Inauguran instalación artística que conmemora los 50 años del asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Con el objetivo de visibilizar la lucha en defensa de los derechos humanos, la muestra “Tu nombre aumenta la eternidad” del artista Fernando Prats -inaugurada este martes 3 de septiembre en la Casa Central de la U. de Chile- busca relevar los valores republicanos de la democracia, así como la lucha por la verdad jurídica respecto al asesinato ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. La exposición estará disponible hasta el 2 de noviembre en el Patio Andrés Bello.

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• Palabras en la inauguración de la obra Tu nombre aumenta la eternidad de Fernando Prats (PDF, 201 KB)

El articulo A 50 años del asesinato del general Carlos Prats apareció primero en piensaChile.

Carta al General Carlos Prats con motivo de su renuncia a la Comandancia en Jefe y su retiro del Ejército

25 de agosto de 1973

Señor general
Don Carlos Prats González
Presente

Estimado señor general y amigo:

El Ejército ha perdido su valioso concurso, pero guardará para siempre el legado que usted le entregara como firme promotor de su desarrollo, que se apoyó en un orgánico plan que coloca a tan vital rama de nuestras Fuerzas Armadas en situación de cumplir adecuadamente sus altas funciones.

Su paso por la Comandancia en Jefe significó la puesta en marcha de un programa destinado a modernizar la infraestructura, el equipamiento y los niveles de estudio de nuestro Ejército, para adecuarlo a las condiciones que demandan la tecnología y ciencia actuales. Esto se le reconoce ahora y se apreciará mejor en el futuro.

Es natural que quien fuera el alumno más brillante, tanto en la Escuela Militar como en la Academia de Guerra, aplicara, en el desempeño de las más altas tareas del Ejército, elevada eficiencia, celo profesional y efectiva lealtad con los compromisos con la Nación, su defensa y su sistema de gobierno.

No es solamente la autoridad gubernativa la beneficiada con su conducta. Es toda la ciudadanía. Sin embargo, estoy cierto que, dada su recia definición de soldado profesional, usted considera que simplemente cumplió con su deber. A pesar de ello, señor general, me corresponde agradecer, en nombre de los mismos valores patrióticos que defiende, la labor que usted desempeñó.

Expreso, una vez más, el reconocimiento del gobierno por su valiosa actuación como vicepresidente de la República, ministro del Interior de la Defensa Nacional. Su invariable resguardo del profesionalismo militar estuvo siempre acorde con el desempeño de esas difíciles responsabilidades, porque comprendió que, al margen de contingencias de la política partidista, ellas están ligadas a las grandes tareas de la seguridad del país.

El encauzamiento del Ejército dentro de las funciones que le determinan la Constitución y las leyes, su respeto al gobierno legítimamente constituido, fueron reafirmados durante su gestión, de acuerdo con una conducta que ha sido tradicional en nuestra nación, la que alcanzó especial relevancia frente a los incesantes esfuerzos desplegados por aquellos que pretenden quebrantar el régimen vigente y que se empeñan, con afán bastardo, en convertir a los institutos armados en un instrumento para sus fines, despreciando su intrínseca formación.

A usted le correspondió asumir la Comandancia en jefe del Ejército en momentos difíciles para esa institución y, por lo tanto, para Chile; sucedió en el alto mando a otro soldado ejemplar, sacrificado por su riguroso respeto a la tradición constitucionalista y profesional de las Fuerzas Armadas. El nombre de ese general, don René Schneider Chereau, trascendió nuestras fronteras como símbolo de la madurez de Chile, y reafirmó el sentido o’higginiano impreso en el Acta de nuestra Independencia y que consagra el derecho soberano de nuestro pueblo para darse el gobierno que estime conveniente.

Su nombre, señor general, también desbordó nuestro ámbito, al punto que en otras naciones aprecian, en toda su dimensión, su actitud profesional insertada en el proceso de cambios impuesto en Chile por la firme vocación de su pueblo.

Es este un momento en que hay chilenos que callan ante acciones sediciosas, a pesar de hacer constantes confesiones públicas de respeto a la Constitución. Por eso, su gesto significará una lección moral que lo mantendrá como una meritoria reserva ciudadana, es decir, como un colaborador de la Patria con el cual, estoy seguro, ella contará cuando las circunstancias se lo demanden.

Los soeces ataques dirigidos contra usted constituyen una parte de la escalada fascista en la cual se ha llegado a sacrificar al comandante de la Armada nacional, mi edecán, mi amigo, Arturo Araya Peters, quien fuera ultimado por personas pertenecientes al mismo grupo social que tronchó la vida del general Schneider. Es este un duro momento para Chile, que usted lo siente de manera muy profunda.

El gesto de su renunciamiento, motivado por razones superiores, no es la manifestación de quien se doblega o rinde ante la injusticia, sino que es la proyección de la hombría propia de quien da una nueva muestra de su responsabilidad y fortaleza.

Lo saluda con el afecto de siempre.

Salvador Allende G.
Presidente de la República

Pronunciado: El 25 de agosto de 1973.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 10 de febrero de 2016.

El articulo Carta del Presidente Allende al General Carlos Prats con motivo de su renuncia a la Comandancia en Jefe y su retiro del Ejército apareció primero en piensaChile.

El Cuerpo de Generales y Almirantes, formado por generales en retiro, le envió hace unos días una misiva al presidente Gabriel Boric para manifestar que las actividades conmemorativas del 11 de septiembre “están provocando mayor división en los connacionales” y afirma: “no podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación –aunque no buscada ni deseada– en el quiebre institucional del año 1973″, el cual “pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las FF.AA., olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles”.

Para mayor disgusto de sus compañeros de armas, Martínez Menanteau –un hombre que a los 15 años de edad ingresó al Ejército y que salió de él tras ejercer su jefatura máxima– lanzará este martes, en el Aula Magna de la Universidad Católica, en Santiago, un libro singular, “concebido originalmente como un documento destinado a rescatar y fortalecer el ethos militar dentro de la institución armada” y que “pretende revalorizar la imagen del Ejército ante la ciudadanía” y “contribuir, a 50 años del quiebre de nuestra convivencia nacional, al indispensable reencuentro de todos los chilenos”, según se lee en la reseña del volumen. Sin embargo, Un ejército de todos aporta un reconocimiento crudo y sin precedentes, formulado desde el interior de las Fuerzas Armadas, de algunas de las más graves violaciones perpetradas por los uniformados a los derechos humanos, a la legalidad y al pundonor militar.

Por la relevancia y el interés de esta mirada única, en vísperas del 50 aniversario del cuartelazo del 11 de septiembre de 1973, La Jornada ofrece a sus lectores, en exclusiva para México, algunos pasajes de Un ejército de todos, con la amable autorización de JC Sáez Editor.

Asesinato del general Schneider

En mayo de 1970, el Comandante en Jefe [general René Schneider] difundió una política que debía guiar la conducta del Ejército. Era la continuación de la mirada histórica institucional consistente en respetar la Constitución de la República, que la prensa hasta el día de hoy ha denominado “doctrina Schneider”. En ella se reiteraba un precepto fundamental del Ejército, cual era respaldar y respetar la carta fundamental del país.

Consultado el Comandante en Jefe sobre lo que sostenían dichas candidaturas, señaló: “Nuestra doctrina y misión es la de respeto y respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión” (entrevista en el diario El Mercurio, 8 de mayo de 1970).

