La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reafirmó este lunes en El Diario de Cooperativa que la criminalidad en Chile es una «urgencia», pero advirtió que «no nos podemos transformar en un Estado policíaco».

En medio de la tramitación «fast track» de proyectos de seguridad ciudadana en el Congreso, la portavoz del Poder Judicial pidió tener «una mirada pacífica».

«Cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el Presidente de la República a que haya tranquilidad y no conmoción excesiva es un llamado adecuado, porque no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando», dijo la magistrada.

«La urgencia es una realidad, pero, por otro lado, también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro», agregó.

En tal sentido, Vivanco subrayó que «hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un Estado policiaco».

«Tenemos que ser un Estado donde haya seguridad, donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no que los ciudadanos no tengan libertades…. Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas, pero es muy importante tenerlas a la vista», comentó.

«CHILE NO ES UN ESTADO FALLIDO»

«Siempre hemos pensado que Chile, afortunadamente, es y sigue siendo un país en el que rige el Estado de Derecho y donde las autoridades, los órganos de distintas naturaleza, están preocupados de la situación de delincuencia, de eventuales hechos de corrupción, de narcotráfico, del aumento de los homicidios, etcétera», indicó la vocera de la Suprema en Cooperativa.

«(Chile) no es un Estado fallido y, desde ese punto de vista, todos los órganos, todas las personas, todas las autoridades tienen que coordinarse y agregar esfuerzos justamente para hacer frente a la delincuencia, pero no es que estemos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control ni tenga contrapeso; se están haciendo los esfuerzos necesarios y eso significa que el Estado de Derecho opera», sostuvo Vivanco.

Añadió que «en la época contemporánea los Estados de Derechos siempre están desafiados, puestos en jaque por diversas circunstancias, no solamente por la delincuencia, (sino también) por la pobreza, por la situación de los niños que a veces no tienen un buen destino, por situaciones pandémicas, etcétera, pero, a nuestro juicio, esta capacidad existe y se está desarrollando».

«No es fácil y tiene una serie de complicaciones, pero para eso estamos los órganos públicos: para hacer frente a esas complicaciones», aseveró.

«CRITERIO VALENCIA»

Sobre los dispares resultados que han tenido las peticiones de prisión preventiva hechas por los persecutores para extranjeros detenidos sin documentos de identificación, Vivanco reiteró que, al no ser el «Criterio Valencia» una norma legal, su aplicación es caso a caso.

«Es un instructivo que está dirigido solamente a los fiscales. Estamos hablando de un Ministerio Público que es un órgano autónomo, distinto de los tribunales y, en consecuencia, para nosotros (los jueces) no era mandatorio este instructivo, sino solamente para ellos», dijo la magistrada.

Vivanco puntualizó que, según lo establecido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, «lo que tenían que hacer los fiscales era hacer las solicitudes asociadas con este instructivo, pero el juez de la causa iba a determinar si concebía o no la prisión preventiva en la medida que hubiera mérito legal para hacerlo».

Así, la vocera del máximo tribunal recalcó que el «Criterio Valencia» tendría que ser una ley para que fuera obligatorio para los tribunales:

«Los jueces, del punto de vista del procedimiento, están estrictamente sometidos a la ley y, en consecuencia, el juez no puede crear causales o situaciones de excepción respecto a las reglas que la ley le da. Sí puede ponderar la situación y por eso en algunos casos puede ser que esta solicitud se concediera y en otros no, pero no puede un órgano establecer ningún instructivo para los jueces, sino solamente la ley o cuando se trata de situaciones que hay que regular del punto de vista de procedimientos que faltan o situaciones que lo requieren mediante autos acordados de la Corte, pero nunca por un instructivo de otro órgano».

«Tampoco, por supuesto, fue esa la pretensión del Ministerio Público, pero era bueno así aclararlo», aseguró Vivanco, destacando que «jamás el fiscal (nacional) nos ha manifestado ninguna pretensión sobre que este instructivo los jueces lo tuvieran que cumplir». 

«(Valencia) es un hombre que tiene la prudencia que indica su cargo, en el sentido de distinguir una función con otra, misma cosa que hace el Poder Judicial. Jamás se trata de entrometer en las funciones de otros órganos», garantizó.

*Fuente: Cooperativa

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Muchos años antes, Mohamed Chukri fue un niño rifeño maltratado por la vida y analfabeto hasta los 20 años. Fatigaba las calles en busca de desperdicios para poder alimentarse y escapar de la violencia patológica de su padre, de adolescente trapicheaba y robaba para poder sobrevivir y frecuentaba los bajos fondos de ciudades como Tetuán y Tánger. Se embrutecía, se peleaba y se prostituía, vivía en la calle, los cafés y los burdeles y terminó pasando por la cárcel donde aprendió a escribir las primeras palabras. Chukri, con el tiempo, se convirtió en un escritor famoso gracias a su autobiografía novelada donde narra su odisea personal y la vida en El Rif de su tiempo, “El pan a secas” (1973) es un relato estremecedor pero honesto y una de las grandes obras de la literatura marroquí, censurada en los países árabes por escandalosa y, por fin, publicada en Marruecos casi 30 años después. Podríamos hablar de un relato circunscrito a una época determinada si no fuera porque los datos de pobreza severa, analfabetismo, mortalidad infantil, desempleo y la falta de oportunidades que devastan el territorio se parecen mucho a los que existían en los tiempos que relata Chukri, los del protectorado español y los de la independencia del país.

