Los niveles del fraude son todavía desconocidos. «La izquierda organizó la campaña como si estuviéramos a comienzos del siglo XX, sin utilizar la tecnología que está a disposición y que permite informar o desinformar a millones»

El articulo Colombia: «Todavía no tenemos Presidente» apareció primero en piensaChile.

Otra curiosidad es que uno de los grandes promotores de la «pandemia de la gripe porcina» fue el alemán Cristian Drosten, actual gurú del gobierno de su país. Es el mismo Drosten que desarrolló en pocas semanas un test para aplicar la metodología del PCR en la detección del Covid-19, como «herramienta maravillosa», pero que la OMS hace unas semanas bajó de su pedestal, reconociendo que el Test PCR no basta para ser utilizado como método único para emitir diagnósticos. Al parecer, poco a poco van saliendo a la luz detalles que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo hoy tras las bambalinas.

Vivimos tiempo en que resulta más riesgoso que nunca, comulgar con ruedas de carreta. Cuídese de aceptar información sin comprobar

La Redacción de piensaChile

5 de febrero de 2010,04:35 pm EST

Por qué la OMS fingió una pandemia

Autor: Michael Fumento

Este artículo tiene más de 10 años.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado de gritar repentinamente «¡El cielo se está cayendo!» como un Chicken Little que se ríe a chillar como un cerdo atascado. La razón: acusaciones de que la agencia fomentó deliberadamente la histeria de la gripe porcina. «El mundo está atravesando una pandemia real. La descripción de ella como una falsificación es incorrecta e irresponsable», afirma la agencia en su sitio web. Un portavoz de la OMS se negó a especificar quién o qué dio esta «descripción», pero es difícil ignorar al acusador principal.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), un organismo de control de los derechos humanos, está investigando públicamente los motivos de la OMS para declarar una pandemia. De hecho, el presidente de su influyente comité de salud, el epidemiólogo Wolfgang Wodarg, ha declarado que la «falsa pandemia» es «uno de los mayores escándalos de medicina del siglo«.

Incluso dentro de la agencia, el director del Centro Colaborador de la OMS para Epidemiología en Munster, Alemania, Dr. Ulrich Kiel,  esencialmente  ha calificado la pandemia como un engaño. «Estamos siendo testigos de una gigantesca mala asignación de recursos [$ 18 mil millones hasta ahora] en términos de salud pública», dijo.

Tienen razón. No se trataba simplemente de excesiva cautela o de un simple error de juicio. La declaración de pandemia y todo el repique de bocina desde entonces reflejan pura deshonestidad motivada no por preocupaciones médicas sino políticas.

Sin duda, la gripe porcina ha demostrado ser mucho más leve que la gripe estacional común. Mata entre un tercio y un décimo de la tasa,  según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Los datos de otros países como Francia y Japón indican que es mucho más dócil que eso.

De hecho, a juzgar por lo que hemos visto en Nueva Zelanda y Australia (donde las epidemias han terminado), y por lo que estamos viendo en otras partes del mundo, esta temporada tendremos considerablemente menos muertes por influenza de lo normal. Eso se debe a que los músculos de la gripe porcina dejan de lado la gripe estacional, actuando como una especie de vacuna contra la cepa mucho más letal.

¿Tenía la OMS algún indicador de esta levedad cuando declaró la pandemia en junio?

Absolutamente, como escribí en ese momento . Entonces llevábamos 11 semanas completas en el brote y la gripe porcina solo había matado a 144 personas en todo el mundo, el mismo número que muere de gripe estacional en todo el mundo cada pocas horas . (Se estima que entre 250.000 y 500.000 por año según las propias cifras de la OMS). Las pandemias más leves del siglo XX mataron al menos a un millón de personas.

Pero, ¿cómo podría la organización declarar una pandemia cuando su propia definición oficial requería «epidemias simultáneas en todo el mundo con un enorme número de muertes y enfermedades»? La gravedad, es decir, el número de muertes, es crucial, porque todos los años la gripe causa «una propagación mundial de la enfermedad«.

Fácil. En mayo, en lo que admitió fue una respuesta directa al brote de gripe porcina el mes anterior, la OMS promulgó una nueva definición equiparada a la gripe porcina que simplemente eliminó la gravedad como factor. Ahora podría tener una pandemia sin muertes.

Bajo fuego, la organización está mintiendo audazmente sobre el cambio, del cual cualquiera con una conexión a Internet puede dar fe. En una conferencia virtual de mediados de enero, el jefe de la OMS contra la gripe porcina, Keiji Fukuda, declaró: «¿La OMS cambió su definición de pandemia? La respuesta es no: la OMS no cambió su definición». Dos semanas después, en una conferencia de PACE , insistió : «Tener muertes graves nunca ha sido parte de la definición de la OMS».

Ellos lo hicieron; ¿pero por qué?

En parte, fue CYA para la OMS. La agencia estaba perdiendo credibilidad por la negativa de la gripe aviar H5N1 a convertirse en pandemia y matar hasta 150 millones de personas en todo el mundo, como había predicho su «zar de la gripe» en 2005.

En todo el mundo, las naciones prestaron atención a las advertencias y gastaron grandes sumas en el desarrollo de vacunas y otros preparativos. Entonces, cuando la gripe porcina entró convenientemente, la OMS esencialmente tachó «aviar», «cerdo insertado», y la Directora General de la OMS, Margaret Chan, se jactó con arrogancia: «El mundo ahora puede cosechar los beneficios de las inversiones de los últimos cinco años en preparación para una pandemia . «

Pero aquí hay algo más que el interés propio burocrático. Curiosamente, la OMS también ha aprovechado su falsa pandemia para impulsar una agenda política de extrema izquierda.

