El progresivo debilitamiento del sistema parlamentarista oligárquico, dado su parálisis y estancamiento económico, frente a una emergente clase media que lo cuestionaba, se acentuó especialmente con las elecciones parlamentarias de 1918, que le dieron un resonante triunfo a la Alianza Liberal, combinación de los partidos Radical, Demócrata y de los liberales de izquierda liderados por Arturo Alessandri y Eliodoro Yáñez. A tal punto que, dado que quien gobernaba efectivamente eran los ministerios que contaban con las mayorías parlamentarias, el presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) tuvo que designar gabinetes conducidos por la Alianza.

Por otro lado, el temor oligárquico-mesocrático a las clases populares, descrito en los artículos precedentes, se agudizó por el efecto combinado de la mayor emergencia de reivindicaciones obreras (condicionado por la crisis del salitre producto del descubrimiento del salitre sintético y de la crisis económica internacional de la post-guerra mundial) y del gran impacto de la Revolución Bolchevique en Rusia. Ya en 1917 la Federación Obrera de Chile (FOCH) pasó a ser dirigida por el Partido Obrero Socialista dirigido por Luis Emilio Recabarren (que en 1921 se convertiría en el Partido Comunista), ampliando su membresía “a todos los trabajadores de cualquier ocupación” y terminó con su enfoque mutualista, “cambiando sus estatutos para permitir desarrollar tácticas de acción directa en la prosecución de reivindicaciones económicas” (Peter DeShazo.- Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983, Madison; p. 153). De este modo, para 1919 “la FOCH podía movilizar el apoyo de miles de personas para actividades huelguísticas en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago” (Ibid.; p. 154).

Así, el gabinete conducido por el ministro del Interior, Eliodoro Yáñez, en diciembre de 1917 estipuló por un decreto (“Decreto Yáñez”) el establecimiento de mediaciones gubernamentales en casos de huelga, pero sin posibilidad de forzar a las partes a llegar a un acuerdo, y que “contenía una cláusula que implicaba que el ‘derecho al trabajo’ de los empleados debería ser protegido (…) De este modo el gobierno reforzó su derecho a dar protección a los rompehuelgas” (Ibid.; p. 168). A su vez, a fines de 1918 se llegó a un gigantesco fortalecimiento del movimiento obrero con la constitución de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), presidida por el dirigente de la FOCH, Carlos Alberto Martínez (quien años más tarde sería uno de los fundadores y senador del Partido Socialista) y cuyo vicepresidente fue el dirigente anarquista Moisés Montoya. Esta organización no sólo congregó a las diversas entidades obreras existentes (socialistas, demócratas, católicas y anarquistas) sino que también logró la adhesión inicial de algunas organizaciones de clase media, como estudiantes, profesores y empleados bancarios, e incluso organizaciones propias de los diversos partidos políticos. Ella tuvo sus raíces en las históricas luchas de sindicatos, mutuales y del Partido Demócrata de limitar las exportaciones de alimentos para lograr bajar los precios de la carne y cereales.

Así, una manifestación convocada por la FOCH y la AOAN para el 22 de noviembre congregó entre 60 mil y 100 mil personas según la prensa de la época, logrando incluso que, luego del pacífico desfile, el Presidente Sanfuentes y el ministro del Interior (el radical de su ala izquierda, Armando Quezada) escucharan durante media hora el contenido del petitorio, el cual fue leído por el secretario de la AOAN en La Moneda y que contenía duras críticas al gobierno y a la clase oligárquica (Ver Patricio De Diego Maestri, Luis Peña Rojas y Claudio Peralta Castillo.- La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: Un hito en la historia de Chile; Sociedad Chilena de Sociología, Santiago, 2002; pp. 231-6).

Tal fue el éxito que el Gobierno y el Parlamento, por primera vez en la historia, accedieron rápidamente a satisfacer legislativamente varias demandas obreras destinadas a disminuir los precios de los alimentos, incluyendo la creación de ferias libres en los distintos barrios de la capital. Por lo mismo, ya antes de la manifestación, “El Mercurio” había iniciado una campaña del terror el 14 de noviembre, señalando que “la aspiración a realizar las máximas reivindicaciones sociales significaba no sólo la revolución, sino la destrucción de todo lo existente”. Por cierto, esto respondía también a una sensación de temor ante el triunfo de la Revolución Bolchevique y su impacto en diversos países europeos. Por lo mismo, este temor fue compartido por intelectuales de la clase media como el diplomático y escritor, Emilio Rodríguez Mendoza, que rememoraba en 1929: “El temblor de vaga inquietud, producido por la guerra, llegó hasta nosotros (…) y un día de fines de 1918 desfilaron ante La Moneda y Portales todos los residuos acumulados por el odio y el arrabal. Eran el analfabetismo, la taberna, la raza olvidada, disminuida y detenida, la que pasaba, desgreñada y descamisada (…) La chusma pasaba fluvial y desbordada, inflamando aquella tarde estival con sus banderas llenas de insultos, avanzada inconsciente del bolcheviquismo” (Como si Fuera Ahora; Edit. Nascimento, Santiago, 1929; p. 321).

Dicha campaña del terror se incrementó luego que el 28 de noviembre la AOAN añadió a sus demandas “la introducción de impuestos a la propiedad y a los ingresos, comidas gratuitas para los niños escolares, leyes de salario mínimo, una campaña financiada nacionalmente contra el alcoholismo, como también otras reformas relativas a la exportación de alimentos” (DeShazo; p. 160). Y generó una ola represiva de los diversos poderes públicos. Así, la Corte Suprema envió a todos los jueces del país un comunicado público en que los instaba a instruir sumarios para perseguir los “delitos” de “reuniones tumultuosas en que se amenaza al orden social y la propiedad privada” (De Diego, Peña y Peralta; p. 99). Y el Gobierno  logró la aprobación parlamentaria de una ley que prohibió entrar al país a extranjeros que propagaran doctrinas o provocaran manifestaciones contrarias al orden establecido (Ver Brian Loveman y Elizabeth Lira.- Arquitectura Política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990; Edic. de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 2002; pp. 82-3). Dicha ley se aprobó con un apoyo casi unánime y sólo con la débil oposición de algunos parlamentarios demócratas.

Más aún, luego de nuevas manifestaciones exitosas de la AOAN y, con la única excepción del Partido Demócrata, el Congreso –a fines de enero de 1919- aprobó declarar el Estado de Sitio por 60 días por primera vez desde 1891 y con la conducción del ministro del Interior radical, Armando Quezada. Y arreció la represión, particularmente en Antofagasta y Puerto Natales. Así, en el norte fueron detenidos y relegados Recabarren y otros dirigentes demócratas y líderes obreros; y se clausuraron instituciones y destruyeron imprentas de diarios afines. Es más, el 8 de marzo, el ex director de La Nación de Antofagasta (cuya imprenta había sido destruida), Luis Mery y el presidente de los demócratas de Antofagasta, José Cordoba, informaban en La Opinión de Santiago, respecto de la represión sufrida en el norte desde fines de 1918, que “las tropas militares sembraron el terror en la Pampa y pueblos al interior de Antofagasta. Especialmente eran perseguidos los socialistas y demócratas (…) Bastaba que un administrador de oficina salitrera denunciara a un obrero como socialista, como demócrata o como agitador (…) para que las tropas militares se lanzaran sobre él y le atropellaran y flagelaran sin miramiento alguno” (De Diego, Peña y Peralta; p. 180). A su vez, en Puerto Natales, luego de una masiva huelga contra los estancieros que ejercían un dominio incontrarrestable sobre la población (Ver Carlos Vicuña.- La tiranía en Chile; Lom Edic., Santiago, 2002; p. 77), hubo fuertes enfrentamientos que dejaron 21 trabajadores y 5 carabineros muertos, y finalmente se desató una durísima represión del Ejército que incluyó torturas y muertes de trabajadores (Ver ibid.; pp. 78-9).

La misma efervescencia social y parálisis económica generaron un conato de golpe de Estado a fines de abril, promovido especialmente por una Junta Militar de oficiales de rango medio que “planteaban exigir legislación del Congreso para mejorar las condiciones de los trabajadores y parar el colapso económico” (Freferick Nunn.- The Military un chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 122), preocupados de responder a las demandas de cambios de la clase media y de que si no había un mejoramiento de las insoportables condiciones materiales de las clases populares hubiese una revolución social “maximalista” al estilo ruso.

Este intento -que todo indica que tuvo conexiones con Alessandri y otros dirigentes de la Alianza Liberal- fracasó y sus involucrados directos procesados. Y, precisamente, el tratamiento favorable que les dio Alessandri al asumir al año siguiente la Presidencia a aquellos (y particularmente a varios amigos suyos que recibieron altos cargos) ha sido considerado por diversos historiadores y analistas como la demostración más contundente de su involucramiento.

Sin embargo –y pese a que el 29 de agosto aún pudo convocar a una gran manifestación en Santiago- la AOAN se fue desgastando progresivamente y experimentando una pérdida de sus componentes de clase media e incluso de obreros (primero de católicos y luego de anarquistas), hasta que se disolvió en febrero de 1920. En todo caso, ello no significó un debilitamiento del movimiento obrero. De este modo, la FOCH se fue fortaleciendo a lo largo de 1919 y radicalizó sus demandas en su segundo Congreso efectuado en diciembre de 1919 al postular: “Conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo al régimen capitalista (…) que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias” (De Diego, Peña y Peralta; pp. 199-200).

Además, a fines de 1919 se creó una fuerte organización anarquista (Asociación Obrera de los Trabajadores Industriales del Mundo) vinculada a la Industrial Workers of the World (IWW), con sede en Estados Unidos; que declaró “que los enemigos de los trabajadores industriales del mundo son: el Capital, el Gobierno y el Clero. Contra ellos se dirigirá especialmente nuestra propaganda así en la calle, en el taller como en nuestras propias familias” (Fernando Ortiz Letelier.- El Movimiento Obrero en Chile 1891-1919; Edic. Michay, Madrid, 1985; p. 222) y que postuló “la destrucción del capitalismo y su reemplazo por una sociedad basada en sindicatos industriales agrupados en seis departamentos: agricultura, minería, transporte marítimo, transporte terrestre, manufactura y construcción, y servicios públicos” (DeShazo; p. 154). Y, notablemente, contó con un creciente apoyo de estudiantes universitarios y de la FECH, a través de su respaldo financiero; de artículos en la prensa de la clase trabajadora; del establecimiento de clínicas donde los trabajadores y sus familias recibían atención médica de bajo costo; de la defensa gratuita de líderes laborales arrestados; y de la creación de la Universidad Popular Lastarria. E incluso, varios presidentes de la FECH de la época fueron anarquistas declarados, como Alfredo Demaría y los futuros dirigentes socialistas Oscar Schnake y Eugenio González (Ver DeShazo; p. 158).

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La insatisfacción con la república parlamentarista oligárquica y el temor al emergente proletariado minero y urbano se extendió también a la oficialidad del poderoso ejército chileno. Los conflictos no resueltos con nuestros tres países vecinos llevaron al Estado chileno a fortalecerlo crecientemente luego del fin de la guerra del Pacífico. Y su oficialidad –a diferencia de la Armada- fue de origen de clase media lo que fue reforzado por la propia estructura burocrática-estatal del Ejército. Es más, se podría decir que “el crecimiento de la clase media (chilena) se realiza paralelamente al proceso de profesionalización del Ejército, y ambos tienen el mismo origen. No existe propiamente una invasión del ejército por la clase media; existe más bien la formación conjunta de una clase media y de un ejército profesional. Podría decirse que, entre 1891 y 1920, nace lentamente la clase media, como clase que tiene una fracción armada” (Alain Joxe.- Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile; Edit. Universitaria, Santiago, 1970; p. 52).