Ese territorio ha sido tradicionalmente marginado y olvidado y, por eso, ha sido sacudido por agitaciones periódicas. En 1958, Hassan II por entonces príncipe heredero, se estrenó como ejecutor en El Rif aplastando las movilizaciones que pedían pan, justicia y dignidad con napalm y fósforo blanco, entre otras armas, y bombardeó a su propio pueblo causando miles de muertos y heridos. Podemos decir que la “masacre judicial” cometida ahora por su hijo Mohamed VI, nos recuerda el viejo axioma gatopardiano: “cambia todo para que todo continúe igual”, es decir, ya no se reprime con armas químicas porque sería el suicidio del régimen, pero se encarcela 20 años en una inmunda prisión, mientras los mismos continúan detentando el poder.

Hassan II se aficionó al napalm y al fósforo blanco, armas que las convenciones internacionales prohíben expresamente, y las volvió a utilizar contra la población civil saharaui que huía desesperadamente camino de Argelia en los días de la invasión marroquí del Sahara Occidental, durante la “Marcha Verde”. Los refugiados morían por el camino de la peor manera posible, abrasados, o con quemaduras horribles llegaban a Tinduf. La novela de Luis Leante “Mira si yo te querré” (2009), introduce este hecho determinante en la trama, que discurre en los campos de refugiados de Tinduf.

Lo cierto es que, desde su acceso al trono en 1961, Hassan II convirtió su país en una dictadura. Con la complicidad de la “fraternité” francesa secuestró, torturó y asesinó a Mehdi Ben Barka, su principal adversario político en esos años, en un episodio en el que aún está por esclarecer la participación francesa, ya probada, y la norteamericana. Como buen príncipe de las tinieblas, Hassan también tenía sus mazmorras; provoca mucho más que escalofríos el relato de un grupo de prisioneros en la cárcel subterránea de Tazmamart, que recrea Tahar Ben Jelloum en “Sufrían por la luz” (2001).

Los cadetes y suboficiales de la Escuela Militar que participaron, sin su conocimiento, en la insurrección contra el dictador en 1971, fueron encerrados durante 18 años en una mazmorra medieval horrenda, infame y estudiada para provocar el mayor suplicio posible y condenados a pudrirse, literalmente. Ben Jelloum describe el dolor físico permanente, el frío, el hambre, la locura como amenaza constante, los dolorosos suicidios, pero también el espíritu de supervivencia y resiliencia de aquellos pobres desgraciados que no veían la luz ni podían ponerse en pie. A través de un mensaje filtrado por un carcelero a la familia de uno de los que quedaban con vida, el mundo supo de su existencia y el consiguiente escándalo internacional consiguió su liberación. 

Cuando el puñado de supervivientes regresaba en un camión que los traía de vuelta, se encontraron en el camino con enormes excavadoras que llegaban para demolerlo todo, para borrar las huellas, mientras el protagonista las ve pasar, piensa:” Te apisono, te trituro, te arrojo a una fosa, te dejo morir a fuego lento sin luz, si vida, y luego lo niego todo”. Y así fue, oficialmente el rey no sabía nada, nada sabía aquel a quien no se le escapaba la caída de una hoja ni el caminar de una hormiga.

Ya en 1975 el dictador se recreó en lo que hoy denominaríamos posverdad, después de que el Tribunal Internacional de la Haya decretara que ningún lazo de soberanía territorial ostentaba Marruecos sobre el Sahara Occidental, en una clara derrota de las tesis marroquíes, el rey… “se dirigió a su país por radio y televisión. El monarca manipuló descaradamente el dictamen de la Corte. Silenció los párrafos que negaban la soberanía marroquí sobre el territorio (…) y aseguró que el tribunal había establecido la legitimidad marroquí (…). Y entonces hizo público el anuncio que, con ayuda de Kissinger, había preparado cuidadosamente: en breves días, el rey mismo encabezaría una marcha pacífica hacia el territorio. Estaría formada por civiles y sería protegida por las FAR. Al término de la alocución, la radio comenzó a emitir música militar”, según narra Tomás Bárbulo en el mejor libro que he leído sobre el conflicto del Sahara Occidental (“La historia prohibida del Sahara español”. 2002). El resto es historia, indignante historia.

Este video habla de la situación actual en cárceles marroquíes:

En el mismo libro, Tomás Bárbulo detalla una anécdota reveladora de lo poco que han cambiado las cosas desde la llegada de Mohamed VI al trono. En los días previos de su visita a El Aaiún, el 1 de noviembre de 2001, los notables del territorio ocupado se reunieron en el ayuntamiento. Eran las autoridades políticas y, al mismo tiempo, los dueños de las empresas que controlan el Sahara Occidental (transportes, frigoríficos, barcos, inmuebles, tejidos, té, conservas de pescado, fábricas de hielo, detergentes, suministros para las fuerzas armadas, exportación de arenas expoliadas, etc.), la reunión tenía por objeto acordar un regalo para ofrecer al rey, el alcalde propuso que se le diera una gran parcela donde construir un palacio, ya que El Aaiún era una de las pocas capitales “marroquíes” donde no lo tenía. Uno de los presentes, puro sentido común, les descubrió el Mediterráneo: “El rey es dueño de todas las tierras y puede coger las que quiera cuando le parezca, no tiene sentido regalarle algo que ya es suyo”. Estos personajes, que terminaron tirándose las manos al cuello durante la discusión en una competición que premiaba al más adulador y sumiso, acaparan el control de los recursos del Sahara mientras a escasos metros los verdaderos saharauis están encarcelados en pésimas condiciones, privados de libertad por juicios sumarísimos, amañados y sin garantías y torturados, forzados y vejados por el régimen mientras la MINURSO, única misión de la ONU en el mundo que no tiene competencias sobre Derechos Humanos, mira y calla. Si algo queda claro en el episodio del regalo del rey es que en Marruecos quien sigue gobernando es el “Majzén”, esto es, el rey y su cohorte de aduladores serviles, intrigantes, trepas y alcahuetes que conforman la Corte, con intereses entrelazados y códigos arcanos, y para quienes cualquier capricho real es ley. Dicho de otra manera, nada ha cambiado realmente con respecto a su antecesor, de quien heredó el trono, la mirada desconfiada, el gesto displicente, la impunidad y la ayuda de Occidente, tan escrupuloso con los Derechos Humanos cuando de otros países se trata.

