“Confirma que su fortuna fue producto del robo al Estado”: Hugo Gutiérrez sobre el fallo contra herederos de Pinochet

El abogado de derechos humanos planteó que aunque el reciente fallo que obliga a los familiares del dictador a devolver al fisco más de 16 millones de dólares «marca un hito simbólico», también revela las limitaciones de la justicia chilena, ya que «mientras lo económico puede ser reparado décadas después, lo penal quedó en la impunidad».

El pasado mes de julio el 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la demanda civil presentada contra los herederos del dictador Augusto Pinochet ordenando la restitución de 16,2 millones de dólares al fisco, tras determinar que el origen de esos fondos se vincula a la sustracción de caudales públicos durante su régimen.

Esta sentencia se dictó casi siete años después de que la Corte Suprema cerrara el proceso penal del denominado caso Riggs, en el que se investigaron delitos de corrupción cometidos durante el régimela dictadura militar, incluyendo el uso de cuentas secretas en el extranjero con dineros de origen ilícito.

Aunque Pinochet murió antes de ser juzgado penalmente, la justicia civil concluyó que existió un enriquecimiento injustificado por más de 17 millones de dólares, de los cuales más de 16 millones no han sido objeto de comiso y, por tanto, deben ser devueltos al Estado.

La sentencia determina que el dinero no decomisado fue heredado de forma proporcional por 16 personas, incluidos descendientes y su esposa ya fallecida, Lucía Hiriart.

En conversación con El Ciudadano, el abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, quien en 1998 logró procesar al dictador y que se le retirara la inmunidad de ex presidente de la República, señaló que aunque Pinochet murió en impunidad, el reciente fallo que obliga a sus familiares a devolver más de 16 millones de dólares «marca un hito simbólico», al demostrar que, «aunque la justicia penal falló, la impunidad económica puede ser revertida parcialmente».

El candidato a senador (PC) por Tarapacá planteó que aunque en un sistema verdaderamente justo, Aguusto Pinochet habría sido condenado a prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su régimen dictatorial. Sin embargo, la sentencia a favor del CDE confirma que «su fortuna fue producto del robo al Estado».

-¿Cómo describiría la lucha que emprendió para poder procesar a Pinochet  con el fin de que respondiera por los crímenes cometidos?.

La batalla jurídica para llevar a Augusto Pinochet ante la justicia fue un proceso complejo que enfrentó múltiples obstáculos institucionales. Sin duda, la mentada Transición Democrática fue el gran escudo de impunidad de Pinochet, quien primero fue comandante en jefe del Ejército por ocho años y luego asumió como senador vitalicio. En esa calidad de senador impune por sus crímenes de lesa humanidad viaja a Inglaterra. Desde su detención en Londres en 1998 hasta su muerte en 2006, el sistema chileno demostró una clara resistencia a juzgar los crímenes de la dictadura. Aunque logramos retirarle la inmunidad y someterlo a arresto domiciliario, nunca hubo una condena penal efectiva. Esto refleja cómo las estructuras de poder, incluyendo el Poder Judicial y la clase política, actuaron para protegerlo, dilatando procesos y privilegiando la impunidad sobre la justicia.

-¿Usted considera que murió en impunidad, sin pagar por sus crímenes?.

Sí, Pinochet murió sin enfrentar las consecuencias penales por sus crímenes. A pesar de las más de 300 querellas en su contra, incluyendo casos de tortura, desapariciones y ejecuciones, el sistema judicial chileno nunca lo condenó. Sin embargo, el reciente fallo que obliga a sus herederos a devolver 16 millones de dólares malversados marca un hito simbólico, demostrando que, aunque la justicia penal falló, la impunidad económica puede ser revertida parcialmente. Y podríamos asegurar que durante algunos años no se escapó del castigo de la historia, pero, lamentablemente hoy vemos, como se pretende alzar una impunidad social, apuntalada por la ultraderecha, las redes sociales y medios de comunicación. Los cuales, pretenden dar una señal de que las atrocidades que se cometieron fueron necesarias y que bajo condiciones similares habría que volver a repetirlas. Eso no lo podemos aceptar, no podemos permitir que la historia y la sociedad le tiendan la mano a criminales de lesa humanidad.

