Abordamos los detalles del nuevo estudio de Fundación SOL «Pensiones por la Fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden» (2026) Revisa el estudio en nuestro sitio web fundacionsol.cl

El articulo «Las pensiones de las FFAA y de Orden son hasta 10,6 veces superiores que las que pagan las AFP» apareció primero en piensaChile.

Karl Marx escribió en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte en 1852 que: «La historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa«[1] y todo muestra que el gobierno de ultraderecha recién electo quiere llevar al país en esa dirección, instalando discursos y políticas propias de la tragedia que vivimos hace cincuenta y tres años e iniciada el 11 de septiembre de 1973. En este sentido el ascenso de la ultraderecha chilena pretende, detrás de su discurso democrático instalar la farsa de un remedo dictatorial, revitalizando por un lado las recetas neoliberales implantadas a sangre y fuego por la dictadura civil militar: manteniendo la concentración del poder económico,[2] reduciendo al mínimo el rol del estado, la privatización y desregularización extrema del mercado con actores nacionales y extranjeros, lo que sabemos genera profunda desigualdad social y explotación laboral al concentrar riqueza en las élites, precarizar el empleo y debilitar la necesaria e imprescindible red de protección social y ciudadana.

Por otro lado,

intentan borrar todo lo avanzado en materia del respeto a los derechos humanos, lo que es vital para la sana convivencia democrática, fomentando discursos autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas, facilitando la impunidad, minimizando y negando el impacto que el gobierno dictatorial tuvo para la mayoría de los chilenos y chilenas.

A esto responde el proyecto de ley que de manera encubierta senadores y dirigentes políticos de la derecha y la ultraderecha pretenden imponer para amnistiar los delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante la dictadura de Pinochet. A lo que se suma la decisión declarada públicamente por el actual presidente ultraderechista, de indultar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados o juzgados por hechos delictivos ocurridos durante el estallido social en el año 2019: torturas, violaciones, abusos y algunos de ellos responsables de quitar los ojos y dejar ciegos a jóvenes chilenos durante esos eventos . La justificación para aprobar esta aberración jurídica es la misma narrativa que han propagado por más de cincuenta años, argumentado que los militares por amnistiar, son los héroes que en el pasado salvaron a Chile del comunismo y hoy, tal como lo refleja el discurso del presidente entrante, se refiere a indultar a los “que en un momento de violencia extrema algunos funcionarios (militares y carabineros) terminaron presos pese a actuar cumpliendo su deber y en defensa de la patria”.

De manera tajante definitiva y sin admitir discusión o duda levantamos una postura firme en contra de cualquier posibilidad de negociación o insistencia de esta nueva modalidad de impunidad que quieren imponer en Chile.

Lo hacemos recordando a nuestro país, a las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y a las elites políticas que niegan el pasado, que en las FF. AA hubo militares que nos opusimos al golpe de estado en 1973, quienes a diferencia de los que traicionaron a Chile, colocamos por delante del temor y de intereses mezquinos, los valores éticos, el respeto a nuestras convicciones y la decisión de mantenernos fieles al juramento que hicimos al país de defender la Constitución y a un gobierno elegido por la soberanía popular.

Tenemos por lo tanto la fortaleza moral para contradecir la mentira histórica con la que se pretende avalar la impunidad para militares y civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo hemos dicho antes, el golpe de estado no fue “una decisión inevitable tomada por los militares para impedir una guerra civil en Chile”. Quienes bombardearon la Moneda, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas fueron exmilitares amparados en la institución armada y en sus grados, todos ellos actuaron como verdugos, cegados por el fanatismo y utilizados por quienes planificaron y organizaron la represión, justificándose “en una guerra inexistente contra el comunismo”.

Quienes en el Ejército, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea, en Carabineros y en la Policía de Investigaciones nos opusimos a participar en golpe de estado, fuimos testigos que este fue el resultado de una planificación entre la derecha, dirigentes de partidos políticos y de la DC, las elites empresariales, la cúpula del mando militar, los que con el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos crearon las condiciones, en un recorrido de tres años, para derrocar a un gobierno democráticamente elegido y legalmente constituido, asesinando en este proceso al comandante en jefe del ejército, general Rene Schneider  y al final, al presidente de la república el día 11 de septiembre de 1973.

Así entonces la justificación para indultar a militares que tanto en 1973 como en el 2019 cometieron crímenes de lesa humanidad son equivocadas y no tienen sustento alguno, quienes reprimieron torturaron y asesinaron antes y en años recientes, no lo hicieron en medio combates o enfrentamientos armados, como lo han intentado hacer creer todos estos años.

Los exmilitares que actualmente cumplen condenas o están sometidos a juicios, son personas crueles y cobardes, son los cabecillas de la persecución implacable que hicieron dentro y fuera del país a los opositores al régimen terrorista de Pinochet, criminales que en su mayoría nunca han tenido la valentía de reconocer sus crímenes ni menos colaborar con la búsqueda de los cientos de asesinados y desaparecidos.

Respecto de la edad avanzada de los perpetradores, esto no exime ni limita la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el pasado. Debido a su gravedad extrema y naturaleza sistemática, estos delitos son imprescriptibles según el derecho internacional (Estatuto de Roma), lo que permite y exige juzgar a los responsables sin importar el tiempo transcurrido. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben; la acción penal y la pena no se extinguen con el paso del tiempo.

Finalmente, quienes fuimos militares leales a nuestros principios y valores, de verdad dispuestos a entregar la vida por nuestra patria y nuestro pueblo, lo que demostramos en el momento en que había que hacerlo, rechazamos este nuevo intento de impunidad que enmascara una ley de punto final, porque lo que están haciendo es corroer la democracia, están rompiendo la igualdad ante la ley, desmantelando además la confianza ciudadana en las instituciones, alentando el negacionismo y oponiéndose a la no repetición de las injusticias cometidas en el pasado.

Finalmente nos resistimos al negacionismo porque es importante y necesario hacer visibles los olvidos conscientes que pretenden desestimar el peso ético y humano de la memoria histórica, presentes hoy en las actitudes e ideas de políticos que buscan evadir y/o encubrir la verdad conocida, que les incomoda y a la que le temen, porque, de aceptarla, deben reconocer la dimensión de las atrocidades y con ello condenarlas o permanecer como lo han hecho hasta ahora en una posición de cómplices.

El proyecto del actual gobierno ultraderechista pretende todo eso, con su plan de impunidad niegan la historia, niegan el desarraigo de los afectos y los impactos personales y sociales del exilio; niegan el desgarro de cuerpos y mentes en la tortura; niegan el dolor de quienes desaparecieron y el de sus familias que han buscado por años la verdad de lo ocurrido.

Simplemente no tenemos derecho de olvidar, por el contrario, nos corresponde recordar permanentemente a tantos miles de héroes anónimos y sobrevivientes de la resistencia al terrorismo dictatorial. Contexto en el cual eternizamos: al general Alberto Bachelet, cuya muerte, el 12 de marzo de 1974, fue provocada por las torturas a las que fue sometido en la Academia de Guarra Aérea. Al general Rene Schneider asesinado en un complot organizado por el gobierno de Estados Unidos de la época, por su negativa a participar en la conspiración golpista que intentaba derrocar a Salvador Allende, un crimen en el cual participaron oficiales de las FF AA y que fue ejecutado por la organización de ultraderecha Patria y Libertad.

