El Departamento de Estado de Estados Unidos, en otro intento de dinamitar las negociaciones entre el gobierno y la oposición,  anunció la creación de una Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), localizada en la embajada estadounidense en Bogotá, que será sede, probablemente, del gobierno opositor venezolano.

«La Unidad de Asuntos de Venezuela -que estará a cargo del funcionario James Story- continuará con la misión que tiene EU con el gobierno legítimo de Venezuela y los venezolanos. El VAU mantendrá el trabajo de restauración de la democracia y el orden constitucional en aquel país, así como la seguridad y bienestar de los venezolanos», señala el documento, donde califica como legítimo a  un gobierno que no eligió nadie, salvo el mismo Departamento de Estado.

Según los analistas, el anuncio está dirigido a boicotear las negociaciones que gobierno y oposición iniciaran en Oslo y siguieran en Barbados, para tratar de encontrar una salida dialogada al conflicto político que se vive en el país.

Analistas de Washington señalan que, cansado de la corrupción, los malos manejos políticos y administrativos de los dirigentes opositores venezolanos, el Departamento de Estado parece haber optado por suprimir intermediaciones y atender directamente la contingencia del devenir venezolano desde su embajada en Bogotá.

En definitiva, la meta es apoderarse de las riquezas y recursos de Venezuela, y señalan que para ello no hay mejor estatuto que el de estado-libre asociado, como Puerto Rico. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, cumplió con el guión y respaldó públicamente la imposición de nuevas sanciones por parte de la Administración Trump contra Venezuela, las cuales incluyen el embargo de activos, que su gente sueña con administrar.

Tras el comunicado oficial estadounidense, el autoproclamado Guaidó anunció la designación de Julio Borges como su canciller (lo llamó comisionado para las relaciones exteriores) y del evadido Leopoldo López como coordinador del gobierno. Dijo que Borges se encargará de incrementar la presión internacional sobre el gobierno, tanto la diplomática como la financiera y también de buscar respaldos adicionales en el mundo y “hacer crecer una coalición sin precedentes” para el caso venezolano.

Guaidó anunció a Alejandro Plaz como comisionado para el Desarrollo Económico y también a Humberto Prado para atender los casos de violaciones de derechos humanos, en una nueva ofensiva contra el gobierno venezolano que comenzara la semana el presidente colombiano Iván Duque, aliado-cómplice de EU en los ataques permanentes a su vecina Venezuela.

Pero mientras presionaba a los magistrados de la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA, reunidos en Barranquilla, se le desató otra tormenta interna cuando importantes sectores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron retornar a los montes y a las armas, tras la traición por parte del gobierno del acuerdo de paz suscrito en 2016 en La Habana.

El grupo, comandado por Iván Márquez, denunció el asesinato de más de 500 dirigentes sociales y 150 guerrilleros que habían dejado las armas, desde la firma del acuerdo.

Duro de caer

El anuncio del Departamento de Estado se produjo días después de que el asesor de seguridad estadounidense, John Bolton, afirmó que había mantenido conversaciones con algunos líderes de la oposición con el objetivo de contribuir a «la salida del poder de Nicolás Maduro y la realización de elecciones libres y justas». Estas presiones de Bolton despertaron nuevas divisiones, discrepancias y conflictos de baja y mediana intensidad entre la dirigencia opositora, que transitaba intentos de negociación con el gobierno.

EEUU debió reconocer sus sucesivas derrotas en su tentativa de derrocar al gobierno bolivariano. El enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que su país no imputará, ni castigará al presidente venezolano, Nicolás Maduro, si accediera a dejar voluntariamente el poder. Los medios hegemónicos intentaron nuevamente implantar en el imaginario colectivo que lo único que impide la solución al conflicto venezolano es la tozudez del mandatario en abandonar el cargo, para que el que fuera elegido popularmente.

El diario The New York Times reseñó que esta oferta de amnistía “fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han sucedido”, ni se vislumbran señales que sugieran que dejará el poder.

“No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya”, dijo Abrams, quien añadió que «la noción de que estamos negociando es completamente equivocada (…)  Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno», dijo Abrams, reconociendo sin querer que de presentarse a nuevas elecciones, probablemente sería nuevamente el vencedor.

Mientras, continúan sintiéndose los efectos de las sanciones económicas y financieras y del bloqueo impuesto por EEUU y apoyado por Guaidó,  que han venido empeorando la situación de la población en diferentes ámbitos, incluyendo el de la alimentación y la salud.

El sector moderado de la oposición difiere de la línea de Juan Guaidó que descarta la participación en elecciones parlamentarias si antes no sale Nicolás Maduro de la presidencia, siguiendo el libreto de Bolton: “No puede haber elecciones libres o justas mientras Maduro permanezca en Venezuela”. Jesús Tapia, del MAS, respondió que “es inaceptable que lo único que se promueva sea la idea de no participar en las elecciones”.

Venezuela rompió relaciones con EEUU en enero pasado, luego de que el ignoto diputado opositor Juan Guaidó fuera reconocido por Washington como «presidente encargado», en un intento por derrocar a Maduro. Desde enero y pese a las presiones, tentativa de golpe, embargos, confiscaciones ilegales y pirateo de los recursos venezolanos, Guaidó no logró derrocar a Maduro ni convencer a los militares ni mucho menos lograr que el pueblo se lanzara a las calles.

Y, mientras avanzaban las conversaciones entre dirigentes del gobierno y de la oposición, con gran respaldo de la ciudadanía (según las encuestas)  EU dinamitó nuevamente el diálogo, con la apertura de la oficina en Bogotá para que allí se instale Guaidó y siga las instrucciones.

Duque se tambalea

El ultraderechista presidente colombiano Iván Duque presionó este lunes en Barranquilla a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes hizo un “llamado respetuoso” para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmita “su preocupación a la Corte Penal Internacional” y pida que “se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes”, en Venezuela.

Duque, quien obviamente se abstuvo de hablar de los asesinatos diarios de líderes sociales, campesinos e indígenas en Colombia, consideró que los reportes sobre la situación de Venezuela que ha hecho la Organización de Estados Americanos (OEA), en cabeza del Secretario General, Luis Almagro, deberían servir para que haya un pronunciamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Pero la decisión de sectores de la FARC de volver a la lucha, dejó al descubierto su permanente bombardeo a los acuerdos de paz suscritos por el Estado. El gobierno de Duque, inspirado por el genocida expresidente Álvaro Uribe, sistemáticamente incumplió con temas fundamentales de la paz, como la protección de líderes sociales, campesinos e indígenas, la garantía de vida de los guerrilleros desmovilizados, la sustitución social de cultivos y la asignación de tierras a campesinos, bases del acuerdo.

En las FARC, de cara a los acuerdos de paz, hubo dos posiciones; la que lideraba Márquez que era partidaria de entregar las armas de manera gradual (como se hizo en Irlanda), y la que encabezaba Rodrigo Londoño “Timochenko”, que aceptaba que la entrega de armas se hiciera de una sola vez para poder comenzar inmediatamente con el proceso de constitución del partido y la participación en las elecciones para obtener cargos en el Congreso.

La división se acentuó cuando el gobierno le tendió una trampa a Jesús Santrich al involucrarlo –de la mano de la DEA estadounidense- en casos de narcotráfico, con el mero objeto de incumplir con lo acordado en La Habana sobre la no extradición de comandantes que hubieran cometido delitos antes de la firma del Acuerdo. Duque amenazó con extraditarlo de cualquier forma.

Difícilmente Duque se desmarque de Uribe, y por ende la sostenibilidad de los acuerdos de paz se balancea sobre la tela de una araña, sobre todo cuando desarmó las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y, jaqueado internamente, difícilmente pueda seguir siendo el alfil necesario a EEUU para jaquear a Venezuela.

-El autor, Aram Aharoniam, es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

El articulo EE.UU. quiere a Venezuela como estado-asociado, y las FARC le patean el tablero a Duque apareció primero en piensaChile.

