El gobierno, con la ultraderecha están trabajando para consolidar el retroceso que se abrió con la derrota del plebiscito post estallido, para aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población.

Es necesario para el movimiento de Derechos Humanos ir realizando un seguimiento de las medidas del nuevo gobierno instalado en Chile el 11 de marzo de 2026 y que apuntan a una regresión de lo avanzado en la materia: se trata, con mayor exactitud, del uso de una nueva correlación de fuerzas política favorable al sector de ultraderecha, alcanzada en la elección presidencial y parlamentaria, para consolidar el retroceso abierto con la derrota del plebiscito post estallido y aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población. Frente a ese desafío, hay que pensar y actuar en el presente sin dejar de lado el futuro.

Sin embargo, es necesario decir que ya en el Gobierno de Boric se inicia este proceso regresivo; por una parte, el blindaje del Estado y de los conglomerados económicos con la dictación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista; la Ley Nain Retamal, la Ley anti-tomas, entre otras. Y, por otro, la absoluta falta de voluntad política para hacer Verdad, Justicia y Reparación Integral a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Revuelta Social de Octubre del 2019.

La recopilación a continuación es información pública, profusamente difundida por los medios de comunicación nacional.

El articulo En un Chile regresivo, hay que pensar y actuar en defensa de los derechos y las libertades apareció primero en piensaChile.

Solo una parte de este es de acceso público

El articulo El software de Unholster, de $600 millones de pesos, no ha sido usado por los ministros relacionados con el Plan Nacional de Búsqueda apareció primero en piensaChile.

Camaradas
Dirigentes y militantes
Partido Comunista de Chile

Los abajo firmantes se dirigen fraternalmente a Uds. en forma pública para someter a su consideración una propuesta que estiman absolutamente necesaria de ser presentada al gobierno del Presidente Gabriel Boric, del cual el Partido participa en forma destacada.

Se propone un giro en la estrategia política que ha llevado al gobierno a insistir en su intento de buscar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos de ley que, habiendo sido presentados hace ya más de dos años, no han logrado aprobarse.

La nueva estrategia gubernamental debe basarse en utilizar al máximo las atribuciones legales del Ejecutivo para enfrentar los mayores abusos y distorsiones que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973, y retomar el camino de las reformas que el país necesita con la más amplia participación del pueblo movilizado. Ese es el único camino para abrir un cauce democrático y progresista de solución a la crisis política nacional en pleno curso y por todos reconocida.

Consideramos que en esta propuesta deben incluirse como puntos fundamentales los siguientes:

1. Proceder al retiro inmediato de los proyectos de ley de reforma previsional y tributaria presentados al Parlamento, trasladando directamente a la ciudadanía la decisión respecto de ambas materias, medida similar a la exigida por la CUT.
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2. En reemplazo de ambos proyectos, presentar al Parlamento una ley cuya idea central sea autorizar el traslado voluntario al Instituto de Previsión Social, IPS, de todas personas actualmente afiliadas al sistema AFP, activas y jubiladas, en línea con la propuesta respectiva, formulada por el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, y el vicepresidente de CENDA, Manuel Riesco, cuyos beneficios para las personas afiliadas, activas y jubiladas, son definitivos y aseguran su traslado masivo, presionando al Parlamento por su aprobación.
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3. La eliminación del sistema AFP así lograda aumenta de modo significativo los ingresos fiscales netos tras mejorar las pensiones, en una cifra superior a la reforma tributaria presentada originalmente por el gobierno y rechazada por el Parlamento. Adicionalmente, anula la mayor parte de la deuda total del Estado, la que ha sido contraída con el sistema AFP para cubrir los enormes subsidios que han financiado dos tercios de las pensiones pagadas por este. Corrige asimismo la principal y más regresiva distorsión del régimen tributario, que consiste en la “atípica transferencia forzosa al sector privado”, como la califica un reciente informe de la OCDE, de parte significativa de los salarios. Se acaba de este modo con el segundo mayor abuso heredado de la dictadura, que ninguno de los gobiernos posteriores, incluido el actual, ha intentado siquiera terminar.
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4. Utilizar a fondo las atribuciones del ejecutivo para condonar ahora todas las deudas del Crédito con Aval del Estado, CAE y reconocer como crédito de futuros impuestos los pagos ya efectuados, redirigiendo a gratuidad los recursos presupuestarios respectivos a partir de 2025. Ello beneficia directamente a millones de personas afectadas por esta política fracasada y abusiva, permite ampliar la gratuidad de modo de cubrir hasta el noveno decil de ingresos, y no representa un desembolso adicional significativo sino más bien el castigo de supuestas acreencias que además de regresivas son incobrables.
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5. En materia de vivienda, asignar los recursos públicos que sean necesarios para reducir rápida y drásticamente el déficit habitacional, ofreciendo a todas las personas que actualmente pertenecen a comités de vivienda la seguridad de un pronto acceso a las mismas. El gobierno debe cumplir con lo prometido por el Presidente Boric cuando declaró que “no habrá desalojos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en tomas de terrenos y estén constituidas en un campamento”. Respecto al reciente incendio en la Región de Valparaíso, hacer uso de la Ley de Sismos y Catástrofes, necesaria para poder atender las demandas de todas las familias afectadas.
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6. En materia de salud, utilizar a fondo las atribuciones de FONASA para ofrecer un plan que permita el traslado al seguro estatal de todas las personas actualmente afiliadas a ISAPRE, manteniendo el mismo precio, los mismos prestadores y los mismos beneficios.
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7. Utilizar a fondo las atribuciones del Ejecutivo para poner coto al mayor de todos los abusos y la mayor de todas las distorsiones heredadas de la dictadura y, mantenidas e incrementadas durante gobiernos posteriores: la entrega a título gratuito de la mayor parte de las riquezas del subsuelo, la tierra y el mar, a un puñado de rentistas privados que las explotan y venden en su mayor parte con poco y nada de valor agregado en el país.
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8. Respecto del cobre, establecer de inmediato una política similar a la que ha impuesto Indonesia, que en el año 2014 prohibió la exportación de concentrados de cobre a partir del año 2020, lo cual forzó a todas las mineras a invertir en una moderna industria de refinación limpia. El éxito de dicha política llevó a Indonesia a ampliarla recientemente al manganeso y níquel. Por otra parte, proponemos al gobierno revisar la absurda política de regalías de la ley de royalty recién acordada en el Parlamento, que al fijar un tope a la tributación total de las mineras, en la práctica reduce el porcentaje de regalía a medida que sube el precio del metal.
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9. En el caso del litio, mineral excluido de la infame ley de concesiones mineras de la dictadura, utilizar a fondo las considerables atribuciones del ejecutivo para aplicar estrictamente la acertada estrategia nacional del litio anunciada por el Presidente Boric, que reserva su explotación exclusiva a empresas del Estado o sociedades controladas absolutamente por estas. Dicha estrategia ha demostrado su justeza con la firma hace pocos meses del contrato de CORFO con CODELCO, que ha entregado a la estatal la exclusividad sobre la explotación del principal yacimiento del Salar de Atacama. La estrategia nacional del litio debe hacerse extensiva de manera estricta a todos los salares sin excepción. Resulta inaudito que recientemente el gobierno haya anunciado que se propone entregar a privados fundamentalmente extranjeros, 26 salares sin explorar, lo cual debe ser rechazado de modo terminante..

Los abajo firmantes expresamos nuestra disposición a participar en todas las instancias que se estimen necesarias para discutir estas propuestas.

Santiago de Chile, 23 de mayo 2024

*Fuente: Crónica Digital

El articulo Carta abierta a la militancia del Partido Comunista de Chile apareció primero en piensaChile.

Juan Wener Carvajal Trigo es un nombre reconocido en el mundo político de Chile. Ligado al trabajo de prensa, encabezó la dirección de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, organismo dependiente del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.Carvajal volvió a La Moneda bajo la administración de Gabriel Boric en el contexto del Caso Fundaciones, dedicado a lo que -anunciaron en ese momento- se trataría de una asesoría a la misma Secom de la que anteriormente fue director. Sin embargo, el militante del Partido Socialista no es solo recordado por ello.

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Juan Carvajal también ha sido señalado como quien delató en noviembre de 1990 a Marco Ariel Antonioletti, militante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) que, tras una operación de rescate del Hospital Sótero del Río, fue llevado a la comuna de Estación Central donde se hospedó en la casa de una colaboradora del partido quien, a la vez, era pareja en esa época de Juan Carvajal.

