“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”.

Así dijo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en declaraciones a la prensa, luego de ser recibido por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este viernes en el Palacio de la Revolución.

Tras la ceremonia oficial en el Salón Portocarrero —sitio habitual de estos actos protocolares en la Isla—, y de las conversaciones entre ambos mandatarios y sus delegaciones, el estadista colombiano consideró que “Latinoamérica y el Caribe son una civilización diversa entre sí, pero diferente a las demás, y el camino, si queremos preservar la vida en general y la existencia humana en particular, es precisamente que se pueda construir un diálogo de civilizaciones”.

A solo horas de arribar a La Habana, Gustavo Petro afirmó que “bueno sería que, en medio del peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”.

Por tanto, agregó el gobernante, “este no es solo un mensaje al pueblo cubano o al colombiano, no es un mensaje a la humanidad solamente, sino al mismo gobierno de los Estados Unidos”.

“Es el momento de dialogar, lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es para congratularse, puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada y es preferible que el pueblo de los Estados Unidos y su gobierno actual reaccionen”.

Aseveró que “tenemos un señor como Netanyahu que lo que está es salvándose a sí mismo, tratando de perpetuarse en el poder de Israel, haciendo guerras fuera de Israel, tratando de intensificar las guerras fuera de Israel para salvarse de un juicio internacional, que como los nazis del tribunal de Núremberg se merece por ser genocida”.

El pueblo de los Estados Unidos, agregó, “no puede ser cómplice de eso y en mis conversaciones como Jefe de Estado con funcionarios de los Estados Unidos, incluido el Presidente Trump, yo les diría que no pueden ser cómplices de un genocida, si reconocen la historia propia de los Estados Unidos en el siglo XX y XIX”.

*Fuente: Presidencia de Cuba

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En el programa de hoy, 9/3/2026, Pablo Iglesias, Laura Arroyo, Manu Levin y Eduardo García analizan los resultados de las elecciones de este domingo en Colombia, que certifican al Pacto Histórico como la primera fuerza parlamentaria del país, y de la Consulta interpartidaria de la derecha, que ganó la candidata uribista Paloma Valencia. Con la participación de Diana Carolina Alfonso (Diario Red América Latina).

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Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan los resultados de consulta del Pacto histórico del domingo pasado que dio como ganador a Iván Cepeda Castro que perfila como el más probable sucesor de Gustavo Petro. ¿En qué consiste su programa que habla de las tres revoluciones? ¿Quiénes serán sus rivales? ¿Qué esperar de EEUU?
Con la participación del candidato presidencial, Iván Cepeda Castro.

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Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera gobernó el país junto a Evo Morales durante trece años (2006-2019). Teórico político, es autor de una obra de inspiración marxista centrada en la emancipación indígena. En esta entrevista, analiza los retos a los que se enfrenta América Latina tras la reelección de Donald Trump. Proclama su aislacionismo, pero Álvaro García Linera cree que la presión imperialista podría aumentar sobre el subcontinente: en un momento de desglobalización y regionalización de las cadenas de valor, América Latina vuelve a ser un proveedor clave de materias primas para Estados Unidos. Aboga por la integración regional, con el objetivo de ayudar a la región a emerger como polo independiente. Y repasa los procesos progresistas en América Latina, en los que él fue uno de los protagonistas.

¿Cuál es su análisis del regreso de Donald Trump al poder y sus implicaciones para América Latina?

La victoria de Trump era previsible. En tiempos de crisis económica, de transición de un régimen de acumulación y dominación a otro, las posiciones centristas se vuelven insostenibles. El centro-izquierda y el centro-derecha parecen ser parte del problema. En estos tiempos de crisis, vivimos sacudidas sísmicas: las élites se fracturan, el centro desaparece y surgen posiciones radicalizadas. Desde la derecha, Trump encarna el nuevo espíritu de la época.

Esta era está marcada por un declive mundial del globalismo. Trump encarna una combinación de proteccionismo como reacción al globalismo y la recuperación de las aspiraciones soberanistas frente a la globalización – en una forma mórbida. Esta vía ambigua, híbrida y anfibia del «neoliberalismo soberanista» está empezando a ponerse a prueba en algunas partes del mundo -pensemos antes en Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orban en Hungría o Jair Bolsonaro en Brasil.

¿De qué se trata este «neoliberalismo soberanista»? Es un intento de salir de la crisis del globalismo neoliberal.

América Latina, antaño considerada insignificante en la era del globalismo triunfante, vuelve a ser una zona codiciada.

¿Qué significará esto para América Latina? Se verá atrapada en la disputa entre una China en expansión, que depende de las cadenas de valor mundiales, y unos Estados Unidos en contracción, que necesitan regionalizar sus cadenas de valor. América Latina ya está vinculada a China por cadenas de valor mundiales, pero Estados Unidos quiere integrarla en su esfera de influencia regional. China tiene ventaja porque dispone de dinero para invertir. Estados Unidos no. Ante esta falta de recursos, cabe esperar que Estados Unidos elija la vía de la fuerza para imponer esta regionalización de las cadenas de valor.

El nombre de Marco Rubio, nombrado secretario de Estado por Donald Trump, aparece en grabaciones de audio vinculadas al golpe de Estado de 2019 en Bolivia [senador republicano de origen cubano, Rubio es conocido por su hostilidad visceral hacia la izquierda latinoamericana (nota del editor)]. Se le cita como intermediario entre los golpistas bolivianos y los lobbies estadounidenses. ¿Cómo interpreta su nombramiento como Secretario de Estado? ¿Prevé un giro intervencionista o una política de continuidad con los demócratas?

No habrá continuidad. Los demócratas encarnaron los restos del viejo globalismo, a pesar de decisiones soberanistas evidentes, como la subida de aranceles. Trump, en cambio, tiene una propuesta clara: un nuevo modelo económico para Estados Unidos, salvajemente capitalista, que implica un nuevo régimen de acumulación. América Latina juega un papel importante en este modelo por su proximidad geográfica.

Si algún lugar ha de convertirse en un sustituto de las importaciones, un lugar al que puedan recurrir las cadenas de valor, ése es el subcontinente latinoamericano. ¿Se canalizará esta tensión a través de los flujos financieros o del uso de porras? Dados los numerosos problemas económicos a los que se enfrenta Estados Unidos, no puede competir con China en términos de flujos financieros. No podemos competir con los cientos de miles de millones de dólares invertidos por China en el acceso a las materias primas.

Creo que Estados Unidos tratará de compensar su déficit financiero en sus relaciones con América Latina exacerbando su intervencionismo. El objetivo será imponer una «Ruta de la Seda Norteamericana» autoritaria y militarizada, opuesta a las «Nuevas Rutas de la Seda» chinas, basada en flujos de inversión, infraestructuras y crédito.

Marco Rubio no es un elemento esencial: estamos ante un cambio en el régimen de acumulación, que se está regionalizando. América Latina, antaño considerada insignificante en la era del globalismo triunfante, vuelve a convertirse en una zona codiciada.

Así pues, asistimos a un intento de resucitar la retórica de la «guerra contra las drogas», que siempre ha sido un caballo de Troya para el intervencionismo estadounidense [la «guerra contra las drogas» se refiere a las campañas contra el narcotráfico que han prevalecido en Estados Unidos desde los años ochenta, a menudo dirigidas por la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) nota del editor]. Hoy coexisten dos modelos: países como Colombia y México han abandonado los métodos coercitivos en favor de un enfoque estructural para atajar las causas del narcotráfico. Ecuador, en cambio, ha reanudado su «guerra contra las drogas» con métodos represivos tradicionales bajo la presidencia de Daniel Noboa. Ha sido aplaudido por Estados Unidos, por una muy buena razón: la «guerra contra las drogas» les abre las puertas de Ecuador. El gobierno de Noboa dio pasos explícitos para permitir el regreso de las bases militares estadounidenses al país. Sin embargo, es probable que este intento de revivir la «guerra contra las drogas» sea limitado.

En su apogeo, la «guerra contra las drogas» tenía dos objetivos principales: ejercer una forma de control territorial mediante bases militares (Ecuador, Colombia, Bolivia) y una presencia policial. En segundo lugar, limitar la entrada de drogas en el mercado norteamericano. Este enfoque coordinado ha cambiado en la última década: las drogas producidas en América Latina se destinan ahora principalmente al mercado europeo. Esto ha reducido la urgencia de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. El «Plan Colombia» movilizó mil millones de dólares; en Bolivia, ascendió a cien millones de dólares. Hoy, estas cantidades se han reducido a unos pocos millones.

