Este joven chino dice en pocos segundos un montón de verdades que, ojalá, el pueblo trabajador gringo lo escuchen y hagan lo que corresponda.

Este mismo mensaje es válido para un país que tiene cobre, litio, tierras raras, todos los metales imaginables, 4000 km de costa, lagos y bosques y una tierra que podría dar de comer a millones, pero que la avaricia y la miopía de unos pocos, la están destruyendo, contaminando, matando. Quien quiera escuchar, que escuche y aplique el mensaje a nuestra realidad. Nuestra élite se farreó, y se sigue farreando, entregando a empresas extranjeras, a cambio de migajas, los yacimiento de plata, de salitre, de cobre, de litio, los bosques nativos, las limpias aguas de los lagos y los canales, etc. etc. Pero el peor crimen es que le han robado el futuro y le han destrozado la vida a cientos de miles de jóvenes, a millones de seres humanos.
Quien no quiera ver, que espere los resultados de lo que ya es inevitable.

El articulo Joven trabajador chino le habla al pueblo de EE.UU. apareció primero en piensaChile.

El tongo de la boleta electrónica (II Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

El tongo de la boleta electrónica (III Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

08 de Abril 2019
Desde la primera columna, dijimos que una reforma tributaria no solo tiene que referirse a si los impuestos van a subir o bajar, o que se pudieran agregar, sino que debe en primer lugar, frenar o poner término a la cuantiosa evasión tributaria que existe en Chile. Nuestro análisis se ha centrado solamente en la evasión tributaria, en razón que el proyecto del gobierno, llamado pomposamente de modernización tributaria, prácticamente nada hace para terminar con este flagelo.

La boleta electrónica ha perseguido desviar la atención de la ciudadanía y sobre todo del parlamento, con el objetivo de no abordar que el tema fundamental de una reforma tributaria es el combate a la evasión tributaria, en la que incurren principalmente las más grandes empresas de este país, mientras que la boleta electrónica, se implementaría solo para los pequeños comerciantes, que si bien también evaden impuestos, es una cantidad irrisoria al lado de las grandes empresas evasoras de impuestos.

Y es precisamente de los mayores evasores de impuesto en Chile, las transnacionales mineras, que portará esta cuarta y última columna. Analizaremos solo la evasión de estas empresas, porque ello es algo desconocido por el pueblo chileno, en razón que los medios de comunicación y los sucesivos gobiernos que hemos tenido desde 1990, se han encargado que esto no se conozca. Contribuyó a este ocultamiento de la evasión tributaria de las empresas mineras, la derogación de la transparencia tributaria que existía desde 1980. En efecto, con la Ley 19.398, de 1995, en el art. 5° b, se instauró el secreto más absoluto sobre la tributación de todos los contribuyentes, incluyendo por cierto a las mineras y todos los grande evasores.

Las transnacionales mineras no pagaban impuestos, pero no podíamos demostrarlo, porque a partir de 1995, sus declaraciones pasaron a ser secretas. Recién el año 2003, se creó una Comisión Especial del Senado sobre Tributación Minera, que vino a corroborar que, efectivamente, las mineras extranjeras no pagaban impuestos. En efecto, fue el propio Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Sr. Juan Toro, quien, por primera vez, en un informe oficial en el Senado, reconocía la falta de tributación de las transnacionales mineras.

El señor Toro mostró 2 cuadros. En el primero se mostraba que entre el año 1995 y 2003, las 10 mayores mineras habían pagado solamente US$  494 millones de Impuesto de Primera Categoría. Como no podía revelar, ni siquiera al Senado, el nombre y el monto de las mineras que habían o no habían pagado impuesto a la renta, en un segundo cuadro, el Sr. Toro,  mostró cuantas empresas de esas 10 empresas habían pagado impuesto a la renta entre 1995 y 2003. En ese cuadro, se vio que prácticamente una sola empresa había pagado esos US$ 423 millones, y el resto no había pagado un solo dólar de impuesto a la renta entre 1995 y 2003. Peor aún, estas empresas tenían US$ 2.700 millones de pérdidas tributarias acumuladas.

