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Plan hídrico para Petorca fue desarrollado por los empresarios de las paltas

Redacción piensaChile — Wed, 22 Aug 2018 02:30:38 +0000

Lunes 20 de agosto 2018 18:35 hrs.

Este lunes a las 10:30 horas el gobierno regional de Petorca y la subsecretaria de Obras Públicas dieron a conocer el Plan Hídrico para la provincia. Dicho documento fue desarrollado en una mesa público–privada en la que participó la gobernadora de Petorca, María Paz Satelices, el Seremi de obras públicas y dos empresarios de AgroPetorca, la principal asociación de grandes exportadores de paltas.

Dicha mesa fue cuestionada por Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente: “Nos parece un hecho de la mayor gravedad el que se haya constituido una mesa público -privada para abordar el tema de la sequía en la provincia de Petorca y que esa mesa, digitada desde el ministerio de Agricultura, esté integrada por la gobernadora de la provincia de Petorca, el Seremi de agricultura y dos directores de Agro Petorca, que es la organización que reúne a los grandes productores de palta de la provincia y, en cuyo seno, se encuentran los principales responsables de la usurpación de agua. Esta mesa no tiene ningún grado de legitimidad, ecuanimidad, justicia ni democracia. Dicen que van a llamar a las organizaciones sociales a participar, pero esa mesa no tiene ningún grado de legitimidad, y no abordará el problema de fondo que dice relación con la privatización, mercantilización y usurpación de agua en el territorio”.

Quien también criticó la conformación de esta mesa y el desarrollo del plan hídrico de la provincia de Petorca, fue la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado, quien aseveró que “una mesa provincial que se ocupe de definir un plan hídrico para la provincia de Petorca, que es una de las más azotadas por la escasez de agua, si no están incorporadas las organizaciones ciudadanas y las personas que ahí habitan creo que no tiene mucha legitimidad cuando hay un movimiento como Modatima, que ha seguido permanentemente este tema, presentando propuestas expuestas a nivel gubernamental, incluso en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Ahora, si la mesa está conformada solo por empresarios y el gobierno regional, entonces es muy sesgada, porque no está la contraparte que es la ciudadanía, la que ha sufrido de no tener agua para beber ni para su vida cotidiana. A esa mesa le faltan varias patas para ser representativa de lo que sucede en la provincia de Petorca”.

La senadora no solo se quedó en la crítica sobre la legitimidad con que ha actuado el gobierno provincial para diseñar las políticas para combatir la sequía, sino que emplazó directamente al presidente diciendo que “es importante que exista preocupación por parte del Presidente Sebastián Piñera por ocuparse del tema del agua en esa zona, que es una de las con mayor complejidad en nuestro país, pero por otra parte, tiene detenida la discusión de Código de Aguas en el Senado desde hace más de un año, donde sí se establecen con claridad las prioridades para el uso del agua y no da lo mismo quién pide el agua para su uso. En esa reforma, en el primer apartado, dice que la prioridad es el uso humano del agua, el gobierno en esto está caminando de forma disociada. Por una parte genera estas mesas sesgadas y por otro no da prioridad a la discusión de la reforma”.

Uno de los empresarios que participó en la mesa de trabajo del gobierno regional de Petorca es Alfonso del Río, presidente de Agropetorca y uno de los que ha llevado adelante el discurso en contra de la reforma al Código de Aguas, acusando que es una legislación que busca estatizar los derechos.

Asímismo, Del Río ha dicho constantemente que en Petorca no hay escasez hídrica, sino que solo una falta de gestión del Estado frente a la extracción del recurso para las comunidades y, por lo mismo, este empresario que defiende a la gran empresa agroexportadora participó de una comisión que viajó por Europa desmintiendo el reportaje que apareció en medios como The Guardian y en el canal público alemán ARD, donde se transmitió el programa de televisión “Der Weltspiegel” donde se denunciaba la usurpación de agua en la zona.

En este sentido, la senadora Adriana Muñoz criticó la participación de Alfonso del Río y los empresarios del agro en la mesa de trabajo del gobierno provincial de Petorca:

“Cómo es posible que personas que son activistas contra la reforma al código de aguas como los grandes empresarios del agro, que son los que tiene frenado el código levantando solo mitos, participen en estas instancias y se deje de lado a la comunidad. Los mitos que han levantado los empresarios diciendo que se genera incertidumbre jurídica, no son cierto, ya que ningún derecho que se haya entregado va a ser expropiado, nunca ha estado en el espíritu de la reforma. Lo que sí se establece son casuales de caducidad del derecho cuando esté acaparado y guardado para ver si en la logica de mercado de los derechos de agua estos aumentan su precio”.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez, miembro de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados planteó que “es un muy mal precedente lo que está ocurriendo en la provincia de Petorca, ya que lo que necesitamos es que la política pública considere toda la realidad que tenemos respecto a los problemas de recursos hídricos y combata la especulación y el mal uso que se ha hecho, incluyendo la usurpación del agua. Cuando una política pública queda bajo el control de los grandes capitales, en este caso los exportadores de palta y los latifundistas, eso no ayuda en que esta política vaya en ayuda de toda la población. Lo clave es que una política pública tiene que ir en beneficio del conjunto de la población y no de rehén de los grupos económicos que tiene poder, particularmente, los dueños del agua en las regiones”.

El informe que ocultó el gobierno de Bachelet

En el marco de la segunda jornada de inspecciones desarrollada por la Dirección General de Aguas a 34 puntos en diferentes sectores de la provincia para fiscalizar el uso de los derechos de agua, el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, dijo que la inspección “tuvo su origen en una información que tenemos de un estudio del 2014, con imágenes satelitales, que por contraste verifican dónde existe una mayor vegetación respecto de otros lugares”.

“Esto genera un catastro frutícola de CIREN y luego se procede a una fiscalización. Lo que ocurre es que ese estudio se guardó en un cajón durante cuatro años y acabamos de encontrarlo”, explicó la autoridad.

La senadora Adriana Muñoz, en su calidad de presidenta de la Comisión de Recursos hídricos del Senado dijo que “esa es una afirmación muy seria que hay que investigar, por cierto, la comisión hídrica se preocupará del tema. Vamos a investigar si ese estudio existió, si ese estudio se guardó en un cajón. Sea el gobierno que sea no se puede ocultar ninguna información, es por eso que hemos tomado muy en serio esta acusación y mañana en la sesión de la comisión hídrica enviaré un oficio al Gobierno para que nos entreguen el informe que se ocultó, porque esa es una acusación muy grave”.

*Fuente: Diario UdeChile

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Petorca: Inspección revela que gobierno de Bachelet ocultó informe sobre robo de agua

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Saffirio ya no le cree a Bachelet: «Al gobierno no le preocupan los niños»

Redacción piensaChile — Fri, 14 Jul 2017 03:17:38 +0000

13 julio, 2017

A juicio del diputado independiente, el Ejecutivo «no quieren reconocer que el Estado de Chile ha violado estructuralmente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes».

«La señal es una sola, y es que al gobierno no le preocupan los niños», sentenció el diputado independiente René Saffirio al comentar el informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH), que reveló que casi el 50 por ciento de los niños y niñas del Servicio Nacional de Menores (Sename) que fueron entrevistados sigue sufriendo algún tipo de vulneración.

A juicio del parlamentario, el Ejecutivo «no quieren reconocer que el Estado de Chile ha violado estructuralmente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, yo espero los anuncios de la Presidenta, de las medidas».

Desde La Moneda, su vocera, Paula Narváez, declaró que «siempre se puede avanzar mucho más y quisiéramos que todo fuese más rápido. No podemos impedir que lamentablemente los niños y niñas enfrenten y sigan enfrentando situaciones de vulnerabilidad, son situaciones complejas en todo el mundo, también en nuestro país».

«Lo importante es que éste es un gobierno que está tomando esto como un tema fundamental, como un tema que nos involucra a todos y a todas, que tenemos acciones de carácter legislativo y otras de carácter de gestión», hizo hincapié la portavoz del Ejecutivo.

Entre los resultados, el INDH reveló que de los 405 niños y niñas entrevistados, 197 denunciaron distintas vulneraciones. Entre estas se encuentran que 1 de cada 3 niños denunció descuido negligente, lo que comprende el descuido físico, educacional, en atención médica, psicológico o emocional, y judicial.

1 de cada 5 menores denunció maltrato físico, lo que incluye apremios ilegítimos, tortura y agresiones. 1 de cada 7 niños denunció maltrato mental o sicológico, y finalmente, y uno de los resultados más demoledores, es que 1 de cada 15 niños denunció abuso o explotación sexual dentro de los centros del Sename.

Al respecto, la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), Alicia del Basto, dijo que «la precariedad persiste, se mantiene la falta de funcionarios, esto de que los niños de protección tengan que recibir en el mismo centro a niños con medidas desde los tribunales y que son infractores de ley y no estamos en condiciones de eso, niños agresivos».

«Todo eso no lo aborda el Estado como corresponde, entonces, si bien es cierto la Presidenta dice que hay dos proyectos en el Parlamento que van a resolver el tema con dos servicios nuevos, eso se va a demorar dos, tres, cuatro años y mientras tanto, qué hacemos», acotó la dirigenta.

*Fuente: El Mostrador

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Bachelet y su “heraldo”: El diablo los cría y también los reúne

Redacción piensaChile — Sun, 14 May 2017 19:42:30 +0000

Domingo 7 de mayo 2017
La situación de Venezuela se ha transformado en elemento central del acontecer político regional y foco prioritario de las trasnacionales mediáticas, así como de de los medios de comunicación locales que durante décadas apoyaron dictaduras, mientras callaban sin complejos ante los desmanes de las oligarquías que en defensa de sus intereses violaban derechos humanos, asesinaban, mataban, torturaban y desaparecían.