Tras la llegada de Antonioletti y su identificación en medios de prensa, recoge un reportaje de CHV, «Carvajal lo delató a su amigo, el subsecretario Ricardo Solari, se reunieron dos veces en La Moneda con el ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, planificándose un control sobre la zona», donde se pretendía que el militante del MJL fuera interceptado.

Sin embargo, la Policía de Investigaciones se desplegó anticipadamente en el lugar, acribillando la vivienda y asesinando con un disparo en la cabeza a Marco Ariel. El hecho ha sido ampliamente abordado en relatos de militantes del MJL y de Andrea Osorio (su pareja), artículos de investigación, reportajes de prensa, capítulos de libros e incluso voces de la clase política registradas en documentales.

El historiador Nicolás Acevedo Arriaza ha señalado, sobre el caso, que la «Policía de Investigaciones, luego de asesinar a Antonioletti, detuvo a la familia de Carvajal, quien se había refugiado junto a sus hijos y esposa en una pieza durante el ataque. Juan Manuel Carvajal, hijo menor del dueño de casa, recuerda que su hermano fue amarrado de manos porque se le creía ejecutor de los disparos. Finalmente, la familia salió libre ese mismo día. Con los años se supo que el propio Carvajal había denunciado a Antonioletti, partiendo a Europa por temor a represalias».

Por la puerta ancha y por $25 millones

RESUMEN revisó documentación, obtenida vía transparencia, relacionada al contrato que sostiene Juan Carvajal Trigo con la entidad dirigida por el militante de Revolución Democrática, Pablo Paredes, y a la vez dependiente de la cartera ministerial de Camila Vallejo, militante del Partido Comunista.

Entre la documentación se encuentra un contrato a honorarios (puedes revisarlo acá) firmado entre la subsecretaria Nicole Cardoch Ramos y Juan Carvajal, donde se estipula que las funciones a cumplir constarían de «asesorar a la Dirección en la elaboración y desarrollo de estrategias comunicacionales para el posicionamiento de las autoridades de Gobierno. Asesoría estratégica para el seguimiento de compromisos institucionales».

El contrato cuenta con una vigencia desde el 13 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año, correspondiéndole a Carvajal un honorario bruto de $25.350.000, el cual «se pagará en una cuota correspondiente al mes de julio de $2.850.000 y 5 cuotas mensuales de $4.500.000».

Entre las cláusulas del millonario contrato se estipula que la persona contratada «tendrá la obligación de emitir y enviar un informe por escrito mensualmente a su Supervisor (…) detallando las funciones, tareas, asesorías desempeñadas o estudios encomendados».

RESUMEN corroboró que existen certificaciones que dan «cumplimiento a las funciones señaladas en el contrato a Honorarios». En estas, entre los meses de julio y noviembre de 2023,  las principales actividades desarrolladas corresponden a asesorías de posicionamiento medial y evaluaciones semanales.

El articulo Chile turbio: el retorno al Estado de Juan Carvajal Trigo, el delator. apareció primero en piensaChile.

En vísperas del segundo aniversario del gobierno de Gabriel Boric la ciudadanía aparece confundida y tiene derecho a preguntarse si los recientes dichos y acciones del presidente de la República corresponden a otra de sus contradicciones o si quiere ir más allá y aspira a completar su mandato de la mano de la derecha reaccionaria contraria a los cambios y que se proyecta con oportunismo para volver a La Moneda.

Amplios sectores populares se vieron sorprendidos durante febrero por las actuaciones del jefe de Estado, que está en La Moneda por haber ganado con holgura las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 sobre la base de un programa de transformaciones estructurales que aún no se cumple para desencanto de las mayorías que ahora reciben con estupor el acercamiento a los que instalaron el modelo neoliberal de abusos y desigualdades que hoy pretenden consolidar.

En sus dos primeros años este gobierno ha soportado una y otra vez las persistentes presiones de la derecha opositora que no se convence de su derrota en esos comicios e insiste en asumir un protagonismo que no le corresponde, pero que a estas alturas ha visto la ocasión de reafirmar ante la evidente debilidad gubernamental.

Con un Ejecutivo conciliador no hay señales del proceso refundacional que se anticipaba y en cambio prevalecen las imposiciones de los partidos que actúan en representación de la minoría oligárquica. Continúa la institucionalidad de la dictadura y todavía están en pie empresas como las AFP y las Isapres que ganan a manos llenas solo para sus dueños. El mercado mantiene su supremacía por sobre el Estado, todos los días hay apoyo oficialista a Carabineros porque pasaron al olvido las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, la concentración económica de una poca deriva en una irritante desigualdad, etc.

Otra potente expresión de este intento de aproximarse a la derecha estuvo en el discurso de Boric durante el velatorio del expresidente Piñera, en la sede en Santiago del Congreso Nacional. En sus palabras el actual mandatario hizo –como si se lo hubieran solicitado– un desproporcionado “mea culpa”, y mostró un arrepentimiento que no venía al caso destacando en todo momento lo que a su juicio fue un papel democrático de Piñera, el presidente –contrariando el sentir del pueblo– opinó que el multimillonario empresario “abrió el camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, abierta al diálogo y los acuerdos por el bien superior de Chile”.

Y recalcó que “en su gobierno las querellas y recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”, arrancando una cerrada ovación de los asistentes, todos ellos ministros y colaboradores del piñerismo empresarial.

Fue fuerte y doloroso para muchos –y penoso, sin duda– escuchar esas palabras y esos aplausos. Boric está en la primera magistratura por voluntad popular y también es líder del movimiento de recambio Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista), que constituye en la actualidad la única expresión de Izquierda sólidamente estructurada a nivel nacional, uno de cuyos objetivos es terminar con el modelo neoliberal impuesto desde la dictadura. Quienes lo aplaudieron con reconocimiento son los adoradores de ese modelo.

Doblemente deplorable fue ese episodio para las víctimas –y sus familiares– del estallido social, ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 y que es la más imponente manifestación popular en lo que va corrido de este siglo en Chile. Ver en las calles a multitudes de gente pobre, sencilla y sin oportunidades, demandando por dignidad, descolocó al gobierno pasado que solo reaccionó a través de una brutal represión por parte de Carabineros y el Ejército a lo largo de todo Chile.

Hubo 30 civiles muertos y cientos o miles de heridos, mutilados, torturados o abusados con impunidad. Del estallido hay nombres emblemáticos para el pueblo: Fabiola Campillai, actual senadora independiente con primera mayoría nacional, y el entonces estudiante Gustavo Gatica, ambos ciegos por el resto de sus días, sin que los responsables hayan mostrado arrepentimiento alguno. Al atacar al rostro de los participantes en las marchas, Carabineros provocó graves lesiones oculares, pérdida de uno de sus ojos, a 420 hombres y mujeres en su mayoría jóvenes, tres de los cuales se han suicidado a la fecha.

Las querellas contra los policías uniformados, capaces de causar daño a terceros como si fuera algo natural, fueron presentadas por cuatro organismos internacionales de derechos humanos cuyos representantes constataron personalmente la violencia y el descontrol de la represión. De nuevo la Justicia ha demorado más de la cuenta en dar a conocer su fallo, al cabo de cuatro años y medio.

Con un descarado aprovechamiento político desde el ámbito reaccionario se pretende ahora que se retiren las querellas contra quienes secundaron a Piñera. Dicen que “sería bueno que el presidente Boric como una señal de unidad retirara estas querellas que ponen un pelo en la leche a este ambiente de acuerdos y consensos”. Ciertamente a la derecha civil y uniformada la impunidad siempre le ha venido como anillo al dedo.

Para el amplio espectro democrático todo ello es incomprensible. Lo que se considera que sí fue más allá de lo justo y razonable fueron los asesinatos, los mutilados, los heridos y los abusados en el gobierno anterior. La Izquierda consecuente advierte que el discurso de Boric terminó cayendo en un inesperado negacionismo.

En esta “democracia defectuosa” (The Economist) en que se mantiene aún intocable el legado antipopular de la dictadura, no es extraño que en estos días algunos hayan llegado a la exacerbación de la figura del expresidente y empresario fallecido. Lo que sorprende es que Boric se haya dejado llevar por las circunstancias y haya olvidado su generosa votación popular y sus anuncios refundacionales para una vida más digna de los chilenos.