Y la profesionalización del Ejército tuvo un sello particularmente autoritario: el de su prusianización, luego de la derrota del ejército de corte más bien francés que abrumadoramente había apoyado a Balmaceda en la guerra civil de 1891. Así, el general prusiano, Emil Körner, fue el virtual creador de un nuevo ejército, junto con decenas de oficiales alemanes que estuvieron varios años en nuestro país. A su vez, entre 1895 y 1910 cerca de cincuenta oficiales chilenos fueron a estudiar a Europa, particularmente en Alemania (Ver Frederick Nunn.- The Military in chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 112). Se llegó incluso al extremo de copiar hasta los reglamentos y el uniforme del ejército alemán. En todo esto influyeron las excelentes relaciones económicas, políticas y culturales que tenía el Chile de la época con la Alemania del segundo imperio, consolidadas todavía más por el total apoyo mostrado por el país germano a nuestro país en la guerra del Pacífico.

Asimismo, el Estado imperial alemán –y obviamente su ejército- se distinguía por su lucha contra el socialismo y el anarquismo que se propagaban en la Europa de la época. Así, no sólo hubo una confluencia con la oligarquía chilena en cuanto a su vocación anexionista en lo externo, sino además en relación a la idea de reprimir el creciente malestar obrero frente a la brutal explotación de que era víctima, especialmente en las duras condiciones laborales de la minería, y sin ninguna ley social que le protegiera. En este contexto, Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900. Fue “seguido por Argentina un año después, Ecuador en 1905, Bolivia en 1907, Brasil en 1908 y Perú en 1912” (Patricio Quiroga y Carlos Maldonado.- El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas; Edic. Documentas, Santiago, 1988; p. 92). Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

Así, la “clase media militar” adquirió también –al igual que su contraparte civil- un profundo temor a los sectores populares. De este modo, en 1909, el teniente coronel, Guillermo Chaparro, sostenía: “Todos sabemos que el jornalero de nuestras grandes ciudades y el campesino se hayan contaminados con las ideas socialistas (…) jornaleros y campesinos son por lo general corrompidos y viciosos (…) A semejante elemento, hasta cierto punto refractario a las cosas militares, hay que dominarlo por la superioridad del carácter de la inteligencia” (Ibid.; p. 99).

Y, por otro lado, en la revista del Estado Mayor del Ejército, Memorial del Ejército de Chile (MECH) se postulaba una virtual militarización de la sociedad chilena: “El Ejército es la gran escuela educadora de nuestro pueblo y la verdadera base de la democracia ordenada, obediente y limpia”; “El pueblo en los cuarteles es la nación armada, es la fuerza, y naturalmente de hecho, reside en ella la real soberanía. Necesariamente el pueblo soberano, nombrando sus gobernantes por medio del sufragio e imponiendo su voluntad por medio de la fuerza armada que le da el Servicio Militar Obligatorio, tiene medios de resistir la tiranía y sofocar la revolución”; “El régimen militar (…) posee todo lo que educa: sentimientos de disciplina, repetición de actos que se fijan en la mente y se crean hábitos, sanciones ya materiales, ya morales y sobre todo uniformidad de métodos: se marcha de una sola manera, se saluda de una sola manera…” (Mariana Aylwin Oyarzún e Ignacia Alamos Varas.- Los militares en la época de don Arturo Alessandri Palma; en 7 ensayos sobre Arturo Alessandri Palma; ICHEH, Santiago, 1979; pp. 311-2).

Asimismo, como lo señala Genaro Arriagada, “es altamente ilustrativa la publicación en 1906 (en MECH) de un artículo de Gustave Le Bon, un militarista civil francés, firme partidario de las tesis del ‘darwinismo social’ y cuyo legado intelectual habría de servir de inspiración al movimiento fascista en los años 30. ‘¿Existe –se pregunta Le Bon- un medio de hacer hombres de este ejército de bachilleres y licenciados, impotentes, ridículos y nulos que la Universidad nos fabrica?’ Sí, existe, es su respuesta ‘y no hay más que uno. Consistiría en obligar a la totalidad de nuestros bachilleres y licenciados, sin excepción alguna, a prestar durante dos años el servicio militar’. Tal sería un medio que serviría, entre otras cosas, a ‘la regeneración de la raza francesa, degenerada por la Universidad’”. Además, según Arriagada, “para Le Bon la educación militar debía servir a un programa antisocialista pues el ejército era definido como ‘el último baluarte de una sociedad presa de las más profundas divisiones y pronta a disociarse según las aspiraciones de los socialistas’”. Y añade Arriagada que en 1913 la revista MECH publicó otro artículo de Le Bon donde se hacía una apología de la guerra señalando a esta como “portadora de grandes bienes, ‘desde luego la formación del alma nacional. Sólo las guerras crean y fijan esta alma’ y en la que dice que ‘sin el régimen militar obligatorio a que hoy día se encuentra sometida la población masculina de Europa, la anarquía, el socialismo y otros disolventes de la civilización moderna habrían progresado con paso de gigantes’” (El pensamiento político de los militares; CISEC, Santiago, s/f; pp. 97-8).

Reveladoramente, Arturo Alessandri ¡era también un declarado discípulo de Le Bon!, concretamente en el arte de seducir, engañar y manipular a las masas. En efecto, el filósofo de extrema derecha francés había desarrollado en su libro Sicología de las Multitudes la tesis de que “el conocimiento de la sicología de las multitudes es hoy el último recurso del hombre de Estado que quiere no gobernarlas (puesto que la cosa se ha hecho bien difícil) sino, al menos, no ser gobernado por ellas”. Y en una muestra de su absoluto desprecio por la democracia, agregaba: “Sólo profundizando algo la sicología de las muchedumbres es como se aprende la acción insignificante que las leyes y las instituciones tienen sobre ellas; cuán incapaces son de tener opiniones fuera de las que le son impuestas; que no se las conduce con reglas basadas sobre la equidad teórica pura, sino buscando aquello que pueda impresionarlas y reducirlas” (Edit. Albatros, Buenos Aires, 1958; p. 22).

De su análisis, Le Bon concluyó que “hay una ley sicológica de la unidad mental de las muchedumbres” que les da “una clase de alma colectiva que les hace pensar, sentir y obrar de una manera completamente diferente a aquella de cómo pensaría, sentiría u obraría cada uno de ellos (de los individuos que la conforman) aisladamente” (Ibid.; pp. 30-1). Además, de que “los sentimientos manifestados por una muchedumbre siempre presentan el doble carácter de ser simples y exagerados”, por lo que “sólo es impresionada por los sentimientos excesivos. El orador que quiere seducirla debe abusar de las afirmaciones violentas. Exagerar, afirmar, repetir” (Ibid.; pp. 54-6).

Así, para derrotar electoralmente a la izquierda propuso un verdadero plan de “seducción electoral de las masas” en el cual el candidato usara “expresiones análogas a la de infame, viles explotadores, el admirable obrero, la socialización de las riquezas, etc.”; y que al elector “hay que abrumarlo con lisonjas extravagantes y no vacilar en hacerle las promesas más fantásticas (…) El programa escrito del candidato no debe ser demasiado categórico para que no sirva de arma a sus adversarios: en cambio un programa verbal nunca pecará de demasiado extenso. Pueden ofrecerse sin temor las reformas más impactantes. Por lo pronto, estas exageraciones producen muy buen efecto y no comprometen para lo futuro. Se observa constantemente, en efecto, que el elector nunca se preocupa de saber hasta qué punto ha cumplido el elegido el programa proclamado y por el cual se supone que tuvo lugar la elección” (Ibid.; pp. 188-90).

Y en su campaña de 1920, Alessandri hizo “uso y abuso” de la demagogia recomendada por Le Bon. Célebres, en este sentido, se hicieron sus expresiones “mi querida chusma” y “la canalla dorada”. Sin embargo, la derecha más conservadora no comprendió el fin último -también conservador- de Alessandri. Sí lo hicieron los radicales latifundistas del sur (“de la vieja guardia”), según lo cuenta él mismo: “Ellos que me temían porque mis doctrinas sociales se hacían aparecer como subversivas, una vez que me escucharon, comprendieron que precisamente yo trataba de defender el orden público mediante la evolución requerida por los momentos históricos que vivía la humanidad” (Augusto Iglesias.- Alessandri, una etapa de la democracia en América; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1960; p. 344).

Para mayor confirmación, cuando Alessandri pasó su primer exilio en Francia (1924-25) Le Bon lo invitó a uno de sus almuerzos temáticos y le pidió que hiciese una exposición. En palabras de Alessandri, “deseaba especialmente que expusiera la aplicación que yo había dado en mi campaña electoral, de formidable renovación y progreso de las doctrinas de M. Le Bon, refiriéndome especialmente a las de su libro Sicología de las Multitudes. Cumplí la tarea encomendada en la mejor forma que pude y, al final, fui estrepitosamente aplaudido por los comensales que pasaban de treinta” (Recuerdos de gobierno, Tomo II; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 25); comensales que por cierto deben haber estado entre lo más granado de la intelectualidad fascista francesa de la época…

Y al finalizar Alessandri recuerda que “el Maestro, que así lo llamaban, me felicitó muy cordialmente y se manifestó profundamente complacido ante el inesperado éxito de este nuevo discípulo llegado de ultramar” (Ibid.; p. 26). Ciertamente que el hecho que la generalidad de la historiografía y de la educación chilena considere todavía a Alessandri como un paladín de la democracia, nos ilustra hasta qué punto conservan su fuerza nuestros mitos respecto de nuestra historia. ¡Cómo deducir que puede llegarse a una democracia a través de métodos tan engañosos de seducción y manipulación de masas! ¡Y con una finalidad de mantención esencial de un orden oligárquico! Todo esto sin contar siquiera la orden o convalidación de Alessandri de grandes o gigantescas masacres efectuadas por el Ejército o Carabineros en contra de obreros, campesinos, estudiantes o empleados como las de San Gregorio (1921), La Coruña (1925), Ranquil (1934) y del Seguro Obrero (1938)…

La constitución de 1925 fue impuesta por el ejército (I)

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Uno de los mitos más notables y persistentes acerca de nuestra historia es que la Constitución de 1925 tuvo un origen y un contenido impecablemente democráticos. Nada más lejano de la realidad. Es cierto que ella fue fruto de un genuino movimiento de una clase media emergente y de algunos sectores oligárquicos por ampliar los estrechos marcos de una república parlamentarista exclusivamente oligárquica que se había impuesto –como fruto de la victoria en la guerra civil de 1891- al régimen virtualmente monárquico existente en el siglo XIX. En definitiva, la Constitución de 1925 coronó una lucha de una clase media arribista que unida a los sectores más lúcidos de la oligarquía comprendieron que la mantención del régimen oligárquico no sólo era muy injusto socialmente y retardatario económicamente, sino que además constituía un grave peligro para la mantención del orden social que se vislumbraba crecientemente amenazado por un proletariado también emergente y contestatario. Más aún cuando en el mundo en general se cernía la amenazante sombra de la Revolución Bolchevique que postulaba su extensión mundial.

De allí que incluso en el pensamiento de los políticos e intelectuales de clase media más críticos de los privilegios de la oligarquía y de las extremas desigualdades sociales constatamos también un gran temor al proletariado y un fuerte afán de neutralizarlo social y políticamente. Así por ejemplo, el fundador de la corriente más de izquierda del Partido Radical, Valentín Letelier, expresaba ¡en 1896! que “ya es tiempo de reaccionar contra esta política egoísta (de liberalismo clásico) que obliga a los pobres a organizarse en las filas hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede explicar (…) que (…) se estén renovando las luchas de clases, fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”; y que “por su posición media entre las clases más egoístas y las más desvalidas, a mi juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la sociedad europea. Proveer a las necesidades de los desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar con el socialismo revolucionario, es hacer política científicamente conservadora” (Sergio Grez.- La “Cuestión Social” en Chile. Ideas y Debates Precursores (1804-1902); Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Santiago, 1995; pp. 434-5).

