Chile posee el yacimiento más importante de litio en el mundo: el Salar de Atacama, quese extiende a lo largo de 2.800 km² entre las cordilleras de Los Andes y la de Domeyko, en la Región de Antofagasta. Pese al potencial de desarrollo que significa este mineral para el país, en los últimos 20 años su explotación y comercialización se ha llevado a cabo sin ninguna regulación del Estado. Hoy –y a 50 años del hallazgo de las primeras reservas en Atacama– el negocio del litio en Chile descansa únicamente en un puñado de contratos firmados en 1995, en los que el Estado le transfirió gran parte del negocio a Soquimich (SQM), en condiciones que le significaron al país una pérdida de a lo menos US$17 millones, según los últimos cálculos.
Si los millones que el Estado dejó de percibir son cuantiosos, más grave aún es la renuncia a participar de las ganancias de esa explotación, la que fue sellada en esos contratos por el gobierno de turno. Para graficar esa millonaria fuga de capitales basta con mirar las ganancias que obtuvo SQM Salar –lasociedad que creó la empresa controlada por Julio Ponce Lerou para explotar el litio- solo en 2014, el año más malo del último lustro: US$171 millones.
SQM Salar –filial que entrega el 39% de los ingresos de Soquimich- es hoy uno de los protagonistas principales del juicio por los millonarios aportes al margen de la ley electoral a campañas políticas. Solo a Asesorías y Negocios, la sociedad del geógrafo y recaudador de dineros para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, le entregó alrededor de $250 millones entre 2012 y 2013.

De acuerdo a la última rectificación hecha a principios de junio por la filial de SQM en el Servicio de Impuestos Internos (SII), otros $580 millones fueron repartidos entre 13 receptores, entre los que figura una empresa del ex brazo derecho de Marco Enríquez Ominami (PRO), Cristian Warner.
Desde su creación, SQM Salar ha gozado de una posición de privilegio. Es muy probable que los millones que ha desembolsado la empresa para financiar a políticos hayan sido destinados a conservar esa ventaja. Una condición de cuasi monopolio que tiene fecha de origen: 21 de diciembre de 1995. Ese día se firmaron los últimos contratos mediante los cuales el Estado, a través de Corfo, renunció a su participación en el negocio del litio vendiendo sus acciones en la Sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal, hoy SQM Salar) a Soquimich.
La minera de Ponce Lerou obtuvo así una concesión hasta 2030 –aunque renovable– para la explotación “exclusiva y excluyente” de los minerales del Salar de Atacama. Fue un negocio redondo para SQM y su filial. Años más tarde se ubicaría al tope de las empresas productoras a nivel mundial.

UN CONTRATO SIN DECORO

La carrera de SQM Salar por alcanzar la cúspide del mercado del litio, contó con la ayuda del Estado que, a través del mismo contrato, bloqueó el ingreso de otros productores al negocio. La otra ayuda también es de responsabilidad de las autoridades, ya que desde entonces no hubo cambio alguno a las laxas reglas del juego que le otorgaron la exclusividad para explotar las reservas mineras en Atacama. Una de las últimas posibilidades que tuvo el Estado de cambiar en algo esas condiciones fue en 2012, cuando abrió la primera y fallida licitación del litio, la que Soquimich se adjudicó de forma fraudulenta (ver reportaje de CIPER).
A pesar de la invalidación de esa licitación, la estrategia de la minera no metálica ha corrido con éxito. Y en ello también los parlamentarios tienen su cuota de responsabilidad. De los ocho proyectos enviados al Congreso en la última década para regular la explotación del litio, ninguno sobrevivió al primer trámite constitucional. Peor aún, en estos 20 años, no ha cambiado una sola coma de los contratos con los cuales Corfo entregó en arriendo sus pertenencias a SQM Salar.
CIPER accedió a todos los contratos con los cuales la sociedad de Julio Ponce Lerou selló su participación en el negocio del litio y potasio, y se fue haciendo progresivamente –con el Estado como facilitador– del control del Salar de Atacama.
En palabras de algunos de los que participaron de ese proceso de negociación, las condiciones que allí se estipulan son “poco decorosas”. Por ejemplo, se deja constancia expresa que, una vez terminado el periodo de arriendo (2030), la voluntad de Corfo será prorrogar los plazos del contrato, siempre y cuando SQM “tenga interés en ello”.

