A los 27 años, Henry David Thoreau se mudó a una cabaña en el bosque porque quería saber qué era una buena vida. Se dio cuenta: no hace falta mucho. Su obra más famosa, «Walden», es un llamamiento al minimalismo y la introspección.

A Henry David Thoreau le gustan las cosas tranquilas. Prefiere caminar por la hierba y lejos de los caminos por colinas y bosques porque no soporta el crujido de los guijarros bajo sus pies. En los bolsillos lleva su diario y un bolígrafo, prismáticos para observar aves, un microscopio, una navaja y un trozo de cuerda resistente. No necesita mucho más.

Henry David Thoreau está familiarizado con los animales del bosque; las serpientes se enroscan en sus piernas, los peces nadan entre sus manos, los ratones duermen bajo su colchón y él esconde a los zorros de los cazadores. «La naturaleza parece haberlo adoptado como hijo predilecto en agradecimiento a su amor, y le muestra secretos que pocos conocen», escribe el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne sobre Thoreau.

Nacido en Concord, Massachusetts, en 1817, Henry David Thoreau está considerado uno de los grandes poetas nacionales de Norteamérica. Su obra más famosa, «Walden», es un testimonio de esta profunda sensibilidad hacia la naturaleza y las fuerzas superiores que actúan en ella. Narra la vida de Thoreau en una cabaña del lago Walden, donde se retiró durante más de dos años para escapar de la sociedad y encontrarse a sí mismo en la naturaleza.

La retirada como resistencia

Cuando Henry David Thoreau se mudó en 1845 y construyó su cabaña en el lago Walden, unos kilómetros al sur de su ciudad natal, tenía casi 28 años. En estrecha amistad con el célebre filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, se había acercado cada vez más a los trascendentalistas de Nueva Inglaterra, que rechazaban las religiones dogmáticas, el materialismo y el pensamiento puramente racional de la Ilustración.

La vida proclamada por los trascendentalistas es libre y autodeterminada; Thoreau, amante de la naturaleza, ve reflejados en ellos sus propios puntos de vista y se distancia cada vez más de la sociedad, a la que percibe como equivocada.

«Me trasladé al bosque porque quería vivir con la reflexión, acercarme a la vida real, verdadera, para ver si podía aprender lo que tenía que enseñarme para que, cuando llegara el momento de morir, no tuviera que darme cuenta de que no había vivido».

Su oposición al gobierno estadounidense creció durante estos años en el lago. Thoreau estaba indignado por las críticas a la guerra de México, el «reasentamiento» de los indios y la inercia de la democracia de masas en la época del entonces presidente de EE UU Andrew Jackson. Reconoce la mayor injusticia de la sociedad norteamericana en la esclavitud, que no fue abolida en todo el territorio de EEUU hasta 1865, tres años después de la muerte de Henry David Thoreau.

«Walden» describe una falta de libertad autoimpuesta

Sin embargo, la esclavitud que Henry David Thoreau critica en «Walden» no se refiere a la opresión masiva de los africanos. Escribe: «Es duro estar bajo un esclavista del Sur, más duro estar bajo uno del Norte, pero lo peor de todo es cuando somos nuestros propios supervisores de esclavos».

En la sociedad y en sus vecinos de Concord, Henry David Thoreau reconoce otra forma de opresión que cunde en el propio ser humano. Critica duramente el sistema económico capitalista de EE.UU. y describe una desesperación que observa en sus semejantes: «Viajé mucho por Concord, y por todas partes, en las tiendas, en las oficinas de los dependientes y en los campos, los habitantes me parecían expiar sus pecados de mil extrañas maneras.»

Henry David Thoreau observa a los trabajadores del ferrocarril y a sus vecinos lejanos en los campos, ve su sudor en el calor del mediodía y el tiempo que pasa en su afán y reconoce en ello el error de la propiedad. Con su duro trabajo, adquieren bienes y tierras que se vuelven pesados para ellos e impiden que su espíritu sea libre.

Un hombre que posee muchas hectáreas de tierra no es rico a los ojos de Thoreau. Al contrario, acepta voluntariamente ser esclavo de sus posesiones, teniendo que administrarlas y aumentarlas para comprar más y más cosas que sólo parecen enriquecer su vida. Y esto es quizá lo esencial que aprende Thoreau durante su estancia en el lago Walden: a distinguir entre las supuestas y las verdaderas necesidades básicas de la vida humana. Incluso es capaz de reducir estas últimas a una sola necesidad: «La gran necesidad de nuestro cuerpo consiste […] en mantenernos calientes, en conservar el calor de nuestra vida.»

Henry David Thoreau critica el orden capitalista

En su retiro en la naturaleza, Thoreau había reconocido que las posesiones materiales no conducen a un aumento de la felicidad experiencial, sino que la acumulación de riqueza y lujo sólo ciega a las personas ante sus necesidades humanas espirituales centrales.

Entre sus lejanos vecinos del lago, Thoreau encuentra los prototipos de su tesis, que consideran la riqueza como la clave de su felicidad y al hacerlo se lanzan cada vez más profundamente a la infinitud de las necesidades materiales. «Una vida de tontos es, pensará cada uno a su fin, cuando llegue a su fin, si no antes», juzga Thoreau.

Bajo la presión del mercado, numerosas necesidades arraigan en la vida de sus semejantes, convirtiendo las cosas cotidianas en artículos de lujo y dificultando la satisfacción de las necesidades básicas. Los vecinos de Thoreau y sus familias quieren comer carne todos los días, construyen grandes casas que son más símbolos de estatus que hogares y al sastre de Thoreau primero hay que convencerle de que le cosa una camisa útil que no siga los dictados de la última moda y quede inservible en la próxima temporada.

El orden capitalista que critica Henry David Thoreau sólo puede funcionar en estas condiciones y es, por tanto, un sistema intrínsecamente enfermo que sólo crece con el sacrificio de sus trabajadores.

Seguridad interior

La desesperación que les imputa no carece de razón: durante la vida de Thoreau se produjeron importantes cambios sistémicos: entre 1815 y 1850, Estados Unidos se transformó de un sistema económico agrario a uno comercial.

Las explotaciones familiares, en gran medida autosuficientes, están dando paso a una producción excedentaria orientada al mercado, y la expansión económica de los agricultores va acompañada de fuertes dependencias. Hay que pedir préstamos para reaccionar a las fluctuaciones del mercado, lo que significa que muchos agricultores de zonas rurales como Concord se endeudan muy pronto.

Tras graduarse en la Universidad de Harvard, el propio Henry David Thoreau aprendió lo difícil que puede ser la vida cuando el sistema económico juega en tu contra. En la crisis financiera estadounidense de 1837 -todavía hoy una de las mayores crisis económicas del país- estalla una burbuja especulativa que sume a la población en una depresión económica de cinco años. Las cifras de desempleo se disparan, los salarios que aún se pagan tocan fondo y muchas empresas y bancos se declaran en quiebra.

Henry David Thoreau, que tuvo que ganarse la vida por primera vez durante estos años y acabó contratándose como maestro en las escuelas primarias de Concord, se caracterizó por estas experiencias. Busca su propia seguridad interior, su felicidad en la vida no debe depender del auge y la caída de la economía. El contramodelo que describe en Walden hace hincapié en la autosuficiencia y la sencillez para recuperar la libertad y la independencia del individuo.

La naturaleza aleja todo lo que está mal

«¡Sencillez, sencillez, sencillez!», reclama al lector de «Walden», señalando el mensaje central de la lectura: «Que tus asuntos sean dos o tres, te digo, y no cien o mil, en vez de contar un millón, cuenta media docena y lleva un registro en la uña del pulgar».

Muchas personas se dan cuenta en algún momento de que su vida no les satisface. El filósofo Michael Bordt explica por qué el camino hacia el autodescubrimiento siempre pasa por las emociones.

La figura ideal de Thoreau reduce sus necesidades a lo esencial y se libera del lastre. Esto último no sólo se entiende en términos materiales. Tras su retiro a la cabaña en el bosque, donde sólo dispone de lo estrictamente necesario, Thoreau inicia un largo proceso de autorrealización y búsqueda de sentido, que experimenta en la amistosa vecindad del lago Walden. El lastre del que se desprende es de naturaleza interior.

«Queremos sentarnos y trabajar y moler y frotar nuestros pies a través del barro […] de las opiniones, los prejuicios, la tradición, el engaño y las apariencias, […] a través de la iglesia y el estado, a través de la poesía, la filosofía y la religión, hasta que lleguemos a un lugar sobre tierra dura y roca que llamemos realidad y del que podamos decir: ‘Esto es, esto no es error’.»

Alcanzar esa profundidad humana en la que reside la verdad para Thoreau es como un renacimiento que tiene lugar en el seno de la naturaleza materna. Thoreau encuentra el camino de vuelta a sí mismo en la naturaleza porque en ella se da todo lo humano; porque en ella se acentúa todo lo natural y se expone lo antinatural. Una vida equivocada no puede vivirse en armonía con la naturaleza. La naturaleza rechaza todo lo que está mal.

El lago Walden como metáfora del ser humano

El lago Walden sirve a Thoreau como metáfora del ser humano; entre el cielo y la tierra, sus colores brillan en la superficie y remiten a la dualidad de materia y espíritu que palpita en el observador entrenado.

Thoreau mide su propia profundidad en el lago y eleva el baño matutino a práctica religiosa. Para él, cada nueva mañana en la naturaleza es una mano de perdón y una invitación a vivir de verdad; la primavera permite que incluso el mayor pecador vuelva al vientre de su madre.

«A través de nuestra propia inocencia recuperada, reconocemos la inocencia de nuestros vecinos», escribe Throreau. En el punto cero humano, en lo más profundo de nuestra realización, cuando todo lo falso ha sido borrado, todas las personas son iguales. No reconocemos vicios ni en nosotros ni en nuestros vecinos.

La fama de Henry David Thoreau llega tarde

Henry David Thoreau revisó «Walden» siete veces – cuando lo publicó en 1854, su experimento en el lago Walden ya se había completado varios años antes. Sólo se vendieron 2.000 ejemplares en vida, Henry David Thoreau fue considerado un excéntrico, «Walden» un panfleto de escepticismo sobre el progreso, algo inusual e indeseable en la época. Como suele ocurrir en la historia de la literatura, la fama le llegó tarde.

Un juego mental, tan seductor como arriesgado: ¿Estoy en la vida correcta? ¿Y si tuviera que empezar de nuevo, tomar una nueva decisión? Sobre el tremendo atractivo de la vida no vivida. Y la constatación de que podemos hacer las cosas de otra manera.

Hoy, más de cien años después, casi todos los estadounidenses conocen el nombre de Thoreau, y sus escritos han sido considerados una luz guía por numerosas contraculturas, entre ellas el movimiento de 1968 y el Movimiento por los Derechos Civiles; más recientemente, los ecologistas de Extinction Rebellion invocaron a Thoreau.

Lo que fascina a los lectores de Thoreau hasta el día de hoy es probablemente el concepto alternativo a nuestra sociedad opulenta que se esboza en «Walden» y otras obras. La economía se rebaja a mero medio; sirve para mantener una base material fundamental que da a la gente la oportunidad de buscar su verdadera calidad de vida y vivir en consecuencia. También le da la oportunidad de ser libre. El deseo de autoconocimiento de Thoreau se convierte en un deseo de autoliberación y de liberación de sus semejantes, un deseo que muchas personas comparten.

*Fuente: GEO

Más sobre el tema:

El articulo Henry David Thoreau: El hombre que se adentró en el bosque para encontrarse a sí mismo apareció primero en piensaChile.

La mayor intensidad del siniestro no pertenece al ámbito de lo imprevisible.