Recordamos también al general Sergio Poblete. Al coronel Efraín Jaña. Al comandante Ernesto Galaz. A los suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa, quienes fueron asesinados por su valiente decisión de asumir la clandestinidad y enfrentar a la dictadura de Pinochet. A quienes fallecieron más recientemente; los suboficiales de la Fuerza Aérea Mario Arenas, Enrique Ibáñez, Víctor Adriazola, Ivar Rojas, al capitán Jorge Silva. A los suboficiales y marineros leales al gobierno de Allende. A los oficiales y suboficiales del ejército y de Carabineros, a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, a todos ellos les inmortalizamos reclamando la reivindicación de una verdad histórica oculta, enredada en mezquinos intereses que impiden ver la luz y aportar a la no repetición de los hechos ocurridos en 1973 durante la dictadura civil militar y en los recientes hechos ocurridos en el año 2019.

¡No a la impunidad ¡

Enrique Villanueva M

Notas:

[1] Marx parodiaba cómo el golpe de Luis Bonaparte (1851) imitaba sin grandeza al golpe de su tío, Napoleón Bonaparte, en 1799

[2] lo que significa pocas empresas que dominan los mercados, cobrando precios más altos y reduciendo la participación salarial, limitando el acceso a servicios básicos afectando desproporcionadamente a los hogares y dificultando el crecimiento económico inclusivo que fue una de las metas del gobierno anterior.

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El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los diez comandos de combate unificado del departamento de Defensa de Estaos Unidos, y su jurisdicción  comprende los países de América Latina, con excepción de México, que pertenece al Comando Norte , y 12 islas entre los meridianos 30° y 92° oeste.​ Tiene su sede en Miami, Florida,

El nuevo jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, asumió el cargo a comienzos de noviembre  con la promesa de reforzar las alianzas con América Latina y el Caribe. “Nuestros adversarios han establecido una fuerte presencia, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad en todo el continente americano”, alertó Holsey, en referencia a los continuos esfuerzos de Rusia y China por ganar influencia en la región.

La anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, clausuró a mediados de agosto los ejercicios tácticos conjuntos Panamax24, un ejercicio bienal multinacional americano, y volvió a referirse a los graves peligros que  supone la presencia china y rusa en la región, pese a que las únicas experiencias de golpes e invasiones militares sufridas fueron planificadas, impulsadas, avaladas o promovidas desde Washington.

Y habló de la creación de una fuerza multinacional “que requiere coordinación humana, técnica y de procedimientos, para llevar a cabo sus operaciones con eficacia”. Más de 1500 efectivos de las Fuerzas Armadas de EEUU, el Ejército Sur; las Fuerzas Aéreas del Sur; las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina, Sur; las Fuerzas Navales del Comando Sur; y el Comando de Operaciones Especiales, participaron en el ejercicio.

Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 fuera de sus fronteras, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe. La intervención desmedida amenaza ecosistemas, soberanías y arrastra a la región a una imprudente confrontación con Rusia y China.

Entre abril y junio de 2024, se reactivó la  Misión Naval Southern Seas, liderada por EEUU, en la que oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, compartieron un viaje a bordo del portaviones nuclear USS George Washington, con el  pretexto de una acción en favor de la «protección ambiental» y “lucha contra la criminalidad transnacional”.  Su verdadera intención era otra: consolidar su control militar en la región.

En abril, el libertario presidente de Argentina, Javier Milei se reunió en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, con la generala Richardson, donde reafirmó su compromiso con la alianza estratégica con EEUU. en defensa de «la vida, la libertad y la propiedad privada». Y anunció la construcción de una base naval conjunta en Ushuaia, un gasto que ya incluyó Milei para el presupuesto 2025.

Uno de los casos más alarmantes del paso de la militarización estadounidense en América Latina es la Isla Gorgona, en Colombia: 61.685 hectáreas de área protegida, hogar de 381 especies de peces, 155 de aves, 35 de reptiles, siete de anfibios y 430 tipos de plantas. Este santuario natural está bajo amenaza por la construcción de una base militar estadounidense, con un muelle de 170 metros y una torre de comunicación, con innumerables riesgos potenciales para la fauna local.

En agosto, en el desierto de Atacama, 200 miembros del ejército estadounidense capacitaron a 400 militares de Chile y Argentina, en el marco de ejercicios llamados Southern Fénix 2024, donde estrenaron el sistema de cohetes M 142 Himars, prólogo de la firma de un acuerdo de 106 puntos entre los ejércitos de EEUU y Chile para la  capacitación militar de parte de EEUU y ejercicios de entrenamiento bilaterales y multinacionales, como el que tuvo lugar en el desierto de Tarapacá, donde por primera vez se desplegaron los sistemas de artillería M142 Himars en América Latina.

El 14 de diciembre de 2024, el gobierno ecuatoriano del ultraderechista Daniel Noboa autorizó  que Estados Unidos instale una base militar en las islas Galápagos. Este acuerdo permite la presencia de buques, submarinos y personal militar con la justificación de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses están exentas de pagar tasas administrativas y reciben inmunidades diplomáticas similares a las del personal de embajadas, lo que genera controversias legales y éticas.

A pesar de la prohibición constitucional de bases extranjeras desde 2008, el gobierno de Noboa impulsa una reforma parcial para eliminar esta restricción. La de Galápagos sustituirá a la base estadounidense en Manta, que operó entre 1999 y 2009 hasta ser cerrada por el presidente Rafael Correa. Críticos calificaron la decisión como un “servilismo colonial” que ignora los intereses nacionales y la soberanía de Ecuador

Desde Panamá se ha confirmado un gran incremento de la actividad militar de Estados Unidos en la región que está utilizando al país como base de operaciones estratégicas. La Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) denunció públicamente la presencia de aeronaves militares estadounidenses- C-17 Globemaster III, helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y Bell UH-1h-  en el aeropuerto Howard, ubicado en las afueras de la capital panameña y en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico.

El Comando Sur sostienen que América Latina no se beneficia de los recursos que China extrae de la región y destacó la importancia de la competencia en la construcción y operación de infraestructura crítica con los países vecinos para combatir el crimen organizado. Recordó que 21 países de la región firmaron distintas iniciativas de acuerdo con China.

El objetivo central del Comando Sur para la región es el de impulsar guerras regionales (proxy) contra quienes defienden valores soberanos, con el propósito de desmembrar los vínculos de estos países con los BRICS+. En forma concomitante, es preciso fracturar o debilitar la configuración de un nuevo orden internacional autónomo del globalismo financiarista afín al injerencismo comandado por OTAN, el G7 y el FMI. Y por ello aparece como prioritaria la demonización de China, que ha superado el PBI de EEUU.

En diciembre de 2023, cinco jefes de agencias de inteligencia y la generala Richardson abordaron los retos que representa la influencia china en la gobernanza y la infraestructura de los países latinoamericanos. Para Estados Unidos, la infraestructura crítica, como los megapuertos y los sistemas de tecnología de información, necesita «ser protegida de influencias extranjeras” que podrían tener intenciones ulteriores, preservando así la autonomía y la seguridad regionales en un mundo cada vez más interconectado. Quizá no saben que para Latinoamérica, EEUU es un país extranjero.

Washington ha instado a las empresas estadounidenses a competir con China por estos contratos internacionales, destacando la importancia de participar activamente en el mercado global para asegurar inversiones y presencia en proyectos estratégicos. Otro aspecto crucial en esta discusión es la relación entre seguridad económica y seguridad nacional.