Al completar la mitad de su período, Boric y su gobierno se encuentran en deuda con la ciudadanía, hoy desconcertada por su reciente cometido. Pero el mandatario y sus colaboradores tienen aún por delante los próximos dos años, tiempo suficiente para rehabilitarse, cumplir las expectativas, desentenderse de la trampa diaria que les coloca la derecha pinochetista y comenzar a gobernar con voluntad y convicción en favor de las mayorías postergadas.

*Fuente: SurySur

El articulo Chile: Peligroso acercamiento a la derecha apareció primero en piensaChile.

Su herramienta mas eficaz, los medios de comunicación, justificaron el resultado esgrimiendo nimiedades como que la gente no logró comprender o derechamente no leyó el texto, en definitiva, la prensa funcional a los intereses del poder, sin mayores complicaciones sacaron de la pauta la noticia y retomaron la política de fustigación al gobierno.

Con ello, se atrincheran en el congreso para impedir cualquier avance en materia de derechos sociales, en especial en pensiones, salud y en política tributaria, pues cualquier reforma precisa recursos y sin una reforma tributaria que grave consistentemente al capital y en particular al capital financiero cualquier avance será imposible.

La impudicia es tal, que cuando se trata de salvar o beneficiar a los poderosos ahí no hay inconvenientes, no trepidaron en llevar adelante el “perdonazo” a las isapres, tampoco han mostrado pudor ante los obstáculos para avanzar en una legislación que permita romper con el secreto bancario y por esa vía detectar los negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y a empresarios corruptos.

Es la esencia de la derecha, defiende un sistema que ya cumple cuatro décadas y que, en tanto transcurre el tiempo, ahonda las diferencias sociales en nuestro país.

Pero, ¿por qué la derecha logra imponer su estrategia de dominación? ¿Por qué, a pesar de haber sufrido una derrota, se muestra altanera y prepotente?

Porque tiene al frente a un gobierno débil, sin convicción, especialmente en lo doctrinario. El Frente Amplio, coalición que es la base política del gobierno, transmitió profusamente en su corta, pero intensa existencia, ser portador de una nueva moral, una que resaltaba el valor del mandato que la ciudadanía entregaba al político, para que éste, recogiendo esa orden cumpliera a cabalidad la promesa realizada.

Se trataba de anteponer al actuar de un político, un conjunto de principios y valores que le restituían a la política la virtud de ser la actividad más noble que pueda realizar el ser humano, ya que esa praxis vinculaba de manera indisoluble la ética a la política y en tanto lo hacía, se convertía en un muro a la corrupción, entendida ésta en su más amplia expresión.

A menos de dos años, el gobierno cedió a la presión, no solo porque no cuenta con mayoría en el Congreso, Allende tampoco la tuvo y fue capaz de llevar adelante una epopeya como fue nacionalizar el cobre y controlar más del 60% de la banca.

El gobierno, falto de convicción y con una inexperiencia desbordante, recurrió para gobernar a quienes cuestionó enérgicamente mientras fue oposición, incluido, quizá el mas beligerante con la vieja forma de hacer política, el propio Gabriel Boric.

Y hoy de regreso en los cargos más relevantes, los rostros visibles de lo que ayer se condenaba dirigen el gobierno, esta vez, con cada vez menos apoyo de la ciudadanía, que ha ido poco a poco cansándose de tanta promesa incumplida y ha ido aprendiendo y quizá por ello, en estos últimos años ha rechazado de manera tan categórica los dos textos constitucionales que se le han presentado.

El pueblo, la ciudadanía, los y las trabajadoras, a pesar de ser desdeñados permanentemente por el poder económico y político, aprenden, y cada vez más se niegan a ser comparsas de aquellos que prometen todo; pero, que al momento de asumir cargos se olvidan de sus mandantes y reproducen las mismas y viejas prácticas que ayer condenaban y que hoy les llenan de privilegios, lo que las mayorías cada vez más repudian severamente.

La esperanza es que el pueblo a cuatro años del estallido no ha sido derrotado y saca lecciones de todos estos procesos.

*Fuente: Politika

El articulo Nada cambia, todo sigue igual apareció primero en piensaChile.

“Señor Piñera, está avisado,
se le va a perseguir por las graves violaciones
a los DD.HH. cometidas bajo su mandato”.

Advertencia del entonces diputado Gabriel Boric al
presidente Sebastián Piñera en septiembre de 2021[1]. 

Los derechos humanos son intransables, están fuera de todo comercio humano. Quien se atreva a hacerlo, ha de cargar sobre sí, además, la calificación de ‘coautor’,  ‘cómplice’ o ‘encubridor’ de tales ilícitos.

UN ACONTECIMIENTO MEMORABLE

La rebelión de 18 de octubre de 2019 ha sido uno de los hechos más significativos de la moderna historia de Chile. No solamente puso de manifiesto el cansancio de toda una población nacional con el impúdico proceder de una ‘élite política’ corrupta que, en el carácter de ‘sucesora natural’ de la dictadura pinochetista, mantiene aún, en sus manos, el control de la nación, sino, además, pudo mostrar hasta dónde pueden extenderse los límites de la tolerancia a los abusos que esa sociedad soporta antes de traducirlos en una explosión social cuyos efectos no siempre es posible prever. Enseñó, igualmente, que, gracias al portentoso avance que ha experimentado el desarrollo de las fuerzas productivas, es posible organizar una sociedad mejor, una sociedad cooperativa donde pueda ejercerse una democracia directa, más humana, fraterna y solidaria. Algo que, en los años precedentes, era ilusorio siquiera imaginar.

Ha sido natural, por ende, que los sectores más reaccionarios de la sociedad hayan querido tender un manto de silencio sobre ese hecho porque, a menudo, es conveniente ignorar aquello que resulta molesto. O descalificarlo. Atribuirlo a la obra de sujetos desquiciados, del lumpen o de la delincuencia. No es casualidad que algunos medios informativos hayan hablado del ‘octubrismo’ y pretendan, con ese calificativo, ridiculizar y denostar una de las más importantes gestas, ocurrida en uno de los momentos más álgidos de nuestra actual sociedad; no olvidemos que, para Amnesty International, es la manifestación más seria de las crisis habidas desde el término de la dictadura

“El denominado “estallido social” fue la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el mayor batacazo del Gobierno de Piñera, que dejó el cargo el pasado marzo”[2].

Si hay algo a lo que temen los sectores dominantes de una sociedad es a un estallido social. Les resulta insoportable, un desfile ‘alienígena’, una asonada delincuencial. Cuando ocurre aquello, les parece vivir una pesadilla de la que, de inmediato, quisieran despertar. Una contrariedad de las más odiadas. Porque un pueblo, levantándose en demanda de sus derechos, es el peor panorama que puede presentarse ante un gobierno que quiere perpetuar la cotidianeidad; más, aún, cuando ese gobierno lo ejerce, directamente, el gran capital.

VIOLENCIA VERSUS ORDEN

Entonces, hay que pensar en la respuesta. Y puesto que no hay cómo hacer frente a una comunidad que se alza en demanda de sus derechos, el empleo de la violencia se hace necesario. Entonces, aflora toda esa verborrea relativa a la ‘violencia’ para denostar como ‘violentos’ a quienes se atreven a alzar la voz para protestar por sus derechos. La protesta se hace sinónimo de ‘violencia’ y la fuerza empleada por la policía en contra de los manifestantes encuentra una explicación más tolerable bajo el eufemismo de ‘resguardar el orden’. Es el preludio de lo que acontecerá en lo inmediato, pues hasta la ‘justicia’ habrá de tomar partido en algún momento.

El movimiento social que se hiciera manifiesto a partir del 18 de octubre de 2019 se extendió por días, semanas y meses; prosiguió durante el primer semestre de 2020 e, incluso, durante los primeros meses de la pandemia hubo protestas en varios lugares del país. No se agotó. La detuvo el Covid; no otra cosa.

REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Una protesta contra el sistema vigente es un desafío a la autoridad. Y, cuando ello ocurre, no se pide permiso para marchar; el diálogo está roto. Por eso, la protesta de 18 de octubre de 2019 jamás lo hizo. Las marchas que, en el transcurso del tiempo, se hicieron diarias, nunca contaron con autorización; menos, aún, para apropiarse de los espacios públicos como lo fue la Plaza Dignidad.

No obstante, desafiar a la autoridad tiene su precio: se llama represión. Y cuando hay represión, generalmente, se hacen presentes violaciones a los derechos humanos.