El actual monarca es el hombre más rico de Marruecos, mientras el salario medio es de 360 euros; dos Boeing se ocupan de sus viajes a villas de lujo en la Costa Azul o a sus palacios de París con un séquito que no baja de las 300 personas y una colección de más de 600 coches de lujo, mientras 20.000 niños y niñas mueren al año por la pobreza o las enfermedades que pueden evitarse si fueran atendidos. Pero, a decir verdad, el reloj de oro blanco con más de 1000 diamantes incrustados que suele lucir, no vale lo que el bubisher, el pajarito del desierto que habita la hamada argelina donde se encuentran los campos de refugiados saharauis, los diamantes lastados de sangre son fríos, no vuelan y acompañan solo a los déspotas.

Este video habla de la situación actual en cárceles marroquíes:

Hemos de pedir a nuestros gobiernos responsabilidades para que un Estado que viola la legalidad internacional, que tiene presos políticos en cárceles de aislamiento, que ocupa territorios que no son suyos y saquea sus riquezas, que no tiene una justicia independiente, que encarcela a intelectuales no afectos, que chantajea a sus vecinos para que callen con las amenazas de la inmigración o el tráfico de drogas, que conculca los derechos, libertades y garantías de su pueblo, sea considerado lo que es, un Estado fallido.

Gerardo Rodríguez
Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC

*Fuente: ElPaísCanario

La batalla diplomática por el Sáhara Occidental en Europa: Marruecos pierde posiciones

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Lo único que me queda por hoy es suplicarles a quienes marchan pacíficamente y también a los partidos políticos, que se alejen de la violencia, los incendios y los saqueos, que no los aplaudan, que los rechacen con fuerza, que denuncien y, sobre todo, que sepan distinguir el quién es quién de este caótico escenario, que no lo vean todo con la blanca pureza de las reivindicaciones o el negro color del Gobierno y sus secuaces carabineros. Entremedio, hay muchas tonalidades de gris y por ahí se nos está infiltrando un poder narco que nos podría dejar un paso más cerca de un Estado fallido.

Hay un cierto sector de opinólogos en las redes sociales que reaccionan virulentamente cuando algunos, entre los que me encuentro, denunciamos que detrás de muchos de los hechos de violencia –sobre todo saqueos e incendios– hay narcos o anarcos involucrados. Como explicaré a continuación, las evidencias que se están acumulando lo hacen indesmentible, la “subida por el chorro” –de los narcos en particular en este legítimo proceso de protesta ciudadana– se está convirtiendo en una amenaza de creciente gravedad para nuestra nación y, al convertir estas denuncias en “políticamente incorrectas” y tratar de acallarlas, estos opinólogos le están haciendo un flaco favor a al país, que muy probablemente va a terminar más pobre y más desigual que al inicio de la explosión ciudadana.

Esta explosión es legítima y sus reivindicaciones son de altísima prioridad, cuestión que la elite de derecha aún se resiste a aceptar. Sin embargo, según Mario Marcel, presidente del Banco Central, por efectos de la violencia, destrucción económica y desempleo, en dos meses el índice de Gini se habrá deteriorado en el equivalente a 27 años de (insuficientes) esfuerzos por la equidad en Chile.

¿Por qué esta reacción opinológica tan virulenta? En mi opinión, en su psiquis, si es que llegara a haber narcos (o anarcos) en medio o detrás de la violencia, se arruinaría la “pureza revolucionaria” de los encapuchados y de los que marchan pacífica y legítimamente. Por cierto, encapuchados y los que marchan pacíficamente son dos categorías muy diferentes, pero esa distinción no viene al caso hoy y la dejaremos para otro día. Como para las redes sociales solo existe un mundo de blancos y negros, cualquier asunto que haga borrosa la línea divisoria entre ambos, se hace insoportable y quienes advertimos sobre la presencia de los narcos en esta crisis, pasamos a ser fachos ante sus impolutos y virginales ojos.

¿Cómo calificar los primeros incendios simultáneos en 7 estaciones del metro, con acelerantes potentes e iguales en todas, más un incendio intencional en el centro de despacho de subtransmisión eléctrica, más 450 incendios en supermercados, ataques a 220 comisarías, más otros ataques al metro que en total dejaron 57 estaciones inutilizadas? Evidentemente, no todo es acción de anarcos, con seguridad hay otros violentistas, delincuentes, narcos o barras bravas involucradas en una confusa maraña. Pero, como veremos, al menos el inicio de las hostilidades parece ser claramente adjudicable a ellos.