En el contexto actual, dejó de ser noticia la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México y la existencia de decenas de fosas comunes en ese país mientras su gobierno guarda vergonzoso silencio, tampoco resuena en las salas de redacción que Brasil tiene un gobierno no electo, que solo cuenta con el 5% del apoyo de los ciudadanos, pasa inadvertido que Mauricio Macri haya ordenado disminuir las penas de los perpetradores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, no se menciona el escándalo que debería producir que en Chile, -según cifras oficiales fallecieron 25 mil personas en salas de espera o aguardando una cirugía durante el año 2016 y 70 mil entre 2010 y 2015, tampoco se habla de los 14 mil niños del pueblo wayúu muertos por desnutrición en Colombia.

Nada de eso parece afectar, mucho menos preocupar a los dueños de los medios de comunicación, tampoco a los gobiernos. Sólo Venezuela existe en el espectro informativo de los monopolios mediáticos. Paradójicamente, son los gobiernos de estos países, cuya preocupación debería ser encontrar la manera de solucionar y dar respuestas a estos graves problemas, los que se ensañan y asumen la actitud más beligerante a favor de la violencia y en contra de la búsqueda de una solución pacifica negociada para los venezolanos.

Varios amigos de Europa, Estados Unidos y China, de manera coincidente me han escrito para preguntarme sobre las causas y explicaciones de esta situación. Dicen casi unánimemente, que se entiende que gobiernos de derecha vinculados a altas esferas del poder económico, con reminiscencias dictatoriales y una política exterior subordinada a Estados Unidos actúen de esa forma, pero, ¿por qué el México del PRI y el Uruguay del Frente Amplio? ¿Por qué Chile donde gobierna una coalición de centro izquierda?

En un artículo anterior explicaba las razones de Peña Nieto, su oscura manera de llegar al gobierno, su desprestigio generalizado en México por la continuada práctica de violación de derechos humanos, el asesinato de periodistas, la impunidad ante los miles de feminicidios que ocurren en todo su territorio y sobre todo su sumisa actitud ante Estados Unidos en el tema de los inmigrantes, lo cual constituye una afrenta al honor mexicano. Así mismo, mencionaba el indigno comportamiento del presidente uruguayo que ha usado su alta investidura para hacer negocios personales y familiares, los cuales en Venezuela son conocidos y repudiados.

Pero el caso de Chile, tal vez sea el más emblemático. Como he dicho en otras ocasiones, para Estados Unidos, el país austral es el modelo perfecto, -como en otro momento de la historia, lo fue Puerto Rico- para promocionar en América Latina el “camino a seguir”. Un gobierno de “centro izquierda” con dirigentes “socialistas” que sin modificar sustancialmente el entramado jurídico construido por el dictador, sostienen el patrón neoliberal de exclusión, una flexibilización laboral que conculca los derechos básicos de los trabajadores, la represión a todo intento de protesta, el escarmiento ilimitado a los pueblos originarios, en particular a los mapuche cuando defienden sus demandas ancestrales, una política exterior sometida a Estados Unidos de manera vertical, la corrupción sumergidamente autorizada en el Estado para garantizar el enriquecimiento de una minoría que financia a aquellos que optan a cargos públicos, para que estos a su vez, favorezcan los negocios de esa minoría, y todo eso legitimado por medios de comunicación aliados al gobierno, precisamente para decir lo que resulte aceptable y conveniente. Esto es lo que de manera confusa y desinformarte se da en llamar “centro izquierda”, solo para diferenciarse de las huestes pinochetistas, con quienes, -de todas maneras- no hay tenido ninguna contradicción estructural en los últimos 27 años. Es la primera aclaración que debo hacer a los amigos preocupados por la posición de Chile respecto de Venezuela.

En ese marco, vale decir que en este último período de la Concertación de partidos por la Democracia devenida Nueva Mayoría, que es la coalición gobernante en Chile, quienes manejan su política exterior, es decir la presidenta y su canciller, son dos personajes domesticados en Estados Unidos. Michelle Bachelet no tuvo posiciones protagónicas en la política interna de su país hasta que en 1997 viajó a Estados Unidos donde de forma consecutiva cursó un diplomado en estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y a continuación un curso sobre defensa en el Colegio Interamericano de Defensa, en la capital de Estados Unidos. Allí fue donde recibió “recomendaciones” para incursionar en un nivel superior de la política, donde tendría buen apoyo de sus patrocinadores.

Por su parte, el Canciller Heraldo Muñoz, fue formado casi íntegramente en universidades estadounidenses, para después representar a Chile en altos cargos en la OEA y la ONU. Allí fue donde estableció contactos privilegiados con el tándem del partido demócrata, el cual ha apoyado su encumbramiento hasta el más alto cargo de la diplomacia chilena. Muñoz recibió la derrota electoral de Hillary Clinton como un revés propio, porque además de dejar descolocado a su país que fue promotor protagónico del TPP revertido por el Presidente Trump, ubicó en posición complicada el impulso al libre comercio a favor de los empresarios, como política central de su gobierno. Ni corto ni perezoso, cual héroe de las luchas por la libertad comercial, este heraldo chileno, convocó una reunión en Viña del Mar donde se vendió como el continuador universal del TPP, lo cual fue rechazado por el representante de China, que en su propio terruño, le dijo: libre comercio si, TPP no, recibiendo una violenta bofetada que los aires porteños no pudieron atenuar. Es normal, entonces que estos personajes propugnen una “salida” violenta para Venezuela, tratando de hacer señas, que vistas en Washington atenúen el brutal golpe que le asestaron a los empresarios chilenos, las medidas proteccionistas de Trump. De la misma forma, atacar a Venezuela, le permite reparar su relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, seriamente dañada, tras su desembozado apoyo a Clinton en las elecciones de ese país. Segunda razón de su comportamiento.

Finalmente, pero no menos importante: el comportamiento golpista del gobierno de Chile está en el ADN de esta Concertación que administra ese país. En 2002, cuando un grupo de militares, -que servían a esta misma derecha fascista que hoy nuevamente intenta hacerse del poder por caminos ilegales- derrocaron al Presidente Hugo Chávez, el primer gobierno en reconocer al régimen de facto que se instaló en Caracas, fue el del militante de esa alianza, Ricardo Lagos, (fulminante execrado de la política chilena en días recientes) de manera tal, que la actitud de Bachelet y Muñoz, da continuidad al talante golpista de su comportamiento, seguramente siguiendo las enseñanzas que adquirieron en Estados Unidos.

Estos portentos de la política que no han movido un dedo en 27 años para generar una Constitución democrática para Chile, se permiten criticar, -en una clara actitud injerencista- que Venezuela busque una salida democrática en el marco de su Constitución, para que sea el pueblo quien una vez más, decida qué futuro quiere para el país. Con ello, se da respuesta al 80% de ciudadanos de todo pensamiento político que rechaza la violencia como método para salir de la crisis. Debe ser que, como ellos fueron elegidos solo por el 20% de los chilenos con derecho a votar, en un país donde es habitual que el 60% se abstiene, como forma de expresar su repudio a la forma de hacer política, supongan que esa minoría basta para imponerse, si se tiene el apoyo de los empresarios corruptos y sobre todo de las fuerzas armadas. Lamentablemente para ellos, las fuerzas armadas venezolanas, pasaron un curso distinto al de la señora Bachelet. Como dije en un artículo anterior, aquí no hay generales Pinochet, si hay muchos Schneider, Prats y Bachelet que respetan la democracia y la Constitución, una constitución que deberían leer Bachelet y su heraldo.

*Fuente: Diario UdeChile

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Chile en la era de Michelle Bachelet

Redacción piensaChile — Mon, 17 Aug 2015 02:30:56 +0000

Mientras la presidenta de Chile visita México, los mineros del cobre son reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El 23 de julio fue abatido por las balas de carabineros el trabajador del cobre Nelson Quichillao López, mientras demandaban subidas salariales y mejoras laborales. Desde ese día, las protestas mineras se han extendido por todo el país.

En España, el agregado laboral de la embajada, Cristian Cuevas, militante comunista y dirigente sindical, renunció a su cargo diplomático en protesta por la represión a sus compañeros, actitud que le honra. Mientras tanto, el pueblo Mapuche continúa siendo exterminado y expulsado de sus territorios. Sus dirigentes encarcelados, torturados y acusados de terrorismo, no pueden ejercer el habeas corpus.
Terratenientes y multinacionales de la agroindustria son los beneficiados directos de las expropiaciones. Asimismo, los estudiantes secundarios, maestros y profesores universitarios no dejan de manifestarse contra la política educativa neoliberal, cuyo fracaso nadie discute, salvo el gobierno y los empresarios. Sus huelgas son un hito en la historia de las luchas democráticas.
En la sanidad pública, la privatización ha dejado sin cobertura real a cientos de miles de chilenos, los cuales venden sus pertenencias, hipotecan casas y recurren a préstamos usureros para recibir tratamientos paliativos. La lista de espera sobrepasa el año. Algunos pacientes mueren antes de entrar en quirófano, y cuando otros lo consiguen, sus males son irreversibles; les queda la agonía del dolor y la impotencia.
El desmantelamiento de la sanidad pública tiene como contrapartida la venta de seguros médicos y el negocio de la medicina privada. Por si fuera poco, los niveles de corrupción institucional no dejan de crecer. Los escándalos afectan directamente al entorno íntimo de la presidenta. Su primogénito, Sebastián Dávalos, y esposa están imputados por tráfico de influencias, vender información privilegiada y participar en oscuros negocios inmobiliarios.
Igualmente, su ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, fue obligado a presentar su dimisión al descubrirse su participación en una trama corrupta por la cual cobraba comisiones a la productora de fertilizantes y nitrato Soquimich. Diputados, senadores, ex ministros, alcaldes, concejales, están implicados en lavado de dinero, cobro de comisiones, evasión fiscal, escuchas ilegales, chantajes y cohecho.
En estos momentos, la aceptación de la presidenta apenas alcanza 30 por ciento. Bachelet prefiere mirar hacia otro lado; su respuesta es cobarde. Dice sentirse atacada, ser objeto de persecución política. Para rematar sus explicaciones apela al clásico ‘‘no lo sabía’’, ‘‘me traicionaron en la confianza’’. En otras palabras, su mano derecha no sabía lo que hacia la mano izquierda.
¿Y qué pasa en materia de derechos humanos? La nota es un suspenso. Su gobierno se ha caracterizado por mantener los privilegios a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Ellos cumplen condena en la prisión de Punta Peuco, centro administrado por militares convertido en hotel de lujo. Además, ninguno de los militares encarcelados o que han cumplido condena ha sido expulsado con deshonor de las fuerzas armadas, privado del grado y del derecho a utilizar el uniforme. El caso más reciente, la muerte el 8 de agosto del ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda. Su cuerpo, incinerado, fue amortajado con traje de gala acorde a su rango, general de ejército. El gobierno se limitó a declarar que no convocaría a un funeral de Estado (sic).

