02 de marzo de 2025

Artículo publicado originalmente el 28 de mayo de 2007, pero tristemente vigente al día de hoy

En el campo de refugiados saharaui de Dajla, en la inhóspita hamada, hay una escuela de ciegos. Niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, aprenden a abrir sus ojos con el braille y lo colocan en las estanterías de su cerebro junto al hassanía, es decir su árabe natal, y el español, su otro idioma natural. Al lado de la escuela, otro edificio de adobe y chapa acoge un centro para discapacitados; un poco más allá, a unos pasos de arena, un centro cultural y algunos pequeños edificios administrativos desde los que los saharauis organizan sus vidas con la ayuda internacional. Durante unos días, hasta hubo un Festival de Cine, al que generosamente estuvimos invitados, acogidos con una hospitalidad de la que nunca se olvida.

En un rincón de esa nada hay un hospital con lo mínimo indispensable, una limpieza de acero y un pequeño quirófano donde, cada pocos meses, un equipo de médicos voluntarios llegados de España se enfrenta a las enfermedades oculares de los saharauis, las más extendidas, la que les provocan el viento, el sol y la arena del desierto. Los médicos les limpian los ojos y consiguen que sus pacientes puedan ver mejor dónde están, dónde viven: abandonados, refugiados desde hace treinta y dos años en campos del desierto; expulsados de su verdadera tierra por la ocupación marroquí, desde que en 1975 España se desentendió de sus obligaciones como colonizador.

En cada una de esas construcciones, al igual que en las precarias instalaciones de suministro de agua, en cada una de las placas solares que aportan una mínima energía a las jaimas, en los vehículos todoterreno imprescindibles en el desierto, prácticamente en todo lo que se ve en los campamentos de refugiados, hay un rótulo que identifica la procedencia de la ayuda solidaria: ayuntamientos, comunidades autónomas, colectivos sanitarios, de arquitectos, de ingenieros agrónomos, colegios, institutos, centros universitarios, cientos de asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui. Treinta dos y años de apoyo y cariño de los pueblos de España con los refugiados del desierto de los desiertos, como dijo Eduardo Galeano cuando los visitó.

Desde que España abandonó el Sáhara, el pueblo español ha cumplido su papel. Sus Gobiernos, no. Ha habido, hay, tanta solidaridad como abandono político de los Gobiernos españoles. Tanta ayuda como culpa de nuestra meliflua diplomacia, que jamás se ha atrevido a mirar de frente la situación de los refugiados y a la gravísima represión que sufren en los territorios ocupados. Las Naciones Unidas dejaron claro, desde el principio, la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara. Desde el abandono vergonzante español, la historia trajo la expulsión de todo un pueblo, los bombardeos marroquíes con fósforo, los cientos de muertos, quince años de guerra, la represión en las ciudades ocupadas, un muro más largo que el de Berlín y Palestina juntos levantado en medio del desierto y más de treinta años en los campamentos: cerca de trescientos mil saharauis condenados a la nada, víctimas de la geoestrategia y de la prepotencia de la monarquía marroquí.

Porque Marruecos está ocupando ilegalmente esa tierra, que no es suya, que es de los saharauis. Más de cincuenta resoluciones -cincuenta, se dice pronto- del Consejo de Seguridad de la ONU y una del Tribunal Internacional de La Haya así lo atestiguan. Ninguna de ellas se ha podido aplicar por la intransigencia de la monarquía marroquí, que, según la legislación internacional, ni siquiera es potencia administradora, solamente un ocupante ilegal de unos territorios, donde las cárceles están llenas y las denuncias de abusos y torturas se suceden.

Las distintas alternativas de paz que se han gestado frente a esta situación han sido también ignoradas por el Gobierno de Marruecos. La más consensuada de todas, el llamado Plan Baker, que proponía un periodo de autonomía de transición pactado entre las partes y una votación libre para plantear si los saharauis quieren ser marroquíes o quieren ser independientes, también fue rechazada, pese a que contaba con unanimidad internacional.

Los Gobiernos de España no se quejaron. Jugaron al equilibrio a costa de una única víctima, el pueblo saharaui. Ahora, el Gobierno de Marruecos, que mantiene una dura represión en los territorios ocupados, pretende hacer valer una propuesta que, bajo el pretexto de una autonomía falsa, liga las tierras saharauis y sus riquezas a la soberanía de la monarquía. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de decir que, tal y como está concebida la propuesta de Marruecos, no sirve, porque se olvida de la legalidad internacional, prescinde del derecho a la autodeterminación, reconocido en todas las resoluciones de Naciones Unidas, se queda con la soberanía de un territorio que jamás ha sido suyo y condena al pueblo saharaui a un eterno destierro en el desierto o a tomar las armas de nuevo frente a la injusticia. Naciones Unidas ha exigido que las dos partes, es decir, la monarquía de Marruecos y la República Saharaui, se sienten en igualdad de condiciones y hablen de todas las posibilidades, desde la autonomía hasta la independencia, sin hipotecas, sin amenazas.

