Guyana, uno de los países más pobres y también desconocidos de Suramérica, está a punto de convertirse en una potencia petrolera gracias al hallazgo de unos yacimientos en aguas del Esequibo. El problema es que se trata de un territorio en disputa con Venezuela desde hace más de un siglo. Las tensiones han aumentado por los intereses de la petrolera Exxon Mobil, que han llevado a que EE.UU. y la OEA se posicionen a favor de Georgetown. Mientras tanto, los venezolanos acudirán a las urnas para dar a conocer su opinión sobre la soberanía de ese territorio. ¿Qué es el Esequibo? ¿Por qué se lo disputan Caracas y Georgetown? ¿Qué argumentan las partes? ¿Qué intereses tiene EE.UU. en ese territorio? ¿De cuánto petróleo estamos hablando? Son algunas de las preguntas que analiza Inna Afinogenova en esta nueva edición de Caféinna.

El articulo EE.UU. va por el PETRÓLEO de El Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana apareció primero en piensaChile.

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Guyana vs. Venezuela: a propósito del reciente rechazo de la excepción preliminar de Venezuela por parte de la CIJ

El 6 de abril del 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  dió a conocer su sentencia sobre excepciones preliminares, siendo esta interpuesta por Venezuela a destiempo (en junio del 2022).

Es de recordar que la demanda presentada en su contra por Guyana lo fue en el mes de marzo del 2018 (véase texto oficial en francés e inglés): en su ordenanza de junio del 2018, la CIJ había fijado los plazos de presentación de los alegatos sobre su competencia a Guyana y a Venezuela (véase texto completo).

La decisión de la CIJ en breve

La CIJ debía zanjar la siguiente cuestión jurídica: el saber si la excepción preliminar presentada tardíamente por Venezuela (7 de junio del 2022) era o no de recibo, y si lo fuera, si era admisible o si debía ser rechazada.

Este documento oficial de Venezuela enviado a la CIJ puede ser revisado en su versión en francés y en inglés: constituye como tal un cambio radical de la postura históricamente asumida por las autoridades de Venezuela ante la justicia internacional. Habíamos tenido la oportunidad de escribir una semanas después del 7 de junio del 2022 (Nota 1) que:

«Más allá del caso planteado por Guyana contra Venezuela, este cambio de actitud de Venezuela hacia la justicia internacional de La Haya rompe de forma notable con una sólida y firme posición histórica en todos los foros internacionales y ello desde 1959«.

 

Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018Este y otros temas relacionados a la estrategia legal seguida por Venezuela, así como los aspectos históricos de esta antigua controversia territorial irresuelta entre el Reino Unido y Venezuela no requieren ser nuevamente esbozados. Remitimos a nuestros estimables lectores al texto de dos artículos nuestros, cuyos enlaces aparecen en la Nota 1 y Nota 2 que completan estas breves reflexiones.

En su sentencia del 6 de abril del 2023 (véase texto completo en francés y en inglés), la CIJ  decide (párrafo 108) aceptar para su examen la excepción preliminar presentada por Venezuela para luego rechazarla, y concluye indicando que:

«Dit qu’elle peut statuer sur le fond des demandes de la République coopérative du Guyana, dans la mesure où celles-ci entrent dans le champ du point 1) du paragraphe 138 de l’arrêt du 18 décembre 2020 .» /   «Finds that it can adjudicate upon the merits of the claims of the Co-operative Republic of Guyana, in so far as they fall within the scope of paragraph 138, subparagraph 1, of the Judgment of 18 December 2020«.

De manera a conocer mejor cuáles eran las solicitudes finales de Venezuela a los jueces de la CIJ, hay que remitir al lector a la última jornada de audiencias realizada el 21 de noviembre del 2022 (véase verbatim): sus solicitudes finales figuran  en páginas 26-28. Las petitorias finales de Guyana figuran en el verbatim del día posterior (22 de noviembre), en páginas 23-26.

La lectura de las solicitudes finales de ambos Estados al juez internacional contrastada con la de la parte dispositiva de la sentencia de la CIJ en el párrafo 108 permite apreciar mucho mejor los cantos de sirena entonados desde la lectura del fallo del 6 de abril por parte de ambos aparatos diplomáticos: al respecto remitimos al comunicado oficial de Venezuela y al comunicado oficial de Guyana.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el fallo anterior de diciembre del 2020 de la misma CIJ sobre esta misma controversia, y de mencionar de paso la peculiar manera que tuvo Venezuela de defenderse, al optar primero por»no comparecer» en las audiencias frente a los alegatos de Guyana (Nota 2). También referimos en esta misma nota al inminente riesgo que asumió Venezuela al adoptar esta postura, la cual se dejó evidenciar en la sentencia de diciembre del 2020 (Nota 3).