En el proyecto de presupuesto nacional destinado a financiar al Pentágono durante el año 2025–presentado en julio en el Senado–, se incluye un significativo incremento de las partidas para el Comando Sur y especialmente para la Dirección de Apoyo Técnico de la Guerra Irregular. Los senadores solicitaron un plan pormenorizado y específico por parte del Secretario de Defensa, sobre las políticas y doctrinas que aplicará el Pentágono en relación con las “operaciones subterráneas”,

Por operaciones subterráneas se entienden los rotundos fracasos militares en las operaciones armadas y las invasiones llevadas a cabo por Washington en el último medio siglo (Vietnam, Afganistán, Libia y Siria, por ejemplo). Tras la seguidilla de fracasos se ha generado una nueva doctrina castrense que combina acciones complementarias (conocidas como proxy) de bloqueos económicos, sanciones unilaterales, operaciones cognitivas y combates subsidiarios.

La preocupación no se limita únicamente a la extracción de recursos, sino que se extiende a la seguridad cibernética y la protección de datos. América Latina, como otras regiones, fue y es blanco de ataques cibernéticos, incluyendo ransomware, que debilitaron las redes de información críticas.

Según la analista del Comando sur, Julieta Pelcastre, el presidente chino Xi Jinping es el responsable de socavar las democracias en Latinoamérica. Según los informes difundidos por el portal del Comando Sur,  “China busca transformar la información de la región para favorecer su cosmovisión y, en última instancia, socavar los principios democráticos.” Para el Comando Sur, los servidores informáticos del lejano Oriente cumplen con el designio de liderar la vigilancia masiva y la censura de contenidos.

* Reproducción autorizada citando la fuente»

*Fuente: ElSuraFondo

El articulo EEUU – Latinoamérica: ejércitos para prevenir el “peligro chino” apareció primero en piensaChile.

En el programa de hoy, 8/8/2024, Irene Zugasti e Inna Afinogenova analizan la violación de derechos humanos en las prisiones israelíes tras la revelación de unas imágenes sobre un centro de detención que muestran cómo un prisionero palestinos es agredido sexualmente por un soldado y la publicación de un informe de la ONG israelí B-tselem que define el sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura. Con la participación de Tere Aranguren, periodista internacional especialista en Oriente Medio.

Más sobre el tema:

https://www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell

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Pensiones por la Fuerza: Resultado del sistema de Pensiones de las FFAA y de Orden es el nombre de la última investigación de Fundación SOL, que da cuenta, entre otros, de que entre 2005 y 2023, los fondos pagados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a las Fuerzas Armadas aumentaron un 36,4%, es decir, de $1.014.381 pasaron a $1.383.969. Por su parte, en las Fuerzas de Orden, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) se promedió en  $1.572.157 el monto pagado a 45 mil pensionados.

El trabajo de Fundación SOL expone, entre otros, que en el caso de Caprerdena, los montos pagados a los generales según rango jerárquico alcanzan un promedio que va desde los $4.248.600 hasta los $5.083.816.

Por su parte, Dipreca entrega pensiones de retiro, considerando entre 20 y 30 años de actividad, que parten promediando con Carabineros $1.419.983. Por otro lado, los funcionarios de Gendarmería con la misma cantidad de años de servicio está cortando en $1.933.535, siendo la Policía de Investigaciones la institución que mayores cifras recibe, llegando a los $2.110.331. Las cifras anteriores dan cuenta, además, de un crecimiento exponencial del 44,6% en los montos pagados entre diciembre de 2005 y diciembre de 2023.

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De esta manera, las conclusiones arrojan comparaciones abismantes entre las pensiones pagadas por las AFP y las pagadas a las FFAA y de Orden. Para dicha comparación se consideró que los agentes del Estado pueden optar a su pensión completa cumpliendo 30 años de servicio, mientras que ya la pueden solicitar habiendo cumplido 20 años en su respectiva institución. Tomando en consideración este antecedente, Fundación SOL tomó los promedios de pensiones pagadas a trabajadoras y trabajadores que han cotizado entre 25 y 30 años en las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En este punto, el cruce de información da cuenta, por ejemplo, que la pensión obtenida por un trabajador que cotizó entre 25 y 30 años es de apenas $481.382, mientras que las entregadas por Capredena promedian $1.383.969. Por otra parte, para la misma cantidad de años cotizando, Dipreca promedia en $1.572.157.

Considerando que la Pensión Garantizada Universal asciende a $214 mil, con las pensiones promedio entregadas a las Fuerzas Armadas y de Orden podrían financiarse 6,4 PGU. Otro equivalente a lo entregado por Dipreca y Capredena se podría traducir en casi 3 sueldos mínimos. 

Las AFP se instauraron en Chile en medio de una brutal dictadura cívico militar, que cimentó un sistema de pensiones de miseria para las y los trabajadores, mientras que las FFAA y de Orden han solidificado sus pensiones tanto en el aumento de sus montos como en la posibilidad de acceder a ella con 20 o 30 años de servicio.

Desde el 1 de mayo de 1981 se obligó a las y los cotizantes en  Chile a ahorrar, mediante las AFP, el 10% de su salario, el que desde la dictadura hasta la fecha, pasando por los gobiernos de centro y centro derecha, ha servido para que el gran empresariado invierta y especule utilizando los fondos de las y los trabajadores

Revisa el estudio completo de Fundación SOL aquí.

*Fuente: Resumen.cl

El articulo Promedio de pensiones de FFAA y de Orden podrían financiar seis pensiones garantizadas universales apareció primero en piensaChile.

La corrupción en Chile no se detiene. La perla del momento es el abogado Luis Hermosilla quien, en la comentada arista investigativa de los audios, saluda al recién nombrado Director de la PDI, Sergio Muñoz, con

“Un abrazo de felicitaciones. Misión cumplida”.

“Misión cumplida” revelaba las probables gestiones de Hermosilla en las altas esferas del poder para favorecer el nombramiento de Muñoz. El abogado del gobierno del expresidente Sebastián Piñera iniciaba así una fructífera relación con el nuevo Director de la PDI, que le ha servido para obtener documentos judiciales reservados, con información privilegiada de utilidad para la elite. Corrupción en toda la línea.

Sin embargo,

Hermosilla no es un caso excepcional en la corrupción creciente que vive el país. En realidad, él es un empleado de la elite económica y política, cuya crisis moral recorre nuestro país hace varios años.

En efecto, generales de las FFAA y de Carabineros, jefes policiales, alcaldes y alcaldesas, le roban al Estado y, recientemente, algunos jóvenes de Revolución Democrática, que perdieron el rumbo, intentan emular a los anteriores. Pero, sobre todo los grandes empresarios son los que dan la nota alta, han dado el ejemplo: se coluden para estafar a los consumidores y pagan a políticos para que dicten leyes a su favor.

En realidad, lo más grave en esta transición interminable ha sido la intervención directa de los grupos económicos en la política contingente para conseguir leyes favorables a sus intereses.

Partidos políticos, parlamentarios, centros de estudios ligados a partidos políticos e incluso universidades, han aceptado el financiamiento de empresarios para favorecer sus intereses o, al menos, para que no se investiguen sus actividades.

Al mismo tiempo, los grandes empresarios han capturado directamente a políticos y economistas provenientes del sector público para sentarlos en sus directorios, convirtiéndolos en lobistas útiles para multiplicar sus negocios.

Mientras el pueblo ha sido dejado al margen de la política, la institucionalidad estatal revela una manifiesta incapacidad para castigar a los corruptos y más bien ha inventado mecanismos (judiciales y administrativos) para perdonarlos, lo que fue manifiesto durante el gobierno de la presidente Bachelet.

Cada vez se hace más evidente que las instituciones del Estado se han debilitado por proteger actos de corrupción de políticos y empresarios, con un deterioro manifiesto en la estabilidad política y la seguridad de la sociedad. Tampoco ayuda a recuperar la moral un sistema económico que no regula adecuadamente el accionar del sector privado y lo deja a su libre albedrío.