Otro dislate ha sido blindar a los militares que han prestado declaración en el informe Valech, sobre torturas y violación de los derechos humanos. El secreto de sumario se extiende por un periodo de medio siglo. En cuanto al día a día, el caso que hoy centra la atención y crea indignación fue perpetrado por el oficial de inteligencia Julio Castañer, el 18 de julio de 1986, mientras dirigía una patrulla militar. Castañer detuvo, torturó, roció con gasolina y prendió fuego a dos jóvenes que protestaban contra la dictadura: Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri.
Carmen Quintana sobrevivió, exiliándose en Canadá donde fue tratada de quemaduras en más de 65 por ciento de su cuerpo. Rodrigo Rojas de Negri no tuvo la misma suerte. Murió tras agonizar durante horas. Las fuerzas armadas han mantenido un pacto de silencio roto por el soldado arrepentido Fernando Guzmán. Mientras tanto, el oficial Castañer fue condecorado y acabó su carrera militar con el grado de coronel. Hoy están siendo interrogados. Siguen sin aparecer cuerpos de detenidos desaparecidos. En eso México y Chile se parecen. Fosas comunes, impunidad y muerte. Los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sin ir más lejos. Tal vez por ello, Bachelet y Peña Nieto firmarán un protocolo de acuerdo para la formación conjunta de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué aprenderán los unos de los otros?
Tampoco Bachelet ha tenido la voluntad política para deshacerse de la constitución pinochetista, vigente desde 1980. Se siente a gusto con la carta magna diseñada por quienes rompieron la legalidad, mataron al presidente, violaron y torturaron a cientos de miles de chilenos y fundaron el nuevo Chile de la economía de mercado.
Como señaló su ministro de Exteriores en su primer mandato, Alejandro Foxley: ‘‘Pinochet será recordado para bien por todos los chilenos como el impulsor del cambio que situó a Chile en la globalización’’. Bachelet nunca condenó tales palabras. Chile y México se aproximan, promotores del neoliberalismo en América Latina; los empresarios evaden capitales, no pagan impuestos, se benefician de exenciones fiscales y se enriquecen cada vez más. Mientras tanto aumentan las desigualdades, sus pueblos pasan hambre y pierden derechos democráticos. Su índice de Gini es el más desigual de la región con un coeficiente del 0.557. Este es el Chile real que gobierna Michelle Bachelet bajo un discurso sobreactuado y lleno de mentiras.

*Fuente: La Jornada

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La Presidenta que no sabe nada…

Redacción piensaChile — Tue, 23 Jun 2015 05:59:34 +0000

Lunes 22 de junio 2015

El hecho de que Michelle Bachelet diga que no estaba enterada de nada lleva a tres posibles explicaciones, y todas de ellas son deprimentes. La primera es que esté tratando de embaucar a los chilenos. La segunda, que sea una de las jefas de Estado más ingenuas y peor informadas en la historia chilena. Y la tercera es que las redes de asesores e informantes que la rodean son completamente ineptas.

Se supone que el inquilino de La Moneda está entre las personas mejor informadas del país. Decenas de ministros, subsecretarios y asesores presidenciales nutren diariamente al jefe de Estado con todo tipo de informaciones: algunas públicas, otras secretas.
Ciertamente, hay cosas de las que –a propósito– no se les informa a los mandatarios para no involucrarlos innecesariamente en los aspectos más “grises” de la política. Es lo que en ciencia política se conoce como negación plausible. Por ejemplo, el financiamiento irregular de las campañas políticas.
El problema que muchos chilenos tenemos con la Presidenta Bachelet es que ha tratado de aplicar la negación plausible a todo lo que se ha revelado en estos últimos meses. La mandataria afirmó que nunca supo del negocio de especulación inmobiliaria que su hijo y su nuera realizaron cerca de Rancagua, amparados por un crédito multimillonario del Banco de Chile que fue aprobado en persona por Andrónico Luksic. Como todos los chilenos se enteró por la prensa, dijo.
Bachelet afirmó que tampoco sabía que en los años en que estuvo al mando de la ONU Mujeres en Nueva York se estaba desarrollando aquí en Chile la campaña política para allanar su retorno al poder. Guardando las proporciones, es como suponer que durante sus 18 años de exilio en Madrid, Juan Domingo Perón no tuviera ni idea que sus partidarios luchaban por traerlo de vuelta e instalarlo en la Casa Rosada. Si Bachelet estando en Estados Unidos no sabía que era candidata para el 2014, el entonces presidente de derecha Sebastián Piñera sí lo sabía. Por eso, trató en tantas ocasiones restarle puntos de popularidad, como responsabilizando a la entonces ex mandataria de negligencia por el terremoto y maremoto de febrero de 2010. Y, por cierto, también sus colaboradores sabían que la “Presi”, como la llamaban entonces, iba a volver a presentarse. El mismo día de la derrota concertacionista en la segunda vuelta en enero de 2010, el senador Guido Girardi le comentó en privado a un periodista: “No hay de qué preocuparse, en cuatro años más volvemos con Bachelet”. El político del PPD lo tenía claro. Después de todo, el mismo día en que traspasó el poder a la derecha estaba encaramada sobre el podio de una popularidad que rozaba el 80 por ciento. Y también la inmensa mayoría de los chilenos intuía que Bachelet volvería al poder. Pero no Michelle, según Michelle.
La mandataria tampoco sabía que Jorge Insunza, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia que ingresó al palacio presidencial con el tan anunciado cambio de gabinete de inicios de mayo, podía ser un hombre lleno de conflictos de intereses.
El hecho de que Bachelet diga que no estaba enterada de nada de todo esto lleva a tres posibles explicaciones, y todas de ellas son deprimentes. La primera es que la Presidenta esté tratando de embaucar a los chilenos, haciéndonos “pasar gato por liebre”. Ello es poco probable dado el historial de Bachelet. La segunda explicación es que, efectivamente, sea una de las jefe de Estado más ingenuas y peor informadas en la historia política chilena. Ello sería motivo de gran preocupación. Y la tercera es que las redes de asesores e informantes que la rodean son completamente ineptas, y que, de alguna manera, han traicionado la confianza de la Presidenta.
Es precisamente esta tercera explicación la que La Moneda ha tratado transmitir hacia el mundo exterior. Aunque el gobierno y posiblemente la propia mandataria saben que la “cariñocracia” que caracterizaba la relación entre Bachelet y el pueblo ya se rompió, está en juego un valor que incluso es superior a la propia Presidenta: el híper-presidencialismo chileno. Se trata de una versión criolla de la negación plausible que aplicaron por primera vez los presidentes de Estados Unidos Richard Nixon y Ronald Reagan en los años 70 y 80. Hay que resguardar a toda costa al jefe de Estado pero, por sobre todo, a la institución misma de la presidencia. A Nixon no le resultó y tuvo que renunciar. A Reagan, que había aprendido las lecciones de su correligionario republicano, sí. El escándalo Iran-Contra no logró penetrar la Casa Blanca.
Sin embargo, Chile no cuenta aún con una institucionalidad tan madura y avanzada. Y los pasos en falsos de la presidencia están a la vista. Bachelet aún no sabe ni decide a quién nombrar en cargos clave que están vacantes hace semanas e incluso meses. Por ejemplo, los titulares de la Secretaría General de la Presidencia, del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, de la Embajada en Argentina, de la Secretaría de Comunicaciones, etc.
También en este caso las explicaciones posibles son alarmantes. O bien no existen personas con la talla suficiente para cubrir estos cargos, o los que tendrían trayectoria suficiente para ocuparlos no están dispuestos a participar de este gobierno.
El “no saber” de la presidencia también se extiende a otros ámbitos. Bachelet sabe que Chile requiere una nueva Constitución. Sin embargo, ni ella ni nadie sabe exactamente a qué se refiere con “un proceso constituyente”.
Y así, en medio de la confusión y descrédito actual de la política nacional y presidencial, la derecha ha logrado varios triunfos silenciosos. Aunque hoy lunes varios estandartes de la UDI, partiendo por Jovino Novoa, enfrentan una dura jornada de formalización ante la Fiscalía Nacional, su estrategia de frenar la agenda de reformas está cosechando frutos.
Como tantas otras veces en la historia reciente de Chile, cada vez que los poderes establecidos presienten que los vientos no están a su favor, logran gracias a los medios de comunicación oficiales y el poder del empresariado tergiversar las cosas a su favor. El arma que utilizan es siempre el mismo: la economía. Y la amenaza también: se perderán empleos. Y mientras el gobierno de la Nueva Mayoría comienza a claudicar ante estas amenazas de la derecha permanente de este país, la Presidenta hace un nuevo y desesperado intento por recuperar el cariño de la gente. Ha ido a todos los partidos de “la Roja” en el Estadio Nacional y no perdió la oportunidad de fotografiarse en los camarines con Arturo Vidal, ambos obviamente con la camiseta roja de la selección.
Pero tal como ocurrió con la entrevista a Don Francisco, donde Bachelet anunció el cambio de gabinete, la Presidenta nuevamente no ha sabido leer los signos de los tiempos. Si bien es verdad que muchos chilenos están dispuestos a perdonar el accidente y la borrachera de Vidal, dada su importancia para la selección, muchísimos pensaron que debió ser marginado, a pesar de su innegable talento y contribución al equipo chileno.
Algo anda muy mal en el país cuando una Presidenta se saca una foto sonriendo junto a un jugador, que protagonizó un accidente estando alcoholizado y trató de embaucar a la policía, con el fin de recuperar algunos puntos de popularidad.

http://radio.uchile.cl/2015/06/22/la-presidenta-que-no-sabe-nada

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Chomsky expresa apoyo a Rodrigo Avilés y condena represión policial en Chile

Redacción piensaChile — Thu, 04 Jun 2015 22:00:34 +0000

From: Noam Chomsky
Date: June 3, 2015 at 7:09:14 PM
Very glad to join in the support for Rodrigo Aviles. […] Not only in support of Rodrigo, but also in condemnation of police brutality against anti government and anti establishment demonstrators, who are leading the way to bringing greater justice and true freedom to Chile after the terrible Pinochet years.
Noam Chomsky

Traducción:

Expreso mi apoyo a Rodrigo Avilés y también en condenación a la brutalidad policial en contra de quienes se manifiestan en contra del gobierno y el sistema imperante, liderando la ruta hacia mayor justicia y verdadera libertad para Chile después de los terribles años de Pinochet.