El Gobierno español no debe seguir mirando para otro lado, a la expectativa. Los saharauis son un pueblo pacífico, inteligente y creativo. En treinta años han construido un mundo en el desierto. Han inventado la vida. La ayuda internacional no se ha diluido. Todos los niños están escolarizados, todos los refugiados tienen asistencia sanitaria. Hay centros de juventud, organizaciones de mujeres, huertos que sacan fruta de la arena. El pueblo saharaui es respetuoso con los creyentes y con los que no lo son. Las mujeres han conseguido colocarse en primera fila de la sociedad, son la clave en el mantenimiento de la administración y de la vida en los campamentos y en las ciudades ocupadas; artistas como Mariem Hassan, reconocida internacionalmente como la mejor cantante del norte de África, o activistas como Aminetu Haidar, cabeza de la resistencia en los territorios ocupados, que estuvo prisionera muchos años en la Cárcel Negra de El Aaiún, así lo demuestran. Los y las saharauis son una alternativa en una zona que exporta terrorismo radical y corre riesgo grave de dogmatismo religioso y político. ¿No merecen una oportunidad, una alianza?

En el campamento de Dajla firmamos un manifiesto para recordar que si en el medio del desierto habían sido posibles huertos, escuelas, hospitales, un concierto de música y hasta el cine había sido posible, también debía de serlo la decencia en la política internacional. Los saharauis no quieren la guerra. Nosotros, tampoco. España sigue siendo responsable legal, moral y políticamente de la tragedia que vive el Sáhara. No es sólo nuestro punto de vista, es que así lo resaltaba también la resolución S/2002/161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas:

«Los acuerdos de Madrid [de 1975] no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el status de potencia administradora, status que España no puede transferir unilateralmente».

Y, desde ese punto de vista que compartimos con tanta gente y el Derecho Internacional, como ciudadanos con opinión y criterio, creemos que no se debe ser ambiguo con la represión del Gobierno de Marruecos ni con el destierro de los saharauis. Estamos hablando de la existencia misma de un pueblo, de su destino, del derecho a vivir en su tierra, de tener un futuro, no como refugiados, no como un pueblo ocupado y castigado, sino como mujeres y hombres libres.

Hemos admirado la audacia de Zapatero cuando supo alejarse de guerras ilegales y cobardes, y hemos apoyado y creemos en sus políticas sociales. Le pedimos a nuestro presidente de Gobierno que liquide las causas de esta injusticia política, que defienda la legalidad de las Naciones Unidas, que tenga memoria histórica, para que luego no tengamos que lamentar otras batallas. Que sea valiente. Que se sacuda ambigüedades. Estamos de su parte y por eso le pedimos que abra los ojos y que se ponga del lado del pueblo saharaui, en el mismo sitio donde desde hace más de treinta años se encuentra el pueblo español y su solidaridad.

Firman conjuntamente este artículo: Rosa María Sardá, Lola Herrera, Pilar Bardem, Verónica Forqué, Mercedes Sampietro, Emilio Gutiérrez Caba, Carmelo Gómez, José Coronado, Pedro Almodóvar, Juanjo Puigcorbé, Gemma Cuervo, Fernando Colomo, Willy Toledo, Chus Gutiérrez, Montxo Armendáriz y otros 37 profesionales del mundo del cine.

*Fuente: ElPaís

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El nacimiento de las Naciones Unidas tuvo lugar en 1942 (sin contar el intento fallido que supuso la Sociedad de Naciones), culminando su constitución en el año 1945, teniendo como uno de sus principales objetivos la descolonización. Aún así, 75 años más tarde, 17 territorios no han logrado obtener una total autonomía y autogobierno. El Sahara Occidental es uno de esos 17 territorios, más aún, la antigua colonia española es el último resto colonial del continente africano.

La situación en el Sahara es el perfecto ejemplo de la pasividad institucional ante la violación sistemática de derechos humanos; empezando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y España, tiene una importante responsabilidad histórica, legal y moral hacia el Sahara, que ha rechazado ejercer durante demasiado tiempo.

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EQUIPE MEDIA, BAHIA MAHMUD AWAH

En 1885 las potencias europeas se sentían con la autoridad suficiente para repartirse continentes sin responder ante nadie. En la execrable Conferencia de Berlín a España le fueron otorgados, prácticamente como mercancías, los territorios del Sahara Occidental, pasando a llamarse Sahara Español, y Guinea Ecuatorial. Ambos obtendrían el estatus de provincias españolas en 1958 y 1959 respectivamente.

Mientras que el mantenimiento del poder colonial en Guinea Ecuatorial fue resultando más y más difícil, obteniendo su independencia en 1968, en el Sahara el proceso fue más costoso. A finales de los años 60, inspirados por los movimientos nacionalistas anticolonialistas africanos, se funda el Movimiento para la Liberación del Sahara, predecesor del Frente Polisario. Con la creciente actividad e influencia del Frente Polisario y los cambios políticos que enfrentaría España en los próximos años, en 1975 y con el dictador en su lecho de muerte, España abandona el territorio.