En un discurso de septiembre, el director general de la OMS, Chan, dijo que los «ministros de salud» deberían aprovechar el «impacto devastador» que tendrá la gripe porcina en las naciones más pobres para difundir el mensaje de que se necesitan «cambios en el funcionamiento de la economía mundial» para «Distribuir la riqueza sobre la base de» valores «como comunidad, solidaridad, equidad y justicia social». Además, declaró que debería usarse como un arma contra «las políticas y sistemas internacionales que gobiernan los mercados financieros, las economías, el comercio, el comercio y las relaciones exteriores».

El sueño de Chan ahora está hecho jirones. Todo lo que ha hecho la OMS, dice Wodarg de PACE, es destruir «gran parte de la credibilidad que deberían tener, lo cual es invaluable para nosotros si hay un riesgo futuro que podría convertirse en un asesino a gran escala».

Michael Fumento es director del Proyecto de Periodismo Independiente sin fines de lucro, donde se especializa en temas de salud y ciencia. Puede ser contactado en fumento@pobox.com .

Michael Fumento

Soy abogado, fotoperiodista y autor de cinco libros muy investigados. He sido redactora de tres periódicos importantes, ex columnista sindicada a nivel nacional, trabajadora independiente para los principales medios de comunicación del mundo y he pronunciado discursos en todo el mundo. Soy bien considerado por concebir ideas originales, contrarias a la creencia común, que conducen al descubrimiento y publicación de información meses o años antes que los medios de comunicación en general. El experto en televisión John McLaughlin me nombró «el pensador más original de 2013». Según Amazon.com, tengo más de 360 ​​menciones en libros de otros, más de 900 citas en Google Scholar. Un ex sargento aerotransportado con formación en operaciones especiales, que luego incorporé tres veces en Irak y una vez en Afganistán y produjo artículos, fotos y videos vistos en todo el mundo. El exdirector y general de la CIA, David Petraeus, calificó mis informes de Ramadi, Irak, entonces la ciudad más peligrosa del mundo, «¡Grandes cosas con una gran unidad en un vecindario muy difícil!» Me pueden contactar en fumento@gmail.com.

*Fuente: https://web.archive.org/web/20201011163656if_/https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html

Mas sobre el tema:

El articulo 2009: ¿Por qué la OMS fingió una pandemia con la gripe porcina? apareció primero en piensaChile.

EL MINISTERIO DE SALUD REALIZÓ LAS COMPRAS: CONTRALORÍA DETECTA QUE “HOSPITAL DIGITAL” OCUPÓ EN 2019 SÓLO 50 DE MÁS DE 22 MIL LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS POR $3.238 MILLONES Y ENVÍA ANTECEDENTES AL FISCAL NACIONAL

Uno de los principales programas que se llevaron adelante durante la gestión el exministro de Salud Emilio Santelices, en los primeros dos años de gobierno, fue la instauración del programa “Hospital Digital”, una instancia que buscaba llevar la atención de especialistas a distancia y así interpretar exámenes, diagnósticos y otorgar tratamiento. Pero algo salió mal y la Contraloría lo detectó.

El organismo realizó una auditoría a la implementación de este programa y las contrataciones asociadas a la Plataforma Convergente, a través de la cual se realizarían las atenciones remotas.

Lo que no estimaba la Subsecretaria de Redes Asistenciales era que el diagnóstico que realizó la Contraloría, uno que deba cuanta de serios problemas de gestión por gastos innecesarios, proyectos que finalmente no se implementaron, compras guiadas a ciertos proveedores, antecedentes que fueron remitidos al Fiscal Nacional, Jorge Abbot: “Este informe final será puesto en conocimiento del Ministerio Público para los efectos que en derecho correspondan, atendido lo hechos observados”.

“Se advirtió que el grado de avance del cumplimiento de la meta de producción de las interconsultas realizadas a través de la plataforma Hospital Digital, al 30 de septiembre de 2019, era de un 2,7% respecto de la cifra proyectada por el MINSAL, correspondiente a 1.021.441 consultas médicas a realizar en especialidades de Dermatología, Nefrología, Diabetología, Accidente Cerebro Vascular, Medicina General, Monitoreo de Presión Arterial y Tratamiento Anticoagulante Oral, para ese año. En efecto, a la citada data se habían efectuado 27.393 atenciones médicas, distribuidas entre las especialidades de dermatología, diabetes y nefrología, correspondiendo a cada una la cantidad de 20.884, 1.358 y 5.151 consultas, respectivamente, por cuanto para la especialidad de Accidentes Cerebro Vascular la plataforma se encontraba en etapa de construcción y las restantes no se habían implementado», describe el informe.

Hallazgos

La primera situación que detectó fue que la subsecretaría no aportó antecedentes sobre la realización de algún estudio previo de los recursos tecnológicos disponibles, “que permitiese contar con una base de comparación sobre lo que era necesario adquirir para la implementación del Programa Hospital Digital omisión que incumple el artículo 55, de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual señala que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz”.

Agregan que el Ministerio de Salud “adquirió 22.055 licencias del software MPI Biometría para la plataforma convergente, a través de la orden de compra ID N° 4127-333-CM17, de 14 de marzo de 2017, por un monto ascendente a $ 3.238.517.828, IVA incluido, a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A”.