A efectos de control político y militar, este discurso podría reactivarse, pero ya no gozaría de la misma legitimidad ante el electorado estadounidense, cuya preocupación ya no es la cocaína latinoamericana, sino las fábricas de fentanilo que operan en los propios Estados Unidos. Así que no creo que vuelva a ser un tema central. Como sugirió el jefe del Mando Sur, será la propia presencia china la que justifique el regreso de Estados Unidos. Por ejemplo, hay quien habla del puerto de Chancay, construido en Perú por China, como posible punto de entrada de buques militares chinos. Una idea absurda, pero que podría ser recogida. Creo que la lucha contra la presencia china se esgrimirá como un imperativo de seguridad nacional.

En realidad, se trata simplemente de una lucha por el control de las cadenas de valor. La transición energética requerirá muchas materias primas. Según la Agencia Internacional de la Energía estadounidense, entre 2025 y 2050 habrá que multiplicar por diez o doce los volúmenes de materias primas estratégicas para garantizar esta transición. Una gran parte de estos recursos se encuentran en África y América Latina, y las dos grandes potencias mundiales tratan de acceder a ellos. El resto es sólo literatura.

En este sentido, China tiene ventaja. Ha sido mucho más astuta en los últimos veinte años, invirtiendo sin imponer condiciones y desarrollando infraestructuras viarias y portuarias, mientras que Estados Unidos, dando por sentada a América Latina, no ha invertido nada y ahora se encuentra en una posición de debilidad económica. Para paliar esta carencia se necesitaría una inversión masiva, del orden de varios cientos de miles de millones de dólares. Si Estados Unidos no está dispuesto a comprometer tales recursos, intentará compensarlo con medidas coercitivas: intervención, presión, chantaje, presencia policial y militar, etc.

En 2019, la administración estadounidense apoyó un golpe de Estado en Bolivia. Los oficiales que se rebelaron tenían vínculos con el Departamento de Estado. Claver Carone, funcionario del Departamento de Estado, intervino directamente para supervisar a los militares en su acción golpista. Acciones de este tipo podrían multiplicarse en América Latina, con Estados Unidos sustituyendo la inversión por la acción coercitiva y una mayor presencia policial.

Ante estas tensiones en el subcontinente, la izquierda aboga por una cooperación regional. ¿Cómo se configuraría y cómo reaccionaría ante el declive de la globalización neoliberal?

En esta lucha titánica, cada país latinoamericano, considerado individualmente, es insignificante: una hormiga frente a un elefante. Pero si estas pequeñas voces se unen, la voz del subcontinente se hará oír. Para ello se necesitan mecanismos de integración fundamentales. Podemos soñar con la unificación nacional latinoamericana, pero no sería realista a corto plazo. Lo que sí podemos prever son acuerdos regionales basados en grandes ejes temáticos: negociaciones comerciales, justicia medioambiental, fiscalidad, etc. Estos acuerdos temáticos, que serían concretos y menos grandilocuentes, permitirían a América Latina hablar con una voz más fuerte ante las grandes potencias.

Esta integración debe apoyarse en recursos que permitan la creación de infraestructuras comunes y la nivelación de ciertas desigualdades. Aquí radica el problema: se han destinado pocos recursos a la integración y las infraestructuras.

Frente al retroceso del globalismo, América Latina ha mostrado un camino alternativo, con la llegada al poder de gobiernos progresistas. Sus reformas, a menudo poco radicales, han marcado sin embargo una ruptura en la forma en que el Estado interviene en la distribución, la protección del mercado interior y la ampliación de derechos. Si nos fijamos en los debates actuales en Estados Unidos y Europa sobre las políticas industriales, la soberanía energética y agrícola, o la protección de determinadas industrias estratégicas, se trata de discusiones que América Latina ya tenía hace 20 años.

Tras la primera oleada de progresismo en la década de 2000 [marcada por las presidencias de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y los Kirchner (Nota del editor)], la izquierda está ganando de nuevo aquí y allá – en México, por ejemplo, donde Claudia Sheinbaum fue elegida triunfalmente. ¿Cómo ve esta segunda ola?

Es justo hablar de dos olas progresistas. México, que viene después de los demás países latinoamericanos, cuenta con la ventaja de una experiencia acumulada que le permitirá beneficiarse de un mayor impulso. Sin embargo, hay que permanecer vigilantes: los síntomas de los límites del progresismo latinoamericano ya empezarán a aparecer, como ya ha ocurrido en Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay. México se encuentra actualmente en una fase de ascenso, pero es precisamente en el éxito que encuentran los experimentos progresistas donde encuentran sus límites.

En tiempos de crisis, la izquierda tiene que señalar con el dedo: a la oligarquía, a la casta, a los ultrarricos.

En Bolivia, el progresismo ha sido un éxito, sacando de la pobreza al 30% de la población, redistribuyendo la riqueza y empoderando a los pueblos indígenas. Pero este éxito tiene sus límites: una vez alcanzado un objetivo, puede dejar de tener sentido. La sociedad evoluciona, las demandas cambian y las estructuras sociales se transforman. Por eso, para seguir avanzando, es necesario poner en marcha reformas de segunda generación.

El problema al que se enfrenta actualmente América Latina es que, tras unas reformas de primera generación relativamente exitosas, su impulso se ha detenido. El sistema de redistribución de la riqueza y la intervención del Estado en el mercado interno han dado sus frutos, pero ahora hay que reinventar la forma de producir riqueza. América Latina, por ejemplo, heredó un modelo extractivista. En lugar de dejar que los beneficios se vayan al extranjero, hemos conseguido reinyectarlos en nuestras economías, internalizando los beneficios para financiar la justicia social y ampliar los derechos.

Sin embargo, este sistema se vuelve vulnerable cuando materias primas como el petróleo o el litio pierden su valor. Esto plantea la cuestión de su sostenibilidad. Para que la redistribución de la riqueza deje de depender de las fluctuaciones del mercado, hay que crear un nuevo modelo productivo menos dependiente del precio mundial de las materias primas. Esto representa una reforma de segunda generación, que no se limita a cambiar la distribución de la riqueza, sino que implica transformar el sistema de producción.

¿Qué palancas se pueden accionar?

Para llevar a cabo estas reformas, necesitamos revisar el sistema fiscal. Cuando los precios de las materias primas eran altos, no había necesidad de reformas fiscales de gran calado, porque los excedentes comerciales permitían financiar la redistribución. Hoy, la situación ha cambiado. Pocos países han introducido reformas fiscales progresivas, como Bolivia, que ha intentado introducir un sistema más justo. Para que el progresismo perdure, es crucial introducir reformas que incluyan una mayor tributación de las grandes fortunas.

También tenemos que introducir políticas medioambientales más ambiciosas. En las reformas de primera generación necesitábamos recursos inmediatos. Ahora es crucial desarrollar políticas medioambientales más estrictas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico.

Las presidencias de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México podrían dar lugar a un híbrido de reformas de primera y segunda generación. Pero existe un riesgo: todo dependerá de la lucidez de los movimientos progresistas y de la audacia de los dirigentes. En tiempos de crisis, se necesita un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. La estrategia de Kamala Harris de promover el consenso y la unidad ha fracasado. Este tipo de retórica tiene su lugar en un periodo de estabilidad, pero en tiempos de crisis hay que señalar con el dedo: a la oligarquía, a la casta, a los ultrarricos. Hay que encontrar un adversario al que enfrentarse.

Yo no diría que la política económica de Javier Milei ha fracasado: a corto plazo, ha conseguido reducir la inflación

Entre los líderes de la derecha latinoamericana, es Javier Milei quien más claramente pretende proponer un modelo alternativo. Qué opina de los primeros meses de su presidencia?

Yo no diría que la política económica de Javier Milei ha fracasado, aunque ha tenido un coste social considerable. A corto plazo, ha conseguido reducir la inflación, pero a costa de una recesión, de despidos y de la destrucción de la industria local. Se encuentra en una situación paradójica: aunque ha conseguido domar la inflación, esto no es sostenible, entre otras cosas porque los dólares no entran. El FMI no ha proporcionado ninguna ayuda significativa y, aunque las principales empresas argentinas han invertido en estrategias financieras en el extranjero, es probable que los resultados económicos a largo plazo sean insostenibles.

Lo que hace que la victoria temporal de Milei sea complicada para la izquierda es que, en el lado de la oposición, no hay una verdadera contrapropuesta. Cuando se pregunta a alguien cómo resolver la inflación, todo el mundo permanece en silencio. Esta falta de alternativa permite a Milei conservar cierta legitimidad, a pesar de la naturaleza destructiva de sus medidas.

En Bolivia, la izquierda se desgarra. El ex presidente Evo Morales y el actual jefe de Estado Luis Arce mantienen una lucha fratricida. ¿Cómo ve usted la situación?