Quién y por qué

Quien les escribe fue militante urbano del PCCC (Partido comunista clandestino colombiano) de las FARC durante 13 años. Casi todo ese período desarrollé mi trabajo clandestino en un centro urbano del suroccidente del país. Me retiré individualmente (ver nota 1) justo al momento de enterarme -tras un período de negacionismo e incredulidad- que sí iba en serio la entrega de las armas del pueblo a la burguesía [por intermedio de la ONU] para su destrucción (ver nota 2). No soy disidente, soy un comunista convencido, que espera que otros comunistas inconformes rompan con el silencio como hoy lo estoy haciendo yo, ese silencio que es demasiado parecido a la estupidez, porque como decía Jaime Pardo Leal hay momentos en que callar es mentir. Yo al menos no quiero mentir, mentirme a mí mismo ni mentirle al país (ver nota 3).

Yo ya no podré romper con el silencio «dando la cara» en el próximo Congreso, pues supongo que por mi decisión de apartarme de lo que considero una aventura electoral a mí se me considera paradójicamente poco menos que traidor, o un «cobarde desertor», y por lo tanto no podré asistir. Es por eso que les escribo esta carta, de cara a toda la izquierda y de paso a todo el mundo porque ese es el precio de la legalidad a la que hoy ustedes se avocan. Les escribo más en concreto por dos razones.

La primera es que quisiera que por fin reconozcan [para ustedes mismos y la militancia, no pretendo que lo hagan públicamente porque ese no es su estilo] que en las FARC hay desacuerdos importantes, pero también que comprendan que no todos los desacuerdos son disensos políticos o ideológicos, que no todos los disensos son disidencias, que no todos los disidentes son adversarios [o simples narcos como se insinúa con cinismo del frente 1º, que como se sabe fue la primera pero no la única disidencia colectiva] y por último que no todos los adversarios tienen que ser enemigos.

Sería muy importante dicho reconocimiento para permitir las francas y abiertas discusiones que se deben dar en el Congreso. También es importante porque el ambiente organizativo interno en la actualidad por lo que aún percibo es de temor a expresar una crítica, de temor a ser señalado de disidente, entendido esto automáticamente como sinónimo de enemigo. Y aunque lo que más existe entre la militancia urbana, y creo que no solo la urbana, son dudas [que es importante aclararles] también existen algunas certezas contrapuestas, algunas inconformidades y por supuesto algunas críticas. De la capacidad para expresarlas, recibirlas, asumirlas, tomarlas en serio y gestionarlas dependerá en buena medida el éxito del nuevo proyecto político que surja del Congreso.

La segunda es para expresar algunas de esas dudas y también algunas de esas inconformidades y críticas. Advierto que la tradición política en la que me formé me empuja a ejercer en estas líneas, y sin pedir permiso, la libertad de expresión como la entendemos los comunistas, como libertad de discusión y crítica, bajo la idea de que hay que decir y decirnos las verdades aunque duelan. Lo hago para dejarlas en el ambiente previo al Congreso, para que desencadenen cosas que estoy seguro de que no pueden ser más que positivas para el proceso revolucionario y para la nueva organización que deberá surgir de entre las cenizas de las FARC.

Aunque en esta carta me exprese con dureza y a veces con rabia [pero nunca con rencor] mis deseos y mi esperanza siguen puestos en que a quienes hoy conforman esta organización les depare un porvenir bienaventurado en política. Después de todo, en un sentido revolucionario siento que somos «de los mismos» aunque no seamos iguales, y por ende mis simpatías siguen con muchos de ustedes.

Sobre las armas: mi hipótesis

¿Por qué las FARC entregaron las armas? (ver nota 4). Es la primera pregunta que cualquier colombiano o colombiana debió haberse hecho y les aseguro que la militancia no fue la excepción. Podría suponerse obvia la respuesta sobre todo para la militancia, algo así como «ya sabíamos que esto iba a pasar en algún momento», pero al menos para una parte -considerable- de nosotros no fue así. En la concepción y plan estratégico de las FARC tal y como nos lo enseñaron y como lo pudimos leer en algunos documentos, nunca estuvo entregar las armas a cambio de participación política, como si éstas fueran moneda de cambio.

Por eso las negociaciones siempre se llevaron a cabo bajo una concepción de «diplomacia de guerreros», o sea sacar ventajas militares en el escenario político, hablar de paz mientras se preparaba la guerra, igual a como lo hacía y lo sigue haciendo aún hoy la burguesía.

Esa actitud no era para nada cínica, era la más recomendable para revolucionarios que «dialogan» con lo más tramposo, despreciable y mezquino que ha engendrado la humanidad, que es la burguesía. Era la mejor actitud de revolucionarios que saben que « en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera» como dijo el Che, que saben que en ella no se transa como si fuera un negocio, sobre todo porque se tiene claro que el enemigo también quiere solamente la victoria y se la juega toda a ella.

En una guerra no hay fórmula «gana-gana», siempre hay derrotados aunque esto no quiere decir que siempre hay exterminio o humillación. Cuando algunos «conflictólogos» recientemente hablan de «empates» o «equilibrios» en los conflictos armados esto se trata simplemente de lo que en ajedrez se llama tablas, que un bando acorrala al otro sin salida y sin posibilidad de moverse pero es incapaz de exterminarlo. Le toca entonces en la vida real negociar la rendición del enemigo con más o menos condiciones según lo permita el nivel de acorralamiento. A esto se le llama victoria estratégica y suele verse expresada en «mesas de diálogos» que llegan a «feliz término» porque una de las partes no se siente capaz de pararse de la mesa a seguir combatiendo.

Estas rendiciones con condiciones se dan siempre en un momento en el que los ganadores tienen afán de victoria por múltiples razones y ante todo presiones y quienes se rinden, habiendo perdido en el plano estratégico saben que lo que sigue no puede ser más que inútil desangramiento con una baja probabilidad de recuperación en el largo plazo y que a lo que más probablemente los puede conducir es a perder la mucha o poca capacidad que aún conservan de poner condiciones para la rendición. Esto las FARC lo ha sabido siempre y por ello diseñó planes tremendamente realistas. En este sentido la llamada «solución política al conflicto» que estuvo siempre presente en el discurso de Manuel, Jacobo y Alfonso no significaba más que la pretensión de hacer rendir al Estado con condiciones en una mesa de diálogos [porque no era posible ni deseable exterminar las FFAA regulares] para terminar de ese la confrontación militar directa.

El plan estratégico de las FARC consistía en lograr dicha rendición del Estado colombiano en un momento en el que se conjugara una neutralización militar de fuerzas [esto implicaba la dispersión de la fuerza enemiga por todo el territorio y despliegue del 50% de las propias en la cordillera oriental, este fue el esquema original posiblemente modificado en la 9ª conferencia tras los golpes inocultables del plan patriota y sucesores] con una insurrección popular urbana concretamente en Bogotá pero con «réplicas» en otras ciudades, dirigida por el PCCC, apoyada por las milicias y las redes urbanas y cohesionada políticamente por un masivo movimiento bolivariano o MBNC quien idealmente sería el llamado a desempeñar el papel de portavoz de los insurrectos con los 10 puntos para un gobierno de «reconstrucción y reconciliación nacional» en la mano [puntos que en la 9a se ampliaron]. Y ni aún entonces se consideraba la posibilidad de entregar las armas, como máximo de suspender su uso.

También nos enseñaron [aunque esto no pudimos conocer documentos específicos por motivos de seguridad, según nos dijeron] que en la 9a conferencia se había replanteado, o mejor que se le había dado desarrollo al plan estratégico en su aspecto político, definiendo unos momentos en un proceso ascendente de medición de fuerzas urbanas con 2019 como el momento culminante idealmente insurreccional.