La copiosas lluvias así como la fuerza y velocidad de los vientos se observan y registran un aumento a lo largo de la última década y están en directa consonancia con el cambio climático que afecta de manera creciente la vida planetaria desde hace cinco décadas, resultante de un proceso de origen antrópico, frente al cual la inoperancia a nivel local y mundial ha sido la tónica de gobiernos cada vez más tecnocráticos o capturados por la respectiva casta empresarial y, a nivel global, por la ideología neoliberal que arremete sin tregua en la explotación irracional de recursos no renovables, generando avanzados procesos de erosión a nivel planetario.

Lo descrito pone en evidencia, una vez más, la ausencia de planificación que caracteriza al modelo neoliberal aún imperante, como herencia fundamental de la dictadura militar-empresarial que, argumentando una necesaria descentralización administrativa como parte de la cacareada modernización del Estado, lo que en verdad hizo a lo largo de cuarenta y cinco años fue, reducir su financiamiento, debilitando ostensiblemente sus capacidades, abandonando sus responsabilidades sociales de garantizar el bienestar general de la población, todo ello en beneficio del sector empresarial que, paso a paso, transformó todos los derechos que antaño el Estado financiaba y garantizaba, en mercancías.

Así, en nuestro presente resulta patético constatar que, sin sospechar la menor falta, sin asomo de reparo moral alguno, puede leerse en una revista de publicidad similar a tantas otras del mismo rubro, que la soberanía reside en el consumidor, afirmación equivalente a que con dinero se compran derechos y se adquieren, más o menos, según el poder adquisitivo de cada ser humano.

El agua, un recurso vital, cada vez más escaso y patrimonio de la comunidad en cualquier país civilizado, en Chile lleva décadas privatizada y algunos de sus dueños son consorcios extranjeros, en circunstancias de que desde hace décadas es vox populi, que las guerras del futuro cada vez más próximo serán por el agua como recurso estratégico.

La tierra fértil de nuestros valles, escasa en un país flanqueado por montañas y equivalente solo al 20% del territorio continental, no es debidamente protegida por planos reguladores que no regulan absolutamente nada y que se actualizan cada cierto tiempo, debido al impulso voraz de empresas constructoras de condominios elegantes o al loteo de parcelas de agrado que modifican las ciudades, amplían el crecimiento horizontal generando conurbaciones de pueblos antes diferenciados y privan a las urbes de los terrenos agrícolas que hace cinco décadas les abastecían, encareciendo de paso -por la mayor lejanía de los transportes- el precio de las hortalizas.

Otro resultado nefasto de este vasto sistema desregulado, con un Estado minimizado y por ello fallido, es que el libertinaje, de la mano de una corrupción imperante en casi la mitad de nuestros municipios, no aborda la exigencia y supervisión estricta de las redes adecuadas a la absorción de aguas lluvias, a la par de permitir la construcción de viviendas en lugares inadecuados y potencialmente peligrosos como quebradas o sobre dunas, a fin de lucrar mediante el aditivo de un paisaje o una vista privilegiados.

Todo ello sin respeto alguno por nuestra loca geografía. Bueno, agreguemos al respecto que el avaro, si es además ignorante no puede respetar ni cuidar lo que no conoce.

Cuando éramos pobres y no dábamos consejos a otros países respecto de cómo comportarse, ni alimentábamos fantasías zoológicas de metamorfosearnos en tigres o jaguares.

Cuando aún no experimentábamos la miamización plantando palmeras por doquier, también había temporales y catástrofes naturales.

Recuerdo como en la primera mitad de la década de 1980, una persistente secuencia de lluvias permitió a muchos saber que el desbordado río Mapocho no había hecho otra cosa que dar -después de casi un siglo- un paseo por uno de sus antiguos brazos irrumpiendo orondo desde Plaza Italia y embarrando a su paso la Alameda hasta un par de cuadras al poniente del Palacio de La Moneda.

Cayeron un par de autos a sus aguas en Santiago oriente, se inundaron momentáneamente algunos pasos bajo nivel, se desgancharon algunos árboles añosos pero no se interrumpió la electricidad.

Había entonces una sola gran generadora de energía eléctrica estatal llamada ENDESA, que había comenzado a funcionar en 1943 y una empresa distribuidora llamada Chilectra.

Entonces nadie decía que el Estado era ineficiente o que era un mal administrador o que hacerse responsable de la construcción de hospitales, policlínicos, establecimientos educacionales, carreteras, viviendas para empleados y obreros en asociación con la Cajas de Previsión como el Servicio de Seguro Social, la Caja de Empleados Particulares, la de Empleados Públicos y Periodistas y de la Defensa Nacional fuera propio del comunismo y atentatorio a la libertad.

Nadie agitó movilizaciones en contra de generar una industria manufacturera de implementos de cobre como MADECO, cuando el cobre aún no era chileno.

Bueno, todo aquello fue destruido en nombre de una modernización que nos tiene cautivos de diferentes empresas privadas, las que luego del golpe de Estado se repartieron el botín.

Para la oligarquía empresarial gobernante que reiniciaba la concentración de la riqueza, el problema radicaba en el Estado: entonces había que achicarlo, quitarle los dientes y asignarle el prioritario rol policíaco de asegurar el orden social que garantizara la producción y la rentabilidad.

Para ello, el Plan Laboral del Ministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera, facilitó los despidos sin apelación por necesidades de la empresa, debilitó los sindicatos, hizo inútiles las huelgas y traspasó las responsabilidades estatales de garantizar pensiones a las recién creadas AFP.

Finalizando la dictadura, la Compañía de Teléfonos de Chile se privatizó siendo vendida a frescos capitales extranjeros para luego desaparecer. Debe hacerse mención que el verdaderamente fresco fue el señor Bond, un australiano que, en situación de quiebra internacional, la compró a precio de huevo y luego la vendió a un sobreprecio que le permitió salir airoso y sin haber realizado modernización alguna.

Una vez iniciada la transición democrática negociada con la dictadura, fue privatizada la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias EMOS, gracias a la modernizadora iniciativa del Empresario Presidente Eduardo Frei Ruíz Tagle (perteneciente al club de los cómplices pasivos al igual que aquel que les dio el nombre) y de su Ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos Escobar.

De esa manera pasamos a ser clientes de Aguas Andinas y también de ENEL, una vez que se privatizó y desapareció Chilectra Metropolitana.

Lo que hoy ocurre, producto del cambio climático resultante de un neocapitalismo tan salvaje como el colonialista de hace dos siglos, se ve agravado por la sensación de desamparo de chilenos esforzados y sin influencias que, desde todos los espacios y sin distinción de clase, ven a Ministros inoperantes recurriendo a lugares comunes (…estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, vamos a aplicar todo el rigor de la ley, aplicaremos las multas correspondientes y la restitución del daño por el corte de energía).

Personeros sin decisión para castigar la negligente inoperancia, la insensibilidad e imprevisión de empresas privadas que están muy lejos de demostrar la eficiencia con que las defienden los discursos oficiales.

En barrios populares de la periferia norte, poniente y sur de Santiago, así como también en el sector oriente donde habitan los sectores más acomodados, se han verificado protestas, caceroleos, cortes temporales de calles al flujo vehicular, barricadas y fogatas nocturnas que han obligado a Alcaldes de todos los colores políticos (que además recordémoslo están en campaña de reelección) a presionar al gobierno central.

Resulta curioso ver a periodistas mercenarios, siempre serviciales a los intereses del gran capital, hacerse eco de la indignación ante la inoperancia del otrora virtuoso sector privado.

Este momento, así pienso, debe hacernos reflexionar acerca del Estado que tenemos y aquel que deberíamos instalar.

• Un Estado que no esté tutelado:
• Un Estado verdaderamente democrático que permitiendo la expresión de todas las voces dirima mediante plebiscitos todos aquellos temas que afectan a las mayorías;
• Un Estado cuyos legisladores se muestren atentos a las iniciativas populares de ley que surjan con el respaldo de un número de firmas exigido por ley;
• Un Estado donde pueda ponerse fin al ejercicio de cargos de elección popular a quienes incumplan la ley o incurran en actitudes reñidas con la probidad y moralidad públicas, desde los representantes comunales hasta la primera magistratura de la nación;
• Un Estado donde los cargos de elección popular no les pertenezcan a los partidos sino a los ciudadanos cuando, por cualesquier razón, el titular no pueda completarlo, debiéndose llamar a una elección complementaria de la suplencia a fin de completar el período, como ocurría bajo la Constitución de 1925, en el entendido que la ciudadanía tiene el derecho -si está satisfecha- de votar por el candidato afín al saliente o en contra de esa tendencia;
• Un Estado que garantice la paz impulsando la justicia social y en el que derechos esenciales como salud, educación, vivienda, pensiones o el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales sean cautelados de la voracidad del mercado.

Hassán Akram, Doctor en Ciencias Sociales graduado en Cambridge, Director y representante en Chile de la Universidad Wake Forest, panelista y Profesor de la Universidad Diego Portales, destacado ensayista y polémico librepensador de izquierdas que caracterizó al nuestro como “un país mafioso con un clientelismo binominal”, manifestó hace un par de días al finalizar un programa de televisión (no es su expresión literal) la idea siguiente…

Qué bueno que también protesten los del barrio alto. A ver si se dan cuenta que los estallidos sociales no surgen de agentes alborotadores profesionales, sino del hastío de quienes no se sienten escuchados y para ello deben salir a las calles.

-El autor, José Miguel Neira Cisternas, es profesor

*Fuente: Politika

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Estimados Carol, Edison y Nathan:

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Documental – Denuncia estrenado el 1 de marzo del año 2022 !!!, sin embargo no tuvo ninguna difusión en la Television Nacional, ni en los grandes medios, que hoy vuelven a su discurso de siempre: condenar a quienes les indican los que pagan, el libreto de siempre: mapuches, terroristas, permaneciendo ocultas las verdaderas causas, como demuestra este trabajo hecho en trabajo objetivo, abnegado, tecnicamente impecable.

Cada temporada, más territorios del centro sur de Chile y Wallmapu, sufren por la mega sequía y voraces incendios forestales que destruyen todo a su paso. Comunidades e investigadores/as apuntan a la industria forestal como uno de los principales responsables, junto a un Estado incapaz de prevenir y contener estas catástrofes.

Tras más de 2 años de trabajo nace el documental «Llamas del despojo: Incendios del negocio forestal”. Este documental está siendo producido por el colectivo audiovisual Ojo de Treile con RESUMEN, con la colaboración de Taller Svarmo, Nahuelbuta Films, Homovidens y la productora audiovisual Tabula Rasa. La música original es del cantautor Juan Sin Tierra, Motri y Kimün Klan.

Para contactar con sus realizadoras/es puedes escribir al siguiente mail:

ojodetreile@gmail.com o

resumen.cl@gmail.com

www.resumen.cl —

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“Plantar Pobreza”

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UNA CUESTIÓN PREVIA

El 04 de septiembre deberá la ciudadanía concurrir a las urnas para pronunciarse sobre si aceptar o no la propuesta de nueva constitución hecha por la Convención Constitucional.

Teóricamente, del texto que ilustra el llamado ‘Acuerdo Por la Paz Social y una nueva constitución”, de fecha 15 de noviembre de 2019, y de las disposiciones de la propia Ley 21.200 —que materializó aquel convenio— se desprende que el legislador, al discutir el contenido de la misma, no tuvo dudas acerca de existir consenso entre los firmantes del documento en torno a una cuestión fundamental: la abolición de la constitución pinochetista.  La eliminación de ese engendro jurídico fue, pues, requisito sine qua non para la firma del referido Acuerdo y, consecuentemente, para la dictación de la Ley en referencia. De lo cual debería colegirse que, de ganar la opción ‘Rechazo’ —contenida en la misma ley—, y dado que la constitución de 1980 debería considerarse vigente solamente en forma supletoria en tanto no se dicte la nueva, estaría el legislador obligado a convocar a la ciudadanía a elegir nuevos convencionales constituyentes para dar vida a una nueva Convención Constitucional.