Y el también político e intelectual radical “de izquierda” (que fue diputado, senador, ministro, director de la SOFOFA y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María), Armando Quezada, planteaba en 1908 que “ha despertado en los obreros chilenos la conciencia de clase y el espíritu de cuerpo; se han asociado, han cambiado ideas y anhelos, se han creído víctimas de una explotación injusta; y ya no son escasos, en los centros más poblados, los cerebros exaltados y seducidos por los engañosos sueños socialistas” (La Cuestión Social en Chile; Universidad de Chile, 1908; pp. 19-20). Y con una visión muy negativa –e incluso racista- de las clases populares, agregaba: “La gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas: (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (Ibid.; p. 25). Y todo esto dicho justo después de la ocurrencia de las grandes masacres obreras de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907)…

Por otro lado, varios acerbos críticos de clase media de la oligarquía, mostraban también un profundo temor de los sectores populares, e incluso postulaban restringir el derecho a voto de los más incultos (léase, pobres…) o el sufragio censitario. Así, el profesor Alejandro Venegas (“Dr. Julio Valdés Cange”) planteaba en 1910, como solución para evitar el cohecho, “privar de derechos electorales a todo aquel que no compruebe tener por lo menos los conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, como al que haya sido condenado tres veces o más por ebrio y a todo aquel que no compruebe que gana honradamente su subsistencia” (Sinceridad. Chile íntimo en 1910; CESOC, Santiago, 1998; p. 272). Es decir, ¡haber privado de la calidad de ciudadano a gran parte de los sectores populares de la época! Y todavía más, Venegas postulaba como ideal el sufragio censitario: “Ahora bien, si se considera más democrático el sufragio universal, hágase extensivo este derecho a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres; pero establézcase el valor proporcional de cada voto, esto es, si la opinión de un analfabeto vale 1, que la de un artesano que ha hecho los cursos completos de una escuela primaria elemental valga por 3, que la de un industrial (trabajador) que ha recibido su título en un establecimiento de enseñanza especial se cuente por 5, que la del bachiller en humanidades se estime por 8, que la de un farmacéutico, dentista o arquitecto, valga por 10, que la de un médico, un abogado, un ingeniero o un profesor de estado pese por 15, que la de un profesor universitario equivalga a 20, que la de un diputado o senador influya por 30, y así de seguida” (Ibid.; pp. 272-3).

Por otro lado, el intelectual crítico, Tancredo Pinochet Le Brun, planteaba en 1917 que “la democracia no aspira al reparto igualitario de la riqueza en la sociedad. Aspira a poner a cada hombre en igualdad de condiciones para que libre su batalla por la vida” (Oligarquía y democracia; Casa editora Tancredo Pinochet, Santiago, 1917; p. 140); que “la democracia no es una cuestión de caridad, de sentimentalismo; tiene sus fundamentos en el propio egoísmo individual” (p. 142); “que hay más democracia en la legislación británica que ha restringido el voto al círculo de las personas adineradas y cultas, que en la legislación chilena que se lo concede a todo el que sabe garabatear su firma” (p. 154); y que “a primera vista podría parecer que un demócrata no debería, sin ir contra los propios principios de la democracia, pedir la restricción de la libertad electoral. Pero la verdad es que esta restricción hay que pedirla en defensa del mismo pueblo y pedir, al mismo tiempo, la educación primaria obligatoria, para que la libertad electoral de que disfrutamos sea una realidad enaltecedora y no una pantomima indecorosa y embrutecedora. Debemos pues restringir el derecho a voto, dejándoselo sólo a los ciudadanos conscientes que tiene el país” (p. 155).

Y el profesor Carlos Fernández Peña (en su prólogo al mencionado libro de Pinochet) señalaba: “Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral. Sin pretender llegar a exigir como requisito, como en la ley filipina, ocho años de estudios primarios y cuatro de secundarios, debería exigirse, a lo menos, los dos primeros ciclos primarios o preparatorios y el servicio militar para tener derecho a esto. En segundo lugar, además de los conocimientos, deberíamos adoptar, como en la ley italiana, la adquisición de cierto capital, industria o cultivo de la tierra, que son fuente de patriotismo y de independencia moral, tanto y muchas veces más que los simples conocimientos. Es indudable que la eugénica (sic) y la higiene del sufragio son los solos factores capaces de generar y de hacer funcionar un buen Gobierno, es decir, una organización democrática” (Ibid.; pp. XII-XIII).

Increíblemente, estas propuestas de intelectuales de clase media críticos de la oligarquía buscaban echar abajo ¡una conquista electoral de 1874 de los sectores populares!: la extensión –vía ley interpretativa de la Constitución- del derecho a voto a todos los varones que supiesen leer y escribir, terminando con el sufragio censitario establecido por la Constitución de 1833. Independiente de que en su momento ello no tuviese significación práctica -dada la manipulación total de los resultados electorales por parte de la Presidencia de la República- ello representaba un inmenso avance, en la medida que se “sanearan” las elecciones de aquella intervención presidencial, como siguió sucediendo hasta 1891; y del cohecho y el “acarreo” de los inquilinos de las haciendas, como sucedió a partir de esa fecha hasta 1958.

Notablemente, la abierta promoción del sufragio censitario, o de la lisa y llana restricción del derecho a voto ya reseñada, iba a coincidir con las propuestas de “El Mercurio” respecto de las disposiciones electorales a ser estipuladas en la Constitución de 1925: “Los constituyentes del 33 estuvieron, con su admirable sentido práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de las teorías igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor, porque carecen de dignidad y de verdadero interés en la cosa pública, tengan los mismos derechos electorales que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen el país a individuos que fueran a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet, pero no al soviet dirigido por intelectuales, sino a otro de simples agitadores, sin Dios ni ley. ¿Quiere decir lo anterior que es necesario aceptar el cohecho? De ninguna manera. Es ese un vicio político vergonzoso, deprimente, y que obliga a los partidos a llevar al Congreso, no a sus mejores hombres, sino a los que tienen dinero para afrontar las luchas electorales. Es muy difícil quitar a la gente lo que ya se le ha dado, porque ésta considera semejante cosa un despojo. Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importante, el que contribuye a la riqueza pública, pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familia numerosas que dan también al país la riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…) Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos, no queda otro arbitrio que el del voto plural, cuyas ventajas hemos insinuado. Ha dado en otros países resultados espléndidos y sería de esperar que también los diera en Chile” (“El Mercurio”; 8-6-1925).

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Ciertamente que el triunfo comunista en las elecciones primarias presidenciales de los partidos gobiernistas no sólo ha sido sorprendente en nuestro país, sino mucho más todavía en el exterior, ya que los partidos comunistas han ido desapareciendo en todo el mundo como fuerzas políticas de relevancia. De por sí este extraño evento nos podría incentivar a que adquiramos un mayor conocimiento de nosotros mismos y de nuestra historia, y de promover que en el mundo en general también se nos conozca mejor. Seguramente por ser virtualmente una isla en el último rincón del mundo, combinada con la particular habilidad que han tenido nuestras elites de edulcorar muy bien nuestras realidades -tanto para nosotros mismos como para el exterior-, hemos llegado a ser un país especialmente desconocido.

Así, nos presentamos como un país históricamente democrático, en contraste con la generalidad de los países latinoamericanos. Pero ello lo podemos hacer porque nuestras formalidades han ocultado muy bien nuestro fondo. De partida, desde la Independencia hasta la guerra civil de 1891, Chile se constituyó como una virtual monarquía absoluta rotativa, con ropaje republicano, en que el sistema electoral estaba completamente controlado por el Presidente quien de hecho designaba al Congreso, al Poder Judicial y a su sucesor.

Luego tuvimos una república parlamentarista exclusivamente oligárquica sumamente represiva del emergente proletariado minero y urbano; la que en 1925 se amplió a los sectores medios en base a un presidencialismo autoritario que –junto con impulsar una política de industrialización, vía sustitución de importaciones- mantuvo una sistemática represión de los sectores populares la que culminó, entre 1948 y 1958, con la ilegalización del Partido Comunista (PC) y severas restricciones al movimiento sindical, además de la mantención del campesinado como virtuales siervos de los patrones latifundistas. Y con un sistema electoral –desde 1891- que distorsionaba profundamente la voluntad popular a través del cohecho urbano y del “acarreo” de los inquilinos en el campo; lo que se hacía posible con cédulas electorales fabricadas por cada partido y una cultura popular todavía muy sometida. La derogación en 1958 de aquellas leyes restrictivas y el establecimiento de una cédula única nos permitieron, por primera vez, tener un efectivo sistema democrático.

Pero, desgraciadamente, pese a que dicho sistema logró en poco tiempo profundos cambios económicos y sociales (como el fin del latifundio y la nacionalización del cobre); la fratricida división del centro y la izquierda política (que en 1965 habían logrado ¡138 diputados, contra 9 de la derecha!) hizo posible -como es universalmente sabido- que a través del golpe militar de 1973 la derecha refundara nuestro país sobre la base de un neoliberalismo extremo que le entregó virtualmente un poder irrestricto en la sociedad a algunas decenas de grandes grupos económicos.

El hecho –casi totalmente desconocido hasta ahora- es que luego de haber derrotado a Pinochet en el plebiscito de 1988, y triunfado en las elecciones presidenciales de 1989, el liderazgo de la centro-izquierda (la “Concertación”) procedió a encabezar la “democracia” proyectada en la Constitución impuesta por la dictadura en 1980 (concordando algunos cambios de ella con la derecha); y a legitimar, consolidar y profundizar el modelo neoliberal impuesto por aquella. Para ello le regaló primero solapadamente a la derecha –en plena dictadura, y a través de una reforma constitucional concordada con aquella en 1989 y que cambió los quórums necesarios para aprobar las leyes- la futura mayoría parlamentaria, para poder disculparse ante sus bases de no poder hacer las reformas prometidas, ¡y en las que inconfesablemente ya no creía!… Y, luego, a través del también solapado exterminio de la prensa de centro-izquierda -efectuado fundamentalmente por medio de una silenciosa discriminación del avisaje estatal-, para que nadie pudiera desengañar a la población informándole que dicho liderazgo ya no era de centro-izquierda…

Lo anterior explica perfectamente por qué luego de haberse elegido, desde 1990, seis gobiernos pretendidamente de centro-izquierda, se mantuvo y consolidó el modelo neoliberal impuesto por la dictadura con su conjunto de instituciones económicas, sociales y culturales. Y por qué los partidos políticos que han sustentado dichos gobiernos pudieron seguir engañando exitosamente a la sociedad chilena -¡y al mundo en general!- respecto a la continuidad de su “centro-izquierdismo”.

La comprobación más rotunda de todo lo anterior lo han proporcionado varios testimonios de políticos, economistas, empresarios e intelectuales de derecha –chilenos y extranjeros- en diversos medios de comunicación. Y particularmente respecto del gobierno del “socialista” Ricardo Lagos (2000-2006) al que primero le tuvieron cierto miedo y de cuya extrema derechización se sintieron completamente entusiasmados. Así, por ejemplo, tenemos las expresiones del entonces presidente de la principal organización de los grandes empresarios del país (Confederación de la Producción y del Comercio), Hernán Somerville, quien señaló a fines de su Gobierno que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico), como acá (en Chile), porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (“La Segunda”; 14-10-2005).

O los dichos del economista y dirigente empresarial, César Barros: “Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo ‘El Príncipe’ (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles’” ya que “los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” (“La Tercera”; 11-3-2006). O los del político de la UDI, Herman Chadwick: “El Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos” (“El Mercurio”; 21-3-2006).

Y, en términos más generales, los del empresario Fernando Boher: Los gobiernos socialistas (…) sólo han tenido el nombre de socialista, pero la forma de gobierno ha sido absolutamente de economía de mercado, abierta, de globalización completa, con tratados de libre comercio con Europa, Estados Unidos, Corea, etc. En eso lo han hecho espectacular y yo no puedo estar en contra” (“La Segunda”; 1-2-2006). Y los del cientista político de derecha (RN), Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (“La Nación”; 16-4-2006).