Cuando nos enteramos de esto pensamos en primer lugar que era pretensioso pretender dictarle una ruta cronológica a un levantamiento insurreccional. Pero como pasos en un proceso de preparación organizativa para un levantamiento podía funcionar. Lo segundo que percibimos fue un evidente paralelo que nos agradó y pareció acertado con la planificación estratégica de Hugo Chávez en Venezuela, el llamado Plan Nacional de la Patria que en su primera versión conducida por el propio Chávez llegaba hasta 2013 y cuya segunda versión que fue su invaluable legado político confiado a Nicolás Maduro iba también hasta 2019. ¡Qué bella iba a ser América Latina para 2020, según esos planes! (ver nota 5)

Así entendida la estrategia en lo militar y en lo político (ver nota 6) debe ser claro el hecho de que ésta no se logró concretar con éxito ni en lo militar ni en lo político. En lo militar, porque lo militar ya no existe y eso habla por sí solo. Y en lo político porque hasta ahora no ha habido tal medición de fuerzas como la imaginábamos, ha parecido más bien que la bandera de la solución política negociada, que burdamente ha sido llamada «paz», se ha tragado el trabajo organizativo y de movilización popular y que, a dos años del «plazo final» de 2019, todo parece indicar que lo electoral con sus campañas sucesivas y sin fin se va a tragar, nuevamente, el trabajo político que debía tener vocación insurreccional. Si alguien piensa que el capital político y la militancia de una sola organización alcanzan para perseguir de manera realista ambas ambiciones, está popularmente hablando «miando fuera del tiesto».

Creo que hasta aquí he nombrado algunos elementos importantes para intentar responder a la pregunta de por qué las FARC entregaron las armas. La respuesta más verosímil y plausible sería pues que las entregaron porque no tuvieron otra opción viable o al menos porque fue la mejor opción que tenían en un contexto de reveses irreparables en lo militar que comprometieron de fondo la estrategia. Esto se llama derrota estratégica aunque duela decirlo y escucharlo. Los diálogos de la Habana fueron una rendición con condiciones.

Evidencia de eso es el hecho de que se negociara tras el asesinato de Alfonso Cano. Si mal no recuerdo Timoleón dijo en una entrevista que estas habían sido las palabras de Alfonso: «Santos quiere poner mi cadáver aún tibio sobre la mesa». Otra evidencia fue que en el acuerdo no se tocara ni un pelo del modelo económico, ni tan siquiera de los tratados ni de la política económica, ni de la doctrina militar contrainsurgente del Estado, y que la promesa de reforma rural fuera tan pobre (ver nota 7).

Otra evidencia fue que se continuara el proceso después de que tras el NO que le dieron a Santos en el plebiscito la burguesía a una sola voz exigiera la renegociación. Otra prueba fue que efectivamente se renegociaran cosas muy sensibles para beneplácito del uribismo y el cristianismo recalcitrante, esto sí fue una verdadera humillación que un ejército que no estuviera derrotado jamás la habría aceptado.

Una evidencia más es que haya habido concentración y desarme total cuando aún no se hace nada por desmontar el paramilitarismo, cuando aún todo el acuerdo renegociado sigue en manos de un congreso [un congreso con voceros sin voto o convidados de piedra por parte de las FARC] que va a manosear punto por punto antes de aprobarlo. Y eso sin hablar de las bajas probabilidades de implementación plena de esos puntos, primero renegociados y después manoseados, bajas probabilidades ante la eventualidad de que el próximo presidente de Colombia sea Vargas Lleras u Ordóñez (ver nota 8).

No se me tome por pesimista, reitero que mis deseos son de bienaventuranza política para las FARC, y hasta electoral aunque soy abstencionista. Pero para ganar en política primero hay que conocer el terreno que se pisa y sobre todo saberse ver al espejo tal cual se es y saber ver al enemigo tal cual es.

Preguntas

Pero como dije, en el centro deben estar las preguntas más que las hipótesis. La primera de esas preguntas sigue siendo ¿por qué entregaron las armas? (ver nota 9). Pero hay otras preguntas, quizá más pertinentes, más vigentes, más acuciantes y de las cuales urge una respuesta.

Al haber entregado las armas, ustedes ¿consideran caduca la táctica de guerra de guerrillas frente a la actual tecnología militar burguesa?, ¿o lo caduco es la estrategia insurreccional apoyada por un ejército irregular de base campesina?, ¿ha perdido vigencia el planteamiento de la toma del poder por la vía de las armas en manos del pueblo levantado? Estas preguntas son importantes porque permitirían un juicio más sensato por parte de otras organizaciones insurgentes que aún no han entregado y que probablemente no lo van a hacer en el corto plazo.

Si las respuestas fueran afirmativas [en cuyo caso serían necesarios argumentos sólidos que lo evidenciaran], sería un grave error no advertirles a los demás compañeros que siguen alzados en armas. Si se tienen estos elementos de juicio deberían ser compartidos con ellos, y de paso con muchos militantes de las FARC, como el propio Jesús Santrich que hace poco en una entrevista dijo valientemente que sigue pensando, como muchos lo pensamos, que está vigente y abierta la puerta de la lucha armada en Colombia, que si no les cumplen a ustedes habrá que volver a levantar los fusiles.

Y si son afirmativas las respuestas a esas preguntas, ¿cuál es la estrategia revolucionaria que proponen y que no requeriría el uso de las armas? Esta tiene la misma importancia que las anteriores. Para muchos de nosotros viene siendo más que claro a la luz de las experiencias históricas, que si en una revolución no hay músculo militar que la respalde, proveniente ya sea de la fragmentación del ejército regular, de la conformación de un ejército insurgente o de una milicia popular, no hay continuidad posible de cualquier victoria político electoral pasajera. No hay construcción posible de Socialismo (ver nota 10). Por eso las FARC en su origen eran el brazo armado de los comunistas colombianos para la revolución. Pero es posible que estemos equivocados quienes así pensamos, es posible que ustedes hayan hecho otros análisis u otros descubrimientos basados en otras experiencias. Es lo que deberían aclarar, por lo menos a su militancia y a otras fuerzas de la izquierda revolucionaria.

Finalmente, ¿consideran viable el triunfo de una estrategia política revolucionaria que no cuente con la participación concertada de las fuerzas bolivarianas de las cuales ustedes pretenden la hegemonía, con las fuerzas camilistas, las fuerzas guevaristas y las fuerzas M-L, entre otras? Esta pregunta no es retórica. Hasta ahora parece que ustedes estuvieran asumiendo una de dos cosas, o bien que el ELN también va a entregar armas y que una parte mayoritaria del camilismo se va a sumar al Bloque que ustedes proponen, y que por lo tanto la parte minoritaria del ELN y los M-L no importan. O bien que no importa ni siquiera lo que suceda con el ELN y en ese sentido que la «unidad de los comunistas» –PCC y FARC- por sí sola puede con todo (ver nota 11).

En ese sentido, más valdría aprender de la experiencia histórica. La burguesía colombiana siempre ha procurado dividir para vencer y derrotar a las fuerzas insurgentes y por lo tanto nunca ha aceptado la integración de todas ellas a la política legal. Esto fue muy claro para las FARC en 1990, cuando en medio del proceso de desmovilización del M19, el Quintín Lame y disidencias del ELN y el EPL, y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que las FARC habían venido pidiendo desde finales de los 80, se produce el ataque a «Casa Verde», al campamento del secretariado de las FARC, fuerza mayoritaria de la CGSB.

El 12 de agosto del año siguiente (1991) Manuel Marulanda decía «Hubiéramos podido estar en la ANC si [el señor presidente] no nos hubiera cerrado el paso con el ataque del 9 de diciembre”». Y el propio Alfonso Cano, quien se encontraba liderando los diálogos con la Coordinadora, decía el 4 de septiembre «Hubiésemos querido argumentar y luchar en el seno de la ANC pero las circunstancias que el país conoce, frustraron la posibilidad histórica de convertir sus conclusiones en un tratado de paz». Para muchos en el país ha sido claro que el M19 y el EPL haciendo política legal cumplían el papel de deslegitimar con su discurso pacifista a los que se mantuvieron armados, a la vez que estos grupos sin el apoyo de las otras fuerzas de la Coordinadora Guerrillera no podían lograr gran cosa en política electoral. Efectivamente en 1992 pierden la personería jurídica 12 movimientos políticos, incluido Esperanza Paz y Libertad, el PCC y el MOIR. Y los logros revolucionarios del M19 han sido muy pocos, algunos piensan que nulos.

Estas experiencias deben revisarse, repasarse y analizarse para evitar que en esta coyuntura se vaya a jugar algo parecido, tener a las FARC desarmadas para deslegitimar al ELN y al EPL, y a éstos aún armados para aislar fácilmente a las FARC en la política electoral parlamentaria.