Estas mineras, hasta el año 2003, se llevaron del país cerca de 30 millones de toneladas al equivalente de cobre refinado, que al valor promedio del año 2018,  de 2.96 dólares la libra, equivale a US$ 178 mil millones, más los miles de millones en molibdeno, oro, plata, renio, etc. Pagaron en el período solo 494 millones de dólares de impuesto a la renta, anulados por el crédito de las pérdidas tributarias acumuladas de 2.700 millones de dólares, pero se llevaron del país 178 mil millones de dólares, más el molibdeno, oro, etc. Esa es la dimensión de la evasión tributaria de las mineras extranjeras.

La evasión de miles de millones de dólares, por parte de las mineras extranjeras, debería haber sido un escándalo sensacional, sobre el cual la prensa y la televisión deberían puesto en portada, discutido, analizado durante meses, sin embargo, habiendo decenas de periodistas en el Senado, cuando el Sr. Juan Toro presentó este informe, no apareció una sola mención de este gran escándalo de la nula tributación de las transnacionales mineras. Para no revelar nada de este escándalo, quizás actuaron bajo la presión de las empresas que no pagaron un solo peso de impuesto a la renta entre 1995 y 2003, y que son: La Disputada, hoy Anglo American Sur, Minera Candelaria, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Minera Zaldivar, SCM El Abra, Minera Collahuasi y Minera Los Pelambres, y solo US$ 2 millones que había pagado Mantos Blancos S.A.

La mayor parte de las mineras intervinieron en la Comisión del Senado, el año 2003, así como SONAMI y el Consejo Minero, para explicar que la falta de tributación se debía al bajo precio del cobre, que efectivamente, durante varios años fue alrededor de US$ 70 centavos. Sin embargo, esta explicación es falaz, puesto que Codelco, produciendo casi 2 veces menos que las mineras extranjeras, tuvo utilidades en ese periodo por más de US$ 15 mil millones.

El precio del cobre comenzó a subir el año 2004, alcanzando 3 dólares la libra el año 2006, alcanzando incluso 4 dólares el 2011. Ante esta importante alza del precio del cobre, las mineras extranjeras ya no podían pretextar ausencia de utilidades por el bajo precio del cobre, y la mayor parte de ellas comenzó a pagar impuestos a partir del año 2006, que igualmente eran la mitad que lo que aportaba Codelco, pero produciendo 2 veces más que Codelco. Tener que compararse con Codelco, forzaba a las mineras extranjeras a tributar regularmente, aunque en menor cantidad que Codelco.

Pero al año 2010, en el primer gobierno del Presidente Piñera, las transnacionales mineras se apoderaron de la administración de Codelco, con el objetivo de arruinarla, para que con el tiempo apareciera como única solución su privatización, y a la vez, al tener Codelco muy menores excedentes a partir del año 2010, ello también permitiría que las mineras extranjeras también declararan cada vez menos utilidades o incluso pérdidas, y así pagar menos impuestos.

Esta última circunstancia queda acreditada con un informe del SII, solicitado por la diputada Claudia Mix, que muestra que entre los años 2006 y 2009, ambos años incluidos, las 10 mayores mineras tributaron US$ 10.532 millones, sumando Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Adicional, mientras que en los años 2013 a 2016, ambos incluidos, las 10 mayores mineras tributaron solo US$ 5.593 millones, prácticamente la mitad que entre 2006 y 2009, desplome de la tributación que no se debe a una caída del precio del cobre o de la producción, puesto que, el precio promedio del cobre de 2013 a 2016, fue solo fue un 5,7% inferior al periodo 2006-2009, pero, a la vez la producción fue un 4,2% superior.

El año 2015, cinco de esas 10 mineras declararon pérdidas: Mantos Copper (ex Anglo American Norte), Quebrada Blanca, Cerro Colorado, El Abra y Anglo American Sur. Y como Codelco declaró pérdidas por el año 2016, la mayor parte de las mineras extranjeras se aprovecharon de esta circunstancia, para también declarar pérdidas. La evasión tributaria había vuelto en gloria y majestad a partir del año 2010, gracias al hecho que las transnacionales mineras administran Codelco y que el S.I.I. no fiscaliza la evasión de estas mineras, porque sus fiscalizadores están más ocupados en fiscalizar a los pequeños comerciantes: No vaya a ser que no den una boleta por $ 200.