Lo que estamos presenciando en Bolivia es una lucha entre dos personalidades que expresa algo más profundo: la transición de la primera a la segunda ola progresista. Esta lucha es sintomática de la disminución de la eficacia de las reformas.

Las discusiones dentro del partido MAS no giran en torno a este tema, sino al candidato para las próximas elecciones presidenciales. Esto revela otra limitación, que tiene que ver con el carácter altamente personalizado del proceso progresista boliviano. Evo Morales encarna un liderazgo indígena, y hay que recordar que el Estado plurinacional es obra de los pueblos indígenas. ¿Podrá continuar? ¿O sufrirán los pueblos indígenas una especie de expropiación por parte de las clases medias criollas?

La tercera cuestión es cómo pasar del liderazgo carismático al liderazgo rutinario. Nadie ha encontrado aún la solución. No ha funcionado en Bolivia, Argentina, Ecuador o, en cierta medida, Brasil -donde Dilma Rousseff parece haber sido un mero paréntesis antes del regreso de Lula-.

-Traducción desde el francés al castellano por software

*Fuente: LVSL

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En medio de una reunión con representantes indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos el presidente Gustavo Petro hizo una reflexión sobre el peligro del poder mal manejado y lo comparó con “una droga” que puede generar adicción. Durante su intervención lanzó la frase “Salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño”, la cual fue recibida con aplausos.

El articulo Presidente Petro compara el poder con la droga y advierte de su peligro apareció primero en piensaChile.

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819, de la mano del Libertador Simón Bolívar, que marca el final de la colonización. Al menos la de la española. Esa es la fecha en que, cada cuatro años, toman posesión los nuevos presidentes del país.

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arrancó este domingo ante el júbilo popular. Llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo. Gustavo Petro, un economista progresista, exguerrillero y ecologista, y Francia Márquez, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. La conjunción de ambos afirmó el imaginario colectivo con que se inicia un gobierno popular.

Ante cientos de miles de personas en la céntrica plaza Bolívar del centro de Bogotá, Petro tomó juramento en una emotiva ceremonia cargada de simbolismo: el recuerdo a su compañero Carlos Pizarro -asesinado por el terrorismo de Estado en 1990- y la primera decisión presidencial, que quiebra una orden de Iván Duque.

Hacia las 3:20 de la tarde de este 7 de agosto, 203 años después de la batalla de Boyacá, el centroizquierdista Gustavo Petro juró como nuevo primer mandatario. El evento lo presidió el presidente del Congreso, Roy Barreras. Luego, Gustavo Petro le tomó el juramento a la nueva vicepresidenta de la Nación, Francia Márquez Mina.

“Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, una historia que fue interrumpida por las balas asesinas pero que gracias a que usted -Petro- encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce, la senadora María José Pizarro”, señaló Barreras, desatando ovaciones y aplausos entre los miles de personas que arribaron a la Plaza de Bolívar para presenciar la toma de posesión de Petro.

María José, senadora, artista plástica y copresidenta de la Comisión de Paz, es hija del comandante del Movimiento 18 de Abril (M-19) –el movimiento guerrillero donde militara Petro- y candidato presidencial Carlos Pizarro Leóngómez, asesinado el 26 de abril de 1990.

Tras asumir el poder, Petro le ordenó a la Casa Militar que trajera la Espada de Bolívar, la misma que el M-19 robó y luego entregó. El expresidente Iván Duque no dio el aval para que la misma fuera usada en la posesión de su sucesor, por lo que esa solicitud fue el primer decreto que Petro tomó como nuevo presidente.

Acto seguido, le tomó el juramento a Francia, quien aseguró: “Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, también juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

En el Macondo de Gabriel García Márquez, la historia da vueltas en redondo y lo cierto es que el conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria.

Y la Colombia de los gobiernos derechistas y ultraderechistas, era un país algodonero con sus propios telares industriales, hoy no produce ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Pero también importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

En medio de la violencia, con mil vientos en contra, cada nuevo día, los colombianos saben  hay que rebuscar cómo seguir viviendo y sobreviviendo.

Raíces

El Parque Tercer Milenio se bamboleó el sábado con un ritual indígena que le dio la bienvenida primero a Francia Márquez y más tarde a Gustavo Petro. Entre el millar de asistentes había familias con hijos, jóvenes, militantes, pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y zonas rurales de toda Colombia.

Con cánticos en lenguas ancentrales de los «mayores» y un gran mandala lleno de elementos de la naturaleza, la vicepresidenta y el presidente electos por la alianza Pacto Histórico fueron investidos espiritualmente en la víspera de la toma de posesión formal del domingo.

Será el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia y allí Petro se dirigió a los diversos movimientos sociales. «Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de la paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular».

Prometió inaugurar «un gobierno con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales. El presidente los convoca a organizarse» y construir una democracia multicolor. «Es una construcción nueva, democrática. Nunca se ha vivido en el país una democracia multicolor. El gobierno se pone al servicio de su pueblo».

De Boyacá a la actualidad

Dos horas. Eso fue lo que duró la batalla de Boyacá, el enfrentamiento entre las tropas reales y las libertadoras cerca de Tunja, que marcó el fin del dominio español sobre el territorio de lo que entonces era Nueva Granada el 7 de agosto de 1819 y dio paso a la creación de la «Gran Colombia» de Simón Bolívar.

El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

Ella

Francia es mucho más que la vicepresidenta, es el puente de lo particular a lo universal político; es un impulso desde el territorio hacia un horizonte de dignidad compartida, que habla de un futuro mucho más fértil. Francia Elena Márquez Mina nació en 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento de La Toma, al sur de Colombia, una región montañosa, fértil y rica en oro, cercana al océano Pacífico y justo antes del valle geográfico del río Cauca.

Francia  es la articuladora del mundo popular. Esta mujer afrodescendiente, feminista, anticapitalista, dijo que tienen enfrente a la «elite más peligrosa de la región», en clara alusión al probable acecho que tendrán de los sectores más conservadores del país. Por eso, insistió en el Gran Acuerdo Nacional para trabajar por el respeto a la vida y la paz.

Durante la Colonia, todas las minas eran propiedad de la Corona y se daban en concesión a familias acaudaladas. Cuenta Alfredo Molano Bravo –el más notable cronista del conflicto social en Colombia– que al principio la mano de obra en esa región fue indígena, pero las rebeliones fueron constantes y los españoles decidieron comprar esclavos africanos para la explotación del oro, pero también para el trabajo complementario en las haciendas de la planicie: la ganadería y la caña de azúcar.

Para disminuir costos de alimentación los patrones permitían a los esclavos que trabajaran la tierra cercana a la mina. Eso determinó que, desde mediados del siglo XVII hasta hoy, las familias tradicionales de la región no fueran sólo mineras, sino además agricultoras.

En la Colonia, y luego en la Independencia, cambiaban poco a poco los beneficiarios de las concesiones en la región, los grandes apellidos y hasta comunidades religiosas se repartían la tierra y las minas, negociaban montañas enteras desde las ciudades, pero las familias afrodescendientes permanecían.

Con la abolición de la esclavitud en 1851 hubo una indemnización a los esclavistas, pero se les dijo a los esclavos libertos que si querían seguir trabajando las minas –que ya habían trabajado en condición de esclavitud por doscientos años– debían arrendarlas o comprarlas. Es decir, no sólo no los indemnizaron por la injusticia histórica, sino que pasaron de trabajar como esclavos a pagar para poder trabajar en su propio territorio.

Francia tuvo su primer hijo a los dieciséis años (con un hombre que se fue). Trabajó en la mina hasta el día anterior al parto, que fue asistido por su madre, así como el de su segundo hijo algunos años después. Le tocó ser madre soltera, pero vivía en la casa familiar, y a veces vivían allí hasta más de veinte personas. Mamá, abuela, hermanas y hermanos, tíos… todos daban una mano en la crianza.

Muchas veces, por dedicar jornadas enteras al activismo, temió que al no trabajar en la mina no tendría con qué alimentar a sus hijos, pero su familia grande estuvo allí. Cuando estudiaba derecho en Cali no tenía el dinero de la matrícula, y algunos profesores la sacaban antes de los exámenes al comprobar en una lista que aún no había pagado. Tuvo que posponer varios semestres por falta de recursos.

Trabajó como empleada doméstica, donde no le pagaban ni el salario mínimo, y llegó a montar un pequeño local de tamales con sus primas –que tuvieron que cerrar después de recibir amenazas– para el que se despertaba a las tres de la mañana. Entre tanto continuaba su activismo político. Si bien ésta es la historia de Francia Márquez, también es la historia de la mayoría social en uno de los países más desiguales del planeta.