En efecto, en la Constitución de 1980, y también con los cambios del 2005, el sector privado ha encontrado un campo indiscriminado de acción para el ejercicio de cualquier tipo de actividad mercantil, incluido el ámbito social, con un Estado reducido a un rol estrictamente subsidiario.

Al mismo tiempo, la actividad regulatoria del Estado también encuentra restricciones en la actual Constitución, con costos sociales ineludibles. En efecto, conductas empresariales monopólicas, colusiones e incluso estafas directas (como en el caso de la Polar), revelan la incapacidad del Estado para regular con efectividad. Los depredadores se sienten cómodos con los recursos judiciales de protección y amparo y cuando son sancionados, las condenas son irrisorias.

Ya no hay dudas. La corrupción está instalada en Chile y crece incesantemente. El caso del abogado Hermosilla es sólo un hito más en el deterioro de la moral pública.

Desde la instalación de la dictadura, y a lo largo de la transición, el modelo económico y las instituciones estatales han beneficiado a la minoría dominante: a los grupos económicos, sectores de la clase política que les rinde pleitesía, junto a economistas y abogados serviles a esa minoría. Y, para defender sus negocios y beneficios, esa red de relaciones de la elite ha contaminado las instituciones estatales con la corrupción.

Así, el empleado de la elite, el abogado Hermosilla, puede decir: Misión Cumplida.

*Fuente: Politika

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MEMORIA

CORPORACIÓN BORGOÑO

DECLARACIÓN CORPORACIÓN MEMORIA BORGOÑO ANTE FORMALIZACIÓN DE SERGIO MUÑOZ

l. Consideramos que los hechos ocurridos en los últimos días, respecto al recientemente renunciado director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Sergio Muñoz Yáñez -imputado y formalizado por corrupción- no obstante consideramos de gravedad, responden a la cultura y práctica represiva de la dictadura, que esta institución heredó, conservó y que continúa reproduciendo.

2. No debemos olvidar que en 1990 la Central Nacional de Informaciones, CNI, traspasó los inmuebles del Cuartel Borgoño, centro de detención, tortura y exterminio, a la PDI, institución que hasta el día de hoy hace ocupación de estos. Cabe destacar que la PDI fue parte activa de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, destinando un número importante de sus funcionarios al servicio de la CNI. Como Corporación Memoria Borgoña llevamos años luchando por la recuperación del ex Cuartel Borgoño, para que sea entregado y convertido en un sitio de memoria abierto a todas y a todos.

3. Sergio Muñoz, al igual que su antecesor, usó su poder institucional en beneficio propio sirviendo además poderosos intereses económicos y políticos, siendo reflejo de una institución que no ha cambiado desde la dictadura, en la que existe corrupción en muchos de sus niveles y en la que no se respetan ni valoran los DD.HH., la memoria ni el patrimonio.

4. Recordamos con indignación, dolor e impunidad hechos deleznables en estas materias, llevados a cabo por la PDI durante los gobiernos post-dictatoriales, como la detención violenta, ilegal y arbitraria contra G.C.A., niña de 7 años, hija de Camilo Catrillanca; el homenaje institucional de la PDI al ex comisario Jorge Barraza Riveros, agente de la CNI y condenado por crímenes de lesa humanidad, durante su funeral en 2018; o las reiteradas querellas, denuncias y condenas contra funcionarios y funcionarias de la institución por su participación en violaciones a los DD.HH. cometidas contra la sociedad civil.

5. Si bien la creación de la Brigada de DD.HH. de la PDI contribuyó a la captura de importantes jerarcas y criminales, esta fue posteriormente desmantelada, y sus principales detectives alejados o destinados a tareas ordinarias; generando, por ejemplo, que en muchas causas de derechos humanos, los jueces deben apoyarse en la Brigada de Homicidios, dada la debilidad de la Brigada de DD.HH.

6. Por todo lo dicho, la crisis de esta institución es insostenible e innegable. Tanto la PDI, como Carabineros de Chile, y las Fuerzas Armadas, necesitan reformas estructurales y profundas.

7. Como Corporación Memoria Borgoño, exigimos procesamientos y condenas efectivas a los altos mandos, responsabilidad ineludible por parte del Estado. Asimismo, rechazamos que Sergio Muñoz quede detenido en la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI, en la comuna de Cerrillos; gozando impunemente, y una vez más, de los privilegios del poder.

¡Basta de corrupción e impunidad!

CORPORACIÓN MEMORIA BORGOÑO  Marzo 2024

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Hasta el final, el presidente Allende y los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular estaban convencidos que las Fuerzas Armadas, sus mandos institucionales cumplirían su rol y respetarían la constitución.

Durante la primera semana de septiembre la tensión que se vivía en el país era inmensa, en las calles, en los hogares, en las fábricas, en los centros de estudio y también en las FF.AA, las contradicciones políticas, sociales y la conspiración organizada, hacia rato que había penetrado los cuarteles, los militares a esas alturas ya eran protagonistas del proceso político. Sin embargo y hasta el final, el presidente Allende y los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular estaban convencidos que las Fuerzas Armadas, sus mandos institucionales cumplirían su rol y en consecuencia al servicio de los intereses superiores de la nación, manteniéndose al margen del acontecer político como instituciones profesionales, apolíticas, obedientes y no deliberantes, con una organización jerárquica basado en los principios de disciplina y obediencia.

Fiel a sus convicciones, Allende involucró a los Comandantes en Jefe de las FF.AA y otros oficiales en el gobierno, para intentar controlar la situación política y social que se vivía en el país, en agosto de 1973 [1], pero en la práctica su estrategia fue permanentemente impugnada por los oficiales comprometidos, desde antes que Allende asumiera el mando de la nación en 1970, electo por voto democrático y popular, con el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Tal como se demostró con el asesinato del Jefe del ejército, el general Rene Schneider en octubre de 1970, con el intento de golpe de estado a través del levantamiento insurreccional del regimiento blindados de Santiago y con el asesinato del edecán del presidente de la república, el Capitán de Navío, Arturo Araya, en julio de 1973, oficiales de las FF.AA y de carabineros estuvieron directamente involucrados en la planificación y ejecución de estas acciones terroristas.

El asesinato del jefe del ejército producto de un complot en el cual estuvieron involucrados generales y otros oficiales, asociados con un gobierno extranjero, no solo demostraba hasta donde eran capaces de llegar.

En la Fuerza Aérea los oficiales al mando de la institución y tambien nosotros que estábamos en los rangos más bajos, sabíamos de los vínculos de oficiales y en menor medida de suboficiales con Patria y Libertad, de su participación en la planificación de atentados en contra del gobierno, entre ellas, la voladura de torres de alta tensión, la destrucción de  oleoductos y cortes de caminos, hechos que fueron reiteradamente denunciados a las autoridades de gobierno. En este contexto, fueron tres años durante los cuales quienes habíamos decidido mantenernos leales al Presidente de la Republica y al gobierno de la Unidad popular observábamos como la subversión ganaba terreno, como lo denunciaron militares leales al gobierno en el ejército, en la armada y en carabineros [2], sin que de parte del gobierno y de los mandos de las FF.AA, surgiera una mano fuerte que sancionara todos estos comprobados intentos sediciosos.