Este compromiso con la Constitución le costó la vida. Dos días antes de que el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuviera lugar para elegir en el Congreso Pleno a Salvador Allende, el 22 de octubre de 1970, mientras el Comandante en Jefe del Ejército se dirigía a su trabajo, un grupo de individuos de extrema derecha rodearon el vehículo disparando en múltiples ocasiones sobre el general, quien falleció días después en el Hospital Militar, dada la gravedad de sus heridas.

En el asesinato del general Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Sobre la participación de esta entidad extranjera, se puede señalar que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Estados Unidos que llegaron a la embajada de ese país en Chile para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército.

En una de las notas de la CIA, se indicaba que

“neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”.

Las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por los generales Camilo Valenzuela y Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte el general Schneider.

Nombramiento del general Prats como Comandante en Jefe

Tras el asesinato de Schneider, el Presidente Frei Montalva nombró a quien le seguía en antigüedad, el general Carlos Prats, decisión que posteriormente fue ratificada por el presidente Allende.

Es importante señalar que, producida la elección de septiembre de 1970 y en el lapso anterior a su asesinato, los generales Schneider y Prats más los comandantes en jefe de la Armada y Fuerza Aérea, fueron autorizados por el Presidente de la República y su ministro de Defensa, para prestar asesoría técnica a los grupos parlamentarios que negociaban la reforma constitucional conocida como “Estatuto de Garantías Democráticas”, que estableció en su artículo 22 que

“la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles”.

Esta reforma recogía dos objetivos consustanciales a los ejércitos del mundo: la defensa del monopolio del empleo de las armas y la preocupación por la carrera profesional que supone su inicio y formación en las escuelas matrices.

El asesinato del general Schneider fue un triste y luctuoso hecho y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y conspiran con activistas políticos fanatizados por causas fundadas en un patriotismo errado, a final de cuenta será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar. Un oficial general está siempre enseñando a su tropa y es un faro que ilumina, aunque no se dé cuenta. Su ejemplo es referencia y en este caso fue una vergüenza para la institución, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles.

Este deleznable asesinato no sólo truncó la existencia de un Comandante en Jefe en ejercicio, sino que también destruyó la vida de un soldado ejemplar en el respeto y la defensa de las instituciones democráticas de la República.

Ante este crimen, también es reprochable que en los años posteriores los mandos institucionales no honraran su memoria, sin explicación alguna. Se debió esperar hasta el término del gobierno militar para que paulatinamente su nombre fuese puesto en el sitial de relevancia que le correspondía. Su figura fue reivindicada políticamente por sectores que defendían posiciones opuestas, lo que seguramente debe haber influido en esta inacción institucional.

Incorporación de militares a los gabinetes políticos

Producto de la grave crisis política, económica y social que se comenzó a vivir durante el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente Allende, en un intento de revertir la situación, designó un gabinete que integraba a miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como “cívico-militar”. Meses después, organizó un gabinete llamado de “seguridad nacional” con los comandantes en jefes institucionales. Su misión consistía, centralmente, en controlar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y recuperar el orden público.

Con esta decisión presidencial, apoyada por algunos adherentes de la Unidad Popular e impugnada por otros, se les reconocía de hecho a las Fuerzas Armadas, una vez más en la historia del país, un rol de garantes de la normalidad institucional, que no era otra cosa que confirmar el ya aludido rol latente, toda vez que con esta medida se les volvía a involucrar en la coyuntura política, después de cuarenta años de ejercicio estrictamente castrense y de marginación de la política contingente.

Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas no fue sólo de carácter ministerial, ya que también se extendió a las empresas estatales. En efecto, en alrededor de cuarenta organismos, como la CORFO, la Comisión de Energía Nuclear y otros, hubo representación militar. En abril de 1972, el comandante de la II División de Ejército, general Orlando Urbina, tuvo la responsabilidad de organizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III) en Santiago, mientras otros oficiales eran designados interventores en complejas situacione

La participación militar en el gobierno de la Unidad Popular ha tenido dos lecturas dentro de la institución castrense: una, que le otorga un rol deliberante a las Fuerzas Armadas al colocar a los comandantes en jefe y oficiales generales en funciones ministeriales, y otra, que comprueba la subordinación militar al poder ejecutivo, en este caso específico para evitar la confrontación violenta resultante de las huelgas y garantizar elecciones normales en marzo de 1973, a fin de respetar la institucionalidad.

El “Tanquetazo”

En junio de 1973, se produce el episodio conocido como “Tanquetazo”, por el levantamiento del Regimiento Blindado N.°2, unidad en la que había un descontento, en especial entre sus oficiales más jóvenes, que tenían contactos con civiles de Patria y Libertad, grupo de extrema derecha que incitaba a un alzamiento militar. La situación fue controlada por el general Prats y los protagonistas de este movimiento fueron acusados de sublevación y de incumplimiento de deberes militares. Nuevamente, un grupo de militares era instrumentalizado por movimientos políticos que buscaban protagonismo a través de las armas. Una vez más, el ethos militar había sido sobrepasado por aconteceres políticos ajenos a la institución.

Es muy importante rescatar la posición del general Prats ante los convulsionados momentos que se vivían producto del asesinato del general Schneider y de su confirmación en el cargo por parte del Presidente Salvador Allende.

El general Prats difundió un documento denominado “Definición Doctrinaria Institucional”, en el cual, entre otros puntos, destacaba lo siguiente:

(…)“la función del Ejército es exclusivamente profesional; es la misma mantenida con firmeza en el pasado, ratificada por el General Schneider en momentos críticos del acaecer nacional y confirmada taxativamente por el Comandante en Jefe infrascrito desde que asumió su cargo”.

Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército

Durante su mando, el general Prats realizó distintas acciones para mejorar la cohesión espiritual y el adoctrinamiento de los integrantes del Ejército a través de un programa de visitas a las unidades de todo el país, exponiendo el pensamiento institucional y aprovechando la ocasión para conocer la moral y las necesidades más urgentes del personal.

Paralelamente, se concentró en llevar adelante el “Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército”, basado en el “Plan de Adquisiciones” elaborado por el general Schneider, cuya finalidad era aumentar las capacidades operativas, dotándolo de equipamiento moderno.

También tuvo especial preocupación por igualar las remuneraciones de los militares con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Impulsó la reforma constitucional del articulo Nº22 para establecer que las Fuerzas Armadas son “profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes”, aprobada el 9 de enero 1971.

Prats propuso al gobierno una ley que otorgaba derecho a voto a los suboficiales de los institutos armados de la nación, que terminó siendo aprobada el año 1972. Promovió la ley 17.798 que establecía el tipo de armas que debían quedar sometidas a control; la penalidad por la creación y el funcionamiento de milicias armadas, la posesión o el porte de armas prohibidas, el ingreso sin autorización a recintos militares y policiales, entre otros. Esta iniciativa legal nunca prosperó, dada la polarización en el país.

La Cámara de Diputados invoca a las Fuerzas Armadas

Ante la crisis imperante, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados apeló al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la crisis política. Este llamado por una fracción del Congreso reafirma el rol latente atribuido a las Fuerzas Armadas que hemos venido argumentando.

Como podemos apreciar, las instituciones armadas se vieron enfrentadas en 1973 a dos situaciones extremadamente críticas y que marcarían el futuro, principalmente el del Ejército.