El 20 de octubre de 1971, Chile ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos —aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948— y, en los años posteriores, todos los pactos internacionales sobre la materia. En 2009, a través de la Ley 20.357, de 18 de julio de ese año, aprobó, igualmente, la llamada “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, texto acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2391 (XXIII). De manera que, desde el punto de vista jurídico, las eventuales violaciones a los derechos humanos que pudieran producirse en los años siguientes se encontraban protegidas por normas claras de derecho.

EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PÏÑERA COMO VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Karl Marx nos enseña que la historia jamás es crítica consigo misma; tampoco lo son, en consecuencia, sus actores. Ni quienes apoyan sus políticas represivas. Pero, precisemos más. Ningún gobierno practica la autocrítica, ningún gobierno reconoce sus errores; no hacerlo es parte consustancial a la política pues, de lo contrario, se entrega a la oposición las armas que necesita para desacreditarlo. Por lo mismo, jamás se autocalifica como violador de los derechos humanos. Y aún cuando sea de público conocimiento tal circunstancia, los tribunales, la más excelsa y acabada expresión de la burocracia, nunca lo reconocerán.

No debe sorprender, por ende, que el gobierno de Sebastián Pïñera tampoco lo hiciera y, en consecuencia, se declarara inocente de los cargos que se le hacían. Y, sin embargo, las acusaciones eran demasiadas.

Cuando, en 2022, entregó Amnesty International (AI) en Chile su Informe Anual, señaló, acusadoramente, Rodrigo Bustos, encargado de esa oficina:

“Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”[1].

el diputado de Convergencia Social CS Gabriel Boric Font levantaba en esos años su dedo acusador para señalarle [a Piñera] que sería perseguido por todos esos crímenes.

En 2021, las causas acumuladas en los tribunales chilenos por violaciones a los derechos humanos habían alcanzado un total de 3.050 casos, calificados, en su gran mayoría, por los tribunales, como delitos comunes.  Ante tan manifiesta arbitrariedad, que recordaba el período de la dictadura pinochetista, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió ayuda al jurista Baltazar Garzón quien, acompañado de otras dos organizaciones internacionales (la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), entregó una presentación a la fiscal general de la Corte Internacional de Justicia, en ese entonces, la abogada Fatou Bensouda.

El texto comenzaba denunciando la arbitraria calificación que los tribunales chilenos hacían de los delitos de lesa humanidad,

“[…]  fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley”[2].

El gobierno de Piñera, a esas alturas, había sido denunciado como violador de los derechos humanos por Amnistía Internacional (AI), por el Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por eso, el diputado de Convergencia Social CS Gabriel Boric Font levantaba en esos años su dedo acusador para señalarle que sería perseguido por todos esos crímenes.

EL ‘CASO’ HERMOSILLA Y UN SORPRESIVO DESENLACE.

A mediados de noviembre pasado, el equipo periodístico de CIPER denunció el pago de sobornos a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos SII como de la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Esos sobornos permitieron la realización de una evasión de impuestos del orden 3.044 millones de pesos, uno de los escándalos financieros más grandes de los últimos años[3]. La denuncia afectaba directamente al abogado Luis Hermosilla Osorio, a la sazón, defensor del asesor jefe de La Moneda Miguel Ernesto Crispi Serrano quien estaba siendo acusado de haber encubierto y participar activamente en la labor de apurar el pago de operaciones destinadas a fundaciones de partidos de gobierno. El problema hubiere quedado reducido a un hecho más de la acostumbrada corrupción que afecta a personeros de la ‘élite política’ nacional a no ser por una circunstancia muy especial: Hermosilla no estaba protegiendo a Crispi por casualidad sino por una circunstancia muy especial: su hijo, Juan Cristóbal Hermosilla, había militado en el partido de Giorgio Jackson ‘Revolución Democrática RD’ durante sus años de estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile donde conoció a Miguel Crispi con quien mantenía una estrecha amistad. Incluso, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet habían, ambos, compartido funciones públicas[4].

“Posteriormente, Juan Cristóbal Hermosilla formó parte de la consultora Mapa ligada a RD, que prestó y compró asesorías a varios parlamentarios, entre ellos el entonces diputado Miguel Crispi […]”[5]

LOS DIFÍCILES MOMENTOS DEL GOBIERNO DE APRUEBO DIGNIDAD

El gobierno de Gabriel Boric no atravesaba por buenos momentos a mediados de 2023. El escándalo de los convenios amenazaba a sus ministros y colaboradores más cercanos frente a una oposición cuya política, extremadamente miserable a la vez que tremendamente reduccionista, se limitaba únicamente a cobrarle cuentas por los actos que, cuando era diputado, había ejecutado aquel en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Nada de leyes, nada de propuestas interesantes por el bienestar de la nación. Nada de eso. Solamente cobrar revancha de la ‘maldad’ de Boric y representarle a cada momento su iniquidad[6]. ¿Problemas psicológicos en dicha representación política o mentalidad estrecha? Lo cierto es que, a esas alturas, las trabas impuestas por la oposición al Gobierno no sólo le hacían imposible pensar siquiera en cumplir su Programa sino le obligaban a estar pendiente de la protección de varios personeros de Gobierno, amenazados con acusaciones. En esas semanas, le correspondía el turno a Giorgio Jackson, ministro de Bienestar Social.

LAS REDES DE LUIS HERMOSILLA

Hermosilla era conocido en La Moneda. Había llegado hasta el segundo piso de La Moneda con la tarea de defender a Miguel Crispi de las acusaciones que se hacían en su contra no porque fuera un abogado brillante sino porque sus contactos con el mundo del Derecho le permitían exitosas intervenciones, pues es esa la forma usual que tiene los sectores dominantes para perseverar en lo suyo. Pero había otra razón, además de la indicada.

El ex presidente Sebastián Piñera había sido advertido, por el entonces candidato a la presidencia, que sería perseguido por la justicia por violación a los derechos humanos. Un grupo de colaboradores suyos muy cercanos a él, entre los que se contaba a Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet, decidieron conversar con Luis Hermosilla a fin que conviniera con La Moneda una posible fórmula orientada a desactivar cualquier intento de llevar a la justicia al ex mandatario.

No debe llamar la atención el empeño que esos representantes políticos del gran capital pusieron en tal cometido ni tampoco que su rogativa encontrara eco en los personeros del Frente Amplio, en especial, Miguel Crispi, pues gran parte de su dirigencia no sólo son la continuación política de la Concertación de Partidos Por la Democracia sino su continuación genética[7].

Crispi estaba, igualmente, necesitado de ayuda. Y Boric, apremiado por una oposición inclemente, también aceptó realizar tales negociaciones. El 11 de agosto, forzado por las circunstancias, Giorgio Jackson debió hacer abandono de su cargo de ministro de Bienestar Social en tanto el presidente Boric se preparaba para asistir al cambio de mando en Paraguay. La ocasión parecía propicia para invitar al ex presidente Piñera a la ceremonia, que se realizaría el 15 de ese mismo mes, y viajar con él a Paraguay en el avión presidencial.

El gesto de Boric fue comentado, pues la invitación que había recibido de las autoridades de esa nación era personal.

“Tras el viaje, Boric se mostró mesurado. ‘Conversamos [con Piñera] sobre cómo destrabar el momento político [en Chile]’. Y dos semanas después, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Boric afirmó que ‘no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata’”[8].

EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

No cabe la menor duda que si el escándalo protagonizado por Hermosilla de facilitar la evasión de impuestos —y, en consecuencia, de defraudar al Estado—, constituye un hecho grave, más grave lo es, aún, si, en ese empeño, recurre al soborno de funcionarios del SII y de la CMF.

Sin embargo, esa falta se hace infinitamente más grave cuando, en compañía de otro personaje (o de un grupo de audaces, que se atribuyen una representación que nadie les ha conferido), intenta encontrar la vía que asegure la impunidad a un eventual violador de los derechos humanos. Porque nadie puede transigir sobre esa clase de derechos. Los derechos humanos son intransables, están fuera de todo comercio humano. Quien se atreva a hacerlo, ha de cargar sobre sí, además, la calificación de ‘coautor’,  ‘cómplice’ o ‘encubridor’ de tales ilícitos.

No sabemos si ese eventual convenio entre el presidente Boric y el abogado Hermosilla, representando a ex personeros del gobierno de Sebastián Piñera, sigue vigente, si se ha consumado o está en vías de hacerlo.