Indican que “de ellas, al mes de octubre de 2019, se ocupaban menos de 50, cantidad máxima necesaria para la etapa piloto, razón por la cual no se justifica el volumen de dicha adquisición ni su oportunidad, situación que da cuenta de la falta de un análisis previo para la ejecución de tal adquisición. Al respecto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales inició un sumario administrativo mediante la resolución exenta N° 578, de 2019, de ese origen. Sobre lo anterior, esa repartición deberá remitir dentro de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el expediente de dicho proceso sumarial, con el objeto de que esta Contraloría General continúe con su tramitación”.

Big Data suspendido

Los fiscalizadores detectaron la orden de compra ID N° 4127-284-CM19, de 5 de marzo de 2019, a través de la cual se solicitó el servicio de definición de plataforma Big Data de largo plazo y estrategia de gobernanza de datos, “a la empresa Metric Arts SpA, por un monto de UF 669,24, equivalentes a $ 18.445.472 -según el valor UF a esa fecha”. El objetivo era, entre otros, establecer las directrices de arquitectura para la precitada plataforma convergente de largo plazo basada en Cloud Computing y diseñar una metodología ad-hoc a la aludida tecnología para la definición e implementación de proyectos de Inteligencia Sanitaria.

“A diciembre de 2019, el proyecto Big Data se encontraba suspendido –sin que la entidad aportara antecedentes que lo justificara- por lo cual los desembolsos asociados a ese proyecto no se habían concretado en la solución esperada por esa subsecretaría, lo que también da cuenta que la repartición no efectuó estudios previos que justificaran la real necesidad de llevarla a cabo. La Subsecretaría deberá remitir a esta Entidad de Fiscalización los antecedentes que den respuesta a la falta de implementación del referido proyecto Big Data, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción de este informe final”, señala el informe.

Para la contraloría “ambas situaciones vulneran los principios de control, eficiencia, eficacia e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de la Administración del Estado, como también el control jerárquico permanente que debe ejercer toda autoridad o jefatura”.

Asimismo, se verificó que la falta de implementación del referido Proyecto Big Data -correspondiente a un modelo sanitario predictivo e integrado, basado en el uso de herramientas de interoperabilidad y análisis masivo de datos-, “generó una subutilización de los servicios que lo complementan, a saber, de Housing, junto con el de procesamiento, análisis y respaldo de información. La repartición deberá informar, de manera detallada, el grado de utilización de la nube sectorial del MINSAL, del servicio de Housing de 5 Racks y servicios complementarios, y de la infraestructura para soportar el procesamiento, análisis y almacenamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de diversos sistemas de información del aludido ministerio, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento”.

Marcas específicas

Los fiscalizadores determinaron también que en materia de grandes compras se adjudicaron licitaciones por un total de US$3,5 millones a tres empresas, apuntando que el proveedor debía se partner de HP, Cisco y licencias de uso de software de Microsoft.

“Se verificó que la entidad auditada en dos Grandes Compras efectuadas a través de los procesos ID NOS 32130, 32122, y en la orden de compra ID N° 427-2282-CM17, adjudicadas a las empresas Anida Consultores S.A., Teknos Chile S.A. y Synet SpA, por un valor de USD 1.942.627,40, USD 1.156.939,42 y USD 426.876,80, respectivamente, estableció que el Proveedor debía adjuntar la condición de ser partner de HP, partner de CISCO y licencias de uso de software marca Microsoft, en ese orden. El solicitar marcas específicas implicó direccionar sus requerimientos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, el cual establece que el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato y lo dispuesto en el dictamen N° 72.044, de 2016, de este origen”.

“Por otra parte, se advirtió la fragmentación de la compra efectuada a la empresa GETS S.A., por un valor de UF 1.716,00 y UF 1.727,36, pues en un plazo de 40 días emitió cuatro órdenes de compra a través de convenio marco, ID N» 4127-732-CM19, 4127-734-CM19, 4127-973-CM19 y 4127-1026-CM19, cuyos montos oscilaron entre 978 y 986 UTM, lo cual da cuenta de una división de dichas adquisiciones evitando con ello el proceso de Grandes Compras, dispuesto en el artículo 14 bis del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -reglamento de la ley N° 19.886. Adicionalmente, se transgrede el inciso final del artículo 7° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 13 del citado decreto N° 250, de 2004, que disponen que la Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Tales situaciones serán incorporadas en el sumario que continuará con su ejecución esta Entidad de Control”, manifiestan.

No hay chat

Además, “se comprobaron problemas con los certificados de seguridad del sitio institucional, en lo atingente al servicio web denominado Chat Box, impidiendo el procesamiento de las preguntas, redireccionando al punto de origen, lo que podría conllevar a confusión de los usuarios, al no saber por qué medio pueden recibir asesoría sobre sus consultas. La entidad deberá concretar la baja del servicio antes mencionado, conforme a lo comunicado, remitiendo la documentación que respalda dicha acción, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final”.

“Se constató que 6 de las 19 postas rurales validadas por esta Entidad de Control presentaron problemas de conectividad, lo que dificulta su operación y su relación con el Programa Hospital Digital, toda vez que el acceso a internet es fundamental para esta iniciativa, indican.

*Fuente: EnEstrado

El articulo El programa “Hospital Digital” solo sirvió para sacar dinero apareció primero en piensaChile.

Reveladoramente, el dispositivo más trascendente que distorsiona el “proceso constituyente” concordado el 15 de noviembre pasado entre la derecha y la ex Concertación ha sido completamente silenciado por el conjunto de los partidos políticos y los grandes medios de comunicación: el antidemocrático e inmodificable quórum de dos tercios establecido para que la convención pueda aprobar un “nuevo” texto constitucional. Aquel rompe con la regla básica de la democracia que estipula el gobierno de la mayoría. Y, en el caso concreto de Chile, le confiere a la derecha un virtual poder de veto, dado que desde 1990 ha obtenido –lejos- más de un tercio de los congresales en todas las elecciones parlamentarias, efectuadas con o sin sistema electoral binominal.