En América Latina, cabe recordar que en el 2016 las autoridades de Colombia anunciaron que no comparecerían más ante las dos demandas presentadas por Nicaragua en su contra, luego de que la CIJ se declarara competente: esta postura provocó una rápida reacción de juristas colombianos haciendo ver lo riesgoso y errado de adoptar tal conducta, finalmente abandonada (véase artículo de prensa del 2016). En otras palabras, Colombia, como parte de las gesticulaciones de su aparato estatal, amenazó con no comparecer pero … nunca dejó de comparecer: en abril del 2022, Colombia fue condenada en el caso de la primera demanda (véase texto en francés y en inglés) y se espera la decisión de la CIJ en el caso de la segunda demanda, luego de haberse celebrado las audiencias orales en diciembre del 2022 (véanse el verbatim del 7 y el verbatim del 9 de diciembre del 2022 que incluyen en su parte final las petitorias de Nicaragua y de Colombia respectivamente).

Siempre en el hemisferio americano, la no comparecencia de Estados Unidos en la segunda etapa del procedimiento  ante la demanda interpuesta en su contra por Nicaragua (optó por no comparecer luego de que la CIJ rechazara las excepciones preliminares norteamericanas en una decisión preliminar de 1984) no impidió una condena de la CIJ en su histórica decisión sobre el fondo de junio de 1986 (véase sentencia).

Una demanda (2018) y dos decisiones (2020 y 2023) sobre el punto de saber si la CIJ es o no competente

La presentación a destiempo de una excepción preliminar por parte de Venezuela permitió a Venezuela ganar un poco de tiempo, y (salvor error de nuestra parte) es la primera vez en la historia de la CIJ que un solo y mismo caso da pie para dos sentencias preliminares:

– una primera sentencia de la CIJ (diciembre del 2020) sobre su competencia, luego de un procedimiento en el que Venezuela optó por no comparecer (véase verbatim de la audiencia del 30 de junio del 2020 con la única presencia de la delegación oficial de Guyana);  y

– una segunda (abril del 2023) sobre excepciones preliminares, en la que Venezuela sí acudió previamente a las audiencias convocadas por el juez internacional de La Haya (véase verbatim y lista del equipo de ambos Estados presentes en las audiencias  que iniciaron el 17 de noviembre del 2022 que figura en las primeras páginas).

Es de notar que para estas audiencias realizadas en La Haya, Venezuela consideró oportuno enviar como jefe de delegación a su Vice Presidenta, mientras que Guyana optó por la figura del Agente: un funcionario subalterno que designan habitualmente los Estados a la hora de litigar en La Haya, y que inicia y concluye los alegatos orales de su Estado durante las audiencias celebradas en el Peace Palace.

A modo de conclusión

Con esta decisión dada a conocer este 6 de abril, la CIJ entrará ahora a fijar plazos para examinar los alegatos de Guyana y de Venezuela sobre el fondo: se esperaría que esta vez, Venezuela proceda a presentar sus escritos en los tiempos según las regulaciones vigentes y sin mayores contratiempos.

Como un hecho bastante inusual por parte de la CIJ,  el mismo 6 de abril en que dictaminó su sentencia, la CIJ adoptó también una ordenanza indicándole a Venezuela el plazo para presentar sus alegatos sobre el fondo (véase texto en francés y en inglés).

Cabe precisar que el procedimiento contencioso de la CIJ permite que ambas partes presenten sus alegatos y cuestionen los de la otra parte mediante un procedimiento contradictorio de dos rondas (tanto en la etapa escrita, como en la etapa oral durante las audiencias celebradas en La Haya): si el Estado demandado cuestiona la competencia de la CIJ, se abre una etapa previa de excepciones preliminares que le permite precisamente exponer todas las razones por las que considera la CIJ incompetente durante estas cuatro fases del procedimiento contradictorio. La CIJ decide sobre este primer punto, luego de haber escuchado los alegatos y contralegatos de ambos Estados. Privarse de usar las herramientas puestas a su disposición por la CIJ, como lo hizo en un primer momento Venezuela, pudo haberle resultado poco beneficioso: son varios los ejemplos de Estados «no comparecientes» que fueron condenados por la CIJ, siendo muy probablemente Rusia el próximo en ser condenado por la justicia internacional (Nota 4).