En ese cometido y en el intertanto estaremos atentos a descubrir si el presidente Boric mostrará su voluntad inquebrantable de exigir o no respeto a los derechos humanos. En palabras más directas, si acaso  impulsará, como es su deber, la apertura de un proceso en contra de quienes violaron los derechos humanos durante el estallido social.

¿Lo hará directamente? ¿Le pedirá al Consejo de Defensa del Estado que lo haga en nombre y representación del propio Estado? ¿O, simplemente, colaborará en esa misión? ¿Entregará, en consecuencia, a los generales de carabineros involucrados en esos hechos? ¿Y a los alcaldes, gobernadores, intendentes, delegados de Gobierno que perpetraron tales ilícitos? Parece difícil. La confesión hecha a la prensa por el presidente, luego de su llegada de Paraguay, lo muestra orientado hacia un fin por entero diferente:

“¿Yo he dicho en algún momento que Piñera no es un demócrata? Lo que yo dije en el debate es que las violaciones a los DD.HH. tienen que perseguirse”.

“Yo digo y sostengo que el presidente Piñera tiene convicciones democráticas y teniendo muchas diferencias con él, yo personalmente no creo que él haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos”[9].

Sostenemos nosotros que, acallados los debates provocados por el reciente plebiscito, parece oportuno exigir de las autoridades un giro importante en su desempeño. Un giro que las aleje de las maquinaciones tanto de Hermosilla como de sus representados (Larraín, Chadwick, Blumel y otros) y permita asumir crecientemente a la Presidencia  el rol de conductora de la nación que le corresponde, lo que implica hacer oídos sordos de las voces que la apartan de esa alta labor; entre otras, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y todos aquellos que fueron mutilados visualmente no pueden quedar eternamente condenados a vivir en las tinieblas en tanto sus verdaderos victimarios siguen la más completa impunidad. No puede ser que suceda lo mismo con los crímenes de Abel Acuña, Romario Veloz, Manuel Muga, Andrés Ponce, Manuel Rebolledo, José Uribe y tantos otros. No puede ser que quienes incitaron al suicidio a los jóvenes que no soportaron su mutilación visual sigan gozando de tranquilidad. Hay responsables directos de todos esos hechos, personas que dieron órdenes y dispusieron que así se procediese. Hay sujetos responsables de haber convertido a las fuerzas policiales en represores de las protestas estudiantiles y no de la verdadera delincuencia. Hay, en esta materia, un trabajo que no está inconcluso sino, simplemente, algo que no se ha comenzado a hacer y que exige realizarse. Ahora, y no mañana.
Santiago, diciembre de 2023

Notas:

[1] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[2] Weibel Barahona, Mauricio: “Garzón y Comisión Chilena de Derechos Humanos acusan al Presidente  Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, CIPER, 29 de abril de 2021.

[3] Sepúlveda, Nicolás: “’Aquí estamos haciendo una huevá que es delito’: el audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”, CIPER, 14 de noviembre de 2023.

[4] Es probable que Crispi ingresara al sector público por meritos propios, pero no hay que olvidar que su madre Claudia Serrano fue ministra del Trabajo y Prevision Social de Michelle Bachelet.

[5] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[6] Esta infantil manera de actuar de la representación política de los sectores dominantes de la sociedad era tan manifiesta que la propia alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei lo reconoció en el programa ‘Contigo en la mañana’ de CHV, de lunes 18 de diciembre de 2023 señalando que había animadversión en contra del Gobierno por las expresiones que los dirigentes de Apruebo Dignidad (especialmente el ex diputado Boric) había pronunciado en contra de Sebastián Piñera.

[7] En no pocos medios de comunicación y, también, de las redes sociales se comienza a hablar de la ‘Nueva Concertación’ y no de ‘Apruebo Dignidad’.

[8] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[9] Redacción: “Presidente Boric: ‘Personalmente no creo que Piñera haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos’”, ‘Ex Ante’, 10 de septiembre de 2023

[1]Redacción:“«Señor Piñera, está avisado»: Boric reitera advertencia de llevar a tribunales internacionales los casos de «graves violaciones a los DD.HH.» durante el estallido”, ‘El Mostrador’, 22 de septiembre de 2021.

[2] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[3] Agencia EFE: “Amnistía Internacional entrega informa anual sobre DDHH en Chile: ‘Piñera deja un legado sombrío’”, Radio Biobío, 29 de marzo de 2022.

[4] Weibel Barahona, Mauricio: “Garzón y Comisión Chilena de Derechos Humanos acusan al Presidente  Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, CIPER, 29 de abril de 2021.

[5] Sepúlveda, Nicolás: “’Aquí estamos haciendo una huevá que es delito’: el audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”, CIPER, 14 de noviembre de 2023.

[6] Es probable que Crispi ingresara al sector público por meritos propios, pero no hay que olvidar que su madre Claudia Serrano fue ministra del Trabajo y Prevision Social de Michelle Bachelet.

[7] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[8] Esta infantil manera de actuar de la representación política de los sectores dominantes de la sociedad era tan manifiesta que la propia alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei lo reconoció en el programa ‘Contigo en la mañana’ de CHV, de lunes 18 de diciembre de 2023 señalando que había animadversión en contra del Gobierno por las expresiones que los dirigentes de Apruebo Dignidad (especialmente el ex diputado Boric) había pronunciado en contra de Sebastián Piñera.

[9] En no pocos medios de comunicación y, también, de las redes sociales se comienza a hablar de la ‘Nueva Concertación’ y no de ‘Apruebo Dignidad’.

[10] Herrero A., Victor: “La desconocida negociación entre Miguel Crispi y Luis Hermosilla para no perseguir a Piñera por violaciones a los derechos humanos”, ‘Interferencia’, 18 de noviembre de 2023.

[11] Redacción: “Presidente Boric: ‘Personalmente no creo que Piñera haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos’”, ‘Ex Ante’, 10 de septiembre de 2023

El articulo ¿Un nuevo atentado en contra de los derechos Humanos? apareció primero en piensaChile.

LA DIFÍCIL GOBERNANZA DE LA NACIÓN

Gobernar no ha sido fácil durante el año y medio que ha enterado este sexto gobierno de la Concertación. Ha debido enfrentar una oposición despiadada que anhela cobrarle, una tras otra, cada una de las expresiones vertidas, en contra de la administración anterior. En esa dirección todo ha sido lícito y moralmente aceptable: insultos, descalificaciones, ironías, burlas, interpelaciones, acusaciones constitucionales, rechazo a las leyes propuestas por el Ejecutivo, en fin. Como se decía, en las luchas que libraban los ‘Titanes del Ring’ en su época, ‘todo vale, todo vale’.

Podría pensarse que tal virulencia es casual, que no existe la intención de dañar, que todo es un invento de ese ‘comunismo’ perverso, acostumbrado a mentir, pero no. No es así. Se hace abiertamente. No se oculta. Es un revanchismo manifiesto. Sin lugar a dudas. Aunque ello poco o nada tenga que ver con la política ideal en la que muchos creen. En estos días, ha sido el propio presidente quien ha debido salir al paso de esa práctica malsana tras su criticado viaje a la Antártida:

“[…] los ministros han estado desplegados en terreno y quien quiera sacar provecho político a partir de la tragedia de otros, me parece que es de una pequeñez tremenda”[1].

A perseverar en esa idea nos ayuda recordar lo sucedido recientemente, a propósito de la crisis sanitaria y, más específicamente, de la gripe sincicial (sincitial) que afecta a la nación, cuando la casi totalidad del equipo ministerial del anterior gobierno pareció emerger, de golpe, desde su sepultura, para enrostrar a quienes hoy gobiernan que, a pesar de haber sido severamente enjuiciados por ellos, estaban llanos a ofrecer sus servicios y colaborar[2].  Una afirmación que se formula de los labios para afuera.

La pregunta que surge frente a esa oposición es qué pretenden con ello los sectores dominantes, qué buscan, cuál es su objetivo final.

LA CONCIENCIA DE LOS SECTORES DOMINANTES

En numerosas oportunidades hemos recordado al malogrado teórico italiano Antonio Gramsci para señalar que la cultura de los sectores dominantes es una, típica, consciente y homogénea, a diferencia de aquella que tienen los dominados cuyos rasgos, por el contrario, son: múltiple, atípica, inconsciente y heterogénea.