Noam Chomsky

NdR: Agradecemos el envío a piensaChile de este email a Germán F. Wesphal

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Encargado de la agenda legislativa del gobierno es investigado por pagos de SQM

Redacción piensaChile — Fri, 03 Apr 2015 19:34:42 +0000

02.04.2015
El SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de $4.340 millones de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la Fiscalía. Parte del dinero pudo haber sido usado para el financiamiento ilegal de la política. CIPER rastreó los nombres y detectó sus nexos con partidos. Allí aparecen 74 personas vinculadas a la derecha y 11 al oficialismo, entre ellos el abogado Juan Marco Moreno, hombre clave de la agenda legislativa del gobierno desde la Segpres. Además hay siete personas vinculadas al PRI. Grupo cercano a Ponce Lerou también recibió pagos millonarios.
Vea el segundo reportaje de esta serie: “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”
La arista Soquimich, abierta por la investigación de los ilícitos tributarios cometidos por los dueños del Grupo Penta, terminó siendo un misil que esparció esquirlas en la derecha y la Nueva Mayoría. La ampliación de la denuncia criminal que hizo este jueves 2 de abril Impuestos Internos (SII), en la que se pide investigar a 172 contribuyentes, involucra a altos dirigentes oficialistas y opositores, sus familiares y colaboradores. Todos quedaron bajo la sospecha de haber recibido dineros de la empresa que controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, emitiendo boletas por trabajos que no se realizaron.
El monto que involucra el nuevo paquete de 846 boletas y facturas que podrían haber financiado ilegalmente a políticos, suma más de $4.340 millones (US$6,9 millones). Tan solo una parte de los US$11 millones reconocidos por el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, como el universo total de los pagos irregulares efectuados por la minera durante seis años.
Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la cooptación de la política por la empresa privada. Porque la nueva denuncia del SII abrió otras líneas de investigación a empresas que usaron el mismo procedimiento para influir en la dictación de leyes y la toma de decisiones que las favorecieran. Una de las aristas que emerge es el sector pesquero. En la nueva nómina del SII aparecen personas que ya han reconocido en la indagación haber facturado a empresas pesqueras a petición de una estrecha colaboradora de Pablo Longueira, quien como ministro de Economía fue el encargado de negociar y promulgar la controvertida Ley de Pesca (vea el segundo reportaje de esta serie: 74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN).

Juan Marco Moreno

El control que tienen las empresas sobre las leyes que se tramitan en el Congreso, implica financiar a todos los sectores. Así lo evidencia la nueva denuncia de Impuestos Internos que incorpora a la lista de los investigados por recibir pagos de SQM a un hombre clave en el manejo de la agenda legislativa de La Moneda: el abogado Juan Marco Moreno Rosales (PPD), funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Moreno es, además, presidente del Tribunal Supremo del PPD y operó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet.
En la nómina del SII, después del rastreo realizado por CIPER de sus vinculaciones políticas y familiares, figuran siete personas ligadas a la Democracia Cristiana, las que suman un monto de $171,6 millones pagados por SQM (vea la nómina). Otras tres son militantes del PPD, con facturas por $35 millones. También aparecen 12 personas vinculadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), con pagos de SQM por $329 millones (vea la nómina).
La mayor cantidad de facturas cuestionadas involucra a la UDI, con 59 contribuyentes bajo investigación, por facturas que superan los $536 millones, además de los dineros que recibieron corporaciones ligadas al gremialismo y que también son investigadas. En la ampliación de la denuncia criminal del SII, CIPER detectó otras 15 personas relacionadas a Renovación Nacional, recibiendo pagos de SQM por $316,5 millones.
LAS CONFESIONES
La importancia que reviste esta ampliación de la denuncia del SII y que ahora deberá investigar el Ministerio Público, es que la base probatoria en que se sustenta la acción judicial fue proporcionada por el principal acusado: la plana ejecutiva de Soquimich. A ello se agrega que algunos de los que integran la nómina de los investigados, ya han reconocido haber emitido facturas por trabajos no realizados a petición de destacados dirigentes políticos de un amplio espectro.
Fue el 25 de marzo que el actual gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac Tampier, entregó el primer reconocimiento de los ilícitos cometidos al responder por oficio a la Superintendencia de Valores y Seguros:
“La Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta. El valor acumulado de todas dichas boletas y facturas para tales seis años asciende a aproximadamente US$11 millones”.
En el mismo oficio, el gerente de SQM reconoció que la falta de justificación para estos millonarios pagos detonaron la salida de su antecesor y hombre de confianza histórico de Julio Ponce Lerou: Patricio Contesse, quien habría guardado silencio al ser llamado a declarar “para no autoincriminarse”.
Ese mismo día el gerente general de SQM asumió el mismo monto de pagos sin respaldo (US$11 millones), ante analistas internacionales. No fue un arrebato de sinceridad. A estas alturas en SQM saben que no sólo la legislación chilena les caerá encima, sino también la internacional, al ser una de las mayores empresas nacionales que opera en los mercados externos donde las reglas sobre sobornos y pagos ilegales a políticos acarrean sanciones son muy duras.

Roberto Guzmán Lyon

De hecho, en la nueva denuncia criminal de Impuestos Internos se incluye una nómina de 28 personas que CIPER identificó sin relación a pagos a políticos, pero sí vinculados a uno de los hombres de mayor confianza del controlador de la minera, Julio Ponce Lerou: el abogado Roberto Guzmán Lyon (ver nómina). Guzmán, ex presidente de Oro Blanco e involucrado en el “Caso Cascada”, está siendo investigado por su participación en el mecanismo que se usó en la minera para ocultar ganancias y derivarlas sin pagar impuestos. Las personas relacionadas con Guzmán recibieron pagos por $584,5 millones de SQM.
De allí que el impacto que recibió este jueves la minera fue muy duro. Porque la ampliación de la denuncia criminal tiene un principal acusado: los directivos de Soquimich. Será el Ministerio Público quien deberá ahora investigar a cada uno de los contribuyentes que el SII identificó como receptores de los pagos sin respaldo reconocidos por la propia gerencia de la minera. Y serán ellos los que deberán demostrar que la contabilidad de SQM se equivoca y que efectivamente realizaron trabajos. El desfile de políticos recién comienza.
SOQUIMICH EN LA MONEDA
En la nómina de los nuevos investigados por el SII por boletas sin justificación de servicios prestados a Soquimich, aparecen dos abogados que llevan directamente al PPD y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres): Juan Marco Moreno Rosales (con pagos por $15 millones) y Luis Andrés Carracedo Aguayo (boletas por $5 millones). Ambos están relacionados a la consultora Altercom Asociados, la que también figura en la nómina de los nuevos investigados por el SII, recibiendo pagos de SQM por $10 millones. Su accionista principal es el mismo abogado Juan Marco Moreno Rosales, actual presidente del Tribunal Supremo del PPD.
El abogado Luis Carracedo Aguayo también participó en la propiedad de Altercom (hasta julio de 2012, período investigado), y registra una sociedad con el abogado Oscar Aitken Lavanchy, quien fuera albacea, asesor tributario de Pinochet y constituyó varias de las cuentas en paraísos fiscales en las que el ex dictador recibió comisiones por la compra y venta de armas.

