va a ser posible este cuento si, sólo por dar un ejemplo,  fue Guzmán quien concibió y redactó la “Ley General de Amnistía” de 1978, y toda su gestión como consejero de la dictadura tuvo por doctrina que no había que hacer de la dictadura una “dicta-blanda”!

Vale la pena detenerse en esta ley, que fue íntegramente concebida, propuesta a la dictadura y finalmente redactada por el propio Guzmán. La “Ley General de Amnistía” de 1978 no fue sino un artilugio para librar de procesamiento a los agentes de la DINA (el aparato secreto de represión de la dictadura), entonces públicamente conocidos como autores de miles de delitos de lesa humanidad que desde 1973 hasta 1978, se cometieron en dictadura. Recuérdese que Guzmán se lanzó en picada contra algunos jueces honestos, y contra la propia Iglesia Católica, que pedían la libertad de los presos políticos y que se investigaran muchos y bien definidos crímenes cometidos bajo aquel régimen.

Con esa ley, Guzmán pretendía librar de castigo a los peores asesinos del régimen, porque todavía regía, en apariencia desde luego, la Constitución de 1925. Estos criminales así tuvieron un respiro, porque, insisto, de acuerdo a las leyes chilenas que todavía regían en 1978, muchos de esos asesinos debían ser arrestados y juzgados. Sin embargo, digo “un  respiro” porque aquella ley de amnistía, por cierto, no tenía ninguna aplicabilidad, cuestión que Guzmán, como abogado, sabía muy bien. Se trataba de delitos cometidos por el Estado, lo que los califica de “delitos de lesa humanidad”; por lo tanto, incondonables,  inamnistiables e imprescriptibles, en virtud de los tratados internacionales que Chile había  suscrito hasta esa fecha, y que la dictadura, por pura demagogia y para limpiar su imagen ante el mundo, nunca revocó, incluso mientras esos crímenes se cometían.

Tenía que volver la democracia, aunque no íntegramente como quisiéramos, y que pasaran 40 años, para que esa ley fuese lanzada al tacho de la basura. Jaime Guzmán, como digo, en tanto abogado y académico, no podía desconocer la nula legalidad de su burdo invento; sin embargo, consiguió que, aun ante el escándalo internacional, los asesinos quedaran libres de polvo y paja y pudieran continuar actuando como tales.

Jaime Guzmán, como nadie ignora, es también, junto a otros seis viejos y ya fallecidos políticos de derecha, el autor de Constitución de 1980. Fue él quien, personalmente,  aconsejó al dictador “plebiscitarla,” con la clara intención de ejecutar un fraude, como efectivamente sucedió, en aquellos aciagos tiempos en que todas las libertades públicas estaban suspendidas. Guzmán declaró varias veces y sin ambages, que “su” constitución debía redactarse de tal modo que fuese imposible cambiarla sustancialmente. Ergo, hasta cuando esté vigente este engendro, nunca tendremos una verdadera y legal Constitución Política en Chile.

Cada vez que los dirigentes de la UDI se refieren a su fundador, lo hacen con el título de “senador.” Esto llama a otra reflexión.

Apropósito de la constitución de 1980, esto de la senaturía de Guzmán, es un chiste macabro, y una paradoja grotesca. Guzmán copió literalmente de la Polonia comunista el sistema binominal para la elección del Poder Legislativo. Este sistema fue, en efecto, un invento de los comunistas polacos luego del fin del socialismo real en Europa del Este. Se trataba de empatar con la oposición contra el gobierno, cuyo jefe, puesto allí por los soviéticos antes del fin de la URSS y del glasnot socialista, era el general Wojciech Jaruselsky.  Jaruselsky aplicó su sistema sabiendo lo que hacía. Los comunistas  eran minoría, procuró con este Deus ex machina evitar que el paso de la dictadura a la democracia no fuese una paliza electoral demasiado fuerte.

En todo caso, pocos años después, el sistema binominal polaco fue definitivamente remplazado por uno proporcional.  Guzmán, por el contrario, luego de copiarlo lo aplicó con el  objetivo único de establecer en Chile, en calidad de permanente, el empate político, y así impedir que la derecha fuese derrotada electoralmente; vale decir, eternizarla en el poder.