Para clarificar todas estas posturas y cuestiones, no bastaría con declaraciones públicas coyunturalistas, por eso se hace urgente la tarea, que el Congreso debe exigir y delegar, de construir una historia interna de las FARC, donde puedan revelarse las diferentes posiciones sobre todos estos asuntos que se han disputado en los distintos momentos históricos de la organización y cuáles han sido sus portavoces, donde se puedan identificar los diferentes planteamientos y líneas, donde la militancia pueda encontrar referentes reales detrás de la apariencia de consenso y unidad.

Es la hora de superar el secretismo y la imagen artificial de consenso que solamente sirven en tiempos de guerra para mantener disciplina y cohesión. En tiempos de lucha democrática, que no se debe confundir con paz, solamente podrán servir para cimentar una bancarrota política sin precedentes en la historia reciente del país. Asumir el reto de construir esa Historia interna sería lo más honesto de cara a la militancia en vísperas del Congreso constitutivo del partido. Son ustedes como Secretariado, que han participado de las Conferencias y Plenos, los primeros llamados a asumirlo.

Si eso no sucede, y mientras eso no suceda, solamente puedo convocar a los comunistas que hay dentro de las FARC a que participen del partido de masas o electoral que surja de las FARC asumiéndolo como frente de masas organizado; pero que por aparte que entablemos un diálogo amplio, gestionado en la clandestinidad pero público en sus argumentos y conclusiones, con todos los cuadros revolucionarios del país [del PCC, PCC-ML y EPL, PCC-M, GCR, ELN, CMR, MRP, entre otros] que ayude a clarificar e interpretar de forma acertada y crítica la derrota estratégica de las FARC y de otras insurgencias históricas como el M19 y el Quintín Lame, y que permita cimentar las bases de una nueva organización revolucionaria de cuadros basada en una nueva estrategia con posibilidades reales de éxito a la luz de las experiencias históricas. En ese diálogo se podría encontrar la ruta hacia la victoria revolucionaria.

Quisiera terminar con una frase de Vladimir Lenin, que sirve para la reflexión:

«La actitud de un partido político ante sus errores es una de las pruebas más importantes y más fieles de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los ha engendrado y examinar atentamente los medios de corregirlos: esto es lo que caracteriza a un partido serio.» V.I. Lenin. Izquierdismo.

Esperando lean estas líneas con atención y consideren algunos de sus argumentos para el Congreso, se despide con los mejores deseos.

PD: tengo mucho que decir sobre las propuestas consignadas en las «tesis de abril». Particularmente sobre el carácter del partido que se pretende construir {de masas, de cuadros o electoral}, ya que hay muchas imprecisiones y contradicciones, pero también sobre la historia de las FARC y el papel tan importante que ha jugado en ella la división campo-ciudad, la preeminencia del campo sobre la ciudad y la inminente inversión de la fórmula en el futuro inmediato y sus consecuencias. Y sobre otros puntos cardinales que allí se proponen. Sin embargo tendrá que ser en un próximo escrito, porque este ya fue demasiado largo, el cual tendré la decencia de no dirigírselos a ustedes personalmente, porque que en él no plantearé preguntas sino solamente opiniones argumentadas.

Notas

[1] De manera dialogada, sin quedar debiendo nada, sin resentimientos y con el compromiso vigente del cuidado de la seguridad de quienes allí conocí; toda esta aclaración es importante para ustedes y lo sé. Pero evidentemente no puedo ni quiero demostrar que quien escribe efectivamente es quien dice ser. También podría tratarse de un agente de la CIA o del nuevo DAS o algo por el estilo. Lo que quiero decir es que no es importante si se cree en mi presentación o no, lo importante es que se escuchen y ojalá debatan o incluso refuten mis argumentos, tanto en la izquierda como en la Organización misma de cara al Congreso. Porque eludir un debate serio mediante el desconocimiento de las «calidades» del interlocutor sería por lo menos triste.

[2] Varias veces escuché de boca de comandantes guerrilleros que el fusil no era propiedad del guerrillero ni propiedad de las FARC sino que era del pueblo y como tal había que cuidarlo y por lo tanto nunca se podía entregar porque al hacerlo se cometía un delito contra el pueblo, delito que podía ser castigado hasta con fusilamiento. No creo que sea diferente cuando se entregan más de siete mil. El hecho de que quien decide entregarlas es el Estado Mayor encabezado por el Secretariado no resulta suficiente justificación porque ustedes tampoco eran dueños de esas armas.

[3] Lo del silencio lo digo por esto, el M19 antes de entregar armas hizo un plebiscito interno para saber si la militancia estaba de acuerdo. En el caso de las FARC el plebiscito implícito se basó en la máxima «el que calla otorga»” asumiendo que si alguien está en desacuerdo simplemente debe irse como disidente y traidor y el que se quiera quedar debe callar y otorgar. Por eso la X conferencia se ideó como consumación de una decisión previamente tomada y que ya no tenía reversa, por eso los ahora llamados “disidentes” no esperaron para participar en ella y los que lo hicieron se enfrentaron a un consenso dictado. El silencio se convierte en mentira cuando algunos que están callados en realidad no están de acuerdo y me consta que los hay. Ese plebiscito implícito puede ser muy eficaz porque deja intacta la apariencia de consenso que en realidad es férrea unidad militar establecida por línea de mando, pero como método para la toma de decisiones que afectan a toda la militancia de una organización política {que deja de ser militar} deja mucho que desear.

[4] Resulta casi ridículo negar que hubo entrega de armas. Algunos todavía dicen que supuestamente habría habido «dejación» de armas lo cual supuestamente no es un eufemismo. En las negociaciones de los conflictos en el mundo no siempre hubo entrega física, y el mismo Jacobo Arenas llegó a hablar en los 80 de la posibilidad de una eventual suspensión del uso de las armas. Pero en este caso que nos concierne se entregaron físicamente a la ONU para su destrucción. El hecho de que ustedes no permitieran poner ninguna fotografía en la prensa no quiere decir que no pasó, pues Alfredo Molano tuvo el coraje de dejarnos una fotografía en prosa de tan triste evento, llamada “La dejación de armas no es una fiesta” y publicada en internet, prosa que no deja interpretaciones posibles.

Hay que reconocer que la palabra «dejación» jugó un papel importante en las primeras etapas del proceso de negociación, cuando lo estaba conduciendo el comandante Iván Márquez. En ese momento «dejación» significaba que no habría entrega física de las armas, que simplemente se dejarían de usar. Luego todo cambió, quiero pensar que no fue solamente una maniobra tipo «hacernos los difíciles» para obtener más en la negociación, pero sea como sea «dejación» pasó a ser un simple refinamiento terminológico para referirse a la entrega.

Otra cosa sería si dijeran que «dejación» se refiere a la actitud y decisión definitiva de dejar de usar armas para hacer política, frase que han repetido muchas veces, sobre todo Timoleón y que de ser verdad sería preocupante puesto que las armas han sido son y serán un instrumento inseparable de la política en el capitalismo, instrumento al cual la burguesía nunca ha renunciado y nunca renunciará. Que algunos comunistas colombianos renunciaran a la combinación de las formas de lucha fue triste a principios de los 90 y sería triste y paradójico que hoy lo hicieran quienes en ese entonces fueron los férreos contradictores de esa decisión del PCC.

[5] Plan ignorado luego por Maduro, convertido en letra muerta y utilizado como simple propaganda electoral, en mi humilde opinión. Esta opinión decido expresarla aunque con ella sigo alimentando el estigma de disidente y hasta traidor. Pero algo debe quedar claro, es indispensable, es verdaderamente indispensable, que en el Congreso fundacional del Partido se analice críticamente el proceso revolucionario en la hermana República Bolivariana de Venezuela incluso bajo Chávez que no era perfecto. No se puede aprender de una experiencia mediante una venia irreflexiva y sólo emotiva que prefiere pensar desde la perspectiva de un gobierno que no siguió los lineamientos legados por Chávez, gobierno en franca crisis no exclusivamente producida por la guerra híbrida de la CIA y que se resiste a caer, en vez de considerar como prioridad el punto de vista del Bloque Popular venezolano, o sea la fracción organizada y combativa del «pueblo» que aún, pese a derrotas, frustraciones y desilusiones, sigue siendo Chavista y Bolivariano.