-¿Que debería haber pasado en un escenario de verdadera justicia imparcial?.

En un sistema verdaderamente justo, Pinochet habría sido condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad, con sentencia firme y sin beneficios especiales. Además, se habría garantizado una reparación integral a las víctimas, incluyendo la restitución de todos los bienes robados al Estado y la desclasificación de archivos militares, Valech y otros para revelar la verdad histórica. La justicia imparcial también habría implicado juzgar a sus colaboradores civiles y militares, sin amnistías ni prescripciones. Me pregunto, cuántos de los beneficiados hoy siguen viviendo de los excedentes de la privatización de empresas públicas y de sectores estratégicos

-¿Qué papel jugó el Estado, la clase política, el poder económico y el Poder Judicial en que Pinochet muriera evadiendo la justicia?

El Estado de Chile, incluyendo el Poder Judicial, la clase política y las élites económicas, actuó de manera coordinada para proteger a Pinochet. Jueces dilataron procesos, políticos negociaron su impunidad en nombre de una falsa «estabilidad», y grupos económicos ocultaron su fortuna ilícita. Las Fuerzas Armadas, algunos políticos y los empresarios, por su parte, ejercieron presión para evitar cualquier avance judicial. Esta red de poder aseguró que Pinochet muriera sin condena, evidenciando cómo las instituciones chilenas priorizan la protección de las élites sobre la justicia.

-¿Considera usted que la sombra de la dictadura no ha desaparecido del todo en la justicia chilena?.

Absolutamente. La Constitución de 1980, redactada bajo la dictadura, sigue siendo la base de un sistema que favorece la impunidad civil y militar. En años anteriores, el Tribunal Constitucional ha bloqueado reformas clave, y jueces han vuelto a aplicar criterios que benefician a violadores de derechos humanos. Además, leyes como la de Amnistía de 1978, que aún forma parte del catálogo de normas vigentes en Chile, que ya no se aplican formalmente, dejaron una cultura de impunidad que persiste en casos de crímenes de Estado. Así mismo, el intento de liberar a criminales de lesa humanidad bajo argumentos engañosos como la edad, son intentos para destruir lo que años nos costó construir e impulsar:  Verdad, Justicia y Reparación.

-¿Cree que la Constitución y algunas leyes  aún vigentes en el país, que fueron dictadas bajo el régimen dictatorial, contribuyen a que la aplicación de la justicia sea desigual?.

Sí, leyes como la Antiterrorista o la de Seguridad del Estado, fueron diseñadas para reprimir disidencia y hoy se aplican de manera discriminatoria. Mientras el pueblo mapuche es criminalizado bajo figuras penales excesivas, los delitos económicos de las élites reciben sanciones mínimas. Esta dualidad demuestra que el sistema legal chileno no es neutral, sino que reproduce las desigualdades estructurales heredadas de la dictadura. Igualmente pasa con las investigaciones, si son víctimas mapuches o defensores ambientales, nunca hay resultados ni celeridad. Un ejemplo es Julia Chuñil, pero hay otros como Alejandro Castro en Valparaíso, Macarena Valdés y Daniela Carrasco.

-¿Qué opina sobre el dictamen del Séptimo Juzgado Civil de Santiago que ordena a los herederos del dictador Augusto Pinochet restituir más de 16 millones de dólares, equivalente a más de 15 mil millones de pesos, dinero obtenido tras malversación de fondos públicos?.

La sentencia que obliga a los herederos de Pinochet a devolver 16 millones de dólares es un avance simbólico, pero insuficiente. Confirma que su fortuna fue producto del robo al Estado, pero también revela las limitaciones de la justicia chilena: mientras lo económico puede ser reparado décadas después, lo penal quedó en la impunidad. Este caso expone cómo el sistema tolera el enriquecimiento ilícito de las élites, pero castiga con dureza los delitos de los sectores marginados.