Se estipula, además, un pago anual a Corfo de solo US$15 mil ($9,5 millones al día de hoy) por un arriendo cuya explotación le reporta a SQM Salar actualmente ingresos por sobre los US$785 millones ($493 mil millones). También una renta trimestral y variable en base a un porcentaje fijo de las ventas del mineral. Inexplicablemente se estipuló en el contrato que fuera la propia compañía de Ponce Lerou la que realizara los cálculos para efectuar ese pago a Corfo. Pero durante todos estos años, nadie fiscalizó que SQM Salar aplicara la fórmula tal cual fue acordada.
-Al término de cada periodo (trismestral), Soquimich enviaba una “hojita” a Corfo informando del monto que debía pagar por la renta. No se fiscalizaba mucho –señaló a CIPER  un ex miembro de la entidad estatal que pidió reserva de su nombre.
Recién en mayo de 2014, Corfo interpuso una demanda arbitral contra SQM Salar en la que pidió el término anticipado del contrato. Corfo la acusa de haber aplicado la fórmula para calcular el pago de la renta variable de modo arbitrario. El contrato estipula que el cálculo se haga sobre las ventas a precio de mercado, pero SQM Salar incluyó en su cálculo los precios a los que vende el litio a sus empresas relacionadas, los que son más bajos. Según Corfo los perjuicios ascenderían a US $17 millones.
La controversia pone sobre la mesa el renovado interés del Estado por el litio, sobre todo luego del trabajo de la comisión creada para desarrollar propuestas en la materia y cuyos resultados se conocieron a principios de este año (ver informe). Las medidas más importantes propuestas por la Comisión del Litio apuntan a rectificar un pecado de origen. Porque hace 20 años el Estado no sólo renunció al litio, también lo hizo a regular y a fiscalizar su explotación y comercialización con millonarios perjuicios.
El actual litigio entre Corfo y SQM obliga a revisar esos antiguos contratos aún vigentes. Hoy el tema es una piedra caliente de la que nadie quiere hacerse cargo.