Y, en el ámbito internacional, tenemos al adlátere de Milton Friedman en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, quien señaló en 2007 “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (“El País”, España; 14-3-2007). Y el propio Harberger, en visita a Chile en 2010, elogió totalmente a los sucesivos gobiernos de la Concertación: “Yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo (…) y eso ha seguido hasta hoy día” (“El Mercurio”; 19-12-2010).

Y el año pasado tuvimos nada menos que al ultraderechista presidente argentino Javier Milei, quien al visitar nuestro país declaró: “Para nosotros Chile ha sido un claro ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo. Tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable que ha perdurado pese a los cambios de signo político en el país”. Y agregó que “estos valores le permiten a Chile abandonar el atraso y caminar hacia un modelo de prosperidad. Nosotros también hemos finalmente cambiado y también creemos en esos valores” (“El Mercurio”; 9-8-2024)…

Los años no pasan en vano, y los graves y persistentes efectos que ha tenido el modelo neoliberal extremo, particularmente en la situación de salud y seguridad social de la mayoría de la población, explican el grado de desilusión creciente que ha afectado a los partidos históricos de la autodenominada centro-izquierda. Así, el Partido Radical (PR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que otrora fueron sucesivamente los principales partidos de nuestro país, hoy son totalmente irrelevantes. A su vez, los partidos del hoy llamado socialismo democrático -el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)- con los resultados recientes de las primarias han quedado por tercera vez (luego de 2013) sin candidato presidencial y han sido derrotados por un amplio margen por la candidata comunista: 60% a 28%. Y el candidato del partido del presidente Boric (Frente Amplio) obtuvo un desastroso resultado: 123.913, ¡menos del 10% de los votos! Es decir, ¡un 88% menos de lo que el mismo Boric había obtenido en primarias hace cuatro años (1.058.027)!

Sin embargo, pese a lo sorprendente de los resultados, no se avizora en el futuro previsible una sustitución del modelo económico-social vigente. De partida, todas las encuestas señalan que la suma de los diversos candidatos de derecha sigue siendo bastante superior a la de la candidata comunista, Jeannette Jara. Además, que más que un gran triunfo del PC, fue un gran fracaso de los partidos históricos de la “centro-izquierda”; ya que su candidata obtuvo sólo un 16% más de votos (826.417) que en la primaria de hace cuatro años en que compitiendo solo con el candidato del Frente Amplio (Boric), el PC obtuvo 692.862 votos. Y esos 826 mil votos representan el mismo 5% del electorado que el PC ha obtenido desde hace tiempo -más o menos- en las elecciones nacionales. Y porcentaje que en las elecciones municipales del año pasado le significaron la elección de solo 3 alcaldes de 345, es decir, ¡menos del 1%!…

Además, que el PC ha formado parte de los últimos dos gobiernos de la “centro-izquierda” habiéndose sumado, en la práctica, a sus políticas continuistas. Incluso su candidata (Jeannette Jara) fue ministra del Trabajo de Boric, y en tal calidad fue la protagonista de una pequeña reforma –discutida por muchos años- del sistema de “seguridad social” de capitalización individual impuesto por Pinochet (AFP) que, junto con quitarle algunos de sus aspectos más gravosos, se ha percibido como una consolidación del sistema en el futuro previsible. Y las propuestas presentadas por Jara en su campaña no plantearon en absoluto la idea de sustituir el modelo neoliberal vigente.

Sólo la implementación de políticas de ampliación de la “demanda interna” de bienes y servicios. Además, que aunque ganase y quisiese hacer cambios fundamentales, dependería para ello del conjunto de su coalición, es decir, de sus aliados “centro-izquierdistas”…

Pero, de todas formas, la expresión de claro rechazo -¡luego de tantos años!- del grueso de nuestra población de la gestión neoliberal de los partidos históricos de la Concertación (PDC, PR, PS y PPD); y del candidato más continuista del actual gobierno (el del Frente Amplio); indican que las bases mayoritarias de centro-izquierda están cada vez más desengañadas con todos ellos, y que finalmente empezarán a buscar otras representaciones políticas que quieran deshacerse de un modelo económico que genera una gran desigualdad en la distribución del ingreso y graves carencias para los sectores populares, especialmente respecto de la salud y la previsión social.

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16 de mayo de 2025

En junio próximo se cumple el centenario de uno de los mayores crímenes masivos de nuestra historia los cuales permanecen todavía desconocidos para la generalidad de los chilenos. Se trata de varias matanzas efectuadas por el Ejército  en diversas oficinas salitreras de la provincia de Tarapacá a comienzos de junio de 1925. Ellas se efectuaron durante el primer gobierno de Arturo Alessandri, una vez que volvió de su primer exilio y cuando -entre marzo y septiembre de ese año rigió como virtual dictador, sin Congreso Nacional.

Ellas se hicieron en el contexto de una creciente represión a los sectores populares, que se habían “empoderado” con el colapso que estaba experimentando la república exclusivamente oligárquica que se había establecido en Chile luego de la guerra civil de 1891. Particularmente, se había producido un fuerte conflicto social en el Norte Grande, como producto de la resistencia patronal a que los trabajadores se organizaran en sindicatos -en conformidad a las nuevas leyes sindicales y laborales de 1924- y de una ola de huelgas obreras que azotaban la región.

En concreto, luego de confusos choques entre obreros salitreros, policías y administradores, en que resultaron muertos dos policías y un jefe de pulpería, los trabajadores se tomaron nueve oficinas salitreras. El Gobierno mandó al Ejército que efectuó una represión inmisericorde con cañones y ametralladoras, siendo la más bombardeada la Oficina La Coruña. Según Carlos Charlín (Del avión rojo a la República Socialista), “las matanzas de obreros en La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror. Se hizo derroche sanguinario de lo que denominaban ‘medidas de escarmiento para rotos alzados’. En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros”. Además, de acuerdo a Gonzalo Vial (Historia de Chile; Tomo III), luego de los bombardeos vino “una severísima represión, que dio origen a un término siniestro…, el ´palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo -cuando alcanzado por el tiro le daban el aspecto de una paloma en vuelo”. Y Carlos Vicuña Fuentes (La Tiranía en Chile) señaló que “los tenientes y capitanes, por saña y placer, fusilaron a mansalva hombres, mujeres y niños, en grupos, al montón, y después aisladamente a todo aquel a quien los pulperos señalaban como subversivo o rezongón. No dieron cuartel, no recogieron heridos, no perdonaron la vida a nadie, el que huía por las calicheras era alcanzado por las balas. A muchos infelices los hacían cavar sus propias fosas y los fusilaban enseguida, sin piedad alguna”.

¿Cuántas personas fueron asesinadas? Nunca se sabrá, porque el gobierno y la “Justicia” convalidaron esas horrendas masacres y no efectuaron ninguna investigación. Peter DeShazo (Urban Workers and Labor Unions in Chile  1902-1927) señala que “los diplomáticos británicos estimaron que entre 600 a 800 trabajadores fueron muertos  en la masacre, mientras que el Ejército no sufrió bajas”. Gonzalo Vial dice que “la prensa popular habló de 2.000”.  Carlos Vicuña escribió que “todas las voces hacían subir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos”. Ricardo Donoso (Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile; Tomo I) habló de “pavorosa matanza” de “centenares de muertos y heridos”. Julio César Jobet (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile) sostiene que “los que estuvieron en aquella zona y conocieron  las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman  en más de 3.000 el número de víctimas”. Brian Loveman (Chile. The legacy of Hispanic Capitalism) los cifra en 1.200. Y Simon Collier y William F. Sater (A History of Chile, 1808-1994) hablan de una “salvaje masacre” de “centenares”  de obreros salitreros.

En cualquier caso, es seguro que en conjunto constituyen, por poco, la segunda peor masacre puntual de nuestra historia, después de la de Iquique; y que alcanza también el triste registro de ser una de las peores matanzas de la humanidad en tiempo de paz. Y al igual que en las matanzas obreras previas del siglo XX, el Gobierno, la oligarquía y los sectores medios las justificaron plenamente. Alessandri y su ministro “de Guerra”, Carlos Ibáñez, le enviaron a su ejecutor, el general Florentino de la Guarda, sendos telegramas de felicitación. Así, el primero transcribió: “Agradezco a US., a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos” (El Mercurio; 9-6-1925). Y el segundo congratuló a de la Guarda, “felicitando a US. Y a sus tropas por el éxito de las medidas y rápido restablecimiento orden público. Lamento la desgracia de tanto ciudadano, sin duda, gran parte inocentes. Espero continúe su obra, aplicando castigo máximo a cabecillas revuelta y aproveche ley marcial para sanear provincia de vicios, alcoholismo y juego principalmente” (El Mercurio; 8-6-1925).

A su vez, El Mercurio las justificó como producto “de la necia agitación comunista provocada en esa región hace pocos días” (10-6-1925). Y La Nación llegó al extremo de señalar a propósito de ellas que “es esta precisamente la más  noble misión del ejército: asegurar la paz y la tranquilidad en el interior, porque a su sombra todos se encuentran garantidos y todos pueden ejercitar libremente sus derechos. Es su misión y es su deber” (11-6-1925). Pero sin duda que lo que más impacta son las expresiones de un escritor e intelectual crítico y de izquierda de la época, como  Joaquín Edwards Bello, al decir que “es lamentable de todo punto que el Ejército se haya visto obligado a dar una  lección práctica de artillería con sus propios hermanos (…) Nadie, nadie que tenga conciencia podrá reprobar la actitud del Ejército. Se trata de un intento subversivo que nada justificó, porque actualmente tenemos el gobierno más sensible al pueblo. Ha surgido (…) un Ministerio de Higiene y Previsión Social, único en el mundo, y que podría ser imitado en Italia, España o Inglaterra. Está empeñado nuestro gobierno en darnos Constitución nueva, que consulte las aspiraciones de la mayoría (…) En todos los aspectos de nuestra vida se nota el ascenso al bienestar, la marcha a una renovación benéfica, cuando un grupo de ilusos predicadores ha lanzado a algunos obreros del norte por los caminos del desorden por el desorden (…) Sea esta sangre anunciadora de una nueva era de autoridad. Un Gobierno eficiente en todo sentido, debe ser el árbitro de las dificultades de los obreros. En Rusia, en pleno régimen comunista, el Gobierno se reserva el derecho soberano de dirigir al pueblo. Las huelgas han desaparecido del antiguo imperio de los zares” (La Nación; 10-6-1925).

Dada las dimensiones de estas matanzas, es casi increíble cómo hasta hoy han podido ser tan desconocidas. Por cierto, a ello contribuyeron muchos actores relevantes del período que en sus escritos y autobiografías las silenciaron completamente. Fueron los casos, por ejemplo, del general y comandante en jefe del Ejército del período, Mariano Navarrete (Mi actuación en las Revoluciones de 1924 y 1925); del destacado líder radical, Alberto Cabero (Chile y los chilenos); del presidente de la Junta de Gobierno de enero de 1925 que solicitó la vuelta de Alessandri, Emilio Bello Codesido (Recuerdos políticos. La Junta de Gobierno de 1925); y del secretario de Alessandri, y posterior diputado y ministro de Aguirre Cerda e Ibáñez, Arturo Olavarría Bravo (Chile entre dos Alessandri).