El metro había sido blanco de ataques desde el episodio del subcentro de Escuela Militar en 2014. Los rayados anarquistas han aparecido periódicamente en las estaciones. En mayo 2019, un dispositivo dirigido al presidente del directorio del metro, fue enviado por el mismo grupo que se atribuyó el atentado al expresidente de Codelco y la explosión en un paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna. En la página web ContraInfo –la misma donde un grupo se atribuye las cartas bombas contra la 54° Comisaría de Huechuraba y el exministro Hinzpeter– hay un posteo del 7 de octubre de 2019, con la imagen de un bus envuelto por el fuego y un llamado a una semana de sabotaje y evasión del transporte público. El texto del póster es: «Llamado a una semana de sabotaje y evasión del sistema de transporte público. Lunes 7 de octubre – Lunes 14 de octubre. Anonimato subversivo».

El comunicado señala que “hoy 6 de octubre del 2019 hacemos un llamado al territorio de Santiago-Chile al sabotaje y la evasión masiva de los sistemas de transporte público. No podemos quedarnos de manos cruzadas a las arremetidas de los gobiernos de turno, las alzas en los pasajes no son cosa menor, por eso hacemos el llamado a alzarse contra la oligarquía, contra el sistema y el capital”.

En el mismo sitio web ContraInfo, un participante de los incendios iniciales se lamenta a posteriori: “Sin embargo, faltó dinamita. Escaseó el diésel y la gasolina. Se escatimó en el ataque. Hubo carencia de expropiaciones. No fueron demolidas las sedes de todos los partidos políticos. No se asaltaron prisiones ni manicomios. Se arremetió contra los símbolos pero faltó tiro al blanco. Quedó pendiente una fogata gigantesca con los cientos de banderas que se perciben en las marchas (incluyendo la rojinegra, porque todas las banderas están llenas de sangre y de mierda). Esa penuria ha permitido que la potencia negadora se desvíe hacia el ‘triunfo’, en lugar de inyectarle vida al conflicto y exceder los cantos instituyentes que ya amenazan con imponer la paz de los sepulcros”.

Con estos pocos datos, parece bastante evidente concluir que en estas semanas de crisis hubo uno o más grupos anarquistas altamente coordinados que iniciaron las hostilidades. Es más, lo ocurrido en Chile quedará en los anales mundiales del anarquismo de las últimas décadas por su dimensión. Nada hay que se le parezca. No es su objetivo principal causar muertes, como en el terrorismo, sino caos y, como aparece en sus manuales, el eventual colapso del “Estado opresor”. Finalizan: “Una micro quemada no nos devolverá nada, un pako tampoco. Pero es la forma que hemos tenido que tomar en contra del poder y sus esbirrxs”.

Con todo, para efectos de este análisis, los anarcos no pasan más allá de ser grupúsculos con pronunciadas características sicopáticas, pero incomparablemente más pequeños que los narcos, en su número y potencial efecto de largo plazo. Estos últimos no son sicópatas, son amorales empresarios de la droga, que usan la violencia y el asesinato sin empacho.

Ciper no podría tildarse de publicación fascistoide, aunque a estas alturas los que solo leen lo que quieren leer e interpretan lo que quieren interpretar podrían tildarla como tal en sus publicaciones sobre este tema. Destaco entre otros este párrafo: “Mientras el Estado se achicaba, silenciosamente primero y ahora de un modo pirotécnicamente vistoso, el narcotráfico se fue apoderando de varias zonas en el país. En Chile, 1,5 millones de personas viven a merced de bandas narco. Es un problema social grave que estuvo ausente del debate durante el estallido del 18-O hasta que los saqueos comenzaron a causar alarma pública. Los narcos podrían estar involucrados en los disturbios y saqueos sobre todo para asegurar su control territorial. Son emprendedores y se les abrió una oportunidad de negocio con total impunidad. Ellos quieren un Estado débil”.

Agregaríamos: ellos necesitan un Estado débil, para que su negocio se afirme y expanda. Cuando se apoderan de un territorio, se estima que solo 1/3 de su negocio es la droga. El resto es mafia pura, tal como venderle “protección” a las casas y negocios, conseguir niños-soldados y negocios turbios de toda índole.

El Ministerio Público presentó los resultados del “Observatorio 2016 del Narcotráfico en Chile”, documento que reúne estadísticas actualizadas y análisis cualitativos sobre la evolución del tráfico de drogas en los últimos 10 años y, las estructuras jerárquicas de las bandas barriales. Los narcotraficantes ciertamente no aparecieron en Chile en octubre de 2019. Previamente, ya había nada menos que 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas en el país.

En Radio Cooperativa se informó en octubre que “producto de la investigación iniciada el 7 de octubre (de este año) tras el hallazgo de un container con armamento en el sector portuario de Iquique, la Fiscalía en conjunto con la PDI, Aduanas y la Armada, lograron incautar un nuevo cargamento con armas y municiones. El análisis de la información recogida durante la investigación, permitió determinar que un nuevo container llegaría al puerto y que posiblemente traería armamento consigo, por lo que –tras confirmar su llegada y posterior revisión– se comprobó la presencia de armas y municiones en su interior el 18 de octubre”.

Obvia y felizmente, la Fiscalía sabe cosas que aún no han sido divulgadas, por obvias razones. Pero ¿quién estuvo internando armas justo antes del estallido social y otro container el mismo día del estallido? ¿Mera casualidad? ¿Habrán sido los espontáneos ciudadanos indignados o, bien, los únicos que tienen recursos suficientes para hacerlo… los narcos? ¿Por qué esto no se discute en los cientos de programas de radio y TV que despluman el acontecer de la crisis a diario?

