Tras emitir recientemente un estudio de alto impacto social, la Fiscalía Económica (FNE) detectó graves irregularidades en la industria de la distribución del gas, entre cuyas aseveraciones está que el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiera ser 15% menor que el actual, y el precio del gas natural que pagan los usuarios de Metrogas tendría que estar 20% más barato.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, aseguró que,

“Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.

El Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado, donde la FNE abordó el mercado del gas en Chile en el período comprendido entre 2010 y 2020, se enfocó en los grupos sociales que usan gas licuado de petróleo y gas natural.

Para desarrollar el estudio, la FNE recopiló datos inéditos sobre el mercado del gas en el país y contó con la asesoría de los académicos Juan Pablo Montero, de la Universidad Católica de Chile, y de Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado, además del economista de la Universidad de Oxford, Christopher Decker.

La FNE calculó que, debido a la concentración del mercado del GLP, los distribuidores privados mayoristas de esta energía incrementaron sus utilidades anuales hasta un 55% más que las obtenidas el 2014, lo que equivale a US$ 261 millones anuales “extra” de ganancias.

Por otra parte, la Fiscalía detectó que una excepción contenida en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio de 2017, permitió a Metrogas, a través de Agesa, una empresa no sujeta a regulación, incrementar a los consumidores el precio de su servicio de distribución de GN.

Ello se tradujo, desde febrero de 2017, en un aumento de hasta un 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, equivalentes a US$ 87 millones anuales.

El caso de Gasco S.A.

La corporación Gasco, duramente tratada por la Fiscalía Nacional Económica junto con Lipigas y Abastible, y empresa que se lleva la parte mayoritaria del negocio, aseguró que la propuesta de la entidad, “podría terminar perjudicando gravemente la calidad del servicio y también el precio del gas en el país”, sin ofrecer ninguna explicación de cómo y por qué disparó los precios.

Por otra parte, Patricio Tapia Gómez y Solange Bustos, dirigentes del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fueron quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP, desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera y única hasta el momento, realizada en los más de 160 años de existencia que tiene la firma.

El presidente de la compañía, entonces y ahora, es Matías Pérez Cruz, pinochetista acérrimo, antisindicalista, fans del candidato presidencial neo-fascista José Antonio Kast, y quien se hizo tristemente célebre el 6 de febrero de 2019 cuando se viralizó un video que lo exhibió expulsando de manera prepotente y violenta a tres mujeres de lo que llamó «su jardín», a orillas del lago Ranco.

Ahora bien, los dirigentes precisaron que,

“A diferencia de la salud pública del Estado, cuando una persona deja de pagar la cuenta de gas, la empresa le clausura el suministro inmediatamente. ¿Qué ocurre entonces? Que las corporaciones de gas privadas cuando cortan el gas por no cancelarlo, simplemente dejan de ser “empresas estratégicas”.

O sea, pierden su condición de “empresa esencial” que otorga un “servicio básico de utilidad pública”. Donde manda el mercado ya no hay “servicios básicos estratégicos”, porque en el caso del gas se trata de un producto que sólo puede comprar quien tiene los medios para hacerlo. Su suministro no está garantizado como un derecho social. Además, si alguien no puede comprar gas de una empresa privada “A”, puede comprarlo en la empresa “B”, porque se supone que en Chile existe libre competencia”.

Patricio Tapia y Solange Bustos, que provienen de la empresa Gasco, explicaron que,

“Gasco se divide en dos empresas: Gasco S.A., que corresponde al cuerpo administrativo, y Gasco GLP, que es la parte operacional o de producción. Chile carece de gas propio para abastecer al mercado interno. Se le nombra parte productiva a los obreros que realizan las mezclas de las materias primas provenientes del extranjero a través de embarcaciones que arriban a la planta de Quinteros; llenan los cilindros de esa mezcla, y distribuyen a los clientes los cilindros en camiones y vehículos. El costo del gas que llega al puerto en forma congelada, la empresa Gasco S.A. lo compra a un precio infinitamente más bajo que el gas que luego vende a otras firmas y a los consumidores en general”.