Pero sin duda que lo que más ha determinado su desconocimiento ha sido su omisión en el sistema escolar; y el impactante silencio total respecto de dichas matanzas efectuada por numerosos historiadores contemporáneos de las más diversas tendencias. Así, no vemos ninguna referencia de ellas en el Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, de Mario Góngora; en Chile en el siglo XX de Mariana Aylwin, Carlos Bascuñán, Sofía Correa, Cristián Gazmuri, Sol Serrano y Matías Tagle; y en Historia del siglo XX chileno de Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña.  Y, por cierto, este desconocimiento distorsiona profundamente la comprensión efectiva de nuestro siglo XX, tanto respecto de su más trascendente líder civil, Arturo Alessandri, como de la significación de su obra más relevante: la Constitución de 1925. Así, pasamos completamente por alto su mayor matanza; unido a la escasa relevancia que se le da a la masacre de San Gregorio (1921); al escamoteo del hecho de que la matanza de Ranquil (1934) significó la primera aplicación masiva en nuestro país (centenares de personas) de la desaparición forzada de personas; y a que muchas veces se ignora que él personalmente ordenó la masacre del Seguro Obrero en 1938.

Por otro lado, al ignorar totalmente las masacres de Tarapacá, efectuadas en el mismo momento en que Alessandri elaboraba la Constitución con un pequeño grupo de personas designado por él mismo; estamos sumando otro elemento clave que nos impide percibir el carácter esencialmente autoritario de la elaboración y aprobación de la Constitución de 1925: el de su imposición en un contexto ferozmente represivo. Porque a la ignorancia de esos horrendos crímenes que culminan varios meses de fuerte ejercicio de un poder dictatorial (sin Congreso y a través de decretos-leyes); hay que agregar que conocemos muy poco el hecho que Alessandri no cumplió su compromiso (y de la oficialidad revolucionaria de 1924-25) de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Que también desconocemos totalmente que frente al malestar creciente que su texto autoritario-presidencialista suscitó en la gran comisión  de 120 personas (¡también designadas por él!), logró que el general Navarrete amenazara explícita y exitosamente a  la comisión con un nuevo (tercero en un año) golpe de Estado si no lo aprobaban inmediatamente. Y, por último, desconocemos que el plebiscito ratificatorio de dicha Constitución fue hecho vulnerando requisitos esenciales de una elección libre: Con la disolución policial de manifestaciones opositoras al texto así aprobado; con el voto virtualmente público, ya que cada opción se hacía con cédulas de colores distintos; con el consiguiente llamado a la abstención de varios e importantes partidos políticos (conservadores, radicales y comunistas); y con el hecho de que finalmente votaron bastante menos de las personas inscritas en los registros electorales (44,9%); y de que éstas, el 93,9% votó a favor del texto alessandrista, es decir, solo el 42,18% de los ciudadanos.

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Acerca de la Masacre de Coruña

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Es cierto que desde hace mucho tiempo ya no llama la atención la total subordinación fáctica de nuestra “centro-izquierda” a la derecha en el ámbito político y económico-social. Desde el ya lejano regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por el liderazgo concertacionista a la derecha en 1989 y de sus políticas que llevaron a la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura y al exterminio de todos los medios escritos de centro-izquierda bajo los sucesivos  gobiernos de la Concertación; hasta el actual regalo de la mitad del litio hecho a Ponce Lerou hasta 2060 o de cerca de mil millones de dólares a las Isapres, perdonándoles –entre Gobierno y Congreso- las exacciones ilegales efectuadas durante muchos años a sus cotizantes.

Sin embargo, ahora esta subordinación se ha extendido también a la consideración de personajes históricos como Manuel Baquedano. Así, la postura de hacer volver su figura a la Plaza Italia, entusiastamente planteada por el candidato Orrego (Francisco) de la derecha; ha sido también replicada por el otro candidato Orrego (Claudio) de la “centro-izquierda”. Frente a esta nueva conjunción valórica, valdría la pena repetirse la pregunta que se hizo nuestro ilustre compatriota Vicente Pérez Rosales en 1882, cuando publicó su clásico Recuerdos del pasado: “¿Qué razón tendrá la humanidad para erigir estatuas a los seres que se adiestran en hacer y usar máquinas para acortar la vida, y no a aquellos que se desvelan en hacerlas para prolongarla?” (Pomaire, Barcelona, s/f; p. 190).

Más todavía cuando sería renovar una actitud abiertamente inamistosa hacia Perú ya que Baquedano  fue el general que encabezó las cruentas batallas de Chorrillos y Miraflores por las que el ejército  chileno logró derrotar a Perú y ocupar Lima desde 1881 hasta 1883. Es evidente también que los  chilenos siempre hemos tenido una dificultad enorme para seguir la máxima evangélica de tratar a los  demás como se desea que lo traten a uno (“Entonces, todo lo que ustedes desearían de los demás,  háganlo con ellos”); o, para decirlo en términos más seculares, en ponernos simplemente en el lugar  del otro. Es cosa de revisar cómo hemos maltratado horriblemente a nuestros pueblos originarios.

En este sentido podríamos hacer el esfuerzo de imaginarnos cuál sería nuestro sentimiento hacia los peruanos si estos hubieran ganado la guerra del Pacífico y ocupado varios años Santiago. Y que si, posteriormente, el general que hubiera comandado el ejército triunfante habría terminado en una estatua -erigida desde 1928- realzando la plaza más famosa de Lima en conjunto con su Plaza de  Armas…

Es cierto también que esto se ha dado en un contexto nacional más general. Esto se constata, por ejemplo, en los énfasis con que conmemoramos todos los años el 21 de mayo, la toma del Morro de  Arica y la batalla de La Concepción. Prácticamente seguimos a este respecto comportándonos con una mentalidad decimonónica. Y para situarnos comparativamente, estamos ciertamente a “años luz” de distancia de cómo se comportan amistosamente entre sí franceses y alemanes luego de que   mucho después –en pleno siglo XX- procedieron a matarse por millones en dos guerras mundiales…

Peor aún estamos respecto de Bolivia con quien todavía no podemos solucionar efectivamente nuestras diferencias de una forma mutuamente aceptable, eternizando así una profunda enemistad. Sentimiento que se palpa de modo recurrente, como lo hemos experimentado en los últimos años  con ocasión del éxodo venezolano y de la ausencia total de voluntad del gobierno boliviano en  cooperar con el nuestro para aminorar lo más posible el gravísimo problema migratorio que sufrimos  en el norte grande y que afecta tan sensible y crecientemente nuestra seguridad pública a lo largo de todo el país.

Y evidentemente también en nuestro caso se ha cumplido el aserto de que cuando uno tiene tres vecinos y está mal con dos de ellos, el tercero tiene una gran ventaja sobre uno, ¡aunque no lo  quiera!…

Entonces, podríamos esperar de los dos Orrego algo más de sabiduría pensando en el futuro…

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Ha sido muy común en quienes ejercen (o han ejercido) el poder en muchas partes del mundo el tratar de confundir lo que constituye una verdad actual o histórica con lo que estipula una sentencia o verdad judicial. O dicho en otros términos, conferirle a una sentencia judicial un carácter innegable. Y, por otro lado, buscar invalidar un juicio actual o histórico condenatorio de personas porque no ha habido sentencias judiciales al respecto. Lo primero, respecto de personas que han sido condenadas por tribunales, especialmente en el caso de opositores en situaciones de dictadura. Y lo segundo particularmente respecto de gobernantes, policías o militares que han aplicado con el mayor secreto posible crímenes atroces (desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas) en contra de muchos de los ciudadanos que han estado bajo su poder.

Al hacerlo, incurren en claras falacias. De partida, en cuanto a las condenas de personas inocentes, porque “olvidan” que muchas de ellas lo han sido por poderes judiciales controlados o presionados por dictaduras o regímenes autoritarios; y donde muchas veces se han obtenido confesiones por torturas o, en términos generales, se han violado las reglas elementales del debido proceso. Y respecto de las declaraciones de inocencia de personas en sentencias judiciales, “olvidan” que estas requieren de una especial seguridad de que la atribución de responsabilidades personales por crímenes establecidos en ella estén más allá de toda duda razonable, ya que sus consecuencias pueden irrogar el castigo de una o de varias personas a penas pecuniarias o de perder la libertad personal por muchos años. Por lo mismo sus estándares son mucho más exigentes. Dicho de otro modo, una persona puede salir exculpada de un proceso judicial, aunque exista una razonable conclusión de su culpabilidad para los contemporáneos y para la historia.

Todo lo anterior se refuerza por el hecho de que una sentencia constituye también un acto político en el amplio sentido de la expresión. El poder judicial -en conjunto con el ejecutivo y el legislativo- constituye uno de los poderes políticos que configura un Estado. Y como todo acto político, está sujeto a sus vicisitudes. Puede que una sentencia se aparte de la justicia por temor a otro poder; por prevaricación; por querer “hacer carrera”; por prejuicios sociales, políticos o religiosos; por amiguismo; por incapacidad o negligencia; o por cualquier causa que genere una voluntad torcida del juez en favorecer o perjudicar a alguien. Además, como todo ser humano, el juez puede simplemente equivocarse y expedir una sentencia errónea, no basada en una acertada percepción y comprensión de los hechos; ya sea condenando a un inocente, o dejando libre a un culpable. O -como ya fue señalado- que el juez, aplicando la máxima diligencia y justicia, no llegue a tener los suficientes elementos de prueba necesarios para concluir en la responsabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable.

Por otro lado, hay ocasiones en que sencillamente quien ha cometido delito nunca es llevado a juicio; ya sea porque

ha concentrado todo el poder en sus manos hasta su muerte; porque se ha fugado exitosamente evitando su captura; o simplemente porque nunca se le han conocido sus actos delictuales. Particularmente corriente -y de consecuencias morales y políticas funestas- ha sido el gran número de criminales que han conducido Estados, ejércitos o policías a lo largo de la historia, y cuyas atrocidades han quedado en total impunidad. Entre los casos más conocidos de grandes criminales del siglo XX están los de Hitler, Stalin, Franco y Pinochet. El primero se escabulló de la justicia por haberse suicidado antes de ser capturado. Stalin y Franco por haber muerto concentrando todo el poder. Y Pinochet, debido a las exitosas presiones de los gobiernos chilenos posteriores a su dictadura -hacia el gobierno británico primero y después a los tribunales nacionales de justicia- para lograr su impunidad.

Pero generalmente quienes han escapado de la justicia han sido las legiones de asesinos y torturadores que han integrado regímenes genocidas y/o participado en guerras civiles o que han integrado fuerzas de ocupación en el contexto de guerras internacionales. Por la extensión de sus crímenes -millones de personas- llaman la atención en este sentido los militares y policías de los regímenes nazi y soviético.

Por cierto, el registro histórico de las atrocidades cometidas y sus obvias responsabilidades personales no requieren de un tribunal de justicia que las confirme, para quedar como verdades históricas aceptadas. Evidentemente que también siempre habrá personas –e incluso intelectuales- que por fanatismo ideológico u otra razón negarán o minimizaran dichas culpas. ¡Incluso ha habido historiadores que han llegado al extremo de negar la existencia del Holocausto! Es lo que se ha denominado últimamente como “negacionismo”, pero que en realidad ha existido desde siempre. Además que después de períodos o episodios traumáticos en la vida de los pueblos, existe una propensión general a mayores o menores grados de “amnesia” (análoga a la que sufren las personas) que incluso pueden durar muchos años.

Lo anterior pasó por ejemplo en la propia Alemania Federal, en que recién en 1963 los tribunales alemanes juzgaron a criminales de guerra nazis; y en que la generalidad de los alemanes “olvidó” su fervoroso compromiso con el nazismo. O en Francia, en que solo en la década del 70 comenzó a analizarse a fondo el colaboracionismo de grandes segmentos de la sociedad francesa bajo el régimen de Vichy. Por otro lado, también hay personas que por tener una mentalidad autoritaria privilegian siempre las acciones de los poderes públicos; en este caso la existencia o no de veredictos judiciales respecto del caso. Y, sin tener necesariamente un sesgo ideológico, no adscribirán a una verdad histórica que no esté “respaldada” por los tribunales.