Es “natural” que las elites de la derecha y de la ex Concertación hayan concordado en silenciarlo. Para esta sería vergonzoso reconocer el nuevo regalo de esta naturaleza que le está haciendo a la derecha para poder “culpar” en el futuro a ésta de no haber podido finalmente obtener una Constitución que siente las bases para sustituir el “modelo chileno”. Modelo impuesto por la dictadura; y legitimado, consolidado y perfeccionado por la Concertación entre 1990 y 2010. Fue lo que ya hizo en 1989 con la Reforma Constitucional concordada con Pinochet, por la que le regaló solapadamente la mayoría parlamentaria a la futura oposición de derecha, al modificar el Artículo 65 de la Constitución original que aseguraba un gobierno con dicha mayoría por los quórums de aprobación de leyes en el Congreso. Esta reforma le permitió “culpar” a la derecha –particularmente en los 90- de que no podía cumplir con sus compromisos programáticos de cambio del modelo, en los que ya no creía. Esto lo reconoció descarnadamente el considerado por todos como principal ideólogo de la “transición”: Edgardo Boeninger. En efecto, en su libro publicado en 1997 (“(Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Edit. Andrés Bello) señaló que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación llegó a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

Y la demostración más rotunda de esto es que TODOS los cambios constitucionales y legales que ha habido desde marzo de 1990 (en que asume Aylwin de presidente) han sido consensuados entre la derecha y la ex Concertación, ¡independientemente de si esta última haya tenido o no los quórums parlamentarios para aprobar por sí mismo las reformas! Es decir, la denominada “política de los consensos” asumida voluntariamente por el liderazgo de la ex Concertación en función de la “convergencia” con la derecha reconocida por Boeninger. Y así, luego de largos 30 años seguimos con el Plan Laboral, las AFP, las Isapres, las universidades privadas con fines de lucro, la ley minera, las privatizaciones y concesiones de servicios públicos, el sistema tributario que permite la “elusión” de las grandes fortunas, la irrelevancia de los sindicatos, etc. etc.

Por otro lado, para la derecha sería una torpeza máxima develar dicha permanente actitud entreguista de parte del liderazgo de la Concertación. Por el contrario, para la derecha es plenamente funcional que aparezca siempre en confrontación ideológica y política con aquel liderazgo, para así contribuir a su legitimación como “alternativa” de aquella. ¡Qué mejor “alternativa” para la derecha que un movimiento que aparece permanentemente como de centro-izquierda en sus posturas públicas; y que también –permanentemente- aplica y legitima en la práctica políticas de derecha!

Es cierto que lo largo de este proceso fraudulento (a diferencia del proceso fraudulento de 1989 que duró solo días), aumentado como efecto de la pandemia, le ha traído a la derecha una creciente incomodidad. Esta es de que, producto del desconocimiento de las bases de la derecha de dicho fraude, éstas han adquirido un creciente temor de que la mayoría electoral histórica de centroizquierda se refleje efectivamente en una nueva Constitución que sustituya el “modelo chileno”; y se han abanderizado en un combativo “Rechazo”, el cual está destinado claramente a una contundente derrota. Más todavía cuando dicha actitud le ha venido como anillo al dedo a la elite ex concertacionista para entusiasmar a sus bases en creer en lo “trascendental” del proceso plebiscitario y después en la elección de los convencionales.

Todo ello ha generado que los líderes fundamentales de la derecha se hayan ido matriculando con el “Apruebo”; e incluso que Piñera haya planteado un “Decálogo” para la elaboración de una nueva Constitución; y que ministros como Cristián Monckeberg y Jaime Bellolio hayan destacado elegantemente como algo positivo “para todos” el quórum de los dos tercios. Pero es claro que políticamente no podrán demostrarles cabalmente a sus bases lo infundado de sus temores, develándoles el fraude en todas sus dimensiones.

Por otro lado, lo largo del proceso fraudulento ha causado también alguna incomodidad en la elite ex concertacionista, en la medida que las bases opositoras más politizadas empiezan a avizorar el funesto efecto del quórum de los dos tercios. Esto pese a que incluso ¡los partidos que no participaron del acuerdo fraudulento del 15 de noviembre (el PC y varios del Frente Amplio) no están diciendo nada de ello, ni menos lo están denunciando! Para disminuir las posibilidades de que sus bases se den cuenta del engaño, han surgido varios “sesudos” constitucionalistas que han planteado que el quórum de los dos tercios podrá sortearse, dado que los artículos constitucionales que no sean aprobados por dos tercios ¡pasarán luego a ser materia de leyes comunes aprobados por simple mayoría! Esto es un grotesco invento que no está para nada mencionado en el Artículo 133 de la Ley 21.200 que rige el actual proceso constituyente Además, su lógica podría llevar al absurdo de virtualmente eliminar el quórum de dos tercios por la vía de aprobar con esto unos pocos artículos consensuales y ¡dejar prácticamente toda la Constitución para ser aprobada por simple mayoría!…

En definitiva, el fraude de los dos tercios está destinado para que la “nueva” Constitución tenga el visto bueno de la derecha y de tal modo que la elite ex concertacionista pueda “justificar” la inutilidad de su mayoría, al verse virtualmente obligada a consensuar un texto con la derecha, dado dicho quórum. Y es tan grotesco este fraude que con él a la población se la está engañando adicionalmente, al ocultársele el hecho de que a la actual oposición ¡le sería más fácil lograr cambios constitucionales conservando la actual Constitución (que, no nos olvidemos, está suscrita por Lagos y todos sus ministros…) ya que para reformar ésta requiere –para muchos de sus artículos- el quórum menor del 60%!