En ese sentido se orientaría la propuesta hecha por el propio presidente —temeroso del eventual triunfo del Rechazo y presionado por los propios miembros de su coalición de pasado concertacionista—, que ha venido repitiendo en no pocas oportunidades, a partir de una entrevista que le hiciera CHV el 15 de julio pasado:

«Lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más (…) Ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó en un Plebiscito por una nueva Constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin”[1].

CÓMO MATERIALIZAR EL ACUERDO

Para dar vida a esa propuesta debió el presidente ordenar sus propias filas lo que consiguió al materializar su contenido en un nuevo Acuerdo, de fecha jueves 11 de agosto de 2022, suscrito, esta vez, solamente entre los partidos integrantes de la alianza oficialista. De acuerdo a lo señalado por un rotativo:

“El acuerdo contempla una serie de modificaciones, como alcances a la consulta indígena; limitaciones a la justicia indígena; establecer el Estado de Emergencia; eliminar la elección del Presidente, o cambiar la denominación Sistemas de Justicia por Poder Judicial”[2].

El referido acuerdo no cuenta, sin embargo, con el apoyo de las organizaciones sociales que prefieren mantener su independencia del Gobierno. Una declaración publicada en el diario ‘El Clarín’, de fecha 13 de agosto de 2022 da cuenta de ello.

“Los partidos políticos y el gobierno olvidaron que el proceso constituyente surgió del estallido social y la revuelta, entroncadas con las luchas históricas por el agua, la previsión, la educación. Este proceso no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria”[3].

En Derecho Público, con todo, no puede—y los asuntos constitucionales pertenecen a ese ámbito— procederse livianamente. Las autoridades no pueden interpretar a su manera la ley ni, mucho menos, atribuirle alcances mayores a los que posee. Y eso lo tiene muy claro la ‘elite política’ que ha gobernado desde 1990 en adelante esta nación; no por otra cosa incorporó a la Ley 21.200 un artículo específico (el 142) cuyo inciso final dispone:

“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

Por consiguiente, el triunfo del Rechazo contiene, en sí, un seguro de vida para la permanencia de la ‘élite política’ nacional y, consecuentemente, tanto la forma de gobierno vigente como la de acumular.

De lo cual puede deducirse que el primer gran triunfo de esa corriente sería la irrestricta prolongación de la vigencia de la constitución dictatorial. Algo que ya estaba en la cabeza de los que redactaron la Ley 21.200 y, por lo mismo, de los que firmaron el Acuerdo de 15 de noviembre de 2019.

Está claro, entonces, que un nuevo proceso constituyente sólo podría ser posible en virtud de la presentación al Congreso de un nuevo proyecto de reforma a la constitución. Y es posible que éste haya sido el camino invocado por el presidente. Porque en ese sentido han apuntado los comentarios del timonel del PC Guillermo Teillier:

«[…] creo que tiene que haber una injerencia del Congreso, lo que sea, si es acuerdo político o no, tiene que haber una discusión y tiene que producirse incluso una reforma constitucional»[4].

PREGUNTAR O NO PREGUNTAR

El problema no termina ahí. Un nuevo proyecto de reforma a la constitución vigente no debe ser hecho solamente para convocar nuevamente a la ciudadanía a elegir otros convencionales sino para preguntarle, una vez más, si es que quieren seguir con la constitución vigente. Aunque eso no lo crea el presidente.

“[…] el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quería una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y, por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante”[5].

Porque el art. 142 de la Ley 21.200 resucita la constitución actual de ganar el Rechazo. Es decir, se vuelve a fojas cero, que es el efecto perseguido por la ‘elite política’ con la dictación de la Ley 21.200.

Con todo, si así ocurriese o si así se acordase por el Parlamento, esta circunstancia acarrea un nuevo problema: si se considera que los problemas económicos actuales han sido provocados por la inestabilidad política que crea el plebiscito de 04 de septiembre, la convocatoria a un nuevo plebiscito produciría un efecto semejante, lo que debería poner en alerta a los sectores empresariales cuyos negocios solamente prosperan cuando hay tranquilidad social. Es la necesidad de esa tranquilidad lo que, en cierta manera, haría olvidar a ese sector todas las promesas hechas a la ciudadanía en torno a dictar una nueva constitución, pues la apertura de un nuevo período plebiscitario volvería a crear un clima de inestabilidad en todo el país[6]. Y explicaría por qué en la contienda por el plebiscito, la participación de los sectores de Chile Vamos no ha sido relevante, al contrario de la militancia del partido Republicano: la verdadera ‘derecha’ no quiere verse directamente involucrada en la contienda por el Rechazo sino tan sólo su sector más afiebrado. Lo cual no quiere decir que vaya a votar por el ‘Apruebo’.

Desde este punto de vista, la opción del ‘Rechazo’ puede abrir, para la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, una caja de Pandora de impredecibles resultados.

ENTONCES, EL ‘APRUEBO’

La opción del ‘Apruebo’, teóricamente, tampoco le conviene a la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo; especialmente, en su versión ‘sin condiciones ni reformas’, posición que defienden los movimientos sociales. Le conviene introducirle reformas.

Por esa circunstancia —y siempre dentro del Apruebo—, la propuesta del presidente, materializada en el Acuerdo de 11 del presente entre los partidos de la coalición gobiernista, puede resultarle bastante atractiva: aceptar la nueva constitución e, inmediatamente, avocarse a revisar su articulado para reformarla parece más conveniente. Total, el propio presidente y la coalición gobernante (Frente Amplio, principalmente) derrotaron las posiciones independentistas dentro de la Convención y lograron aprobar que este nuevo Parlamento, elegido bajo las normas de la constitución dictatorial y sin participación de listas independientes, pueda hacerle modificaciones al nuevo texto. Para perfeccionar la forma de reformar la constitución recién aprobada, el apoyo de la llamada ‘élite política’ puede ser crucial y eso lo saben los sectores dominantes pues por algo lo son.

EL RENACER DE LA ‘ÈLITE POLÍTICA’

Es un hecho cierto que, a partir del acuerdo de 15 de noviembre de 2019, la ‘élite política’ comenzó a recuperar los espacios políticos que había perdido luego del estallido social. Y lo hizo de la mano de los partidos nuevos, formados por ex líderes estudiantiles que, también, se fueron asimilando, fatalmente, a la ideología imperante convirtiéndose en ‘élite’.

Pero si los movimientos sociales se levantaron en contra de la ‘élite política’ ¿cómo es que ésta haya podido renacer con tanto éxito, una vez más?

Una de las razones más poderosas radica en la elección de convencionales constituyentes. Dichas elecciones fueron una advertencia para esa ‘élite’ de lo que podría sucederle de seguir aceptando la participación de independientes en listas. Apoyadas en discutibles hechos, como el engaño que hiciera el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade con su enfermedad y la propuesta de María Rivera, relativa al reemplazo del Parlamento por una ‘Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos’ —calificados por algunos analistas de ‘escándalos’ o ‘propuestas descabelladas’[7]—, la ‘élite’ no tuvo voluntad para aceptar nuevas propuestas que validaran la elección de independientes. No hay que olvidar que los movimientos sociales pidieron ser considerados para enfrentar las elecciones parlamentarias de 2021. Sin embargo, considerando la estruendosa derrota que tuvieron al conceder aquella a los independientes la posibilidad de formar listas para enfrentar las elecciones de convencionales constituyentes, los partidos políticos determinaron que no era posible acceder a esa nueva petición. Por consiguiente, en dicho evento solamente fueron elegidos miembros de los partidos políticos. Es decir, el Parlamento chileno está integrado en su casi totalidad por la ‘élite política’.

La ‘élite política’ trabaja en estrecha colaboración con la prensa tradicional, hecho que no debe sorprender pues está compuesta de un conjunto de ‘actores políticos’ que se desplaza, naturalmente, por una ‘escena política’ nacional. Como actores que son, necesitan del reconocimiento y aplauso de la comunidad. Por eso trabajan en estrecha colaboración con los medios de comunicación escritos, orales y de imágenes. Se nutren de ellos y los nutren con su quehacer. Las ácidas críticas que puedan formular en contra de algo o alguien tiene eco en esos medios que, de por sí, son formadores de opinión pública. Por tanto, cuando desde allí se desprestigia a una institución o a sus miembros las consecuencias son graves. Puede suceder, como ocurriera con la Convención, que tras ese trabajo de desprestigio —si aceptamos los resultados de las encuestas (diligentemente divulgados por los medios tradicionales de comunicación)—, se pueda concluir, como lo señalara un analista que

“Cuando la Convención presentó el texto definitivo, bastante más moderado, la confianza en su gestión ya había caído a 40%, y la mayoría de la ciudadanía se inclinaba por el Rechazo a la propuesta que habían elaborado”[8].

NATURALEZA DE LA ‘ÉLITE POLÍTICA’.

La ‘élite política’ no nace porque sí. Es la consecuencia de la constante fragmentación que experimenta la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo al separarse en numerosas fracciones de acuerdo al lugar que ocupan dentro del espacio social. Una de esas fragmentaciones se realiza al interior del Estado y aparecen allí sectores que reinan dentro de aquel, unos que lo mantienen y otros que lo apoyan; hay, pues, fracciones reinantes, mantenedoras y de apoyo dentro del Estado y que, para facilitar su comprensión, nosotros llamamos, a menudo ‘élite política’ o ‘categorías dirigentes’, que son los jefes de corporaciones económicas, los jefes políticos (que son quienes se desplazan por las alturas de la burocracia) y los jefes militares que constituyen lo que Wright Mills denomina ‘corporate rich’[9]. Dicho de otra manera, es el segmento de las clases o fracción de clase dominantes de una formación social cuyos intereses sociales ceden paso a intereses personales que se materializan en el desempeño de cargos estatales de alta remuneración.

La labor de la ‘élite política’ se traduce en representar legalmente los intereses de los sectores dominantes a través de conseguir el apoyo de las organizaciones políticas a sus propuestas populistas y justificar de ese modo, el apoyo que brindan a algunos de sus representantes los sectores populares.

CONCLUSIÓN

Tal es la ‘categoría’ que ha retornado en gloria y majestad a imponer sus puntos de vista e intereses. En consecuencia, si bien es cierto que la contradicción de intereses entre compradores de fuerza o capacidad de trabajo y vendedores de esa mercancía sigue vigente e ilustra el campo de las luchas sociales, no es menos cierto que la contradicción actual sigue siendo entre movimientos sociales y ‘élite política’.  Algo que puede afectar seriamente el triunfo del Apruebo pues, como ya lo hemos dicho, la constitución va a quedar a merced de las mayorías circunstanciales que se van a dar en el Parlamento elegido bajo la constitución actual.

Será el momento en que lo movimientos sociales deberán hacerse presentes a reclamar por sus derechos y a defender sus justas demandas. Porque, hasta el momento mismo del plebiscito y sus resultados, todo el esfuerzo de la ‘élite política’ ha estado orientado a desconocer la validez del pronunciamiento nacional que, en las memorables jornadas del 15 y 16 de mayo de 2021, puso término a la constitución vigente y dio plena legalidad al nombramiento de quienes iban a ser los encargados de redactar la nueva carta fundamental. Algo que hoy se quiere desconocer.

Santiago, agosto de 2020

Notas:

[1] Castro Mauro, Joaquín: “Qué pasa si gana el Rechazo”, ‘El Desconcierto’, 18 de agosto de 2022. La negrita es del original

[2] Mesa de Noticias: “De ‘certezas’ a ‘suplantación de la voluntad popular’: la dispar reacción en el Apruebo por el acuerdo del oficialismo sobre la nueva Constitución”, ‘El Mostrador’, 11 de agosto de 2022.