La izquierda venezolana está fragmentada y dividida en este momento. No todos apoyan al círculo de Maduro y Diosdado Cabello. La Constituyente tuvo mucho de maniobra política coyuntural y pudiendo haber sido la oportunidad para un amplio foro de discusión entre toda la izquierda sobre el rumbo a seguir lo que hizo fue excluir a sectores importantes del Bloque Popular y de la misma izquierda. Y es increíble que el Estado Mayor de las FARC en vez de considerar las distintas posturas en discusión, en sus tesis automáticamente apoye al grupo que está en «posiciones de gobierno» y simplemente por el hecho de estarlo. Lamentablemente, las amenazas recientes de Trump y la CIA van a empañar nuevamente estas verdades, poniendo a Maduro en posición creíble de defensor de la patria, justo la posición que ha querido ocupar, su último asidero político.

[6] Es evidente que no soy la «autoridad competente» que pueda definir esos planes con precisión porque no estuve en las conferencias 8a y 9a, pero puesto que dichas autoridades nunca lo harán, por «razones de seguridad» que ahora no tienen ningún sentido, yo hablo desde lo que conocí y comprendí como militante que tuvo siempre la preocupación de indagar e ir más allá de las simples «declaraciones políticas» que nada dicen. Así que debe ser una base respetable aunque no sea precisa, respetable porque de hecho fue la concepción que teníamos en la cabeza muchos y que nunca nadie nos la desmintió y eso debe importar.

[7 En la agenda de diálogos de 1991 entre el Estado y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar desarrollados en Caracas y liderados por parte de la insurgencia por Alfonso Cano pueden leerse temas como estos: “(…) 3. Concepciones sobre la denominada doctrina de la seguridad nacional. (…) 6. Elementos para desarrollar la Soberanía nacional, tales como el manejo de los recursos naturales y aspectos de los tratados internacionales relativos a los temas de este proceso y la política económica exterior. (…) 7. Elementos para la democratización de la política económica y social. (…) 8. Acuerdos y medidas que materialicen la superación definitiva del conflicto armado y garanticen el ejercicio de la actividad política sin el recurso de las armas, dentro del marco de la vida civil y democrática del país, una vez satisfechos los requisitos necesarios para este propósito”. Gran contraste con los actuales acuerdos. Es sabido que en aquel entonces al no lograrse acuerdos en estos puntos, por las razones que hayan sido, la confrontación siguió porque ninguna de las dos partes estaba ni se sentía derrotada.

[8] Esta eventualidad las mismas FARC saben que es muy probable pues el «fenómeno Trump» implica y exige la derechización de los gobiernos latinoamericanos tal como efectivamente se viene dando. Siempre ha habido una correspondencia entre el gobierno gringo y sus gobiernos «aliados», y se sabe que ya pasó el período de la zanahoria que eran Obama y Santos, sigue el del garrote con Trump y en colombia probablemente el neouribismo. No se debe pensar el futuro político con el deseo.

[9] En las llamadas «tesis de abril» (las tesis para el congreso), encuentro una posible respuesta. La tesis número trece dice así: «La sola firma de los Acuerdos de La Habana representa [una] contribución al propósito de hacer de la Región una ‘zona de paz’ en los términos propuestos por la CELAC, limitando de esa manera el campo de la intervención militar directa del imperialismo. Por otra parte, si los acuerdos se logran implementar en los términos previstos y se avanza en la consolidación de una perspectiva democrática, derrotando las fuerzas de la ultraderecha en Colombia, se habrá aportado también a una correlación política y social de fuerzas favorable al cambio político en el conjunto de la región».

Parece como si la entrega de armas hubiera sido motivada por el propósito (propuesto por la CELAC) de reducir las posibilidades de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Esto es como entregar las armas a la burguesía nacional para no hacer enojar a la burguesía trasnacional. Y lo peor es que todo indica que podrían estar propiciando todo lo contrario, la intervención militar, porque las FARC habían sido el más serio desafío en Colombia para la movilización de las siete bases estadounidenses. Y aparte, parece que el propósito político en el país no fuera derrotar a la burguesía, sino a la fracción burguesa de «ultraderecha», propósito que es compartido por Santos, traidor de la ultraderecha que ahora se pinta de «centro».

[10] El ejemplo más elocuente sigue siendo la Chile de Allende. Sin el respaldo de un ejército se cae cualquier revolución. La comparación que algunos hacen de la Venezuela actual con el caso chileno es superficial. Chávez no podía haber triunfado en elecciones sin el apoyo de toda una tradición política «cívico-militar» venezolana que lo convirtió en héroe tras el intento de golpe del 92 y su larga estadía en prisión. Sin hablar de que hubiera sido imposible su retorno a la presidencia en 2002 sin el respaldo armado que literalmente lo rescatara e hiciera retroceder un golpe militar que se daba por consumado. Ni Maduro hubiera podido resistir, como lo ha hecho, cuatro años de guerra híbrida sin el pleno uso y abuso de la Guardia Nacional Bolivariana [Y a la luz de las recientes amenazas de Trump y la CIA, es claro que no podrán aplicar en Venezuela la fácil fórmula de magnicidio y golpe militar, tendrán que pasar por encima del grueso de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, las milicias y además de la resistencia armada colombiana que aún se mantiene en pie y que no dudará en defender a la hermana república en peligro]. El punto es que muchos estamos seguros de que una revolución sin tiros sólo podría verse en el cine de Holliwood.

[11] Por una parte, en las «tesis de abril», tesis 6, dicen que [el imperialismo] «ha tratado de preservarse recurriendo a guerras localizadas (incluida la que tuvimos que enfrentar en nuestro país)», dando a entender que ya no hay guerra y, por lo tanto, desconociendo a los aún alzados ELN, EPL y al recientemente constituido MRP, sin mencionar las propias disidencias de las FARC. Por su parte, en la tesis 19 dice: «la concreción de un acuerdo [del Estado con el ELN], con independencia del momento en el que se puede producir, cualificaría las posibilidades de democratización política, económica y social del país, brindándole a ellas mejores condiciones». Aquí se habla, no de urgencia y necesidad sino al contrario de que no importa cuándo se dé el acuerdo y de que su importancia sería simplemente «cualificar» un proceso que asumen de todas formas exitoso. Pero también expresan vanidad y arrogancia en la frase «brindándole a ellas mejores condiciones». Finalmente, en la tesis 21 se dice que «la superación definitiva de tales estructuras [paramilitares] constituye una condición indispensable del proceso de implementación. En desarrollo de ese propósito, se precisa insistir en un acuerdo político nacional en el que se exprese el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales de dejar atrás todo vínculo de armas y política».

Esta última afirmación es más peligrosa puesto que coquetea con la hipótesis burguesa según la cual la lucha armada del pueblo justifica la existencia del paramilitarismo y por lo tanto para que éste se desmonte debe desmontarse primero o simultáneamente su justificación, es decir la lucha armada del pueblo. Además podría inferirse de ella que las organizaciones armadas que decidan no entregar armas [como el EPL que ya lo dijo claramente] serían tratadas como poco menos que cómplices de la continuidad del paramilitarismo, por seguirle «dando excusas». Nótese aquí la similitud con el argumento, que hoy se ve desmentido, de «limitar el campo a la intervención imperialista». Es necesario que ustedes como Secretariado aclaren este tipo de frases y de tesis que, suponiendo que sean ambiguas, dejan mucho que desear.

Gracias a: Tlaxcala
Fecha de publicación del artículo original: 21/08/2017
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El articulo Colombia: Mi hipótesis sobre las armas y algunas preguntas  Carta abierta al Secretariado de las FARC-EP apareció primero en piensaChile.

BOGOTÁ / POPAYÁN / CAJAMARCA (COLOMBIA)

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.

“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.

Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.

El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.

Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

«No creemos que todos sean asesinatos selectivos», dice el Gobierno colombiano

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

“Nunca se acostumbre uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

«No creemos que todos sean asesinatos selectivos», dice el Gobierno colombiano

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

“Nunca se acostumbra uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.