Chile es el único país en el mundo en que hay un sistema binominal de elecciones; y tanto la derecha y la Nueva Mayoría, con Bachelet, los comunistas y todo, mienten cuando dicen que ha sido radicalmente remplazado por uno proporcional. El acuerdo entre la derecha y la Concertación fue muy simple: maquillaron el sistema binominal de Guzmán, con nuevos distritajes y más parlamentarios (harto costosos, por lo demás), y así, han hecho creer que ahora tenemos un sistema proporcional de elecciones, como en cualquier democracia del mundo. Todavía la elección del Parlamento se basa en votos por listas, y no por candidatos, y por cierto, en ninguna parte del mundo, donde hay que elegir dos senadores, gana el que sale tercero.

Esto es lo que hoy todavía tenemos, y es muy específicamente el caso de la senaturía Guzmán. En resumen, Guzmán hizo “su” constitución  para sí mismo, porque él ya tenía planeado no solamente un sistema que favoreciera a la minoritaria derecha, sino a la vez, su propia participación en elecciones parlamentarias. Por supuesto, él sabía que cuando se acabara la dictadura, en una elección parlamentaria él no sería primero, sino tercero, y con suerte. Así de simple.

Para, por fin, recabar este retrato de Jaime Guzmán, es preciso detenerse en actuaciones concretas suyas que lo muestran como un individuo de naturaleza no sólo políticamente autoritaria, sino desde el punto de vista psicológico y humano, derechamente cruel y criminal.

Por problemas de espacio, bastará referirse sólo a un caso, el de la  ciudadana inglesa Sheila Cassidy. Poco se sabe de este espantoso capítulo en nuestra historia política, puesto que en Chile en 1975, simplemente, no había libertad.

Ese año, vivía en Chile esta mujer, de profesión médico, graduada en 1963 nada menos que en Oxford, una de las universidades más importantes del mundo. Cuando visitaba Chile, en calidad de activista católica en causas de Derechos Humanos, prestó auxilio profesional a un perseguido político herido a bala. El herido, de nombre Nelson Gutiérrez, era un dirigente del MIR que había pedido auxilio en una casa parroquial católica. Algunas de las monjas que habitaban esa casa eran inglesas, y conocían a su compatriota Sheila Cassidy. La llamaron en su calidad de médico para extraer dos balas a un herido, a un ser humano como cualquier otro.

Las balas las tenía en sus piernas, y las heridas ya se estaban grangrenando. Gutiérrez, no del todo curado, alcanzó a salir de esa casa antes que los esbirros de la dictadura llegaran. Entraron a la casa disparando y mataron a la sirvienta y cocinera chilena que allí trabajaba, y luego arrestaron a Sheila Cassidy.  La embajada inglesa y el Cardenal Raúl Silva Henríquez pidieron al gobierno su liberación, puesto que además de extranjera y católica, la mujer había curado a un hombre herido por razones nada más que humanitarias. Pinochet dudó qué hacer, pero aquí aparece Guzmán, que siempre invocaba públicamente su condición de católico observante, de rezos, comunión y misa casi diaria.

Guzmán se lanzó, sin pensarlo dos veces, contra la persona del Cardenal, a la vez pidiendo al gobierno “investigar a fondo” a Sheila Cassidy, sabiendo perfectamente que ella ya estaba en las mazmorras de la DINA, y, por lo tanto, también sabiendo lo que le estaba sucediendo. El dictador, finalmente, oyó a su asesor, no al Cardenal ni a la embajada de Inglaterra y la infortunada mujer, durante tres meses, fue sometida a las torturas más salvajes concebibles a una mujer, las mismas que sufrieron muchas de nuestras mujeres chilenas. Liberada en enero de 1976, merced a la presión económica que ejerció el gobierno inglés, Sheila Cassidy, en Europa, relató al mundo su horrenda experiencia en Chile, que luego las escribió en su libro “Audacity to Believe” (La audacia de creer).

Después de su horrenda  experiencia en nuestro país, la médico decidió hacerse monja, lo que es hasta hoy. El libro fue traducido del inglés a todos los idiomas europeos y fue ampliamente difundido en Europa y Estados Unidos. En ese libro, que los udistas debieran leer, ha quedado consignada para siempre la infame y canallesca  actuación de Guzmán, quien aun siendo el primer consejero del dictador, no hizo absolutamente nada por la liberación de aquella médico inglesa. Nótese que hasta procuró que su confinamiento en los centros de tortura de la DINA fuese más largo. Allí, desde luego, pudo perfectamente haber sido asesinada, como muchos extranjeros y extranjeras que, efectivamente, lo fueron.