LA CARRERA POR EL LITIO

Fue en noviembre del ’83 cuando partió la carrera por la explotación del Salar de Atacama. Ese año, Corfo licitó 27 estudios -avaluados en US$ 1,5 millones- que contenían toda la información necesaria para quienes quisieran entrar al negocio del potasio y del litio. Fue el mismo año en el que Julio Ponce se vio obligado a renunciar a la Corfo –de la que fue primero gerente de empresas y luego gerente general- y a los otros 17 directorios de empresas públicas, a raíz del escándalo por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y los privilegios del entonces yerno de Pinochet.
La oferta de Corfo no era despreciable. Eran los cimientos de un negocio para el cual Corfo necesitaba socios con espalda financiera para las exploraciones y, luego,  la explotación, producción y comercialización del potasio, boro y litio hasta 2030. Corfo ingresaba a la sociedad aportando los estudios y 16.384 de sus pertenencias mineras en el salar. En enero de 1986 se cerró el trato: con un aporte de US$ 4,5 millones, la licitación se la adjudicó el consorcio formado por la empresa norteamericana Amax Exploration Inc. y la chilena Molibdeno y Metales (Molymet).
Así nació la Sociedad Minera Salar de Atacama, más conocida como Minsal. El control lo tenía Amax, con el 63,75% de los derechos, mientras que Molymet se hizo del 11,25% y Corfo se quedó con el 25% restante. Fue entonces que se firmaron los dos contratos sobre los cuales se basaría la “política del litio” durante las siguientes tres décadas.
El primer contrato definió en 80 páginas el proyecto, el rol que cumpliría cada socio, las condiciones en que se llevaría a cabo la primera etapa de evaluación y los cambios que se implementarían una vez que comenzara la fase productiva, lo que no se esperaba que ocurriera antes de 1992.
Ahí ya se estipulaba como requisito que para desarrollar el proyecto y garantizar su sustentabilidad, debía acreditarse la existencia de reservas de litio para una explotación de a lo menos 60 años. Y se definió el límite de litio a extraer durante las siguientes tres décadas: 180.100 toneladas, dividido en cuotas que aumentarían por trienio. El contrato también estableció que al comenzar la explotación, Minsal se transformaría en sociedad anónima, que el capital aumentaría a US$ 16 millones y que entonces Corfo tendría la opción de mantener su parte del negocio, disminuirla o retirarse.
En el mismo documento se menciona un proyecto aparte de Amat y Molymet para explotar nitrato de potasio en el Salar de Atacama: Proyecto NP. Si el Estado quería ser parte, su vehículo era una empresa que por entonces estaba en pleno proceso de privatización, pero que aún era en un 51% propiedad fiscal: Soquimich. Aunque el proyecto nunca se concretó, fue la primera vez que se mencionó en los contratos a la compañía que hoy controla Julio Ponce Lerou y que más adelante se adueñaría del negocio.
El segundo contrato que se firmó en abril de 1986, fue por el arriendo de las 16.384 pertenencias mineras de propiedad de la Corfo al nuevo consorcio. Ese sería el segundo de los “contratos madre” –de arrendamiento y de proyecto- del negocio del litio en Chile.
Allí se estableció cómo y cuánto se le pagaría a Corfo por el alquiler: US$ 15.000 anuales hasta el comienzo de la fase productiva. Entonces, se sumarían distintas fórmulas para calcular el monto a pagar en relación a las ventas una vez iniciada la explotación de las salmueras. Extrañamente, Corfo le delegó en ese contrato a Minsal –controlada por Amax- la confección del cálculo y de cuánto debía pagar en cada período.
En esencia, esas condiciones se mantienen hasta hoy. “Las regalías acordadas en esos contratos son dos tercios más bajas de lo que debían haber sido según condiciones de mercado”, señaló a CIPER una fuente que conoció el proceso de negociación.
Los contratos establecían también que el 0,8% de las ganancias por la explotación del litio que recibía Corfo se destinarían para financiar los planes de investigación del litio. La cláusula se hizo en base a lo acordado en 1984 por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN). Pero eso nunca ocurrió. Y la consecuencia de ello es que todo el conocimiento respecto de este mineral estratégico quedó concentrado en Minsal –hoy SQM Salar- que en poco tiempo pasaría a ser 100% privada.
El período de evaluación del proyecto terminó en 1992. Amax le vendió a fines de ese mismo año sus derechos en Minsal a una empresa filial, Amsalar. Y al año siguiente, en noviembre de 1993, tanto esa empresa como Molymet se retiraron del negocio y le vendieron su parte a SQM Potasio (SQMK), que ya estaba en manos de Julio Ponce Lerou.
Poco después la sociedad original se transformaría nuevamente para convertirse en un feudo controlado completamente por SQM.

LOS PRIMEROS AMARRES DE SOQUIMICH

Desde un comienzo quedó claro que la intención de SQM era asumir el control del Salar de Atacama. Su primer paso ya lo había dado: adquirir el 75% de Minsal. El siguiente consistió en incorporar en los dos contratos con Corfo modificaciones sutiles, pero que cargarían la balanza a su favor. Todo ocurrió el mismo día: el 12 de noviembre de 1993 (ver contratos de arriendo y de proyecto).
A las modificaciones concurrió en representación de SQM Patricio Contesse González, mano derecha de Ponce Lerou y gerente general histórico de la minera hasta marzo de 2015, cuando se le exigió su salida por su responsabilidad en el financiamiento ilegal de la política. Hoy está en prisión preventiva domiciliaria, imputado como autor de delito tributario. También llegaron Bernard Descazeaux Aribit, entonces gerente general de SQM Potasio, y René Abeliuk Manasevich (PR), quien entre 1990 y 1994 fue vicepresidente ejecutivo de Corfo (falleció en 2014).