Los representantes sindicales, ante la coyuntura de la colusión de los precios del gas, la cual opera como un verdadero monopolio, indicaron que se encuentran preparando una propuesta a nivel país, “donde se estudie seriamente y de acuerdo al criterio de los servicios básicos como derechos sociales, el establecimiento de una empresa pública del área que traslade a los trabajadores especializados que hoy laboran para los privados en pésimas condiciones, a esta eventual industria pública; y que representantes de comités de usuarios, elegibles y revocables, fiscalicen las posibles irregularidades que pudieran suscitarse, siempre bajo el principio del bien común”.

Igualmente, los dirigentes expresaron que la compañía Gasco es parte escandalosa de la colusión del gas, como lo visibilizó la investigación realizada por la FNE, exponiendo las maneras ilegales y fraudulentas a las que echa mano para obtener sus multimillonarias ganancias a costa de las mayorías sociales y los consumidores, en medio de una crisis económica, social y sanitaria inédita. Asimismo, la empresa encabezada por Pérez Cruz, ha sacado buena parte de sus ganancias, explotando a las y los trabajadores y destruyendo sistemáticamente a la organización sindical, puntualizaron.

Tapia y Bustos relataron que, tras realizar su histórica huelga y a modo de castigo ejemplar, la firma les arrebató los más importantes beneficios que había conquistado, como

“la Corporación de Bienestar de los Trabajadores del Gas (Cobegas) que tenía dos fondos: un fondo de pensiones que otorgaba a los ex funcionarios una pensión complementaria a la legal, y un Fondo de Servicio Médico que funcionaba como Seguro Médico, que no estaba condicionado por preexistencias, no era deducible y al que podían pertenecer los jubilados hasta su deceso y continuar sus viudas con el seguro”.

Y añadieron que,

“hoy los socios que son trabajadores de Gasco están obligados a afiliarse al seguro complementario que posee la empresa, que sí tiene deducibles y límites de edad, además de que algunas de sus coberturas son inferiores, y al que no pueden pertenecer los jubilados. La presidenta de la Cobegas, Lorena Matamala, que es dirigente del Sindicato 3 de Gasco, llamó personalmente a los trabajadores a cambiarse al seguro médico de la empresa para exterminar el seguro de la Cobegas. Ambos seguros se financiaban con un aporte de la empresa y un aporte del socio trabajador. Por ejemplo, al seguro médico la empresa aportaba el 1.4% de la remuneración imponible. Todo ello terminó”.

“Un capítulo completo de infamia contra los intereses de las y los trabajadores suman las prácticas antisindicales de Gasco”, sentenciaron los dirigentes.

El articulo Trabajadores del sector: “Si hay colusión del gas, entonces que la distribución la haga una empresa pública” apareció primero en piensaChile.

El articulo Matías Perez Cruz está haciendo uso ilegal de un bien fiscal en el Lago Ranco apareció primero en piensaChile.

Patricio Tapia Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fue uno de quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP (Gas Licuado del Petróleo), desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera realizada en los 161 años de existencia que tiene la empresa. El movimiento fue gatillado porque la compañía únicamente les ofreció el reajuste del Índice de Precios al Consumidor, IPC, o inflación, que siempre es un reajuste retrasado, no actualizado y menos proyectado. En concreto, el reajuste del IPC para los asalariados ya viene devaluado. En consecuencia, la votación a favor de la huelga fue prácticamente unánime.

Por si fuera poco, la huelga estuvo enmarcada por la contingencia de las elecciones presidenciales donde, más allá de la abstención superior porcentualmente en comparación con las personas habilitadas para sufragar, ganó la denominada “derecha dura” en la figura de Sebastián Piñera. Al respecto, el dueño de Gasco, Matías Pérez, fue uno de los empresarios que aportó pecuniariamente a la candidatura presidencial del aliado ultraderechista de Piñera, José Antonio Kast Rist, de origen y educación alemana, pangermánico y pinochetista declarado.

Pero eso no es todo. El asesor legal de la compañía fue el ex Subsecretario del Trabajo de la dictadura cívico-militar durante los años 1983-84, el abogado Ricardo Canales Undurraga; y el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario de confianza del primer gobierno de Piñera.