Sin duda, tendremos que esperar todavía para que en la historia de Chile tengamos una Constitución democrática, producto de una auténtica Asamblea Constituyente…

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Para bajar el libro de Edgardo Boeninger, en formato PDF, haga clic sobre este enlace: Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad

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Si todo sucede tal cual está previsto, el 25 del próximo mes concurriremos a decidir, plebiscitariamente, si redactaremos o no una nueva constitución. Tal es, al parecer, el más importante suceso sobre el cual ha de pronunciarse la decisión mayoritaria de la población nacional, si nos atenemos a las encuestas realizadas hasta este momento. Y, también, si conversamos con el vecino, el amigo, o si incursionamos en el vasto mundo de las redes sociales. La propaganda invade todos esos espacios. La oposición parece unida en torno a ese objetivo y, también, gran parte del oficialismo, de manera que la decisión parece resuelta.

Pero eso, ¿es realmente así? ¿Es, en verdad, lo que la comunidad quiere? ¿Es el cambio de constitución el hecho más relevante sobre el cual ha de pronunciarse la población nacional? Tengo mis dudas, al respecto. Pero, para dilucidarlas, bueno es retroceder en el tiempo. La historia nos sirve. Es una buena consejera. Nos enseña el por qué de las cosas, el por qué de los acontecimientos y cómo éstos deciden nuestro futuro.

BREVE HISTORIA DEL PLEBISCITO

La historia de la realización de un plebiscito no arranca, como erróneamente cree gran parte de la población, de la gran protesta nacional de 18 de octubre de 2019 sino del encuentro que, el 15 de noviembre de ese mismo año, se realizó entre los diversos estamentos de la escena política nacional (gobierno, partidos, congresales, dirigentes políticos). En ese encuentro, firmaron tales actores políticos un acuerdo en el que se comprometieron convocar a un plebiscito en mayo del presente año para que la comunidad se pronunciara decidiendo si quería o no un cambio de constitución. El gobierno aceptó esa condición, impuesta por la oposición institucional, ante la amenaza cierta de una oposición social que parecía dispuesta a tomar en sus manos la construcción de la sociedad que anhelaba.

Héctor Vega nos recuerda, al respecto, que

“Poco después del estallido social, el 25 de noviembre, 262 abogados firmaron una declaración afirmando que ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo y que esta vez existía la posibilidad de crear una mediante un proceso democrático, el que se apresuraron en calificar como un logro inédito en la historia de la república. Se cuidaron de decir que su procedimiento era tan tramposo como el de la Constitución de 1980, así como el acuerdo que la Concertación logró con la dictadura en 1989 que, ante la pasividad del pueblo en la época, lograron franquear mediante un plebiscito”[1].

Fue sorprendente aquello: primero, porque el Gobierno cedía ante un viejo anhelo de la oposición institucional que jamás el movimiento social había planteado en las semanas anteriores; y, segundo, porque no fue aquella una concesión gratuita, a pesar que el gobierno se vio forzado a hacerla —presionado por una oposición que, sin rubor alguno, se atribuyó la representación de la comunidad nacional, precisamente, en un tiempo en que su honra y aprobación ciudadana estaba por los suelos— sino bastante onerosa, pues tal  advenediza parte se comprometió a estudiar todas las leyes necesarias para recuperar el perdido ‘orden institucional’ en las protestas. La oposición institucional sacaba, de esa manera —si empleamos un refrán muy chileno—, ‘las castañas con la mano del gato’.

Por eso, podemos aseverar que el 15 de noviembre fue la culminación de una serie de maniobras realizadas por la elite política opositora para recuperar ese perdido prestigio que amenazaba terminar con ella. Hay que recordar que, en las protestas, no sólo actuaron elementos reacios a las organizaciones políticas sino, también, militantes de partidos desprestigiados que levantaban la consigna del plebiscito y del cambio de la constitución, aspiraciones que jamás figuraron en las demandas estudiantiles que dieron origen a las protestas. Ni en un comienzo ni en otro momento de las mismas. La constitución no era el tema del momento; había razones para ello. Por eso, no nos parece acertado aseverar que

“El proceso constituyente es resultado de la presión social”[2],

como lo señala otro analista, pues da a entender que tal fue la idea de las organizaciones sociales convocantes a la rebelión del 18 de octubre de 2019. Sostenemos, por el contrario, sí que

“[…] este proceso social es el resultado de la enorme inestabilidad generada luego del estallido social de 18 de octubre de 2019”[3] (y, por lo mismo, un recurso fundamental para) “[…] garantizar por medio del plebiscito una salida institucional al estallido social […]”[4]

En palabras más directas, un recurso para salvar la institucionalidad vigente.

En los meses siguientes, resultaría paradojal constatar que la única conquista obtenida en las protestas fuese una aspiración jamás considerada como bandera de lucha de las organizaciones sociales; y no sus reales demandas planteadas. Lo que hace cavilar acerca del poder que ejerce sobre el conjunto social la superestructura jurídico/política de la nación.

LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El cambio de una ley o de una constitución jamás va a ser demanda prioritaria de una población en estado de necesidad. La naturaleza nos enseña que antes de todo, el ser humano necesita comer, beber, vestirse, ir al trabajo para poder vivir; ganar dinero para el sustento diario que requiere la propia conservación y la de la familia que organiza, cubrir las necesidades más elementales que faltan. Eso es lo prioritario. El ser humano, antes de cualquier cosa, necesita producir para sí mismo, para reproducirse todos los días en el escenario de la vida, y para reproducirse como individuo y como especie cuando el ciclo de su vida llegue a término. Porque toda producción es reproducción. Esto es ley de la naturaleza, no ley de gobierno alguno. O constitución. Y eso fue lo que reivindicaron los estudiantes al momento de desencadenar las protestas.

Pero en una sociedad hay intereses que se superponen a otros. Y pasan por encima de las verdaderas necesidades de la población. Fue lo que sucedió ese 15 de noviembre de 2019, cuando todos los sectores interesados en mantener sus prebendas y privilegios firmaron un acuerdo tomando el nombre y representación de quienes con su sangre y sacrificio demandaban el trato de seres humanos a un gobierno incapaz de entender aún lo que sucedía. Porque las élites, como lo hacen normalmente y como lo hicieron bajo la dictadura, acostumbran a mantener sus privilegios con sangre ajena. No lo haría de modo diferente una élite política interesada en su propia supervivencia.

Por eso, podemos asegurar que el 15 de noviembre de 2019 se consumó la suplantación de la voluntad popular por la voluntad parlamentaria. Y ello ocurrió porque, hasta esa fecha, la estructura social del movimiento que había dado origen a las protestas avanzaba dificultosamente hacia formas superiores de organización. En palabras más directas: porque el Gobierno no tenía con quién negociar y el único interlocutor que tenía por delante para esos efectos era un parlamento tan desprestigiado como él. Y, por supuesto, aquel no era, en lo más mínimo, un interlocutor válido. Recordemos solamente que, en diciembre de 2019, la encuesta CADEM arrojó un resultado que no podía ser más deplorable para la dirección política del país: un 6% de aprobación para el Gobierno y un 3% de aprobación para el Congreso.

No puede, por consiguiente, decirse que el llamado a plebiscito haya sido una de las demandas más queridas de la ciudadanía.

EL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN BAJO LA DICTADURA

Pinochet, desde el momento mismo en que encabezó el golpe militar contra el gobierno popular, jamás se preocupó de cambiar la constitución: simplemente pasó por encima de ella, la atropelló, la destruyó con sus actos, a un extremo tal que el propio Jaime Guzmán, al referirse a ella, hablaba solamente de ‘colgajos constitucionales’. Porque Pinochet comenzó violando el art 22 de la constitución de 1925 que señalaba:

“La fuerza pública es esencialmente obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar”.

Luego, el art 4 de la constitución para el cual

“Ninguna magistratura, ninguna persona o reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”.

No hubo autoridad ni institución ‘libre’ alguna que protestase contra esos hechos. Toda la comunidad se doblegó ante la fuerza. La constitución de 1925 jamás fue respetada por Pinochet ni por los generales insurgentes; mucho menos por el llamado ‘Poder Judicial’ cuyo presidente se dio, incluso, la tarea de terciar, sobre el pecho del dictador, la banda presidencial, reconociéndolo como gobernante supremo. El único poder válido era el poder de las armas,  la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza. Porque, como lo señala con acierto Friedrich Von Savigny:

“Si la fuerza sin el derecho es la barbarie, el derecho sin la fuerza es una burla”.

Por eso, no deja de ser interesante la circunstancia que la dictadura se haya preocupado fundamentalmente de algo que, para la generalidad de las personas no reviste importancia crucial porque lo estima obvio, y no obstante, es esencial: el modelo económico que había de imponerse en el país, deseo que era el motivo principal que guiaba al Almirante Merino desde antes del golpe. No por algo había dicho, en junio de 1973:

“[…] botar a Allende no cuesta nada, lo importante es tener un plan económico”[5].

Merino no era un sujeto brillante y no puede atribuirse a su genialidad esta medida sino más bien a la idea (torpe, por cierto) que sostenía según la cual bastaba con ser jefe del Economato de la Armada para administrar las finanzas de un país, como lo señaló en cierta oportunidad en una entrevista que le hiciera un periódico de la capital.

Esta misma pregunta es la que muchos nos hacemos hoy, ad portas del plebiscito de octubre: ¿qué modelo vamos a establecer? ¿Vamos a ‘parchar’ el actual modelo una vez estatuida la nueva carta fundamental? ¿Vamos a abrogarlo? ¿Qué pondremos en su reemplazo? ¿O diremos, como Abraham,  camino hacia el monte donde pensaba sacrificar a su hijo, ‘Dios nos lo proveerá’? Porque la economía de un país sigue parámetros que no son diferentes a los que siguen los seres humanos en su vida particular, es decir, avocarse, antes de todo, en comer, producir, para poder reproducirse en la vida como individuo y como especie. Y, posteriormente, pensar en la regulación social. Entonces, ¿no estamos tomando el rábano por las hojas?

LA BASE ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD COMO PILAR SOBRE EL CUAL LEVANTAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS FORMAS CULTURALES

No es primera vez que la élite política ‘toma el rábano por las hojas’. Guiada por sus voraces ansias de mantener una posición social de la que ha gozado siempre, vuelve a hacerlo: construye una constitución antes de resolver las necesidades de la población porque cree, de esa manera, proveerse de una herramienta fundamental para resolver los demás problemas de la sociedad.

No es eso lo que enseña la teoría social. Porque, de acuerdo con ésta, es la base de la producción lo que determina la estructura legal que va a proteger esa forma de producir, no lo contrario. Algo que también va a suceder con las formas culturales de esa sociedad: la forma de producir es lo que va a realizar esos milagros.