A los cambios ya acordados desde el ‘86 –aumentar el capital a US$ 16 millones y convertir a Minsal en una sociedad anónima– se incluyó una cláusula que le hizo a SQM más lucrativo el negocio. No sólo le entregó el control de la producción de cloruro de sodio de Minsal, sino que además la convirtió en el principal comprador a precio preferente, al asegurarle “el todo o parte de su producción mensual” a un precio 19% menor que el del mercado.
También se garantizó que Corfo no permitiría la actividad minera, acuífera ni industrial de ningún tercero en las 16.384 pertenencias otorgadas en arriendo a Minsal ni en las 11.670 que están alrededor y que también son de propiedad fiscal. Y a eso se sumó el permiso que Corfo dio a Minsal para adquirir e inscribir a su nombre todos los derechos de agua necesarios sobre esas 28.054 pertenencias y el compromiso de entregarle gratis a la sociedad todos los que Corfo posea y llegue a tener en ese mismo perímetro.
Mientras Corfo siguiera teniendo el 25% de Minsal, todas esas concesiones y protecciones eran comprensibles: se empezaba a levantar un muro para proteger de cualquier amenaza o competencia el negocio de esta empresa todavía público-privada.
Con la transformación a sociedad anónima en agosto del ‘94, el capital se duplicó a US$32 millones y Corfo disminuyó su participación a apenas un 18,18% (ver documento). Se constituyó un directorio provisorio que, además de Patricio Contesse y Julio Ponce, lo integraron el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac Tampier; y dos ejecutivos de Corfo. Uno era Víctor Renner Berry, quien años después, como gerente de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia, se vería directamente involucrado en el desastre ambiental que significó la muerte del 74% de los cisnes del Santuario del Río Cruces. El otro era Gibrán Harcha Sarras, quien como coordinador general de concesiones del Ministerio de Transportes, cumplió después un rol clave en el diseño del Transantiago. Hoy es gerente general de Global Public Service (GPS), grupo controlador de Alsacia y Express, dos de las principales operadoras del sistema metropolitano de transporte público. Hace unos días fue citado por la Fiscalía por los pagos ilegales de Alsacia para financiar campañas políticas.
La composición de ese directorio duraría apenas 16 meses. A fines de 1995, el 20 de diciembre, Minsal aumentó de nuevo su capital, esta vez a US$38 millones. Como en todos los aumentos anteriores, Corfo enteró su parte con pertenencias mineras y terrenos. Otra cláusula en los contratos señalaba que todas las condiciones y concesiones pactadas se mantendrían aun cuando Corfo vendiera sus acciones y se retirara de la sociedad. Y fue precisamente eso lo que ocurrió con el impulso privatizador del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

REGALO DE DESPEDIDA

Salirse del Salar de Atacama fue una política del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Poco antes, Corfo había vendido en US$ 10,7 millones el 49% que aún tenía en LAN y liquidó su participación en la sanitaria ESSAL Valdivia en otros US$ 10,5 millones. Lo mismo pasó con Ferronor, Radio Nacional y Empremar, entre otras. Y en esa lista también estaba Minsal, la que en 1998 se convertiría en SQM Salar.