Lo importante es tener claridad sobre los alcances y limitaciones de las sentencias judiciales y que así como no todas ellas se ajustan necesariamente a la verdad; especialmente es cierto que muchos delincuentes escapan totalmente a la acción del Poder Judicial y pueden presentarse ante la sociedad como personas completamente “inocentes”. Esto último es particularmente desmoralizador cuando -por falta de voluntad, negligencia o, peor aún, por una voluntad expresa en ese sentido- se consagra la impunidad de delitos atroces, como los crímenes contra la humanidad, efectuados desde el poder político; y los abusos sexuales de menores en los que también se utiliza de forma agravada la autoridad. Y todavía más -a este respecto- cuando los autores abusan de su autoridad familiar o religiosa.

Además, al identificarse la verdad histórica con la judicial, se tiende a confundir también la ética con el derecho.

Porque pasa a considerarse que si no hay una culpabilidad estipulada por los tribunales respecto de personas acusadas por delitos, ellos pasan a ser también completamente inocentes. Y lo mismo con personas que aunque ni siquiera se los acuse de delitos específicos, hayan sido (o sean) parte de organizaciones estatales criminales, como quienes trabajaron en policías secretas de dictaduras o hayan sido informantes de ellas. Por este camino se llega incluso a plantear que como no tuvieron responsabilidades judiciales tampoco tuvieron responsabilidad moral alguna en el desempeño de sus funciones; y se los considera plenamente habilitados para funciones públicas y para ser considerados intachables como cualquier otra persona común y corriente.

Por su parte, la verdad histórica puede definirse como un cierto consenso sobre lo ocurrido en el pasado basado en múltiples testimonios –fundamentalmente escritos- coincidentes. Por cierto, aquello se referirá en general a hechos objetivos; ya que las motivaciones subjetivas de los actores involucrados permanecerán siempre más o menos hipotéticos, incluso aunque perduren escritos de aquellos mismos sobre el particular. De partida, la memoria siempre es frágil; pero además cuando se trata de autobiografías -aunque sean obras hechas con la mayor honestidad posible- es natural que se recuerden los hechos en que uno se ha visto involucrado a la luz más benévola posible, máxime cuando se trata de líderes cuyas decisiones han tenido impactos muy polémicos en el devenir de sus sociedades.

Por ello la verdad histórica es una compleja elaboración colectiva en que se van complementando los descubrimientos y registros de múltiples historiadores y de estudiosos de otras disciplinas. En este sentido, pese a que ciertamente se van constituyendo un conjunto de estructuras, episodios y relaciones humanas pasadas indudables, surgen siempre complementos que van enriqueciendo dicha verdad, e incluso a veces, descubrimientos que ponen en cuestión aspectos que han sido tradicional y universalmente aceptados.

Pero además, dada la relevancia política de la conciencia histórica de los pueblos, es muy importante tener en cuenta que las “verdades históricas” aceptadas –como ya insinuamos- se encuentran por lo general sumamente distorsionadas por los esfuerzos oficiales de los sectores dirigentes de las sociedades por lograr que –sobre todo en la educación escolar- se enseñe una “historia” muy benévola respecto de ellos y sus predecesores. Y muy sesgada en favor de la propia nación a la hora de considerar las relaciones con las naciones vecinas o con otras con las que se han tenido profundas divergencias. Es lo que recibe el apelativo de “historia oficial”. Y obviamente, en las materias relativas a crímenes históricos realizados desde el Estado, es claro que esta “historia” congenia mucho más con la verdad judicial que con la verdad histórica.

Las distorsiones históricas se presentan generalmente a través de la minimización o del total (y solapado) ocultamiento de hechos o procesos históricos cuyo conocimiento iría en desmedro de la consideración de las clases superiores y de los líderes tradicionalmente venerados. Obviamente, lo que más se ocultan son hechos o procesos deleznables como masacres, ejecuciones políticas, torturas, engaños o mentiras, corrupciones, expoliaciones, injusticias o discriminaciones de cualquier tipo. Es decir, toda política o conducta hecha por los titulares del poder o las riquezas que revelen graves daños o injusticias del pasado.

Por lo tanto, más allá de las diferencias específicas entre ellas, tanto las verdades históricas y judiciales comparten una misma amenaza: la del poder establecido que siempre –incluso en la más democrática de las sociedades- tendrá la tentación de subordinarlas a sus potestades. Como lo señaló el notable pensador católico inglés, John Acton: “el poder tiende a corromper; y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

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Cualquiera que sean los diferentes factores involucrados y lo mucho menos poblado que era Chile,  en relación a los balances de las Fiestas Patrias no se ve ningún avance entre 1940 y 2024. (¡84 años!)  Es lo que podemos constatar al ver un editorial del 21 de septiembre de 1940 en que El Diario  Ilustrado hace un análisis de las muertes provocadas en dichas celebraciones, con el nombre de  Balance trágico.

Así, señala:

“En el transcurso de los días 18 y 19 ocurrieron no menos de trece o catorce agresiones a cuchillo o a bala, la mayor parte de ellas con resultados trágicos, lesiones graves, y, a veces, la muerte del afectado. Y muchos de los agresores huyeron o desaparecieron antes de poder ser detenidos por la policía. En los mismos días numerosísimos atropellos causaron otras tantas víctimas”.

Y agrega:

“Las agresiones, las balas, las cuchilladas, lo mismo que los accidentes y los atropellos, son hijos legítimos del uso inmoderado del alcohol, a que tan aficionado es, por desgracia, nuestro pueblo. No se ha formado en nuestro país la costumbre de la alegría sana, de la alegría natural, que no necesita del estimulante tóxico para nacer y manifestarse. La alegría, entre nosotros, como decía un escritor, ‘está embotellada’”.

Y sus conclusiones no dejan de parecernos actuales:

“Menester es, entonces formar el hábito de divertirse sin necesidad de embriagarse y convertirse en una fiera de instintos incontrolados. Y ojalá la impunidad en que este año han quedado los hechores sirva para redoblar en años próximos el celo de los agentes del orden público, encargados de resguardar la vida de los habitantes”.

Y eso que en ese tiempo no existía el crimen organizado en torno al narcotráfico como ahora.  Aunque, por cierto, dada la orientación conservadora del periódico no se hace siquiera mención de varios factores de fondo que estaban presentes tanto en ese tiempo como ahora: el extremo  individualismo, autoritarismo, sometimiento, desmoralización e injusticia social de la sociedad  chilena, factores que ciertamente contribuyen a incrementar enormemente -en ocasiones de menor  control social como las celebraciones masivas- las conductas autodestructivas y antisociales.

Más sobre el tema:

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ANTECEDENTES

El periódico ‘El Clarín’ nació en 1954 como obra de Darío Sainte-Marie Soruco, chileno/boliviano, ―nacido en Santa Cruz de la Sierra―, y amigo, desde pequeño, de Salvador Allende; ambos se conocieron y estudiaron en Valparaíso. Según Patricia Verdugo:

“Su seudónimo periodístico era Volpone. Fue un poderoso asesor del Presidente Carlos Ibáñez, con tanto poder como para instalar a su hermano en dos cargos ministeriales (Justicia y Relaciones Exteriores). Hasta su dentista fue ministro de Tierras y Colonización (actual Ministerio de Bienes Nacionales). Hombre de izquierda sin militancia, hizo de Clarín un poderoso instrumento comunicacional ―250 mil ejemplares de tiraje diario― contando con el talento de un director de excepción, Alberto Gamboa”[1].

Problemas de salud hicieron que, en 1972, traspasara Sainte Marie el dominio del periódico a su amigo Victor Pey Casado, hecho que no implicó mayores cambios en el equipo periodístico ni en la línea editorial del mismo, como lo reconociera su ex director Alberto Gamboa años después, cuando se desempeñaba como periodista del diario La Nación:

“[…] fue muy respetuoso, al igual que lo fue Sainte-Marie, de la libertad periodística. De modo que tuvimos una muy buena relación”[2].

De lo que sucedió a partir del golpe militar, nos lo revela una carta enviada al diario El Mercurio por Jorge Arrate y Roxana Pey:

“[…] la madrugada del 11 de septiembre de 1973, aún antes de consumarse plenamente el Golpe y de bombardear La Moneda, Clarín fue asaltado por militares que confiscaron la edición de ese día y desde entonces se adueñaron de su patrimonio, consistente en valiosas propiedades y equipamiento, que aún el Estado no devuelve en esta interminable transición”[3].

La suerte del diario ‘El Clarín’ se decidió antes de la perpetración misma del golpe: no era un diario neutral, tenía amplia aceptación ciudadana, era el diario de más alta circulación en el país, tuvo directa participación en la elección de Allende. Nada de eso perdonaría la dictadura pinochetista.

“[…] antes de perpetrarse plenamente el golpe, se detuvo a los periodistas, al personal y de ahí en adelante se confiscó el diario de ese día y todos los bienes, todo el patrimonio del diario Clarín que consiste en un equipamiento, así como sus valiosísimas propiedades, que siguen en manos del Ejército de Chile”[4].

Eso era el comienzo. Porque,

“Tras el golpe militar y la clausura de Clarín, vino la persecución. El director Gamboa fue prisionero político en campos de concentración. Y Víctor Pey logró salir al exilio. Su oficina fue allanada y su caja fuerte, abierta con una carga de dinamita. Dentro estaban las acciones de Clarín y el contrato de ventas firmado en Estoril”[5].

Casi dos años después de consumado el golpe, más exactamente, el día 10 de febrero de 1975, con la firma del general Augusto Pinochet, investido ya en el cargo de ‘presidente de la República’, se dictó el Decreto 165 en cuyo art. 1 se declaraban disueltos el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín Ltda.

LA BATALLA POR LA RECUPERACIÓN DEL ROTATIVO

Tras el golpe militar, en 1990, y luego de crear con Joan Garcés la Fundación Presidente Allende FPA, Víctor Pey regaló el 90% de las acciones de El Clarín a dicha entidad. Fue la Fundación la que, en 1996, entabló la acusación en contra del general Pinochet, logrando su arresto en Londres. Pero la lucha de Pey no había terminado, porque, en plena transición, consiguió que se le devolviesen las acciones.

“Con las acciones ya en su poder, desde 1995, Pey intentó repetidas veces negociar con el gobierno de Eduardo Frei, de modo que el Estado compensara la expropiación hecha por la dictadura. Objetivo: volver a poner a Clarín en circulación”[6].

Pero Frei no lo iría a escuchar. Obnubilado por los éxitos que le auguraban los sectores dominantes de la nación, estaba atento solamente a los buenos negocios.

“Al no tener respuesta, en 1997 decidió –con Joan Garcés- recurrir al arbitraje del CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial. Podían hacerlo en su calidad de inversionistas españoles, amparados en el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por Chile y España. Como en dicho tribunal comercial se contempla el lucro cesante, se hizo el cálculo de las ganancias que habría dado Clarín de haber circulado libremente desde 1973 y el resultado fue de 517 millones de dólares”[7].

En 1972, Pey había intentado vender parte de sus acciones a 3 socios; Emilio González DC, Jorge Venegas, PS y el abogado del diario Ramón Carrasco. El golpe evitó el pago, anulando la venta. Pero los herederos de González realizaron, en 1998, un grosero intento de expropiar los bienes de la familia Pey en donde participaron personajes vinculados al alto mundo de la política. Así ocurrió: los herederos del demócratacristiano Emilio González ―quien fallece en 1991― y el Ministerio de Bienes Nacionales, actuaron de consuno; con este último, reconociendo derechos hereditarios de González sobre el diario El Clarín. Para esos efectos dieron vida, en 1999, a una curiosa sociedad llamada Asesorías e Inversiones S.A. ASINSA con dos socios: Isidoro Gorodisher Rapaport y Ronald Youlton Vasen. El abogado que redactó la escritura fue Enrique Testa siendo Gorodisher yerno suyo. La sociedad, cinco días después de constituida, adquirió los derechos hereditarios de Emilio González otorgados por el Ministerio de Bienes Nacionales. Joan Garcés denunciaría esta maniobra diciendo, más tarde, que todo ello fue

“[…] una operación delictual. Se trata de un caso de corrupción con complicidades muy altas en las esferas más altas del gobierno de Chile”.