Extrememos las situaciones para explicarnos mejor: No es lo mismo producir en las cercanías de la costa que hacerlo en la montaña o el valle. Las formas de producir son las que establecen las diferencias entre los seres humanos. Cada una de ellas tiene formas tanto legales como culturales que determinan el carácter tanto individual como social de quienes viven en esos parajes.

Así, la dictadura nos enseñó cómo deben hacerse las cosas, es decir, ante todo, construir la base económica de la sociedad, pues la ley va a la zaga de los acontecimientos; y, como ley fundamental, también debe hacerlo toda constitución.

POR QUÉ, ENTONCES, EL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

Las constituciones se acostumbran dividir en flexibles, semirígidas y rígidas. La constitución pinochetista es del tipo ‘rígido’. La oposición institucional realizó innumerables intentos de flexibilizarla, pero todos ellos se malograron por diversas circunstancias, siendo la más importante de ellas la falta de interés en hacerlo. Porque mayorías absolutas hubo en el Congreso, suficientes para producir los cambios que se deseaban introducir en la carta pinochetista. Sucede, simplemente, que el Gobierno de turno no quiso hacer uso de ellas. Por eso, hoy se apoya la necesidad de un cambio de constitución. Por lo demás, esa propuesta da satisfacción a todos quienes queremos ser regidos por una carta fundamental nacida de la voluntad de nosotros mismos.

Sin embargo, cuando se ofrece cambiar una constitución, el objetivo central es alterar las condiciones jurídicas que impiden introducir al modelo vigente las modificaciones necesarias para suavizar su funcionamiento. No se trata, en modo alguno, de cambiar un sistema. No se trata, en suma, de cambiar el sistema capitalista. El objetivo no es otro sino, simplemente, dejar el camino despejado para hacer talas, reajustes, reformas al sistema vigente y revisar la conveniencia de seguir adelante con el modelo elegido, hacerle las reformas que requiere e, incluso, cambiarlo por otro más acorde a las necesidades y requerimientos del sistema capitalista mundial. Y responder de modo sensato a unas Fuerzas Armadas que miran con asombro las veleidades de un mundo político incapaz de resolver por sí mismo los problemas de toda la sociedad.

¿UNA ‘DERECHA’ VOTANDO POR EL ‘APRUEBO’?

El problema no termina allí. Por el contrario: ahí comienzan, no ‘el’ problema, sino ‘los’ problemas. Porque puede sorprender a más de algún ingenuo que, en estos días, sorpresivamente, hayan aparecido conspicuos miembros de los partidos oficialistas estimando importante aprobar el cambio de la constitución pinochetista. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué, de súbito, todos ellos se hacen ‘socialdemócratas’ y están dispuestos no solamente a aprobar el cambio de la carta fundamental sino a participar en la redacción de la nueva ‘pero no de cero’?

Sin lugar a dudas, una de las razones que inducen a parte importante de las élites políticas gobernantes a adoptar esa decisión radica en el examen más o menos minucioso que han hecho de las encuestas que arrojan mayorías abrumadoras favorables a quienes apoyan el cambio de la constitución, algo que reconocen sus propias ‘personalidades’, como lo hiciera Joaquín Lavín a un medio informativo:.

“Creo que si tú hicieras una encuesta —no la he visto, porque no hay encuestas así— entre los que votaron por Sebastián Piñera y que lo llevaron a ser Presidente de Chile, te doy firmado que gana el “Apruebo ”[6]

Un partido o una coalición que es derrotada espectacularmente en un evento como aquel al que la comunidad ha sido convocada se le hace muy difícil recuperar el perdido prestigio. No ocurre así, si va dividida al evento y, por el contrario, se muestra como ganadora, a pesar de no serlo. Ante la opinión pública aparece, también, revestida de un aura triunfal. Y eso es importante en un mundo en donde la propaganda es la base del triunfo social. Desde este punto de vista, es lógico que un partido, como la Unión Demócrata Independiente UDI, haya querido mantener en secreto la posición de algunos de sus militantes, en donde los partidarios del ‘Apruebo’

“[…] cada día suman más adeptos y que el camino habría comenzado hace tiempo de la mano de los alcaldes UDI. Incluso, según datos internos, de los más de 70 jefes comunales en todo Chile, al menos la mitad se declara en privado como cercano al Apruebo.
¿El problema? Algunos preferirían no manifestarlo públicamente para no generar conflictos al interior de la UDI, debido a que tras el proceso constituyente se aproximan otras elecciones, como las de alcaldes, concejales y gobernadores regionales (11 de abril del 2021)”[7].

Hay, no obstante, varias otras razones sobre las cuales no pocos analistas han llamado la atención. Razones que invitan a los sectores oficialistas a sentirse seguros no obstante el triunfo del ‘Apruebo’. Por eso, no pocos estudiosos han llamado la atención acerca de las herramientas legales que entregan a los sectores oficialistas los propios opositores (institucionales, por cierto). Felipe Portales señala, al respecto, que la Reforma Constitucional de enero de 2020 dejó en manos de los sectores oficialistas

“[…] un virtual poder de veto en la aprobación de una “nueva” Constitución, al establecerse un antidemocrático quórum de 2/3 para ello”[8].

Esta idea la desarrolla en una carta que enviara al autor de este trabajo, a principios del mes en curso, en la que, al respecto, señala, en una de sus partes, lo siguiente:

“Queda muy claro que todo el proceso es antidemocrático desde el momento que en los artículos 133, 134 y 135 se estipula que tanto la «nueva» Constitución» como el reglamento de la Convención tienen que ser aprobados por los dos tercios (violando flagrantemente el principio democrático de mayoría); y que constriñe a los convencionales a «respetar» el modelo neoliberal sellado por numerosos tratados internacionales de libre comercio suscritos por Chile en los últimos treinta años”[9].