La tarea que La Moneda encargó a Corfo era doble: desprenderse de Minsal y establecer las condiciones tras su salida. Ese proceso estuvo a cargo del equipo que lideraron el entonces ministro de Economía, Álvaro García Hurtado (PPD), y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval Precht (DC), actual presidente de la asociación gremial Salmonchile. Allí también estaban el fiscal jefe de la Corfo, el abogado Raúl Donckaster Fernández (DC), “experto en privatizaciones” –según su currículum– y desde 2012 alcalde de La Reina; y el ex gerente general de Corfo, Eduardo Bitrán Colodro (PPD), el mismo que hoy, como vicepresidente ejecutivo de esa entidad estatal, encabeza la batalla legal contra SQM Salar por incumplimiento de contratos.
Un día después de ese último aumento de capital, el 21 de diciembre del ‘95, Corfo vendió a través de un remate en Bolsa todas sus acciones a SQM en US$7 millones. Quedaron dos socios en Minsal: SQM y su filial SQM Potasio. Ya era una empresa 100% privada, controlada por Julio Ponce Lerou. Ese mismo día se modificaron los dos contratos de 1993. Esas son las normas que rigen hasta hoy (ver contratos de arriendo y de proyecto). Si las condiciones antes eran beneficiosas para SQM, ahora quedaron hechas a su medida. Fue, de cierta forma, un regalo de despedida.
Al igual que los socios anteriores, al retirarse, Corfo adquirió un compromiso de confidencialidad para no divulgar ni hacer uso de cualquier información que tenga o llegue a tener respecto al Proyecto Salar de Atacama. Y no sólo eso: ahora Corfo “se obliga” a entregarle gratis y sin condiciones a Minsal cualquier información al respecto.

Las modificaciones de los dos contratos fueron incluso más agraviantes para el Estado. Si antes se establecía que Minsal podría vender la totalidad o parte de su producción de cloruro de potasio a SQM o a sus filiales a un precio preferente, el nuevo acuerdo lo convirtió en una “obligación”. Lo mismo dice de la prohibición de ingreso de terceros al negocio, al estipular que Minsal, ahora controlada en un 100% por SQM, tendrá el “derecho único, exclusivo, excluyente y total para explorar y explotar sin impedimento o interferencia alguna todas y cada una de las concesiones y, por ello, las sustancias minerales y acuíferas que se encuentren en las pertenencias mineras” entregadas en arriendo.
Algunos expertos que hablaron con CIPER señalan que el mayor beneficio para SQM se relaciona con los plazos de vigencia del contrato. Los documentos previos señalan que la duración del vínculo contractual será hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de prorrogarlo por períodos de 10 años. El nuevo acuerdo lo deja como una promesa: “La Corporación deja constancia que es su propósito actual prorrogar el plazo de este contrato y del contrato de arrendamiento”.
El único requisito para ello –según el contrato- es que la filial de Siquimich manifieste su interés de seguir en el negocio.
Consultados por CIPER, el ex ministro Álvaro García y el ex fiscal de Corfo Raúl Donckaster, aseguraron no recordar nada de ese proceso. Ni cómo se negociaron las nuevas cláusulas ni quiénes tomaron las decisiones.
Aunque su firma aparece en los dos contratos del 21 de diciembre de 1995, Felipe Sandoval dijo no recordar haberlos pactado, menos haberlos firmado,  y afirmó que la salida de Corfo de Minsal fue una decisión autónoma adoptada por el Consejo Directivo de la corporación. Según miembros de ese consejo, esa decisión sólo contemplaba la venta de acciones de Minsal, pero en ningún caso la modificación de los contratos. Respecto a cómo y quiénes negociaron esas modificaciones hay completo secretismo.
Consultado por CIPER, uno de los miembros del consejo aseguró que la “letra chica del contrato responde a decisiones que se tomaron a espaldas del Consejo Directivo de la Corfo”. En este punto las responsabilidades se desvanecen.