Recientemente, se hacían públicos documentos desclasificados de la CIA que señalan al fugado Rey emérito Juan Carlos I como principal responsable de la entrega del Sahara a Marruecos.

Recientemente, se hacían públicos documentos desclasificados de la CIA que señalan al fugado Rey emérito Juan Carlos I como principal responsable de la entrega del Sahara a Marruecos. De ser así, a la larga lista de escándalos que el monarca ha protagonizado podría sumarse la vulneración del Derecho Internacional, al entregar el Sahara a Marruecos y Mauritania, en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a sabiendas de que la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existe ninguna conexión que pueda justificar la soberanía territorial de Marruecos o Mauritania sobre el Sahara Occidental, y provocando un conflicto armado que se extendió hasta 1991.

Juan Carlos I habría entregado el Sáhara para afianzarse en el trono

Como consecuencia, casi cuatro décadas después del alto el fuego, España continúa siendo la potencia administradora del Sahara, y las regiones bajo dominio marroquí sufren sistemáticas violaciones de derechos humanos y políticos; detenciones arbitrarias, fosas comunes, agresiones sexuales, asesinatos en masa, malos tratos, torturas…

Los desaparecidos a manos de las autoridades marroquíes desde el abandono español del territorio superan el millar de personas. Algunas fueron liberadas décadas más tarde, otras, más de 400, permanecen desaparecidas de acuerdo a los datos proporcionados por AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis). Como consecuencia de esta situación, la frágil “paz” a la que se les condenó, se resquebraja aún más cada año que pasa.

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Raquel Andrés Durá

Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la autodeterminación presupone el reconocimiento de otro derecho al libre y armonioso desarrollo de la nacionalidad. La Carta de Naciones Unidas dio estatus legal al derecho de autodeterminación, tras la II Guerra Mundial. Pero hubo que esperar hasta 1960 a que la Resolución 1514 considerara a los Estados garantes de este derecho, oponible “frente a todos”. Esta concepción implica la existencia de obligaciones, tanto políticas como económicas, a los Estados para respetar y hacer respetar la autodeterminación de los pueblos.

Aunque el referéndum ha sido reconocido como la herramienta más adecuada para el desarrollo de este derecho, la doctrina jurídica no recoge la necesidad de la celebración de un referéndum como condición sine qua non para que un territorio colonial obtenga la independencia. Hay ejemplos en los que la voluntad y el deseo de las gentes por la independencia se ha consideró tan evidente que no fue requerida ninguna votación.

Aun cuando en sus visitas al Sahara a finales de los 70, las misiones de la ONU reconocieron como “evidente” la voluntad del pueblo saharaui por la independencia y su prácticamente unánime apoyo al Frente Polisario, el conflicto saharaui ha encallado, esperando un referéndum que nunca llega.

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Si bien la práctica de la Corte Internacional de Justicia es clara, el miedo español a siquiera mencionar el derecho de autodeterminación, posiblemente fruto de nuestros problemas territoriales internos, dificulta la resolución del conflicto. Se trata de situaciones de partida muy diferentes, pero la mínima mención por parte del Estado sobre la necesidad de respeto a la voluntad de los pueblos por su independencia sería atacada por distintos sectores de la política con fines electoralistas. Aunque tampoco es seguro que este sea el verdadero impedimento por el cual ningún Ejecutivo parece plantearse una posición más dura frente al Reino de Marruecos; aspectos geopolíticos, como la inmigración, e incluso económicos son hipótesis más realistas.

A pesar de una tímida mención en su programa electoral con relación al derecho de autodeterminación del Sahara, Unidas Podemos no ha sabido o querido convencer desde el Gobierno de la responsabilidad histórica con el proceso descolonizador. Así, el “gobierno más progresista de nuestra historia” ha negado en sede parlamentaria cualquier responsabilidad internacional con el Sahara Occidental, por más que su papel como Potencia Administradora del territorio haya sido jurídicamente probado en multitud de ocasiones. El Gobierno de coalición corre el riesgo de dar la espalda al pueblo saharaui como todos los Ejecutivos anteriores.

Marruecos boicotea cada solución presentada, consciente de que, aunque el Frente Polisario cuenta con el apoyo del pueblo saharaui y la simpatía de la opinión pública internacional, el tiempo juega en su favor. Afirma querer una solución pacífica para el conflicto mientras rechaza cualquier escenario que pueda tener como posible resultado una votación sobre la independencia del Sahara. En realidad solo busca consolidar su ya de facto dominio en la zona, a perpetuidad. Mientras tanto, aún teniendo el derecho, la verdad y la moral de su parte, el tiempo empuja inevitablemente al Frente Polisario a retomar la lucha armada ante la pérdida de confianza en una posible solución negociada.

Si España no deja de eludir sus responsabilidades y toma como propia la problemática saharaui, convirtiéndola en una cuestión de Estado, será responsable de un nuevo conflicto y el Sahara terminará muriendo de indiferencia. Las relaciones exteriores de nuestro país necesitan un cambio de rumbo sin precedentes, no como simple deber legal sino moral.

*Fuente: El Salto Diario

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