Que los sectores dominantes actúen de esa manera no quiere decir que así han de hacerlo quienes asumen su representación política tanto natural como espuria, es decir los partidos que toman a cargo esa representación, sus directivas o miembros del Parlamento (diputados o senadores, servidores del Estado). Menos en Chile, donde la racionalidad (no inteligencia) de la cual hacen gala es bastante modesta. Y es que el capitalismo no necesita de la racionalidad para manifestarse porque el mismo es, en sí, un sistema bastante irracional. En consecuencia, no se puede exigir una conducta diferente a sus agentes, en base al axioma aquel según el cual ‘nadie da lo que no tiene’. El conjunto actúa como un todo; es un espectro social que tiene absolutamente delimitado su objetivo: ha de dominar y esa es su única razón de existir. Actúa, así, consciente y deliberadamente. Es un estamento consciente. Y su moral se origina en su propia supervivencia.

Mirado así el fenómeno hay que preguntarse cuál es la razón de persistir en esa actitud que, ante el espectador ingenuo —que cree en la ‘Patria’ y otros símbolos nacionales—, puede aparecer como desconcertante e, incluso, malévola o ‘antipatriótica’.

FORMA DE REALIZAR LA DEMOCRACIA

Dado que la forma normal de gobierno que existe para el modo de producción capitalista es la democracia —que contempla elecciones periódicas (libres, secretas e informadas), a fin de renovar constantemente las autoridades de una nación—, la forma más perfecta de realizarla es a través de lo que se conoce como ‘alternancia’[3]. La alternancia supone la existencia de dos grandes conglomerados políticos que, como su nombre lo indica, se alternan, periódica y sucesivamente, para el ejercicio de la administración del Estado. Ello requiere, por parte de los mismos, la ejecución de acciones que obstaculicen la acción de su contrario cuando esté en el gobierno, la desprestigien o descalifiquen a fin de facilitar la propia elección[4]. No debe sorprender que tales formas de ejercer la oposición se empleen frecuentemente pues la finalidad propuesta es imponerse sobre el contrario en la próxima elección.

La tarea de poner fin a un gobierno, que no representa la defensa de los intereses de determinado sector social y, por ende, facilitar la alternancia, comienza con la implementación de acciones hostiles por parte de sus adversarios. Estas acciones van a presentar múltiples aspectos: van a abarcar desde propuestas orientadas a modificar los objetivos del gobierno hasta la oposición directa y rotunda a los mismos.

En el caso de Chile, siendo el período presidencial de 4 años, lo normal es que, en los dos primeros, se intente por todos los medios posibles cumplir con el programa de gobierno presentado a la comunidad nacional poco antes de realizarse las elecciones, permitiéndose que los otros dos restantes se destinen a la propaganda eleccionaria del próximo período. Porque así como existe una suerte de ‘cretinismo parlamentario’ en las elecciones parlamentarias, también en las presidenciales se manifiesta aquel en forma de ‘cretinismo presidencial’. Afecta a toda la población nacional cuyas emociones con manipuladas por los partidos políticos pues el objetivo principal es encontrar un ‘salvador’.

EL PROGRAMA DE GOBIERNO Y UN ESTADO RESQUEBRAJADO

Estimamos nosotros imposible de imaginar que, en los meses restantes de este ‘periodo  de realizaciones’ (seis), pueda el Gobierno cumplir a cabalidad con el programa empeñado. Lo que nos conduce a suponer con certeza que, al término del año, comenzarán a perfilarse candidaturas, programas, campañas, un universo por entero eleccionario, de manera tal que todo lo planteado como promesa empeñada, en 2021/2022, quede opacado por ese frenesí electoral.

¿Por qué afirmamos aquello? Es conocido de todos que este sexto gobierno concertacionista recibió, al asumir, un Estado en quiebra, con un movimiento social derrotado por la Naturaleza (la pandemia del Covid), graves violaciones a los derechos humanos, una policía desprestigiada y usada para reprimir la protesta social, escasos recursos para dar satisfacción a las más urgentes demandas ciudadanas, una clase trabajadora arrinconada, pobre, desideologizada (o ideologizada con los valores del sistema), con sindicatos burocratizados, cuya única esperanza era retirar sus fondos previsionales. Un país con desigualdades tremendas, una inmigración descontrolada, un Gualmapu criminalizado, relaciones internacionales imposibles de mantener con los países vecinos y una delincuencia desatada, con fuertes vínculos al narcotráfico y a la trata de blancas, además de políticos corruptos asentados en los órganos del Estado y partidos políticos, desprestigiados, tremendamente jibarizados, actuando como zombis en un Parlamento cuyo comportamiento avergüenza. Y, por si fuera poco, una Fiscalía en manos de un sujeto indolente e inepto como era Jorge Abbott, ex militante del MAPU, bajo cuya conducción la impunidad de la corrupta elite política y empresarial alcanza su clímax. Todo eso ha requerido atención preferencial del nuevo gobierno; especialmente el combate a la delincuencia. Y es lógico que, sin resolver previamente tal escollo, nada pueda realizar.

No debe llamar la atención que, presionado por una oposición interesada en reconstruir el Estado burgués, pase el Programa de Gobierno a ocupar  un segundo plano, al extremo  de quedar reducido a un mezquino conjunto de logros que bien podríamos considerar como ‘retazos’ del mismo.

LA ACELERADA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO BURGUÉS

Así, la labor del Gobierno, hoy, no es el cumplimiento de un programa, como muchos ilusos podrían suponer, sino, lisa y llanamente, la recomposición del Estado burgués. Piñera lo dejó en ruinas. Utilizó la policía únicamente para reprimir las manifestaciones y no la delincuencia; quiso hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, pero no le resultó. No fue casual, en consecuencia, que la delincuencia a nivel internacional encontrase campo propicio en Chile para desarrollarse y transformar a la nación en un soporte más de los carteles que operan en el planeta. El desarrollo delincuencial ha alcanzado niveles tan espectaculares que un grupo especializado de antisociales organizó, incluso, un polígono de tiro, donde no solamente delincuentes se inscribían para practicar ‘tiro al blanco’, sino hasta funcionarios de la PDI (se descubrieron tres) y carabineros (se descubrieron dieciocho)[5]. Incluso un escolta de la guardia presidencial practicaba tiro en el polígono ilegal[6]. Nadie controlaba aquello.

Es natural que hechos de tal naturaleza hayan requerido una especial dedicación del Estado al extremo que se puede decir, hoy, que la reconstrucción y reorganización del Estado burgués chileno avanza a pasos agigantados en manos de este sexto gobierno concertacionista, lo que, en cierta medida, hasta podría explicar las amargas palabras de Héctor Llaitul, líder de la CAM:

“[…] en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mí, acuérdate hueón”[7].

Porque, en la tarea de reconstituir la estructura piramidal y autoritaria del Estado, los partidos, nacidos al amparo del movimiento estudiantil, con el gozo de no pocos superficiales analistas, se han hecho cómplices del sistema que buscaron abolir, transformándose en otro de aquellos

“[…] gobiernos de izquierda que han mantenido la estabilidad y gobernabilidad democrática apegados a procedimientos y prácticas que no contravienen a la autoridad”[8].

No es esa misión algo de lo cual pueda enorgullecerse quienes han querido identificarse con la figura del presidente Salvador Allende.

NATURALEZA DEL ESTADO BURGUÉS

La evolución del Estado, más bien, su evolución histórica, es un relato del periódico ejercicio de la violencia, de la fuerza ejercida por un grupo de seres humanos en contra de otro. Es lo que ha dado origen al concepto de ‘autoridad’ que, siguiendo las pautas de la guerra, se apoya en la verticalidad del mando militar. Históricamente, Estado es todo aquello; en consecuencia, también lo es el Estado burgués.

Si, como numerosos autores de los siglos 18 y 19 lo aseguran, los grupos que conseguían asentarse en determinados territorios eran víctimas del robo violento que ejercían grupos armados aplicando lo que se conoció como ‘modo de saqueo’, muchas de esas prácticas perduran hoy en las instituciones de los Estados modernos y en el Derechos Internacional

Así sucede con los modos de adquirir el dominio, en el Derecho Internacional, materia que debería avergonzarnos, pues consagra como tales la conquista, la ocupación, la accesión y la prescripción, aunque, igualmente, algunos de los clásicos como lo son la compraventa, la permuta, la donación.

La existencia del ejército para la construcción del Estado no bastó. Las ciudades debieron levantar murallas y proteger tras ellas a la población. El Estado se transformó en ciudad/estado. El Estado comenzó a aparecer protegiendo a sus ciudadanos, creencia que se extiende hasta nuestros días con la creación del Estado de Bienestar y se olvida que ese bienestar fue fruto de largas y extenuantes jornadas de lucha social en demanda de esos derechos.