En el actual proyecto de Modernización Tributaria: ¿Existen medidas para frenar o terminar con la evasión tributaria de las Mineras? Hasta la pregunta es necia diría ese gran filósofo mejicano: Cantinflas. Evidentemente que no hay nada, a pesar que existen varias medidas que se pueden implementar para bajar considerablemente este tipo de evasión.

Con la dictadura, el art. 34 del DL 824, disponía que las empresas mineras debían pagar el Impuesto a la Renta en base a la Renta Presunta, que para la minería era el monto de las ventas. Ninguna minera podía escapar al impuesto, porque se pagaba en base a las ventas, independientemente de las utilidades, pero, en 1990, con la Ley 18.985, se dispuso que las grandes mineras ya no tributarían en renta presunta, sino en renta efectiva, es decir, solo en el caso que estas empresas tengan o declaren utilidades, se paga el impuesto a la renta o utilidades. Gracias a la Ley 18.985, desde 1990 hasta el año 2003, como ya lo analizamos, la casi totalidad de las grandes mineras siempre declararon pérdidas y nunca pagaron impuesto a la renta.

Sin embargo, el art. 34 del DL 824 sigue disponiendo la renta presunta para la pequeña minería, que por esa razón siempre han pagado Impuesto a la Renta, porque desde la primera tonelada de mineral que vendan, la Enami les descuenta inmediatamente el impuesto a la renta. Por esta razón, para que las grandes mineras no sigan evadiendo sus utilidades y el correspondiente impuesto, bastaría que se las volviera a integrar a la renta presunta en este mismo art. 34. Evidentemente, igual seguirían evadiendo porque podrían declarar ventas inferiores a las efectivas, pero la evasión sería muy inferior a la actual. Precisamente, porque en renta presunta el impuesto a la renta es ineludible, se debe pagar si o si, ninguno de los gobiernos que han existido desde 1990, ni esta “modernización” tributaria, se han atrevido a que las mineras tributen vuelvan a tributar en renta presunta.

Toda esta multimillonaria evasión tributaria de las mineras extranjeras, ni siquiera es mencionada por los “expertos” que han analizado este proyecto de modernización tributaria, pero si han aprobado la boleta electrónica como un gran avance en la modernización. En eso consiste el tongo.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

El tongo de la boleta electrónica (I Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 14 marzo, 2019 , en Análisis

El tongo de la boleta electrónica (II Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

El tongo de la boleta electrónica (III Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

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El tongo de la boleta electrónica (II Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

27 de marzo 2019
Ya sostuvimos en dos anteriores columnas, que la modernidad de la boleta electrónica, es el tongo, el volador de luces con el cual el gobierno  pretende evitar que se aborden y se ataquen las verdaderas causas de la evasión tributaria, y sobretodo, pretende ocultar que esta reforma, abre más anchas las puertas a la simulación, la elusión y la evasión tributaria, que ha sido y es el tema que hemos abordado de esta reforma tributaria.

En efecto, el actual proyecto de modernización tributaria del gobierno, no solo no le pone término al secreto bancario, al secreto de la contabilidad, ni le pone límites a las perdidas tributarias acumuladas, y tampoco impone un Plan Contable único y Obligatorio, por el contrario, más bien fomenta la evasión, porque el proyecto limita las facultades fiscalizadoras del SII, instala el silencio positivo del SII y deroga diversas disposiciones anti elusivas y anti evasión que actualmente existen.

Ya en el Mensaje Presidencial, se dan las directivas para modificar el concepto de gasto que debe considerar el Servicio de Impuestos Internos (SII)I: “Así las cosas, creemos conveniente y se ha trabajado con el Servicio en una nueva definición de gasto que puede ser deducido de la renta, disponiendo que serán tales los que cumplan las siguientes condiciones: (a) que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; (b) que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las circunstancias particulares del caso; (c) que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30; (d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente; (e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos; y (f) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los respectivos desembolsos.