Juan Marco Moreno trabajó en la última campaña de Michelle Bachelet como “enlace territorial”, y hoy se desempeña en la Segpres, uno de de los principales ministerios políticos de La Moneda, desde el inicio del gobierno (marzo de 2014), en su División de Relaciones Políticas e Institucionales, con un remuneración mensual de $3,5 millones. En su perfil en LinkedIn dice que su función es “planificar, coordinar y seguimiento a la estrategia de monitoreo parlamentario de manera de cumplir con la agenda legislativa gubernamental, identificando la ruta crítica en la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso Nacional”. Allí también se califica como un “asesor senior experto legislativo en materias políticas e institucionales entre gobierno y parlamento”.
El abogado y presidente del tribunal Supremo del PPD recibió remuneraciones de ese partido en los años 2004 y 2005 y registra pagos en 2006 de una de las sociedades de Enrique Correa Ríos, dueño de una de las principales empresas de lobby y comunicación estratégica del país (Imaginacción). Además, Moreno fue asesor jurídico de tres municipalidades controladas por el PPD: Hualpén (enero 2013-marzo 2014), con la alcaldesa Fabiola Lagos; Lo Prado (agosto 2012-noviembre 2012), con el alcalde Gonzalo Navarrete, y Vichuquén (marzo 2012-marzo 2014), con el alcalde Román Pavez. También fue director jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia (mayo 2006-febrero 2008), y de la Gobernación Provincial del Maipo (julio 2009-julio 2010), ambas controladas entonces por el PPD. Moreno es además socio del estudio jurídico Rabah, Chaer Mohor &Asociados desde enero de 2010, especializado en temas corporativos, tributarios y regulatorios del sector eléctrico y telecomunicaciones.
En la página web de Altercom, el actual responsable de seguimiento de leyes del gobierno en el Congreso, aparece como “asesor en diversas materias reguladas por la ley eléctrica, tanto a clientes nacionales como extranjeros, asesorías en instrumentos de inversión extranjera tales cómo DL 600 o capitulo XIV del compendio de normas del Banco Central, Inmobiliarias y empresas constructoras, así como también en ámbito de la Radiodifusión Sonora y de sus normativas, evaluando nuevas tecnologías digitales para radio y televisión abiertas (broadcasting). Realiza asesorías para la Subsecretaria de Telecomunicaciones en la reestructuración del espectro radioeléctrico”.
También se califica como un “experto en Justicia Electoral asesorando organizaciones intermedias tales cómo sindicatos, centros de padres y organizaciones políticas en materia contenciosa electoral”.
EL REGISTRO DE ALTERCOM
Cinco fueron los socios que crearon Altercom en febrero de 1998 (nombre original:”Báez, Jara, Avaria, Pereira & Moreno y Compañía Limitada”), con Juan Marco Moreno Rosales y José Eduardo Báez Faúndez a la cabeza. Meses después quedarían como únicos dueños Moreno Rosales y un nuevo socio: Luis Andrés Carracedo Aguayo. En julio de 2012, Carracedo le vendió su parte a Alex Fabián Moreno Garay, y fue entonces queJuan Marco Moreno Rosales se convirtió en el accionista principal con un 99,5% de la propiedad.
Elabogado Luis Andrés Carracedo Aguayo dejó en 2012la consultoraAltercom e integra además como persona natural la lista de los nuevos querellados por Impuestos Internos en la arista de las boletas sin respaldo efectivo de servicios prestados a Soquimich (por $5 millones). Carracedo es socio del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy y del ingeniero Fermín Vásquez De Pablo, en una sociedad de explotación agrícola y generación y distribución de energía eléctrica (“Compañía de Producción y Comercio San Pablo”).
Aitken ocupó un alto cargo en Famae y creó varias sociedades en paraísos fiscales tanto para Pinochet como para sus finanzas personales, todas investigadas por la justicia en Chile y en Estados Unidos por las comisiones de venta de armas que por ellas transitaron. Entre ellas, las más importantes son Tasker Investment y “Eastview Finance”, en la que confluyeron otras tres empresas: Cornwall Overseas Corp., controlada por el mismo Aitken; Berthier Investment Inc., controlada por Karel Honzik, el principal intermediario de armas de Pinochet; y por Lego Corp., de propiedad del que fuera director de Fame, general (r) Guillermo Letelier Skinner.
Entre los clientes que la consultora Altercom anuncia en su página web, figuran: Entel, Novojet, Corona, Inter Export Telecomuicaciones (entre julio de 2013 y octubre 2014 obtuvo cuatro contratos con Carabineros y uno con la Onemi por $48.828 millones en total)), Andes Lift Elevadores, Comercial Ecuador Limitada, PIT Telecom y Soquimich.
Será la investigación judicial y la de Impuestos Internos la que dilucidará qué asesorías le hizo efectivamente Altercom a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou y cuáles no tienen respaldo. Lo mismo ocurrirá con las boletas y facturas de los abogados Moreno Rosales y Luis Carracedo Aguayo.
Del PPD hay otro funcionario de gobierno incluido en la nómina de la denuncia del SII: Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, actual director nacional del Sernageomin, aparece emitiendo facturas para la minera controlada por Ponce Lerou por $5 millones.
SIETE DC BAJO SOSPECHA

Diputado Roberto León

Seis personas vinculadas a la Democracia Cristiana integran la nómina de investigados por el SII en esta nueva camada de pagos irregulares de Soquimich. En total, todos ellos recibieron pagos de SQM por $171,6 millones. De ellos, el que figura con el monto más alto es Roberto Javier León Araya, hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC). Las boletas que entregó a la minera suman $123,7 millones.
El diputado León ha dicho que su hijo es ingeniero agrónomo y que efectivamente hizo asesorías para SQM, aunque hasta ahora no ha entregado detalles de esos trabajos. El parlamentario ha sido cuestionado por su rol en la investigación que hizo la Cámara de Diputados a los ilícitos de SQM en Cascadas. Allí fustigó duramente al presidente de la comisión indagatoria, Nicolás Monckeberg (RN), pues a su juicio no se abordaba la eventual conexión del ex presidente Sebastián Piñera con los hechos pesquisados. La posición de León, tendiente a involucrar a Piñera, estaba en total sintonía con la defensa del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.
El segundo monto más alto pagado por SQM a una persona con nexos en la DC, corresponde a Jazmín Cecilia Pavez Borbaran: $25 millones. Ella aparece como militante del partido, habilitada para votar en las recientes elecciones internas, en la nómina que se puede consultar en la web de la DC. Entre sus antecedentes laborales figura que trabajó en 1998 con el ex intendente de Valparaíso, Iván de la Maza (DC). Además, está inscrita en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, dependiente de Sence, como representante legal de la OTEC Mypes Capacitación Limitada, cuyo socio principal es el también militante DC Alejandro Bascuñán Espinoza.
En el tercer peldaño de los honorarios más altos pagados por SQM a contribuyentes relacionados con la DC, figura Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero, miembro del concejo municipal de Antofagasta y hermano del senador por la Segunda Región, Pedro Araya. En la denuncia del SII aparece emitiendo boletas para SQM por un monto total de $12 millones. Aunque fue electo concejal como independiente, pertenece a una familia de tradición DC: su padre fue dirigente, diputado y alcalde de Antofagasta representando a ese partido. Su hermano Pedro fue diputado por esa zona en representación de la DC entre 2002 y 2010, en 2009 renunció y se reeligió como diputado en un cupo del PRI, pero en 2013 ganó la elección a senador como independiente apoyado nuevamente por la DC.
Juan Pablo Destuet González emitió boletas para SQM por $6,5 millones. Su perfil de LinkedIn indica que entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. Antes, entre 2009 y 2010, trabajó como procurador en la oficina de abogados de Jaime Pilowsky (DC), actual diputado por Peñalolén. En el mismo bufete del parlamentario -Cisternas, Concha y Pilowsky Abogados- se desempeña Gonzalo Javier Infante Urrejola, quien entregó boletas a SQM por un total de $4 millones.

Jorge Pizarro Soto

Sonia Elizabeth Jaramillo Villar es la última de la nómina de querellados por el SII con vínculos con la DC. Ella emitió una boleta para SQM por $350 mil. Sonia Jaramillo es diseñadora gráfica y en el portal de transparencia de la Municipalidad de Maipú registra un contrató a honorarios durante 2012, bajo la alcaldía del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC). Por la “implementación de soporte a la Dirección Alcaldía” cerró el año con una remuneración bruta de $1,5 millón mensual. En 2013, ya durante la gestión del actual jefe comunal Cristián Vittori (DC), se le contrató por todo el año con una remuneración de $1,7 millón, bajo dependencia directa del alcalde. En 2014 sus honorarios aumentaron a $2 millones y para este año está contratada con una remuneración de $2,3 millones por mes.
La nueva lista del SII también incluye a un hijo del senador Jorge Pizarro, actual presidente de la DC. Sebastián Pizarro Cristi es el representante legal de la empresa Ventus Consulting, la que emitió 11 facturas a SQM por un total de $45 millones.
LAS BOLETAS DEL PRI
Miguel Adolfo Zaldívar Larraín militaba en la Democracia Cristiana cuando fue electo senador en 1993. Cuando dejó el Congreso en 2009, su partido era otro. En 2007, tras 40 años de militancia y de haber sido su presidente por tres años, fue expulsado de la DC, acusado de “construir un pacto político con la Alianza”. Su fama de “díscolo” se convirtió en rebeldía al votar a contracorriente del oficialismo en la asignación de más recursos para el Transantiago. Su siguiente paso fue sumarse al Partido Regionalista Independiente (PRI), creado en 2006. Tras salir del Senado, el entonces presidente Sebastián Piñera lo designó embajador de Chile en Buenos Aires. Fue en esa ciudad que falleció, en febrero de 2013, producto de un cáncer al páncreas.

Eduardo Salas Cerda (Fuente: Twitter E. Salas)

En los registros que SQM entregó al SII y que fundamentan la querella por la emisión de boletas sin que haya sustento de servicios prestados, y que ahora la justicia investiga en la arista del financiamiento ilegal de campañas políticas, Zaldívar figura recibiendo pagos por $20 millones. Junto a quien fuera la figura principal del PRI, en la lista del SII aparecen querellados otros 11 dirigentes y personas vinculadas a ese partido, recibiendo todos un total de $329 millones de Soquimich.