El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Blog del autor: Derecho Internacional

Notas

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 4 de julio del 2022. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N. «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, publicado el blog Derechointernacionalcr, 18 de diciembre del 2020.  Texto disponible aquí.

Nota 3: Cuando en el 2020, la CIJ se declaró competente para conocer el fondo de la demanda (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Guyana / Venezuela. Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente«, la cual publicada en varios medios de prensa y sitios jurídicos especializados tales como Ius360, así como el DiarioConstitucional),  nos permitimos señalar que: «En una anterior nota /…/ , habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana. Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances y las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado«.

Nota 4: Tuvimos la oportunidad de analizar la última no comparecencia registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí.

El articulo Venezuela: La Controversia por el Esequibo en la CIJ apareció primero en piensaChile.

¿Qué se propone la administración de Biden con Venezuela?

Y otras noticias.

La expectativa esta semana estaba relacionada con los posibles cambios en la operacionalización de la política del gobierno estadounidense con relación a Venezuela, sin que al final se develaran medidas novedosas. Mientras tanto la dinámica política sigue siendo marcada por las actuaciones de la Asamblea Nacional. En esta nota comentaremos estos y de manera breve otros asuntos.

La misma política y a la espera de los cambios en el método.

Antes de finalizar su mandato Donald Trump firmó una orden ejecutiva, que evitaría la extradición durante dieciocho meses de los venezolanos y venezolanas que se encuentren en una situación migratoria irregular en territorio estadounidense, hasta el 20 de enero.  Antes, la Oficina de Control de Activos   (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense ingresaba en su lista negra a varias personas y organizaciones, por realizar tratos comerciales con entidades en Venezuela, que buscan evadir las medidas restrictivas para comercializar petróleo, impuestas de manera unilateral contra nuestro país. Con estos gestos terminó la administración de Trump, que en relación con las anteriores, ha sido más   agresivas.

Hoy no hay razones, ni indicios para pensar que la política del ejecutivo estadounidense hacia Venezuela y su gobierno cambie, y en este sentido los analista coinciden; pero como ya he apuntado se espera se anuncien las medidas que marquen su actuación. Hay expectativa en la oposición al chavismo que se encuentra en Venezuela y la que disfruta de sus “exilios” dorados, pues su futuro estará marcado por estas medidas concretas. A la fecha no hay declaraciones precisas, pero podemos aludir a algunos hechos.

El Secretario de Estado, Antony Blinken nombrado por Joe Biden, declaró en una audiencia en el Congreso norteamericano, que seguirán apoyando a Juan Guaidó, a la los diputados opositores que finalizaron sus períodos legislativos, las “sanciones” y a los países de la región que son sus aliados para afectar la revolución bolivariana. Al final en la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, asistió Carlo Vecchio que ha sido designado por Juan Guaidó como embajador.

Ante el nuevo gobierno estadounidense el presidente Maduro ha abierto la posibilidad de diálogo, como lo hizo de manera recurrente en la administración de Trump, sin que esto tuviera frutos públicos. Ha declarado que “esta dispuesto a pasar la página”.

Mientras tanto en el Parlamento Europeo gracias al apoyo de las organizaciones de derecha y extrema derecha, se aprobó una resolución que insta al Consejo y a los Estado miembros a continuar con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente, así como la implementación de más medidas coercitivas. Al término del periodo del periodo parlamentario pasado, el canciller europeo Borrel, ratificó la postura contra las autoridades venezolanas, pero desde ese momento evitan dirigirse a Guaidó como presidente, asimismo han instado al nuevo presidente estadounidense a allanar el camino del diálogo en la relación a la situación venezolana.

Sobre la dinámica parlamentaria en la Asamblea Nacional.

Esta semana la plataforma Twitter ha suspendido la cuenta de la Asamblea Nacional en funciones, sin alegar mayores razones, mientras que la cuenta que gestiona la directiva saliente sigue activa. Un muestra más de las injerencias de las corporaciones en la vida política de los países.

También se ha conocido la conformación definitiva de las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional, y algunas de ellas ya han comenzado sus actividades. Entre las que se destacan encontramos dos, la primera una especial que está encargada de investigar las presuntas irregularidades de la las juntas directivas de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021, así como los daños que han generado a la República. En este sentido el presidente de la Asamblea Nacional, denunció hacia el final de la semana, que Juan Guaido está involucrado en una negociación de una deuda que la República del Paraguay tiene con Venezuela, donde a cambio de una sustancial reducción de la misma, Guaidó y sus colaboradores recibirían una comisión.