No sé cuál de todas las acciones y crímenes cometidos por la derecha y en los cuales estuvieron directamente involucrados oficiales de las FF.AA, durante el gobierno de Allende es el más abominable, pero el crimen del General Schneider, el asesinato del jefe del ejército producto de un complot en el cual estuvieron involucrados generales y otros oficiales, asociados con un gobierno extranjero, no solo demostraba hasta donde eran capaces de llegar, sino que, señalaba que habían militares que estaban dispuestos a quebrar la institucionalidad democrática y de eliminar lo que ellos por convicción doctrinaria identificaron como “el peligro comunista” que amenazaba a la nación. Por esta razón impedir que Allende ocupara la presidencia de la república en 1970 luego de ser elegido democráticamente, se convirtió rápidamente en el primer objetivo de los conspiradores en el ejército, un objetivo compartido con el gobierno de Estados Unidos de la época, lo que se demuestra en los papeles desclasificados de la CIA, en la preocupación del presidente Richard Nixon por el peligro que representaba Allende, para los intereses imperialistas en Chile y en el continente, si este asumía el gobierno y se consolidaba: “Si [Allende] puede demostrar que puede establecer una política marxista antiamericana, otros harán lo mismo”, expresó el presidente estadounidense. Kissinger estuvo de acuerdo: “Tendrá efecto incluso en Europa. No solo en América Latina”[3].

Así entonces el objetivo de neutralizar a Salvador Allende fue asumido como propio por parte de la oficialidad en las FF.AA identificando en el presidente electo y a su gobierno, como el peligro comunista que por su formación doctrinaria militar debían combatir, en particular los generales chilenos y oficiales quienes en esa década ocupaban los cargos de mayor responsabilidad en las FF.AA de Chile, formados desde los años 50 en la Doctrina de Seguridad Nacional. Una doctrina creada por Estados Unidos para impulsar la lucha anticomunista en todo el continente y  contener, con la intervención de los militares, el ascenso de los movimientos nacionalistas, revolucionarios y anticapitalistas, que, en su conjunto, amenazaban el establishment norteamericano, en particular después del triunfo de la revolución socialista en Cuba.

Para Estados Unidos el primer paso entonces fue impedir que un presidente elegido democráticamente por los chilenos y chilenas asumiera su cargo para gobernar y si  este lograba superar este obstáculo, el segundo paso era digitar o manipular su derrocamiento, lo que se constituye en el origen del complot que terminó con la vida del Comandante en Jefe del ejército. El general Schneider era públicamente reconocido por la lealtad a sus principios, a la constitución y era contrario a una intentona golpista, el asesinato organizado por oficiales de las FF.AA de Chile y de Carabineros, junto a patria y libertad, fue el pretexto para intentar provocar una insurrección en el ejército y frenar así,  o dejar sin efecto, la investidura de Allende como presidente de Chile en octubre de 1970.

El crimen del jefe del ejército fue también una demostración de que al menos una parte de los generales y oficiales ubicados en los altos mandos dejaron hacer, porque algunos de ellos estaban comprometidos con lo que estaba sucediendo, estos no cumplieron con su deber militar al mando de instituciones jerarquizadas en donde opera la verticalidad del mando y en las cuales una orden desde la cúspide del mando significaba en ese momento enjuiciar y separar de las filas a los sediciosos. Lo demuestra también el hecho que la investigación del crimen del general Schneider, no fue conocida en su totalidad por la opinión  pública chilena, porque se impidió dar a conocer la trama que se escondía tras el asesinato, al final se sanciono con penas irrisorias a los generales involucrados y que no podían ocultar su participación, pero  quienes en  rangos inferiores participaron en este complot criminal nunca fueron investigados[4].

El complot fracasó y Allende asumió la presidencia, pero la conspiración en el interior de los cuarteles del ejército, de la Fuerza Aérea, de la marina y en Carabineros se continuó organizando y consolidando, sin que los mandos institucionales jerárquicamente al mando de la institución hicieran lo que debieron hacer para detenerla. Lo que quedó demostrado en junio de 1972, fecha en la que se produce “el Tanquetazo”, oportunidad en la que el coronel de ejercito Roberto Souper, del regimiento Blindado 2, atacó La Moneda y el Ministerio de Defensa en un intento de los militares para remover al gobierno de Salvador Allende en complicidad con el movimiento terrorista Patria y Libertad.

El día del Tanquetazo, varios oficiales FACH exigieron que se apoyara a los alzados, y  algunos llegaron a proponer que se bombardearan los cordones industriales

Ese día en la Fuerza Aérea, el 29 de junio, fecha de la sublevación del coronel Roberto Souper, la FACH nos acuarteló y en la base aérea de El Bosque varios oficiales exigieron que se apoyara a los alzados, en esa oportunidad algunos oficiales llegaron a proponer que se bombardearan los cordones industriales. El Tanquetazo dejo en evidencia a los golpistas, en la Fach uno de los oficiales que destacaba, en la base aérea de El Bosque, era Carlos Ottone Mestre, quien en oportunidad del levantamiento movilizó al personal con afirmaciones de que la Base estaba a punto de ser atacada por extremistas de izquierda.

Así también sucedió en la Base aeronaval de El Belloto, oficiales de la marina encabezados por el jefe de la base, capitán de fragata Vásquez, discutían abiertamente sobre la necesidad de apoyar el golpe del coronel Souper, sin embargo no hay evidencia que algunos de estos oficiales hubieran sido sancionados o separados de las filas al menos por sus faltas a los deberes militares.

En el interior de los cuarteles, en la Fuerza Aérea las consecuencias del levantamiento militar de junio y la falta de reacción del gobierno para desarticular las redes golpistas genero también preocupación y desanimo, particularmente entre quienes a esas alturas habíamos denunciado repetidamente la sedición y que estábamos dispuestos a defender el gobierno popular.

Luego de ese atentado en contra del gobierno, la sedición en las FF.AA cobro una nueva víctima, el Capitán de Navío Arturo Araya asesinado el 27 de julio de 1973 por un comando de ultraderecha, un complot que fue organizado y realizado con oficiales de las FF.AA, su objetivo era crear divisiones en las filas y desatar una persecución en contra de la izquierda a quienes los medios de prensa señalaron como los autores del asesinato. En suma las graves faltas que cometieron los oficiales y suboficiales involucrados en actos de sedición durante los tres años del gobierno de Allende, violentando los reglamentos institucionales y faltando a los deberes militares no tuvo la sanción debida, estos actuaron siempre protegidos por la oposición de ultraderecha y demócrata cristiana, sintiéndose ademas, amparados y financiados por el gobierno de Estados Unidos para cometer sus fechorías.

En el interior de los cuarteles, en la Fuerza Aérea las consecuencias del levantamiento militar de junio y la falta de reacción del gobierno para desarticular las redes golpistas genero también preocupación y desanimo, particularmente entre quienes a esas alturas habíamos denunciado repetidamente la sedición y que estábamos dispuestos a defender el gobierno popular. Sin una respuesta del gobierno con el intento insurreccional militar del Tanquetazo y con el asesinato del edecán del presidente Allende, la oposición al gobierno de la Unidad Popular paso a la ofensiva iniciando una nueva etapa de coordinaciones para prepararse en todos los  terrenos para dar un golpe definitivo.