Estas convulsiones llegaron a la propia institución que se vio afectada por los hechos de agitación social que vivía el país. Estos se acentuaron con eventos como una manifestación de esposas de oficiales, frente al domicilio del Comandante en Jefe del Ejército, lo que desembocó finalmente en su renuncia para evitar divisiones internas.

La crisis política, económica, social e institucional del periodo 1970-1973 lleva a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión extrema e inédita en el siglo, cual es deponer al Presidente de la República y asumir el gobierno del país, en otras palabras, a ejecutar un golpe de Estado (pronunciamiento militar).

Los derechos humanos en el gobierno cívico-militar (1973-1990)

El 11 de septiembre de 1973 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden deciden llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y asumir la conducción del país como resultado de la grave crisis imperante. Este hito histórico, cuyas reverberaciones se sienten hasta nuestros días, marca el inicio de una nueva etapa institucional en materia de doctrina militar y derechos humanos.

Este contexto excepcional obligó a los integrantes del Ejército a enfocar sus años de formación y sus valores en actividades inéditas y diversas, todo ello en un ambiente nacional de gran tensión y polarización. El Ejército tuvo que realizar un gran despliegue para cubrir con su personal todas las funciones requeridas, desde el más alto cargo hasta las labores más sencillas, incluso debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Algunos fueron destinados a tareas gubernamentales, otros fueron comisionados a actividades de inteligencia nacional o política (no militar) y un tercer grupo, mayoritario, siguió en sus labores militares rutinarias.

Este relato no pretende analizar caso por caso lo sucedido, sino que destacar acontecimientos que pusieron en jaque —y en muchos casos, vulneraron— ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar.

Autoexilio del general Prats

En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, el Excomandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, fue trasladado en un helicóptero Puma hacia Portillo. Luego, en su auto particular y escoltado por una patrulla militar, llegó a Caracoles donde, después de realizar los trámites aduaneros correspondientes y despedirse de la escolta, entregó una carta dirigida al general Augusto Pinochet, que en sus párrafos principales señalaba:

“El futuro dirá quien estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste que me permitirán salir del país”.

La exigencia que tiene un oficial general o superior excede con creces a la de sus subalternos. Su responsabilidad es muy alta, ya que una resolución que ordene a un subalterno ejecutar una tarea puede alterar la interpretación valórica de este último. Esto ocurre porque el ejercicio de un valor en circunstancias extremas puede estar sujeto a algún grado de interpretación.

Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar consiste en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La Ordenanza General del Ejército establece que la disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión; al contrario, es un acto de reflexión profunda, mediante el cual los subalternos entregan parte de su libertad de acción a fin de que un comandante realice una misión que esté enmarcada en un código legal, reglamentario y profesional. Por ello, un subalterno está obligado a obedecer las órdenes que emanan de un superior, aunque está dotado de la capacidad de representar a sus superiores las consecuencias de órdenes incorrectas, ilegales o injustas.

En las páginas del libro Ejército de Chile. Un recorrido por su historia se señala de manera clara y explícita: “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación —ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas— fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar.”

La Caravana de la muerte

Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con el supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la “Caravana de la muerte”, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento altamente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el “adversario”.

El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios.

Los hechos y el expediente judicial confirman que la misión del general Arellano era acelerar procesos en aquellos lugares donde los mandos supuestamente hubieran actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (“comandantes pusilánimes”, según sus propias palabras). Pero en términos legales, esto no era factible, pues la comitiva no contaba en su delegación con ningún asesor jurídico. En esta dramática situación, los capitanes, tenientes o suboficiales, no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el apercibimiento de un eventual juzgamiento por consejo de guerra.

No hay que olvidar que el alto mando de la época había declarado, mediante el Decreto Ley 5 del 12 de septiembre de 1973, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, dadas las circunstancias que vivía el país, debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, lo que implicaba que el incumplimiento de órdenes por parte de los militares podía ser causa suficiente para ser fusilado.

En un careo entre el general Arellano y el capitán Patricio Díaz con motivo de las ejecuciones en Copiapó, el general niega enfáticamente haber ordenado los fusilamientos de presos políticos, mientras el capitán expresa que

“…la razón que más me impulsa a decir que el Comandante Haag (Comandante del Regimiento Atacama en Copiapó) cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el periodo de permanencia de mi General Arellano y su comitiva en la guarnición. Complementando lo expresado, deseo manifestar que ni antes ni después de la presencia de mi General Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados…”.

Lo anterior ratifica claramente que su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos fue producto de una orden expresa de dicha autoridad.

La calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército” que tenía el general Arellano durante este recorrido era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio Comandante en Jefe del Ejército ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones.

Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el general Pinochet, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, el general Arellano.

Se deduce entonces que existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así dejar a los jóvenes oficiales y suboficiales de esos regimientos como la cara visible de las ejecuciones.

Las acciones del general Arellano fueron absolutamente reñidas con el honor militar. Además, este no tuvo ninguna consideración hacia sus subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia, encargado de efectuar la investigación judicial de estos delitos, cuando relata lo sucedido en Copiapó ante una orden impartida por el general Arellano,

(…) “sin embargo, ambos subtenientes representaron la referida orden, esto es, se opusieron a su cumplimiento. No obstante, una vez representada dicha orden, se vieron compelidos nuevamente a cumplirla, porque de no hacerlo, enfrentarían un juicio militar por los crímenes de traición a la patria e insubordinación, delitos éstos perpetrados ‘en tiempos de guerra’ que como pena aplicada contemplaban la de muerte” (…).

De ello se deduce que el citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar. En cuanto a los oficiales encargados de ejecutar las órdenes, ambos fueron procesados posteriormente y hoy cumplen condena en Colina I. De esta forma, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución.

En definitiva, estos dramáticos hechos ocasionaron un irreversible daño a la población como consecuencia de sentencias de muerte arbitrarias y sin debido proceso, ordenadas por un general del Ejército y una grave lesión a la imagen de la institución castrense, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, siendo que algunos de ellos ya cumplían condenas.

Por último, es importante mencionar que nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe.

Asesinato del general Prats

Aparte de los crímenes de la “Caravana de la muerte” y otros que ocurrieron, el asesinato del Excomandante en Jefe, general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, acaecido en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, y del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en un crimen cobarde, cruel y repudiable y en una vergüenza institucional. A pesar de haber sido realizado por un organismo de seguridad no perteneciente al Ejército, quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría formaban parte de la institución.

Según consta en el expediente de la investigación, el agente de la DINA Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos.

Sobre esta situación se pronunció años después, el 5 de junio de 2009, el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, al inaugurar el Campo Militar “San Bernardo” del general Carlos Prats: “… el Ejército chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen, condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…”. Agregó: “… de confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de exmilitares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del general Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.

Un segundo pronunciamiento al respecto, lo efectuó el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente-Alba cuando se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema mediante un comunicado oficial el 8 de julio de 2010, en el cual, entre otros conceptos, se declaraba que el Ejército repudiaba a todos los partícipes de este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron; que con dicho crimen se habían violado los principios que constituían el acervo moral de la institución; que los autores habían despreciado el tradicional código de honor y de conducta institucionales.

Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones aberrantes que no tienen justificación alguna.