La segunda comisión especial que se destacó informativamente, fue la encargada de desarrollar el proceso para designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, recordemos que los actuales rectores fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia, al constatarse la omisión legislativa en el periodo que acaba de terminar. En este sentido se publicaron los requisitos que deben reunir los ciudadanos que se postulen, para aspirar a ser uno de los diez miembros de la sociedad civil que deben integrar la Comisión, de igual manera comenzó el proceso para las postulaciones.

Finalmente, es conveniente apuntar que la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes por unanimidad un acuerdo para la liberación de recursos financieros ilegalmente sustraídos, que le permitan al país efectuar la necesaria vacunación de la población ante la COVID-19.

La situación del Covid en Venezuela.

Finalizamos la semana de cuarentena radical dentro del esquema que el gobierno bolivariano denomina 7 x 7, donde sólo operan los sectores esenciales. En la ciudad que habito, Maracaibo, se ha observado un mayor control de las autoridades para hacer cumplir las restricciones, luego de haber una importante tolerancia frente a los incumplimientos.

En este marco el gobierno bolivariano ha anunciado que en las semanas de flexibilización se autorizará el desarrollo de actividades culturales y recreativas como los cines, siempre y cuando se implementen las medidas de bioseguridad indicadas por las autoridades sanitarias.

Ha sido noticia también esta semana la donación de más de ciento cuarenta toneladas de oxígeno, que ha realizado el gobierno bolivariano, para apoyar la atender a la crisis sanitaria  que se vive en Manaos, generada por el incremento de pacientes con Covid-19 que requieren respiración asistida. La operación ha sido coordinada por la cancillería venezolana y operacionalizada por la Gobernación del Estado Bolívar, fronterizo con esta zona de Brasil.  La respuesta del ejecutivo brasileño liderado por Bolsonaro ha sido ridiculizar este gesto solidario del gobierno venezolano, frente a lo cual ha salido el expresidente Lula da Silva a agradecer al presidente Maduro en nombre del pueblo brasileño.

En términos de indicadores hasta el 23 del presente mes en nuestro país las autoridades reportan que hay 6.667 casos activos y que la tasa de recuperación es de 94 %, de tal manera que el total de casos positivos asciende a 123.245. En relación a los fallecidos, estos son 1.142.  Es importante acotar que en la última semana el promedio diario de diagnósticos positivos ha subido sobre 500 casos y el número de personas fallecidas cada día se ha incrementado también. En este sentido es preocupante que en lo que va de año han fallecido por esta causa 110 personas, casi un 10 % en relación al total en 2020.

Breves:

• El tribunal en Ciudad del Cabo, que lleva el proceso de solicitud de extradición de Alex Saab, uno de los aliados en el sector privado del gobierno bolivariano, ha otorgado el beneficio de arresto domiciliario, en función del estado de salud del detenido. El gobierno bolivariano desarrolla una intensa actividad diplomática para lograr la liberación de Saab, que ha sido reconocido como enviado especial.

• En el campo económico, sigue la veloz devaluación de la moneda venezolana, es decir el bolívar, en esta semana escaló a casi 80 %, con respecto al inicio del año. Este aumento continúa pulverizando los salarios de quienes vivimos del salario.

• En relación al diferendo limítrofe con Guyana, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves sobre el inicio de la consulta popular con todos los sectores del país con la intención de articular en conjunto acciones legales sobre el derecho de Venezuela en el territorio Esequibo. De igual manera reveló la funcionaria que la Corte de Justicia Internacional aceptó la solicitud de Venezuela de posponer la próxima audiencia para finales de febrero próximo.

-Autor: Jesús A. Rondón
Si desea comentar este texto, solicitar que se profundice en un tema o cualquier otro asunto relacionado, puede escribir al autor jesusalbertorondon@gmail.com

El articulo Venezuela: Una mirada semanal. Año 2. Nr.27 apareció primero en piensaChile.

Apuntes sobre la normalización parlamentaria en Venezuela, las tensiones con Guyana y el comportamiento de la pandemia.

Con este boletín retomamos la senda que comenzamos el año pasado, cuyo propósito es presentar de manera suscinta los principales acontecimientos desarrollados en Venezuela, en el periodo de una semana; así como claves para el análisis de estos hechos, lo que esperamos permita una mayor comprensión de la dinámica venezolana y de la revolución bolivariana, especialmente para compañeras y compañeros que están fuera de nuestro país y con los que promovemos la solidaridad entre los pueblos.