Esta es información de la mayor gravedad pero que, a pesar de haberse publicado en un par de medios radiales, no forma parte, hasta ahora, del análisis nacional. Señora Cecilia Morel, estos sí son sus alienígenas y el Estado de Chile sí está en guerra con ellos. Y son los narcos o algunos de sus socios, les guste o no a quienes quieran preservar la pureza de imagen de los violentistas y los legítimamente indignados. Son los que quieren conseguir un Estado fallido en Chile.

La DEA (Drug Enforcement Administration), de EEUU, ya puso a nuestro país en la mira. Según la revista Capital, esta agencia ya en marzo de 2018 advirtió que Chile había dejado de ser un mero pasadizo o destino final para las drogas, puesto que la manufactura de cocaína y drogas sintéticas ya forma parte de su floreciente negocio local e internacional.

El Mostrador, en un artículo de mayo de este año, ya nos había informado sobre los tentáculos narco infiltrando al PS en San Ramón. Es de suponer que no lo hicieron por bolitas de dulce. En ese reportaje, el analista Ernesto Águila indicó que hay que “poner una muralla china entre el narcotráfico y el sistema de partidos. Esa infiltración es un riesgo real que cruza la política aquí y en muchos países. En eso hay que actuar con anticipación y de manera drástica”. El poder corruptor del narco es una amenaza incluso para la seguridad nacional. Corrompen con montañas de dinero y también con amenazas a fiscales, jueces, policías, militares, empresarios y políticos.

Como ejemplo, la corrupción de altos niveles militares en México llegó a tal punto en el pasado reciente, que el oficial de más alto rango en la lucha contra el narcotráfico, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, era asalariado de Amado Carrillo Fuentes, «El señor de los cielos» del cartel de Juárez. Nada garantiza hoy que en Chile no pudiera producirse la tentación del gran dinero para militares y carabineros de alto rango, cuya pureza no está precisamente garantizada, especialmente a la luz de los casos «Pacogate» y «Milicogate».

Hace exactamente un año, The Clinic reveló, a través de un audio secreto que obtuvieron, que el comandante en Jefe del Ejército pronunció un discurso privado con una dura crítica interna, ya que oficiales habían traficado armas para bandas de narcos.

El Fiscal de la Metropolitana Sur, Héctor Barros, apareció en entrevista a La Tercera el 6 de diciembre de este año, en pleno conflicto. Es el mismo que había investigado exitosamente los atentados en la estación Escuela Militar. Con la cautela que le impone la ley, dice que ya hay “indicios” en las 20 mil horas de grabaciones, sobre la participación de grupos organizados en los incendios del metro. Indesmentiblemente, nos señala dicho fiscal, “entre los múltiples apresados en saqueos, al principio hubo mayoritariamente personas sin antecedentes, ahora ya hay muchos con antecedentes previos de narcotráfico. Por otro lado, ya hay información sobre los sectores más duros de las barras bravas, aquellos vinculados al narco, apresados por su participación en hechos violentos”.

Al día siguiente, también en La Tercera, se publicó sobre un violento ataque al cuartel policial de La Granja, con más de 100 disparos de armamento de grueso calibre. Tres policías con heridas graves de bala. ¿Tienen ese armamento los jóvenes violentistas de 18 años? ¿Los ciudadanos indignados? El modus operandi de los narcos a estas alturas es casi obvio: expulsar a la fuerza pública de un barrio o comuna para apoderarse de ese territorio.

A estas alturas del texto, algunos estarán preguntándose por qué no abordo aquí la brutalidad policial. Por supuesto que la abordo. Según Infobae el 1 de diciembre, la Fiscalía ha abierto en esta crisis 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares y/o ceguera total o parcial. Pero hay además un “detalle” que es relevante mencionar para los propósitos de esta columna: en junio de 2019, tres carabineros fueron detenidos en Punitaqui durante un operativo antidrogas.

Consecuencias potenciales

Nunca sabremos a ciencia cierta si los detonantes iniciales, es decir, los primeros y simultáneos incendios del metro que estuvieron claramente planificados, fueron organizados por los anarcos, los narcos u otros grupos interesados en el debilitamiento del Estado, como podría ser el PC que siempre transita con una pata en la democracia y la otra en la subversión… el discurso subversivo, presumido y estúpido en Caracas de su militante, Florencia Lagos, ha recorrido las redes. Posiblemente fue una coincidencia oportunista entre muchos de estos grupúsculos, puesto que algunos de sus personajes comparten militancias en el turbio submundo.

Tampoco podremos establecer a ciencia cierta la línea divisoria entre los narcos, las barras bravas –cuyos clientes son los narcos– y los jóvenes enrabiados al punto de la ira ciega, aquellos del “baile de los que sobran”, que están y seguirán participando en destrozos, incendios y saqueos, pues sienten que no tienen nada que perder y están dedicados a demoler un Chile que sienten que no les pertenece. Ellos no van a parar. Así, desgraciadamente, se han convertido en compañeros de viaje con narcos, que tienen propósitos muy diferentes y que tampoco tienen incentivos para parar, sino todo lo contrario. Esto es muy propio de situaciones caóticas, en que cada subgrupo participa según sus propias visiones e intereses.

Espero haber logrado convencer a los lectores de que los narcos ya estaban presentes en Chile antes de la explosión social de octubre, en dimensiones mucho mayores de lo que las elites de clase media y alta han tenido en consideración hasta ahora. A pesar de la gravedad del problema, la prensa impresa y televisiva no los suele mencionar, porque hasta ahora solo lo han sufrido mayoritariamente las comunas de menores ingresos.