LA ILUSIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO

Según información proporcionada por Soquimich, a diciembre de 2014, el 39% de los ingresos de la compañía provinieron de la explotación del Salar de Atacama (potasio y litio, principalmente). Ese mismo año, las utilidades de SQM Salar superaron los US$ 171 millones. Pero ha habido años mejores. En 2012, por ejemplo, la filial de SQM obtuvo utilidades por casi el doble: US$ 318 millones.
Aunque exiguas, parte de esas utilidades le corresponden, según una fórmula establecida en los contratos, a Corfo: un 6,8% de las ventas de litio y un 1,8% de las de potasio, boro y sodio.
En vista de que las empresas del grupo Soquimich podían ser las compradoras prioritarias y a precios preferentes de la producción de litio del Salar de Atacama, resultaba esencial que la fórmula de la renta se calculara en base a precios de mercado y no a precios de transferencia con partes relacionadas.
“El valor de los productos de litio se establecerá tomando como base los precios de venta facturados a clientes comerciales no relacionados”, se estipula en uno de los contratos.
En el contrato de arriendo del 21 de diciembre de 1995 en el que Corfo decide deshacerse de sus acciones en Minsal, quedó estipulado que será la sociedad controlada por Ponce Lerou la que “establecerá el monto de la renta correspondiente a cada periodo y pagará dicha renta a la Corporación (…) proporcionándole en la misma oportunidad los antecedentes en que se funda la liquidación”.
Distintos ejecutivos de Corfo en diferentes periodos entre el 2000 y 2010, coinciden en que esos antecedentes nunca se revisaron como se debía. “Hay un contrato y en virtud de eso se actúa de buena fe”, señaló a CIPER uno de ellos.
Por esa u otras misteriosas razones, nadie hizo valer la cláusula que señala que si Corfo “no estuviere de acuerdo con el cálculo y pago de la renta efectuado por Minsal, lo hará saber a ésta señalando las razones de su discrepancia y acompañando los antecedentes en que la funda”.
A diferencia de lo que sucedió con el litio, se acordó que para el potasio (cloruro y sulfato de potasio, y ácido bórico) el precio de referencia lo determinará un tercero. Para ello, se contrató a la British Sulphur Corporation, controlada por el Grupo CRU, de capitales ingleses. “Es propósito de las partes que el precio de referencia refleje del modo más exacto posible el promedio de los precios normales de mercado”, señaló el contrato.
Desde entonces CRU actuó como consultora en esta estratégica materia. Hoy, en el contexto de la controversia entre Corfo y SQM Salar, la firma británica especialista en minería, metales y fertilizantes, cobra un protagonismo que nadie sospechó veinte años atrás.

ERROR DE CÁLCULO

Fue recién en 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que Corfo puso la lupa sobre los informes trimestrales que justificaban los pagos que recibía de SQM Salar por la explotación de los yacimientos de litio y potasio en Atacama. Habían transcurrido 18 años desde que se firmaron las últimas modificaciones a los contratos entre la entidad estatal y la compañía de Julio Ponce Lerou.

