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La segunda etapa, la instalación de civiles en el Gobierno, que se encargarían de dar un aspecto más “civilizado” al sistema.  Estos civiles lo legitimarían y lo profundizarían, con las consecuencias conocidas por todos/as. Sometieron durante décadas a las grandes mayorías, a sueldos miserables, trabajos precarios, salud de indigencia, pensiones inhumanas, a una educación sesgada de mala calidad, a permanentes abusos de las grandes empresas, y a vivir en zonas de sacrificio. Igualmente el pueblo tuvo que ver cómo actos descarados de corrupción de la elite quedaban impune, contrastando con la dureza de la justicia cuando se trata de personas que no son parte de ella, y un largo etcétera.

La tercera etapa, acaba de comenzar el 18 de octubre del 2019, y que a diferencia de las dos anteriores, el pueblo insurreccionado busca sacudirse esta herencia de autoritarismo neoliberal, se rebela contra la opresión de las oligarquías y busca una verdadera democracia.

El pueblo o la ciudadanía como quieran llamarle, se hartaron de ser, no sólo abusada, sino que más encima burlada y sometida a las sacrosantas reglas “de su mercado”. Mercado que los condenó a vivir endeudados, con angustia por no saber, cómo hacer, para mitigar los negativos efectos del sistema y esa rabia contenida por tantas décadas estalló y salió a la calle a decir basta, en forma espontánea, sin líderes determinados, más bien como un acto desesperado de hacerse oír y ver, tras tantos años de invisibilización y utilización. Las y los estudiantes secundarios,  juventud hermosa y valerosa, fueron los encargados de prender la mecha de la antorcha libertaria de la rebeldía.

El gobierno, ante su incapacidad política de resolver políticamente este hecho social, inmediatamente le declara la guerra al pueblo. En un acto de irresponsabilidad inconmensurable, el gobierno responde con represión y saca a la calle a carabineros y militares, tras la declaración del Estado de Emergencia. Una vez más se repite la historia, quienes hicieron tan sentidas declaraciones y reconocimiento de los atropellos de los DD.HH. en dictadura “para que nunca más en Chile”, no titubearon, cuando vieron sus intereses en peligro, de volver a las mismas prácticas dictatoriales y con ello se desató la más grave y brutal represión a vista y paciencia de toda la “institucionalidad democrática”. En Chile se ha vuelto a torturar, violar, mutilar y asesinar.

Hoy la sociedad se escandaliza de tanto horror. Pero, esto tiene un origen y una causa concreta, que es la IMPUNIDAD. La sociedad ha ignorado el clamor y la constante denuncia de las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura de la dictadura cívico-militar de Pinochet, por la falta de justicia y del no cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Chile.

Muchas veces lo planteamos.  La impunidad sienta un muy mal precedente. Ya que los brutales actos de torturas, tratos inhumanos y degradantes, además de aberraciones judiciales, fueron dejados en la más absoluta impunidad, animaron así a las fuerzas represivas que puestas en circunstancias de inmunidad similares,  vuelven a las mismas prácticas sintiéndose inimputables. La historia se repite, hoy como ayer dicen actuar, supuestamente, en “defensa de la democracia”. Aun mas,  sus deleznables actos son avalados por sus GENERALES, QUIENES DECLARAN PÚBLICAMENTE SENTIRSE ORGULLOSOS POR LA LABOR CUMPLIDA,  recibiendo, además, el “SENTIDO AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en nombre de su Gobierno, POR TALES DESTACADOS SERVICIOS PRESTADOS”. Estas manifestaciones de los responsables de controlar a las fuerzas represivas son un cheque en blanco para que, éstos, desplieguen sus más bajos instintos en contra de un pueblo indefenso, a quien se le declaró la guerra en forma unilateral, por el sólo hecho de hacer uso de su derecho a manifestarse.

Este era uno de los principales motivos de nuestra constante y solitaria lucha por lograr justicia, en contra de la impunidad. Lucha dada al margen de la sociedad, ya que permanentemente hemos sido ignorados e invisibilizados. Justamente buscábamos no heredar a las nuevas generaciones un país en el que sea gratis, tanto en el ámbito civil como el penal, cometer las más inhumanas vejaciones a los derechos humanos.

Nunca fuimos escuchados. La poca justicia que hemos logrado ha sido por iniciativa y esfuerzo propio, a pesar de todo lo que nos ha jugado en contra, por ser un universo de personas, envejecidas, empobrecidas, de salud muy precaria como consecuencia de la edad y de las torturas sobrevividas. Los chilenos/as, deben saber que, para las casi cuarenta mil personas consignadas en el informe Valech, que reconoció su calidad de víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura, el Estado no ha cumplido con su obligación de perseguir penalmente la responsabilidad de NINGUN TORTURADOR, incumpliendo así la obligación que le compete de acuerdo a los tratados suscritos internacionalmente de perseguir la responsabilidad penal de aquellos que cometieron graves delito de lesa humanidad.

Esta impunidad es la que permite que hoy nuevamente las fuerzas de orden se sientan con la LIBERTAD Y LA INMUNIDAD para cometer los crímenes aberrantes que han cometido estas últimas cinco semanas. Estos han sido incitados y estimulados por sus superiores jerárquicos, quienes sin pudor alguno se comprometen a proteger a los responsables directos.  No importa si para esto  tienen que desobedecer las órdenes que emanen del gobierno civil en caso de que se pida sanciones por su actuar fuera del protocolo, de toda norma o fuera de la ley.  Estas violaciones no deberían tener  ninguna consecuencia, para el general Mario Rozas de Carabineros, quien se atrevió a desafiar así al poder ejecutivo, legislativo y judicial, en un hecho gravísimo para el tan manoseado “estado de derecho” que supuestamente nos rige.

Lo único que explica la brutalidad, la inhumanidad con que actuaron los militares y sigue actuando carabineros es la IMPUNIDAD. De esto hacemos responsables a todos los estamentos del estado, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, que se han coludido y se han hecho cómplices de encubrir, producto del pacto de silencio e impunidad para no perseguir este tipo de graves delitos y permitir de esta forma que se sigan cometiendo.

Todas las declaraciones de buenas costumbres, declaraciones expresando lo políticamente correcto en relación a los derechos humanos, no tuvieron nunca validez alguna ante la falta de justicia. Esta es la razón de porqué exigimos justicia penal y civil real, para todas las víctimas de atropellos de sus derechos humanos, tanto de la dictadura de Pinochet, como también de la dictadura de Piñera. Exigimos que se castigue ejemplarmente a los autores intelectuales, el Presidente Piñera y todos y todas sus ministros, y los uniformados que cometieron los horrores y las atrocidades de la que hemos sido testigos estas últimas semanas, para sentar un precedente necesario que evite, que en el futuro se vuelvan a cometer.

Es importante también que en la nueva constitución, que emane de una asamblea constituyente y cabildos populares, y no de espurios y engañosos acuerdos de la elite política absolutamente desprestigiada y deslegitimada por la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, contenga claras y drásticas sanciones para aquellos uniformados que se atrevan a arremeter en contra de su propio pueblo, dejando muy en claro que la dignidad humana es intangible, y  que está por sobre toda consideración y contexto. Respetar y proteger dicha dignidad humana debe ser obligación de todo poder público.

Nelly Cárcamo V.
Presidenta Nacional de la UNExPP de Chile

Osorno, 25 de noviembre de 2019.

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