Es otra demostración del clasismo informativo, en que un asesinato o portonazo en Las Condes equivale a 50 en La Pintana. Los saqueos también han ocurrido preponderantemente en comunas con escasa protección policial. En la distribución de carabineros, también aparece el clasismo de la sociedad. Los narcos son, además, otra verdad inconveniente que a los más ricos no les apetece ver, tal como los masivos problemas de patología mental, el analfabetismo funcional de los adultos o la violencia intrafamiliar. Mientras la cosa no se ponga fea en Las Condes o Vitacura, nuestro Versalles chilensis, sigamos pasándola bien.

Ya es indesmentible que los narcos han tenido participación relevante, no necesariamente en los combates entre la “primera línea” y carabineros (asunto que no les interesa), sino que en los incendios de supermercados y sobre todo saqueos a gran escala, para llevar bienes de consumo a sus territorios y aparecer como los gentiles salvadores del desabastecimiento que ellos mismos están ayudando a provocar. Los arrestos masivos y formalizaciones de narcos por la Fiscalía así lo demuestran. De pasada, obsequian parte de sus fuegos artificiales en las demostraciones de la Plaza de la Dignidad, ex-Italia, los mismos que usan para sus narcofunerales o anunciar la llegada de la droga al barrio.

Hasta ahora los narcos, ante la ineptitud, gruesos errores y sobrepasamiento policial, han estado ganando la batalla por el territorio, expandiendo así la mayoría de sus 426 barrios críticos, especialmente los de Santiago. Cuando estos logren fusionarse, podríamos llegar a tener comunas completas controladas por los narcos y, muy posiblemente, con muchos de sus efectivos policiales corruptos, al punto que el Estado chileno pasará a tener una presencia secundaria e irrelevante en las mismas. Así, de tener hoy el 8% de los ciudadanos bajo su control territorial, podrían acercarse al 20 o 30 por ciento después de la crisis. No muy lejos del caso mexicano.

En suma, todo apunta a que esta legítima explosión social le abrió la enorme oportunidad de expandir su negocio a los narcos, mismos que ya estaban internacionalizando la importación y exportación de estupefacientes. Tienen una lógica de empresa transnacional, tal como Pablo Escobar en Colombia o El Chapo en México. Para dar una idea del tamaño del negocio, 3.6 toneladas de cocaína fueron incautadas tan solo en Tarapacá entre 2016 y 2017, que equivale aproximadamente a US$ 70 millones y quién sabe cuánto es lo no incautado en todas las regiones. Una parte muy importante de esa droga es reexportada a Europa.

Independientemente de lo que resulte en materia de los esperados y positivos pactos constitucionales o sociales, Chile está dando un triste paso en dirección a su “mexicanización”, no precisamente en los muy gratos aspectos de la cultura de nuestros hermanos latinoamericanos, que constituyen mi segunda patria, sino en la siniestra pérdida de territorio, criminalización masiva y elevadas tasas de asesinato, al punto que partes significativas de su geografía ya están calificadas como de alta peligrosidad. Siete carteles de la droga están hoy disputándose prácticamente todo el país y, en sus fronteras de interfase, la violencia está totalmente descontrolada.

La corrupción de Chile, que aunque no se crea figuraba en los rankings internacionales en un nivel comparable a países de la OCDE, podría derramarse como un virus pernicioso a todos los niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y de ahí al resto de la sociedad. Como lo dije en una columna anterior y lamento profundamente ser nuevamente el portador de las malas noticias, Chile esta al borde del precipicio narco.

¿Qué hacer?

En materia de combate al narco como política pública, la primera tentación sería legalizar las drogas para no dejarles mercado a los maleantes. Lamentablemente, las experiencias de países como Portugal, Holanda y de estados como Colorado dentro de Estados Unidos, demuestran que el consumo y la adicción han aumentado en lugar de disminuir. En un caso como el chileno, aunque los narcos dejaran de traficar droga, su componente delincuencial es de tal magnitud, que bien podrían dejar este negocio y redefinirse como grupos o bandas de delincuencia organizada igualmente peligrosos.

Por otro lado, la muy exitosa experiencia de Islandia para promover una juventud libre de drogas y alcohol, debiera replicarse en Chile en cualquier caso y con muchos recursos. Su beneficio sería, no solo la disminución del consumo, sino también el tener un país más sano y con jóvenes dedicados a practicar deportes en lugar de perder la conciencia en las calles, al mismo tiempo disminuyendo la demanda de mercado tan apetecida por los narcos. Es un muy deseable programa que hasta ahora solo ha dado pasos incipientes y pobremente financiados. Igual, los grupos delincuenciales organizados podrían continuar su nefasta labor de crimen y corrupción, siendo conducto de importación, producción y exportación de droga aunque disminuya su consumo en Chile.

Por cierto, en algún momento habrá que declarar una amnistía general para jóvenes enrabiados, los del “baile de los que sobran”. Fue nuestra neoliberal sociedad la que los incubó y merecen una reparación, con programas de capacitación, formación, empleo, asistencia social y psicológica, de modo de rescatarlos para la sociedad. Mandarlos al Sename o la cárcel no es la solución, sino todo lo contrario. De no hacerse, los estallidos seguirán repitiéndose, con o sin pacto constitucional y pacto social.