En septiembre de 1973 el foco principal de la oposición estaba centrado en denunciar al gobierno y a la izquierda de “estar preparando una insurrección”, “amparando la formación de un ejército paralelo”, denuncias a las cuales el Partido Nacional ( Jarpa) Patricio Aylwin y Eduardo Frei se pusieron a la vanguardia, en una entrevista en octubre de 1973 Frei declaraba que

“El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército; un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa de esa cifra”. [5]

Mentiras como estas, organizadas por la oposición civil y militar a Salvador Allende, son las que apoyaron y provocaron la organización del golpe de estado, falsedades lanzadas permanentemente durante tres años a través de los medios de prensa de la época, mentiras en la que están implicados políticos, empresarios entre otros, que hoy después de cincuenta años aún se protegen en la impunidad. La verdad de lo sucedido indica que el derrocamiento violento del gobierno de la Unidad Popular fue el producto de planes y acciones, que se desarrollaron durante tres años por la derecha chilena ( partido Nacional y el movimiento terrorista Patria y Libertad) por la Democracia Cristiana, los colegios profesionales, la elite empresarial chilena y el gobierno de Estados Unidos de la época.

Entre muchos, hubo un hecho que los generales y la oficialidad golpista en las FF.AA en medio del  clima de mentiras y de incertidumbre, en los meses previos al golpe, utilizaron para sacar a las FF.AA a la calle con la excusa que “el pueblo estaba armado y que tenia armas para enfrentar a las FF.AA”, lo hicieron a través de la implementación de  la Ley de Control de Armas, planificando acciones que permitían probar a las tropas en acciones de represión reales. Lo que buscaban con esta arremetida era demostrar que los obreros de los cordones industriales y los pobladores estaban armados, amedrentar a la población y como lo supimos de inmediato, dar un mensaje a quienes éramos leales al gobierno de Salvador Allende, el objetivo era detectar dentro de las FFAA a los oficiales y suboficiales que se demostraran  contrarios a la realización de dichas operaciones.

En esa oportunidad fuimos testigos directos de esta trama, cuando un contingente de alrededor de doscientos soldados de la Fuerza Aérea, con apoyo de tres helicópteros, cuatro camiones de transporte, dos buses, dos furgones e iluminándose con bengalas disparadas desde los helicópteros, allanaron el Cementerio Metropolitano y posteriormente la empresa Cobre Cerrillos. Horas antes, soldados de la Armada habían hecho lo mismo en un allanamiento de las oficinas de DINAC, en Valparaíso. Días antes la marina irrumpió en un liceo de hombres, con tal rudeza, que posteriormente, los altos mandos ofrecieron disculpas al director.

El  allanamiento de la industria de Cobre Cerrillos fue realizado por efectivos de la Fach de los Grupos 10 y 7 después de acoger una denuncia que nunca tuvo remitente, sin embargo allí llegaron a la empresa disparando y encañonando a los trabajadores, destruyendo instrumental tecnológico y materia prima vital para la industria, al final nunca  aparecieron las armas que buscaban pero dejaron en claro lo que venia en las semanas siguientes, el golpe de Estado civil militar del  11 de septiembre.

Así se gestó y se realizó la traición del generalato y parte de la oficialidad castrense a su juramento, a su historia y a la confianza genuina que Allende deposito en los militares chilenos, entendiendo que las FF.AA debían ser parte del proceso de cambios que la mayoría trabajadora, de jóvenes con sueños de futuro, buscábamos y apoyábamos para nuestro país. En un discurso en ocasión del acto de entrega de la Condecoración Presidente de la República y de la espada O’Higgins a nuevos generales en marzo de 1971,  Salvador Allende les dijo

“Vais a recibir las espadas que simbólicamente representan todo un pasado, un presente, un futuro para el pueblo y para Chile. En esta espada están grabadas, con la vida de los que antes los precedieron en el camino de las armas, el lema ennoblecedor que ellas tienen: “No me saques sin razón, ni me envaines sin honor”».

AL final no solo desenvainaron sus espadas sin honor, sino que, volcaron sus armas cobardemente en contra del pueblo.

Enrique Villanueva M.

Notas:

[1] Salvador Allende formo su ultimo gabinete con militares, en esa oportunidad le dijo al país “Yo llamo a este gabinete de Seguridad Nacional porque es la última posibilidad que tenemos para atacar la subversión”.

[2] Marinos

[3] https://elpais.com/internacional/2020-11-11/richard-nixon-si-hay-una-forma-de-desbancar-a-allende-mejor-hazlo.html

[4] Roberto Viaux Marambio, general de brigada de ejército. Almirante Hugo Tirado. General Camilo Valenzuela. General Alfredo Canales. General de Carabineros Vicente Huerta

[5] https://www.economiaysociedad.cl/frei-justifica-la-rebelion

El articulo Septiembre de 1973: Así bullía la sociedad y las fuerzas armadas de Chile apareció primero en piensaChile.

El Cuerpo de Generales y Almirantes, formado por generales en retiro, le envió hace unos días una misiva al presidente Gabriel Boric para manifestar que las actividades conmemorativas del 11 de septiembre “están provocando mayor división en los connacionales” y afirma: “no podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación –aunque no buscada ni deseada– en el quiebre institucional del año 1973″, el cual “pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las FF.AA., olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles”.

Para mayor disgusto de sus compañeros de armas, Martínez Menanteau –un hombre que a los 15 años de edad ingresó al Ejército y que salió de él tras ejercer su jefatura máxima– lanzará este martes, en el Aula Magna de la Universidad Católica, en Santiago, un libro singular, “concebido originalmente como un documento destinado a rescatar y fortalecer el ethos militar dentro de la institución armada” y que “pretende revalorizar la imagen del Ejército ante la ciudadanía” y “contribuir, a 50 años del quiebre de nuestra convivencia nacional, al indispensable reencuentro de todos los chilenos”, según se lee en la reseña del volumen. Sin embargo, Un ejército de todos aporta un reconocimiento crudo y sin precedentes, formulado desde el interior de las Fuerzas Armadas, de algunas de las más graves violaciones perpetradas por los uniformados a los derechos humanos, a la legalidad y al pundonor militar.

Por la relevancia y el interés de esta mirada única, en vísperas del 50 aniversario del cuartelazo del 11 de septiembre de 1973, La Jornada ofrece a sus lectores, en exclusiva para México, algunos pasajes de Un ejército de todos, con la amable autorización de JC Sáez Editor.

Asesinato del general Schneider

En mayo de 1970, el Comandante en Jefe [general René Schneider] difundió una política que debía guiar la conducta del Ejército. Era la continuación de la mirada histórica institucional consistente en respetar la Constitución de la República, que la prensa hasta el día de hoy ha denominado “doctrina Schneider”. En ella se reiteraba un precepto fundamental del Ejército, cual era respaldar y respetar la carta fundamental del país.

Consultado el Comandante en Jefe sobre lo que sostenían dichas candidaturas, señaló: “Nuestra doctrina y misión es la de respeto y respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión” (entrevista en el diario El Mercurio, 8 de mayo de 1970).

Este compromiso con la Constitución le costó la vida. Dos días antes de que el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuviera lugar para elegir en el Congreso Pleno a Salvador Allende, el 22 de octubre de 1970, mientras el Comandante en Jefe del Ejército se dirigía a su trabajo, un grupo de individuos de extrema derecha rodearon el vehículo disparando en múltiples ocasiones sobre el general, quien falleció días después en el Hospital Militar, dada la gravedad de sus heridas.

En el asesinato del general Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Sobre la participación de esta entidad extranjera, se puede señalar que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Estados Unidos que llegaron a la embajada de ese país en Chile para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército.

En una de las notas de la CIA, se indicaba que

“neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”.

Las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por los generales Camilo Valenzuela y Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte el general Schneider.

Nombramiento del general Prats como Comandante en Jefe

Tras el asesinato de Schneider, el Presidente Frei Montalva nombró a quien le seguía en antigüedad, el general Carlos Prats, decisión que posteriormente fue ratificada por el presidente Allende.