El 17 de noviembre de 2014, 15 mujeres salieron de La Toma –junto a treinta jóvenes que se convirtieron en guardianes cimarrones–, pasaron por otras comunidades, dialogando, explicando la necesidad de interpelar directamente al gobierno nacional, y muchas otras mujeres se fueron sumando en el camino. Después de nueve días de marcha, cuando llegaron a Bogotá, ya no eran quince sino ochenta mujeres.

La marcha de los turbantes –el nombre de la movilización– empezó a sonar en cada vez más medios, y Santos se vio forzado a establecer una mesa de diálogo. Se lograron valiosos reconocimientos y una serie de acuerdos (que, como de costumbre, el gobierno terminó incumpliendo), pero sobre todo se logró una gran visibilidad nacional e internacional.

La marcha de los turbantes era la muestra de una crisis ecológica y social que se replicaba en todo el país, pero también de una sociedad civil que –en simultáneo al Proceso de Paz con las FARC– ya no estaba dispuesta a soportar impotente hasta que las instituciones les prestaran atención, sino que estaba dispuesta a tomarse las instituciones mismas.

En Bogotá y en toda Colombia se sigue festejando, con la convicción de que Iván Duque fue el último presidente de la vieja Colombia. El lunes empezará la tarea titánica: la paz, la distribución de la riqueza, la igualdad, la Colombia Humana, ya no como slogan, sino como realidad de construcción política, por primera vez desde el Estado colombiano.

–El autor, Camilo Rengifo Marín, es economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

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06 de agosto de 2022
El lunes 27 de junio, Gustavo Petro concedió su primera entrevista a la prensa internacional como presidente electo de Colombia. Recostado en el sofá de su casa en los suburbios del norte de Bogotá —con jeans, mocasines y un nuevo corte de pelo, flanqueado por fotografías de su esposa e hijos— Petro exudaba la confianza que le dio su convincente victoria electoral sobre su oponente Rodolfo Hernández una semana antes. Sus respuestas, sin embargo, pesan en el ámbito “¿Por qué ha tardado tanto Colombia en tener un presidente de izquierda? ¿No siente que, si Usted falla, se van a cerrar las puertas a otros candidatos en el futuro?” “Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo,”, respondió Petro. “yo no puedo fallar” agregó.

La premonición de Petro refleja la fragilidad del momento político. ¿El establishment colombiano —el partido del presidente saliente Iván Duque, los reguladores en el Consejo Nacional Electoral, las fuerzas armadas y los sindicatos paramilitares, el Departamento de Estado de EU y el Comando Sur— realmente lo dejó ganar? Durante el último medio siglo, prácticamente todos los países de América Latina han visto una victoria de la izquierda, desde proyectos revolucionarios en Nicaragua y Venezuela hasta gobiernos de la Marea Rosa en Brasil y Argentina.

No es así en Colombia. Los candidatos de izquierda que estuvieron cerca del poder —Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez en 1990— fueron abatidos. Y Petro fue una excepción fallida por un pelo. Durante una de sus primeras candidaturas presidenciales, allá por 2018, unos pistoleros abrieron fuego contra su automóvil tras un acto de campaña en la ciudad de Cúcuta. Sólo los refuerzos antibalas de las ventanas le salvaron la vida.

“El espectro de la muerte nos acompaña”, dijo Petro a la Agencia France-Presse en febrero. Tres semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Petro se vio obligado a suspender su campaña tras recibir un aviso sobre un intento de asesinato por parte del grupo paramilitar de derecha La Cordillera. A partir de entonces, apareció en el escenario rodeado de guardaespaldas con escudos antibalas. Las amenazas de los paramilitares siguieron llegando, no sólo dirigidas a Petro, sino a la coalición más amplia del Pacto Histórico que lo respaldaba.

En febrero de 2021, el Pacto consiguió por primera vez reunir a las fragmentadas fuerzas de centroizquierda del país en un único vehículo electoral, que abarcaba a liberales y verdes, socialdemócratas y comunistas, activistas indígenas y movimientos sociales. Aprovechando la energía del Paro Nacional de 2021 —cuando millones de colombianos salieron a las calles para protestar contra las reformas de austeridad del presidente Duque y se enfrentaron a la violenta represión de la poli—, el Pacto se impuso en las elecciones legislativas de marzo y se convirtió en la mayor fuerza del Congreso. Los paramilitares estaban desesperados por vengarse. Al comienzo de la campaña presidencial de Petro, los narcoterroristas de las Águilas Negras advirtieron que “los exterminaremos como las ratas que no dejan de ser”.

Es tentador ver estas amenazas como una intervención externa en el proceso democrático. Pero la violencia ha sido durante mucho tiempo un principio estructurador de la política colombiana. Después de la guerra civil de 1948-1958 —La Violencia, en la que liberales y conservadores se enfrentaron hasta llegar a un punto muerto— los dos partidos acordaron establecer el Frente Nacional: un acuerdo antidemocrático en el que el poder rotaría entre ellos. Esto desencadenó una serie de guerras de guerrillas, en las que grupos de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lucharon para ampliar la participación política y promover los intereses de las comunidades campesinas marginadas.

Estas fuerzas, que controlaban amplios sectores del campo, se enfrentaron al gobierno colombiano y a sus asociados paramilitares, que regularmente atacaban y asesinaban a sindicalistas, defensores de la tierra y defensores de los derechos humanos. Sólo recientemente hemos conocido la verdadera magnitud de estas atrocidades; el mes pasado, la Comisión de la Verdad de Colombia publicó un informe exhaustivo que documentaba 450.000 muertes en total, más del doble de la cifra citada habitualmente.

En 2016, después de años de negociaciones en La Habana, el entonces presidente Juan Manuel Santos negoció los Acuerdos de Paz con las FARC que precipitaron su transición a la política parlamentaria bajo el nuevo nombre de Comunes (mientras las conversaciones con el ELN se rompieron, y el grupo juró seguir luchando). Sin embargo, lejos de poner fin al conflicto, esto creó un vacío en los antiguos territorios de las FARC que desde entonces han llenado los paramilitares de derecha, decididos a repudiar el acuerdo de paz y a continuar su guerra sucia contra la izquierda. Según el Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, más de 1.300 líderes sociales han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, incluidos casi 300 de los propios firmantes.

Sólo este año se han producido más de 85 asesinatos de este tipo. Esto se debe en gran medida al presidente Duque, que hizo campaña con la promesa de desmantelar los acuerdos. Aunque Duque no pudo derogarlos oficialmente, se negó a cumplir sus estipulaciones. Una coalición de 275 ONG colombianas le acusó de “renunciando a los diálogos de paz con el ELN, dejando de lado la lucha contra el paramilitarismo, y generando condiciones para el aumento de la impunidad y la presencia de actores armados ilegales en todo el país”.

Desde hace años, los inversores en Colombia habían advertido de la existencia de una «cláusula Petro» especial en sus contratos, que estipulaba su intención de incumplir sus obligaciones y huir del país si Petro ganaba la presidencia. Su campaña de 2022 trató de calmar sus nervios. El 18 de abril, Petro convocó a periodistas a una notaría donde firmó un juramento que comprometía su propuesta de transformación para este país: “no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación”.

Más tarde, comenzó a tuitear informes del Bank of America que legitimaban su programa de gobierno, junto con los avales de Noam Chomsky y Slavoj Žižek. Este fue el punto de encuentro ideológico que llevó a Petro al poder. “Es que yo ya no divido la política entre izquierda y derecha, como se hacía en el siglo XX”, dijo Petro en una entrevista el año pasado, “La política en el siglo XXI está atravesada por otra inquietud diferente (…) Hay dos grandes campos que son la política de la vida y la de la muerte», afirmó.

Esta arquitectura de la violencia política es en parte el resultado de la colaboración entre Bogotá y Washington. En la ceremonia de la Comisión de la Verdad, se hicieron públicos documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional que revelan el alcance de la complicidad de la CIA en el asesinato selectivo de trabajadores, campesinos y guerrilleros. Un informe de la CIA de 1988 transmite información de inteligencia sobre una masacre de trabajadores agrícolas sindicalizados, coordinada por militares colombianos.

Otro informe de 1997 detalla la violencia paramilitar organizada por empresas petroleras privadas y patrocinada por las fuerzas armadas colombianas. Un memorando secreto del Pentágono dirigido a Donald Rumsfeld en 2003 mencionó «Éxitos recientes contra el FARC colombiana» donde se jacta de que las unidades de comandos entrenadas por los EU «rindieron frutos» en forma de 543 asesinatos selectivos sólo en los primeros siete meses de ese año.

Bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos firmó el llamado «Plan Colombia» para enviar armas a los militares colombianos bajo la bandera de la “Guerra contra las Drogas”. Su presupuesto de 7.500 millones de dólares debía destinarse a entrenar y equipar a las fuerzas armadas colombianas para erradicar la producción de cocaína. De hecho, ocurrió lo contrario: la producción de cocaína está floreciendo en las zonas rurales con 1.228 toneladas métricas sólo en 2020 y un aumento del 10% respecto al año anterior. En lugar de acabar con el tráfico de drogas, las armas estadounidenses encontraron un propósito diferente: proteger los intereses de los inversores extranjeros.

La relación inversor-Estado en Colombia viene de lejos. Ya en 1928, el ejército colombiano mató a varios cientos de trabajadores de la United Fruit Company en huelga en la ciudad de Ciénaga, en lo que se conoció como la Masacre de las bananeras. Cincuenta años más tarde, se descubrió que la misma empresa había pagado más de 1,7 millones de dólares a un grupo paramilitar de extrema derecha para aterrorizar a las comunidades y torturar a los sindicalistas en las regiones bananeras del país.

En la actualidad, estas actividades continúan en las regiones mineras, madereras y de perforación petroleras de Colombia, todo ello con el respaldo tácito del gobierno estadounidense. Como me dijeron los miembros de la organización de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), «nada ocurre en Colombia sin el conocimiento y el consentimiento de los gringos».

Si la violencia política de Colombia es alimentada por actores extranjeros, también se exporta al exterior. En septiembre de 2019, dos ex miembros de las fuerzas especiales del ejército estadounidense se asociaron con ex soldados venezolanos que se entrenaban en Colombia para liderar un fallido intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Tres meses más tarde, según el secretario de Defensa de Trump, Mark Esper, la Casa Blanca volvió a considerar la posibilidad de intentar derrocar a Maduro con mercenarios entrenados por Estados Unidos en Colombia.

Al año siguiente, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en Puerto Príncipe por un grupo de ex soldados colombianos disfrazados de agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). El Departamento de Defensa de Biden reveló posteriormente que varios de los mercenarios habían recibido formación militar en Estados Unidos.

Es la centralidad de Colombia en la historia hemisférica lo que hace que la victoria de Petro sea tan improbable como importante. A finales de la primera década del Siglo XXI, Colombia desempeñó un papel fundamental en la obstrucción de la integración regional de los gobiernos progresistas, utilizando su poder de veto en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para frustrar las ambiciones de construir instituciones que disminuyeran su dependencia de Estados Unidos.

Una década más tarde, al comienzo de la siguiente Marea Rosa, Colombia siguió siendo un saboteador comprometido de la izquierda latinoamericana. Durante las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2021, la administración derechista colombiana participó en una operación de falsa bandera contra el candidato izquierdista Andrés Arauz. Se publicó en Internet un vídeo que parecía mostrar al ELN declarando su apoyo a Arauz. El gobierno de Duque afirmó entonces haber obtenido portátiles pertenecientes al ELN que contenían pruebas de que el grupo guerrillero estaba financiando ilegalmente la campaña de Arauz.

El Fiscal General de Colombia llegó a volar a la capital ecuatoriana para entregar estos portátiles —sólo para que toda la historia fuera desmentida por un ornitólogo que reconoció que los sonidos de las aves en el vídeo, supuestamente del ELN, no eran nativos de Colombia—. Sin embargo, el daño a Arauz ya estaba hecho. Menos de un mes después de la visita del Fiscal General de Colombia, el oponente de Arauz —el banquero y evasor de impuestos Guillermo Lasso— ganó por menos de 5%.

La perspectiva de una intervención extranjera acechó la campaña presidencial de Petro. Durante meses, el Departamento de Estado de EU había expresado su «preocupación» por la posibilidad de que Rusia interfiriera en las elecciones para ayudar al candidato de izquierda. Apenas nueve días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Secretario de Defensa de EU, Lloyd J. Austin III, recibió al Ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, en el Pentágono para anunciar un nuevo plan de «profundización» de los lazos militares entre los dos países. Tres días más tarde, Biden designó oficialmente a Colombia como «principal aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN».

Uno podría perdonar la lectura de estos gestos ejecutivos como una amenaza velada. “Colombia se enfrenta al momento más peligroso de su historia moderna», declaró la congresista republicana de EU María Elvira Salazar el mismo fin de semana de las elecciones colombianas. “Petro es un ladrón, un terrorista y marxista… Nosotros, en la Comisión de Asuntos Exteriores, decimos contundentemente… El comunismo es una amenaza y la mayor amenaza en este momento existe en Colombia”.

Pero si los temores a la intervención de Putin eran exagerados, también lo eran los del «comunismo» de Petro. Nacido en el seno de una familia humilde en una pequeña ciudad del norte de Colombia, a los diecisiete años Petro se unió a otros estudiantes y activistas en la formación del movimiento guerrillero urbano M-19, donde almacenó armas robadas y ayudó a coordinar una campaña por los derechos democráticos. El M-19 se ganó su infamia con el asedio al Palacio de Justicia en 1985, en el que los guerrilleros tomaron 300 rehenes dentro de la Corte Suprema. En 1990, el M-19 firmó un tratado de paz y se desarmó; un año después, su recién fundado partido político ayudó a redactar la Constitución del país, y Petro comenzó su carrera parlamentaria en la Cámara de Representantes.

En 2010, Petro lanzó su primera campaña presidencial. Sólo obtuvo el 6% de los votos, pero consiguió el premio de la Alcaldía de Bogotá. Allí, en la capital del país, Petro suscitó la ira de la derecha colombiana por haber destapado una gran corrupción en el sistema de contratos municipales. El presidente Santos intentó destituirlo, alegando errores administrativos en el sistema de recolección de basuras, para luego restituirlo un mes después por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Durante mi mandato tuvimos los niveles de empleo más altos jamás vistos en Bogotá y altos niveles de inversión extranjera», dijo Petro al Financial Times. “Los inversores extranjeros no se asustaron sólo porque el alcalde se llamase Gustavo Petro». Petro ha confesado: «he estudiado con alguna profundidad a Marx», pero su programa presidencial se despojó de este radicalismo para centrarse en reformas socialdemócratas básicas de los servicios de salud, educación y pensiones. (En todo caso, cuando se trata de filosofía, Petro dice: «en filosofía me aparto de la dialéctica y prefiero a Foucault»).

No hay representante más potente del primer bando que Francia Márquez. Criada en la empobrecida aldea tropical de Yolombó, Márquez ha participado activamente en la lucha contra el extraccionismo desde los trece años, cuando se unió a la exitosa lucha contra las corporaciones mineras que pretendían desviar el río Ovejas que sostenía su comunidad. En 2014, cuando mineros respaldados por la fuerza paramilitar descendieron sobre su región en busca de oro, Márquez organizó una marcha de mujeres desde las altas montañas del Cauca hacía la capital, Bogotá.

El gobierno nacional la calificó de “Amenaza para la seguridad nacional”; pero la marcha continuó y sus participantes establecieron un campamento frente al Congreso hasta que consiguieron una reunión con el viceministro. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras», dijo Márquez a los manifestantes. Ese diciembre, llegó a un acuerdo con el gobierno para desmantelar la minería ilegal en la región y crear una fuerza especial para combatir su aumento en todo el país.

En 2022, Márquez anunció su candidatura a la presidencia en la Convención Nacional Feminista. En las primarias presidenciales del Pacto que siguieron, Márquez obtuvo más de 750.000 votos, asegurando su lugar en la candidatura de Petro. Juntos, cubrieron un terreno considerable para el Pacto en su lanzamiento al país. A menudo oí la misma palabra para describir su candidatura entre los activistas: encarna, tanto literal como figurativamente, las luchas contra la esclavitud, el colonialismo y la explotación. No es de extrañar que Márquez se enfrentase a tantos abusos racistas y clasistas a lo largo de la campaña.

¿Qué puede ser más ofensivo para la sensibilidad colonial de la clase suburbana colombiana que una antigua trabajadora doméstica caminando orgullosa por el Palacio de Nariño? Pero la noche de las elecciones, los «nadies» —el cariñoso apelativo de Márquez para referirse a los colombianos marginados— votaron más que sus élites. Los índices de participación se dispararon en un 5%, 6% y 7% en las regiones del Pacífico, el Caribe y la Amazonia de Colombia. En un país dominado durante mucho tiempo por las ciudades del corazón andino, estas elecciones señalaron el ascenso de las periferias.