Consecuentemente con este mensaje, tanto en el Código Tributario como en la Ley de la Renta, se modifica el concepto de gasto que puede ser deducido de la renta, y a la vez se introduce el concepto de gasto lícito, haciendo prácticamente desaparecer lo que hasta ahora significaba gasto tributario.

En efecto, las leyes tributarias siempre han admitido como “gastos necesarios para producir la renta”, solo aquellos que las mismas leyes tributarias permitían, pero ahora será admitido como gasto necesario para obtener la renta, todo aquello que el Ordenamiento Jurídico define como gasto lícito, lo que permitirá disminuir considerablemente la base del impuesto a la renta y la recaudación tributaria.

En efecto, al artículo 4° del Código Tributario, que es una norma de aplicación e interpretación general para todos los efectos tributarios, se le agrega el siguiente inciso.

“Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos, deberá considerar las normas de derecho común. En consecuencia, el intérprete debe considerar las normas y criterios interpretativos recogidos por el ordenamiento jurídico común, entre los que se cuentan los principios generales del derecho”.

Es decir, todo intérprete, no solo el S.I.I. y el Tribunal Tributario y  Aduanero, sino también la Defensoría del Contribuyente que pretende crear esta reforma, tendrán que interpretar, las normas del derecho común para los actos y contratos de cualquier contribuyente, como gasto necesario para producir la renta, del momento que son catalogados de gasto lícito por el ordenamiento jurídico en general.

Con el gasto lícito del Ordenamiento Jurídico, podríamos llegar al extremo, que un empresario invite a un cliente a un Casino, y realice millonarios gastos, y como el Casino está autorizado por el ordenamiento jurídico, pasaría a ser un gasto lícito para agasajar a un cliente, que se podrá contabilizar como gasto necesario del giro para producir la renta.

Con este objetivo, se modifican también los  art. 4° bis, 4° ter, 4° quáter, de este mismo Código, que hacen prácticamente desaparecer los hechos que constituyen la elusión y la simulación. En el art. 4° bis se suprime el inciso cuarto de la Reforma Tributaria del 2014, y se agrega el siguiente: “Se entenderá que existe elusión de los hechos gravados exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente”.

Y en consonancia con lo anterior, se modifica el inciso segundo del art. 4° ter de la Reforma del 2014, y se le deja como sigue: “Es legítima la elección entre diversas conductas y alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, no constituirá abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos o contratos  que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico o contrato escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de los actos jurídicos o contratos realizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

Hemos destacado ordenamiento jurídico, porque este concepto reemplaza a legislación o ley tributaria, lo que quiere decir, que no se podrá determinar que existe elusión si es legítima la elección entre diversas conductas, que autorice, no ya la legislación tributaria, sino todo el ordenamiento jurídico, lo que hace muy difícil para el SII catalogar una operación de elusión o simulación tributaria, en aquel mar que significa ordenamiento jurídico. Es como buscar una aguja en un pajar.

En relación con los artículos 4° ter y 4° quéter, se modifica art. 100 bis del Código Tributario, aumentando de 100 a 250 UTA la multa a la “persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter”. Aumentar la multa para los asesores jurídicos o tributarios en los actos constitutivos de abuso o simulación, parece una medida muy apropiada, sin embargo es otro volador de luces farandulero, puesto que a la vez  se ha modificado de tal manera los art. 4° ter y 4° quáter, que prácticamente hacen desaparecer los hechos de abuso, elusión y simulación, al establecer que son gastos necesarios para producir la renta los que permite todo el ordenamiento jurídico.

Existen varios otros artículos del Código Tributario y de la Ley de la Renta, que incorporan diversas disposiciones como “gasto lícito del derecho común”, para determinar la renta. Son disposiciones directamente elusivas, que en vez de aumentar la recaudación tributaria, permitirán reducirla considerablemente, sobre todo de los más grandes contribuyentes, que son los únicos que pueden pagar asesorías tributarias que les permitan eludir e incluso evadir la renta, y por ende el Impuesto a la Renta.

Pero hay otras derogaciones o modificaciones que son más directas. Por ejemplo, el art. 31 letra f, establecía “Tampoco procederá la deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente”. Incluso en el Formulario 29 de IVA, tiene hasta ahora la línea 28 para declarar específicamente las compras en supermercados y comercios similares. Pues bien, esta reforma deroga esta disposición, y como todas estas compras están dentro del ordenamiento jurídico, podrán descontarse de la renta líquida.