*Fuente: ElCiudadano

 

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María Olivia Mönckeberg: La gente que se enriqueció en dictadura es responsable de lo que ocurre

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la periodista y académica de la Universidad de Chile, María Olivia Mönckeberg, abordó la situación actual que vive el país producto de las movilizaciones masivas, con un especial énfasis en cómo la concentración del poder y la riqueza en solo unos pocos ha contribuido a la desigualdad y a la molestia ciudadana que hoy se refleja en las calles.

Al respecto, la autora del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno indicó que su generación fue testigo de cómo se fue formando el modelo económico actual, que entonces se presentaba como un modelo de economía de mercado o de economía social pero que, sin embargo, no era más que el neoliberal.

“Este modelo se ha sustentado no solo en la propiedad privada, porque uno podría respetar eso, pero el problema es todo, es cómo han acumulado poder, riqueza en los diferentes planos, porque al final son unos pocos grupos los que tienen el poder en sus manos, como en el caso de la privatización de las empresas del Estado”, dijo.

Además, indicó que la falta de prensa libre y de Tribunales de Justicia independientes fueron claves en aquel saqueo, pues no había un contrapeso a lo que ocurría en Chile. Además sostuvo que, con el paso del tiempo, se ha podido observar que esas mismas personas que instalaron el modelo han seguido presentes en las empresas que se lograron fortalecer durante la dictadura.

“Toda esa gente que se enriqueció es muy responsable de lo que está ocurriendo y entre ellos el propio Sebastián Piñera. ¡Si Sebastián Piñera es uno de los grandes ricos de Chile y es el Presidente de la República a la vez!”, comentó.

Respecto del actuar del gobierno y de sus proyectos para frenar las movilizaciones, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile dijo querer creer que se está escuchando a la gente, aunque destacó que lo ofrecido no es suficiente.

“Los últimos anuncios de Piñera para mi son parches, son subsidios pequeños, porque lo que están aumentando en la jubilación mínima son 20 lucas, son cosas muy menores y están dentro del mismo modelo. Además no son para lo inmediato”.

Por otra parte, sobre la postura de los empresarios  y sus escasas apariciones públicas en medio de la crisis, la periodista abordó la peculiar actuación de Andrónico Luksic, quien dijo que en su grupo Quiñenco nadie ganará menos de 500 mil pesos desde enero de 2020.

“Todo lo que han hablado en el nivel de los empresarios o de los poderosos es de las cuestiones más interesante. Yo no sé quien está asesorando comunicacionalmente a Andrónico Luksic, pero por lo menos está diciendo cosas más acertadas que otros, que el mismo ministro de Hacienda y que todos los que hemos escuchado, este desfile de personajes que de repente no dicen nada o hay tan poca empatía con lo que realmente pasa en este país, si eso es lo que llama la atención”.

Finalmente, María Olivia Mönckeberg se refirió al rol de los medios de comunicación en la cobertura de las movilizaciones nacionales y dijo que, a diferencia de lo que se ha observado en redes sociales o en las manifestaciones, ella es más cautelosa en las críticas, pues para quienes vivieron la dictadura cívico militar la diferencia de aquellas coberturas versus las actuales son importantes, pues más allá del enfoque hoy, sí se permite la entrega de información.

Sin embargo abordó lo que para ella debe mejorarse: “El punto del dolor, de las víctimas, del respeto a los derechos humanos que es central, yo creo que ahí habría que decirles fíjense en eso a los editores y a los periodistas que están en terreno. Luego en el tema de también destacar otras cosas, que creo que se está empezando a hacer desde ayer y antes de ayer, pero al comienzo se destacaron mucho los saqueos, pero lo que veo es que esa desobediencia civil pacífica o manifestación pacífica, las marchas nacionales me parece notable y creo que los medios deben dar cuenta muy bien de eso y de las motivaciones de eso”.

Además, señaló que también es importante mejorar el reporteo, lo que hasta ahora le ha parecido deficiente y que los periodistas puedan investigar más allá de las vocerías oficiales que se estén entregando respecto de lo que ocurre en el país.

*Fuente: Diario UdeChile

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