En los días previos a la segunda vuelta de desempate, Petro abandonó los grandes actos de campaña para centrarse en estas regiones olvidadas. Pasó la noche en la casa de un pescador, cortó caña de azúcar por la mañana, recogió café por la tarde y compartió un trago con camioneros y taxistas la noche siguiente. Todo ello contrastó con su adversario Hernández. Un septuagenario con mucho botox y pelo implantado, que se presentó como un magnate de la construcción tan rico que nunca podría ser corrompido por un cargo político, una afirmación socavada por la investigación en curso sobre su corrupción como alcalde de Bucaramanga, lugar donde había construido un personaje político basado en el ingenio rápido, el mal genio y la lealtad absoluta a la reforma neoliberal. («Era el verdugo de los trabajadores”, comentó un sindicalista al New York Times).

Hernández, un auto publicista, propenso a meter la pata, que una vez había dicho a un entrevistador «Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler», no ha sido la primera opción del establishment. El ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ganó el respaldo de todos los partidos tradicionales; sin embargo, su reputación como sucesor ungido de Duque, junto con su falta de carisma y su plataforma política poco convincente, sellaron su derrota en la primera vuelta, donde sólo obtuvo el 23% de los votos.

La responsabilidad de mantener a Petro fuera del Nariño había recaído sobre Hernández, que se negó a conceder entrevistas, asistir a debates o celebrar actos políticos. En su lugar, confió en un joven gestor de redes sociales y en un software llamado Wappid, que utiliza técnicas de mercadeo estilo Ponzi para registrar a sus seguidores y activar sus redes de WhatsApp. “[Hernández] no llena las plazas públicas, declaró con orgullo el director general de Wappid. “Él va y crea su red [digital] y la red hace el trabajo por él”.

Diez días antes de las elecciones, Hernández llevó este ausentismo al extremo al abandonar el país. “Por mi seguridad […] he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, afirmó desde Miami, Florida. El momento de su salida, sin embargo, tuvo menos que ver con las preocupaciones de seguridad que con las prioridades de sus aliados conservadores para despejar el camino para su último intento de sabotear a Petro. Apenas dos días después, se filtró a la prensa un enorme alijo de grabaciones secretas de reuniones privadas de la campaña de Petro.

Rápidamente bautizada como los «Petrovideos», la filtración supuestamente exponía varios delitos y faltas del Pacto. En la semana previa a la votación, la prensa de derecha publicó una serie de noticias que esperaban escandalizar a la opinión pública. “Colombia no había vivido un escándalo de la magnitud de los ‘petrovideos’, en sus campañas presidenciales”, escribió la revista derechista Semana sobre su propia primicia.

Pero el contenido de las grabaciones fue menos sensacionalista que su presentación. Se habló mucho, por ejemplo, de una reunión de campaña en la que la esposa de Petro lo describió como «terco». Este fue un caso de Pastorcito mentiroso: publicaciones como Semana habían calumniado a Petro tantas veces a lo largo de los años —photoshopiando su rostro sobre criminales, inventando acusaciones de terrorismo— que el público se mantuvo en gran medida impasible. (Durante la campaña de Petro en 2018, Semana llegó a reproducir el rumor de que la actriz pornográfica Mia Khalifa era, de hecho, la hija del candidato).

Hernández regresó al país justo a tiempo para que un Tribunal Superior emitiera un fallo en el que ambos candidatos debían asistir a un debate presidencial para exponer sus propuestas políticas. Cuando él negó asistir, su reputación no se recuperó. Petro se convirtió en el candidato de la transparencia, mientras que Hernández parecía escurridizo y evasivo.

A las 16:20 del 19 de junio, apenas veinte minutos después de empezar a contar los votos, Petro sabía que había ganado. La participación récord en las regiones más pobres coincidió con la disminución de la participación en los centros conservadores. Hernández se vio atrapado en un aprieto fatal: para presentarse como un insurgente populista, necesitaba distanciarse del establishment y rechazar sus ofertas formales de coalición. Se presentó a las elecciones como independiente respaldado por una alianza «anticorrupción» que se había establecido a toda prisa.

Sin embargo, para ganar, también necesitaba reunir en gran número a los partidarios de los principales partidos de derecha, para compensar la base galvanizada de la campaña de Petro-Márquez. Este acto de equilibrio requería un nivel de habilidad estratégica que no pudo alcanzar Hernández. Su destartalada coalición no podía competir con el Pacto, construido con cuidado y esfuerzo durante sus años en la oposición.

Petro se prepara ahora para tomar las riendas del gobierno con tres prioridades programáticas: «paz, justicia social y justicia medioambiental». Espera convocar un nuevo proceso internacional que pueda cumplir con la promesa de los acuerdos de 2016, llevando a la guerrilla, los paramilitares, los campesinos y las fuerzas armadas de nuevo a la mesa para negociar los términos del desarme y la redistribución de la tierra. También tiene previsto aumentar los impuestos a la élite colombiana —para financiar las pensiones de los ancianos, los planes de bienestar familiar y la educación universitaria gratuita—, al tiempo que encamina a Colombia hacia una transición de una década, alejándose de los combustibles fósiles y pasando a una cartera de exportaciones legales, sostenibles y económicamente viables.

“Nuestros tres principales productos de exportación, son tres venenos”, ha dicho Petro sobre el carbón, el petróleo y la cocaína. Su promesa es sustituirlos por industrias de alto valor y cultivos de marihuana, y hacerlo rápido: “las reformas se hacen en el primer año o no se hacen”.

El articulo Colombia: La premonición del presidente Petro apareció primero en piensaChile.

Artículo escrito el 16 de agosto de 2020, por Gustavo Petro, actual Presidente Electo de Colombia.

Hace unos días me encontré en mi casa con un exgeneral del Ejército. Me contó que de joven había estado al frente de la tarea de perseguirme y capturarme en Zipaquirá. Me presentó a su esposa y conversamos como viejos conocidos, como ex militares de una guerra añeja, perpetua, que ambos deseamos que se acabe. Nos encontramos como amigos. Él, lleno de victorias militares y yo, con mis mismos deseos de joven, quizás también de victorias, si como victoria entendemos el simple hecho de seguir vivos.

Hablando con él, llegamos a la conclusión de que quienes hacen la guerra en Colombia no son en realidad los hombres de uniforme, sino los políticos, los que se apropian del poder y la riqueza.

El exgeneral me trajo un regalo que me hizo estremecer, un obsequio que me deja una herida, un dolorcillo en el corazón, una tristeza, una nostalgia. Me entregó las fotocopias del diario de campaña de “La Chiqui”: Carmenza Cardona Londoño. La jovencita que puso a sus pies al gobierno de Turbay, en la toma de la Embajada Dominicana. La mujer, pequeña de estatura, pero de inmensa valentía, que con su brazo en alto y su capucha nos puso a soñar a muchos, cuando le gritó a toda Colombia, en 1980: ¡Dignidad!

En una agenda de Ecopetrol, Carmenza, quien se hacía llamar Natalia, escribió su día a día. Narró casi cuatro meses de travesía armada por el Chocó, desde el mar donde desembarcó con sus compañeros soñadores, hasta el Alto Andagueda, ya en Risaralda.

Devoré ese diario en menos de dos horas hasta que llegué a la página en blanco que seguía a su última palabra. Ese blanco inmenso en el que más nunca escribirá ella; ese blanco que ya no se llenará de palabras; el blanco de un autor desaparecido, el blanco de las palabras que ya no estarán. Esa página en blanco, al final de su última palabra, estaba llena de su muerte en combate. Ese blanco que me dejó un nudo en la garganta, una impotencia.

Allí en esas páginas, con su clara letra femenina, volví un poco a reencontrarme. Era abril de 1981, yo tenía 21 años cuando eso. Quizás había festejado mi cumpleaños con mi mama, mi padre, y mis hermanos, quizás estaba aún tranquilo soñando revoluciones en Zipaquirá, aun estudiante de economía, mientras ella, a punta de valentía, atravesaba esas selvas espesas y esos ríos caudalosos, soportando la persecución permanente de los helicópteros y la infantería del ejército.

Su diario estaba en su mochila ensangrentada y les permitió saber a quienes la abatieron, su nombre, su gigante significado, el símbolo enorme de aquella que estaba arrojada en la trocha, en medio de aquel inmenso verde esplendoroso que admiró el día anterior, y sobre el cual escribió. Seguro algún mando del ejército guardó ese diario, y seguro alguien le sacó fotocopias. Sin que nadie en Colombia lo supiera, el diario esperó 40 años, mucho más que la edad que alcanzó a tener su autora, antes de llegar a mis manos. Ahora no puedo menos que comprometerme a publicarlo.