En vista de la evidencia presentada, ya es hora que se organice nuestra propia DEA, un servicio altamente especializado antinarcos, con buena gestión, inteligencia y, por qué no decirlo, con poder de fuego. En ella, debieran concurrir el OS-9 de un muy reformado Carabineros y la PDI, pero también los servicios de inteligencia de las FF.AA. que seguramente manejan información. Un equipo multidisciplinario, que obtenga la inteligencia suficiente, coordinado con servicios similares del exterior, para después actuar sobre la información y dar la batalla que se necesita para detener esta negra amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad. Esto no tiene nada que ver con los imprescindibles y urgentes cambios que exige la ciudadanía en términos de constitución y pacto social y económico. Pero si no se hace a la brevedad, libre de complejos, no tendremos mucho país sobre el cual aplicar nuestras anheladas mejoras sociales.

En materia de actitudes ciudadanas, lo único que me queda por hoy es suplicarles a quienes marchan pacíficamente, y también a los partidos políticos, que se alejen de la violencia, los incendios y los saqueos, que no los aplaudan, que los rechacen con fuerza, que denuncien y, sobre todo, que sepan distinguir el quién es quién de este caótico escenario, que no lo vean todo con la blanca pureza de las reivindicaciones o el negro color del Gobierno y sus secuaces carabineros. Entremedio hay muchas tonalidades de gris y por ahí se nos está infiltrando un poder narco que nos podría dejar un paso más cerca de un Estado fallido.

*Fuente: El Mostrador

El articulo La grave amenaza de los narcos apareció primero en piensaChile.

Pilar León
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los doce recursos de protección presentados contra el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví y autoridades del Estado por los episodios de contaminación e intoxicación que se produjeron en la zona de sacrificio durante 2018.

Las acciones fueron presentadas por organizaciones de la comunidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (DD.HH.), la Defensoría de la Niñez, sindicatos de pescadores, trabajadores de las empresas implicadas, la municipalidad de Quintero y el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

La fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, Katta Alonso, afirmó respecto del fallo que “no teníamos mucha esperanza. Creemos que los jueces que están en la Corte de Apelaciones de Valparaíso no están bien asesorados en el tema medioambiental, no tienen conocimientos”.

“Es impresentable que no cuiden nuestra salud. En el fondo, nuestro recurso de protección iba a eso. Por tanto, siempre priman los intereses económicos frente a los DD.HH. y la salud de la población en todas las comunas afectadas”, añadió.

Por su parte, el abogado del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, aseguró que la decisión de la justicia “no se condice con las circunstancias de contaminación que han existido en la zona de Quintero y Puchuncaví, no sólo históricamente, sino que en los episodios de contaminación que ocurrieron en agosto y septiembre del año pasado”.

En el recurso de protección, el organismo solicitó que “se realicen exámenes toxicológicos a las personas afectadas y que se implemente cuanto antes el sistema de medición de contaminantes con carácter público y permanente,”, afirmó el abogado Fernando Martínez.

Para el senador RN Francisco Chahuán, “debe hacerse justicia y vamos a llegar hasta la Corte Suprema para que se reestablezca el imperio del derecho y los quinteranos y puchuncavinos no sigan observando un Estado completamente fallido”.

El principal argumento de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para desestimar todos los recursos de protección fue que aún no se puede determinar una empresa como responsable de la contaminación, como tampoco se puede establecer la culpabilidad del ministerio de Salud ni de la superintendencia o ministerio de Medio Ambiente.

Además, el tribunal señaló que “la acción de protección ambiental sólo puede abarcar las situaciones de emergencia ambiental y no el contexto general de la contaminación de Quintero y Puchuncaví, y respecto de la crisis ocurrida en agosto y septiembre de 2018 no pueden acogerse los recursos respecto de ninguna empresa industrial, porque ni consta como indubitada la acción de ninguna de ellas en especifico como agente generador del daño”.

Sin embargo, en el dictamen se estableció que existió una “omisión reprochable” del ministerio de Medio Ambiente por no tener una red de monitoreo de gases tóxicos en la bahía.

Para la dirigenta de Mujeres en Zona de sacrificio, Katta Alonso, “la responsabilidad está clarísima: es del Estado y las empresas. Y eso era lo que nosotros esperábamos de este fallo”.

Desde el INDH y organizaciones sociales valoraron el voto disidente de la ministra Silvana Donoso y adelantaron que apelarán el fallo ante la Corte Suprema. Sin embargo, desde la comunidad recalcaron que no tienen mucha esperanza en lo que determine la justicia y que por eso han acudido a organismos internacionales, para denunciar la histórica contaminación de la llamada zona de sacrificio.

Autora: Pilar León

*Fuente: Diario UdeChile

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«No nos queremos morir, mamá»: víctimas de una agresión invisible en Chile que no perdona a nadie

 

15 de febrero 2019 12:33 GMT | Última actualización: 15 feb 2019 12:36 GMT

Para los habitantes de Quintero y Puchuncaví, en Chile, la crisis medioambiental que sufre su país está lejos de ser una vaga amenaza o un motivo de debate político. La industria de la zona les ha llevado hasta la misma puerta de sus casas toda una legión de asesinos silenciosos: plomo, aluminio, arsénico… No se ven, pero ahí están, cobrándose un doloroso peaje en enfermedades, familias desbaratadas y gastos médicos en nombre de un supuesto desarrollo del que ellos no se beneficiarán.