Resulta difícil pensar que la acción de la DINA en 1974 para atentar contra la vida del general Prats, que había dejado el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hacía sólo un año atrás, no haya sido conocido por el general Pinochet a quien hoy sabemos que le reportaban periódicamente las operaciones de este organismo, con mayor razón, si el objetivo había sido su camarada de armas de toda una vida militar. A esto debe agregarse la nefasta conducta del general Camilo Valenzuela y del general en retiro (en esa época) Roberto Viaux por su participación en el secuestro y asesinato del general Schneider que era su superior y con quien mantenían una amistad profesional. Ambos hechos transgreden gravemente el honor militar, honor que debieran tener todos quienes han dedicado una vida entera al Ejército de Chile.

Al igual que lo ocurrido con el asesinato del general Schneider, la institución omitió por décadas el merecido homenaje a este distinguido oficial que procuró enfrentar de la mejor manera situaciones críticas y muy difíciles en la coyuntura nacional.

Los detenidos desaparecidos

Los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar, que superan el millar de personas, constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional.

No haber entregado los cuerpos de las víctimas al momento de ocurridas las muertes y no haberlo hecho tampoco años después cuando se hicieron las inhumaciones desde fosas clandestinas en una operación resuelta por el mando en jefe y avalada por los mandos superiores de la época representa un severo agravio al ethos militar y una afrenta muy dolorosa para las familias afectadas.

También constituye, y con justa razón, uno de los factores más determinantes en las imputaciones que hasta el día de hoy le hacen al Ejército los distintos organismos de derechos humanos.

*Fuente: LaJornada

Presentación del libro

El articulo El golpe militar contra Salvador Allende visto por un general chileno apareció primero en piensaChile.

El articulo Crimen del General Carlos Prats apareció primero en piensaChile.

 Todas las citas entre comillas corresponden a Memorias: Testimonio de un Soldado, de Carlos Prats González, Editorial Pehuén, marzo de 1985.-

El Autor

A 10 días del atentado que culminara con su vida – y la de su esposa Sofía – (30 de septiembre de 1974), el General Prats escribía  en la ciudad de Buenos Aires, su ‘Carta a mis compatriotas’ (NdR.: ver texto completo al pie del artículo) con la que introducía sus Memorias: Testimonio de un Soldado.

“Siento el deber de divulgar ‘Mi testimonio’. Porque el destino me colocó, inexorablemente, en el trance histórico de participar en acontecimientos trascendentales de los últimos años de la vida nacional.”

“Mi objetivo literario era, obviamente, ambicioso y – como nadie tiene la vida comprada – en Buenos Aires recapacité, considerando la eventualidad que me sorprendiera la muerte, dejando inconcluso un trabajo de tan largo aliento y en el convencimiento de que las nuevas circunstancias imponían la prioridad de registrar ‘mi verdad’ frente a las catástasis que viví, excepcional para un militar chileno.”

En esta introducción de su obra póstuma, estructurada en tres Títulos y un Epílogo, el inmolado general manifiesta en sus últimos párrafos: “Anhelo – humildemente – que mi escrito logre ocupar un lugar de preferencia en la sensibilidad y en la emoción de la generosa juventud chilena.”

Es precisamente en ese Epílogo, titulado Niebla sobre el Campamento, que Prats ensaya un bosquejo de ‘La Democracia Avanzada Chilena’ del futuro.

“Esta es la que todos los patriotas sinceros anhelan para su Patria, conscientes de que ya no hay cabida posible para la ‘democracia condicionada’ del pasado, cuyo certificado de defunción se extendió el 11 de septiembre de 1973, después de una autopsia que duró casi mil días.”

El proyecto de Prats señala “El Poder del Estado como expresión de la voluntad mayoritaria nacional”.

«Si anhelamos para Chile un futuro de vigencia democrática avanzada, realmente auténtica, el poder del Estado tendrá que expresar los intereses de la mayoría nacional, para que la política bregue eficientemente por un genuino ‘interés nacional’, capaz de manejar con realismo el factor común de los egoísmos individuales.»

Prats esboza “La nueva institucionalización de la mayoría nacional”.

“Por ello sólo cabe ensayar, al escribir estas líneas – julio de 1974 – un bosquejo de la nueva democracia avanzada.”

«La nueva ‘democracia avanzada chilena’ debe construirla una sociedad humanista, cuya potencialidad resida en la colaboración solidaria entre la mayoría de los miembros de la comunidad a través de mecanismos legales que posibiliten una gran movilización nacional, afianzadora de las libertades democráticas y neutralizadora de la violencia.»

La visión de Prats del país de ese año (1974) y su propuesta, podría perfectamente ser enmarcada en el contexto actual.

“Luego, la corrección de la tradicional crisis sociopolítica chilena – caracterizada por la concentración excesiva del poder en manos de una minoría, por la menguada representatividad de los dirigentes y por la falta de solidaridad general – exige una solución de tipo organizativo y doctrinario.”

A lo que concluye:

“Es preciso corregir la organización política del Estado, mediante una nueva Carta Fundamental. Ella no debe ser el fruto del trabajo de gabinete de un grupo reducido de eminentes juristas de concepciones filosóficas tradicionales y comprometidas con los intereses de la alta burguesía, sino que interprete realmente nuestra peculiar problemática y abra perspectivas al destino nacional, en la competencia de un mundo cada vez más interdependiente.”

El General continúa fundamentando su propuesta.

“En tal sentido, la Constitución debe abrir las compuertas de los Poderes del Estado a la mayoría nacional, a través de métodos de generación simultáneos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Edilicio, con campos jurisdiccionales bien definidos.

El régimen de los partidos políticos, gremios, sindicatos y comunidades vecinales, debe conducir a que éstos constituyan verdaderos vehículos de la voluntad mayoritaria.”

El proyecto de Prats es continuo: Nueva Mayoría Nacional, Nueva Constitución, Gobierno representativo de esa Mayoría Nacional, Democracia Avanzada Chilena.

“Por esto, cuando hablamos de una ‘democracia avanzada’, estamos refiriéndonos a un sistema de gobierno humanista, genuinamente representativo de la mayoría nacional, pluralista y libertario, con una organización económica mixta y una organización social neoclasista.”

Concepción de la nueva mayoría nacional

Prats la especifica. “Hemos mencionado repetidas veces a la “mayoría nacional” y ya parece conveniente definirla dentro de la comunidad chilena.”

“En las concepciones políticas de derecha, centro e izquierda, las posiciones centristas han sido normalmente la interpretación más realista de las aspiraciones mayoritarias de nuestra comunidad nacional. Pero, como fórmula de expresión política, han fracasado, porque sus disparos reformistas no han alcanzado a corroer la estructura de la fortaleza capitalista y, tarde o temprano, han terminado por identificarse con las tendencias derechistas.

Por ello, al hablar de mayoría nacional, no nos referimos a una banda central del espectro político que deje a un tercio  de éste a la derecha y otro tercio a la izquierda. Nos referimos a una banda que cubre dos tercios del centro del espectro, dejando un sexto a la derecha y un sexto a la izquierda.

Esta concepción quiebra los esquemas tradicionales ya insostenibles de la mayoría relativa o de una mayoría absoluta de la mitad más uno. También exige articular un gran movimiento nacional que agrupe a todas las corrientes políticas de avanzada social, capaces de emerger después del letargo político actual.