“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.

Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.

Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.

“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.

Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.

El engaño de los paramilitares desmovilizados

Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

JAIRO VARGAS
@JairoExtre

*Fuente: Público.es

MÁS INFORMACIÓN

• Colombia, la paz atascada en el barro
• La nueva vida de la guerrilla de las FARC
  

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El articulo Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz apareció primero en piensaChile.

Señor Presidente:

A pocas horas de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno que usted preside y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el dolor y la indignación nos han obligado dirigirle esta carta pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición y compromiso, no con las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país.

Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos.

Esta misma semana, ocurrió lo siguiente:

– Atentado contra Argemiro Lara de FENSUAGRO en Sincelejo.

– Asesinato de Erley Monroy dirigente ASCAL-G en  San Vicente Del Caguan, Caquetá.

– Atentado contra Danilo Bolaños, líder de ASTRACAN en Nariño, cuando se disponía a participar en un Cabildo por la Paz.

– Asesinato de Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada, área de San Vicente del Caguán.

-Atentado contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá.

– Acaban de asesinar a Rodrigo Cabrera, hermano del líder de víctimas de Policarpa, Nariño.

Es tan grave la situación que en las últimas 48 horas se han presentado 3 muertes y 2 atentados.

Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado  dinero,  poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder.

Colombia entera recuerda, que usted, en un acto de valor moral reconoció  la culpabilidad del Estado en el exterminio de más de 5.000 líderes de la Unión Patriótica. Este es un importante paso en el proceso de reparación, pero nadie se explica por qué, si hay determinación de acabar con la guerra sucia no se toman las decisiones que efectivamente desarticulen el paramilitarismo.

No es admisible, que tomando nombres como “Los Úsuga” o las “Águilas Negras”, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante.

Por un momento, señor Presidente, haga un ejercicio mental y póngase en el lugar de las organizaciones sociales victimizadas, o en el nuestro, y pregúntese ¿qué actitud asumiría usted frente a este río de sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz que adelantamos? Y qué haría Usted, ante la reciente violación del cese al fuego que produjo la muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar?

Si está comprometido con la paz de Colombia actúe en consecuencia poniendo punto final a este exterminio de inocentes cuyo pecado parece ser su pensamiento crítico y visión de nuevo país, implementando ya el acuerdo sobre garantías de seguridad.

SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL FARC-EP

Gracias a: Delegación de Paz FARC-EP
Fuente: http://www.farc-ep.co/comunicado/carta-abierta-al-senor-presidente-juan-manuel-santos.html
Fecha de publicación del artículo original: 21/11/2016
URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=19344

El articulo Carta abierta al Señor Presidente Juan Manuel Santos, por el Secretariado Nacional de las FARC-EP apareció primero en piensaChile.

La falta de salud, de educación, de infraestructuras, y el propio accionar de la guerra han sumido a gran parte del pueblo colombiano en la miseria y en una de las mayores desigualdades sociales del continente Sudamericano. La represión ejercida desde la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente, ambas en pugna por el poder aunque aliadas contra el campesinado en lucha y en consonancia con EEUU, han dejado un reguero de formas de represión: Falsos positivos [1], desplazamiento interno sistemático, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de los DDHH.

A pesar de toda esta estrategia de dominación, cuya principal fuerza de acción ha sido el paramilitarismo, no han logrado amilanar a todo un pueblo en resistencia. Todos estos años de represión no han impedido que los colombianos se haya organizado en infinidad de organizaciones sociales, colectivos, sindicatos… y por supuesto en insurgencias a modo de guerrillas que mediante la lucha armada han defendido los intereses del pueblo en contra del modelo económico neoliberal imperante y al fin del propio capitalismo.

El desarrollo de esta larga guerra no ha permitido al Estado Colombiano vencer a las guerrillas, como tampoco le ha permitido a éstas tomar el poder. Esta situación de “inmovilidad” o “empate”, sumado al anhelo de paz de la sociedad y a la convicción de las organizaciones sociales de que la estrategia de lucha desde otras instancias que no sean la confrontación armada es el mejor camino, planteamiento que también han apoyado algunos sectores de la burguesía industrial, han conducido al actual Acuerdo de Paz.

Con todo, hoy Colombia, después del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, continúa siendo el país del mundo más peligroso para ejercer el sindicalismo; las muertes selectivas de defensores de DDHH, líderes sociales y militantes de todo tipo de colectivos y organizaciones sociales están a la orden del día.

Llegado a este punto nos adentramos en los Llanos del Yarí en el departamento del Caquetá, puerta de la Orinoquía y de la Amazonía, donde la Guerrilla ha instalado uno de los campamentos en el marco de la propuesta de las Zonas Veredales de Tránsito a la Normalidad, siendo esta una zona de confrontación y disputa en la que se ha generado un fuerte apoyo popular debido principalmente a la inexistencia del estado. Después de 8 horas recorriendo paisajes idílicos plagados de pastos para ganadería entre selvas, ríos y llanuras llegamos a la X Asamblea Nacional Guerrillera, siendo esta la última donde todos los frentes y bloques refrendarán los Acuerdos de Paz.

Ya en la entrada nos registran dos guerrilleros con marcadas facciones indígenas, y es que casi el 70% de los miembros de la insurgencia tienen dichos rasgos. Sin embargo en lo que a su identidad se refiere, ellos no se consideran indígenas, se consideran y se sienten campesinos.

Pero antes hemos pagado en las distintas veredas donde transcurría nuestra carretera un impuesto para las Juntas de Acción comunal con el objetivo de poder costearse infraestructuras viales y servicios para la comunidad. Este es uno de los trabajos sociales más importantes de la guerrilla, organizar a la sociedad civil para autogestionar sus propios recursos. Rápidamente nos reciben y nos tratan bien, la sonrisa en sus caras no se puede olvidar, las ganas de acabar la guerra y de empezar otra vida son evidentes e ilusionantes.

Una vez instalados en el campamento guerrillero uno comienza a sorprenderse al ver la estructura móvil donde los guerrilleros trabajan en labores del quehacer diario como la cocina, donde han construido hornos con barro que funcionan mejor que cualquier horno eléctrico, duchas construidas en medio de una quebrada de un río, baños improvisados pero totalmente aislados y las caletas o cambuches, camas construidas con bambú y lecho de tierra y hojas.

Como si de un ecosistema se tratara, donde cada uno tiene una tarea asignada y todo funcionara al unísono, sorprende ver cada caleta con sus armas y su material de guerra junto a hijos y campesinos, y es que ante todo la guerrilla es un grupo social humano y no está lejos de los problemas o virtudes de cualquier otro.

Peleamos con distintos medios de comunicación de masas, solo interesados en el morbo de familias que han llegado y no han encontrado a sus hijos o la búsqueda de guerrilleras de la columna móvil de las FARC-EP, conocida como Teófilo Forero, cuerpo élite de la insurgencia, que perpetró los más duros ataques contra el Estado.

Al final nos centramos en tres voces, la de los presos, la de las mujeres y la de los y las guerrilleras de la base.

Las razones son claras, los presos son la punta de lanza de un sistema depredador e hipócrita donde los que no se adaptan son sumergidos en las más terrible forma de represión que existe, la privación de la libertad, pero a esto hay que sumarle la extraordinaria crisis carcelaria que vive Colombia con un hacinamiento del 200% en los centros de reclusión y la sistematización de la tortura como parte de la doctrina de seguridad nacional aplicada a todos los disidentes incluidos sus familiares y el apoyo social con el que cuentan.

Las mujeres por ser el colectivo que más ha tenido que pelear sus derechos dentro de las organizaciones de izquierdas y en un contexto totalmente patriarcal, siendo Colombia una de las sociedades más conservadoras del mundo.

Por último recogemos la voz de quien está en la base de la insurgencia y conforma el pueblo campesino, quien a las últimas son las principales víctimas de todo el conflicto.

Conversando con la guerrillerada, como se definen asimismo, nos hablan de que la insurgencia es como una gran familia donde todo es colectivo y comunitario y ante toda la importancia de que las decisiones tienen que ver con el cuerpo guerrillero y no con uno como individualidad. Existen mecanismos de participación para la base aunque al final las decisiones son tomadas por la jerarquía militar organizada en bloques y frentes dependiendo de la presencia en cada región.