El Estado, hoy, es un resabio de la antigüedad. Muchas personas quieren verlo como la representación jurídica de la sociedad, confundiendo su verdadera esencia con el espíritu y evolución de la comunidad (gemeinwesen o gemeinschaft). Pero el Estado sigue siendo una creación de la fuerza. O, si se quiere, de la violencia. No por algo decía, al efecto, ese notable jurista que fue Friedrich Von Savigny:

“Si la fuerza sin el derecho es la barbarie, el derecho sin la fuerza es una burla”

Nicos Poulantzas, que dedicara su vida al estudio de las clases sociales y del Estado lo define como ‘factor de cohesión de una formación social’[9]. Y si aceptamos que, desde el punto de vista jurídico, el Estado no es más que la sociedad jurídicamente organizada, forzosamente hemos de concluir que el Estado no es sino la organización social mediada por la fuerza. Algo que debe hacernos meditar profundamente.

LA ACCIÓN DE LA OPOSICIÓN EN EL CHILE ACTUAL

No interesa, por consiguiente, a la oposición, ocupar su tiempo para pensar en un eventual derrocamiento del Gobierno. No necesita hacerlo; ni siquiera pensarlo. El sexto Gobierno de la Concertación le es extremadamente necesario para la reconstrucción de ese Estado que ha de encontrarse en perfecto funcionamiento en 2025 cuando, luego de las correspondientes elecciones en donde, si no media otro factor disociador, le corresponda hacerse cargo del Gobierno y pueda comprometerse en cuanto asegurar a Chile paz y tranquilidad.

Por lo mismo, su tarea de hoy es desprestigiar al Gobierno, descalificarlo, ridiculizarlo, representarle ante la ciudadanía, con el apoyo de los medios de prensa (que controla descaradamente), su incapacidad para resolver los problemas nacionales. Pero, por otra parte, también desde el Parlamento, reducir la concesión de ayuda económica, lo que implica poner trabas a los proyectos de Reforma Tributaria y Reforma Previsional y, de esa manera, lograr un efecto similar al que realiza USA en el plano internacional cuando determina aplicar sanciones económicas a ciertos países. El objetivo es conseguir que la comunidad nacional culpabilice de esa situación a sus propios gobiernos y se levante contra ellos o dé el triunfo electoral a los sectores opositores. Es el juego de la política y  de los políticos..

EL NUEVO PROGRAMA DE GOBIERNO DEL SEXTO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN

En consecuencia, sostenemos nosotros que los sectores dominantes necesitan del sexto gobierno concertacionista y exigirle un aumento de la capacidad represiva del Estado. Debe, también, fortalecer el respeto a la autoridad y proteger, en consecuencia, la vertical estructura de esa institución. En palabras más simples: debe coadyuvar a la labor que debe realizar el gobierno en cuanto a realizar el trabajo sucio que quedó pendiente tras la administración de Piñera. Boric le es indiscutiblemente útil a los sectores dominantes de la nación. Conclusión que no deja de ser extremadamente amarga para quienes confiaron en el Frente Amplio. Y para quienes entienden lo que Estado realmente significa. Solamente de esa manera podrá la actual oposición vanagloriarse de poder derramar algunos beneficios que tiendan a mitigar la aguda situación de los sectores dominados.

Pero, cuidado, esto no es algo de ahora. No. Era algo que se veía venir. Como expresa otro analista:

“[,,,] seamos honestos. Eso se venía desmoronando hace bastante más. Sus continuos gestos a la  derecha y al imperialismo norteamericano, su revés a los progresismos latinoamericanos, su apoyo a Ucrania y por último sus llamados a revisar los errores de la Unidad Popular con literatura de derecha.

El Gobierno de Boric está siendo, justamente, la izquierda que quiere la derecha”[10].

Del Programa de Gobierno empeñado por la coalición gobernante, ni hablar. Y es lógico pensar que a muchos nos agradaría saber qué opina de todo ello el glorioso partido Comunista.

Estocolmo, Junio de 2023

Notas.

[1] Carrillo, Constanza: “Presidente Boric por críticas tras viaje a la Antártica: ‘Basta de buscar provecho político’”, Radio Biobío, 24 de junio de 2023. La negrita es del original.

[2] Flores Belmar, Jonathan: “Paula Daza no olvida a Izkia Siches: ‘Nos trató de infelices en el momento más difícil de la pandemia’”, Radio Biobío, 10 de junio de 2023.

[3] Véase “Teoría de juegos en las ciencias sociales: conceptos y soluciones”, de Martin Shubik, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica.

[4] La deslegitimación de la autoridad se emplea raras veces,  pues es una forma de oposición más radical y su finalidad no es otra que poner término inmediato al gobierno, lo que puede conducir al establecimiento de un gobierno de excepción o dictadura.

[5] Andrews, Juan Pablo: ”PDI desarticula polígono de tiro ilegal en Quilicura: instructores eran ex uniformados venezolanos”, La Tercera, 13 de junio de 2023.

[6] Rivera, Victor: “Un escolta del Presidente removido de La Moneda: asistía a polígono de tiro ilegal de ex militar venezolano”. La Tercera, 16 de junio de 2023.

[7] Reyes, Felipe: “Los dardos de Llaitul contra Boric: ‘En el gobierno de ese cu… me van a matar, acuérdate hueón’”. Radio Bíobio, 20 de agosto de 2022.

[8] Morales Mery, Enrique: “La implosión rebelde: el efecto bumerang”, ‘El Dínamo’, 24 de junio de 2023.

[9] Poulantzas, Nicos: “Poder político y clases dociales en el Estado capitalista”, Siglo 21 de España editores s.a., Madrid, 1969, pág. 47

[10] Murieta, J.: “El Gobierno que quiere la derecha”, ‘Resumen’, 23 de junio de 2023.

El articulo La reconstrucción del estado burgués apareció primero en piensaChile.

Cuando era diputado, Gabriel Boric anunció en las redes sociales su intención de acudir ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Sebastián Piñera, junto a otras acciones que impulsaría frente a organismos internacionales, con el fin de impedir la impunidad.

Una vez que asumió la presidencia, declaró en algunos discursos su firme compromiso con los derechos humanos, pero finalmente se ha puesto de perfil frente a la campante impunidad. También hizo lo mismo ante el referéndum de salida del nuevo texto constitucional, pese a haber declarado su apoyo, el cual solo quedó en palabras que se llevó el viento. Como Poncio Pilatos, se ha lavado las manos en cuestiones realmente relevantes y ha dejado que los poderes fácticos (con el apoyo de una ciudadanía desinformada y manipulada) tomen las decisiones.

Este presidente, reconocido globalmente como un líder progresista, no ha hecho más que reforzar el status quo que tanto criticó en su época de dirigente estudiantil, ya que se ha planteado rescatar a las Isapres, contener el gasto público (por recomendación de su ministro neoliberal) y, lo peor de todo, mantener la impunidad y demás privilegios de la lumpenburguesía que controla los recursos naturales, los medios de comunicación, el mar, al poder judicial, a los partidos políticos y las fuerzas de orden y seguridad.

La ley Naín-Retamal es el corolario de todo ello.

Se trata de una norma de rango legal que conculca los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos constitucionalmente consagrados y, en la práctica, “deroga” numerosas convenciones internacionales de la misma naturaleza, entre ellos, al Estatuto de Roma. Por ello, colegas de derechos humanos han presentado un requerimiento ante el Pleno de la Corte Suprema, esperando que el alto tribunal reaccione ante esta barbarie.

El modelo neoliberal chileno necesita mantener a la población sumida en el miedo, distraída de la abyecta realidad oculta tras noticieros sensacionalistas y espejismos de un país desarrollado, porque quienes han convertido al país en un narcoestado son los mismos que pretenden combatir a la delincuencia con esta infame ley.

De muestra, un botón:

el concejal RN Karim Chahuán fue detenido por coordinar el saqueo de un centro comercial en La Calera, en pleno estallido social. Posteriormente, la policía determinó sus vínculos con una importante banda de narcotraficantes. Karim es hijo de un exalcalde y actual consejero regional y sobrino del senador Francisco Chahuán.

En ningún caso se trata de negar el grave problema que existe con los índices de criminalidad, pero sí es importante plantearse: ¿esta situación ha sido provocada desde el poder político y económico?