Al hablar de fuerzas políticas ‘de avanzada social’ o ‘renovadoras’ o ‘progresistas’, no estoy especificando partidos políticos vigentes durante el último régimen constitucional.”

Gobierno de Mayoría Nacional 

«Un gobierno de un amplio margen de apoyo electoral, ubicado en la franja central que cubra los dos tercios del espectro político nacional, deja como minorías a angostas franjas en los extremos derecho e izquierdo.

Estas minorías, mientras respeten las reglas del juego democrático, tienen  derecho a las diversas garantías que brinde la nueva Constitución, en forma proporcional a su representatividad.

Si los comunistas no se proponen ir más allá de los linderos del sistema democrático avanzado de economía mixta, tendrán cabida en el gran movimiento nacional.

Puede ocurrir que tanto desde las franjas políticas de la izquierda y de la derecha, emerjan grupos extremistas que en la clandestinidad recurran a la violencia armada, impulsados por una alienación sectaria, tan heroica como irracional.

Este desafío de la ‘democracia avanzada’ debe afrontarse sin incurrir en la represión indiscriminada y el primer deber de los políticos de todos los sectores es procurar su reabsorción por los partidos democráticos. Sin embargo, tampoco es posible adoptar una actitud de debilidad o tolerancia que atente contra la paz social.”

“De aquí la filosofía de la ‘democracia avanzada’, que requiere de mecanismos de generación del poder que ofrezcan a la comunidad nacional la garantía cierta de que el gobierno, elegido libremente, sea genuinamente representativo de la Mayoría – con mayúscula – Nacional.”

Prats se pregunta: “¿Prioridad económica y/o prioridad social?” A lo que puntualiza:

«De lo que se trata es de estructurar un sistema económico que logre combinar en la proporción correcta las necesidades de propiedad pública y de propiedad privada, en función de la capacidad y de las circunstancias de desarrollo real de nuestras bases económicas.”

“Por consiguiente, el ordenamiento social de la comunidad exige que el estado tenga la mayor capacidad para encuadrar a trabajadores y empresarios en un régimen basado en un nacionalismo económico, que sin desalentar la iniciativa empresarial, sostenga una efectiva política popular.”

«La transformación económica debe irse encadenando armónicamente con la búsqueda incesante del progreso social de la comunidad, considerando las claras prioridades que emergen de una justa y dolorosa apreciación de la realidad contingente del cuadro humano chileno.”

¿Cuáles son – para Prats – esas prioridades sociales en que la nueva “democracia avanzada chilena” debe concentrar el esfuerzo social preferencial?

“La primera prioridad social es la absorción de la grave cesantía.” “Lograr la ocupación plena, ligada estrechamente a un aumento de la productividad.”

“La segunda prioridad democrática consiste erradicar a un ritmo acelerado la marginalidad. Ello exige realizar una obra abnegada de promoción popular, a la que deben contribuir todos los sectores activos de la población.”

“La educación popular es otra gran tarea que debe concitar no sólo la ‘atención preferente’ del Estado, como rezaba la extinguida Constitución Política, sino motivar el empeño solidario de la comunidad organizada.”

La concepción de Prats de una Doctrina Nacional 

«Una definida doctrina nacional debe interpretar la voluntad de la mayoría, de un modo más elocuente que las tendencias ideológicas. Las ideologías políticas no siempre traducen los verdaderos intereses de la mayoría, aunque a veces pueden ser necesarias como motor de solidaridad y cohesión.

Una doctrina nacional, en cambio, establece reglas y preceptos que pasan a regir la vida de la comunidad, en lo nacional e internacional, para posibilitar la grandeza del país y la felicidad del pueblo.”

Prats se plantea la situación de las Fuerzas armadas y Carabineros en la nueva “democracia avanzada chilena”.

“Cuando se instaure en Chile la nueva “democracia avanzada”, a que nos referimos, uno de los más importantes problemas institucionales que surgirán será el de la recuperación del prestigio y de la eficiencia profesional de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El prestigio de los cuerpos armados estará gravemente deteriorado por un masivo sentimiento de odiosidad y desprecio que despertará el recuerdo de las atrocidades y arbitrariedades en que incurrieron las tropas durante la etapa represiva. El odio cerval, en muchos casos, incitará a actos de venganza y vejámenes constantes a los miembros de las distintas Instituciones.”

Prats desarrolla: “La nueva subordinación del sector militar al poder civil” 

“Si concebimos la esperanza de que ‘más temprano que tarde’ emerja en Chile un gobierno auténticamente representativo de la voluntad mayoritaria del pueblo, de acuerdo con los lineamientos esbozados en el título anterior de este ‘Epílogo’, es preciso referirse, también en líneas muy generalesal nuevo rol que cabe asignar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en la concepción de una ‘democracia avanzada’.

Desde luego, no se concibe la existencia, dentro de un Estado moderno, de una fuerza pública que no sea esencialmente profesional. Sin embargo, la posición ‘profesionalista’ no debe entenderse como total indiferencia política, lo que significaría la ausencia de una meta nacional.

En tal sentido, el profesionalismo militar debe entenderse con la prescindencia propiamente partidista.

Sin embargo, el personal de las Fuerzas Armadas constituye un sector vivo de la sociedad y, como tal, no puede calificársele de un ‘instrumento de fuerza neutro’, al servicio del gobierno que ‘ocasionalmente’ asuma al poder.

En tales términos, la premisa esencial para la vigencia del Estado de Derecho, consiste en que cada Institución sea utilizada en su marco apropiado y específico.”

El General Prats termina sus Memorias – 46 años atrás – con el siguiente anhelo:

“Muy difíciles son los obstáculos que las Fuerzas Armadas y Carabineros tendrán que franquear en el futuro mediato para retornar a su sitial de legítima institucionalización, para recomponer su aptitud profesional en beneficio de la razón de ser de su existencia y para concitar el respeto y el cariño desinteresado de todos los sectores de la comunidad nacional.

Una vez que sus miembros tomen conciencia individual de la incuestionable necesidad patriótica de una estrecha identificación de los Institutos Armados con los intereses del pueblo – que son comunes a la gran mayoría nacional – y desplieguen en conjunto un sincero y supremo esfuerzo doctrinario verticalista para anteponer al egoísmo y a la pasión, la divisa del honor y del espíritu militar; el guerrero podrá pasar al reposo anímico y el sol de la convivencia cívica logrará disipar la espesa niebla que cubre el campamento.”

-El autor, Carlos Méndez Contreras, es chileno, reside en Argentina desde 1985. Antropólogo Cultural / Sociólogo No Occidental de la Universidad de Ámsterdam. Oficial de Ejército hasta 1970.

La Plata, 30 de septiembre de 2020

Carta-a-mis-compatriotas-del-libro-memorias-de-un-soldado

El articulo General Prats: su aporte al Proceso Constituyente  apareció primero en piensaChile.

El traslado era solicitado por la defensa luego que la misma sala del tribunal de alzada capitalino le otorgara la libertad condicional al general en retiro tras acoger un recurso de amparo a su favor, luego que estableciera que la comisión de libertad condicional había vulnerado la ley al no otorgarle el beneficio pese a cumplir con los requisitos.

Iturriaga Neumann tiene siete condenas que han sido ratificadas por la Corte Suprema que debieran tenerlo en la cárcel hasta 2037.