[3] Redacción: “Acuerdos entre partidos del oficialismo para reformar nueva constitución genera malestar y desazón en los movimientos sociales”, ‘El Clarín’, 13 de agosto de 2022.

[4] Meza, Cristián: “Guillermo Teillier y eventual triunfo del Rechazo: ’Seria lógico la elección de una nueva Convención Constitucional’”, ‘El Dínamo’, 22 de agosto de 2022.

[5] Redacción: “Senadores DC por dichos de presidente Boric: ‘Nos alegra que se ponga en el escenario del Rechazo’”, Diario Universidad de Chile, 22 de agosto de 2022.La negrita es del original.

[6] En el programa ‘Agenda Económica’ transmitido por CHV el día 24 del presente, la Sociedad Nacional de Agricultura SNA declaró que, del total de las inversiones postergadas de esa entidad, el 57% era resultado del clima de inestabilidad política creado por el plebiscito de salida.

[7] Matamala, Daniel: “Chile: El plebiscito del mal menor”. ‘The Washington Post’, 18 de agosto de 2022.

[8] Matamala, Daniel: Id. (1). El subrayado es del original.

[9] Poulantzas, Nicos. “Poder político y clases sociales en el estado capitalista”, Siglo XXI Editores S.A. de C.V., México, 2007, pág. 431.

El articulo A la espera del plebiscito de salida apareció primero en piensaChile.

La reciente derogación del artículo 365 del Código Penal de Chile y la aprobación de una norma que iguala en 14 años la edad de consentimiento sexual para parejas de igual y distinto sexo (1), no solo es histórico en cuanto a derechos para las personas LGBTIQA+, al dejar atrás el último artículo homofóbico del Estado (1874), sino también se puede ver como el comienzo de un nuevo ciclo, a solo días de que se apruebe la nueva constitución.

Lo planteo ya que el nuevo texto constitucional, contiene distintos artículos referidos a la diversidad sexual, los cuales le ponen fin al Estado heteronormativo que nos ha regido desde el siglo XIX, y el inicio de un nuevo Estado, que se hace cargo de una historia de discriminaciones, violaciones, torturas y muertes a muchas personas, por el solo hecho de tener una orientación sexual e identidad de género diferente a la oficial.

Es cosa de revisar un poco el daño que ha causado históricamente el Estado de Chile, a cualquier tipo de disidencia sexogenérica, heredando así la visión patriarcal de la monarquía española y de la iglesia católica, al negarse a pensar más allá de un sistema binario de género (hombre y mujer) y de un mandato de masculinidad imperante.

De ahí que la nueva República de Chile, no haya tocado la concepción sexual y de género del régimen colonial anterior, al profundizar una cruzada contra la diversidad sexual, reemplazando con el tiempo los argumentos religiosos por otros de carácter científico, al plantear que quienes no eran heterosexuales ya no eran pecadores sino enfermos.

Es así como cualquier expresión sexual y de género,  fuera de la norma heteronormativa, era considerada desviada, trastornada y un delito que debía tener pena de muerte incluso, a través de la hoguera, siendo la “sodomía” una aberración para la comunidad médica, en donde recién en el año 1999 se elimina como delito en el Código Penal de Chile.

En consecuencia, se hace imposible no mencionar el daño enorme que generó la Ley de Estados Antisociales para miles de personas, promulgada por el dictador Carlos Ibáñez del Campo (1954), la cual sirvió para perseguir a grupos considerados como peligrosos socialmente, dentro de los cuales estaban las personas no heterosexuales.

Lo mismo con respecto a la dictadura  de Augusto Pinochet (1973) en donde las fuerzas armadas, carabineros y los servicios de inteligencia existentes (DINA, CNI), tuvieron un especial brutalidad y violencia contra la  comunidad  LGBTIQA+, siendo muchos de ellos golpeados y asesinados.

Frente a esto, el rol que han jugado las distintas organizaciones y agrupaciones LGBTIQA+ ha sido enorme, quienes han resistido y visibilizado la homofobia y transfobia institucional por siglos que hemos tenido como país, empujando importantes avances.

Los casos de las marchas de orgullo gay desde la vuelta a la democracia (1990), la ley antidiscriminación (2012), ley de unión civil (2015), ley de identidad de género (2018), ley de matrimonio igualitario (2021), entre otros muchos avances históricos, nos muestra que se va por un muy buen camino en Chile.

No obstante, se vuelve muy insuficiente, considerando un estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua y Fundación Iguales, en donde el 89% de personas que son parte de la comunidad LGTIBQ+ en Chile han sufrido discriminación, el 62% ha sufrido delitos relacionados con su identidad y el 31,8% ha pensado en suicidarse, siendo las personas trans las más afectadas (2).

Por lo mismo, la nueva propuesta constitucional se hace cargo de esta realidad en distintos artículos, planteando de manera explícita que el Estado promoverá que las disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva en el país (Art.6) y que promoverá la educación sexual integral (Art. 40).

En la misma dirección, la nueva carta magna también plantea que el Estado reconoce las diversas formas de familia (Art.10), lo que pone fin a la imposición de un tipo de familia tradicional y heterosexual, que no representa la pluralidad de la sociedad y discrimina a quienes no son parte de ella, como lo hace la constitución actual.

A su vez, es muy destacable que se señale que el Estado prohibirá cualquier tipo de discriminación, en donde la orientación sexual e identidad de género de las personas nunca pueda ser pasada a llevar por nadie ni por ningún tipo de organización (Art. 25).

Asimismo, está también el derecho a la identidad y la obligación del Estado a realizar acciones afirmativas al respecto, que promuevan una valoración social de la diversidad sexual, la cual sea vista en todos los espacios como parte de la riqueza humana existente (Art. 64).

Uno de esos espacios, son los nuevos sistemas de justicia de la propuesta constitucional, los cuales están obligados a adoptar medidas de protección para las disidencias sexuales y de género, entre otros grupos (Art. 312).

Visto todo lo anterior, cuesta pensar que quienes han sufrido discriminaciones por su orientación sexual y su identidad de género,  no vean esta nueva constitución como una oportunidad de pensar un país distinto.

Por otro lado, para quienes hemos conocido personas que han sido objetos de burlas, humillaciones y violencias, por razones homofóbicas y transfóbicas, también nos debería movilizar desde la empatía y justicia esta nueva constitución, la cual pone en el centro la dignidad de las personas.

En sentido opuesto, los sectores más conservadores en Chile parecieran no darle ningún valor a todo esto, e incluso han preferido burlarse del sufrimiento de otros, como se ha manifestado en la franja del rechazo, al mostrar una historia ficticia de una persona trans, la cual menciona que no denunció a su agresor por amor, lo que es bastante macabro para decir verdad (3).

-El autor, Andrés Kogan Valderrama, es Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, con cursos de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, Profesional de la Municipalidad de Ñuñoa, Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social y Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org

Notas:

1:https://www.movilh.cl/historico-chile-elimina-su-ultima-ley-homofobica-e-iguala-la-edad-de-consentimiento-sexual-para-homosexuales-y-heterosexuales/

2:https://www.movilh.cl/primer-estudio-estatal-sobre-lgbtiq-el-89-ha-sufrido-discriminacion-y-el-62-delitos-relacionados-con-su-identidad/

3:https://www.adnradio.cl/politica/2022/08/22/inaceptable-y-grotesco-testimonio-por-el-rechazo-de-trabajador-sexual-desata-ola-de-critica

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Las consecuencias de la pandemia y el cambio climático en el orden social no se han hecho esperar, es más, amenazan en 2022 con repetirse de no mediar una acción permanente del estado para restablecer la presencia de nuevos actores en la economía y una transformación vital del potencial productivo del país. A días de la elección presidencial ni las intervenciones, ni los cambios de programas o planes de los candidatos indican la conciencia sobre los nuevos horizontes para el país.

Las cifras de la encuesta CASEN  muestran que en 2020 540 mil personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza, es decir de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020. Ese 10,8 % de la población es equivalente a más de 2 millones de personas, mientras que la pobreza extrema se incrementó del 2,3 % en 2017 a 4,3 %, o sea más de 800.000 personas. De hecho los ingresos del trabajo, entre 2020 y el 2021 se desplomaron 11,5% en promedio. Se prevé que la inflación, el impuesto de los pobres, alcanzará a fines de año a un 7%.

La vulnerabilidad tiene sin embargo una cara más fea cuando revela la existencia de familias que viven al margen de cualquier beneficio social.

La vulnerabilidad tiene sin embargo una cara más fea cuando revela la existencia de familias que viven al margen de cualquier beneficio social. El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 detectó que 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Solo en Santiago 26.266 personas viven en 181 campamentos. Pero hay más todavía, un millón de personas, entre ellas 383 mil viviendo en zonas rurales, viven sin acceso a agua potable o saneamiento.

Es probable que en estas familias se encuentre parte de ese 52% del padrón electoral que recurrentemente se abstiene de participar en elecciones que no les importan pues dan por descontado que sea quien venga su situación no cambiará.

Pero, ¿quiénes son el resto de la población que goza de un empleo? Pues, la realidad que cruza élites, profesiones, oficios de todas categorías, señala a mujeres, muchas de ellas jefes de hogar, que ante las mismas condiciones gana menos que los hombres. A esas diferencias no resueltas en décadas, se suman otras como es el caso de obreros de todos los sectores desde los privilegiados de la Gran Minería a los pirquineros, con regímenes diversos de seguridad social y otros informales sin previsión alguna. A esas diferencias de clases se suman pescadores artesanales, que la ley de pesca que favorece a 7 familias, confina a rutinas de hambre; pequeños agricultores en manos de intermediarios; trashumantes de temporada sin ingresos estables; pueblos originarios confinados por forestales depredadoras del medio ambiente y de la vida silvestre; profesionales reciclados como transportadores de comida; minorías raciales de la inmigración explotadas por empleadores inescrupulosos; trabajadores de ocasión residentes en campamentos de las grandes urbes; informales callejeros, etcétera…

Y por qué no mencionar la violencia entre vendedores ambulantes, los portonazos, asaltos, droga… parte de la degradación social en su cara más fea.

Estos últimos días han mostrado a candidatos cambiando programas, mostrando su mejor disposición para oír a la gente (precisemos, no se refieren al Pueblo) es decir, el 48% que participa, que aún cree, pero ni una palabra a los fundamentos sobre las cuales se ha sostenido la sociedad durante las 4 últimas décadas. Evidentemente, hay sensibilidades diferentes, desde la derecha aliancista conservadora pura y dura, hasta los demócratas concertacionistas de 1990 reciclados en frenteamplistas. Sin embargo, hay algo que los une, preservar los fundamentos del neoliberalismo y del mercado.

La evidencia es contundente. Vamos a los fundamentos de la crisis, porque estos son permanentes con o sin pandemia, con o sin cambio climático.

El pasado y el historial del presente nos enseñan que los gobiernos, creyentes de la subsidiariedad del estado, que presidieron una transición que en 30 años nunca llegó, jamás entendieron cómo transformar el gasto público en transferencias y subsidios a las unidades productivas paralizadas por la pandemia, en empleo en un primer momento, para así levantar una industria en parangón con una minería presente a nivel internacional, para luego iniciar los pasos hacia un crecimiento económico sustentable con proyecciones de futuro. Hoy, en el corto plazo ya es demasiado tarde reflexionar sobre la discontinuidad estructural de la industria en Chile, clivaje fundamental mantenido por décadas entre sectores modernos e intermedios de la economía, con la pequeña, micro industria y talleres artesanales, como para convertirlas en opciones productivas de significación nacional.