En esta primera entrega, nos permitimos reseñar los acontecimientos en lo que va de año, lo supone un mayor desafío en la síntesis de los hechos. Dicho esto, se sostiene que las noticias más relevantes hasta la fecha, están relacionadas con la normalización legislativa, cuyo hito es la instalación del nuevo periodo parlamentario. En el plano internacional, suben las tensiones en relación al diferendo limítrofe con la República Cooperativa de Guyana, a raíz de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para conocer de la disputa, lo que ha generado una ofensiva integral desde el Estado venezolano para seguir promoviendo una resolución bilateral.

Apuntes sobre la normalización parlamentaria en Venezuela.  

Desde 2015, cuando la oposición venezolana en bloque ganó democráticamente la mayoría en el parlamento, comenzó a desarrollarse una dinámica legislativa caracterizada por anteponer los intereses partidistas de la oposición al chavismo, antes que los del país. Esta orientación ha derivado en un sinnúmero de situaciones que dan cuenta de un trastorno legislativo, siendo una muestra de ello, el hecho de que hasta ahora, es uno de los periodos con menos leyes discutidas y aprobadas.

De tal manera que en el ámbito político, el evento más relevante de este principio de año, como era de esperarse, ha sido la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, por los diputados y diputadas que resultaron electas en diciembre pasado. Es así, como se percibe como extraordinaria la normalización parlamentaria, después de años convulsos, promovidos por la oposición al chavismo en nuestro país, tal como lo acabo de apuntar.

Este cinco de enero, sin mayores sobresaltos se instaló el nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional venezolana, siendo uno de los primeros actos la elección de una nueva directiva, compuesta en su totalidad por diputadas y diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido que formó parte del Gran Polo Patriótico y que sacó la mayoría de los votos en los comicios parlamentarios. La conformación de la nueva directiva es producto de un diálogo entre los distintos sectores que hacen vida dentro del chavismo y un reacomodo de la correlación de fuerzas, donde figuras como Diosdado Cabello, quedan como Jefe de la Fracción parlamentaria del Psuv, después de haber presidido la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que la conformación de las directivas de las comisiones, la composición es más variada y hay designaciones para diputados de la oposición al chavismo.

La primeras acciones legislativas ha ido en dirección a la organización interna, pues se aprobó la modificación del Reglamento de interior y debate, es decir la norma que establece las pautas concretas del trabajo legislativo, y se conformaron las comisiones  permanentes, que en este caso son: Política interior, política exterior, contraloría, defensa y seguridad, participación ciudadana y medios de comunicación .

Asimismo en la Asamblea Nacional se han conformado tres comisiones especiales, que buscan el diálogo, la investigación de delitos contra la República y la defensa del Esequibo. La primera está orientada a establecer canales de diálogo con los distintos sectores del país, en función de establecer acuerdos que permitan la estabilidad política y la reactivación económica; la segunda investigará las actuaciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional saliente y propondrá antes los órganos de justicia establecer las responsabilidades según el caso; y la última busca apoyar al ejecutivo en la resolución bilateral para la recuperación de la soberanía en el Esequibo.

Asimismo la directiva de la Asamblea Nacional ha comenzado una serie de encuentros con las representaciones diplomáticas en Venezuela, comenzando con la de la República Popular de China. Estas acciones son claves, pues en la dinámica de cooperación con otras naciones, la participación de la Asamblea Nacional es importante, en cuanto ratifica los acuerdos suscritos por la República, representada por el ejecutivo nacional.

Después de varios años el presidente Maduro presenta su memoria anual ante la Asamblea Nacional, sin mayores contratiempos. La constitución de la República establece que quien sea presidente o presidenta debe rendir cuentas ante el órgano colegiado. De igual manera se ha previsto desarrollar una agenda de encuentros para interpelar a los ministros sobre el campo de su responsabilidad, lo que busca activar la facultad contralora del ente legislativo.

Ahora es necesario examinar la contraparte política, es decir el sector de la oposición que se negó participar en las elecciones y que se encuentra atrincherado ahora, en una nueva ficción política, sin carácter vinculante a lo interno. Recordemos que antes que finalizará el año, la junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, en una sesión fuera de todo escrutinio público, como es costumbre; aprobó un texto que denominaron Estatuto de Transición, donde se estableció que una Comisión delegada, representaría el parlamento y se sostendría la ilusión de la “presidencia interina”, luego de vencido el término de su legislatura, hasta que se den elecciones que sean reconocidas por estos actores políticos. Diputados de oposición, pero del sector que decidió medirse en las parlamentarias, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del acto parlamentario y por lo tanto de su resultado.