Sobre la libertad condicional del general (r), el abogado Nelson Caucoto, querellante por el crimen de Carmelo Soria y otras causas donde está involucrado Iturriaga Neumann, afirmó que la Corte Suprema deberá invalidar el fallo del tribunal.

Sostuvo que «lo que ha olvidado la Tercera Sala es que la piedra filosofal de la libertad condicional es que la sociedad pueda poner en libertad a aquellas personas que se hayan corregido, que se hayan rehabilitado y que no impliquen ningún peligro para la sociedad».

«Y aquí, al hacerlo de esta manera, sin poner atención a aquello que dicen los informes psicológicos en tanto él no tiene conciencia del daño causado ni de la dimensión del delito que cometió, indudablemente que se incurre en un error y la Corte Suprema tendrá que invalidar ese acogimiento de recurso de amparo», añadió.

[Lea también] Gobierno apelará para frenar libertad condicional a Iturriaga Neumann

Familiares de Ejecutados Políticos apelarán a libertad

En tanto, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado Nicolás Pavez señaló que durante la presente jornada se hará parte de la apelación.

«Otorgar esta apelación no se ajusta a derecho. El reo no se encuentra corregido y rehabilitado como lo exige la ley, el reo no cumple la mitad de la pena como lo exige la ley, interpretar la mitad de la pena respecto de una pena para personas que tenían cuatro, cinco, seis condenas nos parece que no se ajusta a derecho», afirmó.

El abogado añadió que «no compartimos el criterio de la Corte y es por esta razón que como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos vamos a apelar».

Una de las condenas que cumple es de 15 años de prisión como autor del homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Buenos Aires en 1974.

A este se suma sentencias por el secuestro de militante del MIR, Francisco Javier Alejandro Rozas, detenido por agentes de la DINA el 20 de diciembre de 1974; y por el secuestro y homicidio calificado de 12 personas en la denominada Operación Cóndor.

En caso que la Corte Suprema ratifique el recurso de amparo, el ex subdirector de la DINA saldría de Punta Peuco, pero quedaría detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén debido a que enfrenta otros procesamientos.

*Fuente: Cooperativa

El articulo Corte rechazó trasladar a Iturriaga Neumann desde Punta Peuco a Batallón de Policía Militar apareció primero en piensaChile.

Manuel Acuña, en su libro Rol de la Democracia Cristiana en la gestación, consumación y afianzamiento del Golpe Militar de 1973, nos entrega un análisis profundo y documentado sobre el papel de la ‘Democracia Cristiana’ en la destrucción del sistema democrático chileno, a partir de 1973. Personalmente, pienso que el Chile republicano no se ha recuperado hasta nuestros días: en efecto, la famosa transición a la democracia no ha sido más que la prolongación, bajo formas más versallescas, de la hegemonía plutocrática instaurada por Augusto Pinochet, bajo el poder de los bancos y de grandes empresas que, actualmente manipulan a su gusto a los políticos que los representan en los poderes del Estado.

El juicio de la historia es implacable: es muy difícil negar realidades y hechos que, de por sí, son indiscutibles e indesmentibles. A pesar de los esfuerzos de los dirigentes demócratacristianos actuales para negar el rol fundamental de la fracción freísta del partido ‘Demócrata Cristiano’ en la gestación, proceso e instalación del gobierno militar en el poder, un cúmulo de documentos y testimonios de algunos dirigentes de primera línea de ese partido prueban que el Golpe de Estado fue un proyecto gestado por la ‘Democracia Cristiana’, como actor principal del bloque derechista para acceder al poder del Estado que, según ellos estaba en peligro de caer en una dictadura marxista. Patricio Aylwin lo reconocía sin ambages:

“Si hubiera tenido que elegir entre una dictadura marxista o una militar, claramente optaría por la segunda”.

Cabe preguntarse si el Golpe Militar hubiese sido posible sin el apoyo decidido de la ‘Democracia Cristiana’. Como bien lo sostiene Radomiro Tomic, este partido no sólo era el dueño del poder legislativo, sino también era mayoritario en las organizaciones civiles que protagonizaron las acciones que fueron creando el clima favorable para la intervención militar y el consecuente derrumbe de la democracia.

La ‘Falange Nacional’, un partido nacido en los años 30, estaba imbuido de un anti militarismo muy influenciado por el clima nacional, contrario a las intervenciones militares. Con la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el rechazo a los militares por parte de los civiles fue mayoritario y muy radical —muchos oficiales no se atrevían, ni siquiera, a usar sus uniformes en público debido al miedo de ser insultados por los ciudadanos—. Don Rafael Luis Gumucio Vergara, líder conservador, parlamentario y padre espiritual de los falangistas, era un antimilitarista rabioso. Se cuenta una anécdota cuando era director del Diario Ilustrado: presenció, en compañía del humorista y eximio periodista, Genaro Prieto, el triunfo del golpe militar que exilió a don Arturo Alessandri, un tribuno del pueblo, muy odiado por los conservadores. Don Rafael Luis se mostraba feliz con la salida de este demagogo, pero Genaro Prieto le hizo ver que, como no había hecho la guardia (servicio militar) por ser cojo de nacimiento, ignoraba cómo eran en verdad los militares y cuando se tomaban el poder no querían abandonarlo nunca. Esta lección del humorista se mantuvo a fuego en la memoria de los fundadores de la Falange: jamás y bajo ningún motivo o pretexto sus militantes iban a apoyar una intervención militar. El día del golpe de Estado, don Bernardo Leighton recordó este episodio y quiso acudir personalmente a La Moneda a defender el gobierno democrático de Salvador Allende, pero fue impedido, prácticamente a golpes, por Florencio Ceballos, según lo relata en sus recuerdos.

Leighton nunca pudo perdonar a Eduardo Frei Montalva, a Patricio Aylwin y a otros líderes derechistas democratacristianos de haber gestado y apoyado el golpe de Estado. El juicio de la historia ha sido certero para develar la infamia y traición de estos personajes políticos que, al apoyar a Pinochet y a sus secuaces, hundieron el ideal antimilitarista que dio nacimiento a la Falange y que, además, se mantuvo como principio fundamento en la historia de la ‘Democracia Cristiana’, concepción que diferenciaba este Partido de los socialistas, bastante proclive a las dictaduras militares —baste recordar que apoyaron el “Tacnazo”, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva—.

El libro de Manuel Acuña aporta una serie de pruebas de indudable valor histórico para demostrar cómo desde el comienzo del gobierno del Presidente  Salvador Allende  el sector freísta de la ‘Democracia Cristiana’ se empeñó en detener el avance del programa de la ‘Unidad Popular’. En efecto, el Presidente Eduardo Frei Montalva recibió con profundo desagrado el triunfo de Allende, en las elecciones presidenciales de 1970 pues, en su alma, hubiera deseado un candidato del ala derecha de su partido —un Edmundo Pérez Zujovic, por ejemplo—. Muchos testigos presenciales relatan el estado de desánimo en que se encontraba Frei, como también el rechazo que le provocaba la presencia de Allende —se sentía como Kerenski chileno, como lo había pintado el fascista Plinio Correa de Oliveira— cuyo sólo humor salvó la primera tensa entrevista mutua luego que el electo mandatario se sentara en el trono presidencial y le preguntara:

“¿Cómo me veo?”