Humberto De la Maza Maillet fue electo en 2013 para presidir el PRI.Siete años antes había fracasado en su intento de llegar a la Cámara de Diputados, como candidato de la Democracia Cristiana por el Distrito Nº 12. Durante los años siguientes, entre 2006 y 2009, trabajó como asesor experto en Recursos Humanos en el Servicio Nacional de Aduanas.Registra remuneraciones de la agencia de Aduanas de Juan Sanhueza y Alex Avsolomovichy, entre 2003 y 2006, honorarios cancelados por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar. Emitió boletas a SQM por un total de $45 millones.
El secretario general del PRI, el abogado Eduardo Edmundo Salas Cerda,aparece entregando boletas a SQM por un total de $73 millones.Fue candidato a diputado por el Distrito Nº 9 en las elecciones parlamentarias de 2009, pero no fue electo. Entre junio de 2010 y marzo de 2014, Salas fue asesor de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En 2012 asumió como administrador de la campaña de Juan Pablo Covili Neira para concejal de Lumaco. Como Salas no entregó las cuentas de ingresos y egresos de esa candidatura, el Servel lo multó con 10 UTM. Este año, Salas ha sido parte activa de las gestiones que ha realizado su partido junto a Evópoli para crear una nueva coalición política.
Salas justificó los pagos de SQM afirmando que hizo de un estudio “sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en Arica, Parinacota y Tarapacá” para la minera, que le fue pedido en marzo de 2010 por Adolfo Zaldívar, informe por el que recibió $39 millones. Además, señaló que entre abril y noviembre de 2011, hizo también informes para SQM “sobre la aplicación de la Norma ISO 26000 (responsabilidad social de la empresa) y otros, cuyos pagos gestionaba la oficina de Adolfo Zaldívar. Nunca conoció a nadie de Soquimich y los informes se los entregó siempre a Zaldívar.
Jorge Osvaldo Brito Gajardo fue en 2009 candidato a diputado por el Distrito Nº 42, en la lista del PRI, aunque en una carta aclaratoria que envió al Diario de Atacama a comienzos de marzo, aseguró no ser militante del PRI ni miembro del Consejo Regional del Biobío, como lo aseguró un reportaje publicado en ese medio. Hoy figura como asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en manos de Osvaldo Delgado, militante del PRO (partido de Marco Enriquez Ominami). En total, Brito emitió boletas por $40 millones a la minera.
Su hermano, el abogado Cristian Daniel Brito Gajardo, también aparece entre los querellados en la nómina del SII. En 2009, fue el administrador general electoral del PRI, y en virtud de ese rol el Servel le formuló cargos por no haber presentado a tiempo los informes de ingresos y gastos de la campaña a diputado del candidato del PRI, Alex Andrade Veli (Distrito Nº 60). Fue también asesor parlamentario del senador Adolfo Zaldívar. Las boletas que emitió a SQM suman $20 millones.
La ingeniera agrónoma Leticia Angélica Olavarría Cárcamo, también figura entre las personas que emitieron boletas a SQM sin justificación válida de los trabajos realizados. La empresa minera le pagó $36 millones. Olavarría forma parte de la camada de militantes DC que emigraron en 2008 junto a Adolfo Zaldívar y otros parlamentarios al PRI. Actualmente es consejera general de ese partido. En 2002, cuando Ricardo Lagos era presidente, fue designada seremi de Agricultura en la Región de Valparaíso, donde estuvo cuatro años. Tras su salida, asumió como gobernadora provincial de San Felipe. Entre junio de 2011 y junio de 2014 se desempeñó como asesora internacional del Gobierno Regional de Valparaíso. En las elecciones de 2013, fue candidata del PRI a la Cámara de Diputados (Distrito Nº 10).
En los estatutos del PRI, María Fernanda Correa Lasa es identificada como secretaria y ministro de fe. Ella emitió boletas a SQM por $30 millones. En 2013 recibió honorarios de un partido político y una empresa: el PRI y Celulosa Arauco.
Su hermana, Carola Mónica Correa Lasa, es otro de los nombres que figuran en la nómina del SII. Registra actividades por servicios de banquetería desde 1997. Las boletas que emitió a SQM suman $15 millones.
Patricio Sergio Purcell Avendaño también es sindicado por el SII como una de las personas que aparecen con pagos bajo sospecha de SQM por un total de $15 millones. Se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar. Es hijo del agente de aduanas Patricio Purcell Echeverría, aunque no trabaja en su agencia, sino que en otra de la competencia: es jefe de oficina en la agencia de Sanhueza y Avsolomovich, la misma que registra pagos al presidente del PRI, Humberto de la Maza.

Adolfo Zaldivar

Purcell dijo en la indagatoria que a través de Adolfo Zaldívar se enteró que SQM necesitaba una Agencia de Aduanas, y asegura que hizo toda la presentación entre septiembre y noviembre de 2012, trabajo por el que cobró $15 millones. Y agregó: “De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar, a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que nadie me llamara nunca para consultarme nada más…El mismo trabajo hice para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir que no había relación directa con las empresas y por valores similares”.
Rodrigo Gómez Peña era en 2008 subsecretario general del PRI, cuando Jaime Mulet presidía ese partido. Ese mismo año, mientras recibía pagos del ex senador Adolfo Zaldívar, formó parte de la Comisión Electoral que elaboró las listas de candidatos que poco después presentarían al Servel para participar en las elecciones municipales. Fue también miembro del Consejo General del PRI. Gómez aparece emitiendo boletas por $10 millones a SQM.
Julieta Florentina Cruz Figueroa aparece entregando boletas a SQM por $10 millones. En 2006, siendo aún militante de la DC, Julieta Cruz fue intendenta de la Región de Atacama. En registros oficiales aparece recibiendo pagos de la DC, pero actualmente no figura en el registro de militantes en la web de ese partido. En 2009 fue candidata a diputada por el Distrito de Vallenar y Caldera, pero en un cupo del PRI. Desde 2008 figura contratada por la Superintendencia de Insolvencia (dependiente del Ministerio de Economía), donde se desempeña como jefa del Subdepartamento de Servicios Generales y Subdepartamento de Recursos Humanos, recibiendo una remuneración bruta mensual de $4,5 millones.
Rodrigo Alejandro Vásquez Poblete figura con boletas emitidas a SQM por $15 millones. Vásquez también está vinculado al PRI, partido del que fue candidato a concejal por la comuna de Maipú, sin éxito, en las elecciones municipales de 2008. Al año siguiente se integró al Tribunal Supremo del PRI.
EL SOLITARIO RADICAL
Ignacio Arturo Rojas Rojas es el único radical que se puede identificar en la nómina de personas que incluyó el SII en la ampliación de su denuncia criminal en contra de SQM. La minera le pagó $6 millones. Rojas es periodista y entre 2009 y 2011 recibió honorarios de su partido y también del Comité de Senadores del PRSD. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía, como apoyo de comunicaciones y coordinación de prensa.
Nota de la Redacción: CIPER recibió una carta del diputado DC Jaime Pilowsky en la que asegura no estar vinculado con Juan Pablo Destuet ni Gonzalo Infante Urrejola, quienes figuran en la denuncia del SII por haber emitido boletas a Soquimich. El parlamentario también señala que ambas personas no tienen relación con su partido: la DC.
La versión de Pilowsky indica que las boletas para SQM que entregaron Destuet e Infante se emitieron en 2009, época en la que él aún no pensaba ser candidato. “Mi única vinculación con Infante es que en esa época él subarrendaba una oficina en el estudio donde yo trabajaba, no fui socio ni tengo relación comercial con él, es injusto vincularnos”, dice el diputado.
Agrega: “Ambos están vinculados a RN y no a la DC. Destuet está relacionado con Gustavo Alessandri Balmaceda, candidato a diputado por La Florida. Es amigo de su hijo que es concejal de Puente Alto pues ambos estudiaron en la Universidad Finis Terrae. Destuet trabaja en la Municipalidad de Puente Alto. Gonzalo Infante Urrejola es pariente de Cristián Monckeberg”.
*Fuente: CiperChile en Actualidad y Entrevistas

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A qué viene Nelson Pizarro a Codelco

Redacción piensaChile — Wed, 06 Aug 2014 03:25:23 +0000

Cuando en abril 2010, el Sr. Diego Hernández asumió la presidencia ejecutiva de Codelco, tras ser elegido por el Directorio designado por el Presidente Piñera, pronosticamos que se venían tiempos de pérdidas para Codelco. Pronosticamos esto, no porque el Sr. Hernández no tuviera la experiencia y capacidad técnica para realizar una excelente gestión en Codelco, sino por el hecho que con él, Thomas Keller y una serie de otros ejecutivos, eran las transnacionales mineras las que lograban apoderarse de la administración de la Corporación. Por esa razón, sosteníamos, podrían llevar a cabo lo que siempre habían perseguido: la privatización de Codelco, paulatinamente, destruyendo económica y financieramente a la empresa.

No nos equivocamos en el pronóstico, porque los 4 años en que Diego Hernández y Thomas Keller, dirigieron la corporación, los excedentes (utilidades) fueron los peores de toda la historia de Codelco, habida cuenta de la producción y precios alcanzados por el cobre y sus subproductos.

Con el nuevo directorio nombrado por la Presidenta Bachelet, pensábamos que este plan de destrucción paulatina de Codelco llegaría a su fin, y que las transnacionales mineras ya no administrarían Codelco. La salida de Keller de la presidencia ejecutiva apuntaba en ese sentido. Poco duró la alegría, porque el nuevo directorio ha vuelto a escoger como Presidente Ejecutivo de la Corporación, a un ejecutivo de larga trayectoria en las transnacionales mineras, el señor Nelson Pizarro. Al ser las transnacionales mineras las que siguen administrando Codelco, nos atrevemos a pronosticar una sensible baja de los excedentes de la empresa en los próximos años.

Quisiéramos equivocarnos en el pronóstico, pero los siguientes datos nos conforman en él: Nelson Pizarro fue Gerente General de Minera Los Pelambres de 1998 a 2003, año en fue ascendido a Vicepresidente del holding Antofagasta Minerals, del cual el 2006 pasó a Lumina Coppers, pero siguió siendo director de Antofagasta Minerals hasta la actualidad. Es decir, es un hombre del grupo Luksic, que ya tiene en el gobierno a la Ministra de Minería Aurora Williams, sin olvidar que también trabajaron para este grupo los ministros Alberto Arenas y Nicolás Eyzaguirre, y una serie de otros altos personeros de este gobierno.

En todo el tiempo que Nelson Pizarro fue Gerente General de Los Pelambres, entre 1998 y 2003, esta minera no pagó un solo peso de impuesto a la renta al Fisco. Durante su gerencia se dejó de pagar incluso la patente industrial a las comunas de Salamanca, Los Vilos y Santiago. Desde el año 2006 a la fecha, el Sr. Pizarro es Presidente Ejecutivo de Lumina Coppers, empresa que hasta la fecha tampoco ha pagado un solo peso de impuesto a la renta. La excelencia en la gestión y administración de las transnacionales mineras, se traduce en cómo se evade y elude la tributación al Fisco, lo que se conoce eufemísticamente como “Planificación Tributaria”.