 

 

El apacible paisaje de Quintero y Puchuncaví oculta una amenaza que solo se manifiesta cuando la salud de sus habitantes se deteriora gravemente. Los ciudadanos señalan a un polígono industrial como el responsable de miles de intoxicaciones que afectan a todos, y aunque es difícil determinar qué causa las enfermedades, hay nombres que pasan de boca en boca con un eco temible: plomo, cobre, arsénico.

Esa agresión invisible no perdona a nadie, ni siquiera a los niños. Nancy, una madre joven de Pucalá (Puchuncaví), cuenta que la contaminación afectó a su hija y confiesa que es difícil «verla sufrir». «Yo traje a mi hija al mundo para que ella sea feliz, no para que ella me hiciera feliz a mí. Nos ha tocado duro«, dice Nancy.

«Te están matando silenciosamente»

Los vecinos de la zona saben que el aire que respiran está contaminado y que las responsables son las sustancias emitidas por las empresas del parque industrial con el que conviven. Una zona con un dilema nacional para Chile: empresas importantes para el motor de la economía versus contaminación, una especie de monstruo invisible que invade el cuerpo de los ciudadanos.

Al menos 54 familias tuvieron que sacar a sus hijos de las comunas por las consecuencias de la intoxicación. Entre ellas, Nancy, que planea mudarse con su hija Ángela a casa de sus padres en otro pueblo, precisamente porque la niña ya no tolera el aire contaminado.

«No ves la contaminación que hay. No ves que te estás envenenando de a poquito, que te están matando silenciosamente. No ves que vas a consumir mariscos que están contaminados, pasada la normativa 30 veces. No ves que el agua que vas a tomar, si es que tomas agua de pozo, tiene aluminio, arsénico y plomo. (…) Eso con los años va entrando a tu organismo y lo va minando, te va produciendo diferentes enfermedades», comenta Katta Alonso, fundadora del grupo Mujeres de Zona en Sacrificio en Resistencia, que luchan contra la contaminación del lugar. ‘Zonas en sacrificio’ es como ellas llaman a los lugares con problemáticas ambientales.

«Eso es una zona de sacrificio. Cuando te mataron todo el medioambiente. Y además, te están matando a la gente. Eso es una zona de sacrificio en nosotros», lamenta Katta.

 

«No nos queremos morir, mamá»

A uno de los hijos de Cecilia Huencho, de Quintero, los problemas hematológicos por la contaminación «no le permiten hacer una vida normal». Sus hijos, de 10 y 6 años, tuvieron que mudarse a Santiago de Chile para vivir con sus abuelos y sus hermanas universitarias. Hay cosas que ya no pueden hacer como otros de sus compañeros, como correr o saltar. Cecilia y su marido tuvieron que quedarse en la comuna para poder trabajar.
«[Me dicen] que no se quieren morir. Es fuerte. Es fuerte para una mamá escuchar que tus hijos te digan ‘no nos queremos morir, mamá. No te queremos dejar sola‘», relata Cecilia.

Otro de los niños afectados es Exequiel, de la localidad de Ventanas. A sus 12 años, la contaminación e intoxicaciones repetidas le han generado una dermatitis aguda y le han dañado el sistema inmunológico.

«Hay veces que mi hijo me dice ‘mamá, yo me quiero morir, porque no doy más, no quiero seguir luchando‘», cuenta su madre, Magalí Miranda. A pesar de sufrir por su enfermedad, Exequiel conoce la realidad que está viviendo la familia y la necesidad que hay. No deja de ir al colegio y también ayuda con trabajos en la casa.

Economía vs. contaminación

Chile es el país más contaminado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Incluso el actual presidente, Sebastián Piñera, hizo alusión a la crisis medioambiental en su último discurso ante Naciones Unidas. Desde el ministerio pertinente tampoco niegan la situación.

Decenas de personas intoxicadas en Chile por la contaminación del aire

«Evidentemente es una realidad y como país no la vamos a esconder, sino que lo queremos enfrentar, creemos que es lo que corresponde», afirma Felipe Riesco, subsecretario de Medio Ambiente de Chile.

Las empresas comenzaron a instalarse en la zona de Quintero y Puchuncaví en 1954. Primero una, después otra, y así se formó el polo industrial. Petroleras, termoeléctricas, fundición de cobre… empresas que se instalaron hace años sin regulación y sin reparos.

Hay sustancias tóxicas y contaminantes que en Chile no tienen normativa. Entre otras, el mercurio y el arsénico. Tampoco está sujeta a la normativa la fundición de cobre, un importante ingreso para la economía del país. Pese a que la población de Quintero y Puchuncaví tiene dañada la salud por la contaminación, la decisión de mudar esas compañías no entra dentro de las posibilidades de las políticas de Estado.

«Yo creo que es difícil, yo creo que de partida lo vería como un fracaso de gestión ambiental, creemos que las industrias tienen que establecerse y desarrollar sus actividades económicas, tienen que ser capaces de desarrollar esa actividad en armonía con el medioambiente y con las comunidades que la rodean», comenta Riesco.

*Fuente: Actualidad RT

Alejandro Castro, jovén dirigente de los Pescadores de Quinteros, luchador por la preservación del mar y el borde costero, apareció muerto, pocas horas despues de participar en una Demostración en Valparaíso. La PDI dijo primero que era un caso de suicidio. Hoy se exigimos la investigación de su extraña muerte, pues todo apunta a que se trató de un asesinato, tal como ocurrió con Macarena Valdés, joven madre mapuche que luchaba contra la instalación de una planta hidroeléctrica en Panguipulli.

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