Es una redundancia imaginar el sentimiento de superioridad e impunidad de la empresa frente a los trabajadores y al propio Estado y sus instituciones. Es fácil en Chile ver cómo madura “el huevo de la serpiente” a través de su transparente cascarón.

“Con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos”

Con la movilización, “Subimos beneficios sociales que la empresa quería borrar del anterior contrato colectivo, como por ejemplo, la indemnización a todo evento (en Chile cuando se despide a un trabajador, como tope legal, se le cancelan sólo 11 sueldos, uno por año, aunque haya laborado 20 años); el descuento del seguro de cesantía; gratificaciones; y lo más grave, buscó bajar el piso de la negociación.

Pero con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos. Aumentamos los sueldos base, colacion y movilización, bonos anuales, etc.”, señaló Patricio Tapia, y añadió que, “La huelga que realizamos en Gasco GLP fue muy dura. Allí votamos la huelga porque, entre otras cosas, la firma nos ofreció la mitad de lo que les ofreció a los representantes de los sindicatos que aceptaron mansamente negociar de manera no reglada. Estoy hablando de los dirigentes de los sindicatos pro empresa. A los trabajadores asociados a esos sindicatos, les quitaron derechos. Fue lamentable.”.

El viejo conflicto entre lo público y lo privado

-En el país, menos del 15 % de la fuerza de trabajo está sindicalizada y sólo un 8 % tiene poder de negociación. Por eso la reforma laboral (RL) establecida recientemente en abril de 2017, es poco conocida entre los dirigentes sindicales, los trabajadores organizados, y qué decir de los trabajadores en general que hacen la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo en Chile. Allí aparece lo que tú mencionas como “piso mínimo”. ¿De qué se trata?

En el caso de las negociaciones colectivas regladas entre empresarios y asalariados, la reforma laboral (RL) indica que lo conquistado en el contrato colectivo anterior no es negociable, no se puede tocar. Ese es el “piso mínimo” con que arranca la negociación reglada. Por eso ahora negociar anticipadamente, que es lo que busca la patronal, daña tanto nuestros intereses en comparación con la negociación reglada. Sin embargo, la compañía se empeñó en arrebatarnos el piso mínimo.

Asimismo, en estos casos, el empresariado no tiene derecho a reemplazar a los trabajadores que participan en la huelga. Como legalmente no debe reemplazar trabajadores, la RL establece los llamados “servicios mínimos”, que son aquellos equipos de trabajadores que se quedan laborando en áreas de emergencia para “no afectar a la comunidad”. Se usa la misma lógica que en la salud pública, que cuando sus trabajadores van a paro tienen que establecerse “turnos éticos”. La cosa es que la salud pública del Estado no tiene nada que ver con la empresa privada.

En fin, en la práctica, la empresa Gasco GLP nos debió enviar un listado con los “servicios mínimos” para que los trabajadores lo evaluáramos. Sin embargo, la compañía presentó directamente el listado de “servicios mínimos” a la inspección del trabajo, sin consultarnos nada y acogiéndose a un artículo transitorio que ya no funciona en la RL, pero que por las fechas tan próximas de la reforma laboral, la patronal aprovechó de usar. Al final, la inspección del trabajo nos dio tres días para revisar más de 100 páginas de los “servicios mínimos” presentados por el empleador. Nosotros alcanzamos a objetarlos punto por punto. Luego falló la inspección del trabajo, tomando nuestros fundamentos de fondo.

-Este asunto de las llamadas “empresas estratégicas” y los “servicio mínimos” es sumamente delicado. ¿Puedes explicar qué es lo que hicieron ustedes al respecto y a qué te refieres con “fundamentos de fondo”?