Lo cierto es que esta ley está permitiendo la absolución de los carabineros que cometieron excesos durante el estallido social, porque en materia penal, las leyes favorables al reo se aplican retroactivamente. Es decir, aquellos funcionarios que dispararon a los ojos, que patearon cabezas, que rompieron huesos, están quedando libres de polvo y paja. Sí, esta es la realidad.

“Algo había que cambiar… para que todo siguiera como estaba”, sentenciaba el príncipe don Fabrizio Salina en el Gatopardo. Por más que el presidente Boric use gafas estilo Salvador Allende y se niegue a usar corbata como Pepe Mujica, solo se queda en la triste caricatura de un gobernante con horchata en las venas, acompañado de sus amigos de universidad y demás patrulla juvenil, que ha vociferado a los cuatro vientos que con él vendrían los cambios, esos que el pueblo de Chile anhela desde ya hace tantas décadas, pero todo sigue absolutamente igual… o tal vez peor, porque ha consentido en institucionalizar y normalizar este estado policial de pistoleros con licencia para matar.

Los abogados y activistas que denunciamos a Piñera y a su equipo ante la CPI, seguiremos aportando antecedentes, seguiremos tocando puertas y acusaremos a quien tenga responsabilidad por acción o por omisión, incluso a los gatopardos que dicen tener un férreo compromiso con los derechos humanos, puesto que en Derecho, la culpa grave se equipara al dolo.

Caiga quien caiga, seguiremos denunciando.

Ignacio Bachmann-Fuentes
Lawyer, Assistant Professor in Department of Administrative Law, University of Granada.

Ver Informe de Amnistía Internacional sobre la violencia policial en Chile

¡Ver videos al pie de la versión en idioma sueco!

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Gabriel Borics polisstat

När han var riksdagsledamot tillkännagav Gabriel Boric på sociala nätverk sin avsikt att vända sig till Internationella brottmålsdomstolen för att fördöma de brott mot mänskligheten som begicks under Sebastián Piñeras regering, tillsammans med andra åtgärder som han skulle driva inför internationella organisationer, för att förhindra straffrihet.

När Boric tillträdde som president uppgav han i flera tal sitt starka engagemang för mänskliga rättigheter, men i slutändan har han tagit ett steg åt sidan inför den skenande straffriheten. Ett liknande förfarande som inför folkomröstningen om den nya grundlagstexten, där han visserligen uttalat sitt stöd, som förvandlades till tomma ord. Han har likt Pontius Pilatus tvagat sina händer inför relevanta frågor och överlåtit besluten till den faktiska makten (med stöd av en okunnig och manipulerad folkmassa).

Denna president, erkänd globalt som en progressiv ledare, har bara förstärkt det status quo som han kritiserade så mycket under sin tid som studentledare: han har övervägt att rädda privata sjukvårdförsäkringarna Isapres, begränsa offentliga utgifter (på rekommendation av sin nyliberala minister) och värst av allt, att upprätthålla straffrihet och andra privilegier för den brottsliga bourgeosin som kontrollerar naturresurser, media, havet, rättsväsendet, politiska partier och ordnings- och säkerhetsstyrkorna.

Naín-Retamal-lagen är en följd av allt detta. Det är en norm av juridisk rang som kränker de grundläggande och grundlagsfästa rättigheterna och friheterna för medborgarna, och som i praktiken «upphäver» många internationella konventioner av samma karaktär, inklusive Romstadgan. Av denna anledning har människorättskollegor lämnat in en begäran till Högsta domstolens plenum i hopp om att högsta domstolen ska reagera på detta barbari.

Den chilenska nyliberala modellen behöver hålla befolkningen i ständig rädsla och låta dem distraheras från verkligheten genom sensationella nyhetsrapporter och hägringen om att Chile är ett utvecklat land. Samtidigt som de som har förvandlat landet till en narkotikastat är desamma som avser att ”bekämpa brottsligheten” med denna vidriga lag.

Jag har inte som avsikt att förneka att det finns ett allvarlig problem i landet med brottsligheten, men det är viktigt att tänka följande: har denna situation orsakats av en politiska och ekonomiska makten?

Vi kan inte bortse från att Naín-Retamal-lagen kommer att tillåta frikännande av poliser som begick övergrepp under den sociala revolten, eftersom de lagar som är gynnsamma för de anklagade tillämpas retroaktivt i brottmål i Chile. Med andra ord så kommer de statsanställda som sköt i ögonen, som sparkade huvuden, som bröt ben, att bli fria. Ja, detta är verkligheten.

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President Boric kan bära glasögon i Salvador Allende-stil och vägra ha på sig slips som Pepe Mujica, men hans handlingar förvandlar honom till en sorglig karikatyr av en härskare, åtföljd av sina universitetsvänner och andra ungdomar, som tillsammans med honom tillkännagett åt alla håll att förändringarna skulle komma med honom, de förändringarn som Chiles folk har längtat efter i så många decennier… Men allt förblir oförändrat… eller kanske ännu värre, eftersom Boric gått med på att institutionalisera och normalisera denna polisstat, med beväpnade män med tillstånd att döda.

Vi advokater och aktivister som anklagade Piñera och hans team inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC) kommer att fortsätta att förse ICC med information, gå till alla instanser och anklaga alla de som visar sig vara ansvariga, i handling eller underlåtenhet, oavsett om de sagt sig ha ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter. Vi kan inte bortse från att grov vårdslöshet jämställs i lagen med faktisk svår skuld.

Vi kommer att fortsätta att avslöja brott, vem som än må falla.

Ignacio Bachmann-Fuentes
Lawyer, Assistant Professor in Department of Administrative Law, University of Granada.

See Amnesty International’s report on police violence in Chile.

For this police, Boric signs a law that gives it powers to repress the social movement without limits. Have these police ever known limits? You see!

El articulo El estado policial de Gabriel Boric apareció primero en piensaChile.

La pregunta es sencilla; 

¿Por qué el Gobierno del señor Boric piensa que la derecha votaría a favor de un proyecto que altere sus privilegios?, 

no hay ninguna razón, la derecha defiende sus intereses, ha quedado demostrado en muchos episodios de nuestra historia. Siempre se las arregla, cuando no ha podido por las vías institucionales ha dado golpes de Estado. 

De los 3 parlamentarios vinculados al Partido Humanista, 2 envían una señal retirándose de la sala para no votar un proyecto emblemático. Lo mismo hace una de los 2 parlamentarios del PEV que busca reinscribirse para no desaparecer. Con esos tres votos bastaba, sin embargo, la ex DC Joanna Pérez diputada por Lota – Arauco vota en contra y se abstienen Enrique Lee (Regionalista Independiente Demócrata), Andrés Jouannet (ex DC) y Gaspar Rivas (PDG). Con esos tres también bastaba para lograr la mayoría en la sala. Para terminar el cuadro, tampoco votó Gustavo Benavente UDI y se declararon dos pareos.

No hace mucho tiempo, tampoco estuvieron los votos necesarios para elegir al Fiscal Nacional dentro de la coalición gobernante considerando los miembros originarios (impulsores de la candidatura del señor Boric) y quienes se sumaron después del triunfo del señor Boric (ex Concertación).

Por el contrario, cuando se trata de votar proyectos que apoyan los intereses de las élites si hay mayorías, prueba de ello es el TPP11 donde votaron a favor la iniciativa del gobierno muchos senadores que forman parte de la Coalición Gobernante tanto de los originarios como los allegados después del triunfo del señor Boric, en esa ocasión votaron en contra Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC), Fabiola Campillai (IND), Alfonso De Urresti (PS), Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Karim Bianchi (IND).

También estuvieron los votos para el acuerdo por la paz que llamó al proceso constituyente para aplacar las demandas del estallido social firmado por el señor Boric, entre otros. Existió acuerdo para el segundo proceso constituyente controlado por los partidos políticos que en total no suman más de 500.000 personas, relegando a independientes, indígenas, movimientos sociales, ellos nunca dejan de molestar¡¡¡ por el acuerdo de los partidos han quedado fuera del proceso.

El gobierno del señor Boric se ha definido de izquierda, ecológico y feminista, al año de gestión la realidad nos indica que ha terminado por aceptar las formas de actuar de la ex concertación y debiéramos acostumbrarnos a una redefinición, se trata de un gobierno de izquierda, ecológico y feminista “en la medida de lo posible”, ese es el camino elegido.

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El articulo Rechazar para reformar¡¡¡ No prosperó la reforma tributaria, habrá que esperar un año más. apareció primero en piensaChile.