Existe una serie de documentos —algunos surgidos de la desclasificación por parte de Estados Unidos—, donde se retrata la zigzagueante actuación de Eduardo Frei Montalva en las diversas conspiraciones para evitar la asunción de Allende a la Primera Magistratura. Está probado que la directiva de la ‘Democracia Cristiana’ consultó con los militares sobre las condiciones contenidas en el famoso “Estatuto de garantías constitucionales”.

La ‘Democracia Cristiana’ había elegido la estrategia de ‘los mariscales rusos’, como la definía Claudio Orrego Vicuña, es decir, permitir que ‘Unidad Popular’ se gobierno se instalara en Moscú —como ocurrió con Napoleón y con Hitler— para posteriormente diezmarla  a causa del ‘invierno ruso’. Subyacía la idea de derrocar institucionalmente el gobierno de Allende por medio de obtención de una mayoría de dos tercios para acusar constitucionalmente al Presidente de la República.

En la ‘Confederación de Partidos por la Democracia’ CODE, la ‘Democracia Cristiana’ era el partido mayoritario, por consiguiente, tenía el liderazgo de la oposición a Allende —baste recordar que Eduardo Frei obtuvo la primera mayoría senatorial por Santiago y ocupó en la Cámara Alta, el segundo cargo de poder  dentro del  Estado—.

El líder democratacristiano Radomiro Tomic se convirtió en uno de los principales testigos de cargo en el juicio contra la derecha de su partido respecto a su colaboración y cooperación en la preparación del golpe militar, y en la revista Chile-América escribía sobre la responsabilidad de la directiva en el golpe lo siguiente:

“En primer lugar, el 9 de agosto de 1973, de acuerdo a la petición de Patricio Aylwin, el presidente Allende había formado un gabinete con participación  institucional de militares; a los pocos días, la DC se desligó del compromiso y empezó a exigir la renuncia de los uniformados. En segundo lugar, el apoyo frontal de la DC a la huelga de los camioneros y otros sectores de claro carácter ´ilegal´ y absolutamente inmoral a la luz de la moral cristiana. Tercero, la declaración de la Cámara de Diputados, controlada por la DC, ´ilegalizando´ al gobierno; finalmente, la declaración de la directiva del PDC, del 2 de septiembre de 1973 en apoyo al golpe militar. Y el silencio del Congreso Nacional, poder constitucional cuyas dos ramas estaban en poder de la Democracia Cristiana, que se negó a todo pronunciamiento de solidaridad  con el gobierno a raíz de la tentativa de golpe de Estado del 29 de junio y que aceptó sin protesta la clausura del 11 de septiembre”.

Hay que recordar que el presidente del Senado era Eduardo Frei Montalva, como lo señalábamos antes, y de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, ambos democratacristianos, que permanecieron pasivos ante la persecución y prisión de sus colegas por parte de la Junta de Gobierno. Cuando Frei Montalva acudió a saludar a la Junta Militar, como ex presidente del Senado, le fue confiscado el vehículo oficial para su vergüenza y humillación. Posteriormente participó, junto a  los ex  Presidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri, en un Te Deum  (en  la Iglesia de la Gratitud Nacional) en acción de gracias por la proeza militar de haber bombardeado La Moneda y asesinado al presidente legítimo.

Don Rafael Agustín Gumucio Vives, en su libro Apuntes de Medio Siglo, relata los esfuerzos de la ‘Unidad Popular’ con el fin de buscar un acuerdo con la ‘Democracia Cristiana’, que pudiera evitar el golpe de Estado en ciernes. Según Gumucio, cada vez que se llegaba a un posible acuerdo entre los representantes de la Unidad Popular y los de la ‘Democracia  Cristiana’, un llamado de la directiva de este partido anulaba todo el camino avanzado. Así ocurrió, por ejemplo,  con el caso de la Universidad de Chile  y las tres áreas de la economía —pública, mixta y privada— antes de votar en el Parlamento el proyecto de acuerdo ya se sabía que iba a ser rechazado por la directiva de la ‘Democracia Cristiana’.

La ‘Democracia Cristiana’, en concomitancia con la derecha, se negó a conceder facultades extraordinarias al gobierno para combatir la subversión y los atentados terroristas luego del golpe de Estado frustrado en el ‘tanquetazo’. Como lo sostiene el dirigente demócratacristiano Renán Fuentealba, más del 90% de los militantes de ese partido ya estaban embarcados en la vía golpista y, además, competían con la derecha cuál de ambos conglomerados se mostraba más duro y decidido en la lucha contra el gobierno de la ‘Unidad Popular’.

Durante el mes de agosto de 1973, el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición alcanzaba los más altos grados de conflictividad: la lucha por el poder estaba al rojo candente. El Presidente, Salvador Allende, buscaba denodadamente el diálogo con Eduardo Frei Montalva; Gabriel Valdés se ofreció de emisario, pero Frei Montalva, rabioso y amargado, se negó rotundamente a dialogar con el Presidente de la República. El prelado de la iglesia, el cardenal Raúl Silva Henríquez, también hizo el último intento, pero también fracasó, pues Frei Montalva le preguntó si se lo pedía como católico, y el cardenal respondió afirmativamente; sin embargo, Frei resolvió enviar a su segundo, Patricio Aylwin, quien oficiaba como presidente de la DC. El diálogo entre Aylwin y Allende dio escasos resultados, pues la decisión de Frei y la directiva democratacristiana ya estaba tomada en el sentido de apoyar el golpe de Estado, cuyos actores principales serían los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

La obra de Manuel Acuña aporta antecedentes pormenorizados sobre las relaciones entre los ex edecanes de Eduardo Frei, Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark, y los delegados —destacaban  los ex ministros de Defensa de su gobierno, Sergio Ossa Pretot, y Juan de Dios Carmona—  que Frei enviaba para dialogar y planificar el golpe de Estado junto con los militares.

El ex senador Renán Fuentealba, en una entrevista concedida a un medio de prensa, sostenía que el famoso diálogo fue un verdadero engaño, pues Frei y la directiva de su partido ya estaban embarcados en el golpe de Estado, y lo único que podían aceptar era la rendición incondicional del Presidente Allende y su gobierno.

Una vez decidido el golpe de Estado, sólo restaba darle una imagen ‘institucionalidad’: seis diputados democratacristianos —José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara y Arturo Frei Bolívar— elaboraron un proyecto de acuerdo por el cual se acusaba al Presidente de la República de violar la Constitución y las leyes, que no fue una decisión individual de algunos diputados, sino un acuerdo de la directiva de la DC, que según el general Carlos Prat, constituyó

“[…] un hachazo decisivo, con el que se cercenaba en dos partes el tronco de la comunidad nacional”.

El diputado Bernardo Leighton, inquieto y preocupado ante un proyecto de acuerdo que avalaba el golpe de Estado y lo justificaba institucionalmente,  pidió al presidente del partido, Patricio Aylwin, que aclarara que el voto de la Cámara de Diputados no significaba dar el pase al golpe de Estado. Ya en el exilio, Leighton reconoció haber sido engañado por la directiva de su partido.