CUANDO LA HISTORIA SE REPITE COMO FARSA

Volvamos a retroceder en la historia porque, constantemente, esta disciplina nos entrega enseñanzas.  Especialmente, cuando advierte que, en ciertas épocas, las víctimas no solamente aprenden las perversiones de sus verdugos sino, incluso, las hacen suyas y, a menudo, las superan en su práctica cotidiana. Como hoy sucede con el gobierno israelita, en su trato con los palestinos.

Nos narra Karl Marx que, bajo la dictadura de Luis Bonaparte, se produjo en Francia una fuerte controversia entre el comandante en jefe del ejército de Paris Nicolás Changarnier y el jefe de Estado, a propósito de una manifestación que habían realizado algunos oficiales. Para evitar una posible confrontación, Bonaparte procedió a realizar numerosos cambios tanto en el mando militar como en el campo político, cambios que explicó, más tarde, con las siguientes expresiones:

“Francia exige ante todo tranquilidad… Soy el único ligado por un juramento, y me mantendré dentro de los estrictos límites que me traza… Por lo que a mí se refiere, elegido por el pueblo y no debiendo más que a éste mi poder me someteré siempre a su voluntad legalmente expresada”[8].

Esta misma frase la empleó poco después el diario inglés ‘The Economist’ para referirse, en su número correspondiente al 1 de febrero de 1851, a los sucesos que tenían lugar en Paris:

“Por todas partes hemos podido comprobar que Francia exige ante todo tranquilidad. El presidente lo declara en su mensaje a la Asamblea Legislativa, la tribuna nacional le hace eco, los periódicos lo aseguran, se proclama desde el púlpito, lo demuestran la sensibilidad de los valores del Estado ante la menor perspectiva de desorden y su firmeza tan pronto como triunfa el poder ejecutivo”[9].

Y, más tarde, en su número del 29 de noviembre de 1851, la misma revista declararía

“En todas las Bolsas de Europa se reconoce ahora al presidente como el guardián del orden”[10].

CUANDO LA FARSA CONDUCE A UN EXTERMINIO

A nosotros siempre nos ha parecido que tal fue el pensamiento que orientó la actividad política de la llamada Concertación, política que se practica hasta el día de hoy por el sexto gobierno de esa coalición.

Poco versados en el estudio de la mecánica que guía los golpes de Estado, la mayoría de los partidos que entraron a saco en el Estado chileno luego del triunfo del No, vivían temerosos de una nueva asonada que veían en cada gesto de Pinochet. Guiados por ese temor insano a un nuevo golpe, quisieron congraciarse con los sectores empresariales que los habían acompañado en la ‘oposición’ a la dictadura y comenzaron no solamente a desconocer, una a una, las medidas que habían prometido llevar a cabo, una vez en el gobierno de la nación, sino a perfeccionar los métodos que había empleado la dictadura. No actuó la Concertación de manera diferente a como lo había hecho el partido del orden, en la Francia bonapartista, intentando:

“[…] rehuir, atenuar, disimular temerosamente todo conflicto decisivo […]  Por miedo a perder las conquistas hechas contra la revolución dejó que su rival cosechase los frutos de ellas. ‘Francia exige ante todo tranquilidad’. Así le venía gritando desde febrero el partido del orden a la revolución, así le gritaba al partido del orden el mensaje de Bonaparte. ‘Francia exige ante todo tranquilidad’”[11].

Las persecuciones de la Concertación a la disidencia comenzaron con la incorporación de organismos represivos ―a partir de 1990, ‘legales’― encargados de aplastar a cualquier movimiento insurgente que pudiese existir. No fue de otro modo cómo se exterminó a la militancia más combativa del FPMT, del MJL, del MIR, de los movimientos anarquistas, creándose, al mismo tiempo, un fuerte sentimiento anticomunista que hasta el día de hoy perdura.

No por otro motivo comenzaron a eliminarse de la enseñanza pública ciertas disciplinas que resultaban molestas, como Historia, Educación Cívica, Filosofía… Ante el temor de un nuevo golpe de Estado, se procedió a crear un ciudadano que obedeciese todo lo que se le imponía. Chile exigía, al igual que Francia, ‘tranquilidad’.

EL EXTERMINIO DE LA PRENSA CRÍTICA

La prensa es formadora de ideología. La prensa crea cultura. No por algo las primeras medidas que toman los gobiernos autoritarios es suprimir la libertad de expresión. Pero, a veces, eso no es posible y los regímenes que no desean ser sorprendidos en prácticas antidemocráticas, recurren a medios que no despierten sospechas. Uno de ellos es quitarles el avisaje estatal; otro es intervenir para que los medios no puedan recibir dineros del exterior. Así sucedió con la prensa alternativa durante el período post dictatorial: no se prohibió la circulación de la prensa crítica sino se la combatió hasta eliminarla, privándola de todos los recursos a los que podía echar mano.

Faride Zerán lo denunció, en 2005, señalando, al respecto:

“[…] nada ha servido que de un total de 500 millones de dólares que anualmente invierten las empresas del Estado en publicidad, el 62,7 por ciento vaya a El Mercurio, en desmedro de los medios independientes que por años han reclamado la ausencia de políticas públicas que garanticen el pluralismo y la diversidad de opinión a través de una parte del avisaje de dichas empresas”[12].

Y agregaría, siempre sobre lo mismo:

“[…] en estos 15 años de gobiernos de la Concertación, todos sus mandatarios, incluyéndolo a usted, velaron con su indiferencia para que ningún otro periodismo pudiera consolidarse en Chile. Y cuando cerraban Análisis, Apsi, Hoy, el Fortín Mapocho, el diario La Epoca, o recientemente Plan B, o El Portal del Pluralismo, todos cerraron los ojos asumiendo que el mercado debía operar”[13].

La idea del exterminio de la prensa crítica estuvo presente desde el advenimiento mismo de los llamados ‘gobiernos post dictatoriales’ hasta el día de hoy. Según Juan Pablo Cárdenas, otrora director de Análisis,

“[…] cerebros como [Edgardo] Boeninger y Correa fueron los gestores de esta política. Debieron pensar: ‘Estos medios tarde o temprano nos van a comenzar a hacer oposición y más vale convenir alguna forma de acuerdo con los medios tradicionales, que están abrumados por sus culpas y deudas, que ayudar a estos medios’. Incluso, creo que con El Mercurio se estableció una relación especial que se prolonga hasta hoy [2008]… […]”[14]

Entrevista a Juan Pablo Cárdenas

En efecto, sobre el primer caso, el de la ayuda de otros países al desarrollo de la prensa libre, me permito recordar aquí el caso más elocuente: fue una reunión que, bajo el gobierno de Aylwin, sostuvo la representante del gobierno de Holanda con los directores de las revistas Hoy, APSI y Análisis y los periódicos Fortín Mapocho y La Época para ofrecer sustento económico a las labores de esos rotativos, ayuda que no pudo concretarse debido a la presión ejercida por el gobierno chileno a las delegaciones diplomáticas extranjeras a quienes les manifestó que tales ayudas podrían ser consideradas por esa administración en el carácter de ‘injerencia indebida en los asuntos internos de otro, que era un país democrático’[15].

Fue una política de destrucción deliberada y consciente de la prensa crítica, delineada desde el Estado mismo, en donde personajes como Enrique Correa, Belisario Velasco y el propio presidente Aylwin[16] no solamente participaron como autoridades sino actuaron como personajes centrales en la aplicación de tal política. No debería, así, llamar la atención que, años más tarde, sucumbiera ante esa desleal medida, la revista ‘Punto Final’ por la que, junto a su impecable director Manuel Cabieses, hasta el día de hoy, siento especial aprecio. Esa revista fue, también, junto a otras publicaciones, víctima de habérseles privado del avisaje estatal[17].

Destrucción de Punto Final

¿Podría sorprender que algo peor le ocurriese al diario Clarín? Era el rotativo de mayor circulación en el país en el tiempo de la Unidad Popular. Debía, por consiguiente, tener una más larga agonía.

CONSIDERACIONES FINALES

El reciente fallo de 16 de agosto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, declarando nula la disposición del Decreto N° 165 de 1975 de la Junta de Gobierno, que había disuelto ambas empresas, no debía sorprender. Es más, debía suponerse algo así porque, por una parte, existía un fallo anterior, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI —a requerimiento de Víctor Pey, dueño del periódico, representado por el abogado español Joan Garcés— relativo al caso. Aplicando las reglas de la jurisprudencia (que no siempre se respetan en Chile), el nuevo fallo debería haberse orientado en un sentido similar. ‘Jurisprudencia’ no es sino la costumbre reiterada de fallar en determinado sentido. Por otra parte, los recientes escándalos en que se han visto involucrados los tribunales hacían suponer que el ánimo de la Corte Suprema no estaría por seguir acumulando animadversiones de la ciudadanía en su contra.

No podemos, sin embargo, dejar de señalar la importancia del fallo: es un espaldarazo a la libertad de prensa. El diario Clarín era el más vendido hasta antes de su confiscación por la dictadura pinochetista. El fallo implica una ruta más tolerable hacia el futuro para quienes practican el ejercicio de la prensa libre.

Han pasado 50 años desde que se confiscaran sus bienes; algunos desaparecieron. Y solamente después de ello se ha obtenido un triunfo. En la jerga popular se dice que ‘la justicia tarda, pero llega’. Sin embargo, en las aulas del Derecho se enseña otra cosa: la justicia que tarda deja de ser justicia pues es de la esencia de la justicia ser oportuna, sentencia que no solamente ha de aplicarse a lo que sucede con el periodismo sino a los procesos incoados a favor de los detenidos desaparecidos, de los presos políticos, de los torturados, de los asesinados, de los separados de sus trabajos, en fin. Y ello no ha ocurrido. Curiosamente, no porque la ‘derecha’ no lo haya querido, sino porque, paradojalmente, pareciera ser que ese fue el objetivo de la ‘izquierda’ triunfante al término de la dictadura; y, posiblemente, el del actual mandatario. Porque, como lo señalara hace unos días Roxana Pey:

“[…] actuando como voceros de la fundación, tanto Jorge Arrate como yo, caminamos hasta La Moneda el año pasado para hacer entrega al Presidente Boric de una carta muy clara de la situación y fue luego firmada por más de mil personas, entre ellos destacados periodistas y agrupaciones. Esa carta no ha tenido respuesta hasta el día de hoy por parte de nadie que represente al Gobierno, entonces esperaríamos al menos una respuesta, una reacción a este fallo que es muy significativo y que cambia profundamente el escenario de la propiedad y el futuro del diario Clarín”[18].

No es raro que así suceda. El actual mandatario no es sino la continuación de otros mandatarios. Una figura más de esa larga serie de figuras de papel iguales unas a otras. Sin embargo, tanto Jorge Arrate como Roxana Pey esperan que el fallo de la Corte Suprema sirva para entablar ese difícil diálogo.

“La Corte Suprema, con su fallo, ha abierto ahora el camino al Ejecutivo para una conversación tan largamente eludida, que permita concordar una forma de indemnización, de suspender la ejecución forzosa y buscar un acuerdo amistoso. No es la primera ocasión en que el Poder Judicial abre paso a la corrección y reparación pendientes de abusos de la dictadura”[19].

A pesar de todo, es tremendamente alentador escuchar las expresiones de Roxana Pey, académica de la Universidad de Chile, quien, refiriéndose al fallo,

“[…] adelantó que la idea es que el diario vuelva a funcionar como lo hacía antes del Golpe de Estado:

‘Por 50 años Víctor Pey y Joan Garcés y todos quienes los acompañamos, nos hemos comprometido con la publicación, la reedición del diario Clarín para contribuir a la libertad de expresión y al derecho a la información en el país’”[20].