Durante más de cuatro décadas se relegó al Estado al papel de un poder subsidiario en beneficio de grupos de poder, fueren estos empresarios, financistas, creadores de dinero y de astutas trampas, con una ley que los protege y tribunales que las aplican. Bajo esos parámetros que dejaban los problemas sociales dependientes del mercado, el orden y la seguridad se transformaron en defensa de intereses de grupos. Ante cualquier sospecha de cambio del orden político y social y de las reglas del juego, raudamente 50 mil millones de dólares, en pocos días, emigraron a otras fronteras.

Cabe entonces preguntarse, la clase política lo evita y a fortiori los candidatos, cómo se instaló un sistema de dominación que reemplazó la violencia de estado de la dictadura en hegemonía cultural, capaz esta última de justificar la nueva legalidad, la nueva práctica social. La hegemonía guía, gobierna, comanda, desde la política, enfatiza la subjetividad aquella que el golpe de 1973 desató bajo el signo de los peores instintos del ser humano y que se convirtió en órgano supremo del revanchismo y la aniquilación de aquellos que pensaban diferente. Esa hegemonía cultural rige hasta ahora sin contrapeso. Un estado minimizado es necesariamente permisivo ante la ley del más fuerte, y de un mercado que castiga y expulsa a los inadaptados.

Los procesos sociales son de lenta evolución, no es una elección la que los paraliza, por eso en un ambiente de repudio de la política nadie lee programas, más bien irritan, porque se advierten las mismas promesas que la revuelta del 18 de octubre desnudó en toda su falsedad. El proceso social sigue. Pese a la clase política que no ha logrado entender que el 18 de octubre fue más que un grito de libertad frente a abusos, fue algo mucho más grande, fue una liberación.

La liberación no tiene límites porque está más allá del individualismo en que la sociedad chilena ha vivido por cuatro décadas sin otra perspectiva que las leyes del mercado. La liberación de octubre fue una eclosión que se generó fuera del Estado, aparte de él, vivió en el espíritu y deseos de hombres y mujeres dispersos. Se engañan quienes piensan en anarquías sin rumbo; la liberación de octubre fue la reconstitución de algo que siempre existió en la comunidad y que en 1973 fue brutalmente roto.

Han pasado tres décadas desde la instalación de una democracia consensuada entre quienes participaron de la dictadura y aquellos que se presentaron como la alternativa democrática del momento. Ese mundo de transacciones y apetitos funestos, por sus resultados, ya no vuelve. Hace algunos meses atrás se instaló la Convención Constitucional. Un gobierno sin rumbos la presentó como alternativa y moneda de cambio ante una clase política asediada que se apresuró a aceptarla antes que fuera defenestrada.

A meses de su instalación las discusiones de fondo de la Convención sobre la nueva Constitución señalan ejes centrales que encausarán las grandes transformaciones que el Pueblo exigió en la revuelta de octubre y que serán plebiscitadas al término de su redacción.

A meses de su instalación las discusiones de fondo de la Convención sobre la nueva Constitución señalan ejes centrales que encausarán las grandes transformaciones que el Pueblo exigió en la revuelta de octubre y que serán plebiscitadas al término de su redacción. Será el momento en que el período presidencial de la Constitución de 1980, que preside las elecciones del 19 de diciembre, llegue a su fin, para pasar a una nueva elección, esta vez legitimada por la institucionalidad de la nueva Constitución.

Por eso el ataque de la viaje clase política y de los partidos del orden a la Convención, clase que no se resigna a perder sus posiciones de poder.

Por eso el ataque de la viaje clase política y de los partidos del orden a la Convención, clase que no se resigna a perder sus posiciones de poder. Esperamos que surja una nueva generación de hombres y mujeres capaz de crear y tender el puente hacia una nueva democracia política y cultural.

Santiago, diciembre 8, 2021

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Hasta la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llegó el Presidente de la República Argentina Alberto Fernández en su segundo día de visita en Chile, donde junto a la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena y el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, dictó una conferencia transmitida de manera online. Al lugar llegaron también autoridades de ambos países, como el canciller Andrés Allamand y diversos ministros del gabinete del mandatario trasandino.

En la instancia, Fernández abordó los desafíos que impone el COVID-19 para los países de la región, la necesidad de tomar la pandemia como una oportunidad de cambiar los modelos productivos y de desarrollo para combatir la desigualdad en América Latina.

[El discurso del Presidente Fernandez comienza en el minuto 32 y 10seg.]

“Hay que plantearse seriamente ¿qué es lo que hemos construido y cuál es la fortaleza de esa construcción si todo se puede caer y terminar tan repentinamente? La respuesta asoma de inmediato: las bases económicas no eran sólidas, las bases sociales eran débiles, la injusticia existía y quedó al descubierto, la desigualdad era un problema y se expuso de su forma más perversa. Y es ahí donde uno dice, nos pasó todo eso, ¿no será esta una oportunidad para revisar, volver a mezclar el mazo de naipes y empezar a distribuir las cartas de otro modo? Yo creo que es esta la oportunidad, es esta la ocasión”, expresó Alberto Fernández.

Asimismo, el mandatario -tomando las palabras del rector Vivaldi- valoró el rol que ha tenido la educación pública tanto en Argentina como en la región, así como la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo y la autonomía de los países. “La riqueza de las sociedades está en el conocimiento, definitivamente es así, y tenemos que llevar adelante una fuerte inversión en favor del saber de nuestra gente, porque aquí está la riqueza del futuro. Vengo de un país donde la educación pública ha sido lo que nos diferenció”, agregó la autoridad trasandina.

El proceso constituyente también fue parte del discurso del Presidente de Argentina, señalando que es un momento que no debe ser desaprovechado. “Miro con mucha atención lo que pasa en Chile, yo sé que es un momento único en la historia de un pueblo, pero además se trata de un pueblo al que yo amo profundamente y quiero que le vaya muy bien a Chile. Quiero que no exista más el dolor que vi en las calles de Chile en los últimos tiempos. Quiero un Chile que se una y que puje por ese futuro, que es lo que debemos hacer en América Latina. Unirnos y trabajar juntos por un destino común, respetándonos, porque también el secreto del presente es entender que no hay una idea única que impera, que hay diversidades y que en la diversidad debemos convivir”, expresó.

De la instancia también participó el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, quien hizo un llamado a recoger y canalizar las enseñanzas de este último año. “Este es un momento en el que tenemos que mirar el futuro con fe, con un sentido de responsabilidad enorme. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, junto con el desarrollo de las humanidades, las artes y la cultura, van a permitir que nuestros países puedan salir adelante. Estoy seguro que para nuestra región vendrán años mucho mejores y que los países, lo saben todos, pueden contar con sus universidades públicas. Con el presidente, y muchos como él, estamos orgullosos de haber pertenecido a la educación pública, que creo ha sido central en la historia de nuestros países y tendrá que serlo en la posibilidad de un desarrollo que esperamos sea en sociedades más justas, más igualitarias y en las que podamos desarrollarnos como seres humanos en plenitud”, enfatizó.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, relevó que la pandemia ha obligado a repensar el futuro y las desigualdades presentes en América Latina y El Caribe. “Lo que a nosotros más nos ocupa en la CEPAL es como eliminamos la cultura del privilegio, la cultura que naturaliza las desigualdades y cómo nos movemos hacia una cultura de la igualdad. Así que se nos avecinan cambios estructurales de gran magnitud, sin precedentes, con nuevos modelos de negocios (…) Creemos que reconstruir con igualdad es el camino de la región y creemos que esto va a requerir, y Chile nos está dando una muestra bien interesante de nuevos pactos. Pactos y coaliciones políticas renovadas con amplia participación ciudadana y esto es algo que nosotros vemos con gran interés y con mucha expectativa”, afirmó.

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Los dos hijos de Paula y Giovanni tienen atrofia muscular espinal. El tratamiento cuesta $500 millones anuales. Valentina tiene 11 años y Diego un año y medio, y nunca han recibido siquiera una dosis. La enfermedad tiene a la niña postrada y necesita una operación a la columna con un costo de otros $35 millones. En medio de bingos y rifas para juntar el dinero, la familia recibió notificaciones de embargo por deudas que contrajeron para pagar gastos médicos. Tras las consultas de CIPER, el banco suspendió temporalmente el proceso.

En diciembre de 2011, Valentina tenía dos años y estuvo cerca de la muerte. Recién le habían diagnosticado atrofia muscular espinal (AME) y se le desató una crisis respiratoria. En el Hospital Roberto del Río le dieron a sus padres –Giovanni y Paula– dos opciones: le hacían una traqueotomía, que la dejaría sin habla, o se la jugaban por confiar en las defensas de su hija. Apostaron por lo segundo. No se equivocaron. Valentina se salvó y hasta hoy no tiene problemas para comunicarse.

“Estuvo un mes hospitalizada esa vez. Fue justo entre Pascua y Año Nuevo. Con la Paula pasamos las 12 llorando en la escalera del hospital con la Vale grave. Y afuera los fuegos artificiales”, cuenta Giovanni.

La atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa que termina minando todos los músculos, hasta que se pierde la capacidad de caminar, de comer y hasta de respirar. Los tratamientos para frenarla están entre los más caros del mundo. Hay dos medicamentos: Spinraza, que cuesta $500 millones al año, y Zolgensma, que en teoría se aplica una sola vez, y tiene un valor de $1.600 millones. A eso, hay que sumar el costo de las terapias permanentes que requieren los pacientes para mantener la capacidad muscular.

Desde 2011, la vida de Giovanni (34 años, mecánico) y Paula (34, educadora diferencial) se convirtió en una fuente inagotable de malas noticias. Hace nueve años les informaron que Valentina tenía AME. Hace un año y medio, cuando nació su segundo hijo, Diego, les dijeron que sufría de lo mismo. Hace un año Giovanni perdió su trabajo (los permisos constantes que pide para asistir a sus niños complican su desempeño). Hace tres meses la Corte Suprema rechazó su recurso para conseguir que el Estado les dé los medicamentos. Y hace dos meses les notificaron que serían embargados por las deudas que han contraído para mantener en las mejores condiciones posibles, aunque sin el tratamiento principal, a sus hijos.

El proceso de embargo fue temporalmente suspendido por el Banco Falabella hace algunos días, tras las consultas que le hizo CIPER por el caso de esta familia. Pero la amenaza de la pérdida de sus bienes y el colapso económico definitivo sigue vigente para ellos y los sorprendió cuando están empeñados en juntar $35 millones, a través de rifas y bingos, para pagar una operación urgente a la columna que necesita Valentina, quien permanece postrada.

ENDEUDADO Y SIN TRABAJO

Antes de enterarse del embargo, el deterioro de Valentina avanzaba y por eso la familia decidió recurrir a la justicia. Paula lo relata:

-Al principio, con las canaletas (que ayudan a mantener las piernas erguidas) podía estar de pie. Pero, cuando tenía siete años, ya no pudo hacerlo. Se cansa más cuando escribe mucho, pero lo sigue haciendo. Todavía come sola. Pero no puede levantar los brazos y cuando está cansada tiene más temblores en las manos. Se fatiga rápido y necesita el ventilador mecánico en la noche para respirar.

“Habla harto. Nunca para de hablar…, ja, ja”, cuenta Giovanni.

Hasta el año pasado, Valentina asistía a un colegio particular subvencionado que atiende a niños con problemas de desplazamiento.

En Chile no hay cobertura para las personas que sufren de AME. Un puñado de familias ha logrado acceder a los tratamientos luego de lograr fallos de la justicia que obligan al Estado a financiarlos, pero no todos logran resoluciones favorables. A Paula y Giovanni no les fue bien. El 30 de junio la Corte Suprema rechazó su recurso de protección.