En efecto: el art 133 de la Constitución establece que

“[…] la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”

Héctor Vega sostiene, al respecto que,

“Creer que los constituyentes mandatados por los partidos se volverán en contra de los dos tercios que dirimen cualquier discusión es creer, con la misma ingenuidad de los que votaron en el plebiscito que aprobó la Constitución de 1989 acordada por Pinochet y la Concertación, que ese acuerdo llevaría a la democracia. Tres décadas transcurrieron sin que ello se cumpliera”.

Por su parte, el art. 135 dispone que

“[…] le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

Pero, puesto que el art. 5 de la misma carta fundamental dispone que

“[…] la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece […]”,

nos preguntamos, con Héctor Vega,

“¿Cómo entonces los constituyentes van atribuirse otros poderes que los que le conceden sus mandantes (la clase política) y, para de esa manera derogar el candado de los dos tercios?”[10]

Así, parece claro que estamos en presencia de algo más grave. Héctor Vega no tiene reparos en llamarlo ‘fraude’.

“El fraude, al igual que en la época de la dictadura, está en que sólo aquellos constituyentes patrocinados por los partidos políticos tendrán alguna chance de acceder a la Convención Constitucional de la segunda papeleta. Pues su elección se rige según la ley de elección de los diputados. En esta fabricación de la clase política, los constituyentes de elección popular deben entenderse como aquellos independientes que lograron financiar su candidatura o bien independientes en el cupo de un partido que lo patrocine. La conclusión central de esto es que los constituyentes así elegidos no serán mandatarios del pueblo sino de los partidos que los aceptan como tales. No olvidemos que la aprobación de los partidos políticos actuales es de un 2%”[11].

Idéntico reparo es, igualmente, compartido por Hugo Latorre quien, en una nota publicada en Facebook, luego de señalar que habrá dificultades

“[…] con la votación en los constituyentes […]”,

concluye, desoladoramente, que

“Otra cosa será el cómo desatar el nudo gordiano del veto de los 2/3”[12].

Sin embargo, no es del todo inútil el cambio propuesto. Por el contrario: no aprovechar esta posibilidad podría ser una torpeza de la que nos podríamos arrepentir en el futuro. Es cierto que existen muchas dudas acerca de la forma de elegir a los miembros de la llamada ‘Convención Constituyente’, es posible que nos entrampemos en problemas peores, es cierto que este cambio sólo beneficia a quienes firmaron el acuerdo de 15 de noviembre, es cierto que poco o nada significa el cambio de la carta fundamental, es cierto que nada de esto representa la voluntad de quienes concurrimos, constantemente, a la Plaza de la Dignidad a festejar el estallido del 18 de octubre pasado, pero dicho cambio puede, tal vez, ayudarnos en el cometido de sentar las bases de una sociedad mejor. Porque podría ‘legalizar’ las reformas que se estiman necesarias para dar satisfacción al interés de las grandes mayorías nacionales, en un país donde sobran los ‘doctores de la ley’. Y evitar la tentación siempre presente en los institutos armados de enseñar violentamente a una comunidad sometida cómo han de comportarse en todo momento los obedientes súbditos de todo Estado. En septiembre, mes que recuerda los cincuenta años del acceso de la Unidad Popular al Gobierno de la nación, es bueno tener presente la figura del presidente Allende que también creyó posible hacer transformaciones sociales con los instrumentos legales que el propio sistema emplea para expandirse.

Vamos a tomar el rábano por las hojas, sí, pero no hay otro camino. Al menos, por ahora. Salvo que se haga realidad esa frase maravillosa, contenida en una pancarta que alzara uno de los manifestantes en Plaza Dignidad, húmeda aún por el agua lanzada desde uno de los vehículos policiales, el pasado 4 de este mes:

“Somos la calle y no hemos firmado ningún acuerdo”.

También quien escribe estas palabras es un miembro más de la calle. Como la generalidad de los chilenos.

Santiago, septiembre de 2020

[1] Vega, Héctor: “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente”, documento de 01 de septiembre de 2020, publicado en piensaChile

[2] Ramis, Álvaro: “Lo que se juega el 25 de octubre”, ‘Le Monde Diplomatique’, Nª220, agosto de 2020, pág.4.

[3] Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).

[4] Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).

[5] Buscat Oviedo, Esteban: “El golpe naval del 11 de septiembre de 1973”, Centro de Estudios por la Democracia y Defensa del Ciudadano CEDEC, documento que se encuentra disponible en INTERNET.

[6] Redacción: “Joaquín Lavín le baja los humos al ‘Rechazo’ y asegura que entre quienes votaron por Piñera para Presidente ‘doy firmado que gana el Apruebo’”, ‘El Mostrador’, 23 de agosto de 2020.

[7] Claro, Hernán: “Apruebo: el secreto mejor guardado de algunos militantes de la UDI”, ‘El Dínamo’, 01 de septiembre de 2020.

[8] Portales, Felipe: “¡Nos están engañando de nuevo!”, documento de agosto de 2020, publicado en piensaChile

[9] Portales, Felipe: Carta enviada al autor de este trabajo, de fecha 01 de septiembre de 2020.

[10] Vega, Héctor: Documento citado  “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente” en (1).

[11] Vega, Héctor: Documento citado “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente” en (1).

[12] Latorre, Hugo: “Tomémonos de las manos”, documento publicado en Facebook el 04 de septiembre de 2020.

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