A diferencia de la salud pública del Estado, cuando una persona deja de pagar la cuenta de gas, la empresa le clausura el suministro derechamente. ¿Qué ocurre entonces? Que las corporaciones de gas privadas cuando cortan el gas por no cancelarlo, simplemente dejan de ser “empresas estratégicas”. O sea, pierden su condición de “empresa estratégica”, de “servicio básico de utilidad pública”. Aquí descubrimos una contradicción de fondo en la reforma laboral. En cambio la salud pública sí, en efecto, debe contar con servicios mínimos en caso de huelga porque se trata de un derecho social garantizado por el Estado constitucionalmente. Pero donde manda el mercado ya no hay “servicios básicos”, porque en el caso del gas se trata de una mercancía que sólo puede comprar quien tiene los medios para hacerlo. Su suministro no está garantizado como un derecho social. Además, si alguien no puede comprar gas de una empresa privada “A”, puede comprarlo en la empresa “B”, porque se supone que en Chile existe libre competencia.

Ante esta realidad lógica en una economía como la que hay en el país, logramos que la inspección del trabajo rebajara los “servicios mínimos”. Fue en ese momento que comenzaron las amenazas empresariales y sus prácticas antisindicales en nuestra contra.

Las ilegalidades de la empresa

-¿Qué otras prácticas antisindicales cometió ilegalmente la empresa?

Antes que todo, a la presidenta del sindicato, Solange Bustos Guzmán, hace 6 meses que no le cancelan el sueldo en la Cobegas (filial de empresa Gasco), donde la inspección del trabajo demandó a la firma por práctica antisindical. O sea, desde mucho antes de votar la huelga y hacerla efectiva en Gasco GLP; y del arbitraje con el sindicato de empresas Gasco S.A. Por otra parte, y con el objetivo de atemorizar a los trabajadores, un día antes de la votación de la huelga en Gasco GLP, la firma despidió masivamente a trabajadores de Autogasco, la parte comercial de Gasco, sin previo aviso y de una manera absolutamente irregular. Pero a la empresa “le salió el tiro por la culata”. Los socios en vez de amilanarse, votaron la huelga con mayor convicción.

Asimismo, como en el plano de los llamados “servicios mínimos” ganamos en los tribunales del trabajo, la compañía demandó a la propia inspección del trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. El resultado de esa acción legal aún está en curso.

En la misma línea antilaboral e ilegal, la empresa comenzó a reemplazar a trabajadores en huelga desde su primer día. En este caso, ante una falta gravísima según la reforma laboral, nosotros tuvimos que interponer demandas en los tribunales en contra de la firma.

Después la empresa apostó a que la gente se reincorporara a trabajar a los 15 días de la huelga, llamando personalmente a los empleados y a sus familias para ofrecer “arreglos” individuales. Nuevamente en los tribunales impedimos ese objetivo de la patronal. De todos modos, los socios movilizados no pensaban en reintegrarse a sus labores sin haber obtenido nada todavía.

Al día 18 de la huelga, la gerencia abrió la mesa de negociaciones con nosotros. Sin embargo, paralela y silenciosamente, los empleadores ingresaron una nueva demanda, esta vez, con la finalidad de quitarle el fuero sindical legal a la presidenta del sindicato. Esa situación jurídica todavía no termina.

Huelga en un sindicato y arbitraje en otro

Gasco se divide en dos empresas: Gasco S.A., que corresponde al cuerpo administrativo, y Gasco GLP, que es la parte operacional o de producción. Chile carece de gas propio para abastecer al mercado interno. Se le nombra parte productiva a los obreros que realizan las mezclas de las materias primas provenientes del extranjero a través de embarcaciones que arriban a la planta de Quinteros; llenan los cilindros de esa mezcla; y distribuyen a los clientes los cilindros en camiones y vehículos.

El precio del gas que llega al puerto en forma congelada, la empresa Gasco S.A. lo compra a un precio infinitamente más bajo que el gas que luego vende a otras firmas y a los consumidores en general.

-Paralelamente a la huelga de Gasco GLP, tú participaste del nominado “arbitraje” del Sindicato de Trabajadores de Gasco S.A., debido a que eres dirigente de un sindicato que agrupa a varios sindicatos de distintas empresas, pero del mismo rubro. ¿Por qué algunos trabajadores pueden ir a huelga, como Gasco GLP, y otros sólo a someterse a un arbitraje en los tribunales del trabajo, como Gasco S.A.?