Ante esta situación gobiernos como el de los Estados Unidos de América, reconocieron esta nueva ficción, así como sus aliados agrupados en el Grupo de Lima. El tono diferente lo colocó en esta oportunidad la Unión Europea, que pese a desconocer las elecciones parlamentarias, ha comenzado a dirigirse a Guaido, en términos diferentes a los que ya había asumido, al reconocerlo como “Presidente”. En todo caso, frente a la progresiva devaluación interna de este sector político, lo importante es conservar el poco crédito político que tiene y el acceso a recursos financieros propiedad de la República para financiar sus planes antichavistas. Dicho de otro modo, ya les hace falta menos financiamiento internacional, pues los gobiernos como el estadounidense le están dando acceso ilegal a cuentas y recursos de la república.

En un primer balance, podemos afirmar que presenciamos un avance importante de los actores políticos asociados a la revolución bolivariana, en el campo político, no solo al controlar nuevamente el poder legislativo, sino que suman a actores de oposición, aunque estos sean minoritarios y no cuenten con el respaldo público de los gobiernos como el estadounidense y los de la Unión Europea. Coloca en mejores condiciones a los líderes de la revolución bolivariana, para sortear las medidas coercitivas unilaterales y avanzar para la recuperación económica, en una perspectiva donde el capital privado tiene un papel importante.

La latente tensión por el diferendo limítrofe con Guyana.

La Corte Internacional de Justicia a finales del mes pasado se asumió como competente para conocer de la disputa limítrofe entre nuestro país y la República Cooperativa de Guyana, a solicitud de esta última. Ante tal pronunciamiento el ejecutivo nacional, se declaró en contra y ha emprendido un conjunto de acciones que se ha desarrollado en este principio de año.

La primera de ellas, es una carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterrez para que abogue por una resolución bilateral, y en consecuencia se desestime el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

De igual manera el ministro Arreaza se ha reunido con el encargado de negocios de la República Cooperativa de Guyana, para manifestar la no aceptación de terceros en la disputa por la soberanía del Esequibo, por lo tanto desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el asunto.

Asimismo uno de los primeros actos unánimes de la recién instalada Asamblea Nacional, ha sido una declaración de rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por último el presidente Maduro anunció la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, que implicaría desarrollar una estructura especial de gobierno, para atender esta zona que tiene límites con las zona en disputa.

La situación del Covid en Venezuela.

En el mes de diciembre, como es necesario recordar; hubo una flexibilización en los hechos total, pues casi todos los sectores económicos operaron sin más restricciones, que el llamado a la estricta observancia de las medidas de bio-seguridad. En el caso de la conectividad aérea interna, como internacional fue limitada, mientras que la terrestre a lo interno, no tuvo restricciones.

El gobierno bolivariano anunció que en este nuevo año, se retomaría el esquema 7 por 7, que implican restricciones una semana, para que en la otra estas disminuyan. Nuevamente nos vamos a los hechos, donde la mayoría de las actividades económicas funcionan, a pesar de la veda prescrita.

En términos de indicadores, el comportamiento se mantiene como en los últimos dos meses pasados, donde el promedio de casos diarios no supera las quinientas personas, así como que la tasa de recuperación se mantiene en promedio en 95 % de los contagiados.  A la fecha, tenemos 119.306 casos diagnósticos positivos, de los cuales 5.583 se encuentran activos (la mayoría atendidos por el Sistema Nacional de Salud Pública y más de la mitad son asintomáticos), mientras que los fallecidos llegan a 1.101 personas.

El gobierno bolivariano ha establecido un convenio con la Federación Rusa y se espera que en el primer trimestre del presente año lleguen cerca de diez millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, por lo cual se da cuenta de los arreglos logísticos para la campaña de vacunación, mientras que se anuncia que se examinan las condiciones para la elaboración del preparado en el país.

Breves:

·         Esta semana un tribunal estadounidense autorizó la venta de acciones de la empresa venezolana Citgo, controlada ilegalmente por la oposición al chavismo, para responder a la decisión de una demanda que favorece a la empresa Cristalex, que demandó a la República en ese país, luego de los procesos de nacionalización que emprendió en Comandante Chávez.

·         En el marco de la normalización de las relaciones entre nuestro país y el Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Maduro recibió las credenciales del nuevo embajador.  

·         En el campo económico, se resalta una devaluación de la moneda venezolana, es decir el bolívar, en casi 60 %, dado que ese ha sido el porcentaje que ha aumentado con respecto al dólar estadounidense en las últimas dos semanas. Este aumento pulveriza aún más los deprimidos salarios de quienes vivimos del salario.