La revisión ordenada por el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, arrojó diferencias notorias en la aplicación del cálculo para el pago del arrendamiento. Pero fue en mayo de 2014 cuando Corfo, bajo la dirección de Eduardo Bitrán, presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) pidiendo el término anticipado de contrato con Soquimich. No era la primera vez que Bitrán accedía a los contratos. Como ya se dijo, el también ex ministro de Obras Públicas se desempeñó entre 1994 y 1997 como gerente general de Corfo, justo en la época en que se firmó el acuerdo que dejó el camino libre a Ponce Lerou para hacerse de la propiedad total de Minsal, hoy SQM Salar.
Según Corfo, los dineros que dejó de recibir producto de la manipulación que habría hecho Soquimich de los cálculos para el pago de la renta, ascienden a US$ 17 millones.
Según publicó La Tercera, la empresa habría pagado US $170 millones en rentas a la corporación estatal a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato. Los dineros desembolsados por SQM Salar equivalen a la totalidad de las utilidades que la sociedad del ex yerno de Augusto Pinochet obtuvo sólo en 2014 (US$ 171 millones), por lejos el año de peores resultados en el último lustro.
Corfo aduce que el 90% de las ventas de litio que realiza SQM Salar van a dar a las empresas relacionadas del grupo y a precios 18% menores que los de mercado. Pero hay un problema: nadie en estos años se ocupó en la Corfo de fiscalizar cómo había hecho SQM Salar los cálculos para el pago del arriendo.
Respecto del precio de las ventas de potasio, Corfo también cree que los precios de referencia están bajo el valor del mercado internacional. Para subsanar la duda, le pidió a la British Sulphur Corporation,la consultora designada por contrato y de común acuerdo en 1995 para fijar los valores de referencia del potasio para el pago de la renta, que le muestre la fórmula que le entrega a SQM Salar para determinar el monto a pagar.
Según trascendió, la consultora habría firmado hace un tiempo -y a espaldas de Corfo- un contrato de confidencialidad con SQM que le impediría entregar la información. Corfo encargó estudios a expertos independientes y la conclusión apunta en una sola dirección: el precio de referencia del potasio reportado por la British Sulphur Corporation ha sido sistemáticamente más bajo.
Para el 9 de julio próximo quedó fijada la audiencia para el cierre definitivo de la etapa de conciliación entre las partes. El 25 de junio el vicepresidente de Corfo adelantó en un comunicado que proseguirá con la demanda y que pondrá los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de AFP y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), para que se investiguen eventuales infracciones tributarias en que habría incurrido SQM Salar.

LA COMISIÓN DEL LITIO

La guerra por el Salar de Atacama está al rojo vivo, justo en momentos en que el gobierno intenta por primera vez sentar las bases de una política del litio. Para frenar las acusaciones que apuntan a que se estaría promoviendo una expropiación encubierta, el vicepresidente de Corfo ya anunció que pretende relicitar a privados un nuevo contrato para la explotación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama entregadas hace más de 20 años en arriendo a SQM Salar.

El conflicto fue analizado en la Comisión del Litio liderada por la ministra de Minería Aurora Williams e integrada por distintos expertos. También se discutió y se sometió a voto si el Estado debía continuar con la política de concesiones y seguir fuera de la actividad o, por el contrario, crear una agencia estatal que en asociación con privados liderara la explotación del mineral.
El abogado y consejero legal de Codelco, Cristian Quinzio, fue uno de los miembros de la comisión que más bregó por la opción de seguir y extender las concesiones por 30 años más. El nombre de Quinzio se conoció además en estos días a raíz de la declaración del recaudador Giorgio Martelli a la Fiscalía. Tal como reveló El Mostrador, Quinzio, según Martelli, “dio su aporte legal como abogado” y participó de varias reuniones de Asesorías y Negocios, una de las empresas receptoras de dineros provenientes de SQM Salar para el financiamiento de campañas políticas.
Al final la opción de crear una empresa mixta que permita que el Estado controle y participe en la explotación del mineral se impuso casi por mayoría. Así, entre las conclusiones  entregadas por la comisión el 27 de enero pasado y luego de cinco meses de trabajo, se recomienda que en la futura explotación de los salares  se mantenga el estado de no concesibilidad del litio y que éste se eleve a rango constitucional.
En una alusión directa a los contratos que el Estado mantiene con SQM Salar, la Comisión del Litio recomienda que en los futuros contratos de asociación público privada que autoricen la explotación del litio “se establezca una política de regalías, gravámenes  y otros cobros con la finalidad de resguardar la captura de la renta económica por parte del Estado” y que esas condiciones se revisen periódicamente para que “se adecúen a las condiciones prevalecientes en el mercado mundial”.
Justamente, lo que no ha ocurrido en los últimos 20 años con el monopolio que mantiene SQM Salar en el negocio del litio.
*Fuente: CiperChile en Reportajes de investigación