En la anterior columna, ya nos referimos al hecho que esta reforma, al agregar al art. 35 del Código Tributario, un nuevo inciso que dispone que los funcionarios del SII no podrán divulgar ningún proceso de fiscalización destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente. Pero la desvergüenza es aún mayor, porque esta reforma crea la DEDECON, la Defensoría del Contribuyente, que en los hechos no tendrá como objetivo defender a los contribuyentes, sino que a los evasores de impuestos. Tal es así, que el artículo 28 de esta Defensoría, sanciona a los funcionarios de la Defensoría que revelen que algún contribuyente esté siendo investigado, so pena de ser despedidos inmediatamente. Esta reserva deberá ser mantenida por dichos funcionarios aún después que dejen la Defensoría.

Esta defensoría de los evasores de impuestos, será financiada con los impuestos de todos los chilenos, y muy especialmente con el IVA y otros impuestos al consumo, puesto que no se financiará con el impuesto a la renta, ya que esta reforma “modernizadora” con su incitación a la elusión, simulación y evasión, más bien disminuye la recaudación por Impuesto a la Renta. En consecuencia, son los más pobres que van a financiar esta Defensoría de los evasores de impuestos. Es de esperar, que esta desvergonzada parte del proyecto de modernización tributaria, que crea la Defensoría del Contribuyente, sea rechazada en el Congreso Nacional, aunque, más conveniente aún,  sería que se rechazara incluso la idea de legislar.

Si ya existe el Tribunal Tributario y Aduanero, al cual pueden recurrir los contribuyentes en caso que consideren errada o abusiva la actuación el SII, al cual pueden recurrir incluso sin patrocinio de abogado si la cuantía de la reclamación es inferior a 32 UTM, poco más de $ 1,5 millones. En suma, nada justifica que se cree la Defensoría del Contribuyente, pero que puede ser otro volador de luces, para tratar de encontrar apoyo ciudadano y parlamentario para todo el  proyecto de modernización tributaria.

Tan regresiva como la evasión y elusión tributaria, que este proyecto no ataca, es lo que se conoce como “gasto tributario”, que es un eufemismo para disfrazar que se trata de exenciones tributarias, que este año 2019 alcanzará a US$ 9.941 millones, según el SII, exenciones que en su gran mayoría favorecen al 1% más rico de la población. Pues estas exenciones tributarias para los más ricos no se tocan con la modernización tributaria, pero a cambio de ello, se quiere “perseguir” a los pequeños comerciantes y artesanos, para que compren los equipos para emitir boletas electrónicas, en vez de simples boletas en papel.

En una próxima y última columna, nos referiremos a los mayores evasores de impuesto en Chile, que son las empresas mineras, pero no queremos terminar, sin decir algo positivo de esta reforma, como es el hecho que se esté pensando en imponer un impuesto de 19% a los servicios digitales, como Neflix. Spotify y otros, que debiera ser extensivo a la totalidad de los productos y servicios que se compran por internet desde el extranjero. Si en Chile es obligatorio dar una boleta por cada compra superior a $ 180, y pagar 19% de IVA, no se ve la razón que cualquier producto que llegue por Correos de Chile o correos privados no pague también dicho impuesto.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

El tongo de la boleta electrónica (I Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 14 marzo, 2019 , en Análisis

El tongo de la boleta electrónica (II Parte)
por Julián Alcayaga O. (Chile)
Publicado el 21 marzo, 2019 , en Análisis

El articulo El tongo de la boleta electrónica (Parte III) apareció primero en piensaChile.

Trataremos de explicar por qué la boleta electrónica es un tongo en la lucha contra la evasión tributaria, y solo tiene como objeto farandulizar publicitariamente esta medida, como un gran avance en la modernización tributaria. Así, espera el gobierno, el Congreso Nacional aprobará la reforma tributaria, obnubilado por el volador de luces de la modernización del calificativo “electrónica” de la boleta. Lo que en realidad se persigue, es evitar implementar medidas realmente eficaces contra el flagelo de la evasión tributaria.