Autor: Jesús A. Rondón

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“He dado instrucciones al doctor Jorge Rodríguez de pedir a los líderes de la oposición un pronunciamiento claro sobre el tema del Esequibo con prontitud. ¡O rectifican o no nos ven más la cara!”, enfatizó durante una jornada de trabajo con gobernadores y gobernadoras, en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, Caracas, donde evaluaron el avance de las políticas nacionales y regionales. 

Calificó como “inaceptable” que Guaidó esté negociando El Esequibo a espaldas de Venezuela. “Creo en el diálogo, creo en la paz pero no acepto traiciones”, manifestó.

«Estamos trabajando por la conciencia, unión, estabilidad política y paz del país (…) Hasta que Juan Guaidó no rectifique su pretensión de entregar el Esequibo seguimos levantados de la mesa de diálogo», enfatizó el Presidente.

*Fuente: Correo del Orinoco

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A propósito del reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella

En un comunicado oficial difundido el 17 de abril del 2019, Venezuela informó que reiteró nuevamente al juez internacional su negativa a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana en su contra en el mes de marzo del 2018. En su comunicado (véase enlace oficial que contiene el texto completo, reproducido al final de la presente nota), Venezuela indica que:

«reitera su no comparecencia en dicho procedimiento por estimar, en ejercicio pleno de su soberanía, que la Corte carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso, siendo el objeto de la demanda de la República Cooperativa de Guyana inadmisible«.

En las líneas que siguen, analizaremos el alcance de esta posición venezolana a la luz de la práctica y de la jurisprudencia de la CIJ, no sin antes proceder a recordar muy brevemente el contexto en la que se enmarca: la disputa territorial más antigua que persiste como tal en el continente americano sin resolverse.

Mapa extraído de nota de prensa de la BBC

Comunicado
La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su tradición republicana libre, independiente, de paz y soberana, informa oportunamente, a todo el pueblo venezolano y a la comunidad internacional en general que el pasado 15 de abril de 2019, su representación diplomática ha entregado en manos del Secretario de la Corte Internacional de Justicia, el Sr. Philippe Couvreur, una comunicación oficial en la que, próximo a cumplirse, el 18 de abril, el término fijado por la Corte para la presentación de una contra-memoria, en el marco del procedimiento incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana sobre el Esequibo, la República Bolivariana reitera su no comparecencia en dicho procedimiento por estimar, en ejercicio pleno de su soberanía, que la Corte carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso, siendo el objeto de la demanda de la República Cooperativa de Guyana inadmisible.

Venezuela históricamente no ha aceptado, ni aceptará esa jurisdicción, y mucho menos ha otorgado su consentimiento, sobre una demanda infundada con la que la República Cooperativa de Guyana pretende eludir la obligación de negociar amistosamente un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas Partes, con la eventual asistencia de terceros que ejerzan buenos oficios o mediación, que es el objeto y razón de ser del Acuerdo de Ginebra de 1966, marco normativo del contencioso territorial existente entre ambas Repúblicas.

Ello no es óbice para que, por respeto a la Corte y de conformidad con otros precedentes, la República Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a facilitar en su momento a la Corte información sobre los fundamentos de su posición, a fin de asistirla en el cumplimiento del deber que le impone el artículo 53.2 de su Estatuto. Así se le ha anticipado en la comunicación oficial del 15 de abril.

Esta decisión soberana es la más consecuente con la posición histórica venezolana y cuenta además con la debida asesoría jurídica internacional, que asiste permanentemente a la República en esta controversia territorial.

La República Bolivariana de Venezuela aprovecha de nuevo la ocasión para reiterar a la hermana República Cooperativa de Guyana la invitación a proseguir con las negociaciones amistosas con la más amplia, sincera y mejor disposición para alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable que prescribe el Acuerdo de Ginebra.

Caracas, 17 de abril de 2019

El articulo Venezuela: No comparecerá ante la CIJ, en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana apareció primero en piensaChile.

La irresuelta controversia entre Venezuela y Guyana sobre el la región de Esequibo es una de las más antiguas en el continente americano, objeto de una sentencia arbitral de 1899 entre Venezuela y Gran Bretaña, la cual fue considerada por Venezuela a partir de 1962 como parcializada, restándole todo valor jurídico.