Su mayor experiencia profesional Nelson Pizarro la tuvo en La Disputada de Las Condes, desde 1975 a 1990, donde asumió diversos cargos gerenciales. Es bien conocido de la opinión pública que mientras perteneció a Exxon, La Disputada no pagó un solo peso de impuesto a la renta al Estado. Es más, al venderla a Anglo American el 2003, en US$ 1300 millones, tenía pérdidas tributarias acumuladas de US$ 700 millones, lo que significa que es el Estado que le debía impuestos a La Disputada. Directa o indirectamente, el Sr. Nelson Pizarro desde sus altos puestos gerenciales, contribuyó a esa colosal evasión tributaria de La Disputada.

A pesar que La Disputada siempre evadió la tributación, el Sr. Pizarro está orgulloso de Exxon, según un reportaje de Luz María Astorga en “El Mercurio”, del 09.02.2003, se dice: “Ha reconocido que ésa fue su escuela. Ahí conoció la «minería dura». Según él, el «hombre de Exxon es reconocible en cualquier lado, especialmente por la ética y por su preocupación por evitar los conflictos de interés». Entonces, ¿su escuela es simplemente la escuela norteamericana? Frente a eso sólo ha comentado que de la experiencia con Exxon, aprendió «el respeto por el dueño. Él pone sus chauchas en las manos de uno a cambio de rentabilidad y prefiere la gestión de uno y no otra. Eso obliga a ver el negocio con el ojo del dueño, a cuidar los recursos, maximizar la gestión y al profesionalismo completo».

El hombre de Exxon es reconocido por la ética. Exxon pone las chauchas y a cambio exige profesionalismo y rentabilidad, pero para el grupo, lo que quiere decir que se deben traspasar las ganancias a empresas relacionadas en el extranjero, para que la minera en Chile no genere utilidades, y de esta manera no pague impuesto a la renta. Traspasar las utilidades al extranjero esa es la ética no solo de Exxon sino que de todas las transnacionales mineras, que también han puesto en aplicación en Codelco los últimos cuatro años, y que seguramente seguirá aplicándose con el nuevo Presidente Ejecutivo.

Pero Nelson Pizarro, también había trabajado en Codelco anteriormente. Desde 1990 a 1994, fue Gerente General de Andina, de 1995 a 1998 de Chuquicamata, y volvió desde el 2003 al 2006 como Vicepresidente de Codelco Norte, cuando se retiró para asumir hasta ahora la presidencia ejecutiva de Lumina Copper. En el mismo reportaje ya mencionado de Luz Astorga en El Mercurio, comentaba que en Andina lo llamaban “Manos de Tijera”, porque en un año y medio redujo la dotación en 30%, y además cerró el hospital y el cine. En Chuquicamata, al inicio de la gerencia de Pizarro había 9.500 trabajadores, y al terminar tres años después, la dotación era de 7.700 trabajadores solamente. Manos de Tijera había vuelto a actuar reduciendo personal.

En resumen, cuando Nelson Pizarro trabaja para las transnacionales mineras, el Estado pierde porque esas mineras evaden la tributación, y cuando trabaja para Codelco, son los trabajadores que sufren. ¿A qué viene Nelson Pizarro a Codelco? Seguramente vuelve Manos de Tijera para los trabajadores, pero el peligro mayor es para la empresa porque los excedentes seguirán disminuyendo, hasta lograr al final del camino la tan largamente aspirada y soñada privatización de Codelco.

– El autor, Julián Alcayaga O., es Economista y Presidente ONG Chile-Cobre

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Chile y la protesta del 11 de Julio: “Bachelet gobierna para los ricos y para los intereses norteamericanos”

Redacción piensaChile — Sun, 06 Jul 2014 17:00:55 +0000

Entrevista con el Presidente de los Trabajadores/as de la Salud Pública de Concepción / Bío-Bío, Jorge Figueroa Zapata.

“y ya sabes a cuál Miguel me refiero”
Gonzalo Rojas

Jorge Figueroa Zapata

Jorge Figueroa Zapata es técnico del Banco de Sangre del Hospital de Concepción y desde 1992, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores/as de la Salud (Fenats, https://es-la.facebook.com/fenats.region) de Concepción-Bío-Bío, segunda ciudad y región en importancia de Chile. La Confederación de los Trabajadores/as de la Salud (Confenats) tiene más de 62 años de existencia y cumple una doble función: luchar por las demandas propias de sus asociados/as y por la sobrevivencia de la Salud Pública.

Jorge Figueroa durante la tiranía militó en la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, la JRME, y tanto su hermano como su hermana mayores que estudiaban entonces en la Universidad de Concepción fueron prisioneros/as políticos/as de la dictadura como miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

“Dentro de la cárcel, más que afuera, encontré verdaderos compañeros. No sólo del MIR, sino también del Partido Socialista y del Comunista, principalmente. El objetivo unitario era derrocar a la dictadura cívico-militar y lograr la democracia más avanzada posible”, asegura Jorge. Y sobre el señero líder histórico del MIR caído en combate hace cuatro décadas, cuenta que “Miguel Enríquez fue un ejemplo para nosotros. Él estudió en la Universidad de Concepción, fue internista y médico aquí, en el hospital donde yo trabajo. De él aprendí que cada acción que uno realiza en cualquier lugar, es un combate, independientemente de los medios que se usen.”

-¿Y cuál es el enemigo principal ahora?

“Hoy nuestra lucha es contra el sistema neoliberal. En Chile no tenemos ningún derecho garantizado. El Estado se encuentra a disposición de los intereses privados y la salud, como la educación y la seguridad social, sólo es una mercancía más del supermercado en que se ha convertido el país.”

No hay salud

-Sintéticamente, ¿cuál es tu diagnóstico de la Salud Pública en la actualidad?

“Entre el 2005 y el 2014, el Estado, con plata de todos/as, ha traspasado USD8.500 millones a las clínicas privadas. Con esos recursos podrían haberse construido 25 hospitales tipo 1, como el de Concepción, o 50 hospitales tipo 2, como el de Tomé. Del presupuesto nacional, la Salud se lleva el 3.5%, cuando en dinero precisamos del 6% (tal como lo recomiendan organismos sanitarios internacionales). El sistema público atiende a más del 80% de la población de la región, mientras sólo el 17% tiene los medios para acceder a la salud privada. O sea, el Estado financia a los ricos, que son los más sanos debido a las condiciones en que viven, mientras el presupuesto para la gran mayoría es menor, cuando es la que más se enferma. Ahora bien, tanto en el sistema público como en el privado no hay medicinas para enfermedades corrientes y terminales, como el cáncer. En la pública por falta de presupuesto y en la privada porque les sale muy caro y no quieren dañar sus ganancias. En Chile sin dinero, te mueres.

Además la Salud es administrada por las municipalidades según el criterio del alcalde de turno. La edil anterior y hoy senadora, Jacqueline van Rysselberghe, es dirigente de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, UDI, y pertenece al Opus Dei. Ella estaba en contra hasta de distribuir “la píldora del día después” (para prevenir o interrumpir embarazos no deseados, producto de violaciones, etc.), argumentando desde sus posiciones político-religiosas y porque tiene 6 hijos. Pero esa misma alcaldesa prohibía a las trabajadoras de la municipalidad embarazarse, de lo contrario eran despedidas porque tendrían derecho a fuero materno, induciéndolas así al aborto clandestino. ¿Cómo es posible que las directrices de la Salud Pública estén a merced de un alcalde?”

Correlé, correlé, correlá

-¿Los gobiernos civiles han embestido muy duro contra el poco sindicalismo consecuente que hay en el país?

“Mira, en Chile el 28 de junio pasado murió tras quemarse a lo bonzo el dirigente sindical de los conductores de la locomoción colectiva, Marco Cuadra. El 2007, el trabajador forestal en lucha, Rodrigo Cisterna, fue fusilado por la policía. El 21 de febrero de 2013 fue asesinado el dirigente sindical de los subcontratados, Juan Pablo Jiménez. En Concepción tuvimos a un director del Servicio de Salud que había sido agente de la Central Nacional de Inteligencia, CNI, de la tiranía, que a su vez trajo a un ex Fiscal Militar. Cuando en una oportunidad me encontré con este último, el sujeto me dijo que me conocía. Me extraño porque se trataba de un hombre mayor que yo jamás había visto. Luego supe que fue Fiscal Militar desde 1987 en adelante. Y claro, si yo como dirigente sindical sufrí hostigamientos y persecuciones durante la transición democrática eterna, ellas se intensificaron durante el gobierno de la derecha tradicional.”

–Muchos caracterizan a Chile como un Estado policial…

“Es así. Cuando los trabajadores/as estamos en algún proceso de movilización, la policía opera con una brutalidad extrema, empleando balines, caballeriza, palos, carros que lanzan agua mezclada con gases. Por eso no es tan sencillo que la gente se tome las calles. En nuestra última movilización del 25 y 26 de junio logramos salir a protestar públicamente más de dos mil personas. El primer día demandamos Educación Pública junto a los docentes y los estudiantes, y el segundo lo hicimos por un sistema previsional distinto a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP’s, que sólo nos dejan jubilaciones de miseria.”

“Sólo a través de una herramienta político-social tenemos posibilidades de cambiar nuestras vidas”

-¿Qué experiencias con la comunidad concreta realiza la Fenats para la defensa y promoción de la Salud Pública?

“Desde hace tres años, la Fenats viene levantando Mesas de Salud Social. Ellas consisten en que territorialmente, trabajadores, estudiantes, pobladores cercanos a cualquier tipo de centro de salud puedan organizarse para la defensa y fortalecimiento de la Salud Pública a escala local, regional y nacional. Se trata de que el propio pueblo eleve sus propuestas, como también luche en la calle por ellas. Y la diferencia de estas experiencias entre Concepción y Santiago es que en la capital del país los llamados Frentes Amplios de la Salud están formados por militantes del sistema de partidos políticos hegemónico. En Concepción participa el pueblo sin más motivo que sus intereses de clase. Del mismo modo estamos empeñados en ampliar las alianzas con otros sectores de trabajadores/as por encima de las instituciones tradicionales.”