Giovanni cuenta que desde octubre pasado la situación para ellos es crítica. Poco antes de que estallaran las protestas perdió su trabajo y con la llegada de Diego los gastos aumentaron. La solución fue endeudarse con la multitienda Falabella y también con el banco de la misma compañía. Solicitando avances en efectivo y préstamos pudieron solventar los gastos médicos inmediatos. Pero como no hubo nuevos trabajos, no tuvieron capacidad de pago. Hace un par de meses les informaron la solicitud de embargo.

En medio de la pandemia, los apuros económicos, la falta de tratamiento para la enfermedad de sus hijos y la presión judicial para pagar los préstamos, otra mala noticia: a raíz del avance del AME Valentina sufrió una lesión en la columna que la tiene postrada hace cinco meses. Deben operarla de forma urgente y en el servicio público recién les dieron hora para un año más. En la salud privada la operación cuesta $35 millones.

EL RECHAZO DE LA CORTE SUPREMA

-En este país si no tienes los recursos para solventar una enfermedad de tu hijo, estás condenado a sufrir los males de la misma enfermedad y del sistema económico también. Uno le da prioridad a lo médico, pero dejas de lado otros temas: desarrollarte como familia, optar a una casa, tener una vida normal. Te conviertes en indigente, porque tienes que mendigar, vivir de la caridad para darle un relativo mejor pasar a tus hijos. La prioridad del Estado no es proteger a los niños. Ellos son los afectados por las enfermedades, pero a través de ellos también está el sufrimiento de sus hermanos, papás, abuelos. Estamos en un limbo, sin apoyo de nada ni nadie- dice Giovanni.

Paula y Giovanni perdieron la cuenta de los bingos, rifas y colectas que han organizado. Ahora mismo están impulsando una campaña para juntar los $35 millones de la operación de Valentina. Hasta el domingo 7 de septiembre llevaban $7,9 millones.

Paula reconoce que a veces se cansa:

-Hay días en que me agota y me da rabia. Jamás me he cuestionado “por qué a mí”, pero no tienes un apoyo de, por ejemplo, el gobierno. Entonces, te sobre encalillas, sacas plata de donde no tienes, debes pedirle a la gente que te ayude y eso es súper desgastante. Imagínate, tener que recurrir siempre a la caridad del otro para que te ayude en algo que el gobierno tendría que dártelo sin mirar tu estrato social. Y si no te mueves, la gente se muere o queda postrada. La Vale quedaría en muy malas condiciones si no se opera y Fonasa no cubre nada de la operación.

La AME no ha sido ingresado a la Ley Ricarte Soto (programa que cubre tratamientos médicos de alto costo) y tampoco es una patología GES (Garantías Explícitas en Salud). No hay financiamiento público para enfrentarla. El argumento de las autoridades es el alto precio que fijan los laboratorios. El mismo factor se mencionó en el fallo de la Corte Suprema que revisó el recurso de Paula y Giovanni. Ese recurso había tenido luz verde en la Corte de Apelaciones, pero tanto el Minsal como Fonasa apelaron.

La doctora Claudia Castiglione, neuróloga infantil de la Clínica Las Condes que ha tratado a Diego y Valentina, emitió un informe el 28 de agosto de 2019 que se adjuntó al recurso. En ese documento, la doctora planteó sus recomendaciones para Diego:

“El niño desarrollará la enfermedad en unos meses por lo que es indispensable que sea tratado a la brevedad con Nusinersen [Spinraza]. Hemos visto que con el inicio precoz de este tratamiento los niños cambian en forma significativa la evolución de la historia natural de su enfermedad, permitiendo al niño, si este tratamiento es lo suficientemente precoz, desarrollar habilidades motoras que normalmente no lograrían los niños con AME tipo 2 (que es la que con probabilidad desarrollará el niño)”.

En el proceso se adjuntó también un informe sobre Valentina, donde se informó que fue diagnosticada con AME a los dos años y que hoy presenta “insuficiencia respiratoria crónica nocturna, utilizando BiPAP (ventilador mecánico no invasivo) sin conflicto ni trastorno de deglución, subluxación de cadera derecha, cifosis y escoliosis leve”.

En el caso de Diego, la doctora Castiglione le recetó Spinraza el 7 de junio de 2019, luego de que se confirmara el diagnóstico de AME tipo 2: “Spinraza inyectable, intratecal, dosis de carga, un frasco en los días 0, 14, 28 y 63, cuatro frascos en total y dosis de mantención 1 frasco cada 4 meses”.

Antes de que el recurso de protección llegara a la Suprema, la Corte de Apelaciones dio la razón a Paula y Giovanni. El fallo dice que la negativa de Fonasa y el Minsal a otorgar el tratamiento “constituye un acto arbitrario que, sin duda, amenaza la garantía del derecho a la vida y a la integridad física de los recurrentes, pues los priva, en la práctica, del acceso al mismo, infiriéndoles un daño grave y significativo que afecta este derecho fundamental”.

La Corte de Apelaciones también estimó que “si bien el elemento económico constituye un aspecto a considerar en diversas decisiones de las autoridades públicas, no debería serlo en aquellas que dicen relación con resguardar la vida de una persona, derecho que constituye un bien jurídico superior y de carácter absoluto”.

El entonces jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, Jorge Hübner, presentó un informe a la Corte Suprema donde argumentó que el recurso de protección debió dirigirse al laboratorio Biogen: “Producto del monopolio de hecho que tiene Biogen sobre el precio de Spinraza, ha impuesto un precio que es inalcanzable para el sistema público de salud, precio éticamente desproporcionado y no se condice con la función social que tiene el derecho de propiedad“.

El abogado señaló que en países como Noruega, Estados Unidos, Brasil y Canadá, el medicamento se vende a un precio más bajo. “El laboratorio Biogen es un estudio localizado en Estados Unidos y el año 2017 tuvo ingresos por US$12.732 millones”, agregó.

Hübner informó a la corte que se ha considerado en dos ocasiones (2017 y 2018) la incorporación del Spinraza a la Ley Ricarte Soto, pero en ambas no se lo evaluó por el alto costo que implicaría para el Estado.

Agregó que la evidencia con la que cuenta el Minsal solo da luces de que el Spinraza puede ayudar a reducir la mortalidad en pacientes de AME tipo 1, más grave que el tipo 2 que sufren Valentina y Diego, por lo que no estaría comprobado que el tratamiento sea efectivo. En su argumentación, tanto el Minsal como Fonasa señalaron que no estaba acreditado que la vida de Valentina y Diego estuviera en peligro. Esa fue una de las razones que esgrimió la Corte Suprema para rechazar el recurso.

Distinto piensa Claudia Castiglioni, jefa del programa de enfermedades neuromusculares y trastornos motores del Departamento de Neurología Pediátrica de Clínica Las Condes: “Es una enfermedad neuro degenerativa, va progresando en el tiempo, las personas van debilitándose en sus funciones todos los años. En los AME tipo 1 el deterioro es muy rápido, en el tipo 2 es menos rápido, y en la atrofia tipo 3 es más lento. Pero igual es un deterioro progresivo”, señaló a CIPER. Agregó: “En el AME tipo 2 tienen reducida su expectativa de vida. Existen estudios que señalan que varios de ellos no llegan a los 20 años”.

A juicio de la doctora Castiglioni, que ha atendido a más de cien pacientes con atrofia, es un descriterio que el acceso al tratamiento esté en manos del Poder Judicial:

-En otros países han negociado con los laboratorios. Chile está pagando el precio de mercado de Estados Unidos, que es el más caro del mundo. Cuando se judicializa y el juez manda que el niño reciba el Spinraza, el precio de ese medicamento no se negocia.

“TODO ES PLATA”

Según registros de la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal, hasta el momento la Corte Suprema ha autorizado 26 tratamientos con Spinraza. La presidenta de la Corporación, Paulina González, indica que agrupan a 250 personas con atrofia y que hasta ahora no ha existido voluntad de ningún gobierno para entregar una solución:

-Es un abandono. En Chile no se cubren medicamentos ni terapias. Cada uno debe arreglárselas. En el caso de los privados, las personas pueden acceder a un tratamiento, pero activando un seguro catastrófico que es carísimo. Los pacientes del servicio público deben demandar al Estado, que solo financia a los AME 1, que son los conectados a ventilador mecánico.

Desde Fonasa no respondieron las preguntas de CIPER, argumentando que solo cumplen la ley, la que no ordena financiar medicamentos para AME. En el Minsal inicialmente solicitaron los datos de Valentina y Diego, pero luego no respondieron las preguntas para este reportaje.

A Paula le aterra que Valentina ya no pueda lavarse los dientes ni escribir sin ayuda. También piensa que cada día que pasa la salud de Diego va deteriorándose. Le angustia saber que tiene a la vista las herramientas para enfrentarlo, pero que no están a su alcance.

Cuando era más pequeña, Valentina sufrió una luxación en las caderas y hoy debe moverse en silla de ruedas. Por su enfermedad también tiene acortamiento en las rodillas y hace cinco meses que no puede levantarse de la cama por la escoliosis en su columna.

Paula suma y resta mientras conversa con CIPER y dice que el problema no se reduce a la falta de acceso al tratamiento para la enfermedad ni al desafío de juntar los $35 millones para operar a su hija. Tampoco a la amenaza de embargo: “Los chiquillos debieran tener sesiones de kinesiología permanentes y una sesión cuesta 30 lucas. Solo por el Diego yo tendría que tener 400 lucas mensuales para sus sesiones de kinesiología (tres semanales) ¿De dónde sacó esa plata? La Vale también tendría que tener, al menos, dos sesiones a la semana”.

Hace un par de años Paula y Giovanni acudieron a los medios para contar su situación y los llamó el actual ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, cuando era asesor del entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel:

-Me dijo que querían ayudarme con una pensión. Y ahí estuve ocupada haciendo trámites. Al final quedó en nada. La única gestión que hicieron fue que hablaron con el Hospital San Borja y les dijeron que andábamos buscando la receta de Spinraza. Uno de los doctores nos dijo que por orden del director no las estaban entregando.

Paula dice que en Chile “la barrera es la plata, en este país está marcadísima esa situación. Todo es plata”.

Para costear los gastos médicos la familia se endeudó con el banco y la multitienda. Hasta el año pasado, con el sueldo de Giovanni y la ayuda de familiares, podían ir pagando.

“Me quedé sin pega estable un poco antes del estallido social y no pude seguir pagando”. Cuenta Giovanni, quien dice que a veces se siente atrapado y que la revuelta del año pasado fue una catarsis que agudizó todo:

-Tenemos los mismos dramas del diario vivir que tiene la mayoría de la población, pero aparte estamos con la enfermedad. Entonces, el estallido para nosotros fue un proceso en que se juntaron caleta de sensaciones. Yo vengo de población, estudié en un colegio municipal, con drogas a la vuelta de la casa, balazos, y desde el nacimiento condenado a vivir así. Y se suma esto otro. Entonces, cuando llegó la revuelta estábamos ahí reclamando por derechos.

El 7 de febrero de 2020 se ingresó la demanda por los $3,4 millones que Giovanni le adeuda a CMR Falabella. Y el 28 de abril ingresó otra por los $2,5 millones que debe al Banco Falabella. Entre marzo y julio receptores judiciales acudieron hasta su casa en Maipú para notificarlo. Las órdenes de embargo ya estaban en trámite.

“La plata no se usó para disfrutarla. No nos fuimos de vacaciones. Ha sido para puros exámenes”, dice Paula. Y aflora su angustia: “No sé qué vamos a hacer…, llegó un minuto en que no podíamos pagar más…, cuando nació el Diego”.