Respondiendo a nuestras preguntas descubrimos que la construcción del enemigo en las FARC-EP, es distinta la del ejército Colombiano más alineada con la doctrina de seguridad nacional donde el enemigo carece de parte social y política y simplemente es un terrorista.”…los militares son campesinos hijos del pueblo y de la patria…son víctimas del mismo sufrimiento que el nuestro, son los burgueses quienes se atrincheran detrás de ellos…” nos cuenta un guerrillero anónimo mientras nos comenta de lo bueno de la comida en el campamento.

La mayoría de ellos entraron con 13 años en regiones donde no había presencia estatal y donde la desigualdad y la falta de oportunidades, la carencia de salud y educación son la norma. La guerrilla fue su familia, donde aprendieron a socializarse, educarse y un oficio, entre risas nos cuenta una guerrillera “cuando entré no tenía conciencia de lo que hacía pero ahora tengo una formación y me debo a la lucha de las FARC-EP…”. Todos remarcaban como uno de los peores momentos cuando comenzó el genocidio de la Unión Patriótica o el anterior proceso de paz fallido en San Vicente del Caguán, en la zona de despeje cerca de donde nos encontramos. Las columnas tuvieron que huir dejando atrás comida y estructura siendo bombardeados tanto ellos como la población civil.

Y por supuesto, no podían faltar los buenos momentos en los que muchos encontraron su pareja o el momento en el que se firma la paz y se abre un camino de esperanza. Ante la pregunta ¿qué harás en un futuro escenario político?, la gran mayoría de mujeres quieren ser comunicadoras sociales y los hombres suelen decir: ”… donde el partido me diga…”.

Tras una larga espera conseguimos hablar con los presos que habían sido traídos en helicóptero para la asamblea y que tenían que volver a prisión hasta que se inicien las amnistías. Después de más de 22 años recluídos han podido estar en libertad con sus familias, al menos por unos días de descanso. Para ellos el punto de la amnistía es muy importante no solo por los presos políticos sino por los miles de presos sociales que se encuentran en condiciones infrahumanas en las cárceles del país y que han cometido delitos menores consecuencia de la exclusión social. Nos hablan de su labor social con otros presos en referencia a proceso educativos, pero lo que más nos llama la atención es la fuerte represión desplegada contra ellos resumida en la tortura, las cadenas perpetuas encubiertas y la represión contra sus familiares, victima inocentes de violaciones y tratos vejatorios con el fin de minar su moral.

Buscando la voz de las mujeres de la base encontramos la de Olga Marín, una de las guerrilleras más antiguas de la organización quién hizo parte de la Comisión Internacional y actual miembro de la comisión de Monitoreo y Verificación del Alto al Fuego entre ambas partes. Sabemos que ella es un exponente de la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones en el seno de las FARC-EP. Ella nos realiza una cronología de dicha lucha a través de los años y de las distintas asambleas y conferencias.¨…Mujeres siempre hubo en la guerrilla colaborando entre enfermería, cocina etc…¨, hasta el momento en el que las guerrilleras conforman el 40% de las combatientes y son mayoría en el secretariado y en altas comandancias, siendo su voz igual de importante que la de los hombres.

La lucha ha sido larga, paso a paso hasta que las mujeres han conseguido hacer valer su propias reivindicaciones, pero lo más importante es que esta lucha ha sido en todo momento paralela a la misma de las mujeres en la sociedad Colombiana, incluso alguna de las reivindicaciones coinciden en fechas. Desmontando así las falacias vertidas contra la guerrilla desde los medios de comunicación de masas, quienes hablaban de que las mujeres solo tenían un papel de meras esclavas sexuales…. Pero es innegable el machismo inherente a la sociedad campesina igual que la propia sociedad guerrillera, así nos lo hacen saber las guerrilleras con frases como:” …las mujeres somos iguales que los hombres en el campamento pero si un comandante esta con varias mujeres adquiere un prestigio que nosotras no podemos tener…¨ ; aunque esta afirmación no se puede generalizar porque encontramos opiniones que hablaban de que si los hombres lo hacían también era causa de desprestigio.

Después de bailar y disfrutar con la guerrillerada volvemos a San Vicente del Caguán donde conversamos con las gentes de un pueblo dividido entre el “Sí” y el “No”. Entre las opiniones de los detractores nos encontramos con frases como “…En la biblia pone que los hombre no podemos vivir en paz, Salmo…” reflejando el discurso evangelista alineado con la campaña desplegada por Uribe, exponente del paramilitarismo y de las peores masacres ocurridas en el país.

De entre los partidarios del “Si”, las opiniones mayoritarias vienen de las víctimas quienes han sido el centro de estos acuerdos y a las que se les va a reparar y por las que el pueblo colombiano va a acceder a la verdad de lo que sucedió.”…A mí me robaron las tierras porque un infiltrado del estado dijo que yo les hacía inteligencia, era mentira y estoy a favor del “si”, porque ya no es posible que haya más sangre y en nuestras regiones falta mucha inversión, las FARC-EP tienen mucho dinero del negocio de la coca y deben invertirlo en nuestros pueblos…”.

Ya en Florencia, capital del departamento, volviendo a Bogotá, nos topamos con un aeropuerto atestado de militares de alto rango y entre ellos uno está conversando con un policía. El militar le dice al policía: “…es que el país se convertirá en “CastroChavista” como Venezuela…” y el otro le dice que no está muy de acuerdo pero que el punto de las tierras es de vital importancia ya que el policía es de origen campesino y sabe de primera mano que ellos han sido despojados de sus tierras mediante la violencia y que lo merecen, además de ser la solución al problema principal y causa fundamental del conflicto colombiano.

Todavía no sabemos que la cruda realidad va a manifestarse apenas pisamos la capital del país: La abstención ha ganado el plebiscito con casi el 63% de apoyo seguida del “No”, que apenas supera al “Sí” en 60.000 votos. Todas las regiones afectadas por la guerra y las principales ciudades y pueblos donde más víctimas ha habido, han votado y ha ganado la paz, pero en las ciudades y el centro del país a excepción de Bogotá ganó la continuación de la guerra o como dicen ahora los detractores del proceso, la “Renegociación”.

Es evidente que mucha población colombiana que no ha sido afectada directamente por el conflicto armado aunque si indirectamente piensa que sus principales problemas no terminarán con el acuerdo o al menos no se creará una mejor situación para que esto suceda. Por otro lado los máximos artificiaros de la campaña del “No”, han sido los evangelistas alineados con el ex-presidente Uribe, aunque como se ha demostrado no tienen una alternativa y nunca pensaron que ganarían.

La situación es inestable aunque no parece que los acuerdos se vayan a quedar en papel mojado, la comunidad internacional es clave en la presión para que se apliquen y así lo ha demostrado al conceder el premio nobel de la paz al presidente Juan Manuel Santos.

Entre todo este revuelo han salido a la luz las mentiras de la campaña por el “No” centradas en los distintos miedos de la cultura e idiosincrasia de las regiones Colombianas conformando un escándalo que ha hecho que el principal defensor de la campaña haya abandonado el cargo, además de que la población civil ha tomado medidas judiciales ante las mentiras orquestadas.

La esperanza continua en forma de organización social de base con el #PazAlaCalle, movimiento ciudadano que nace de manera similar al 15M de los pueblos del Estado Español o de otras latitudes. Se han convocado asambleas horizontales en barrios y plazas, también se han generado iniciativas como una acampada en frente del Palacio Presidencial, cuyo objetivo es mantenerse al menos hasta que se implementen los acuerdos firmados. Esta nueva forma de lucha cargada de horizontalidad y que nace de la falta de presencia en barrios obreros y excluidos de la izquierda y de los movimientos sociales, pretende defender la Paz con Justicia social en un contexto urbano.