Alentador, porque lo que el universo de la política contingente es incapaz de dar, nos llega por boca de una de las representantes más genuinas de ese hombre íntegro que fue Víctor Pey Casado, amigo entrañable del presidente Salvador Allende.

Santiago, agosto de 2024

Notas:

[1] Verdugo, Patricia: “Documentos ocultos de la historia: Periodista Patricia Verdugo denunció corrupción gubernamental en el ‘Caso Clarín’”, ‘El Clarín’, 07 de marzo de 2021.

[2] Verdugo, Patricia: Obra citada en (1).

[3] Arrate, Jorge y Pey, Roxana: “Carta enviada al diario ‘El Mercurio’”, publicada por este rotativo el 24 de agosto de 2024.

[4] Redacción: “Roxana Pey y fallo sobre diario El Clarín: ‘Es un gran triunfo para la libertad de expresión en Chile’”, Radio Universidad de Chile, 20 de agosto de 2024. La negrita es del original.

[5] Verdugo, Patricia: Obra citada en (1).

[6] Verdugo, Patricia: Obra citada en (1).

[7] Verdugo, Patricia: Obra citada en (1).

[8] Marx, Karl: “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, Fundación Federico Engels, Madrid, 2003, pág.68. Con cursiva en el original.

[9] Marx, Karl: Obra citada en (6), pág.89.Con cursiva en el original.

[10] Marx, Karl: Obra citada en (6), pág.89. Con cursiva en el original.

[11] Marx, Karl: Obra citada en (6), pág.69.

[12] Zerán, Faride: “Carta abierta al presidente Ricardo Lagos”, septiembre de 2005

[13] Zerán, Faride: “Carta abierta al presidente Ricardo Lagos”, septiembre de 2005

[14] Cárdenas, Juan Pablo: “Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: ‘La Concertación exterminó la prensa independiente’”, ‘PiensaChile, 31 de marzo de 2008.

[15] Cárdenas, Juan Pablo: Obra citada en (12).

[16] En el caso del cierre de la revista Análisis estuco involucrado Carlos Bascuñán, yerno del presidente Aylwin, según lo denunciara Juan Pablo Cárdenas.

[17] Portales, Felipe: “Destrucción de Punto Final”, PiensaChile, 03 de mayo de 2018.

[18] Redacción: Obra citada en (4).

[19] Arrate, Jorge y Pey, Roxana: Obra citada en (3).

[20] Redacción: Obra citada en (4) La negrita es del original.

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Poco reconocemos que a lo largo del siglo XX la sociedad chilena conservó el profundo desprecio a los mapuches que la había llevado en el siglo XIX a expoliar con extrema violencia su territorio; y luego, a justificarlo grotescamente con el eufemismo de la “Pacificación de la Araucanía”.

De este modo, los estereotipos negativos asociados a ellos que surgieron en la fase previa de la expoliación -principalmente en una verdadera campaña de denuestos de El Mercurio de Valparaíso- continuaron desarrollándose a lo largo del siglo pasado.

De partida tenemos el ominoso caso del diario católico El Porvenir que comentando el hecho de que unos empresarios se aprontaban a llevar a la Exposición Universal de París de 1900 a un grupo de mapuches para exhibirlos -además de considerarlo un atentado contra la caridad- señaló que aquello desacreditaba al país:

“¿Qué interés nacional se sirve acarreando, para exhibirlo en París como muestra de Chile, un puñado de indios casi salvajes, embrutecidos, degradados, de repugnante aspecto?” (Luis Barros Lezaeta y Ximena Vergara Johnson.- El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900; Aconcagua, Santiago, 1978; p. 149).

Además, no sólo se prodigó el desprecio a los mapuches por parte de historiadores y políticos conservadores y liberales (como Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Gustavo Ross y Ernesto Barros Jarpa), sino también por intelectuales y políticos progresistas.

Así tenemos que en 1908 el destacado político del ala izquierda del Partido Radical, Armando Quezada Acharán, (quien llegó a ser ministro, diputado, embajador, Gran Maestre de la Masonería y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María) escribió:

“la gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconsciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (La Cuestión Social en Chile; Edic. de la Universidad de Chile, 1908; p. 25).

A su vez, el también destacado político radical, Alberto Cabero (muy amigo de Pedro Aguirre Cerda, y que llegó a ser ministro, embajador en Estados Unidos y presidente del Senado) escribió en 1926, en su libro Chile y los chilenos sobre la “raza araucana” que “su pasión dominante era la embriaguez”; y que “este era su hábito social, el complemento obligado de fiestas y ceremonias que daba origen a riñas y muertes”. Y que “cuando la embriaguez no los excitaba o el furor bélico no conmovía sus nervios, pasaban en la inacción”.

Además que “por su mentalidad el araucano no difería de los pueblos inferiores (…) desconocía por completo los elevados ideales de los pueblos civilizados: los
conceptos de ley, justicia, derecho eran restringidos al interés personal o de grupo (…) No tienen imaginación creadora (…) Sólo fabricaban toscos tejidos, joyas y armas de bárbara rusticidad, rucas miserables; y su arte se redujo a cuentos insulsos y vulgares y a una música reveladora de la tristeza habitual de su carácter”.

Y que “han demostrado ser incapaces de evolucionar. Aún hoy continúan viviendo en sus rucas de tierra, mal olientes, en promiscuidad nauseabunda con animales, desperdicios y carroñas.” (Lyceum, Santiago, 1948; pp. 86-7).

Pero sin duda que lo peor era en la concepción de Cabero, que el “araucano” tenía una “incapacidad de distinguir entre el bien y el mal”; y que “el bien y el mal sólo existía en un sentido material y presente (…) El mismo hecho era bueno o malo, según las consecuencias que acarreaba. El robo no era delito; al contrario, laudable habilidad cuando se hacía a un extraño y sin dejar rastros. Se aconsejaba por los ancianos de la tribu o por los padres no dar noticia del robo de animales y ocultar el dinero hurtado. La violencia se equiparaba al robo; el infanticidio era indiferente; el adulterio castigado con rigor. La pederastia se practicaba excepcionalmente con los MACHIS, hombres que eran afeminados.” (pp. 89-90).

Y sintomáticamente, su libro recibió muchos elogios de políticos, intelectuales y de la prensa, entre ellos de los políticos liberales Eliodoro Yáñez y Manuel Rivas Vicuña; del historiador conservador Alberto Edwards; de los diarios La Nación y El Diario Ilustrado; y de la revista Atenea de la Universidad de Concepción que expresó que “pocas obras de tanto mérito como Chile y los chilenos, se han publicado en los últimos años.” (Ibid.; p. 5).

En la misma línea de desprecio a los mapuches se manifestaron en 1928 dos connotados intelectuales críticos de la oligarquía como Carlos Vicuña Fuentes y Joaquín Edwards Bello. Así, el primero escribió:

“felizmente, la clase media se refina cada día con la inmigración europea, que le aporta sangre nueva, vigorosa, activa, rica de sentimentalidad y de inteligencia. Así el coeficiente indio, fuente de pereza y de barbarie, va disminuyendo poco a poco y permitiendo que sobresalgan algunos tipos superiores, que son ejemplo y estímulo de dignificación social.” (La tiranía en Chile; Lom, Santiago, 2002; p. 37).

Edwards Bello planteó que

“el indio hubiera dado óptimos resultados con un control humano y razonable. Los conquistadores los exasperaron, los persiguieron, los atemorizaron, los debilitaron. El indio es útil bajo un buen control europeo (…) Repito que el pueblo hispano-indio cuando se cree mayor y quiere marchar por sí solo, se estrella en los abismos (…) Los países donde hay mayor porcentaje de hispanos-indios, fracasan. En México el reparto de tierras ha destruido el poder productivo de la agricultura (…) Por la ascendencia oriental el hispano-indio tiende a la vida contemplativa; su ambición es corta; le basta si tiene para comer; cuando no encuentra el sustento en su propiedad, merodea.” (La Nación; 27-2-1928).

Por otro lado, dos de los fundadores de la Falange Nacional y la Democracia Cristiana, Eduardo Frei e Ignacio Palma, desarrollaron también en 1937 concepciones racistas. Así, Palma (que llegó a ser ministro, diputado y presidente del Senado) planteó que, salvo en las culturas incas, aztecas y mayas,

 “en el resto de las Indias Occidentales (sic) reinaba una barbarie, no siempre antropófaga, y que, a lo más, se diferenciaba, en los varios grupos, por las costumbres rudimentarias y regionales de los aborígenes. Para estos pueblos la Conquista señala el comienzo de la historia y de la cultura”; y “la intensa mezcla (de los españoles) con razas de un desarrollo mental retardado, ha producido condiciones y tendencias tales que diferencian bastante nuestra mentalidad y nuestros problemas con los europeos.” (Claudio Rolle.- Ignacio Palma Vicuña. Apasionado de libertad; Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago 2006; p. 361).

Por otro lado, Frei expresó coincidentemente el mismo año:

“estamos (los chilenos) formados por la suma de dos capas sociales de composición étnica diversa, pues arriba encontramos al europeo, pero con características especiales de un pueblo sobrio, inimaginativo, tenaz, mientras que en las capas profundas tenemos un tipo de mestizaje poco veraz, imaginativo, vicioso, con todas las tendencias normales del indígena y del andaluz oriental, imprevisor, sin sentido del orden y de la disciplina, sin hábito de economía, ni espíritu de continuidad en sus esfuerzos.” (Chile desconocido; Ercilla, Santiago, 1937; p. 78).

Pero lo más impresionante es que hasta finales del siglo XX primó en nuestra educación escolar una enseñanza racista fuertemente despectiva de los mapuches. De este modo, el autor de textos de Historia de Chile más considerado en la segunda mitad del siglo XX, Francisco Frías, señalaba en su Manual publicado en 1986:

“en esta religión primitiva (de los mapuches), carente de principios morales y de ideas abstractas, hallaba ancho campo la superstición y la magia (…) Como creían en la magia, los mapuches utilizaban los servicios de los (…) machis o médicos, que mediante la ceremonia llamada machitún sacaban ‘el mal’ del cuerpo del doliente. Si este fallecía, un dunguve o adivino señalaba el culpable de la muerte, casi siempre algún indio desvalido, que era acusado de brujo y quemado como tal. Tales prácticas, que originaban asesinatos y venganzas, subsistieron entre los araucanos hasta tiempos relativamente recientes, no obstante las medidas tomadas por las autoridades.” (Manual de Historia de Chile. Desde la Prehistoria hasta 1973; Zig-Zag, Santiago, 1990; p. 74).

Y, por cierto, Frías reivindicó positivamente con el nombre de “Pacificación de la Araucanía”, su extremadamente violenta expoliación efectuada en el siglo XIX (Ver ibid.; pp. 327 y 359-60).

¡Qué contraste el de esta terrible “herencia” histórico-cultural que hemos recibido, con los notables elogios que le hicieron al pueblo mapuche, antes de 1860, destacadas personalidades como Vicente Pérez Rosales, José Victorino Lastarria e Ignacio Domeyko! Particularmente este último, que llegaría a ser el segundo rector de la Universidad de Chile.

Así Domeyko, luego de sus viajes a la Araucanía de mediados de los 40, publicó en 1845 el libro Araucanía y sus habitantes, en que definía el carácter de sus habitantes como

“afable, honrado, susceptible de las más nobles virtudes, hospitalarios, amigo de la quietud y del orden, amante de su patria y por consiguiente de la independencia de sus hogares, circunspecto, serio, enérgico: parece nacido para ser un buen ciudadano”.

Su conclusión, trágicamente desoída una generación más tarde, fue que

“los hombres de este temple no se convencen con las armas: con ellas sólo se exterminan o se envilecen. En ambos casos la reducción sería un crimen cometido a costa de la más preciosa sangre chilena” (Francisco de Aguirre, Santiago, 1977; p. 112).

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