Es importante señalar que, producida la elección de septiembre de 1970 y en el lapso anterior a su asesinato, los generales Schneider y Prats más los comandantes en jefe de la Armada y Fuerza Aérea, fueron autorizados por el Presidente de la República y su ministro de Defensa, para prestar asesoría técnica a los grupos parlamentarios que negociaban la reforma constitucional conocida como “Estatuto de Garantías Democráticas”, que estableció en su artículo 22 que

“la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles”.

Esta reforma recogía dos objetivos consustanciales a los ejércitos del mundo: la defensa del monopolio del empleo de las armas y la preocupación por la carrera profesional que supone su inicio y formación en las escuelas matrices.

El asesinato del general Schneider fue un triste y luctuoso hecho y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y conspiran con activistas políticos fanatizados por causas fundadas en un patriotismo errado, a final de cuenta será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar. Un oficial general está siempre enseñando a su tropa y es un faro que ilumina, aunque no se dé cuenta. Su ejemplo es referencia y en este caso fue una vergüenza para la institución, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles.

Este deleznable asesinato no sólo truncó la existencia de un Comandante en Jefe en ejercicio, sino que también destruyó la vida de un soldado ejemplar en el respeto y la defensa de las instituciones democráticas de la República.

Ante este crimen, también es reprochable que en los años posteriores los mandos institucionales no honraran su memoria, sin explicación alguna. Se debió esperar hasta el término del gobierno militar para que paulatinamente su nombre fuese puesto en el sitial de relevancia que le correspondía. Su figura fue reivindicada políticamente por sectores que defendían posiciones opuestas, lo que seguramente debe haber influido en esta inacción institucional.

Incorporación de militares a los gabinetes políticos

Producto de la grave crisis política, económica y social que se comenzó a vivir durante el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente Allende, en un intento de revertir la situación, designó un gabinete que integraba a miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como “cívico-militar”. Meses después, organizó un gabinete llamado de “seguridad nacional” con los comandantes en jefes institucionales. Su misión consistía, centralmente, en controlar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y recuperar el orden público.

Con esta decisión presidencial, apoyada por algunos adherentes de la Unidad Popular e impugnada por otros, se les reconocía de hecho a las Fuerzas Armadas, una vez más en la historia del país, un rol de garantes de la normalidad institucional, que no era otra cosa que confirmar el ya aludido rol latente, toda vez que con esta medida se les volvía a involucrar en la coyuntura política, después de cuarenta años de ejercicio estrictamente castrense y de marginación de la política contingente.

Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas no fue sólo de carácter ministerial, ya que también se extendió a las empresas estatales. En efecto, en alrededor de cuarenta organismos, como la CORFO, la Comisión de Energía Nuclear y otros, hubo representación militar. En abril de 1972, el comandante de la II División de Ejército, general Orlando Urbina, tuvo la responsabilidad de organizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III) en Santiago, mientras otros oficiales eran designados interventores en complejas situacione

La participación militar en el gobierno de la Unidad Popular ha tenido dos lecturas dentro de la institución castrense: una, que le otorga un rol deliberante a las Fuerzas Armadas al colocar a los comandantes en jefe y oficiales generales en funciones ministeriales, y otra, que comprueba la subordinación militar al poder ejecutivo, en este caso específico para evitar la confrontación violenta resultante de las huelgas y garantizar elecciones normales en marzo de 1973, a fin de respetar la institucionalidad.

El “Tanquetazo”

En junio de 1973, se produce el episodio conocido como “Tanquetazo”, por el levantamiento del Regimiento Blindado N.°2, unidad en la que había un descontento, en especial entre sus oficiales más jóvenes, que tenían contactos con civiles de Patria y Libertad, grupo de extrema derecha que incitaba a un alzamiento militar. La situación fue controlada por el general Prats y los protagonistas de este movimiento fueron acusados de sublevación y de incumplimiento de deberes militares. Nuevamente, un grupo de militares era instrumentalizado por movimientos políticos que buscaban protagonismo a través de las armas. Una vez más, el ethos militar había sido sobrepasado por aconteceres políticos ajenos a la institución.

Es muy importante rescatar la posición del general Prats ante los convulsionados momentos que se vivían producto del asesinato del general Schneider y de su confirmación en el cargo por parte del Presidente Salvador Allende.

El general Prats difundió un documento denominado “Definición Doctrinaria Institucional”, en el cual, entre otros puntos, destacaba lo siguiente:

(…)“la función del Ejército es exclusivamente profesional; es la misma mantenida con firmeza en el pasado, ratificada por el General Schneider en momentos críticos del acaecer nacional y confirmada taxativamente por el Comandante en Jefe infrascrito desde que asumió su cargo”.

Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército

Durante su mando, el general Prats realizó distintas acciones para mejorar la cohesión espiritual y el adoctrinamiento de los integrantes del Ejército a través de un programa de visitas a las unidades de todo el país, exponiendo el pensamiento institucional y aprovechando la ocasión para conocer la moral y las necesidades más urgentes del personal.

Paralelamente, se concentró en llevar adelante el “Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército”, basado en el “Plan de Adquisiciones” elaborado por el general Schneider, cuya finalidad era aumentar las capacidades operativas, dotándolo de equipamiento moderno.

También tuvo especial preocupación por igualar las remuneraciones de los militares con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Impulsó la reforma constitucional del articulo Nº22 para establecer que las Fuerzas Armadas son “profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes”, aprobada el 9 de enero 1971.

Prats propuso al gobierno una ley que otorgaba derecho a voto a los suboficiales de los institutos armados de la nación, que terminó siendo aprobada el año 1972. Promovió la ley 17.798 que establecía el tipo de armas que debían quedar sometidas a control; la penalidad por la creación y el funcionamiento de milicias armadas, la posesión o el porte de armas prohibidas, el ingreso sin autorización a recintos militares y policiales, entre otros. Esta iniciativa legal nunca prosperó, dada la polarización en el país.

La Cámara de Diputados invoca a las Fuerzas Armadas

Ante la crisis imperante, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados apeló al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la crisis política. Este llamado por una fracción del Congreso reafirma el rol latente atribuido a las Fuerzas Armadas que hemos venido argumentando.

Como podemos apreciar, las instituciones armadas se vieron enfrentadas en 1973 a dos situaciones extremadamente críticas y que marcarían el futuro, principalmente el del Ejército.

Estas convulsiones llegaron a la propia institución que se vio afectada por los hechos de agitación social que vivía el país. Estos se acentuaron con eventos como una manifestación de esposas de oficiales, frente al domicilio del Comandante en Jefe del Ejército, lo que desembocó finalmente en su renuncia para evitar divisiones internas.

La crisis política, económica, social e institucional del periodo 1970-1973 lleva a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión extrema e inédita en el siglo, cual es deponer al Presidente de la República y asumir el gobierno del país, en otras palabras, a ejecutar un golpe de Estado (pronunciamiento militar).

Los derechos humanos en el gobierno cívico-militar (1973-1990)

El 11 de septiembre de 1973 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden deciden llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y asumir la conducción del país como resultado de la grave crisis imperante. Este hito histórico, cuyas reverberaciones se sienten hasta nuestros días, marca el inicio de una nueva etapa institucional en materia de doctrina militar y derechos humanos.

Este contexto excepcional obligó a los integrantes del Ejército a enfocar sus años de formación y sus valores en actividades inéditas y diversas, todo ello en un ambiente nacional de gran tensión y polarización. El Ejército tuvo que realizar un gran despliegue para cubrir con su personal todas las funciones requeridas, desde el más alto cargo hasta las labores más sencillas, incluso debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Algunos fueron destinados a tareas gubernamentales, otros fueron comisionados a actividades de inteligencia nacional o política (no militar) y un tercer grupo, mayoritario, siguió en sus labores militares rutinarias.