Este episodio refleja muy claramente la profunda contradicción existente entre Jaime Guzmán y el pensamiento de la Iglesia Católica. En primer lugar, es indiscutible que  Guzmán justificó la política represiva de la dictadura, como asimismo todas las limitaciones que ésta impuso a las libertades públicas y a los Derechos Humanos. He aquí el punto clave:

Guzmán sostuvo de manera pública y explícita que los Derechos Humanos están subordinados a los intereses superiores del Estado. Esta visión contradice el fondo ideológico no sólo de toda democracia, sino la doctrina social de la Iglesia Católica, que considera que los Derechos Humanos están por encima del Estado; es decir, son superiores a él. Guzmán, con anterioridad, ya había criticado frecuente y públicamente a la Iglesia y al Cardenal Silva Henríquez, por ejemplo, por haber creado la Vicaría de la Solidaridad, instrumento fundado por la Iglesia  para defender a los perseguidos, a los presos políticos,  y atender económicamente a sus esposas e hijos, como asimismo a las viudas y huérfanos.

Criticó también la presencia de curas de la Vicaría en las cárceles y campos de concentración, que promovían iniciativas de trabajo para las presas y presos políticos. Incluso, hasta consiguió el arresto de varios de ellos, como Luis Gajardo, un cura que fue salvajemente torturado, encarcelado y expulsado del país, siendo chileno. Ese fanatismo de Guzmán, propio solamente de un criminal político, fue lo que lo llevó a enfrentarse contra la primera autoridad de la Iglesia Católica, lo que culminó en el caso Cassidy.

En efecto, Guzmán estuvo a punto de ser excomulgado, por desacato con escándalo a la primera autoridad eclesiástica. Eran tantos y tan frecuentes los ataques de Guzmán a la Iglesia y al Cardenal, que hasta Mónica Madariaga, la Ministra de Justicia y de Educación de la dictadura, públicamente lo llamó a no seguir en esa práctica y que, como católico debía “guardar respeto al Pastor.” No sirvió de nada. Empero, fue el caso de Sheila Cassidy lo que terminó con la paciencia del Cardenal, quien ordenó a Guzmán, en su calidad de católico observante, a retractarse de sus ataques al Cardenal y a la Iglesia, so pena de ex – comunión. Silva Henríquez dio a Guzmán un plazo de 24 horas para realizar su retractación. Algo así, sépase, nunca había sucedido en toda la historia de Chile, ni colonial ni republicana. Guzmán debió retractarse públicamente, lo que hizo en una brevísima nota aparecida en una perdida página del diario La Tercera.

Volviendo al tema del pedido de extradición de Raúl Escobar, presunto asesino de Guzmán, llama la atención que nadie del gobierno hable quién era Guzmán. Esa es la razón fundamental por la cual he sentido de justicia hacerlo. Saber quién realmente era Guzmán es clave en la comprensión de su muerte. Por otra parte, no se entiende el lacayuno apuro de la Cancillería chilena para atender la exigencia de la UDI, en cuanto extraditar a Escobar, cuyos corifeos, en buena parte colaboradores directos de una dictadura terrorista, no tienen derecho moral para levantar ahora la voz y hablar de justicia. Subrayo también que la cancillería no ha atendido otras peticiones de extradición, hechas desde hace décadas por abogados de las causas de Derechos Humanos.

La cancillería (léase, el gobierno de Michelle Bachelet), para contentar a la UDI, le aseguró “el compromiso de trabajar juntos para una extradición acelerada,” del que, por lo demás, es sólo autor presunto de la muerte de Guzmán. En realidad, nunca ha habido compromiso, ni acción ni nada por conseguir con el gobierno de EEUU o de Australia la extradición de Fernández Larios, de Pedro Barrientos o  Adriana Rivas, por ejemplo, que son algunos de los más feroces asesinos y torturadores de la dictadura, que viven felices en la impunidad en el exterior.

Resumo el espíritu de este artículo así: Guzmán fue víctima natural de la política de terror y muerte que impuso en Chile un régimen dictatorial de terror, en el que él,  personalmente y a conciencia, participó activamente desde su comienzo hasta su fin como principal consejero ideológico y político.

El autor, Haroldo Quinteros Bugueño, es Profesor universitario, Doctor en Educación

*Fuente: Edición Cero

El articulo ¿Quién era Jaime Guzmán? apareció primero en piensaChile.