Leyendo esas páginas encontré mis propios recuerdos, los bríos que nos acompañaban e impulsaban, esa ingenuidad romántica de pensar que Colombia se podía cambiar, esa ilusión de joven, de mujer, rompiendo el dolor físico, las llagas de sus pies, el dolor de su columna por el peso. Ese trasegar sin quejas día y noche, esos días llenos de lluvias, de marchas, de hambre, persiguiendo como se persigue una estrella, una idea, un sueño.

Las rutinas azarosas de los días pasaron por esas páginas. Los últimos meses de la vida de Carmenza Cardona están allí escritos con doloroso amor. Acababan de celebrar un 19 de abril y en su última página escrita se apreciaba un nivel moral tan alto, un sentimiento de victoria tan sublime, que en cierta forma era también un sentimiento de paz. De haber logrado la proeza de atravesar durante meses las tierras del Chocó para llegar luego a las altas tierras desde donde soñaba con hacer una revolución, hubiera convergido en un torrente enorme de transformación para el país.

Su cuerpo nunca fue entregado. Está enterrado allí en esas tierras de indígenas emberas y, sin embargo, hoy una parte de su vida está entre mis manos. Su diario la resucita, para las mujeres jóvenes de hoy.

Allí en esas páginas hay un hilo conductor. Su paso por caseríos innombrables, lejanos y aislados, llenos de mineros negros y pescadores, de indígenas emberas.

Nos describe Carmenza, la pobreza, el hambre, el abandono. La alegría de esos pueblos al recibir a los hombres y mujeres del M19, el encuentro con la esperanza.

Pueblos negros descendientes de los esclavos que trajeron los españoles a la fuerza y sobre los cuales construyeron un sistema económico y político que aún nos persigue.

Carmenza encontraba en esa pobreza, que a veces se lee insípida en los libros, en las estadísticas, desde las oficinas de los burócratas que gobiernan en Bogotá, el afán de superarla y de vivir. Al dormir allí en los mismos ranchos, al comprar una vaca para darle por primera vez carne a los niños negros, al compartir las escazas medicinas que traía con personas que jamás habían visto un médico, Carmenza se llenaba de ganas de luchar, le encontraba sentido a su existencia.

Pasó cerca de Istmina, por el San Juan, y cruzó el rio Andagueda donde los esperaba una emboscada, combatió dos veces, pero llenó sobre todo sus días, de selva, de lluvias, y del pueblo más pobre de Colombia.

Nunca pensó en desertar o salir corriendo, ni una sola palabra de flaqueza en su diario, nunca un reproche o un resentimiento. A través de su diario se nota que, por esas selvas y esos recónditos parajes de la pobreza colombiana, transitaba una mujer joven llena de amor, transitaba el amor. Porque en lo más inhóspito siempre está el amor.

Carmenza sabía que recorría las tierras de los descendientes de la gente que se había liberado de cadenas, huyendo. Los esclavistas jamás dejaron el poder en Colombia. Se vistieron de virreyes y después de libertadores. Se dieron libertad a sí mismos y luego destruyeron a quienes clamaban por una libertad real para toda la sociedad, hasta que destruyeron el mismo ejercito libertador. Hasta que hicieron de la palabra democracia una burla.

Los esclavistas siguieron gobernando hasta llegar a los tiempos de Carmenza y desde sus privilegios cómodos le lanzaron un ejército para matarla. Ella que se llenaba del aliento de la libertadora de esclavos.

En ese Chocó abandonado, y en el litoral del Valle y del Cauca, y de Nariño, y en los barrios populares de Bogotá, y de Cali, y de Medellín, están los descendientes de estos pueblos emberas y negros que encontraba Carmenza a su paso.

En las décadas que siguieron a la muerte de Carmenza, siguió el desplazamiento del pueblo que abrazaba, siguió la toma mafiosa y paramilitar del territorio, se abalanzó sobre esas tierras el vandalismo de los politiqueros, llegó la minería ilegal que desataron los lavadores de dólares, décadas después. Llegó el destrozo de su territorio, de sus ríos, de sus selvas, la gente salió de allí despavorida e inundó los barrios de pobres de las ciudades.

No lo supo Carmenza, pero de los pueblos pobres que veía, las gentes con las que se abrazaba y bailaba y cantaba, y hablaba de ideas revolucionarias y de un país distinto y justo, tuvieron que salir corriendo con lo poco que tenían, con familias y niños en los brazos, en noches oscuras por ríos miedosos y selvas tupidas, llenos de terror, desplazados por los oscuros gobiernos de los esclavistas.

El pueblo que vio por última vez a Carmenza, nunca sospechó que aquella jovencita en aquellos remotos y húmedos lugares, era la misma que había puesto el mundo a negociar con ella, la misma que había dado órdenes al embajador de los EEUU para que barriera bien la cocina y atendiera con humildad a sus compañeros embajadores, la misma que le había dicho al país que era necesario un Dialogo Nacional para reconstruir la Patria.

La misma que se hizo escuchar del presidente de la república y que había logrado que las primeras páginas de los principales diarios del mundo le sacaran esa, su foto icónica, de mujer bravía gritándole a la humanidad sus verdades.

Ese pueblo que la quería viviendo en esos caseríos y ranchos miserables, terminarían mucho tiempo después de su propia muerte, desplazados, aterrorizados, convertidos en los parias de la tierra, en los parias de siempre, en las víctimas de la injusticia.

Un rio negro y embera saldría de la selva para refugiarse en la gran ciudad, en la Medellín, en la Capital de la República, esperando el abrazo solidario. El que ellos mismo darían si un ciudadano de Medellín, Cali o Bogotá llegase hasta sus tierras, como se lo dieron a Carmenza.

Al acabar de leer el diario, mire mi celular y sus redes. La noticia era la masacre de cinco niños negros en un barrio popular de Cali. Una masacre de niños, como las de los niños bombardeados. 400 niños caídos, bombardeados, miles de niños fusilados, decenas de miles de niños muertos por el hambre y la sed.

Juan Manuel Montaño de15 años, Jair Andrés Cortés de 14 años, Jean Paul Perlaza de 15 años, Leyder Cárdenas de 15 años, Álvaro José Caicedo de 14 años. Todos niños negros, degollados en Llano Verde, cerca de la policía.

Niños degollados ante hombres de machetes ensangrentados que eran miembros de la seguridad de un gran cañaduzal, hombres de negro armados de machete junto a la policía, custodios de una riqueza ajena, la de los antiguos esclavistas, la que monopoliza el uso de la tierra del Valle del Cauca, la que consume la mayor parte de su agua, niños degollados tirados en el cañaduzal donde trabajaron sus padres, sus abuelos sus bisabuelos, sus ascendientes esclavos, esclavos que también eran asesinados en la tierra de los esclavistas.

Una masacre más entre centenares de masacres de Colombia. La masacre del pueblo negro. El genocidio.

Jóvenes a los que, quienes gobiernan el país miran con desdén o ni siquiera miran. A los que les cierran las puertas de la universidad y del buen vivir. A los que persiguen permanentemente bajo el mirar de una policía que aún no entiende que su papel es protegerlos. Jóvenes abandonados por la injusticia social. Hijos descendientes de los esclavos, de los que trajeron a la fuerza para explotar y hacer riqueza para otros.

En esa Cali, donde quedaron condenados al olvido, mientras los apellidos de los esclavistas, después de cinco siglos continúan resplandeciendo en las altas esferas del estado. Descendientes de esclavistas de quienes no solo conservan el apellido, sino la mentalidad del liberticida.

Esos jóvenes eran los que Carmenza abrazaba, 40 años atrás. Cuatro décadas han pasado y la misma alevosía, la misma pobreza, la misma violencia.

40 años han pasado desde que Carmenza escribía el dolor y la rabia que le causaba la pobreza de la gente que encontraba en su deambular de Quijote, y hoy el paisaje social, la realidad del pueblo negro e indígena es la misma.

Colombia es injusta. Un solo norteamericano negro muerto por la policía desencadenó la oleada social que está a punto de acabar con un mandato oprobioso: el de Trump. Aquí miles de jovencitos negros han sido asesinados y la respuesta es el silencio. La apatía de una sociedad acostumbrada a la muerte. Un país que normaliza la violencia y la sumisión.

Colombia Humana ganó electoralmente en la misma tierra por donde anduvo Carmenza. Ganamos en San Juan y en Istmina, los emberas nos apoyaron y cobijaron con sus espíritus nuestra candidatura. Por esas selvas, casi de regreso por el camino que tomó Carmenza, se produjo una oleada electoral de cambio. Ella entró con sus armas, nosotros recorrimos sus pasos con la palabra, el celular que nunca conoció, el pueblo desarmado. Quizás ambos vientos, los que la acompañaron a ella, los que nos acompañaron a nosotros casi cuarenta años después, se encontraron, quizás se entrecruzaron en vientos huracanados, quizás se besaron.