En Chile los asalariados organizados de las denominadas “empresas estratégicas” no tienen derecho a la huelga porque serían “de utilidad pública”, como ya expliqué. Entonces lo que queda es ir a un proceso de arbitraje en los tribunales del trabajo. ¿Cómo funciona? Por un lado, el sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo, y por otro, la empresa presenta otro distinto, frente a tres jueces arbitrales que resuelven mediante un solo fallo, que es único e inapelable, sin negociación formal. Cada parte debe argumentar punto a punto su proyecto colectivo.

Sin embargo, el proceso de arbitraje fue muy complicado. De hecho, los jueces nos emplazaron a llegar a un acuerdo con la empresa para que ellos no tuvieran que fallar definitivamente. Nuestro petitorio, como representaba los intereses de los trabajadores, contó con un porcentaje de beneficios más alto que el proyecto de los empleadores, que representaba sus intereses. Los jueces decidieron que un perito económico revisara ambos proyectos. No obstante, los números del resultado del peritaje no fueron correctos. Por ejemplo, arrojó bonos escolares de trabajadoras que no tienen hijos, abultando gastos artificialmente. El peritaje contabilizó aspectos que no existían o que ya estaban resguardados por la propia ley, siempre actuando en beneficio de la empresa. Por tanto, nosotros impugnamos el peritaje. Se hizo otro peritaje que sólo modificó cosméticamente al anterior. Lo importante es que el proyecto de la firma nos quitaba, al igual que lo intentaron hacer en la huelga de Gasco GLP, el piso obtenido por nosotros en negociaciones previas. Por eso los jueces nos dijeron que estaban complicados en dictar un fallo. Si aprobaban el proyecto de la empresa habrían violado la ley.

Ahora bien, el objetivo del arbitraje es evitar la huelga y facilitar la imposición de los intereses empresariales. Si nos quitan el derecho histórico y mundial a ir a huelga, pierde sentido la sindicalización.

-En terreno se percataron todas las partes del artículo que cautela que el proyecto colectivo debe comenzar con los beneficios ganados en el contrato anterior.

Sí. Allí nos dimos cuenta que quitar el piso mínimo o los beneficios adquiridos es una estrategia del empresariado a nivel nacional. Porque si los trabajadores hubiéramos aceptado el proyecto del empleador, sentábamos un pésimo precedente para el conjunto de los arbitrajes futuros. Habría sido acatar que de ahí en adelante, en los arbitrajes los asalariados tendríamos que empezar a pelear hasta por lo que ya habíamos conquistado en el contrato precedente.

Además, debido a nuestros argumentos, los árbitros “por fuera” obligaron a hacernos una oferta mejor que la original. Como también los jueces nos “recomendaron” estudiar la propuesta de la empresa porque, de lo contrario, el fallo final “sería terrible” para nosotros.

Finalmente, logramos los mismos beneficios conquistados en la huelga de Gasco GLP, más un bono a las trabajadoras de call center que tienen los sueldos más bajos de toda la empresa Gasco S.A. Y los jueces no fallaron nunca.

-En la experiencia concreta como dirigente sindical, ¿qué piensas de la reforma laboral?

Chile tuvo una de las clases trabajadoras más conscientes y organizadas de América Latina y el mundo, hasta el golpe de Estado de 1973. El aniquilamiento sistemático a sangre y fuego de la fuerza de los asalariados es ejemplo global para la clase patronal. En este sentido, no sólo la dictadura de Pinochet cumplió con creces su objetivo. Los gobiernos civiles desde 1990 no hicieron más que profundizar el mismo programa antilaboral. La finalidad es facilitar la explotación y la ganancia de los empresarios con los menos obstáculos posibles. Sólo en este contexto es posible comprender la reforma laboral (RL) de la administración gubernativa que se va en marzo. En otras palabras, si no tienes nada, hasta la sombra de algo parece mucho. Así y todo, sólo con la organización de los propios trabajadores, con fuerzas reales, lucha y unidad, podremos empezar a limitar los abusos empresariales.