CIPER consultó al banco y a la multitienda si aplicaban algún criterio social para el cobro. La respuesta fue que no sabían de la situación familiar de Paula y Giovanni:

“En Banco Falabella analizamos y tomamos en cuenta consideraciones sociales que son evaluadas caso a caso, en función de antecedentes documentados que un cliente pueda presentar. En este caso, dimos alternativas de opciones de renegociación y descuento al valor adeudado. Lamentablemente, escapa a nuestra posibilidad realizar un estudio de la situación de salud de los integrantes del grupo familiar. No contábamos con documentación que registrara la situación de nuestro cliente, por lo que nos contactaremos con él para ver cómo cooperar. Por ahora, se instruyó la detención del proceso de cobranza”, señalaron a CIPER a través de un comunicado.

Giovanni confirma que lo llamaron para notificarle que la cobranza está temporalmente suspendida. Pero es un alivio que no alcanza a tranquilizarlos. Por ahora la prioridad de la familia es juntar el dinero para operar a Valentina. También preparan un nuevo recurso de protección para intentar acceder al tratamiento que puede frenar la enfermedad de sus hijos.

“Ya empezamos a mover una campaña en redes sociales, porque no me puedo quedar esperando y que la Vale siga con dolor. Está tomando un remedio que está a un paso del Tramadol y tiene 11 años. ¿Cómo permito, como mamá, que pase eso? No me queda otra que humildemente pedir ayuda al resto de las personas”, dice Paula.

*Fuente: CiperChile

El articulo Familia bajo amenaza de embargo por deuda para enfrentar enfermedad de sus hijos: requieren medicamento de $500 millones apareció primero en piensaChile.

La tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos “es cognitivamente confortable” para la elite. La tranquiliza porque le ofrece un malo a quien echarle la culpa de todo, explica el autor de esta columna. Sin embargo, al hacer eso, la elite chilena ni comprende bien lo que está detrás del 18/O; ni toma conciencia de que la verdadera amenaza narco no está en el saqueo, sino en cómo coopta y corrompe a las autoridades y a las policías.

 

“(…) se los suplico de rodillas, que esta violencia nihilista, ciega, desbordada, asesina, pirómana, persistente ya por más de un mes, coordinada por narcoanarquistas, y apoyada por los ayudistas de las marchas y los teóricos del maquiavelismo político, va a destruir el país y su democracia en pocas semanas más. ¿Entienden? Por eso, a estas alturas, si los ayudistas siguen en esa estúpida postura, ayudando de buena ondita, sin quererlo ni pretenderlo, a los anarquistas y narcos que nos declararon la guerra, vía jóvenes violentistas drogados, les digo que váyanse un tantito a la cresta”.

Mario Waissbluth (El Mostrador, 2019)

 
En las últimas semanas, aunque las manifestaciones y los enfrentamientos con Carabineros han continuado, el problema del saqueo parece haberse detenido. Los datos indican que lo hizo, además, de forma súbita. Justo cuando su frecuencia bajaba, varias notas en prensa, citando fuentes de fiscalías, así como las propias cuentas oficiales de la PDI y Carabineros en Twitter, instalaron una explicación: bandas narco cuyos locales fueron allanados en esos días contenían gran cantidad de especies robadas en los saqueos.
Esos bienes, se argumentó al unísono, serían utilizados para comprar la legitimidad y el silencio a nivel local, fortaleciendo el control territorial de los narcos y permitiendo su avance en detrimento del Estado y del tan mentado orden público.
Si bien carezco de evidencia para afirmar lo contrario, la experiencia comparada respecto al narco y su expansión contemporánea junto a otros esquemas de crimen organizado en América Latina permite establecer algunos matices y algunas dudas razonables respecto a los supuestos asociados a la hipótesis del saqueo narco.
En particular, la experiencia de un país limítrofe, situado a no más de una hora y media del centro de Santiago, me parece especialmente ilustrativa.
Ese país tiene una larga experiencia con la criminalidad organizada, con la tenue presencia estatal y con la corrupción. También sufre, cada tanto, instancias de saqueo de comercios locales (tanto en la capital como en ciudades de provincia). Y eventualmente, en momentos de zozobra nacional, los saqueos se expanden rápidamente por el territorio hasta que finalmente se ponen bajo control (regularmente mediante un Estado de Excepción).
¿En qué medida la experiencia de ese país vecino cuestiona los supuestos que subyacen a la hipótesis del narco-saqueo? ¿Cómo funciona el narco allí y qué relación tiene con la política y con las fuerzas de orden y el sistema de justicia?
Resulta que la relación entre el narco, la política, las fuerzas de orden y el sistema de justicia se estructura en torno a lo que Javier Auyero (2007) denomina “la zona gris” y lo que Matías Dewey (2014) denomina, por su parte, un “orden clandestino”. En esa zona gris u orden clandestino, es mucho más difícil que en Chile ponerle nombre a cada actor e imputarle una racionalidad clara y unívoca, porque todo está medio mezclado. No es como en Chile, donde por ejemplo uno puede distinguir claramente entre actores específicos.

“En ese Chile, desconocido para la elite, los saqueos (turbazos) constituyen un método de robo con intimidación bastante usual. Las barras bravas, mientras tanto, tienen vínculos con el negocio del tráfico de droga y con la política, arena en la que frecuentemente han sido contratadas como brigadistas de campaña.”

En este sentido, pensemos por ejemplo en otro actor que cobró relevancia y visibilidad pública durante nuestro estallido: las barras bravas. Aquí, las barras están por un lado y el narco por el otro. Allá, varios soldados narco son también barras brava, en parte porque las barras funcionan como organizaciones disciplinadas y disponibles para ser contratadas al mejor postor (por ejemplo, se las puede contratar para realizar campañas políticas o para asegurar locales de venta de droga). También porque los estadios de fútbol son un lugar ideal para distribuir dosis desde los mayoristas hacia los barrios.
Allá no es posible distinguir tan claramente entre las fuerzas policiales y el crimen organizado. A diferencia de Chile, donde existe una clara división entre el Estado y el crimen organizado, allá se produce, en algunos casos, lo que en un libro recién publicado por Javier Auyero y Katherine Sobering, El Estado ambivalente (2019) se asocia a la noción de “ambigüedad estatal”.
Dicho concepto da cuenta de una connivencia significativa entre fuerzas policiales y crimen organizado. Por ejemplo, una parte no despreciable de las incautaciones de droga y de los operativos policiales exitosos son en realidad “chicanas” o “mexicanas” entre brigadas policiales que tienen arreglos de protección con una banda y logran darle un golpe a su competencia.
También son comunes las entregas “arregladas” (la incautación de una fracción mínima de mercadería), para mantener las apariencias.
En este contexto, a las fuerzas de orden se les “pierden” regularmente armas de servicio, algunas de las cuales aparecen luego asociadas a una causa judicial narco. No obstante, los fiscales y las fuerzas de orden también realizan operativos genuinos, logrando además bypasear a los soplones de las bandas que integran miembros de las policías y/o la organización judicial. Esta eficacia relativa de las fuerzas policiales y del sistema judicial produce otra “rareza”: muchas de las bandas criminales están allá lideradas por mujeres, madres y abuelas que quedan a cargo del negocio familiar cuando sus hijos y nietos caen “en cana”. No es como en Chile, donde los líderes narco que identificamos son usualmente hombres jóvenes que conducen autos de alta gama.
La alternancia entre instancias de colusión entre el narco y los agentes estatales e instancias en que prima el Estado de Derecho y policías, fiscales y jueces asestan duros golpes al crimen organizado es lo que genera la “ambigüedad estatal”. La institucionalidad estatal es ambigua también y muy especialmente para la población que debe lidiar con el “orden clandestino”, sin ser parte de uno u otro bando. La policía que muchas veces puede proteger y ser aliada de la población, otras veces puede dar la espalda y convertirse en el enemigo, cooperando con el crimen organizado. La cooperación puede ser activa o por defecto, simplemente desapareciendo de escena, justo en los momentos en que algo pasará.
La ambigüedad es tal, que en aquel país es difícil obtener datos certeros respecto a la colusión entre el crimen organizado y los agentes policiales porque, además de la natural opacidad de estos arreglos, la fuerza policial parece tener diseñado un protocolo para atenuar la exposición pública y la mala prensa que generan estos vínculos non-sanctos. Entre otras cosas, pocos oficiales son arrestados vistiendo su uniforme oficial, y siempre que se puede, se lo traslada a otra Comisaría antes de darle de baja. Cuando llega la baja, el motivo rara vez es “corrupción” o actividad ligada al crimen organizado.

“En ocasiones no es posible distinguir claramente entre fuerzas policiales y crimen organizado. Las policías participan en ‘mexicanas’ y las Fuerzas de Orden ‘pierden’ armas de servicio y uniformes que luego aparecen asociadas a causas narco.”

La corrupción es casi consustancial a un sistema social en que el reclutamiento de la oficialidad de las fuerzas policiales ocurre en los mismos contextos socioeconómicos en que nacen y operan las bandas de crimen organizado. Los policías, en otras palabras, también son víctimas de la pobreza y la desigualdad, y algunos son portadores, también, de niveles significativos de resentimiento contra el “sistema”.
En definitiva, la “ambigüedad estatal” pone en tela de juicio en el país vecino la división clara que en Chile tenemos entre “zonas liberadas” es decir, controladas por el crimen organizado, y zonas en que opera el estado de derecho y sus instituciones. Y por suerte, más allá de los supuestos intentos recientes del narco de expandir su control territorial en medio del estallido, en Chile todavía son mucho más las últimas que las primeras.
También es interesante, en función de esta experiencia comparada, pensar la relación entre la violencia narco y el narcotráfico. Muchos asociamos el narco con espirales de violencia como los que observamos en casos como el colombiano, el mexicano, o el del triángulo norte de Centroamérica. Dicha asociación nos hace olvidar que el narcotráfico prospera justamente cuando logra pasar desapercibido.
Piense en el sector oriente de Santiago. A juzgar por la violencia observada podríamos pensar que allí no hay narcotraficantes operando. Es una zona tan segura y poco violenta que uno puede ver allí, hasta muy altas horas de la madrugada, jóvenes en bicicleta repartiendo deliciosos manjares sin correr ningún riesgo. Pero seguramente, si nos sinceramos, tal vez admitamos que el narcotráfico es un gran negocio en el sector más seguro y pacífico de Chile.
Allí, las transacciones se acuerdan por Grindr y se entregan a domicilio. En definitiva, al narco le conviene pasar piola, y no busca ni requiere tener siempre el tan mentado control territorial. Y al Estado también le conviene muchas veces hacer la vista gorda. La violencia, usualmente se concentra en zonas marginales.
Pero, ¿cuán violento es el narco en las zonas de marginalidad urbana en el país vecino del que argumento debemos extraer algunas lecciones? Depende. Cuando las bandas tienen control territorial anclado en pactos de colusión que involucran a algunas autoridades locales, así como a agentes policiales, la violencia visible (por ejemplo, en términos de balaceras u homicidios) es reducida. Sí se produce violencia estructural contra poblaciones cuyos derechos civiles son vulnerados a diario por el triunvirato del orden clandestino (policías, crimen organizado, y políticos locales). Pero esas poblaciones también acceden a bienes públicos y servicios sociales (acceso a medicina, prestamos de dinero a muy bajo interés, por ejemplo) que el Estado nunca proveyó. Mientras tanto, cuando los pactos de colusión se rompen, cuando las bandas tienen problemas internos y se fragmentan en distintos grupos, o cuando algún liderazgo de una banda vecina cae en desgracia y la organización de al lado queda vulnerable, se producen espirales de violencia hasta que alguien logra nuevamente generar un pacto de protección. En “equilibrio”, por tanto, la violencia y la atención pública que ella concita son malas para el negocio (así como para la población y los políticos locales).
El país vecino del que extraje aquí algunos ejemplos no es Argentina. Ese país también se llama Chile, y queda al sur, al norte y al poniente de la Plaza de la Dignidad. También está en regiones, en zonas urbanas y hasta en pequeñas poblaciones rurales. Tal vez, su nana viaje todos los días desde ese país a su casa. Nuestras aulas universitarias, afortunadamente, también reciben hoy más habitantes de ese país que en el pasado. Pero es un país que desconocemos, que no queremos ver. Y cuando nos vemos forzados a hacerlo, lo miramos con prejuicios que simplifican la realidad y nos dejan tranquilos.