¿Por qué no existe voluntad política en Chile para terminar o disminuir la evasión tributaria? Porque, quienes más evaden sus obligaciones tributarias son los ricos, los poderosos, y ellos, a la vez, son los que determinan la política tributaria, sobre todo con el actual gobierno.

En el pasado, nuestros gobiernos se han sometido en esta materia, a lo que los expertos de los grandes evasores de impuestos les sugieren para combatir la evasión, con medidas que exteriormente parecen ser muy efectivas, pero que en realidad solo sirven para crear la apariencia que existe un masivo control de la evasión tributaria, como lo era y todavía lo es, la obligación de tener que timbrar en el S.I.I, las facturas, guías de despacho, boletas y todos los libros o documentación donde se lleva la contabilidad.

La obligación de timbrar en el S.I.I. los documentos contables y comerciales

La obligación de timbrar todo documento comercial y contable en el SII, no es más que un relumbrante volador de luces, que cumple muy bien el rol publicitario de hacer creer a la población chilena, que el sistema de “timbraje” es efectivo en la lucha contra la evasión tributaria, sobre todo por el enorme aparataje que su implementación implica. Sin embargo, este tremendo aparataje del “timbraje”, no ha impedido que la evasión tributaria en Chile sea muy superior a la de países desarrollados, donde este sistema de “timbraje” no existe o nunca ha existido.

Es más, en los países desarrollados no solo no ha existido el sistema de “timbraje”, sino que además, no existe la factura electrónica, a pesar del considerable avance de esos países en materia informática y comunicacional. Sin embargo, en Chile, la factura electrónica es presentada por el SII y el Ministerio de Hacienda, como un gran avance en la modernización tributaria, y como un instrumento muy eficiente en el combate contra la evasión tributaria. En los hechos, la factura electrónica, lo único que tiene de moderno, es que eliminó también la inútil obligación de timbrar en el SII, las facturas, guías de despacho y otros documentos comerciales. Su rol más importante, es hacernos creer que en Chile somos campeones en los sistemas tecnológicos y economía digital, sin embargo, el efecto de la factura electrónica en la lucha contra la evasión tributaria es irrisorio, como queda en evidencia con el ejemplo siguiente.

La inutilidad de la factura electrónica

Como es ya es de conocimiento público, los mayores evasores de impuestos en Chile son las mineras extranjeras y las empresas extranjeras en general, y de nada ha servido el “timbraje” de libros contable y evidentemente la factura electrónica, para disminuir la muy cuantiosa evasión tributaria en estos grandes evasores, bien por el contrario.

Desde que se hizo exigible la factura electrónica, el año 2005, la evasión de las 10 mayores empresas mineras en vez de bajar aumentó.

En efecto, según un informe del SII, solicitado por la diputada Claudia Mix, entre los años 2006 y 2009, ambos años incluidos, cuando aún no regía la obligación de la factura electrónica, las 10 mayores mineras tributaron US$ 10.532 millones, sumando Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Adicional, mientras que en los años 2013 a 2016, ambos incluidos, cuando ya regía la obligación de la factura electrónica, las 10 mayores mineras tributaron solo US$ 5.593 millones, prácticamente la mitad que entre 2006 y 2009, desplome de la tributación que no se debe al precio del cobre o caída de la producción, puesto que, el precio promedio del cobre de 2013 a 2016, fue solo fue un 5,7% inferior al periodo 2006-2009, pero, a la vez la producción fue un 4,2% superior. Por tanto, en cuanto a precio y producción ambos períodos son similares.

La increíble caída de la tributación de las mineras extranjeras, no se debió a la baja del precio del cobre, sino a la planificada evasión, en razón no existe una legislación tributaria que realmente impida o frene la evasión de las grandes empresas. Es evidente que la factura electrónica de nada sirve para frenar la evasión tributaria de los mayores evasores de impuestos de Chile.

El ejemplo anterior, ratifica que la factura electrónica es un aparataje publicitario, que es inefectivo para controlar la evasión de los mayores evasores de impuestos en Chile, como es el caso de las mineras, del cobre, del oro, del hierro y el litio, pero además las que exportan maderas, frutas, salmón, etc.