Una vez producido el golpe de Estado, ya el 12 de septiembre, la jefatura de la ‘Democracia Cristiana’ reconocía a la Junta Militar instalada en el poder, culpando al gobierno de la ‘Unidad Popular’ de haber conducido a Chile al desastre económico, político y social, y sosteniendo que los militares no habían buscado el poder, que sólo habían actuado para enfrentar

“[…] los graves peligros que amenazaban a la nación chilena […]”,

y que los miembros de la Junta Militar

“[…] interpretan el sentimiento nacional y merecen la patriótica colaboración de todos los sectores”.

Eduardo Frei Montalva envió una carta al Secretario General de la Internacional Democratacristiana en la cual defiende el golpe militar, justificándolo como necesario debido a la situación de caos en que vivía el país.

La mayoría de los funcionarios civiles del régimen recién instalado pertenecían a la ‘Democracia Cristiana’ previa autorización de la directiva para ocupar esos cargos. Por otra parte, Enrique Krauss, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona, fueron destinados a viajar por América Latina para justificar la instalación en el gobierno de la Junta Militar.

El partido ‘Demócrata Cristiano’, durante los primeros meses de la dictadura, actuaba como partido de gobierno representando a la civilidad, y confiaban en que la intervención militar sería de corta duración para dejar, posteriormente el poder a Eduardo Frei como Presidente de la República y la ‘Democracia Cristiana’ como principal partido de gobierno, aduciendo que con este fin habían adherido al golpe y a la Junta de Gobierno, recién instalada.

No fue necesario mucho tiempo para que la DC se diera cuenta de que el sector duro de los militares, encabezados por Augusto Pinochet, no estaban dispuestos a fijarse plazos, sino metas, cuyo fin decían, era

“[…] la refundación del país”

sobre la base de un corporativismo católico ultra reaccionario, tributario de las ideas de Francisco Franco, un ultra liberalismo en la economía, contenido en El ladrillo, de autoría de economistas de la Universidad Católica, becados en la Universidad de Chicago  —los Chicago Boys—.

Los militares, simpatizantes de la ‘Democracia Cristiana’, y que habían sido los líderes del golpe militar, paulatinamente fueron desplazados del poder o bien, asesinados. Óscar Bonilla, por ejemplo, murió en un extraño accidente de aviación, al regreso de las Termas de Panimávida. El general Augusto Lutz fue asesinado en el Hospital Militar, posiblemente con una bacteria proporcionada eventualmente por químicos de la Dina, entre ellos Eugenio Berríos —posteriormente asesinado en Uruguay—, y Sergio Arellano Stark, desprestigiado por conducir la “Caravana de la muerte”, fue llamado a retiro por Pinochet.

El fin del matrimonio entre la ‘Democracia Cristiana’ y los militares se produjo cuando la Junta decidió intervenir la Radio Balmaceda: el intercambio de cartas habido entre Patricio Aylwin y Óscar Bonilla —en ese entonces ministro del Interior— fue humillante para el presidente de la DC, pues le recordó que representaba sólo la autoridad administrativa de un Partido en receso y que debía dirigirse a las autoridades del gobierno con el debido respeto de su investidura.

El libro de Manuel Acuña demuestra fehacientemente la culpabilidad de la ‘Democracia Cristiana’ en la planificación y realización del proceso que llevó a la destrucción de la democracia en Chile. Este hecho rotundo no puede ser negado por ningún historiador que se precie de tal, y será una mácula permanente en la historia de este partido que no podrá ser borrada, ni siquiera por la firma de la carta de los trece democratacristianos consecuentes que condenaron el golpe de Estado.

Rafael Luis Gumucio Rivas
          Historiador

Santiago, 23 de mayo de 2016

Enlace para bajar gratuitamente el libro en formato PDF:

Rol-de-la-Democracia-Cristiana-en-la-gestacion-consumacion-y-afianzamiento-del-golpe-militar-de-1973

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El ex comandante en jefe del Ejército de Chile y ex ministro del Presidente Salvador Allende fue asesinado el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert, por medio de la instalación de un artefacto explosivo (C4) colocado previamente bajo su auto por el agente de la DINA, Michael Townley. En la activación de la bomba participó su esposa, la también agente DINA, Mariana Callejas.

En Buenos Aires la jueza María Servini abrió una investigación del doble homicidio. La magistrada solicitó en su momento a Chile la extradición a Argentina del ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras. La Corte Suprema, si bien resolvió que correspondía extraditar a Contreras, no lo hizo y en cambio ordenó que el doble crimen se investigara en la justicia chilena.

De la investigación se hizo cargo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís.

El 30 de junio de 2008, en un fallo de primera instancia, el juez Solís dictó las siguientes condenas en contra de los participantes en el doble homicidio, todos en situación de retiro del Ejército:

Manuel Contreras fue condenado a 20 años de presidio como autor del delito de asociación ilícita criminal, y a dos presidios perpetuos por cada uno de los homicidios.

El brigadier Pedro Espinoza Bravo, segundo hombre en la DINA, fue sentenciado a 20 años como autor del delito de asociación ilícita criminal y a 20 años por cada uno de los dos homicidios.

El general Raúl Iturriaga Neumann fue condenado a 541 días como autor del delito de asociación ilícita y a 15 años por cada uno de los dos homicidios.

El coronel Christoph Willikie Flöl recibió la pena de 541 días como autor de asociación ilícita y 10 años por cada uno de los dos homicidios.

El brigadier José Zara Holger, 541 días por asociación ilícita y 10 años por cada homicidio.

El coronel Juan Morales Salgado, 541 días por asociación ilícita y 10 años por cada homicidio.

Los agentes civiles de la DINA, Mariana Callejas Honores y Jorge Iturriaga Neumann, fueron condenados a 10 años por cada homicidio la primera, y 5 años por cada crimen el segundo.

Sin embargo, el 8 de julio de 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema redujo estas condenas dejando a Contreras con 3 años y un día por asociación ilícita y sólo 17 años por los dos homicidios.

A Espinoza le rebajó la pena, dejándolo también con 3 años y un día por asociación ilícita y 17 años por ambos crímenes.

En cuanto a Raúl Iturriaga, Willikie, Zara y Morales, sus condenas se redujeron a 100 días por asociación ilícita criminal y 15 años por ambos homicidios.

Respecto de Mariana Callejas y Jorge Iturriaga, la Sala Penal de la Corte Suprema los dejó con 5 años por ambos homicidios, concediéndoles el beneficio de cumplir la pena bajo libertad vigilada.

Hoy martes 30 de septiembre de 2014 se descubrirá una placa recordatoria en la calle República Árabe-Siria en el barrio de Palermo de Buenos Aires, ex calle Malabia, lugar donde el matrimonio chileno fue asesinado.

El acto está organizado por la Federación de Chilenos en Argentina, FEDACh, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el apoyo de la Embajada de Chile en Argentina.

El acto contará con la presencia de Claudio Avruj, Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos de Aires; Marcelo Díaz, Embajador de Chile en Argentina; un representante de la Federación de Chilenos en Argentina, FEDACh, y Cecilia Prats Cuthbert, hija del matrimonio asesinado.

También están convocadas autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores, comuneros, diputados y senadores, integrantes de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, autoridades de la Embajada de Chile, Agregados Civiles, Militares, Raúl Sanhueza, Cónsul General de Chile en Buenos Aires, y la colectividad de chilenos residentes.

Agencia EFE  /  Bío Bío La Radio  /  El Mostrador  /  Reflexión y Liberación

*Fuente: Reflexión y Liberación

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