¿NARCOSAQUEOS?

En virtud del ejercicio comparativo realizado arriba, ¿cuál puede haber sido el incentivo del narco chileno para involucrarse tan masivamente en una ola de saqueos de alta connotación pública?
La experiencia comparada genera más dudas que certezas. Los indicios con los que contamos respecto a la reciente ola de saqueos en la periferia urbana sugieren que en algunas localidades los narcos participaron activamente de las actividades de saqueo, muchas veces actuando como punta de lanza de una turba heterogénea de habitantes de la localidad. En otros lugares, sin embargo, las organizaciones narco actuaron protegiendo locales comerciales, evitando así el saqueo. ¿Qué explica una u otra situación?
En aquellas localidades en que el narco no poseía pactos de protección estables con autoridades locales y agentes del orden parece haber resultado más frecuente su participación en el saqueo. Pero allí donde sí existían pactos de colusión, el narco parece haber protegido locales, contribuyendo así a la rápida recuperación del orden público en la localidad.
Esto último no solo podría tener relación con la necesidad de pasar piola y de “cumplirle” a autoridades locales interesadas en evitar el saqueo en sus jurisdicciones, sino también con intereses empresariales del propio narco. Y es que en el otro Chile, donde la mayoría de la organización narco está compuesta por clanes familiares, la plata negra se lava localmente. Aunque tradicionalmente el lavado del micro-tráfico se ha centrado en la inversión en bienes inmuebles y automóviles, indicios más recientes apuntan al eventual rol de negocios locales en la maquinaria de lavado procedente del micro-tráfico. Las licencias y patentes comerciales para montar dichos negocios legalmente las otorgan las autoridades locales, quiénes a su vez, en época de campaña, podrían estarse beneficiando del financiamiento electoral del que pueden proveerle los locatarios y sus socios narco. También la organización narco puede, eventualmente, acarrear votantes. En dichos contextos, ¿cuál sería el incentivo del narco en saquearse a sí mismo, poniendo en jaque, además, a sus “socios” políticos?

“En algunas localidades los narcos participaron activamente los saqueos, muchas veces actuando como punta de lanza de una turba heterogénea de habitantes de la localidad. En otros lugares, sin embargo, las narco actuaron protegiendo locales comerciales, evitando así el saqueo”.

Hay otra serie de razones por las que la racionalidad imputada al narco para explicar el saqueo es cuestionable. Primero, se ha argumentado que los bienes robados les servirían a las organizaciones criminales para comprar la aquiescencia de la población local. Este argumento desconoce que los márgenes que produce el negocio son más que suficientes para financiar la beneficencia narco. Es más, el problema del narco es el de ocultar los bienes que posee, no el de ostentarlos. Y en ningún caso les hace falta recurrir a los LCD robados para tener con qué comprar adhesiones. Seguramente en localidades en que el narco abrió locales y los dejó a disposición de saqueadores amateur, muchos de ellos en plan de saqueo familiar, generó algo de simpatía entre la población. Pero el argumento, como explicación general, se queda corto. También es miope en términos inter-temporales. A raíz de los saqueos hoy existen localidades en Chile que se quedaron sin supermercados disponibles a varios kilómetros a la redonda. ¿Cuánto duraría la legitimidad social obtenida por el narco ante esta inconveniencia mayúscula y que afecta a un número significativo de ciudadanos generada por los saqueos?
Segundo, el análisis de las narraciones que circularon en prensa y redes sociales sobre la ola de saqueos en Chile revela también la presencia protagónica de otros actores además del narco. En algunas localidades, los vecinos señalan que las fuerzas de seguridad liberaron zonas (véase, por ejemplo, la columna de  Cristian Cabalin en CIPER). Simplemente desaparecieron. En otras, coordinaron saqueos, negociando con la horda un método y horario determinado para el saqueo. Hay quienes argumentan a su vez que dicha operativa fue coordinada con los ejecutivos de cadenas de supermercado quienes para evitar el incendio de sus locales, cedieron a un saqueo ordenado. La participación policial por acción u omisión podría explicar también por qué, casi de un día para otro, los saqueos disminuyeron de modo sistemático. Eso no se logra, en general, solo con represión unilateral.
Hay una última razón adicional que también cuestiona la relación directa entre los narcos y los saqueos. En el mundo del hampa hay una distinción bastante clara entre el “choro” y el “narco”. Es una distinción casi ideológica.[7] Y en ese sentido, el anarco tiene más cercanía con el “choro” que con el “narco”. Mientras el choro roba, usualmente lejos de donde vive, a punta de pistola y arriesgando su integridad, el narco, especialmente los micro-traficantes, le venden droga a los hijos de sus vecinos. Los “narcos” tampoco se benefician del desorden o el caos, sino de consolidar pequeños aparatos para-estatales en los que el negocio funciona cuando hay orden y pueden pasar piola.
En este sentido, el desorden y la anomía social de los días de saqueo no los beneficia necesariamente. La distinción entre ambos grupos es tan fuerte que en varias cárceles los presos se dividen según su pertenencia a un mundo u otro, porque las rivalidades entre miembros de uno u otro grupo pueden ser mortales. Los saqueos coinciden mucho más con una ideología y modus operandi “choro” que con uno “narco”. Y aparentemente, durante los días de auge del saqueo, el número de portonazos y robos con violencia, actividad “chora” por excelencia, se redujo. ¿No habrá entonces más participación “chora” que “narco” en los saqueos?

IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

Durante estas últimas semanas, fundamentalmente como reacción a la numerosa evidencia respecto a la violación de DDHH en la represión de la protesta social, se ha instalado en la agenda la necesidad de reformar la institucionalidad de las fuerzas de orden en Chile. Esta es sin duda una reforma necesaria y que el país debe acometer urgentemente. No se trata solo de cambiarle el nombre a las distintas unidades, ni de inyectar recursos en la institución.
Es una reforma sumamente compleja y difícil de realizar, que debe tener en cuenta no solo la necesidad de control civil de la fuerza policial, sino también, lo que implica desmontar prácticas que hoy contribuyen a la “ambigüedad” de la acción del Estado en el territorio.

“Desde nuestra ignorancia, y ante nuestra ansiedad, la tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos nos es cognitivamente confortable. Y nos tranquiliza. Hay a quién echarle la culpa (los malos) y a quién exculpar (los buenos)”.

La reforma también deberá tener en cuenta cómo regular o reconfigurar la actual competencia y rivalidad que se observa a nivel territorial entre brigadas de la PDI, Carabineros y las fiscalías. Finalmente, la complejidad de la tarea es aún mayor porque las fuerzas de orden deben ser reformadas mientras deben seguir estando presentes y respondiendo a las directivas del gobierno, mientras son reformadas. Esto es particularmente difícil en el caso de Carabineros, si tomamos en cuenta las divisiones y rivalidades internas que hoy cruzan a la institución (ver columna de Mónica González).

EL NARCO COMO HEURÍSTICO

Se me ocurre que la simplificación del tema narco en nuestra discusión pública es ejemplo de un fenómeno más amplio. El tratamiento de este tema expone dispositivos a los que recurrimos habitualmente durante esta crisis, para quedarnos un poco más tranquilos. El estallido disparó la ansiedad a nivel de la elite. No entendemos bien qué pasa y ante ello, hacemos una fuga hacia delante. Nos preguntamos cuáles son las soluciones para un problema que no conocemos bien, y que nos explotó en la cara.
Desde nuestra ignorancia, y ante nuestra ansiedad, la tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos nos es cognitivamente confortable. Y nos tranquiliza. Hay a quién echarle la culpa (los malos) y a quién exculpar (los buenos). También podemos imputar motivos criminales a los malos (esos motivos también nos exculpan socialmente: no es la desigualdad ni el abandono estatal; no, son los criminales). Y esos mismos motivos también nos sirven para solicitar más recursos para financiar a los buenos. A quienes ponen su cuerpo día a día, para dar una lucha asimétrica contra uno de nuestros “enemigos poderosos” (el otro es, como sabemos, es un ejército de bots bolivarianos y cubanos que encienden a los golpistas locales en las calles).
En definitiva, ante nuestra ignorancia respecto a ese otro país que vive a pocas cuadras de casa, y que convive con nosotros en silencio, en nuestras cocinas, y en nuestras aulas, nos es cognitivamente confortable responder con estereotipos. Como lo hacíamos antes del 18/O cuando hablar del poder del narco en ese otro Chile generaba entre extrañeza y compasión por alguien que había perdido los estribos. Ojalá el estallido nos sirva para entender que nos toca a todos construir un país con menos supuestos sobre el otro y con más sociedad.
*Fuente: CiperChile

ESPECIAL

Especial CIPER/Académico: pensando el país después del estallido de octubre

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NOTAS Y REFERENCIAS

[1]Véase, por ejemplo: “Carabineros desarticula a dos bandas que robaban en supermercados mediante el método del “turbazo” en la capital”; “Turbazos: el delito importado que preocupa a las autoridades”; “Los turbazos no se detienen”; “Turbazos: así es la banda que cometió 33 ataques en Valparaíso”; “Turba de hinchas de Coquimbo Unido saqueó supermercado en Puchuncavi”; “Turba de encapuchados realizó diversos ataques en sector de Barrio Brasil de Santiago”; “Buscan identificar a la turba del centro”
[2]Véase, por ejemplo: “Los negocios al límite del concejal-operador de Lo Barnechea”; “Alcalde ante restricciones de campaña: Si aplicamos la ley, no puede hacer casi nada”; “Jorge Coulón y amenazas durante cierre de campaña: “Hubo una utilización de la barra del Wanderera””; “Carabineros inicia rastreo de grupos delictuales en las barras bravas”; “Diputado Ascencio pidió a Hinzpeter evitar que barras bravas sean parte de campañas municipales”; “Pagos, horarios, funciones: así trabajan los brigadistas en campaña”; “El vínculo de la delincuencia con los actores del fútbol chileno”; “Historia, Mitos y Verdades: La Relación entre el Fútbol Empresa y el Origen de las “Barras Bravas””.
[3]Véase, por ejemplo: “Carabineros dados de baja hacían ‘mexicanas’ con patrulla policial”; “El momento exacto en que la PDI dio con 700 kilos de drogas en allanamiento en Buin”; “Ex carabineros vinculados con narcos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva”; “Declaran culpables a 3 excarabineros por tráfico: eran de una banda en San Joaquín”; “Fiscalía revela cómo operaban ex carabineros y la relación con narcotraficantes”.
[4] Véase por ejemplo: “El Ejército de Chile admite venta de armas a narcotraficantes”; “Alarmantes cifras: Carabineros está extraviando armamento de guerra y municiones desde cuarteles”.
[5] Véase: “Los 46 “capos” que se distribuían el poder en la cárcel “más lujosa” de Chile”.
[6] Véase por ejemplo: “La mafia del PPD en Hualpén y con los narcos penquistas”; “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”; “La conexión narco del concejal RN detenido por saqueos”;  “El narcotráfico en Concepción: las 12 mexicanas de “El Veneno””.
[7] Véase: Javier Ferreira Maureira (2011): “El narcotraficante. Un nuevo actor territorial en las poblaciones, percepciones de los dirigentes tradicionales”. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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