-¿Cuál es la autoridad social de la Fenats en la región del Bío-Bío?

“No sólo hemos ganado el corazón del pueblo de nuestra región, sino que hasta los medios de comunicación de la burguesía buscan nuestra opinión. ¿Cómo? Ante cualquier problema de la comunidad en cualquier localidad de la región, vamos a solidarizar en concreto, más allá del propio ámbito de la salud. Los miembros de la Fenats son gente valiente y que resiste. Al igual que los trabajadores portuarios y los estudiantes, tanto secundarios como universitarios.”

-¿Tú consideras que, de ir tornándose más álgido el proceso de lucha de clases, sea posible en algún momento lograr estadios de unidad que cuajen en la creación de un nuevo instrumento político y social de los oprimidos/as?

“Hacia allá queremos ir cuando potenciamos en la lucha los lazos con los distintos movimientos sociales reales que sí, en efecto, han expresado en los hechos su capacidad de resistencia contra el sistema privatista. Somos conscientes de que sólo a través de una herramienta político-social tenemos posibilidades de cambiar nuestras vidas en un sentido no capitalista.”

“La CUT no existe”

-La semana pasada la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, refrendó la imposición de una cifra del salario mínimo que sólo dejó satisfechos al empresariado y al gobierno. ¿Qué piensa el pueblo trabajador de la región del Bío-Bío respecto de este “acuerdo”?

“La CUT no existe. En una de las últimas movilizaciones de miles en nuestra zona, sólo andaban tres personas representando a la CUT. Es una sigla muy alejada del mundo de los trabajadores/as, de sus demandas y de sus intereses. La directiva de la CUT a nivel nacional y regional ha colaborado sustantivamente en la atomización y en fomentar el miedo en la gente. Incluso ha ayudado al sistema financiero, facilitando el sobreendeudamiento de los asalariados/as.

Cuando apareció Bárbara Figueroa como presidenta de la CUT pensamos que algo podía cambiar favorablemente. Sin embargo, rápidamente se puso la camiseta del gobierno y del empresariado. Ella firmó de manera unilateral y sin preguntarle a nadie un reajuste de menos de un dólar diario.”

-¿Crees que debería renunciar la directiva de la CUT encabezada por Bárbara Figueroa?

“En cualquier parte del mundo, por ética elemental, los dirigentes sindicales que firman un acuerdo así deben renunciar. La directiva de la CUT cometió un error gravísimo: no efectuó ninguna consulta a los trabajadores/as antes de firmar. Nos enteramos por los medios de comunicación de la cifra miserable concordada a puerta cerrada. Por eso la CUT no nos representa y está absolutamente sola. ¿Para quién trabaja? Para los que sobrevivimos de un sueldo, no.”

“Bachelet está a favor de los ricos”

-Bachelet se reunió la semana anterior con el presidente Obama en Washington para renovar y fortalecer su compromiso con el Estado imperialista más poderoso en la historia de la humanidad. En la cita con Obama se reafirmó la participación de Chile en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, uno de los objetivos geopolíticos centrales de la dominación imperial. Juntos celebraron el décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio Chile-EE.UU., que consagra la dependencia y subordinación del país andino respecto del Pentágono. De hecho, Bachelet afirmó que “Estados Unidos es el más importante socio comercial de Chile”, mientras Obama alabó la “democracia” chilena y dijo que es un “gran modelo para todo el hemisferio”. ¿Qué piensas?

“Claramente la administración Bachelet y Nueva Mayoría no está en la dirección de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Esto es, no hay cambios reales. Bachelet está a favor de los ricos y de los capitalistas del mundo entero, en especial de los EE.UU.”

El próximo 11 de julio: la gesta

-Tú eres uno de los convocantes para la protesta del próximo 11 de julio en Chile…

“El 11 de julio el mundo popular organizado chileno año tras año convoca a una gran protesta por lo que perdimos con la dictadura y los gobiernos “democráticos”, y en particular por la exigencia de la renacionalización del cobre. Pero la movilización va más allá. Se protesta por las consecuencias nefastas que trae consigo la industria de la pesca de arrastre; por las consecuencias de la industria forestal en el Pueblo-Nación Mapuche y en los campesinos por el uso y abuso del agua y las tierras fértiles de las comunidades; por la cancha libre para el negocio de los transgénicos. Queremos la nacionalización de los recursos naturales, de la banca, del comercio exterior, de los derechos y servicio sociales. Queremos una sociedad sin patriarcado y respetuoso de la naturaleza, y con una juventud con porvenir. Ya existe casi un centenar de organizaciones convocando al pueblo que sufre las consecuencias de la mala vida que es lo único que nos ofrece el capitalismo. Y nosotros queremos para todos todo.”

El articulo Chile y la protesta del 11 de Julio: “Bachelet gobierna para los ricos y para los intereses norteamericanos” apareció primero en piensaChile.

Barrick Gold ficha a marido de ministra Javiera Blanco, Eugenio Ortega Frei, como Gerente de Asuntos Corporativos

Redacción piensaChile — Fri, 04 Jul 2014 05:59:26 +0000

El pasado jueves 26 de junio, Eugenio Ortega Frei estuvo, en representación de Barrick, en el listado de la cena que ofreció Susan Segal, mano derecha del millonario y filántropo David Rockefeller. Segal es directora del Council of the Americas, la institución más influyente desde los años 70 en el continente, por haber liderado en la década en los 90 el Consenso de Washington, responsable de las políticas neoliberales y de las privatizaciones de empresas públicas en países como Argentina y Chile, entre otros.

Ortega Frei, casado con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y miembro de la familia Frei, llega a la minera transnacional cuando su polémico proyecto Pascua-Lama atraviesa un difícil momento. Las autoridades medioambientales y varias resoluciones judiciales tienen paralizado el proyecto binacional, hasta que Barrick Gold cumpla las exigencias incluidas en su autorización ambiental.

Una de las características del cargo de Eugenio Ortega –quien fue contratado el 2 de Junio, con posterioridad al nombramiento de su señora en el gabinete de Michelle Bachelet– es “mantener” las relaciones de la empresa con diferentes autoridades gubernamentales. En este sentido, dicen, su llegada se debe a los “vínculos” con el mundo político, en especial con la Nueva Mayoría. Este aspecto es visto como un “plus” para la empresa minera, especialmente después de las complicaciones que han tenido el último tiempo. En este sentido, destacan que, a diferencia de otros gerentes de Asuntos Corporativos que ha tenido la empresa, el perfil de Eugenio “más que minero o comunicacional, es político” ya que ese es el mundo del que proviene. En este sentido –acotan– es “cosa de hacer matemáticas” para entender que su llegada es “por lo político”. Blanco además cultivó importantes vínculos en el empresariado, tras varios años a cargo de la Fundación Paz Ciudadana, el chiche del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman.

La empresa señala que “la elección de Eugenio para asumir este desafío responde a sus enormes capacidades profesionales y una compatibilidad con la mirada transparente y eficiente que tiene el equipo de la nueva fase de Pascua-Lama. Gracias a su gran experiencia académica y en terreno, confiamos que su aporte será clave para el proyecto”.

Su llegada se debe a los “vínculos” con el mundo político, en especial con la Nueva Mayoría. Este aspecto es visto como un “plus” para la empresa minera, especialmente después de las complicaciones que han tenido el último tiempo. En este sentido, destacan que, a diferencia de otros gerentes de Asuntos Corporativos que ha tenido la empresa, el perfil de Eugenio “más que minero o comunicacional, es político” ya que ese es el mundo del que proviene. En este sentido –acotan– es “cosa de hacer matemáticas” para entender que su llegada es “por lo político”.

Quienes han conocido su faceta de militante DC destacan que mantiene un perfil “bajo”, que siempre fue “de base” y “respetuoso” de las instancias regulares del partido. Pese a que “no es un Roberto Carlos” de la política, puntualizan, sí tiene buenos contactos y vínculos, en particular con miembros de la llamada G-80.

CLAN FREI

El nuevo gerente de Barrick es hijo de Eugenio Ortega Riquelme, ex político y embajador DC, y de Carmen Frei, hermana del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hoy Carmen es presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia.

Además, una de las primas de Ortega Frei es la hija del ex Presidente de la República, Magdalena Frei Larraechea, quien se sumó hace algunas semanas al directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Otro familiar de Eugenio es su tío Francisco Frei Ruiz-Tagle, quien ocupa una de las sillas del oficialismo en el directorio de Televisión Nacional.

Antes de llegar a Barrick, Eugenio Ortega Frei sonó fuerte para el cargo de director de la Junaeb, lo que finalmente no se concretó.

Con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se conoció por una “cita a ciegas”, según contó ésta hace algunos años.

La trayectoria de Ortega Frei por el aparato público es amplia y comenzó el último año de gobierno de su tío. Entre 1997 y 1998 trabajó como jefe del Comité Asesor del ministro de Defensa, que en ese tiempo era Raúl Troncoso Castillo (DC).

Cuando Troncoso Castillo pasó al Ministerio de Interior, Eugenio se fue como su jefe de gabinete hasta el 2000, cuando asumió José Miguel Insulza. Después fue jefe de la División de Estudios en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) hasta el 2001 y jefe de la División de Coordinación Interministerial en Segpres hasta el 2003.

El 2008, después de la “revolución pingüina” que enfrentó el primer gobierno de Michelle Bachelet, llegó a la cartera de Educación que dirigía Mónica Jiménez (DC), donde trabajó como su jefe de Gabinete por un año, hasta las elecciones parlamentarias del 2009. Entonces se aventuró en una candidatura por el distrito 17 (Conchalí, Renca y Huechuraba) por el cupo de la DC, pero en su lugar fue electa María Antonieta Saa (PPD).