En verdad, la RL judicializa la lucha sindical. Por ejemplo, la empresa Gasco nos objetó en los tribunales incluso nuestra condición de sindicato interempresa que agrupa a trabajadores de la industria del Gas, toda vez que estamos integrados por socios de las empresas Gasco, Centrogas, Cobegas, Autogasco y Metrogas.

Actualmente estamos defendiendo en los tribunales del trabajo entablar la negociación colectiva reglada para todos los trabajadores de las ramas de la Energía, Gas, Agua y Combustible, con el fin de armarnos mejor ante los grupos empresariales respecto de los pisos de negociación y poder incrementar los beneficios sindicales.

Para contactarse con el dirigente sindical Patricio Tapia, hay que escribirle al correo ptapia1980@gmail.com

El articulo Chile. La batalla de los trabajadores del gas y las contradicciones de la reforma laboral apareció primero en piensaChile.

Los trabajadores en huelga se encuentran ahora concentrados en el edificio corporativo de Gasco, ubicado en la calle Santo Domingo 1061, Santiago-Centro.

Por primera vez en los 161 años de existencia de Gasco, la principal comercializadora de gas de Chile, los trabajadores de esa empresa hicieron efectiva la huelga.

El pasado 7 de diciembre los asalariados rechazaron casi por un 100 % la impresentable propuesta de la compañía que se limitó a poner al día la inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a un 0,7 % real, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Luego de aprobar la voluntad de huelga, de acuerdo a la legislación del país, una de las partes puede solicitar a la Dirección del Trabajo los llamados “buenos oficios”. Ellos consisten en un período de intento de conciliación de cinco días hábiles. En este caso fue la empresa la que los pidió a primera hora del lunes 10 de diciembre. Sin embargo, los “buenos oficios” no se utilizaron para mejorar la poca y ninguna oferta original, sino que para dilatar el proceso de movilización concreta de los empleados.

Y, posiblemente, para esperar a conocer los resultados electorales del reciente balotaje presidencial del 17 de diciembre, que entregó un segundo mandato en La Moneda al derechista multimillonario Sebastián Piñera. Por eso no es extraño que la última propuesta de la firma gasífera fuera igual a nada. Sobre todo si se considera que el asesor legal de la compañía es el ex Subsecretario del Trabajo de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet durante los años 1983-84, el abogado Ricardo Canales Undurraga; y que el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario de confianza del primer gobierno de Piñera.

“Ganaremos, por muy sencillos que seamos”

En estos momentos los trabajadores en huelga están concentrados en las afueras del edificio corporativo de Gasco, en la calle Santo Domingo 1061, Santiago-Centro.

Mientras se escribe la presente nota, con programada antelación la empresa ha cometido una serie de prácticas antisindicales con el fin de atemorizar a los trabajadores, sin éxito. Entre otras acciones, despidió el mismo día de la votación de la huelga a casi 30 empleados, mantiene sin salario a la presidenta del sindicato, Solange Bustos, desde hace tres meses; y, violentando la reforma laboral, ya está reemplazando ilegalmente a empleados en huelga.

En la asamblea que resolvió efectivizar la huelga hoy martes 19 de diciembre, uno de los trabajadores manifestó que, “aunque sabemos que enfrentamos los intereses de una minoría muy poderosa, cada uno de nosotros también sabe que nuestra lucha es justa. Si tenemos convicción y unidad, ganaremos, por muy sencillos que seamos. La empresa, que sólo nos mira como números o gente desechable, verá cómo nos hacemos gigantes en la huelga”.

Contacto dirigentes: +56 9 7764 7045 / +56 9 4438 9828

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El viernes 7 de diciembre, históricamente, un 97 % de las trabajadoras y trabajadores de la principal empresa de gas que opera en Chile, Gasco GLP (Gas Licuado de Petróleo), aprobó la huelga y rechazó la última oferta de la firma. Es primera vez en los 161 años de vida de la compañía que los asalariados toman la decisión de recurrir a la única herramienta con la que cuentan para mejorar su magro salario y las condiciones laborales en las que se desempeñan, toda vez que la oferta empresarial se limitó a la puesta al día de la inflación oficial (0,7 %).

La inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC) consiste en una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre la variación mensual de precios de una canasta de productos y servicios. Sin embargo, en la realidad el IPC no da cuenta del alza constante del costo de la vida, y menos se refleja en el precio de los salarios. Esta es una de las causas por las cuales la población chilena es la más endeudada y morosa de América Latina. Como al trabajador no le alcanza para llegar a fin de mes, entonces se ve obligado a endeudarse con el sistema financiero para adquirir los bienes de primera necesidad, como la alimentación, el transporte, la salud, la vivienda y la educación.

Siempre hay una primera vez

En sus 161 años de existencia, el grupo Pérez-Cruz, propietario de Gasco GLP, jamás había enfrentado una huelga, hoy resultado de la disconformidad y el hartazgo de los empleados ante los bajos salarios. Si bien la firma es la número uno en el rubro de la industria gasífera en el país andino, existe una poderosa competencia que puede sacar dividendos del conflicto. Por otra parte, Gasco GLP, según su propia contabilidad, obtuvo en el 2016 un EBITDA, o utilidades que quedan “para el bolsillo”, de $ 8.348.000.000 de pesos (13 millones de dólares). Pero para los trabajadores, “no alcanza”.

El castigo empresarial sólo ha fortalecido a los trabajadores

El proceso de negociación entre el sindicato y Gasco GLP ha estado marcado por las represalias en contra de los empleados. El mismo día en que el sindicato celebró la asamblea para dar a conocer la última oferta ofrecida, la empresa despidió a casi 30 trabajadores con el claro objetivo de amedrentar a los socios de la organización. Fue así que el 6 de diciembre pasado, la gerencia de Recursos Humanos de una de las reparticiones de la compañía, “llevó engañados a una supuesta ‘reunión de trabajo’ a los funcionarios. Pero la ‘reunión de trabajo’ no fue más que una trampa antisindical. Uno por uno los trabajadores, que obtienen por su trabajo el sueldo mínimo (413 dólares), debieron encarar a un irregular equipo empresarial, donde se les notificó en ese mismo instante que estaban despedidos y que debían firmar el finiquito. Sin acordarlo previamente, los empleados no firmaron nada y junto a la directiva sindical acudieron a la Inspección del Trabajo a entablar una demanda colectiva en contra de la empresa”. El personal despedido luego de cinco años de trabajo, acusó a la firma de la vulneración de sus derechos mínimos, “de abuso de poder y de atropello a la dignidad y respeto que nos merecemos como personas”. Una de las trabajadoras resumió el hecho, indicando que “fuimos tratadas como un grupo de corderitos camino al matadero”.

No obstante, los socios del sindicato en vez de atemorizarse por la acción de la empresa, cobraron más coraje y decisión de luchar por sus derechos. “Si la empresa nos quería meter miedo con los despidos de los compañeros, le salió el tiro por la culata. Ahora conocemos mejor con qué tipo de gente tratamos. Y también sabemos cuánto más valor tiene nuestra condición humana y de trabajadores comparado con su violencia y crueldad”, expresó uno de los empleados con más de una década vendiendo su fuerza de trabajo a la gasífera.

Como si fuera poco, y a modo de castigo, la firma no ha cancelado el sueldo de la presidenta del sindicato, Solange Bustos, desde hace tres meses.

Con estas conductas, la empresa no ha logrado más que acumular demandas legales por prácticas antisindicales en los Tribunales del Trabajo.

De todos modos, no resulta extraño el comportamiento de la compañía, toda vez que el principal asesor legal de la empresa, el abogado Ricardo Canales Undurraga, fue Subsecretario del Ministerio del Trabajo y Previsión Social entre 1983 -84, en plena dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Todo por ganar

La votación de prácticamente el 100 % de los socios del sindicato a favor de la huelga histórica en Gasco GLP, de acuerdo a la ley laboral chilena, debe ser refrendada legalmente por la Dirección del Trabajo el 11 de diciembre. Si la empresa no solicita “los buenos oficios” para ofrecer aumentos salariales y mejores condiciones laborales al sindicato, los trabajadores pueden efectivizar la huelga inmediatamente.

Contacto dirigentes: +56 9 7764 7045 / +56 9 4438 9828

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