Puede ser factible que para las pequeñas y medianas empresas, la implementación de la factura electrónica tenga algún efecto para disminuir la evasión del IVA y por ende de la renta, pero no tiene ningún efecto para disminuir la evasión tributaria de los más grandes evasores de impuestos, siendo que ese debería ser el objetivo de la modernización tributaria.

El tongo de la boleta electrónica

El actual proyecto del Presidente Piñera, llamado publicitariamente “Proyecto de Ley que moderniza la legislación tributaria”, entre sus más importantes avances en la modernización tributaria, se encuentra la implantación de la boleta electrónica en forma obligatoria. Un gran golpe de espada en el agua, puesto que los grandes evasores de impuestos, -las mineras extranjeras y las empresas extranjeras en general-, no emiten boletas en sus transacciones comerciales y financieras, y evidentemente no están obligados a implementar la boleta electrónica, que viene solo a ser un artilugio publicitario farandulero, para crear la sensación de modernización y eficiencia en la lucha contra la evasión tributaria.

Son fundamentalmente los pequeños comerciantes y artesanos, los que emiten boletas, que hasta hoy deben timbrar en el SII, y que tendrán que gastar ingentes recursos, que por lo general no tienen, porque no los necesitan, para comprar los sistemas informáticos y de comunicaciones, para poder emitir boletas electrónicas.

Y si en la actualidad, existe evasión cuando un pequeño comerciante o un artesano no entrega la boleta en “papel timbrado”, la evasión puede ser la misma si tampoco van a entregar la boleta electrónica a un cliente. Que la boleta sea en papel o electrónica, nada cambia si ella no se emite. Porque, además, el tiempo para emitir una boleta electrónica, en un pequeño comercio, puede ser mayor que hacer una boleta en papel, por lo que el cliente, siempre apurado, no va esperar hasta que le entreguen la boleta electrónica.

Si por su inutilidad en el control de la evasión tributaria, en los países desarrollados no se usa la factura electrónica, y menos aún se utiliza la boleta electrónica: ¿Por qué ella se quiere implantar en Chile?

Principalmente, como ya lo dijimos, por farándula y efecto volador de luces, queriendo engañar a la opinión pública y especialmente a los parlamentarios de la oposición, para que apoyen todo el paquete tributario, gracias a le reluciente y modernizadora boleta electrónica.

Pero además, con la implementación de la boleta electrónica existe un gran negociado, en favor de la o las empresas que le vendieron al SII la idea, y la instalación de los programas o softwares para implementar las innecesarias factura y boleta electrónicas. Sería muy útil que antes de entrar a discutir el “Proyecto de Modernización Tributaria”, que los parlamentarios solicitaran al gobierno, cuanto ha gastado el SII en la implementación de la factura electrónica, y sobre todo cuanto va a gastar en la implementación de la boleta electrónica. ¿Cuál es el costo-beneficio? Lo más probable es que la vaina salga más cara que el sable, pero será un gran negocio para la empresas informática que la implemente.

El Mensaje Presidencial del “Proyecto de Ley que moderniza la Legislación tributaria, dice en uno de sus párrafos: “Tenemos una oportunidad única de modernizar nuestro sistema tributario, incorporando las mejores prácticas a nivel internacional, así como hacernos cargo de los desafíos y particularidades que en materia tributaria implican los avances tecnológicos, tales como la economía digital y colaborativa, que en general han dejado obsoletos los sistemas tributarios tradicionales”.

Sin embargo, este proyecto no incorpora ninguna de las mejores prácticas a nivel internacional, para modernizar nuestro sistema tributario, y limitar el flagelo de evasión, por el contrario, como veremos en una próxima columna, esta reforma tributaria deroga normas que actualmente existen contra la elusión y contra la simulación.

La modernidad de la boleta electrónica, es el tongo, el volador de luces, con el cual el gobierno  pretende evitar que se aborden y se ataquen las verdaderas causas de la elusión y de la evasión tributaria, y sobretodo, pretende ocultar que esta reforma abre más anchas las puertas a la simulación, la elusión y la evasión tributaria.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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