Por las poblaciones de todo el litoral pacífico, por los pueblos y veredas que desde la Boca del San Juan hasta el Risaralda votaron en forma tan mayoritaria y contundente por nuestras ideas y programas, es que debemos entender que la Colombia Humana está para generar la esperanza, para generar una nueva libertad, para generar emancipación

Aún millones de personas no han entendido que mientras se masacra a los niños, mientras se masacren a los pueblos, mientras nos olvidemos de la Colombia profunda y abandonada, en la gran Ciudad y en las selvas, no habrá paz.

Carmenza negoció la libertad de decenas de embajadores en una camioneta, ante funcionarios asustados por su juventud y su feminidad digna, pero Carmenza también descubrió que la verdadera paz no llegaría hasta que un dialogo de toda la sociedad permitiría la democracia verdadera y la justicia social, hasta que esos seres humildes y negros que abrazaba con su candor de revolucionaria, no encontraran la Justicia, el cobijo de un estado democrático, la emancipación de ser dueños de su tierra, de sus ríos y de su cielo.

Carmenza en su travesía se encontró con el corazón de Colombia. Hoy sabemos que ese corazón rodea atribulado los hogares de los niños degollados en tierras de los descendientes de los esclavistas. Carmenza allá enterrada en un sitio desconocido en una tierra sorprendentemente verde y Colombia aquí adolorida, saben que el día en que ningún niño sea asesinado, ningún negro, indígena, mujer o trabajador excluido, brillará el comienzo de la historia de un gran país, de una Colombia que merecerá el título de humana.

*Fuente: Cuarto de Hora

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El programa latinoamericano de debate y crítica En la Pirqa, producido y conducido por Nelson Lazarte y quien escribe el presente texto, se entrevistó con el presidente del CNA, Adelso Gallo, campesino del Cauca, nororiente del país,

-¿Cuáles son las características del CNA?

Nuestras luchas son clasistas, o sea, vamos junto a las demás luchas que llevan adelante los demás sectores sociales de Colombia. Nuestro objetivo en particular es la recuperación del campo para las mujeres y los hombres que lo cuidan, trabajan y producen. Otro de nuestros ejes es la defensa de los Derechos Humanos y las transformaciones estructurales en orden a conquistar una vida digna donde podamos caber todos: campesinas y campesinos, como no campesinas y campesinos.

-¿Qué ocurre con la reforma agraria, uno de los objetivos estratégicos del mundo rural latinoamericano y mundial?

Las reformas agrarias que tuvieron algún parecido a las necesidades de la población en Colombia ocurrieron en los años 60 del siglo XX. Pero paulatinamente fueron favoreciendo a los terratenientes y a las políticas de los Estados que administraban los terratenientes. Las reformas agrarias, hasta ahora, sólo han significado despojo y desplazamiento de las comunidades. Cada vez que hay alguna reforma de tierras, quienes quedan lesionados son los campesinos y campesinas que las han poseído, a través del desplazamiento de las comunidades y la concentración latifundista del monocultivo y de áreas que privilegian la producción de narcóticos, que nada tiene que ver con nuestro proyecto.

Esas reformas terminan con la judicialización estatal del campesinado, donde se le da un tratamiento de narcotraficante, incluso en aquellas zonas más remotas en las cuales el campesino intenta encontrar un paño de tierra para trabajar.

-Los combates rurales en América Latina tuvieron un punto de inflexión en la Revolución Mexicana que inició en 1910, hace más de una centuria, bajo el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja”. Ahora bien, en la actualidad, ¿cuáles son los vínculos de las luchas del campo que ustedes llevan adelante con el ámbito de la soberanía alimentaria en Colombia, si es que existe?

Los pueblos todavía no han renunciado ni van a renunciar a la implementación de una reforma agraria integral y popular.

Hoy por hoy, y al igual que en el resto de todo el continente, Colombia es un país dependiente, ya no sólo preso de un grupo de bienes de exportación, sino que depende de una gran cantidad de activos del país para sostener los gastos del Estado, entre ellos, la importación de productos básicos. Aquí no hay garantías para la producción, no existe ningún tipo de subsidio a la producción campesina o al emprendimiento rural. Acá sólo hay créditos muy caros y expropiación de tierras a cargo de los bancos.

Hoy el país está importando más de 13 millones de toneladas de alimentos, cuando contamos con una enorme cantidad de tierra apta para el cultivo. Hablamos de 40 millones de hectáreas cultivables, pero sólo usamos 7 millones. Más aún: esas 7 millones de hectáreas no las está produciendo el campesinado más pobre y humilde, sino que las clases sociales que pueden hacerlo. Así y todo, ello ocurrió hasta hace dos años nada más, porque los insumos e implementos elementales para el trabajo agrario han disparado sus precios en más del 100 por ciento.

-¿Entonces?

La agricultura está quebrada, productoras y productores están quebrados. De hecho, el campesino que trabaja por su cuenta apenas tiene la capacidad de producir algunos bienes para su alimentación básica, pero a escala país y bajo las actuales condiciones, la producción agrícola para satisfacer el mercado interno es inviable.

-Y frente al desastre, ¿qué proponen?

Hace años que el CNA viene postulando lo que llamamos Territorios Campesinos Agro-alimentarios. La séptima asamblea que la organización celebró en noviembre del 2021 ratificó la construcción de 10 millones de hectáreas. Naturalmente, esas hectáreas no estarán todas destacadas para la producción porque debemos cuidar la naturaleza, los bosques, los ecosistemas. Claro que otras tantas millones de hectáreas sí, en efecto, se pueden producir. Sólo se necesita que la tierra esté en manos de los campesinos; que existan garantías para la vida y el fin de los desplazamientos. Nuestra propuesta contiene el modo en que vamos a producir, a distribuir, a realizar la reforma agraria integral y popular. Así también, que la población que no produce la tierra pueda comprar a precio razonable los alimentos, de forma que ello no afecte su economía y además se nutra con productos propios, sanos y no importados.

“Aspiramos a que esta oligarquía rancia y con raíces en 200 años deje gobernar a Petro y al Pacto Histórico”

-Hace poco triunfó electoralmente el Pacto Histórico, con los liderazgos de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Qué expectativas guarda el CNA al respecto? ¿Está Petro en la agenda del CNA? ¿Estará el CNA en la agenda de Petro?

Nosotros hacemos parte del Pacto Histórico porque nuestra agrupación campesina pertenece al Congreso de los Pueblos, el cual integra el Polo Democrático. Aspiramos a que esta oligarquía rancia y con raíces en 200 años deje gobernar a Petro y al Pacto Histórico. De lo contrario, se profundizará la agenda de la lucha en las calles: hay que defender los momentos propicios para los cambios positivos en el campesinado.

Conocemos a Petro desde los años 70 y 80 del siglo anterior, y cuando propone algo ha sido serio. En algunos períodos fue el mejor congresista; ha denunciado la corrupción y el paramilitarismo. Es decir, creemos que si no logra lo que se ha propuesto como presidente de Colombia, no será por falta de convicciones. Nosotros, los campesinos del CNA, hemos tenido un congresista que nos representa desde hace 8 años, y ahora hemos conseguido que otro se agregue al Legislativo.

Con Petro y Francia Márquez hemos sido muy claros y hemos hablado con mucha confianza. El CNA tiene unas apuestas y unas propuestas: eso es lo que le vamos a colocar sobre la mesa. Entendemos que él no pueda con ellas, por los diversos factores heredados que obstaculizan el desarrollo de su mandato. En sus discursos de campaña, Petro ha dicho que se la jugará por la paz, por la paz ambiental, en el marco de la justicia social. Si él logra que el campo se llene de campesinos, como debe ser, ya estaríamos ante un enorme logro.

Ahora bien, como CNA le hemos manifestado a Petro que no estaremos ausentes, sino que independientes. Tenemos el rol de vigilar las luchas históricas de hace 100 años y continuar construyendo el poder popular. O sea, no abandonaremos la autonomía política de los pueblos mientras esté Petro ni después de su periodo.

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Con poco más del 98 por ciento de las mesas escrutadas se confirmó el triunfo de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Petro reunía el 50.51 por ciento de los votos contra 47.22 de su rival. Se trata de una victoria extraordinaria, de proyecciones no sólo nacionales sino continentales. Lo primero, porque se produce en un país sometido durante largas décadas al arbitrio de una de las derechas más brutales y sanguinarias de América Latina.

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