Este relato no pretende analizar caso por caso lo sucedido, sino que destacar acontecimientos que pusieron en jaque —y en muchos casos, vulneraron— ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar.

Autoexilio del general Prats

En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, el Excomandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, fue trasladado en un helicóptero Puma hacia Portillo. Luego, en su auto particular y escoltado por una patrulla militar, llegó a Caracoles donde, después de realizar los trámites aduaneros correspondientes y despedirse de la escolta, entregó una carta dirigida al general Augusto Pinochet, que en sus párrafos principales señalaba:

“El futuro dirá quien estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste que me permitirán salir del país”.

La exigencia que tiene un oficial general o superior excede con creces a la de sus subalternos. Su responsabilidad es muy alta, ya que una resolución que ordene a un subalterno ejecutar una tarea puede alterar la interpretación valórica de este último. Esto ocurre porque el ejercicio de un valor en circunstancias extremas puede estar sujeto a algún grado de interpretación.

Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar consiste en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La Ordenanza General del Ejército establece que la disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión; al contrario, es un acto de reflexión profunda, mediante el cual los subalternos entregan parte de su libertad de acción a fin de que un comandante realice una misión que esté enmarcada en un código legal, reglamentario y profesional. Por ello, un subalterno está obligado a obedecer las órdenes que emanan de un superior, aunque está dotado de la capacidad de representar a sus superiores las consecuencias de órdenes incorrectas, ilegales o injustas.

En las páginas del libro Ejército de Chile. Un recorrido por su historia se señala de manera clara y explícita: “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación —ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas— fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar.”

La Caravana de la muerte

Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con el supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la “Caravana de la muerte”, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento altamente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el “adversario”.

El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios.

Los hechos y el expediente judicial confirman que la misión del general Arellano era acelerar procesos en aquellos lugares donde los mandos supuestamente hubieran actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (“comandantes pusilánimes”, según sus propias palabras). Pero en términos legales, esto no era factible, pues la comitiva no contaba en su delegación con ningún asesor jurídico. En esta dramática situación, los capitanes, tenientes o suboficiales, no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el apercibimiento de un eventual juzgamiento por consejo de guerra.

No hay que olvidar que el alto mando de la época había declarado, mediante el Decreto Ley 5 del 12 de septiembre de 1973, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, dadas las circunstancias que vivía el país, debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, lo que implicaba que el incumplimiento de órdenes por parte de los militares podía ser causa suficiente para ser fusilado.

En un careo entre el general Arellano y el capitán Patricio Díaz con motivo de las ejecuciones en Copiapó, el general niega enfáticamente haber ordenado los fusilamientos de presos políticos, mientras el capitán expresa que

“…la razón que más me impulsa a decir que el Comandante Haag (Comandante del Regimiento Atacama en Copiapó) cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el periodo de permanencia de mi General Arellano y su comitiva en la guarnición. Complementando lo expresado, deseo manifestar que ni antes ni después de la presencia de mi General Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados…”.

Lo anterior ratifica claramente que su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos fue producto de una orden expresa de dicha autoridad.

La calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército” que tenía el general Arellano durante este recorrido era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio Comandante en Jefe del Ejército ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones.

Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el general Pinochet, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, el general Arellano.

Se deduce entonces que existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así dejar a los jóvenes oficiales y suboficiales de esos regimientos como la cara visible de las ejecuciones.

Las acciones del general Arellano fueron absolutamente reñidas con el honor militar. Además, este no tuvo ninguna consideración hacia sus subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia, encargado de efectuar la investigación judicial de estos delitos, cuando relata lo sucedido en Copiapó ante una orden impartida por el general Arellano,

(…) “sin embargo, ambos subtenientes representaron la referida orden, esto es, se opusieron a su cumplimiento. No obstante, una vez representada dicha orden, se vieron compelidos nuevamente a cumplirla, porque de no hacerlo, enfrentarían un juicio militar por los crímenes de traición a la patria e insubordinación, delitos éstos perpetrados ‘en tiempos de guerra’ que como pena aplicada contemplaban la de muerte” (…).

De ello se deduce que el citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar. En cuanto a los oficiales encargados de ejecutar las órdenes, ambos fueron procesados posteriormente y hoy cumplen condena en Colina I. De esta forma, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución.

En definitiva, estos dramáticos hechos ocasionaron un irreversible daño a la población como consecuencia de sentencias de muerte arbitrarias y sin debido proceso, ordenadas por un general del Ejército y una grave lesión a la imagen de la institución castrense, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, siendo que algunos de ellos ya cumplían condenas.

Por último, es importante mencionar que nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe.

Asesinato del general Prats

Aparte de los crímenes de la “Caravana de la muerte” y otros que ocurrieron, el asesinato del Excomandante en Jefe, general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, acaecido en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, y del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en un crimen cobarde, cruel y repudiable y en una vergüenza institucional. A pesar de haber sido realizado por un organismo de seguridad no perteneciente al Ejército, quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría formaban parte de la institución.

Según consta en el expediente de la investigación, el agente de la DINA Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos.

Sobre esta situación se pronunció años después, el 5 de junio de 2009, el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, al inaugurar el Campo Militar “San Bernardo” del general Carlos Prats: “… el Ejército chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen, condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…”. Agregó: “… de confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de exmilitares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del general Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.

Un segundo pronunciamiento al respecto, lo efectuó el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente-Alba cuando se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema mediante un comunicado oficial el 8 de julio de 2010, en el cual, entre otros conceptos, se declaraba que el Ejército repudiaba a todos los partícipes de este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron; que con dicho crimen se habían violado los principios que constituían el acervo moral de la institución; que los autores habían despreciado el tradicional código de honor y de conducta institucionales.

Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones aberrantes que no tienen justificación alguna.

Resulta difícil pensar que la acción de la DINA en 1974 para atentar contra la vida del general Prats, que había dejado el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hacía sólo un año atrás, no haya sido conocido por el general Pinochet a quien hoy sabemos que le reportaban periódicamente las operaciones de este organismo, con mayor razón, si el objetivo había sido su camarada de armas de toda una vida militar. A esto debe agregarse la nefasta conducta del general Camilo Valenzuela y del general en retiro (en esa época) Roberto Viaux por su participación en el secuestro y asesinato del general Schneider que era su superior y con quien mantenían una amistad profesional. Ambos hechos transgreden gravemente el honor militar, honor que debieran tener todos quienes han dedicado una vida entera al Ejército de Chile.

Al igual que lo ocurrido con el asesinato del general Schneider, la institución omitió por décadas el merecido homenaje a este distinguido oficial que procuró enfrentar de la mejor manera situaciones críticas y muy difíciles en la coyuntura nacional.

Los detenidos desaparecidos

Los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar, que superan el millar de personas, constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional.

No haber entregado los cuerpos de las víctimas al momento de ocurridas las muertes y no haberlo hecho tampoco años después cuando se hicieron las inhumaciones desde fosas clandestinas en una operación resuelta por el mando en jefe y avalada por los mandos superiores de la época representa un severo agravio al ethos militar y una afrenta muy dolorosa para las familias afectadas.

También constituye, y con justa razón, uno de los factores más determinantes en las imputaciones que hasta el día de hoy le hacen al Ejército los distintos organismos de derechos humanos.

*Fuente: LaJornada

Presentación del libro

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