Tras todo este recorrido, vemos como a día de hoy resulta muy complicado que las FARC-EP renegocien puesto que ya está firmado y el plebiscito no tenía vinculación jurídica alguna más que la política. Lo que es seguro es que se ha abierto una nueva etapa política en Colombia donde los movimientos sociales de base y la izquierda tendrán que hacer autocrítica y adaptar su lucha a las nuevas realidades. Por último nos quedamos también con el pensamiento libertario, apoyando la paz aunque criticando que está de pie a la consolidación de las políticas neoliberales y sea producto de un pacto de élites.

*Fuente: Rebelión
Nota

[1] Falsos Positivos: El ejército Colombiano en la lucha contrainsurgente, comenzó a asesinar civiles inocentes y disfrazar sus cuerpos de guerrilleros que posteriormente eran trasladados a las zonas rurales cercanas a campamentos guerrilleros con el fin de contarlos como bajas guerrilleras y cobrar así la comisión que el gobierno del expresidente Uribe y ministro de defensa Juan Manuel Santos (actual premio Nobel de la Paz y presidente de Colombia) otorgaban por ello. El caso más conocido es el del municipio obrero conocido como Soacha, cercano a la capital Colombiana.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Traducido por  María Piedad Ossaba
La atribución del Premio Nobel de la Paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos, y en forma exclusiva, es un gesto que nos deja sin palabras. No podemos dar crédito a lo que oímos y a lo  vemos: así  es que,  ¿el mérito de la firma de un acuerdo de paz sólo se le reconoce a uno de los firmantes? ¿En que estaba pensando el Comité  noruego? Para firmar un acuerdo, se necesitan por lo menos dos, y en Colombia, los firmantes eran dos: Santos y las FARC-EP.

¿Por qué entonces las FARC no recibieron también el premio? Para el acuerdo de Paz en Vietnam, fueron  Kissinger y  Le Duc Tho que recibieron el premio en 1973 (el vietnamita lo rechazó), para el acuerdo egipcio-israelí, fueron Sadat y Begin en 1978, para el acuerdo sudafricano, fueron Mandela y De Klerk en 1993, para los acuerdos de Oslo, fueron Arafat, Rabin  y Peres en 1994.

Si realmente  hay un hombre que hubiera merecido  este premio es  Fidel Castro, que es a quien básicamente  se le debe el acuerdo de paz en Colombia.  Fue Fidel quien trabajó incansablemente en la sombra, desde hace unos veinte años, para llegar al fin a los diálogos de paz de La Habana. Y él quien tiene el menor mérito  en este proceso, es precisamente Santos,  quien persiguió con estos acuerdos  objetivos nada nobles: contaba con ellos para hacerse reelegir en 2018 y para seguir entregando la riqueza de una Colombia pacificada al saqueo de las multinacionales y de la oligarquía colombiana.

Y al imponer la celebración de un referéndum sobre este acuerdo de paz, en vez de la elección de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, como lo pedían las FARC, le abrió la puerta a  su antiguo jefe, Álvaro Uribe, abanderado del sector más agresivo y revanchista de la derecha oligárquica colombiana. Resultado de este referéndum tan estúpido como inútil: el acuerdo de paz fue rechazado  por “el pueblo”, o sea el 12,5% de los colombianos.

Antes del premio Nobel, Santos había anunciado que  el cese el fuego duraría hasta el 31 de octubre. Después de haber sido galardonado, cambio posición, declarando que el cese el fuego bilateral se iba a mantener. Sin embargo no sería la primera vez que  un Premio Nobel  de la Paz hará la guerra:  basta con pensar en Shimon Peres o en Obama.

Gracias a: Tlaxcala
Fuente: https://bastayekfi.wordpress.com/2016/10/07/lattribution-unilaterale-du-prix-nobel-de-la-paix-est-un-scandale-pur-et-simple/
Fecha de publicación del artículo original: 07/10/2016
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El articulo La atribución unilateral del Premio Nobel de la Paz es un escándalo absoluto apareció primero en piensaChile.

En cuanto al Premio Nobel de la Paz, lo han logrado personajes tan contrarios a la paz, como el Secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, un fascista e instigador de golpes de Estado en América Latina; en el año 2009 le fue concedido al Presidente Barack Obama, al poco tiempo de haber sido elegido Presidente de Estados Unidos. En la otra vereda, se les ha otorgado a personajes tan valiosos como Martin Luther King, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú y Desmond Totu y, ahora, el promotor de la Paz en Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos.

Las reacciones a la adjudicación de este Premio, como era de esperar, han sido muy disímiles: Ingrid Betancourt, raptada por las FARC en febrero de 2002 y liberada en julio de 2008 plantea, a mi modo ver, muy justamente, que el Premio Nobel debería haber sido otorgado junto con Santos, a las FARC-EP, representadas por Rodrigo Londoño, como jefe de esta organización.

Aun cuando el Premio Nobel de la Paz esté, en cierta medida, desprestigiado, no cabe duda de que en el caso del Presidente Santos es merecido con creces, además de ser muy útil para afirmar el proceso de paz, que es cuestionado y puesto en peligro por el triunfo del NO en el reciente plebiscito del 2 de octubre y, sobre todo, por la ofensiva del uribismo paramilitar.

El Presidente Juan Manuel Santos es un hombre de derecha – en Chile sería como un militante, por ejemplo, de Renovación Nacional o bien, del ala conservadora de la Democracia  Cristiana -, pertenece a la familia de “todos” Santos, dueña del diario El Tiempo, una especie de El Mercurio colombiano. Su rival, El Espectador, donde también escribía García Márquez, desapareció luego de una serie de atentados, perpetrados por el narcotráfico. Aún está vigente el diario El Siglo, del Partido Conservador, con muy pocos lectores que siguen al ex Presidente Andrés Pastrana, uno de los líderes del NO a la Paz.

Las comparaciones del triunfo del NO en el plebiscito  Colombiano con el BREXIT no tienen mucha validez desde el punto de vista del análisis político, salvo el caso de que los electores votan, a menudo, por opciones que perjudican a su propio país. El caso colombiano es bastante complejo: durante cincuenta y dos años la sociedad estuvo traspasada por el narcotráfico, el conflicto armado de varios grupos guerrilleros contra los sucesivos gobiernos y, dentro de este mismo período, la formación de grupos paramilitares, organizados por la ultraderecha, quienes asesinaban o desterraban a destajo a campesinos. Durante gran parte de este lapso el poder político en Colombia se repartió entre liberales y conservadores y también entre jefes de bandas y sus delfines. En la toma del Palacio de Justicia, llevada a cabo por miembros del grupo armado M-19 – formado a raíz de la venta, por parte del candidato Gustavo Rojas Pinilla, ex dictador, del triunfo electoral para sumar votos al candidato Misael Pastrana Borrero, quien se convirtió en Presidente de la República -. Un papel importante jugó, según algunos analistas, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria quien, incluso, ocupó un cargo parlamentario, además de innumerables actividades políticas para ejercer presión sobre la inconveniencia de la extradición de narcotraficantes a estados Unidos.

El camino de la Paz en Colombia se torna difícil: el primer problema radica en que el debate se está centrando en un diálogo entre el senador Álvaro Uribe y el Presidente Juan Manuel Santos que, según mi opinión va a tener muy poca salida, pues las condiciones del paramilitar Uribe son inaceptables, por ejemplo, llevar a prisión a los líderes de las FARC o bien, someterlos a la justicia ordinaria y no la especial, consignada en el Acuerdo de Paz, hoy desahuciado por el triunfo del NO.

No se podría aceptar tampoco la supresión de los 10 cargos en el Parlamento, una condición sine qua non para la integración de los miembros de las FARC como fuerza política dentro del juego democrático.

La actitud de las FARC, hasta el momento, ha sido muy positiva, pues mantienen el compromiso del diálogo de la palabra y no el de las armas, según palabras de Rodrigo Londoño.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN) – una agrupación de tendencia maoísta, a la cual perteneció el sacerdote Camilo Torres Restrepo, y aún cuenta entre sus miembros a algunos curas – ha iniciado conversaciones con delegados del gobierno para iniciar un proceso de paz.

Lograr el éxito, a corto plazo no será fácil, sin embargo, a pesar de los posibles retrocesos la  paz es un imperativo categórico para superar el holocausto en Colombia.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

08/10/2016

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