Tratándose de un laudo arbitral sin motivación alguna (véase texto del laudo de 1899), como era lo usual en el siglo XIX, el intentar conocer las razones por las que el tribunal arbitral compuesto por cinco integrantes llegó a estas conclusiones ha constituido un terreno fertil para la imaginación. Para varios autores, Venezuela fue objeto de un verdadero «fraude procesal» que confirmarían declaraciones de los mismos árbitros años después de leerse la sentencia arbitral (véase artículo publicado en el 2008 titulado «La impugnación internacional del laudo arbitral por fraude procesal: especial referencia a la reclamación venezolana sobre el territorio de la Guyana Esequiba«). La existencia de una probable complicidad entre los dos árbitros británicos y el juez ruso de aquel tribunal (Frederic de Martens), cuyo voto fue decisivo para la adopción del laudo, constituye una de los principales señalamientos a este laudo arbitral, que confirmarían investigaciones realizadas en los años 50: en 1949, la divulgación del denominado «Memorándum de Severo Mallet-Prevost» dió lugar a una investigación en los mismos archivos británicos, entre 1950 y 1955, que recogen documentos que apuntan en esta misma dirección.

Mapa extraído de nota de prensa en La Nación, Costa Rica.

Conscientes ambas partes de la seriedad de estas evidencias, y de la necesidad de resolver la controversia, el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966 (véase texto completo) entre Reino Unido y Venezuela abrió entre ambos Estados un largo período para intentar encontrar una solución negociada, sin que se lograse una solución definitiva.

La celebración de los 50 años de la firma del acuerdo de 1966 en el 2016 fue precedida por el descubrimiento (en mayo del 2015) de yacimientos de hidrocarburos por parte de la empresa norteamericana Exxon Mobil, aumentando desde entonces la presión para aclarar quién posee la soberanía sobre la región de Esequibo (la cual se extiende por más de 159.000 Km2). A pocas semanas de estrenar su puesto, en febrero del 2017, el actual Secretario General de Naciones Unidas nombró a un nuevo representante para atender la controversia entre Guyana y Venezuela (véase nota de prensa).

Nótese que ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, instrumento internacional denunciado por El Salvador (1973) y Colombia (2012): se trata de un emblemático tratado que ha permitido en América Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). De igual manera cabe resaltar que ninguno de estos dos Estados ha procedido a reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 de su Estatuto (véase lista oficial de la CIJ).

En su demanda presentada al finalizar el mes de marzo del 2018(véase texto completo), Guyana solicita a la CIJ dictaminar que:

«(a) The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela;

(b) Guyana enjoys full sovereignty over the territory between the Essequibo River and the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement, and Venezuela enjoys full sovereignty over the territory west of that boundary; Guyana and Venezuela are under an obligation to fully respect each other’s sovereignty and territorial integrity in accordance with the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement. 

(c) Venezuela shall immediately withdraw from and cease its occupation of the eastern half of the Island of Ankoko, and each and every other territory which is recognized as Guyana’s sovereign territory in accordance with the 1899 Award and 1905 Agreement;

(e) Venezuela is internationally responsible for violations of Guyana’s sovereignty and sovereign rights, and for all injuries suffered by Guyana as a consequence» 

Como bien es sabido, la base de la justicia internacional lo constituye el consentimiento de ambas partes para someter la controversia al juez internacional. En este caso, la base de competencia de la CIJ que invoca Guyana es el artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra, el cual otorga al Secretario General la facultad de escoger el medio pacífico de controversia para resolver esta disputa. El actual Secretario General de Naciones Unidas, en una nota reciente de enero del 2018 dió por concluida su gestión de buenos oficios entre Guyana y Venezuela, y designó oficialmente a la CIJ como mecanismo de solución pacífica para este caso preciso. Se lee en el texto de la demanda presentada por Guyana que:

» On 30 January 2018, nearly 52 years after the signing of the Geneva Agreement, Secretary-General António Guterres determined that the Good Offices Process had failed to achieve a peaceful settlement of the controversy. He then took a formal and binding decision, under Article IV, paragraph 2 of the Agreement, to choose a differentmeans of settlement under Article 33 of the Charter. In identical letters to both Parties, he communicated the terms of his decision that, pursuant to the authority vested in him by the Geneva Agreement, the controversy shall be settled by recourse to the International Court of Justice. A public statement issued on his behalf, on the same date, declared that the Secretary General “has chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy» (pp.4-5).

Para Venezuela, esta carta del Secretario General del 30 de enero del 2018, plantea una serie de interrogantes y en un comunicado de prensa emitido 24 horas después de dada a conocer, hizo ver que privilegia la negociación política con Guyana sobre cualquier otro mecanismo. Para las autoridades venezolanas,

«Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequívoca el proceso de negociación bajo estos medios» (véase texto completo del comunicado oficial de Venezuela).

El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: Nicolás Boeglin

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